Aspectos prácticos de las medidas cautelares en el procedimiento de violencia familiar en la provincia de Buenos Aires

violenciaFamiliarAutor: Ortiz, Diego O. –

Fecha: 27-sep-2013

Cita: MJ-DOC-6441-AR | MJD6441

Sumario:

I. Introducción. II. Las medidas cautelares en la Ley (Buenos Aires) 12.569. III. Presupuestos de admisibilidad de las medidas en situaciones de violencia familiar. IV. El momento de interposición de las medidas cautelares. V. La duración de las medidas cautelares. VI. La prórroga de las medidas. VII. Conclusión.

Doctrina:

Por Diego O. Ortiz (*)

«… En otras palabras, cuando el juez tiene entre manos la sola versión unilateral de la presunta víctima ¿debe permanecer de brazos cruzados, pese a la simple posibilidad de que la violencia familiar ocasione perjuicios quizá irreparables?»

Toribio SOSA

I. INTRODUCCIÓN

Los procesos de familia se diferencian de los demás pues, en su mayoría, no persiguen resolver el litigio dando la razón a una parte y declarando culpable a la otra -ni fijar quién es el ganador o el perdedor-, sino que lo que procuran es eliminar el conflicto ayudando a encontrar un nuevo orden en la estructura familiar (1). La solución del conflicto no se agota en el conflicto puntual y actual, sino que las decisiones que adopten los jueces de familia deben contemplar conflictos latentes que pueden desencadenarse en el futuro (2).

A los abogados en general nos preocupa particularmente poder aconsejar a nuestros clientes con la mayor certeza y seguridad jurídica posibles, queremos darle a nuestro cliente una cierta tranquilidad frente a preguntas como «¿qué pasará, si sometemos tal o cual cuestión a la decisión del juez?» (3).

El resultado de las llamadas «medidas cautelares» es para los abogados la mayor parte de las veces algo inquietante, dado que se trata de un terreno donde hay una cuota importante de imprevisibilidad (4).

Las leyes civiles de protección contra la violencia familiar, entre ellas la Ley 12.569 (y su última modificación Ley 14.509 ), persiguen la tuición de derechos personalísimos que gozan de protección de carácter constitucional en el orden interno como en el orden internacional por vía de los tratados internacionales como la CEDAW y la Convención Belem do Pará.

El art. 36 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece: «La Provincia promoverá la eliminación de los obstáculos económicos, sociales o de cualquier otra naturaleza, que afecten o impidan el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales», reconociendo -en su apdos.1° y 2°- los derechos sociales de la familia y de la niñez.

Entre los derechos personalísimos, está el derecho a conservar la integridad físico-psíquica, a la libertad, a la vida, derechos enlazados que tiene una persona que padece de violencia familiar.

Cada situación de violencia familiar es particular por varios motivos: por la conformación familiar ya que hay varios tipos de familias, cuyas leyes de protección deben contemplar la existencia de menores de edad involucrados en situaciones de maltrato, lo que lleva a recurrir a la legislación normativa en torno a la niñez y la adolescencia, casos en donde el denunciante pertenece a la tercera edad, convergencia de tipos de violencias como la física, psicológica, económica, la existencia de redes familiares o de amigos.

Las medidas cautelares son las herramientas jurídico-procesales para hacer efectivos dichos derechos personalísimos cuando en el ámbito de la familia se los avasalla, vulnerándolos. Las medidas dictadas por sí solas son, sin ser peyorativo, «un papel firmado por una autoridad competente». Para que la víctima sostenga la denuncia de violencia familiar efectuada y la resolución con las medidas, es necesario que cuente con asistencia psicológica y asesoramiento jurídico constante desde el inicio de la intervención.

Es de destacar que en todos los casos de violencia familiar, y por regla general, en todos los juzgados, se aborda la problemática con un enfoque sistémico donde intervienen equipos de profesionales de todas las disciplinas: abogados, psicólogos y asistentes sociales.

Solo una intervención terapéutica y no meramente paternalista podrá poner de manifiesto el problema y actuar sobre él (5).

En el ámbito de provincia de Buenos Aires, las mismas se aplican en el marco de recursos institucionales descentralizados con dificultad para unificar criterios procesales, uso de articulaciones, diferentes criterios de los equipos interdisciplinarios, etc. Desde la praxis los juzgados unipersonales y algunos tribunales de familia poseen frente a la ley un particular e irregular tratamiento en cada uno de los tribunales y entre un departamento judicial y otro.El grave inconveniente en la aplicación irregular y particular de la norma constituye en muchos casos la pérdida de la tutela protectora del grupo familiar, finalidad que el legislador intentó evitar (6).

La idea de este trabajo es plantear algunos aspectos de las medidas cautelares en situaciones de violencia familiar, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.

II. LAS MEDIDAS CAUTELARES EN LA LEY (BUENOS AIRES) 12.569

La Ley de la provincia de Buenos Aires 12.569 conceptualiza en su art. 1 lo que se entiende por violencia familiar, como a esa afectación a la integridad física y psíquica de una persona en el ámbito del grupo familiar que es lo que amerita que el juez decida de manera expedita y rápida mediante las medidas cautelares (7). La modificación de la ley a través de la 14.509 amplía el concepto de violencia dado anteriormente en torno a adicionar como bienes jurídicos a proteger: la vida, la libertad, la seguridad personal, la dignidad, la integridad económica o patrimonial.

En este concepto se menciona la forma en que el juez debe decidir, rápidamente y sin dilaciones, porque la plataforma fáctica lo amerita.

Esa mención que emana de la ley sobre las medidas cautelares se vincula por la función protectiva que tienen, denotada por la inmediatez en la decisión judicial con base en la gravedad de la situación planteada por la víctima, independientemente de la credibilidad del relato que presenta, porque dicha víctima ha sido lesionada, abusada, maltratada afectando su integridad física o psíquica, y dicho maltrato la habilita a instar la actividad jurisdiccional y peticionar medidas rápidas y eficaces.

SOSA ha calificado a esas medidas como pre- o subcautelares y las conceptúa de la siguiente manera:«Serán medidas que, teñidas de un fuerte interés social desbordante del solo interés individual tanto de la víctima como del supuesto autor, tendrán como finalidad evitar la repetición de la hipotética violencia y habrán de privilegiar como recaudo la existencia de peligro de daño acaso irreparable en la demora, quedando en segundo plano el requisito de la verosimilitud del derecho […] Habrán de guardar relación con la necesidad de contrarrestar la situación de violencia sin ir más allá, teniendo presente que no interesa tanto, al momento de la denuncia, si hubo o no violencia, pues lo relevante es hacer todo lo posible como para que, la haya habido o no, en todo caso no vuelva a haberla mientras se investiga y se adopten las medidas que mejor correspondan» (8).

El autor plantea que estas medidas habrán de guardar relación con la necesidad de contrarrestar la situación de violencia sin ir más allá, teniendo presente que no interesa tanto, al momento de la denuncia, si hubo o no violencia, pues lo relevante es hacer todo lo posible como para que, la haya habido o no, en todo caso no vuelva a haberla mientras se investiga y se adopten las medidas que mejor correspondan (9) .

El art. 7 de la Ley 12.569 menciona una serie de medidas cautelares que puede tomar el juez.

SOSA plantea que las medidas adoptables para evitar la violencia familiar que la ley bonaerense considera urgentes y juzga cautelares (Ley 12.569, arts. 7 inc. h, 13 y 23 ) son en verdad medidas autosatisfactivas y que el juez no siempre puede adoptarlas ni bien recibe la denuncia porque «Una cosa es el conocimiento del hecho -que torna impostergable adoptar medidas contra la violencia familiar, art. 7 anteúltimo párrafo- y otra cosa es el simple conocimiento de la denuncia -que torna impostergable ordenar medidas de investigación para diagnosticar la situación familiar-, art. 8 1er.párrafo in fine».

CORNELLI no coincide con quienes afirman que las medidas reguladas son medidas autosatisfactivas, por cuanto expresa que: «”Las medidas autosatisfactivas” son soluciones jurisdiccionales urgentes, no cautelares, despachables in extremis y mediando una fuerte probabilidad de que los planteos formulados sean atendibles. Las mismas importan una “satisfacción definitiva” de los requerimientos de los postulantes, de modo que son autónomas, no dependiendo su vigencia y mantenimiento de la interposición coetánea o ulterior de una pretensión principal» (10).

Otro argumento del autor está dado en que la misma ley nos pide una actividad jurisdiccional posterior al dictado de las medidas del art. 7 cuando afirma en su art. 11: «Adoptadas las medidas […], etc.».

Por otro lado BORDENAVE plantea una postura en contra del instituto de las medidas autosatisfactivas, expresando que la idea de la autosatisfactividad aparece contraria a derechos y garantías constitucionales como el derecho a la defensa en juicio, a la igualdad, a la razonabilidad, etc. (11)

En cuanto a sus requisitos de procedencia, existe consenso doctrinal -entre quienes las admiten- en que debe cumplirse una serie de recaudos o presupuestos. Tales son:

1. Fuerte probabilidad de la existencia del derecho sustancial alegado, o cuasicerteza respecto de la existencia del derecho o probabilidad cierta del mismo (12).

2. Situación de urgencia inmediata o imprescindible, y/o urgencia manifiesta y extrema de que de no admitirse la medida se produzca el perecimiento de la pretensión (periculum in damni).

3. Contracautela (a discreción del juez).

En sentido similar ha afirmado la jurisprudencia: «La doctrina ha delineado como requisitos ineludibles de la medida autosatisfactiva: 1) que se acredite la existencia de un interés tutelable cierto y manifiesto; 2) gravedad e irreparabilidad del perjuicio, y 3) que su tutela inmediata sea imprescindible, para evitar su frustración» (13).

III. PRESUPUESTOS DE ADMISIBILIDAD DE LAS MEDIDAS EN SITUACIONES DE VIOLENCIA FAMILIAR

Los presupuestos de admisibilidad, madre de cualquier medida cautelar, son la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora y la prestación de una caución o contracautela.En este tipo de supuestos, la interpretación de los presupuestos tiene ciertas aristas particulares.

La verosimilitud del derecho surge de la naturaleza de la petición, se refiere a una clara legitimidad de forma y de fondo, que debe acreditarse para solicitar esta clase de medidas.

Vale la pena recordar que «no se exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino solo de su verosimilitud. De lo contrario, un pleno juicio de certeza se opondría a la finalidad de la institución cautelar» (14).

Cuando se refiere que para que proceda la medida es necesario que la denuncia sea verosímil, se refiere a que haya una fuerte probabilidad de que sean atendibles las peticiones, se trata de la apariencia de verdad de los hechos relatados por la denunciante, basta la sospecha de que existió maltrato para hacer viable la medida cautelar.

En este sentido se ha señalado: «Es lícito obviar la espera y dispensar de la certidumbre absoluta acerca de que la actuación normal del derecho llegará tarde, ya que el dictado de una medida cautelar responde a la necesidad de evitar aquellas circunstancias en las que en todo en parte el daño temido se transforma en daño concreto» (15).

Lo mencionado significa que la apreciación de la verosimilitud de la denuncia no debe efectuarse de modo riguroso, sino que el juez al tener amplias facultades de actuar por la naturaleza de la problemática puede en cualquier momento tomar recaudos y diligencias a fin de enderezar el procedimiento.

Si bien es difícil que el derecho acompañe a los hechos puesto que los últimos van a un ritmo vertiginoso, y entre que ocurren los hechos y el letrado los informa al tribunal por medio de escrito, para que decida, suele pasar un tiempo en donde ocurre otro hecho y el letrado lo informa y así…, porque los hechos no van a esperar a que el juez decida, esto no nos debe desesperanzar sino alentar a tomar estrategias que contemplen un futuro así sea a corto plazo.

BALDI CUELI plantea que si bien la fundabilidad dela pretensión cautelar no puede depender de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida en el principal, es exigible -al menos- un periférico encaminado a obtener una convicción de probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido que, otorgue mínimamente la apariencia o verosimilitud del derecho invocado por el actor, sobre la base de un razonable cálculo de probabilidades sobre la certeza del derecho que se pretende asegurar (16).

El peligro en la demora es el requisito que justifica la toma de decisiones sin dilaciones de la autoridad judicial mediante una medida cautelar. La protección de la salud psíquica y física de una mujer o un hijo en casos de abuso o violencia familiar; el otorgamiento de la guarda provisoria para la toma de decisiones; el otorgamiento de la tenencia provisoria; las restricciones de acercamiento o contacto; la exclusión del hogar conyugal: son estos unos pocos ejemplos de una infinidad de situaciones que normalmente se resuelven por la vía cautelar.

Según CORNELLI el peligro en la demora podría configurarse si se demuestran la puesta en riesgo del grupo familiar conviviente y la existencia de situaciones desequilibrantes para la integridad psicofísica de toda la familia, en especial de los menores -si los hubiere- (17).

La contracautela es a los efectos de que el solicitante responda por los daños que pudiera haber ocasionado por haber resultado su petición abusiva o improcedente (arts. 195 y 208 del CPCC).

Es principio general que, probando la relación de parentesco con los certificados correspondientes, se genera una presunción que hace innecesario prestar fianza en cuestiones no patrimoniales de familia (18).

En la práctica judicial no se exige contracautela para los casos de alimentos provisorios, exclusión del hogar, prohibición de acercamiento, suspensión de las visitas y en general para cualquier otro que no tenga un fin patrimonial.Tampoco es exigible la prestación de contracautela en los casos en los que se soliciten medidas sobre las personas, pues como ya hemos señalado la legislación de fondo no exige tal requisito (art. 231 del Código Civil).

Los presupuestos de admisibilidad de las medidas ya mencionados como la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora hacen viable la no intervención de la otra parte, que no significa un desmedro del derecho de defensa en juicio del denunciado y la afectación del principio procesal de bilateralidad de la audiencia, sino una medida de protección que se toma para la víctima (19).

Dice KESSLER que el único propósito del trámite unilateral es impedir que el accionado pueda burlar la medida si toma conocimiento de las actuaciones. Pero ocurre que en estas cuestiones relativas a las personas no se verifica la razón que motiva una sustanciación secreta por cuanto no hace a la eficacia que el accionado desconozca las actuaciones (20).

Recordemos que un procedimiento de violencia familiar no persigue una sentencia condenatoria firme, sino que el foco de atención está puesto en la víctima y no en el victimario, esto se vislumbra en la adopción de medidas, en la rapidez en la toma de las mismas, etc. No se trata de castigar al denunciado -la ley de violencia familiar no propende a ello-, sino de desactivar la posibilidad de reiteración de la violencia (21).

IV. EL MOMENTO DE INTERPOSICIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES

La denuncia de violencia familiar interpuesta en la Comisaría de la Mujer y de la Familia de la jurisdicción del domicilio de la consultante abre un camino judicial que puede ser distinto dependiendo de lo que la consultante relata en ella.

La ley faculta a los interesados -integrantes del grupo familiar o terceros- y obliga a algunos de estos (ej.los curadores de los incapaces) a formular denuncia por ante los juzgados o tribunales de familia cuando se conozca sobre la existencia de algún hecho que se enmarque en las situaciones que se hallan bajo el amparo de la misma. La denuncia podrá realizarse en forma verbal o escrita y no hace falta el patrocinio letrado, según se desprende del art. 3 (22).

En este tipo de denuncias rige el principio in dubio pro víctima, es decir, que ante la duda el juez debe adoptar las medidas que se entiendan adecuadas al caso en aras de resguardar los derechos de la víctima, ya que el juez tiene la facultad de modificarlas o dejarlas sin efecto, según las circunstancias y el andar de la causa.

La medida dictada hace un mes hoy puede ser carente de sentido porque un expediente de esta naturaleza está vivo, cambia constantemente.

Generalmente las medidas cautelares se interponen al inicio del procedimiento, pero no hay inconveniente en que la medida sea peticionada con posterioridad al inicio del trámite, ya sea una modificación de la medida, levantamiento, etc. (23)

Igual cabe hacer una diferencia práctica: una cosa son las medidas pedidas inicialmente ante el nivel de peligrosidad en el que se encuentra expuesta la víctima y otra son las medidas posteriores para mantener el statu quo, que se ha dado con las medidas anteriores. Como por ejemplo, se suele pedir prohibición de acercamiento y luego se puede pedir la restitución de algún efecto personal que la víctima ha dejado en su departamento.

En el marco de los juicios que tramitan en la provincia de Buenos Aires, los consejeros de familia, cuya intervención se encuentra prevista a partir del art. 828 y hasta el 837 de la Ley provincial 11.353, modificada por la 12.318, pueden solicitar el dictado de medidas cautelares a los magistrados del tribunal.

El art. 828 del Cód. Procesal dice que serán radicados directamente ante el tribunal, hoy juzgados unipersonales:1) Los asuntos que no admiten demora o 2) aquellos que por su especial naturaleza resulte improcedente la etapa previa. Ello significa que, si bien la etapa previa reviste el carácter de obligatoria, algunos procesos no recaen en ella por ventilarse allí derechos que -por naturaleza- son indisponibles para las partes (24).

En materia de violencia familiar en el ámbito de la provincia de Buenos Aires podría afirmarse que, ya que existe un proceso especial, no es procedente la etapa previa dado que este no hace mención a ella y la norma es especial y posterior a la parte pertinente del código de forma. Podríamos decir que, en el área psicológica, la etapa previa es improcedente dado que no pueden propiciarse acuerdos entre dos personas donde el desbalance de poder para negociar es indubitable, y existe un riesgo físico para alguna de ellas. Jamás podría hacerse un acuerdo en el que la víctima se comprometiese a determinadas concesiones a cambio de que la violencia cese (25).

V. LA DURACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES

Como principio general cabe decir que las medidas cautelares tienen un plazo, que en estos supuestos el plazo está para reguardar a la víctima, para asegurar sus derechos.

Agregamos que es obligación del juez disponer la duración de las medidas protectoras que dicte, ya que así lo disponen las respectivas leyes. Dicha duración debe ser razonable y debe guardar vinculación con las constancias de la causa. No puede haber una resolución judicial que dicte medidas cautelares sin un plazo o eternas, a lo sumo la medida se podría sujetar al cumplimiento de una condición como, por ejemplo, la entrega de un informe interdisciplinario de un equipo. El plazo temporario implica que en el transcurso de ese plazo el presunto agresor no va a poder ingresar en la vivienda si no es por orden judicial en casos excepcionales como ser un retiro de pertenencias o de efectos personales ordenados judicialmente.

La Ley 12.569 en su art.12 se refiere a la exigencia del juez que determine el «término de duración de las medidas», su fin es vinculado íntimamente con uno de los elementos medulares del derecho de familia, como lo es el hecho de resolver «hacia el futuro». Conforme a lo expuesto el plazo que el juez fije será el que se estime necesario para verificar que algunas conductas han cambiado, pudiendo modificarse la resolución adoptada las veces que sea necesario como así también renovarse el plazo de la misma manera (26).

VI. LA PRÓRROGA DE LAS MEDIDAS

Las medidas cautelares son provisorias, es decir, que duran un determinado tiempo, pasado ese plazo probablemente el escenario de violencia haya cambiado en comparación con el escenario existente en el momento de denunciar y peticionar las medidas.

Puede ser que no sea necesario prorrogarlas sobre la base de que no ha habido una situación de riesgo actual. Sin embargo, de repetirse las situaciones de violencia y siempre que la medida cautelar se halle vigente, deberán denunciarse las situaciones que se reiteren, o similares o las que se sucedan como consecuencia de la medida dictada, dentro del mismo expediente y solicitar las medidas que estime corresponder. Esto desde el punto de vista procesal se llama «hechos nuevos», conforme el art. 363 del Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires y el art. 365 del CPCCN.

Si la medida caducó o se venció el plazo, algunos juzgados entienden que se debe proceder al archivo de la causa, por lo que correspondería, de repetirse hechos similares, el inicio de un nuevo expediente. Ello así, porque interpretan que, al tratarse de una medida autosatisfactiva, concluye el proceso por agotamiento del objeto. Sin embargo discrepo con tal argumento desde que las situaciones de violencia familiares tienden a repetirse ya que su tratamiento suele ser bastante largo y complejo. Además iniciar un nuevo expediente atenta contra los principios de celeridad, concentración y economía procesal.

VII.CONCLUSIÓN

Como conclusión es importante destacar lo especial de este procedimiento que repercute en las medidas cautelares que solicita el letrado o decide de oficio la autoridad judicial.

MORELLO habla del «espectacular avance, progreso (no siempre en pro de la civilización) y apertura del derecho de familia a nuevas situaciones, sea de los derechos; de la privacidad […], de la pareja, a la vivienda, a la tutela preventiva, etc.; de las garantías del niño» (27).

Como operadores del sistema judicial, ya sea como letrados o autoridades judiciales, debe tenerse en cuenta un enfoque sistémico, la situación particular de cada integrante del grupo familiar y sus interacciones. El norte del dictado de estas medidas cautelares específicas debe apuntar a proteger a las víctimas de violencia familiar resguardando su integridad físico-psíquica.

«Una medida que no acompañe los hechos conflictivos y los regule poniendo un coto, no es efectiva si no protege los derechos en concreto.» (28)

———

(1) Kemelmajer de Carlucci, Aída, “Principios procesales y tribunales de familia”, JA 1993-IV-676; y Guahnon, Silvia, “Peculiaridades de las medidas cautelares en los procesos de familia”, Derecho de Familia. Revista Interdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia, Nº 28.

(2) Guahnon, Silvia V., El juez de familia, su perfil actual y los límites de su actuación, Microjuris, Doctrina, 12-jul-2011, MJD5426 .

(3) Morello, Augusto Mario, El minuto fatal para el abogado que está inmerso en los riesgos de la litigación, 1-ene-2004, ED, 207-340, MJD2371 .

(4) Mazzinghi, Esteban M., “Medidas cautelares en el derecho de familia”, LL 2008-D, 1045.(5) Cornelli, Miguel A., Propuestas para aplicar la nueva ley contra la violencia familiar en los tribunales de familia de la provincia de Buenos Aires, La Ley Online.

(6) Basile, Carlos Alberto, Aportes críticos en la aplicación de la Ley 12.569 de protección contra la violencia familiar de la provincia de Buenos Aires, LLBA 2004, 244.

(7) Sosa, Toribio Enrique, “Apuntes procesales sobre la nueva Ley de Violencia Familiar en la provincia de Buenos Aires”, LLBA, 2001-421, parágrs. 10 y 11.

(8) Sosa, Toribio, “Medidas pre o subcautelares en materia de violencia familiar”, La Ley 2005-C, 940.

(9) O. cit.

(10) Cornelli, op. cit.

(11) Bordenave, Leonardo, La medida autosatisfactiva: entre la demagogia, el efectismo y lo innecesario y la inconstitucionalidad, 3-feb-2011, Microjuris, Doctrina, MJD5148 .

(12) Aquí hace falta una fuerte probabilidad cercana a la certeza respecto de la existencia del derecho invocado.

(13) JCC Nº 3 Resistencia, 22/6/2007, “González Leiva Alicia Cristina c/ Benítez Ramón y/o quien resulte propietario s/ medidas autosatisfactivas”, disponible en Revista de Derecho de Daños, 2 (2008), p. 721.

(14) CS, 11/4/1995, “Espinoza Buschiazzo Carlos c/ Pcia. de Buenos Aires”, disponible en LL 1995-D-199, DJ 1995-2-1002. Ferreira de la Rúa, Angelina, “Medida autosatisfactiva en el procedimiento de familia”, LL 1999-E-1295.

(15) CNCiv Sala C, 20/5/1997, “V. F. c/ S. J. s/ denuncia por violencia familiar”, LL 1997-E-572.

(16) Baldi Cueli, Marie Martha, Las medidas autosatisfactivas en el marco de la ley de protección contra la violencia familiar, elDial.com – DCE3A, 4/6/2008.

(17) Cornelli, op. cit.

(18) Kessler, Luis Antonio, Medidas cautelares en la crisis conyugal, p. 29.

(19) Constituye principio general que las medidas asegurativas (o tradicionales) «se decretarán y cumplirán sin audiencia de la otra parte» (art. 198 Cód. Procesal).

(20) Kessler, Luis Antonio, Medidas cautelares en la crisis conyugal, p. 29.

(21) Sosa, Toribio, Medidas pre o subcautelares en materia de violencia familiar, LL 2005-C-940, DJ 2005-2-1.(22) Cornelli, op. cit.

(23) Al igual que cualquier medida cautelar las del art. 7 podrán interponerse antes o después de interpuesta la demanda (art. 195 Cód. Procesal).

(24) Cornelli, op. cit.

(25) Ilundain, Mirta y Tapia, Graciela, “Mediación y violencia familiar” Revista de Derecho de Familia, Nº 12, pp. 46-47. Si bien las autoras creen que sí es posible la mediación cuando la violencia ha cesado, estimamos que una vez impulsado el procedimiento mediante la etapa de conocimiento sería más razonable intentar la conciliación sin la intervención del consejero (ej. en la audiencia preliminar) y obtenida la absoluta certeza de que la reestructuración de ese sistema familiar ha operado.

(26) Cornelli, op. cit.

(27) Morello, Augusto Mario, Los procesos de familia, cuando se apaga la centuria, 1-feb-1998, ED, 178-1096, MJD695 .

(28) La frase me pertenece.

(*) Abogado, UBA. Diplomado en Derecho de Daños, AABA. Posgrado de Especialización en Violencia Familiar, UMSA (en curso). Posgrado de Derecho de Familia, UBA (en curso). Profesor Universitario en Ciencias Jurídicas, UBA. Docente de Derecho de Familia, UBA. Asesor Legal del Centro Integral de la Mujer Margarita Malharro. Autor en trabajos jurídicos. Disertante en congresos.

  1. Mi cuñada puso orden de restriccion a mi señora para ir a la casa de su madre, que es el lugar donde ella( mi cuñada) se instalo, esta persona tiene problemas sicoticos y tememos por la vida de mi suegra(86 años)Todavia no llego ninguna notificacion, pero mi cuñada anda mostrando fotocopia de denuncia. 1º tememos que esperar la notificacion? 2º como contrarestamos esto?agradecere informacion

  2. Como toda resolucion judicial, puede apelarse. La mentira tiene que ser develada. Dispone de amplitud probatoria.

  3. hola el padre de mi hijo denuncio que mi hijo esta en riesgo y nos cito la sicologa ella le pregunto si queria volver a vivir con tu papa´ si el nunca vivio con el bueno lo que el dijo no quiero vivir ni verlo a mi papa´ que queria irse con migo a mi casa y cuando salio me habrazo y se puso a llorar despues entre yo y me empeso a preguntar como estaba compuesto mi grupo familiar y le dije que estaba casada que tenia cuatro hijos con mi nueva pareja estaba obligada a contestar eso o no y le comente como reacciono mi hijo de 14 años y no le dio importancia que esta en riesgo su vida y mi vida y la de mis otros hijos porque el cruzo las vias corriendo sin mirar y yo a tras de el dejando a mis otros hijos solos porque mi hijo no lo quiere ni ver al padre que debo hacer al respecto denunciar esto

  4. Recibi una orden de restriccion de una ex pareja a la cual no veo desde hace tres meses personalmente,y Nunca convivimos no tenemos hijos y vivimos a 20 km de distancia, como me defiendo de esta denuncia donde expongo esta situación ya que me anuncian multa de $ 500 por cada denuncia que efectúe tan solo por llamado telefonico que son fáciles de falsificar como los correos de internet o el facebook ,Desesperado pregunto que hago para defenderme ante una mujer despechada que actúa de este modo ella 57 años yo 69 años jubilado–Gracias

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