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Si la demandada afirma un hecho generador de una modalidad laboral diferente a la invocada por el actor, le corresponde la carga de la prueba

justicia5Partes: Gomez José Feliciano c/ Pacce Gustavo Andrés s/ indemnizacion laboral

Tribunal: Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes

Fecha: 26-sep-2013

Cita: MJ-JU-M-82293-AR | MJJ82293 | MJJ82293

Trabajador rural: habiendo la demandada afirmado un hecho generador de una modalidad laboral diferente a la invocada por el actor, le correspondía la carga de su confirmación de acuerdo a las reglas que gobiernan el «onus probandi».

Sumario:

1.-Debe revocarse el fallo en cuanto desestimó la demanda, pues de los hechos expuestos y las pruebas arrimadas no resulta creíble que la modalidad de trabajo del dependiente encuadre en el supuesto de excepción comprendido en el art. 77 de la ley 22.248, en tanto existía una real voluntad de parte del empleador de darle ocupación y de aquél de prestarla con vocación de continuidad y permanencia en el vínculo, que contribuye a configurar la relación común de personal permanente .

2.-Incurren en absurdo los sentenciantes de grado al colocar en cabeza del actor una carga probatoria que correspondía a la demandada, pues frente al sustento fáctico invocado en la demanda, el accionado -luego de admitir que era empleado y la antigüedad manifestada en el escrito inicial- afirmó en su contestación un hecho demostrativo de la inexistencia del derecho pretendido por aquél, cual era la de revistar en carácter de un trabajador que cobraba por día trabajado, o sea por jornal y que dicha liquidación se le hacía mes a mes en base a los días que efectivamente trabajó.

3.-Determinar si un trabajador ha prestado servicios como eventual o con carácter permanente , o si una relación laboral es de prestaciones continuas o discontinuas y en su caso el alcance de la misma, o la calificación o encasillamiento de la actividad desarrollada, constituyen -en principio- cuestiones ajenas al remedio extraordinario intentado; pero en el caso lo decidido por los jueces de grado no demuestra conformidad con las reglas de la sana crítica, por lo que cabe hacer excepción al principio general.

4.-Si bien los recibos de haberes extendidos por el empleador y firmados por el trabajador se encuentran entre los documentos a los que las leyes otorgan un valor probatorio fundamental, no tienen por esto un valor absoluto, como bien se encarga de aclararlo el art. 142 LCT, al decir que los jueces apreciarán la eficacia probatoria de los recibos de pago.

Fallo:

En la ciudad de Corrientes, a los veintiséis días del mes de septiembre de dos mil trece, estando reunidos los señores Ministros del Superior Tribunal de Justicia, Doctores Fernando Augusto Niz, Alejandro Alberto Chaín y Juan Carlos Codello, con la Presidencia del Dr. Guillermo Horacio Semhan, asistidos de la Secretaria Jurisdiccional Dra. Marisa Spagnolo, tomaron en consideración el Expediente Nº GXP – 11692/10, caratulado: «GOMEZ JOSE FELICIANO C/ PACCE GUSTAVO ANDRES S/ INDEMNIZACION LABORAL». Habiéndose establecido el siguiente orden de votación:

Doctores Fernando Augusto Niz, Juan Carlos Codello y Alejandro Alberto Chaín.

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA SE PLANTEA LA SIGUIENTE: C U E S T I O N ¿QUÉ PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR EN AUTOS?

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR FERNANDO AUGUSTO NIZ, dice:

I.- Contra la Sentencia Nº 5 pronunciada por la Excma Cámara de Apelaciones de Goya (Ctes.) (fs. 129/132), que resuelve rechazar los recursos interpuestos por la parte accionante, confirmando la sentencia recurrida, ésta interpone el recurso de inaplicabilidad de ley en tratamiento (fs. 134/139).

II.- Se encuentran satisfechos los recaudos de admisibilidad del medio impugnativo en análisis, al haber sido planteado fundadamente, contra sentencia definitiva dictada por la Excma. Cámara y dentro del plazo de ley, no estando obligada al cumplimiento del depósito previsto por el art. 104 de la ley 3540, por representar a la parte obrera.

III.- El recurrente fundamenta su impugnación extraordinaria afirmando que la Cámara al dictar la sentencia atacada estableció que no hay elementos de juicio que permitan apartarse de la fundamentación dada por el juez del primer grado, quien examinó y evaluó todas las pruebas arrimadas a la causa, concluyendo que el actor no acreditó el carácter de permanente de la relación laboral a fin de que fuera viable la indemnización de la ley 22.248.

Lo agravia asimismo que la Cámara considere que el recibo de haberes es un instrumento de pago del cual emana una declaración de quien lo firma, relativa a un hecho:y afirma que en esas manifestaciones yace el mayor agravio que se ocasiona al trabajador toda vez que en base al recibo de sueldo por él suscripto se desestiman luego las diferencias salariales existentes a su favor y la indemnización que le corresponde conforme el art. 76 de la ley 22.248.

Agrega que dando entidad a lo establecido en el recibo de sueldo respecto de los días que figuran como trabajados en el mes por el Sr. Gómez, la Cámara crea una nueva figura dentro de la ley 22.248, cual es «el trabajador no permanente con antigüedad superior a cinco años en el empleo». Manifiesta que conforme al telegrama de fecha 28/5/2010 (fs. 29) el actor reclamó diferencias salariales de los dos últimos años de la relación laboral, justamente por el hecho que trabajaba todos los días laborales del mes, durante la jornada completa y siempre se le abonaron haberes inferiores a los que le correspondía percibir.

Expresa que de las declaraciones de los testigos Sres. López, Solís y Busellato surge que trabajaban las ocho horas diarias establecidas como jornada de trabajo, e incluso más. Y de la prueba informativa producida por la Obra Social OSPRERA trasciende que el trabajador se hallaba registrado como Peón General, con una antigüedad de 5 años y 2 meses, pero no menciona que haya sido denunciado como trabajador no permanente. En consecuencia, -dice- no puede establecerse de manera arbitraria que el actor era un trabajador contratado para realizar tareas ocasionales, accidentales o supletorias que integran la categoría de «trabajadores no permanentes» (art.77, ley 22.248) quienes cobran por día o a destajo, es decir por tiempo trabajado o por unidad o pieza producida y conforme al nivel remuneratorio que fijan las respectivas resoluciones de la CNTA.

Manifiesta que teniéndose en cuenta que el actor no revestía el carácter de «trabajador no permanente», debe analizarse la cuestión relativa a la forma en que se extinguió el vínculo con el demandado.

Relata que el empleador le impuso una sanción disciplinaria por supuestas faltas injustificadas en que habría incurrido el trabajador los días 30 y 31 de marzo de 2010 y, posteriormente, el 13 de abril lo despide por abandono de trabajo a partir del día 16. Razona que, si el actor no se hubiera presentado a trabajar luego de los días de suspensión -en el caso que haya sido verdad- el demandado tuvo que intimarlo nuevamente para poder acudir a una sanción mayor, pues la figura del abandono de trabajo exige para su configuración la constitución en mora del trabajador con carácter previo a su concreción.

Posteriormente, cita profusa jurisprudencia referida a las condiciones que deben concurrir para considerar configurado el abandono de trabajo.

Finalmente expresa que, teniéndose en cuenta que el actor era un trabajador de carácter permanente, el despido impuesto por la demandada lo fue sin justa causa, por lo que debe condenársela a abonar al actor la suma reclamada en concepto de indemnización por despido, más lo reclamado en concepto de diferencias salariales.

IV.- La Cámara «a quo», al confirmar el fallo de primera instancia, coincidió con el juez del primer grado en la valoración de los recibos de haberes presentados por el actor Sr. José Feliciano González.

Observó que en ellos consta la retribución según los días trabajados (14, 16, 12, 3), además de la unidad de sueldo o jornal.Con respaldo en su propia jurisprudencia destacó que el recibo de haberes es un instrumento de pago del cual emana una declaración de quien lo firma relativa a un hecho, como una declaración confesoria.

Concordó también en que las testimoniales arrimadas por el accionante y la del Sr. Busellato (ofrecido por la parte demandada), no evidencian el carácter de trabajador «permanente» del actor de autos; éstos coinciden en los días y horas trabajadas, pero nada dicen respecto de la cantidad de días en el mes que el actor laboraba para el demandado. Aclara que en cuanto a las manifestaciones volcadas en el acta de la audiencia de trámite, también el actor expone los días y horas que laboraba, pero nada dice respecto de la cantidad de días al mes.

Por otra parte -agrega- el informe de OSPRERA obrante a fs. 84 reproduce el contenido de los recibos de haberes presentados por el actor en cuanto a la categoría de Peón General, pero sin detallar (aunque se solicitara) el carácter o modalidad que revestía el Sr. Gómez.

Concluyó el Tribunal «a quo» que las pruebas arrimadas son inhábiles para desvirtuar el contenido de la documental (recibos de haberes) y estimó que en autos no hay elementos de juicio que permitan apartarse de la fundamentación dada por el primer juez, al no haberse acreditado el carácter de la relación laboral a fin de que sea viable la indemnización prevista por el art. 76 de la ley 22.248, aseverando que «[.] ante la ausencia de cualquier documental acercada que desvirtúe las constancias de los recibos, a ellos debe estarse. [.]».

Resaltó finalmente que el encuadre normativo efectuado es definitivamente adecuado en virtud de tratarse el presente de un típico caso de trabajador agrario no permanente previsto en el art.77 de la ley 22.248.

V.- Analizados los argumentos del recurrente y luego de un detenido análisis de las constancias de autos y de los fundamentos brindados por la Cámara «a quo» para confirmar lo decidido por el juez del primer grado, adelanto mi opinión en el sentido que el recurso en tratamiento debe ser recepcionado.

El núcleo de la discusión en el presente radica en determinar la existencia de un vínculo «permanente» o «no permanente» entre las partes conforme lo normado por el Régimen Nacional del Trabajo Agrario.

Debo destacar que determinar si un trabajador ha prestado servicios como eventual o con carácter «permanente», o si una relación laboral es de prestaciones continuas o discontinuas y en su caso el alcance de la misma, o la calificación o encasillamiento de la actividad desarrollada, constituyen -en principio- cuestiones ajenas al remedio extraordinario intentado. Pero no menos cierto es que lo aquí decidido por los jueces de grado no demuestran conformidad con las reglas de la sana crítica, por lo que cabe hacer excepción al principio general, habida cuenta que la solución dada es ajena a la realidad probada en el expediente, con menoscabo a la garantía de la defensa en juicio.

En primer lugar, es necesario puntualizar el absurdo en que incurren los sentenciantes de grado al colocar en cabeza del actor una carga probatoria que correspondía a la demandada, de conformidad a la traba de la litis y las respectivas afirmaciones sustentadas por las partes.

Ello así pues frente al sustento fáctico invocado por el actor en la demanda, el accionado -luego de admitir que era empleado y la antigüedad manifestada en el escrito inicial- afirmó en su contestación un hecho demostrativo de la inexistencia del derecho pretendido por aquél, cual era la de revistar en carácter de un trabajador que cobraba por día trabajado, o sea por jornal y que dicha liquidación se le hacía mes a mes en base a los días que efectivamente trabajó. Sostuvo entonces que, siendo correcto el montodel jornal de acuerdo a las resoluciones N° 43/2008 y N° 71/2009 de la CNTA, la pretendida diferencia salarial era inexistente.

Por lo tanto, habiendo la demandada empleadora afirmado un hecho generador de una modalidad laboral diferente a la invocada por el actor, le correspondía la carga de su confirmación conforme a las reglas que gobiernan el «onus probandi».

Y en este orden de ideas cabe señalar que la demandada, teniendo en cuenta las probanzas reunidas en el proceso, no cumplió acabadamente con la carga de probar la modalidad de trabajo por ella afirmada (no permanente). Por el contrario, de la contestación de demanda, de la absolución de posiciones, ni de las testimoniales rendidas siquiera se desprende qué labores efec tuaba el actor para justificar que no era un trabajador permanente; o por qué mes a mes, durante un lapso de 5 años y 2 meses el actor estuvo al servicio del demandado.

No existe ninguna mención en la presente causa de cuáles eran las «[…] necesidades de la explotación de carácter cíclico o estacional o procesos temporales propios de la actividad […]» o que en ese largo tiempo el actor fuera «[…] contratado para la realización de tareas ocasionales, accidentales o transitorias […]» conforme lo puntualiza el art. 77 del R.N.T.A.; únicos supuestos previstos en la norma para no encuadrar la prestación en la categoría de «Personal permanente» (arts. 14 al 76 del citado cuerpo legal).

De los hechos expuestos y las pruebas arrimadas a autos no resulta creíble que la modalidad de trabajo del dependiente encuadre en el supuesto de excepción comprendido en el art. 77 mencionado, pues se desprende de los elementos aportados a la causa que existía una real voluntad de parte del empleador de darle ocupación y de aquél de prestarla con vocación de continuidad y permanencia en el vínculo que contribuye a configurar la relación común de «Personal permanente».

A mayor abundamiento, refuerza esta conclusión y llama la atención el accionar del demandado al despedir al Sr.Gómez, pues sabido es que el trabajador «no permanente» -o por jornal como lo catalogara el accionado en este procesono está amparado por la estabilidad en el trabajo a tenor de lo previsto en el artículo 83 de la ley 22.248, vale decir, que no existe prohibición legal para ser despedidos toda vez que la relación termina con la conclusión de la labor encomendada.

Ese comportamiento revela una actitud contradictoria con la postura asumida en este proceso.

VI.- En lo atinente a la valoración de los recibos de haberes presentados por el actor y en los que los sentenciantes de grado basaron su decisión ante la ausencia de otra prueba documental que los contradiga, creo conducente transcribir lo que expresé recientemente: «A propósito, si bien los recibos de haberes extendidos por el empleador y firmados por el trabajador se encuentran entre los documentos a los que las leyes otorgan un valor probatorio fundamental, no tienen por esto un valor absoluto, como bien se encarga de aclararlo el art. 142 de la L.C.T. al decir que los jueces apreciarán la eficacia probatoria de los recibos de pago. Por lo que no habrá de caerse en el error de otorgar a los instrumentos presentados la fuerza de verdad absoluta.» (S.T.J. Ctes., Sent. N° 52, 13/09/13, Expte. N° GXP – 6862/9).

En rigor de verdad, la solución brindada por el «a quo» a la causa no sólo está divorciada de los hechos comprobados de la misma sino que también se desentiende de la perspectiva tuitiva del derecho que nos ocupa, pues aun cuando estemos en presencia de un estatuto particular éste forma parte inescindible del derecho del trabajo del cual participa de todos sus principios.

VII.- Lo hasta aquí desarrollado y conclusión arribada, me eximen de entrar en otras consideraciones por lo que, de ser compartido por mis pares el voto que propicio, corresponde hacer lugar al recurso interpuesto por el actor a fs.134/139 y, en consecuencia, revocar las sentencias de ambas instancias, debiendo remitirse los autos en devolución a su origen para ser enviados a Primera Instancia a fin de que dicte nuevo pronunciamiento analizando los rubros reclamados, teniendo en cuenta la naturaleza de «permanente» del vínculo laboral discutido en autos. Con costas en esta instancia a cargo de la vencida. Regular los honorarios profesionales del Dr. Rubén Darío Brayer, como vencedor y los del Dr. Andrés Muniagurria, como vencido, y en la calidad de Monotributistas, en un 30% de la cantidad que, respectivamente, quede establecida en primera instancia (art. 14, ley N° 5822).

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR JUAN CARLOS CODELLO, dice:

Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Fernando Augusto Niz, por compartir sus fundamentos.

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR ALEJANDRO ALBERTO CHAIN, dice:

Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Fernando Augusto Niz, por compartir sus fundamentos.

En mérito del precedente Acuerdo el Superior Tribunal de Justicia dicta la siguiente:

SENTENCIA Nº 53

1°) Hacer lugar al recurso interpuesto por el actor a fs. 134/139 y, en consecuencia, revocar las sentencias de ambas instancias, debiendo remitirse los autos en devolución a su origen para ser enviados a Primera Instancia a fin de que dicte nuevo pronunciamiento analizando los rubros reclamados, teniendo en cuenta la naturaleza de «permanente» del vínculo laboral discutido en autos. Con costas en esta instancia a cargo de la vencida. 2°) Regular los honorarios profesionales del Dr. Rubén Darío Brayer, como vencedor y los del Dr. Andrés Muniagurria, como vencido, y en la calidad de Monotributistas, en un 30% de la cantidad que, respectivamente, quede establecida en primera instancia (art. 14, ley N° 5822). 3°) Insértese y notifíquese.

Fernando Niz

Juan Carlos Codello

Alejandro Chain

Guillermo Semhan

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