Rechazan acción de daños contra un canal que difundió un informe con cámara oculta sobre el tráfico de bebés

shutterstock_101908741Partes: B. H. G. c. América TV S.A s/

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Fecha: 27-ago-2013

Cita: MJ-JU-M-81635-AR | MJJ81635 | MJJ81635

Se rechazó la demanda por daños y perjuicios incoada contra un canal de televisión que difundió un informe periodístico sobre el tráfico de bebés, con imágenes de un ex funcionario captadas mediante cámara oculta.

Sumario:

1.-Corresponde rechazar la acción de daños y perjuicios promovida contra un canal de televisión, por un ex funcionario cuya imagen fue captada mediante cámara oculta, después de finalizada una entrevista concedida, y difundida en el marco de una investigación periodística sobre el tráfico de bebés, si el actor concedió voluntariamente la entrevista relacionada con una noticia de indudable interés público, pues, dicho extremo hace que deba otorgarse prevalencia al derecho a la libertad de expresión por sobre el derecho a la privacidad y a la imagen (Del dictamen del Procurador General al que la Corte remite).

2.-Debe desestimarse el carácter difamatorio de la nota cuestionada, toda vez que la entrevista estaba relacionada con una noticia de indudable interés público y de su tenor no se evidencia que hubiese sido editada con el propósito de lesionar el honor del actor o de causarle un daño y, más allá de que algunas de sus palabras o de sus frases pudieron haber sido suprimidas del programa televisado, no se altero el contenido de la entrevista que fue verdadero (Del dictamen del Procurador General al que la Corte remite).

3.-No se advierte arbitrariedad en la conclusión del a quo respecto de la ausencia de difamación pues a la luz de los antecedentes fácticos de la causa, no surge que el medio periodístico haya distorsionado los dichos del accionante, ni que le hubiera imputado hecho alguno relacionado con el tráfico de niños (Del dictamen del Procurador General al que la Corte remite).

Fallo:

Procuración General de la Nación

-I- A fs. 9351946 de los autos principales (a cuya foliatura corresponderán las siguientes citas), la Cámara Nacional de Apelaciones en 10 Civil (Sala E) revocó la sentencia de primera instancia que había hecho lugar a la demanda de daños y perjuicios promovida por H. G. B. contra América TV S.A. y Cuatro Cabezas S.A., a raiz de la supuesta violación de su honor y el uso no autorizado de su imagen que fue captada por una cámara oculta en el marco de una investigación periodística vinculada al tráfico de niños difundida por aquel canal en el programa «Punto Doc».

Para asi decidir, sostuvo que el actor prestó consentimiento para la realización de una entrevista periodística con el fin de que fuera transmitida en el mencionado programa y, si bien alegó que la emisión final fue editada y se utilizaron imágenes de su persona que fueron tomadas mediante el uso de una cámara oculta una vez finalizada la entrevista no se aportó elemento alguno que permitiera tener por acreditados tales extremos.Agregó que no se ofreció ni produjo prueba técnica tendiente a establecer si la entrevista fue trucada, seleccionándose en forma arbitraria frases o palabras que alteraran el sentido de los dichos del demandante.

Señalo que al conceder la entrevista, a la que concurrieron los periodistas con cámaras y luces, el actor prestó expreso consentimiento a la emisión de su imagen por televisión en el programa señalado y, por lo tanto, estimó improcedente el agravio vinculado al uso indebido de aquélla.

Por otra parte, consideró aplicable la doctrina de la real malicia, pues entendió que el recurrente es una figura pública y realizó » . declaraciones como ex funcionario de un área vinculada a los niños, además de poseer un cargo relevante en un partido político del lugar en el que las hizo; la noticia es de interés general y no pertenece al ámbito estrictamente privado del actor y tiene relación directa con los intereses públicos, sociales, políticos o institucionales . «.

Agregó que la información respondia a la verdad de las declaraciones efectuadas por el entrevistado y que no existía elemento de juicio alguno que permitiera establecer que se habla alterado el contenido o lo central de la información, o que se hubiera desvirtuado el alcance de la entrevista.

Concluyó en que la imagen del actor se transmitió en el contexto de una entrevista periodística aceptada y que los comentarios que aquél había considerado lesivos a su persona no hablan sido más que la transmisión de sus propias palabras con lo que el comentario que hizo fue real. Consideró, asimismo, que el tema sobre el cual se explayó era y es de interés general, como lo es todo 1lo concerniente al tráfico de bebés, y que el mismo actor hasta hacía muy escaso tiempo se había desempeñado como funcionario público de la Nación, en el área de la niñez, circunstancias que conducían a desestimar la demanda.

-II- Disconforme con este pronunciamiento, H. G. B. interpuso el recurso extraordinario de fs.957/975 el que, denegado a fs. 1021, dio origen a la presente queja.

Afirma que la sentencia de la alzada incurre en arbitrariedad, al decidir la existencia de un asunto de interés público actual mediante el cua1 se justificó la conducta de los demandados y la aplicación de la doctrina de la «real malicia». En este sentido, relata que el informe televisivo cuestionado se inició con una investigación a la doctora Ancarani, de resultas de la cual se le atribuía integrar o liderar una banda dedicada al tráfico de niños recién nacidos. Señala que se iniciaron dos causas judiciales para investigar tales hechos, una en Capital Federal y otra en Mar del Plata, en la que había aparecido involucrado un familiar suyo. Agrega que en ambas los imputados fueron sobreseídos mediante resoluciones judiciales con fecha anterior al informe emitido por el programa «Punto Doc» lo que, a su juicio, demuestra la inexistencia de un interés público actual al momento de la emisión de este último.

Se agravia porque los magistrados consideraron aplicable la doctrina de la real malicia como eximente o atenuante de la responsabilidad de las demandadas y porque se efectuó una equivocada interpretación de los alcances de tal doctrina. Luego de discurrir sobre sus orígenes, significado y su incorporación a la jurisprudencia de la Corte, señala que ni la entrevista periodística ni el informe emitido por el programa «Punto Doc» estuvieron vinculados al rol que cumplía como ex funcionario del Ministerio de Salud de la Nación, arguye al respecto de que no es una figura pública, sino un ciudadano común, por lo cual no corresponde la aplicación de la mencionada doctrina de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte.

Añade que la sentencia contiene dos postulados antagónicos y contradictorios sobre la misma cuestión y por ello es ilógica y arbitraria.Indica que ello es así pues, por un lado, la resolución de la alzada declara que correspondería a las demandadas desvirtuar los dichos del actor aportando la versión completa de la filmación a fin de establecer el contenido de la entrevista, en virtud de la carga probatoria dinámica, sin embargo, concluye en que el actor no aportó elemento probatorio alguno que permita tener por acreditado los cambios o modificaciones en el contenido de la entrevista, llevándola al terreno de la arbitrariedad.

Alega que la alzada ha fundado parte de su sentencia en un incorrecto y parcial análisis de la prueba realizada en autos pues, a su juicio, quedó acreditado, mediante la declaración de testigos, que el material filmado fue objeto de edición y que fueron seleccionados ciertos tramos de la entrevista. Se queja de que los juzgadores hayan entendido que su parte no probó mediante informe pericial que la cinta fue alterada o trucada, Sin considerar la prueba testimonial antes mencionada.

Sostiene que, si bien hubo una entrevista pactada, las frases que configuran las ofensas por las que se demanda fueron filmadas y grabadas con «cámara oculta», lo que afectó su derecho a la imagen.

-III- Ante todo, cabe recordar que la cámara señaló a fs.976 -al denegar por primera vez la apelación extraordinaria que el recurrente no había observado en debida forma la exigencia del arto 2Qde la acordada 4/2007 en lo que concierne a la presentación, junto al recurso, de una carátula donde deben consignarse una serie de datos que alli se mencionan.

Considero que el cumplimiento de este requisito formal, como así también los relativos a la presente queja, corresponde que sean examinados, en principio, por esa Corte, en atención a que se refieren al dictado del citado reglamento.

Por ende, de estimar el Tribunal que los defectos que la cámara reprocha a la apelación extraordinaria no son esenciales ni importan un obstáculo insalvable para admitirla, podría dejar de lado tales reparos para el caso de autos y realizar el examen de las cuestiones que aquél plantea ante vuestro estrado, eventualidad frente a la cual ingreso al tratamiento del tema de fondo del recurso.

-IV- La apelación extraordinaria es formalmente admisible, en los términos del arto 14 de la ley 48, ya que el tribunal superior de la causa decidió definitivamente la controversia en torno a las cláusulas constitucionales que protegen la libertad de expresión, la intimidad e imagen (arts. 14, 32 Y 19 de la Constitución Nacional) en forma contraria a las pretensiones del recurrente.

Además, V.E. tiene dicho que cuando se discute el alcance que cabe asignar a un precepto de derecho federal, el Tribunal no se encuentra limitado en su decisión por los argumentos de las partes o del a quo sino que le incumbe realizar una declaración sobre el punto disputado (Fallos: 310:2200; 322:1754; 330:2286 , entre muchos otros).

En lo concerniente a las causales de arbitrariedad invocadas, estimo que se vinculan de modo no escindible con los temas federales discutidos, en consecuencia, al guardar ambos aspectos estrecha relación entre si, considero que deben ser examinados en forma conjunta (conf. doctrina de Fallos:308:1076; 322:3154 ; 323:1625; 329:1631, entre muchos otros).

-V- El apelante fundó el planteo de lesión a la privacidad en que su imagen fue captada en forma clandestina mediante la utilización de una cámara oculta, después de que había finalizado la entrevista concedida al programa «Punto Doc».

A fin de resolver dicha cuestión es forzoso establecer si la conducta reprochada en esta causa se halla incluida en la esfera de actividad protegida por los arts. 14 y 32 de la Constitución Nacional sobre la libertad de expresión de los medios periodísticos o si, por el contrario, ha vulnerado los límites trazados por su art. 19 que otorga apoyo al derecho a la privacidad que el actor aduce lesionado.

La libertad de expresión que consagran los arts. 14 y 32 contiene, según tiene resuelto la Corte, la de dar y recibir información. Tal objeto ha sido especial mente contemplado en la Convención Americana de Derechos Humanos que, al reconocer el derecho de toda persona a la libertad de pensamiento y expresión, declara como comprensiva de aquélla la libertad de buscar, r3cibir y difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras. ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección (v. arto 13, inc.1°). De modo análogo también lo prevén la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. IV), la Declaración Universal de Derechos Humano, (art. 19) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 19, incs. 10 y 2°).

La Corte Interamericana de Derechos Humanos – cuya jurisprudencia puede servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales (fallos:318:514; 319:1840 ; 323:4130 y 330:3640)- ha reafirmado la protección a la libertad de expresión respecto de las opiniones o informaciones sobre asuntos en los cuales la sociedad tiene un legitim o interés de mantenerse informada, de conocer lo que incide sobre el funcionamiento del Estado, o afecta derechos o intereses generales o le acarrea consecuencias importantes (caso «Tristán Donoso vs. Panamá.

Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas» sentencia del 27 de enero de 2009, serie C 193 y reiterada recientemente en «Fontevecchia y O’ Amico vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas», sentencia del 29 de noviembre dc 2011).

En ese sentido, resulta necesario remarcar cl plano destacado que adquiere el derecho a la libertad de expresión cuando su ejercicio se relaciona con cuestiones de interés público. Así pues, V.E. ha indicado que la Ley Suprema confiere al derecho a dar y recibir información una especial relevancia que se hace aún más evidente para con la difusión de asuntos atinentes a la cosa pública o que tengan trascendencia para el interés general (Fallos: 316: 1623).

Por otra parte, el derecho a la privacidad e intimidad cuyo fundamento se encuentra en el arto 19 de la Constitución Nacional, también está protegido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 11) Y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 17).

V.E. en el caso «Ponzetti de Balbín» tuvo oportunidad de expresar que el derecho que consagra dicho precepto de la Constitución ampara la autonomía individual constituida por los sentimientos, hábitos y costumbres, las relaciones familiares, la situación económica, las creencias religiosas, la salud mental y física, y todos los hechos o datos y formas de vida que la comunidad considera reservadas al propio individuo y cuyo conocimiento y divulgación por los extraños significa un peligro real o potencial para la intimidad.Y agregó que, en esos casos, la intromisión sólo podrá justificarse si se encuentra avalada por ley y siempre que medie un interes superior en resguardo de la libertad de los otros, la defensa de la sociedad, las buenas costumbres o la persecución del crimen (Fallos: 306:1892).

En este último sentido, la Corte sostuvo que el legislador ha prohibido como regla la reproducción de la imagen en resguardo del correlativo derecho a ella, que sólo cede si se dan circunstancias que tengan que mira un interés general que aconseje hacerlas prevalecer sobre aquel derecho (Fallos: 311: 1171).

A su vez, en la causa «Franco, Julio César c/ Diario la mañana y/u otros s/daños y perjuicios» (Fallos: 330:4615), V.E. señaló que el derecho a la privacidad se halla especialmente protegido como se desprende con meridiana claridad del arto 19 primera parte de la Constitución Nacional, ya que no se puede interferir en el ámbito de las acciones privadas salvo que ofendan el orden y la moral pública o perjudiquen a terceros, pues dichos actos privados no sólo son ajenos a la autoridad de los magistrados, sino protegidos de la intromisión de terceros, siempre y cuando no se hallen implicados asuntos institucionales o de público ni sean atinentes a funcionarios o figuras públicas.

En consecuencia, la existencia del interés público implica un limite al derecho a la privacidad y a la imagen.Puede decirse que dicho interés es aquel que concierne a cuestiones que trascienden el marco natural de la causa, los intereses de las partes y compromete o afecta a la comunidad toda.

Cabe tomar en cuenta, a la luz de la doctrina antes expuesta, que en el caso sub examine, la información relativa al tráfico de bebés en la Provincia de Misiones unida al hecho de que el mismo actor hasta hacía muy escaso tiempo se había desempeñado como funcionario público de la Nación en la cartera de salud constituyeron la causa principal y un elemento central e inseparable de los hechos difundidos en el programa.

Al resultar evidente, como se dice en la sentencia apelada, que el medio periodístico se encontraba realizando investigaciones tendientes a averiguar sobre el tráfico de niños, función en la que subyace un interés o preocupación primordial de la sociedad en el asunto, debe otorgarse prevalencia al derecho a la libertad de expresión y al de dar y recibir información, fundamentales en nuestro sistema democrático, por sobre el derecho a la privacidad y a la imagen consagrados en el arto 19 de la Constitución Nacional, pues existe un tema de interés público que así lo amerita.

Asimismo, entiendo necesario acotar que el asunto genérico -referido al tráfico de niños en la Provincia de Misiones- sobre el cual versó la entrevista durante la cámara oculta ha gozado de una amplia difusión antes, contemporáneamente y después de ella, por ende, la televisación de la entrevista vinculada al lema indicado no excede el limite legitimo y regular del derecho a la libertad de expresión y a la información a los que alude V.E. y consagra nuestra Constitución.

Ello es asl, mas aun si advierte la especial protección a los derechos de la infancia que prevén tanto la Convención Americana aludida (arts.13.4, 19 Y 27.2) como la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, el 20 de noviembre de 1989 -en especial la reserva de la República Argentina, plasmada en su arto 2°, con el objeto de «impedir el tráfico y venta de niños»- y el arto 30 de la Convención que proporcionan un parámetro objetivo para resolver los conflictos en los que están involucrados los temas referidos a menores. Es a partir de allí que en las contiendas judiciales, que les conciernen de modo directo o indirecto, la solución debe ser aquella que resulte de mayor beneficio para su protección y garanticen esa finalidad por parte de la familia, de la sociedad y del Estado (conf. Art. 19 de la Convención Americana citada).

-VI- Por otra parte, el recurrente también alega que se ha afectado su derecho al honor. A fin de examinar este agravio, estimo conveniente transcribir el fragmento del programa que reproduce las declaraciones del actor: «Mi nombre es H. G. B., soy médico pediatra», aquí se escucha una voz que dice «G. B. es sobrino de Sa. B. y amigo de la diputada Godoy». Entonces aparece el cartel que indica «cámara oculta» y una voz dice «hay una causa contra un médico, E. B., que tiene que ver con un tema de tráfico de bebés, un médico pediatra, persona mayor en este momento, el hijo tiene una clínica de ojos», el actor contesta «no, ese es mi tío». Luego una voz aclara: «B. es funcionario del Ministerio de Salud de la Nación.

Supervisa en Misiones el plan médico de cabecera. Sin embargo para él es normal que su tio haya firmado una partida de nacimiento falsa. Pese a que M»/Siones es la principal provincia en denuncia de venta de niños «, luego otro periodista pregunta ‘pero ¡firmó una partida de nacimiento?», B. contesta ‘puede ser que haya firmado una partido de nacimiento «. Una voz expresa:»eso mirá yo te digo es medio normal». B. responde «eso no es normal es recontra normal». El periodista le pregunta «¿es algo así, tan común? «, a lo que B. señala ‘por ejemplo, vengas y me pidas o mí, eh que querés un chico para tu hermano que necesitás y me decís a ver como yo puedo. Si yo me entero Wl caso ¿entendés? Un caso, yo te /lamo» Así los hechos, estimo que la cámara resolvió adecuadamente la controversia, sin que el recurrente haya rebatido con total suficiencia en su escrito de apelación extraordinaria los argumentos del pronunciamiento. En efecto, el a qua consideró que no hubo difamación en contra del actor, pues las palabras que se le atribuyeron en el programa televisivo no resultaron inexactas -al menos, no se había demostrado que lo fueran- y si bien provinieron del propio accionante, en el mejor de los casos podrían haber resultado agraviantes para su tío, mas no para él.

Al margen de considerar que la existencia de un efectivo gravamen que afecte a quien deduce la apelación constituye uno de los recaudos jurisdiccionales cuya previa comprobación condiciona la admisibilidad de todo recurso, no se advierte arbitrariedad en la conclusión del a qua o un juicio desprovisto de fundamentos, a la luz de los antecedentes fácticos de la causa de los cuales no surge que el medio periodístico haya distorsionado los dichos del accionante, ni que le hubiera imputado hecho alguno relacionado con eL tráfico de niños

En conclusión, estimo que debe desestimarse el carácter difamatorio de la nota cuestionada, toda vez que la entrevista estaba relacionada con una noticia de indudable interés público y de su tenor no se evidencia que hubiese sido editada con el propósito de lesionar el honor del actor o de causarle un daño y, más allá de que algunas de sus palabras o de sus frases pudieron haber sido suprimidas del programa televisado, no se altero el contenido de la entrevista que fue verdadero.

-VII- Por todo loexpuesto, opino que corresponde declarar admisibles la queja y el recurso extraordinario y confirmar la sentencia apelada, en cuanto ha sido materia de este último.

Buenos Aires, 26 de junio de 2012.

ES COPIA

LUIS SANTIAGO GONZALEZ WARCALDE

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Vistos los autos: «Recurso de hecho deducido por la actora en la causa B., H. G. c/ América TV S.A. y otros», para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

Que los agravios del apelante han sido objeto de adecuado tratamiento en el dictamen del señor Procurador General, cuyos fundamentos esta Corte comparte y a los cuales se remite por razón de brevedad.

Por ello, se declaran procedentes los recursos de queja, admisible el recurso extraordinario y se confirma la sentencia apelada. Con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Agréguense las quejas al principal. Notifíquese y, archívense.

Helena I. Highton de Nolasco.

Carlos Fayt

Enrique S. Petracchi

Juan Carlos Maqueda

Carmen M. Argibay

 

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: