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Se afirma la existencia de vinculo laboral entre un trabajador y un diario a pesar de ser una fundación la que abonaba el salario

Dar dineroPartes: Arbetman Carlos Alfredo c/ S.A. La Nacion y otro s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: VIII

Fecha: 24-jun-2013

Cita: MJ-JU-M-81381-AR | MJJ81381 | MJJ81381

Ante el acuerdo entre una fundación y un diario de circulación masiva para la confección de un periódico, se juzgó que el vínculo laboral de un trabajador encargado de la diagramación existíó únicamente respecto del diario a pesar de que el pago de las facturas lo efectuaba dicha fundación.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar en parte la sentencia y condenar por ello a la demandada, y revocarla en tanto condenara a la codemandada, pues la negativa a registrar pagos clandestinos constituye injuria de gravedad que impide la continuación de la relación laboral (art. 242 LCT), en tanto y en cuanto importa evasión de aportes y se proyecta negativamente sobre la remuneración del trabajador, para liquidar el SAC y las vacaciones y, en caso de despido, las correspondientes indemnizaciones, siendo que en el caso particular las tareas realizadas como diagramador del periódico deben considerarse como correspondientes al vínculo dependiente con el demandado de modo tal que el accionante tenía derecho a reclamar la registración de las sumas que percibía por dicha tarea y que eran abonadas contra factura por la codemandada.

2.-Nada vincula al actor con la fundación codemandada, salvo el hecho de que esta última se hacía cargo del pago de las facturas que emitía para cobrar por sus servicios, circunstancia que no impone concluir que entre ambos existió algún tipo de relación, pues evidentemente los pagos eran realizados en virtud de algún acuerdo entre ambas demandadas, que al actor no le era oponible.

3.-Si un trabajador tiene acordada con su patrón una jornada mayor que la legal y una retribución adecuada a esa jornada convenida, no tiene derecho a reclamar como extra el trabajo cumplido por encima de las ocho horas, porque en definitiva el mayor horario está retribuido con una mayor remuneración.

4.-Cabe declarar de oficio la inconstitucionalidad del art. 103 bis inc. c) de la ley 20.744, en cuanto asigna carácter no remuneratorio a los tickets o vales de comida, pues pretender acotar el concepto remuneratorio excluyendo a dichos tickets implica una contradicción derivada de desconocer el concepto de remuneración que recepta el Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo, tratado que ostenta jerarquía supralegal.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 24 días del mes de junio del año 2013, se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y, de acuerdo con el resultado del sorteo realizado, procedieron a emitir sus votos en el siguiente orden: carga

EL DOCTOR VICTOR A. PESINO DIJO:

I.- Apelan la parte actora y ambas demandadas, la sentencia de grado que admitió, parcialmente, las pretensiones expuestas en la demanda.

II.- Corresponde en primer lugar dar tratamiento conjunto a los recursos deducidos por el actor, en relación a las condiciones de trabajo en cuyo reconocimiento insiste y por la demandada, que pretende que los servicios prestados en la «Maestría de Periodismo», vincularon al trabajador exclusivamente con la fundación co-demandada.

En este sentido, corresponde adelantar que la crítica del accionante, referida a la declarada existencia de dos contratos de trabajo independientes, prosperará.

Existe en el fallo en crisis, una conclusión de suma importancia -no debidamente impugnada- para la inteligencia que he de dar a mi propuesta, que consiste en que no se adjuntó al expediente documentación alguna que sustente la eventual unión entre ambas demandadas.

Vale decir que lo único que tenemos en el litigio es el reconocimiento de la existencia de una Maestría en Periodismo de la Fundación Universidad Torcuato Di Tella, la cual se llevaba a cabo, en parte, en las instalaciones del diario La Nación, con elementos y materiales propios de esta última, según surge de los testimonios colectados.

Ahora bien, en el responde de la Fundación se sostuvo que el actor en la Maestría solo prestó servicios de diagramación, mas no de docencia.Ello puede considerarse corroborado a través de los testimonios arrimados al expediente (los cuales he analizado a la luz de lo dispuesto por los artículos 386 del CPPC y 90 de la L.O.) pues, aun cuando alguno de ellos expresara que daba clases, no proporcionó las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que dicha circunstancia habría caído bajo la percepción de sus sentidos.

Por el contrario, el testigo Héctor Guyot (fs. 406; traído a colación por La Nación), quien afirmó ser Director de Estudios del Master y por eso es dirimente, dijo «que una cosa son los docentes y otra el actor que prestaba un servicio».

La prueba testimonial tampoco permite abrigar dudas en cuanto a que la asignación del actor a las labores de diagramación del periódico (en su propia máquina, según el testigo De Turris, citado también en la apelación) que se elaboraba en la Maestría, fue realizada por personal de la demandada La Nación.

El actor prestaba servicios dependientes para La Nación como diagramador y, además, era asignado por personal de su empleadora para realizar idénticos trabajos dentro del mismo establecimiento y con todo el material provisto por La Nación, cuyo personal técnico hasta supervisaba el funcionamiento de las computadoras que se utilizaban en las clases.

Desde esta óptica, no puede sostenerse que esos trabajos puedan separarse de los que, como empleado dependiente, cumplía para La Nación.En primer lugar porque no hay nada que vincule al actor con la Fundación demandada como no sea que esta última se hacía cargo del pago de las facturas que emitía para cobrar por sus servicios (ver pericia contable), circunstancia que, a mi modo de ver, no impone concluir que entre ambos existió algún tipo de relación, pues, evidentemente, los pagos eran realizados en virtud de algún acuerdo entre ambas demandadas (repito, que no obra en autos) que al actor no le era oponible.

En segundo término, porque los servicios de diagramación eran indicados por personal superior de La Nación y prestados dentro de la organización empresaria para la que el actor trabajaba como empleado, en un horario que era previo al de comienzo de sus funciones de diagramador, realizando la misma tarea y, lo que es definitorio, sin formar parte del plantel docente de la Maestría. Desde esta óptica poco importa para quien diagramaba el actor si lo hacía en cumplimiento de órdenes superiores.

A tenor de las constancias del expediente, considero que se aprovecharon los conocimientos del actor para efectuar la tarea de diagramación del diario editado en la Maestría, sin función docente y, desde ese ángulo, no puede efectuarse deslinde alguno teniendo en cuenta que la asignación provenía de La Nación y que el actor no hacía más que cumplir con sus labores específicas aplicadas, en apariencia, a intereses propios de su empleadora.En resumen se trataban de servicios complementarios de las labores efectuadas para el diario.

Por lo expuesto, es mi convicción que los servicios cumplidos deben considerarse como parte de la relación laboral que el actor mantenía con La Nación.

Recalco que no es obstáculo para ello que fuese la Fundación la que le pagase, puesto que nos encontramos ante una prestación de servicios de carácter clandestino a la que no resultan oponibles los acuerdos que pudieran haber realizado las demandadas, siendo de destacar que, en el último de los casos, su situación debe ser resuelta de conformidad con lo dispuestos en el artículo 9 de la L.C.T.

En la parte final de su agravio, la actora pretende que las horas extras se le liquiden teniendo en cuenta las tareas de diagramación efectuadas en la Maestría. No tiene razón.

Aun cuando en forma clandestina, las mismas le eran abonadas. Si se tiene en cuenta que la carga horaria por esa función era limitada a unas pocas horas semanales, tal como relatan los testigos y se da cuenta en la sentencia considero que, con las sumas percibidas (ver fs. 524), debe tenerse por suficientemente remunerada esa prestación si se advierte que la proyección horaria del ingreso mensual del actor (ver, por ejemplo; fs. 572) era inferior a la que cobraba por esa labor extra.

Como juez de primera instancia he tenido oportunidad de señalar, en forma reiterada, mi coincidencia con lo manifestado por Perugini (D.T. 1994-B-1370), en el sentido que «a la mayoría de las personas que trabajan, les importa más cuánto ganan que cuánto tiempo trabajan, determinan su bienestar en base a una retribución suficiente, aunque deban trabajar más de 8 horas.y que el tema de la jornada legal, sólo tiene importancia para la determinación de los salarios fijados por convenios colectivos o por ley, porque estos están referidos a ella».

Más adelante dice:»si un trabajador tiene acordada con su patrón una jornada mayor que la legal y una retribución adecuada a esa jornada convenida, no tiene derecho a reclamar como extra el trabajo cumplido por encima de las 8 horas.porque, en definitiva, el mayor horario está retribuido con una mayor remuneración suficiente».

Tal como expusiera en párrafos anteriores, la remuneración que el actor percibía en la Maestría superaba a la que se le pagaba en forma regular, de manera que las horas dedicadas a esa tarea deben entenderse retribuidas por ese mayor ingreso, que cubría con creces la mayor disposición horaria en beneficio de la empresa.

Por ello este aspecto del recurso debería ser desestimado.

III.- Se agravia en segundo término la parte actora por cuanto la a quo desestima la indemnización del artículo 1 de la ley 23.592, reclamada con fundamento en el trato salarial discriminatorio.

Aun cuando se coincida con el planteo del recurso en orden a que el desigual trato salarial debería tenerse por acreditado a partir del reconocimiento formulado en la contestación de la demanda, esta circunstancia, por sí sola, no alcanza para encuadrar el caso en el supuesto previsto en la norma legal aludida.

En efecto, el artículo 1 de la ley aludida comienza diciendo «Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe…».

Es decir que no toda discriminación se encuentra alcanzada por la disposición legal, sino solo aquella que importa un trato peyorativo.De ahí el condicionamiento establecido por el legislador al utilizar la palabra «arbitrariamente».

De tal manera, no cualquier trato diferente será alcanzado por los efectos de la norma, sino solo aquél que parta de la voluntad o capricho del que lo provoca y ello no puede tenerse por acreditado a partir de los testimonios citados por el recurrente, ya que los declarantes no han proporcionado las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que habrían tomado conocimiento de las razones que habrían originado el trato diferenciado, aspecto que, a la luz de lo dispuesto por el artículo 90 de la L.O., impide otorgarles eficacia probatoria.

Por ello, sugiero desestimar el agravio.

IV.- El tercer agravio resulta abstracto pues la cuestión ha sido resuelta en forma favorable a la parte actora, mediante la aclaratoria de fs. 617.

V.- En función de la propuesta efectuada en el considerando II.-, y dado que deben reformularse los montos de condena, resultando de aplicación únicamente el estatuto del periodista profesional, resulta inoficioso expedirse en torno a la pretensión introducida en el cuarto agravio.

VI.- A fs. 614, punto b.5 la sentenciante incluyó, entre los rubros de condena, el preaviso -obviamente en alusión, aunque no lo menciona, al artículo 43 inciso b) de la ley 12.908- y la indemnización del artículo 15 de la ley 24.013, que debe entenderse referida a los conceptos del artículo 43 de la ley 12.908. En consecuencia no existen agravios que reparar a su respecto.

VII.- Sostiene «La Nación», que la a quo se ha extralimitado en sus funciones al declarar la inconstitucionalidad de oficio del artículo 103 bis (según redacción vigente a la época de los sucesos de autos), en tanto no otorga carácter remuneratorio a los tickets recibidos por el actor.

Entiendo que no es correcta la apreciación de la recurrente. En efecto, a fs.6 punto 4º) el actor solicitó el otorgamiento del carácter remuneratorio a los mencionados valores, invocando en sustento de su pretensión el prece dente «Polli c/Supermercados Ekono», emitido por la Sala VII de esta Cámara.

En el mismo (de fecha 23/10/07) se resolvió que «Es inconstitucional el art. 103 bis inc. c) de la ley 20.744 (DT, t.o. 1976-238) en cuanto asigna carácter no remuneratorio a los «tickets» o vales de comida, pues pretender acotar el concepto remuneratorio excluyendo a dichos tickets, implica una contradicción derivada de desconocer el concepto de remuneración que recepta el Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo, tratado que ostenta jerarquía supralegal».

De tal modo no puede sostenerse seriamente que el planteo, aunque escueto por remisión a un precedente jurisprudencial, no incluía una petición de declaración de inconstitucionalidad, aspecto cuyo tratamiento fue omitido en el responde, donde la demandada La Nación solo se limitó a desconocer que entregara al actor la suma mensual de $ 248.- por ese concepto.

De todos modos cabría traer a colación que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos «Mill de Pereyra, Rita A. y otros c/ Provincia de Corrientes» (LA LEY 2001-F, 891), sostuvo que «corresponde remitirse al voto de los jueces Fayt y Belluscio en el caso de Fallos: 306:303 -La Ley, 1984-B, 431-, donde se expresó que «no puede verse en la admisión de esa facultad la creación de un desequilibrio de poderes en favor del Judicial y en mengua de los otros dos, ya que si la atribución en sí no es negada, carece de consistencia sostener que el avance sobre los otros poderes no se produce cuando media petición de parte y sí cuando no la hay.Tampoco se opone a la declaración de inconstitucionalidad de oficio la presunción de validez de los actos administrativos, o de los actos estatales en general, ya que dicha presunción cede cuando contrarían una norma de jerarquía superior, lo que ocurre en las leyes que se oponen a la Constitución. Ni, por último, puede verse en ella menoscabo del derecho de defensa de las partes, pues si así fuese debería también descalificarse toda aplicación de oficio de cualquier norma legal no invocada por ellas so pretexto de no haber podido los interesados expedirse sobre su aplicación en el caso» (considerando 5°)». Doctrina recientemente reiterada en «Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra c/Ejército Argentino s/daños y perjuicios» (27/11/2012; LA LEY 30/11/2012, 5).

Sentado ello, toda duda debe considerarse despejada a partir del Fallo del más Alto Tribunal, dictado en «Pérez, Aníbal Raúl c/Disco S.A.» (DT 2009, setiembre, 1011), en el sentido de que -entre otros argumentos- «Corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 103 bis, inc.c) de la Ley de Contrato de Trabajo -texto según ley 24.700-, relativo a los vales alimentarios, en cuanto niega a éstos naturaleza salarial, pues llamar a las cosas por su nombre, esto es, por el nombre que el ordenamiento constitucional les da, resulta, en el caso, un tributo a la justicia de la organización del trabajo subordinado, principio rector a cuya observancia no es ajena la empresa contemporánea».

Por otra parte, esta Sala, aunque con otra integración, ha tenido oportunidad de pronunciarse, con criterio que comparto, en la Sentencia nº 32.311 del 21/12/04 en autos «Diamandy Gustavo Alberto c/ Máxima SA AFJP s/Despido» en el sentido que, en cuanto la Corte es el intérprete final de la Constitución Nacional, sus decisiones fundadas en la interpretación de una garantía constitucional son vinculantes para los tribunales inferiores respecto de los casos en los que se discuten los alcances de esa misma garantía.

Por ello, opino que el agravio debe ser rechazado.

VIII.- En lo que atañe a los tickets, contrariamente a lo señalado en el recurso, en la contestación de demanda lo único que se negó es la suma entregada mensualmente por tal concepto, mas no su otorgamiento. Esto implica, efectivamente, el reconocimiento de que estos valores eran recibidos por el actor.

Sin perjuicio de ello, si bien a fs. 331 Sidexho Pass S.A. no pudo expedirse sobre la autenticidad de las fotocopias acompañadas, admitió que las mismas eran coincidentes con el diseño de tickets utilizados por esa empresa y sí lo hizo con la restante documentación, consistente en vales anulados, vales recibidos y 1 ticket, emitidos todos a nombre del actor con la referencia «La Nación» (ver fs. 327) lo que permite concluir que el actor efectivamente recibía esos valores.

En cuanto a su monto, considero adecuado el estimado en el reclamo por dos razones:la primera porque, tal como lo expresara más arriba, la demandada no desconoció expresamente el otorgamiento de tickets y, en consecuencia, corresponde la aplicación del principio de la carga dinámica de la prueba, que hace desplazar el onus probandi del actor al demandado, o viceversa según el caso, apartándose de las reglas usuales para hacerlo recaer sobre la parte que está en mejores condiciones profesionales, técnicas o fácticas para producir la prueba respectiva. Segundo, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 9 de la L.C.T. y estimar razonable para la época, el valor denunciado por el actor.

Por ello, propicio se desestime este aspecto de la queja.

IX.- También recurre La Nación porque se acogiera el reclamo referido a horas extras.

El reconocimiento del pago del concepto «Extr. Disponibilidad Horaria», implicó tanto como la admisión de que el actor trabajaba más horas que las admitidas legalmente.Por lo demás, los testigos Guyot y Botto, a los que se alude en el recurso, hacen manifestaciones genéricas que no permiten ser referidas al actor.

No obstante, lo que resulta definitorio para la suerte de la accionada, es que no se aprecia, en cuanto al tema, que haya dado cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 116 de la L.O., habida cuenta que la sentenciante efectuó un razonado análisis de la prueba testimonial, que no ha sido objeto de crítica de la apelante, que solo se limitó a remitirse a las impugnaciones efectuadas en su momento a las declaraciones de los testigos, metodología vedada por la norma adjetiva antes citada.

A todo ello cabe añadir que tampoco coincido con la apelante, en cuanto al análisis efectuado respecto de los artículos 52 y 55 de la L.C.T.

En primer lugar, por cuanto el artículo 6 inciso c) de la ley 11.544 impone a los empleadores «Inscribir en un registro todas las horas suplementarias de trabajo hechas efectivas a mérito de lo dispuesto por los artículos 3°, 4° y 5° de esta ley» y la accionada admite que no lleva ese registro.

En segundo término por cuanto si el empleado trabaja horas extras, las mismas deben ser registradas en el libro del artículo 52 de la L.C.T., interpretación que se desprende de lo que surge de sus incisos e) y g), correlacionados con el contenido necesario de los recibos de haberes, especialmente los de los incisos c) y e) del artículo 140 de la L.C.T. en tanto establecen que el recibo debe contener «Todo tipo de remuneración que perciba, con indicación substancial de su determinación» y el «Total bruto de la remuneración básica o fija y porcentual devengado y tiempo que corresponda.En los trabajos remunerados a jornal o por hora, el número de jornadas u horas trabajadas».

Por tales razones opino que debe desestimarse también este aspecto de la queja.

X.- Se queja La Nación por cuanto la a quo consideró que fue justificado el despido en que se colocara el accionante. Afirma que el actor carecía de derecho para solicitar la registración de horas extras y tickets; que no se dan los presupuestos de hecho para aplicar el artículo 8 de la ley de empleo y que, a su respecto, no se cumplió con la obligación prevista en su artículo 11, además de que no esperó el plazo de 30 días previsto en la norma legal. En este orden de ideas también se queja de las consideraciones efectuadas por la a quo en su aclaratoria de fs. 617.

Tal como señalara en el considerando II, las tareas realizadas como diagramador del periódico de la «Maestría» deben considerarse como correspondientes al vínculo dependiente con el diario La Nación. De tal manera, el accionante tenía derecho a reclamar la registración de las sumas que percibía por dicha tarea y que eran abonadas contra Factura por la Fundación.

La negativa a registrar pagos clandestinos constituye injuria de gravedad que impide la continuación de la relación laboral (art. 242, L.C.T.), en tanto y en cuanto importa evasión de aportes y se proyecta negativamente sobre la remuneración del trabajador, para liquidar el S.A.C. y las vacaciones y, en caso de despido, las correspondientes indemnizaciones.

Desde tal óptica, sugiero confirmar la decisión en tanto admitió los resarcimientos correspondientes a un despido sin causa, siendo de destacar que esta Sala viene sosteniendo que cuando se invocan varias causas, basta probar una sola de entidad suficiente como para disolver el contrato, para que resulten procedentes las indemnizaciones, resultando superfluo entrar al análisis de las restantes.En cuanto a que el caso no debe encuadrarse en el supuesto del artículo 8 de la ley 24.013, la demandada tiene razón pero advierto que, si bien en la liquidación del inicio se hizo referencia a este artículo, el reclamo se corresponde con el del artículo 10 ya que se hizo expresa alusión a la cuarta parte de las remuneraciones no registradas (ver fs. 21 vta.), circunstancia que habilita para corregir el error incurrido por aplicación del criterio que sostiene que «el juez tiene la facultad y el deber de discurrir los conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente, calificando autónomamente la realidad fáctica y subsumiéndola en las normas jurídicas que la rigen, con prescindencia de los fundamentos que enuncien las partes» (Fallos 300: 1034)».

Sugiero, entonces, modificar la sentencia en crisis y disponer que en lugar de la indemnización del artículo 8 de la ley 24.013, procede la del 10. Ello así, habida cuenta que, tal como surge de fs.250 y 265 el actor cumplimentó el recaudo formal del artículo 11 de la ley citada.

Por último destaco que el hecho de que el trabajador no haya esperado treinta días para disolver el contrato no es obstáculo para la admisión de las indemnizaciones aludidas, ya que la postura asumida por la demandada implicaba su negativa a registrar los datos requeridos por el actor en el plazo legal.

XI.- El quinto agravio será analizado al efectuarse mi propuesta.

Por último, en lo que se refiere a los certificados del artículo 80 y la sanción establecida en dicha norma legal, opino que debe mantenerse lo resuelto.

Ello así porque más allá de la discusión acerca de si los documentos fueron puestos a disposición del actor, lo cierto es que, a tenor de lo sugerido en este voto, los mismos no incluían los pagos clandestinos, las horas extras, ni los tickets y, al respecto, esta Sala viene sosteniendo que para poder considerarse cumplida la obligación no basta con entregar cualquier certificado, sino que los documentos deben reflejar la realidad del vínculo. Si ello no ocurre, debe considerarse infringido el deber impuesto por la ley.

X.- La Fundación Universidad Torcuato Di Tella apela la sentencia que hizo lugar a la demanda en su contra.

Como queda expresado en el considerando II, el vínculo laboral en todo momento se mantuvo entre el actor y el diario La Nación. En consecuencia, no existe mérito alguno para condenar a la Fundación, razón por la cual propicio revocar la sentencia en tanto la condena como titular exclusiva de un vínculo laboral diferente.

XI.- De prosperar mi propuesta sugiero se reformule la forma en que se ordenara practicar liquidación al perito contador a fs. 614 punto b.5 determinándose, en los siguientes conceptos, que:a) para el cálculo de las indemnizaciones previstas en el artículo 43 de la ley 12.908 debe computarse el promedio de todas las remuneraciones percibidas los últimos seis meses, incluyéndose los pagos clandestinos, horas extras, tickets y el S.A.C. (inciso e); b) la indemnización del artículo 10 de la ley 24.013 debe equivaler a la cuarta parte de las remuneraciones que se informan en la planilla de fs. 524. Los demás ítems se calcularán teniendo en cuenta lo que establecen las respectivas normas legales.

Por todo ello propongo en este voto: a) se confirme la sentencia, en tanto pronuncia condena contra La Nación y se determine el monto definitivo de condena teniendo en cuenta las pautas del considerando XI; b) se la revoque en tanto condenara a la Fundación Universidad Torcuato Di Tella; c) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 279 del CPCC se impongan las costas de primera instancia a la demandada vencida; d) se impongan las costas de la Alzada en el orden causado en atención al resultado de los respectivos recursos; e) Se impongan en el orden causado las costas derivadas de la intervención en el proceso de la Fundación Universidad Torcuato Di Tella por considerar que el actor pudo creerse con derecho a litigar contra la misma; f) se difiera la regulación de honorarios hasta el momento de la determinación del monto total de condena.

EL DOCTOR LUIS ALBERTO CATARDO DIJO:

Que, por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede. Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE:

I) Confirmar la sentencia, en tanto pronuncia condena contra La Nación y determinar el monto definitivo de condena teniendo en cuenta las pautas del considerando XI y revocarla en tanto condenara a la Fundación Universidad Torcuato Di Tella;

II) Imponer las costas de primera instancia a la demandada vencida;

III) Imponer las costas de la Alzada en el orden causado;

IV) Imponer en el orden causado las costas derivadas de la intervención en el proceso de la Fundación Universidad Torcuato Di Tella;

V) Diferir la regulación de honorarios hasta el momento de la determinación del monto total de condena.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvanse.

Victor Arturo Pesino – Juez de Cámara

Luis Alberto Catardo – Juez de Cámara

Ante mí:

Alicia E. Meseri – Secretaria

 

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