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Es responsable el guardián del vehículo por los daños y perjuicios provocados por el accidente al ser quien aprovechaba económicamente el rodado

shutterstock_120337366Partes: Oro Fabio D. c/ Delgado Ildefonso T. y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario

Fecha: 8-oct-2013

Cita: MJ-JU-M-82278-AR | MJJ82278 | MJJ82278

Procede la demanda de daños y perjuicios intentada contra los herederos del codemandado si éste era el guardián del vehículo que intervino en el accidente al ser quien aprovechaba económicamente el rodado.

Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar al agravio intentado y declarar procedente la pretensión contra los herederos del codemandado desde que éste a la fecha del accidente, se servía para su emprendimiento comercial del automóvil que intervino en el siniestro, puesto a su disposición por la dueña del rodado, resultando procedente atribuirle a aquél responsabilidad por el daño ocasionado por el riesgo de la cosa en carácter de guardián, pues análogamente se ha considerado que es guardián la persona que por sí o a través de terceros explota un taxímetro, sea o no dueña del vehículo, en tanto se sirve de la cosa.

2.-Tratándose de la noción de guardián y atento a que la misma es bifrontal, reviste tal carácter quien se sirve de la cosa como quien la tiene a su cuidado, siendo el primero un concepto eminentemente económico, pues se sirve quien le saca beneficio, quien la aprovecha, y en el caso el codemandado más allá de las figuras contractuales utilizadas, asignaba a los distintos componentes de la flota de vehículos afectados a su agencia -entre ellos el que intervino en el accidente-, los servicios de traslado requeridos por sus clientes, obteniendo con ello un provecho económico, actuando así como un organizador de los recursos puestos a disposición de su empresa y vislumbrando un poder de injerencia que desmiente el alegado agotamiento del vínculo en la mera provisión de un servicio de comunicaciones.

3.-La introducción de cuestiones de hecho y de pretensiones recién en el alegato y reiteradas en los agravios, que tales postulaciones resultan notoriamente extemporáneas por no haber sido introducidas en la oportunidad correspondiente, señalándose que los hechos constitutivos de la litis son los que proceden jurídicamente de la demanda y su contestación, a lo que cabe agregar los hechos nuevos válidamente introducidos durante el proceso con la debida sustanciación, no pudiendo el juzgador echar mano a temas que no fueron propuestos en tales oportunidades, so pena de afectación al principio de la congruencia procesal, de raíz constitucional.

Fallo:

En la ciudad de Rosario, a los 8 días del mes de Octubre de dos mil trece, se reunieron en Acuerdo los señores miembros de la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Rosario, doctores Ariel Carlos Ariza y María Mercedes Serra, y el doctor Jorge W. Peyrano con quien se integra el Tribunal (art.25 L.O.P.J.), para dictar sentencia en los autos caratulados «ORO, Fabio Darío contra DELGADO, ILDEFONSO T. y otros sobre Daños y Perjuicios» (Expte. Nº 202/2010), venidos del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial Nº 6 de Rosario para resolver los recursos de nulidad y de apelación interpuestos contra el fallo número 2.544 de fecha 10 de septiembre de 2008.

Realizado el estudio de la causa, se resolvió plantear las siguientes cuestiones:

Primera: ¿Es nula la sentencia recurrida?

Segunda: En su caso, ¿es ella justa?

Tercera: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

Correspondiendo votar en primer término al señor vocal doctor Ariza, sobre la primera cuestión dijo:

El recurso de nulidad interpuesto a foja 352 no ha sido mantenido en esta sede. Por ello y no advirtiéndose irregularidades en el procedimiento que justifiquen un pronunciamiento de oficio, corresponde su desestimación.

Voto, pues, por la negativa.

Sobre la misma cuestión, la señora vocal doctora Serra, a quien le correspondió votar en segundo lugar dijo: Que coincide con los fundamentos expuestos por el señor vocal doctor Ariza, y vota en el mismo sentido.

Concedida la palabra al señor vocal doctor Peyrano, a quien le correspondió votar en tercer término, y a esta cuestión dijo: Que habiendo tomado conocimiento de los autos y advertir la existencia de dos votos totalmente concordantes, invoca la aplicabilidad al caso de lo dispuesto por el art.26, ley 10.160, absteniéndose de emitir opinión.

Sobre la segunda cuestión, el señor vocal doctor Ariza dijo:

1.Mediante la sentencia número 2.544 de fecha 10 de septiembre de 2008 (fs.341/351), la jueza de primera instancia hizo lugar parcialmente a la demanda y, en consecuencia, condenó a los codemandados Ildefonso Tomás Delgado y Amelia Rosario Trutalli a pagar al actor Fabio Darío Oro, en un plazo de cinco días, la suma de $ 19.000.- más los intereses fijados en el fallo, con costas a los perdidosos; por otro lado, rechazó la demanda interpuesta contra Carlos Antonio Marchese y seguida contra sus herederos Elisa Dolores Marin, María Laura Marchese, María Alejandra Marchese y Jorge Andrés Marchese, con costas al actor; hizo extensivos los efectos de la condena a la citada en garantía Compañía Argentina de Seguros Visión S.A. -en liquidación-. En sustento de su decisión, luego de señalar que se declaró prescripta la acción en la causa penal iniciada por el mismo hecho juzgado en los presentes, consideró probado que en fecha 25 de octubre 1997 alrededor de la hora 19, en la intersección con rotonda existente por entonces en el cruce de las avenidas de Circunvalación y Jorge Newbery de esta ciudad, se produjo una colisión entre el autmóvil Ford Falcon dominio VIR 580 conducido por Fabio Darío Oro que circulaba por Circunvalación de norte a sur, y el automóvil Ford Galaxy dominio AGJ 543 que circulaba por la rotonda en sentido este a oeste, resultando el actor con fractura de clavícula. Señaló que el caso se hallaba regido por el artículo 1.113 del Código Civil en lo atinente a los daños ocasionados por cosas riesgosas, norma que juzgó no neutralizada por la sola circunstancia de un riesgo recíproco.Consideró que los demandados no lograron demostrar la culpa del actor invocada como causal eximente de responsabilidad, sino que por el contrario fue el conductor del Ford Galaxy quien en la encrucijada debió detener su vehículo y esperar a tener expedito el cruce dada la existencia de una señal de «pare», aparte de que la prioridad de paso del Ford Falcon también resultaba del hecho de que cruzaba por la derecha y circulaba por la avenida de mayor jerarquía. Descartó asimismo la culpa del actor fundada en el carácter embistente de su conducido, toda vez que dicho vehículo presentaba un impacto en la parte frontal izquierda y no en todo su frente, lo cual revelaba que el conductor del Ford Galaxy trató de esquivar al Ford Falcon para no embestirlo y así resultó impactado en su parte lateral. Señaló que el actor se encontraba legitimado activamente por ser el conductor de uno de los vehículos y por haber sufrido lesiones como consecuencia del mismo. En cuanto a la legitimación pasiva y responsabilidad de los demandados puntualizó que Ildefonso Delgado, como conductor del Ford Galaxy, incurrió en actitud culposa debiendo responder en los términos del artículo 1.109 del Código Civil, mientras que la codemandada Amelia Rosario Trutalli resultaba responsable como dueña del Ford Galaxy.En relación al codemandado Carlos Antonio Marchese, consideró que el mismo no revestía la condición de dueño o guardián del Ford Galaxy ni su conductor era dependiente suyo, por lo que no resultaba responsable; explicó que la sola circunstancia de haber sido Marchese titular de la empresa que giraba bajo el nombre de «Remises Echesortu» y haber celebrado el contrato de locación obrante a fojas 8/10 del sumario penal no generaba responsabilidad por el accidente ocurrido, puntualizando que a tenor de las probanzas de autos la titular de la licencia de remise correspondiente al Ford Galaxy era la codemandada Trutalli, y que el hecho de que se encontraran indistintamente habilitados como conductores afectados a tal licencia los señores Ildefonso Tomás Delgado y Carlos Antonio Marchese corroboraba que este último no revestía el carácter de empleador de aquél. Añadió que al demandar, el actor no le endilgó un factor de atribución válido a Marchese, limitándose a expresar que lo demandaba en su carácter de titular de la empresa de remises para la cual se encontraba afectado el Ford Galaxy, y también consideró insuficiente para tener por probada la responsabilidad de Marchese lo declarado por aquél ante la preventora en cuanto expresó que el Ford Galaxy estaba a su cargo puesto que tal extremo -apreció- no probaba que ejerciera la tenencia efectiva del rodado de modo que pudiera calificárselo como guardián en los términos del artículo 1.113 del Código Civil, ni se demostró que la propietaria de dicho rodado le hubiera transferido a Marchese la guarda del mismo. En lo tocante a los rubros y montos del daño resarcible, consideró justo otorgar una indemnización de $ 10.800.- en concepto de daño material por incapacidad, $ 6.000.- por daño moral, $ 200.- por gastos médicos y farmacológicos y $ 2.000.- por lucro cesante, rechazando los reclamos por gastos terapéuticos futuros y daño psicológico.Señaló que dichas sumas devengarían intereses a la tasa pasiva promedio mensual sumada del Banco de la Nación Argentina desde el día del hecho y hasta el vencimiento del plazo fijado en el fallo para efectivizar el pago y, para el supuesto de no efectivizarse el mismo, los intereses se calcularían en el equivalente a la tasa promedio entre la activa y la pasiva sumadas del Banco de la Nación Argentina desde el mencionado vencimiento y hasta el efectivo pago. Agregó que quedó acreditado que el Ford Galaxy estaba asegurado con la Compañía Argentina de Seguros Visión S.A. y que ésta acató la citación en garantía, encontrándose actualmente en liquidación, debiendo extenderse la condena a su respecto en los términos de la póliza conforme lo normado en el artículo 118 de la ley 17.418.

Contra el fallo interpuso recurso de apelación el actor (a fs.352, concedido a fs.362). Radicada la causa en esta Sala, el apelante expresó sus agravios a fojas 411/416. El apelante centra sus quejas en el punto relativo a la desestimación de la responsabilidad y el rechazo de la demanda con respecto a Carlos Antonio Marchese y sus herederos. Sostiene que ha quedado acreditado que Marchese era guardián del automotor ocasionante del accidente y que además el conductor del rodado era su dependiente. Señala que el propio Marchese expuso en sede penal su carácter de titular de una remisería, afirmando tener a su cargo el Ford Galaxy de propiedad de Trutalli y declarando también que Delgado se desempeñaba como chofer de la empresa de remises. Razona que si Marchese era propietario de la remisería y Delgado un chofer que conducía el remise que ocasionó el accidente, es claro que aquél revestía el carácter de guardián del rodado y empleador de su conductor.Agrega que el hecho de que ambos se hallaran inscriptos como conductores afectados a la licencia es una simple formalidad que habilitaba a Marchese a conducir el remise, pero que ello no constituye obstáculo alguno a la verdadera situación legal que tenía Marchese respecto del automotor y de Delgado. Se pregunta qué virtualidad podría tener esa formalidad para contrarrestar lo declarado expresamente por Marchese acerca del carácter que ostentaba respecto del remise y de su relación con Delgado. Sostiene que la conclusión del A-quo carece de fundamento y que constituye una solución manifiestamente contraria a la lógica y la experiencia. Destaca que para atribuir responsabilidad por los hechos del dependiente en los términos del artículo 1.113 del Código Civil no es necesaria una relación de dependencia strictu sensu, sino un vínculo en el cual exista la posibilidad de dar instrucciones u órdenes al autor material en relación a la manera de cumplir las funciones que se le han confiado. Menciona que a fojas 8/10 del sumario penal luce agregado un contrato de locación de servicios aportado por el propio Marchese, en virtud del cual la codemandada Trutalli en carácter de locataria había afectado el automóvil Ford Galaxy de su propiedad a la prestación de servicios en forma exclusiva a favor de la empresa de remises de Marchese. Aduce que si Marchese utilizaba el automóvil en su beneficio, explotándolo, y lo hacía conducir por Delgado que era su dependiente, etc., no puede ca ber duda de que se trataba del guardián del automotor en los términos del artículo 1.113 del Código Civil. Sostiene que guardián es no sólo quien tiene un poder de vigilancia, gobierno y control de la cosa, sino también quien hace utilidad o aprovechamiento económico de la misma. Expresa que de ello resulta que Marchese resulta doblemente responsable por los hechos dañosos:por el hecho de su dependiente al mando del Ford Galaxy y por su carácter de guardián como explotador del automóvil. A su vez, el apelante afirma que no es cierto que al demandar no le hubiese endilgado a Marchese un factor atributivo de responsabilidad válido, señalando que en dicho escrito dedicó un acápite completo a la responsabilidad objetiva atribuida a los codemandados, donde se expuso que la pretensión contra Marchese se ejercía en su carácter de titular de la empresa de remises para la cual se hallaba afectado el Ford Galaxy, siendo clarísima la imputación de responsabilidad en carácter de guardián de la cosa riesgosa. Insiste en que el carácter de Marchese de guardián del automóvil surge incuestionable de su propia declaración brindada en sede penal y del contrato de locación acompañado por el mismo. Concluye que en este aspecto el fallo contradice abiertamente las constancias de la causa, resultando arbitrario. Postula, en consecuencia, la revocación del respectivo tramo del fallo y el acogimiento de la demanda con respecto a Marchese, con extensión de la condena a sus herederos. A su vez, sostiene que la extensión de la condena a los herederos de Marchese no debe gozar del beneficio de inventario. En tal sentido expresa que los herederos se convirtieron en deudores directos, por haberse producido la confusión de sus patrimonios con el de su causante, ya que en el juicio sucesorio no denunciaron el presente litigio ni hicieron las reservas correspondientes para el supuesto de condena, realizándose los bienes sucesorios y transmitiéndose los mismos a los patrimonios de los herederos. Afirma que los herederos se transmitieron todos los bienes sin reserva alguna, a sabiendas de la existencia de este litigio, puesto que recién postularon el fuero de atracción el 30.04.2004, cuando la casi totalidad de los bienes habían sido ya transferidos con anterioridad.Sostiene que se dan en el caso las condiciones establecidas por la ley y la doctrina en relación a los artículos 3.341, 3.342 y 3.344 del Código Civil respecto de la responsabilidad ultra vires, debiendo responder los herederos con sus propios bienes por las deudas del causante si el patrimonio de éste no alcanza a cubrirlas, conforme al artículo 3.409 del Código Civil. Postula en consecuencia que la condena del codemandado Marchese por la que viene bregando, sea también extendida en forma personal a sus herederos.

Incontestados los agravios y consentidos el llamamiento de autos (fs.425/429) y la integración del tribunal (fs.432/438), quedaron los presentes en condiciones de dictar resolución.

2. El relato de los antecedentes de la causa ha sido adecuadamente desarrollado por la sentenciante de primera instancia (a fs.341/343), por lo cual a dicha relación de hechos, que no ha sido objeto de reproche alguno, corresponde remitir en esta instancia.

Ingresando en el examen de los agravios, corresponde señalar en primer lugar que no es certero afirmar que en la demanda no se haya invocado la responsabilidad del codemandado Marchese con arreglo a un factor de atribución válido. Es que el actor expuso en su escrito inaugural, bajo el subtítulo «Responsabilidad objetiva del dueño o guardián del automotor», que «La presunción de responsabilidad objetiva del dueño o guardián del automotor, deriva de lo establecido por el art. 1113, párr. 2°, parte 2°, del C. Civil. Imputamos responsabilidad objetiva en forma conjunta al dueño y al guardián del automotor basados en el riesgo puesto de manifiesto por el solo hecho de poner en circulación el automotor. (…) En tal sentido esta acción se interpone contra el Sr. Carlos Antonio Marchese en su carácter de titular de la empresa de remises para la que se encontraba afectado el automotor Ford Galaxy AGJ 543 y a la Sra. Amelia Rosario Trutalli en su carácter de titular registral del automotor señalado» (v. f.12). Siendo ello así y pese a que el actor no abundó en mayores precisiones fácticas, el codemandado tuvo efectiva oportunidad de ejercer su derecho de defensa sobre el particular, y de hecho cuestionó tal imputación al contestar la demanda.

En efecto, el codemandado Marchese adujo en su responde (v. fs.40) que al momento del hecho no tenía relación contractual con la codemandada Trutalli, dueña del Ford Galaxy, ni podía ser considerado guardián de dicho automóvil, conducido por el codemandado Delgado, en tanto no ostentaba la tenencia material del mismo, ni un poder fáctico de vigilancia, de gobierno o de control autónomo e independiente sobre la cosa, sino que Trutalli explotaba su rodado por su propia cuenta y riesgo; expuso Marchese que sólo percibía de Trutalli un canon por la locación de un servicio de uso de una frecuencia radiofónica durante un tiempo determinado, consistente en la adjudicación de traslados por medio radiofónico, que la locataria podía tomar o rechazar sin consecuencia alguna, y que fuera de ese tiempo la propietaria del vehículo lo utilizaba por su propia cuenta sin relación alguna con el locador; asimismo mencionó Marchese que al momento del siniestro el Ford Galaxy no se encontraba afectado a servicio alguno relacionado con él.

De modo que de acuerdo con un examen amplio de los términos de la demanda y de la contestación, libre de excesivos rigorismos formales, se concluye que no atenta contra el principio de congruencia el examen de la discutida calidad de guardián del codemandado Marchese con respecto al aludido automóvil al tiempo del hecho, toda vez que el tema integró la litiscontestación (arg. art.243, C.P.C.C.). Ahora bien, es cierto que en la demanda no se aludió en modo alguno a la eventual responsabilidad indirecta de Marchese por el hecho del conductor del automóvil Ford Galaxy en razón de las supuestas calidades de principal y dependiente respectivamente (art.1.113, párr. 1°, parte 1°, Cód.Civ.), por lo que ese factor de atribución de responsabilidad sí resultaba ajeno a la litis y escapaba al conocimiento y la decisión del caso (art.243, C.P.C.C.), no pudiendo en la segunda instancia proponerse capítulos no propuestos en la primera (art.246, C.P.C.C.).

Sentado lo anterior, cabe apuntar que en la doctrina de los autores se define al guardián como «la persona que tiene, de hecho, un poder efectivo de vigilancia, gobierno y contralor sobre la cosa que ha resultado dañosa», sin que importe la propiedad o si el poder que ostenta es dimanación de una situación arreglada a derecho o antijurídica (cfr. LLAMBÍAS, Jorge J., Tratado de Derecho Civil. Obligaciones, T.IV-A, p.500, 656; BREBBIA, Roberto H., Problemática jurídica de los automotores, Astrea, 1982, T.1, p.129); admitiéndose -con criterio más amplio- dentro de esta categoría también a quienes obtienen un beneficio o provecho económico de la cosa, teniendo en cuenta que el primer párrafo del artículo 1.113 extiende la obligación de reparar los daños causados por las cosas de que uno se sirve o tiene a su cuidado. En tal sentido se ha señalado que en nuestro derecho la noción de guardián es bifrontal, revistiendo tal carácter tanto quien «se sirve» de la cosa como quien la «tiene a su cuidado», y que servirse de la cosa entraña un concepto eminentemente económico: se sirve de ella quien le saca beneficio, quien la aprovecha (cfr. KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída, en Código Civil y leyes complementarias. Comentado, anotado y concordado, dir. Augusto C. Belluscio, coord. Eduardo A. Zannoni, Astrea, 1984, T.5, p.470/471; TRIGO REPRESAS, Félix A. y LÓPEZ MESA, Marcelo J., Tratado de la Responsabilidad Civil, 2da. ed., La Ley, 2011, T.V, p.91/92; PIZARRO, Ramón D., Responsabilidad civil por el riesgo o vicio de las cosas, Universidad, 1983, p.393/397; v. tb.SPOTA, El concepto jurídico de ‘guardián’, L.L. 9-714; SALAS, El responsable por los daños causados, J.A. 74-570; BORDA, Guillermo A., Tratado de Derecho Civil. Obligaciones, T. II, n° 1.467; C.S.J.N., 20.07.1987, Fallos 310:1449; SCJMendoza, Sala I, 26.06.1991, L.L. 1991-E-210; en similar sentido, v. de esta Sala, Acuerdo N° 118 del 20.05.2013, autos «Chierino c. Ingros-Oyrsa», y Acuerdo N° 12 del 10.02.2011, causa «Chamorro c. Jockey Club Unión Casildense»).

En el sub iudice, de lo informado por la Municipalidad de Rosario a fojas 142/149 surge que a la fecha del hecho el codemandado Carlos Antonio Marchese era titular de una agencia de «servicio de apoyo al sistema de remises», según habilitación obtenida de conformidad con la ordenanza municipal 5.671/93 y decreto reglamentario 1.937/94. A su vez, se desprende de otro informe de la Municipalidad de Rosario, obrante a fojas 213/220, que a la misma fecha, la codemandada Amelia Trutalli era titular de la licencia de remise LR-291, correspondiente al automóvil Ford Galaxy dominio AGJ-543, encontrándose habilitados como conductores relevantes afectados a la mencionada licencia los codemandados Carlos Antonio Marchese e Ildefonso Tomás Delgado. Cabe destacar asimismo que el propio Marchese se hizo presente en el lugar y el momento del accidente y manifestó ante la preventora ser propietario del Ford Galaxy, haciéndose cargo del traslado del vehículo siniestrado (v. fs.2 vta. del sumario penal N° 3.019/97 del Juzgado de Distrito en lo Penal Correccional N° 5 de esta ciudad, agregado por cuerda a los presentes); y a continuación brindó declaración testimonial en sede prevencional y aclaró que en realidad era propietario de una agencia de remises y tenía a su cargo el automóvil Ford Galaxy dominio AGJ 543, de propiedad de Trutalli (v.fs.6 del sumario penal), expresando que el señor Ildefonso Tomás Delgado se desempeñaba como chofer de su empresa y que al m omento del accidente se encontraba trasladando dos pasajeros hacia el aeropuerto, quienes debieron completar el trayecto con otro móvil de la empresa; adjuntó asimismo copia de un contrato de «locación de servicios» (agregado a fs.8/10 del sumario), fechado el 28.05.1996, en virtud del cual el locador Marchese en función de su habilitación municipal para brindar servicio de apoyo al sistema de remises y como titular de la agencia «Remises Echesortu», y la locataria Trutalli como propietaria del Ford Galaxy, convinieron que por tiempo indeterminado esta última se obligaría a poner dicho automóvil a disposición del locador para prestar servicios de remises de modo exclusivo, obligándose el locador a adjudicar viajes a la locataria según un reglamento interno de la empresa de aquél, con derecho a una contraprestación en dinero por los servicios asignados. A su vez, se consigna que Marchese era titular de otra licencia de remise, conforme se desprende de su juicio sucesorio (v. autos «Marchese, Carlos Antonio s.Declaratoria de herederos», agregados por cuerda a los presentes).

Ese cúmulo de elementos permite inferir, con arreglo al artículo 226 del Código Procesal, que Marchese operaba una agencia de remises en virtud de la cual, más allá de las figuras contractuales utilizadas, asignaba a los distintos componentes de la flota de vehículos afectados a su agencia -entre ellos el Ford Galaxy de marras-, los servicios de traslado requeridos por sus clientes, obteniendo con ello un provecho económico, actuando así como un organizador de los recursos puestos a disposición de su empresa y vislumbrando un poder de injerencia que desmiente el alegado agotamiento del vínculo en la mera provisión de un servicio de comunicaciones.

Por lo demás, es dable destacar que los agravios del actor no fueron contestados por los herederos de Marchese, lo cual si bien no importa conformidad con las quejas del apelante, sí puede servir como un indicio más -fundado en una conducta procesal omisiva- favorable a la posición sustentada por el apelante (cfr. PEYRANO, Jorge W., Consecuencias de la falta de contestación de la expresión de agravios en el C.P.C. santafesino, J.S. 76-177; v. tb. ACOSTA, José V., Procedimiento civil y comercial en segunda instancia, Rubinzal Culzoni, T.1, p.221; PODETTI, Tratado de los recursos, Ediar, p.173).

En suma, puede considerarse demostrado que el codemandado Marchese, a la fecha del accidente, se servía para su emprendimiento comercial del automóvil Ford Galaxy, puesto a su disposición por la dueña del rodado, resultando procedente atribuirle a aquél responsabilidad por el daño ocasionado por el riesgo de la cosa en carácter de guardián de conformidad con lo considerado precedentemente. Con sentido análogo, se ha considerado que es guardián la persona que por sí o a través de terceros explota un taxímetro, sea o no dueña del vehículo, en tanto se sirve de la cosa (PIZARRO, ob.cit., p.404). Se estima pues que corresponde hacer lugar al agravio y declarar la procedencia de la pretensión contra los herederos de Carlos Antonio Marchese.

En lo atinente a la proclamada sanción de pérdida del beneficio de inventario y consecuente responsabilidad ultra vires de los mencionados herederos por la deuda de su causante, de acuerdo a lo previsto en los artículos 3.405, 3.406 y 3.409 del Código Civil, se advierte que la cuestión no fue oportunamente introducida en la instancia anterior, escapando por tanto a la competencia revisora de esta alzada (arg. art.246, C.P.C.C.). En efecto, el fallecimiento de Marchese ocurrido en octubre de 2003 fue denunciado en autos ese mismo mes (v. fs.235/236), integrándose la litis con el comparendo en abril de 2004 de sus herederos declarados por sentencia judicial (fs.249/251) y decretándose seguidamente la remisión de los autos al juzgado de la sucesión en virtud de lo normado en el artículo 3.284 del Código Civil (fs.252), remisión que se concretó en junio de 2004 (fs.262), donde en mayo de 2005 y a solicitud del actor se ordenó la producción de la prueba pendiente (fs.271/272), clausurándose el período probatorio en diciembre de 2005 también a instancia del actor (fs.295/296). En todo ese tiempo el actor no introdujo como hecho nuevo la cuestión de la responsabilidad ultra vires de los herederos de Marchese pese a que, según aquél sostiene en su memorial, los hechos que darían lugar a la sanción de pérdida del beneficio de inventario datarían de antes de abril de 2004. El planteo recién fue introducido por el actor en su alegato, presentado en sobre cerrado en agosto de 2006 (a fs.297, agregado a fs.334/336), sin posibilidad de sustanciación con la contraparte (arg.art.406, in fine, C.P.C.C.).

Tiene dicho esta Sala, con respecto a la introducción de cuestiones de hecho y de pretensiones recién en el alegato y reiteradas en los agravios, que tales postulaciones resultan notoriamente extemporáneas por no haber sido introducidas en la oportunidad correspondiente, señalándose que los hechos constitutivos de la litis son los que proceden jurídicamente de la demanda y su contestación, a lo que cabe agregar los hechos nuevos válidamente introducidos durante el proceso con la debida sustanciación, no pudiendo el juzgador echar mano a temas que no fueron propuestos en tales oportunidades, so pena de afectación al principio de la congruencia procesal, de raíz constitucional. Tal principio procesal, expresamente legislado en el artículo 243 del Código Procesal, no es más que la reglamentación procesal del principio constitucional del debido proceso legal y defensa en juicio (art.18, C.N.) por cuya virtud, entre lo postulado por una parte y lo resistido por su contraparte, de un lado, y la decisión judicial por el otro, debe mediar concordancia plena, de forma tal que aquélla debe recaer exclusivamente sobre los hechos y las pretensiones válidamente introducidos al proceso, delimitando así el tema bajo decisión, con manifiesta repercusión constitucional (v. de esta Sala, Acuerdo N° 67 del 18.03.1998, causa: «Bco. Argencoop c. Stoico», Acuerdo 228 del 30.05.2005, causa: «Brumat Decker c. Barberis», y Acuerdo N° 82 del 04.04.2012, causa: «Matteo c. Delbono»).

En cualquier caso, se estima que desde la perspectiva de una correcta técnica procesal y sin abrir juicio sobre el fondo de la cuestión, el planteo no resulta formalmente admisible en el marco de las presentes actuaciones sino que eventualmente deberá promoverse como incidente del juicio sucesorio.Sobre el particular se ha señalado que la caducidad o pérdida del beneficio de inventario como sanción no se produce de pleno derecho o automáticamente, sino que el interesado debe promover la acción pertinente ante el juez de la sucesión, por la vía incidental, a fin de que el juez declare caduco el beneficio de inventario (cfr. FERRER, Francisco A. M., en LLAMBÍAS, Jorge J. y MÉNDEZ COSTA, María J., Código Civil anotado, Abeledo Perrot, 1988, T.V-A, p.344; NATALE, Roberto M., El beneficio de inventario y la venta del bien mueble, J.A. 1975-25-530).

Así voto.

Sobre la misma cuestión, la señora vocal doctora Serra dijo: Que coincide con lo expuesto por el señor vocal doctor Silvestri, y vota de la misma manera.

Concedida la palabra al señor vocal doctor Peyrano, a esta cuestión dijo: Que se remite a lo expuesto en la primera cuestión, absteniéndose de emitir opinión.

Sobre la tercera cuestión, el señor vocal doctor Ariza dijo:

En atención al resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde desestimar el recurso de nulidad y acoger el recurso de apelación, revocando la sentencia de primera instancia en cuanto rechazó la demanda contra Carlos Antonio Marchese y sus herederos e impuso las costas respectivas al actor y, en su lugar, declarar la procedencia de la pretensión indemnizatoria contra los herederos de Carlos Antonio Marchese por los rubros y montos admitidos por el A-quo, con costas.

Las costas de esta segunda instancia se impondrán a la parte apelada vencida (art.251, C.P.C.C.).

Los honorarios profesionales por la intervención en segunda instancia serán regulados en el 50% de los que en definitiva corresponda regular en primera instancia (art.19, ley 6.767).

Así me expido.

Sobre la misma cuestión, la señora vocal doctora Serra dijo:Que coincide con la resolución propuesta por el señor vocal preopinante, y vota en igual forma.

Concedida la palabra al señor vocal doctor Peyrano, a esta cuestión dijo: Que se remite a lo considerado en la primera cuestión, y se abstiene de votar.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Sala Primera integrada de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, RESUELVE: 1) Desestimar el recurso de nulidad. 2) Acoger el recurso de apelación, revocando la sentencia de primera instancia en cuanto rechazó la demanda contra Carlos Antonio Marchese y sus herederos e impuso las costas respectivas al actor y, en su lugar, declarar la procedencia de la pretensión indemnizatoria contra los herederos de Carlos Antonio Marchese por los rubros y montos admitidos por el A-quo, con costas. 3) Imponer las costas de esta segunda instancia a la parte apelada. 4) Regular los honorarios profesionales por la intervención en segunda instancia en el 50% de los que en definitiva corresponda regular en primera instancia. Insértese, hágase saber y bajen. (Expte. Nro. 202/2010).

ARIZA

siguen las firmas. (Autos: «ORO, Fabio Darío contra DELGADO, ILDEFONSO T. y otros sobre Daños y Perjuicios» – Expte. Nro. 202/2010).

SERRA PEYRANO

-art.26 ley 10.160-

 

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