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Probation por conducir en estado de ebriedad. Inconstitucionalidad de la comunicación al Registro de Antecedentes de Tránsito

Conducir alcoholizadoPartes: Rueda Francisco Fausto s/ inf. art. 111 CC

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Sala/Juzgado: I

Fecha: 17-jun-2013

Cita: MJ-JU-M-81181-AR | MJJ81181 | MJJ81181

Se admite la suspensión del proceso a prueba al contravenido por conducir en estado de ebriedad. Inconstitucionalidad del último párrafo del art. 45 del Código Contravencional.

Sumario:

1.-Corresponde admitir la suspensión del proceso a prueba al contravenido por conducir en estado de ebriedad, pues los fundamentos de la oposición fiscal no poseen la entidad suficiente para ser capaz de despojar al imputado de ese derecho, toda vez que la gravedad o el riesgo a los que se hace referencia como motivo para la denegatoria constituye un requisito inherente a la comisión de cualquier contravención.

2.-Corresponde declarar la inconstitucionalidad del último párrafo del art. 45 del Código Contravencional, pues la comunicación al Registro de Antecedente de Tránsito del Gobierno de la Ciudad, a fin de que proceda de acuerdo a lo dispuesto en el Anexo I, art. 11.1.4, inc. d) del Código de Tránsito y Transportes -es decir, efectúe el descuento de los puntos de la licencia de conducir- vulnera la garantía de juicio previo y el principio de inocencia consagrados constitucionalmente.

3.-El ejercicio de la acción por parte del Ministerio Público Fiscal no impediría que el Juez, frente a una oposición fiscal absoluta e incondicional, conceda la suspensión del proceso a prueba.

4.-En tanto la suspensión del juicio a prueba resulta un derecho del imputado, deviene irrazonable tratar con mayor amplitud a dicho instituto en la esfera penal que en el ámbito contravencional.

5.-La comunicación que establece el último párrafo del art. 45 del Código Contravencional no es inconstitucional, pues de ninguna manera puede provocar por sí misma agravio constitucional alguno, y debido a que el procedimiento posterior a que admite una interpretación acorde con disposiciones de jerarquía superior (del voto en disidencia parcial de la Dra. Langhe)

Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 17 días del mes de junio de 2013, se reúne la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, integrada por los Dres. José Saez Capel, Marcela De Langhe y Marcelo P. Vázquez a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto por el titular de la acción, a fs. 50/60 de la presente, de la que

RESULTA

I.- Que el día 25/3/2013 se lleva a cabo la audiencia en los términos del art. 41 LPC, en la cual el Fiscal atribuyó a Francisco Fausto Rueda el haber conducido el día 9/3/2013, aproximadamente a las 19.00 hs., el vehículo automotor marca Peugeot, modelo 306, dominio BXV-999, por la calle Mahatma Gandhi frente al 476, habiendo ingerido previamente bebidas alcohólicas en cantidades tales que provocaron que poseyera una concentración de alcohol de 1.79 gr/l de sangre. Tras ser intimado de los hechos, el imputado, en presencia de su defensa oficial, se negó a declarar (fs. 29/30).

II.- Que a fs. 33/36 la defensa presenta escrito solicitando se suspenda el proceso a prueba respecto de Rueda, ofreciendo cumplir ciertas pautas de conducta. A lo que se opone el titular de la acción, por las consideraciones que expresa el día 10/4/2013 (fs. 38/40).

III.- Que a fs. 41/44 se agrega el requerimiento de juicio, en el que el Fiscal de Grado le atribuyó a Francisco Fausto Rueda el hecho descripto previamente y solicitó se le imponga la pena de ocho (8) días de arresto con más las accesorias de inhabilitación para conducir por el término de seis (6) meses y asistir al «Programa de Educación Vial para la Suspensión de Juicio a Prueba y Penas en suspenso de Contravenciones de Tránsito» que dicta la Dirección General de Seguridad Vial. Con costas.

IV.- Que el día 16/4/2013 el Sr. Juez de Grado, Dr. Guillermo E. H.Morosi, resolvió: I.- Hacer lugar a la suspensión del proceso a prueba solicitada por el imputado por el término de diez (10) meses con las siguientes condiciones: a) fijar residencia y comunicar a la Fiscalía y/o al Juzgado todo cambio de ésta; b) cumplir con las citaciones y/o requerimientos que la Fiscalía y/o el Juzgado le hicieren; c) realizar el «Programa de Educación Vial para la suspensión de juicio a prueba y penas en suspenso de contravenciones de tránsito» en la Dirección General de Seguridad Vial; d) abstenerse de conducir vehículos, por el lapso de quince (15) días, para lo cual deberá hacer entrega de su licencia de conducir a la Secretaría Judicial de Coordinación y Seguimiento de Ejecución de Sanciones y e) realizar, por el término de veinte (20) horas, trabajos comunitarios en un establecimiento de bien público cercano a su domicilio y fuera de sus horarios habituales de trabajo que determine la mencionada Secretaría de Ejecución. Asimismo, dispuso III.- Declarar la inconstitucionalidad del último párrafo del art. 45 CC (fs. 45/49).

V.- Que a fs. 50/60 se agrega el recurso de apelación interpuesto por el titular de la acción, Dr. Paulo H. Gaspani, contra la resolución mencionada supra, solicitando su revocación. Al respecto, sostiene que: 1) El recurso fue interpuesto en tiempo y forma, por quien se encuentra legitimado y contra una decisión que causa a su parte gravamen irreparable en los términos del art. 279 CPP CABA; 2) El Magistrado ha aplicado erróneamente las disposiciones del art. 45 CC, pues tal como lo ha expresado el TSJ, en el ámbito contravencional la suspensión del proceso a prueba está prevista como un acuerdo entre el imputado y el Fiscal. Acuerdo que no solo debe alcanzar la aplicación del instituto sino también las condiciones que deberá cumplir, por tanto el solo hecho que la Defensa haya consignado que se oponía a ciertas pautas le impidió aun hasta analizar la razonabilidad de las medidas propuestas.3) De lo expresado por el TSJ no surge que haya un derecho del imputado a que se le conceda el beneficio de la suspensión del proceso a prueba, pues resultaría contradictorio que el legislador haya previsto una negociación entre partes. Asimismo, refiere que no cabe discutir los beneficios del instituto o si el legislador local estableció un régimen más gravoso que el penal, sino que solo debe verificarse si se cumplió con lo establecido legalmente. En el caso, la falta de negociación entre las partes y la ausencia de acuerdo en relación a las pautas de conducta impide que el Magistrado le pueda otorgar la suspensión, pues se estaría pasando por alto el interés del Ministerio Público Fiscal de llevar el caso a juicio a fin de intentar una condena en contra del encartado. 4) En subsidio, se refiere a las pautas impuestas por el Magistrado, las que resultan diferentes a las establecidas en la Resolución Nº 218/09 que del grado de alcohol en sangre con el conducía se puede deducir que sus facultades de manejo se vieron seriamente afectas y aumentó las posibilidades de lesiones para sí o para terceros. 5) La forma en que fue resuelta la presente importó, por parte del Magistrado, un exceso en su jurisdicción pues fue mucho más allá de las atribuciones que le concede el art. 45 CC. Cita jurisprudencia del Tribunal Superior en sustento de su postura, específicamente el precedente «Jiménez». Asimismo, considera que el Judicante vulneró el sistema acusatorio, alterando los roles de los actores en el proceso y atribuyéndose facultades privativas de la fiscalía, pues realizó un acuerdo con el imputado. 6) Considera que causa a su parte un agravio el hecho que se le haya dado intervención a la Oficina de Coordinación y Seguimiento de Ejecución de Sanciones dependiente del Consejo de la Magistratura y no a la Oficina de Control de Suspensión del Proceso a Prueba dependiente del MPF para el control de la probation.7) Finalmente, se agravia de la declaración de inconstitucionalidad del último párrafo del art. 45 CC, dispuesta de oficio por el Magistrado. Cita en sustento de su postura jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia. 8) Hace reserva de recurrir ante el Tribunal Superior y del caso federal.

VI.- Que el Sr. Fiscal de Cámara, Dr. Walter H. Fernández, en su Dictamen Nº 76/FCE/13, sostiene el recurso fiscal y solicita se revoque la resolución en crisis por resular arbitraria. Reitera los argumentos expuestos por el recurrente relacionados con la falta de acuerdo, que la suspensión no es un derecho del imputado, que el último párrafo del art. 45 CC es constitucional y lo referido a la oficina de control de la suspensión del proceso a prueba. Denuncia la gravedad institucional de lo resuelto pues según señala se ha desconocido los alcances de las funciones del Ministerio Público Fiscal y se ha apartado de los precedentes de nuestro Máximo Tribunal Local. (fs. 64/67).

VII.- Que a fs. 69/71 el Sr. Defensor General Adjunto, Dr. Luis Esteban Duacastella Arbizu, contesta la vista conferida solicitando se rechace el recurso de apelación y se confirme la decisión impugnada. Señala que la oposición del titular de la acción no se encuentra fundada y los criterios generales de actuación del MPF – en los que basa su denegatoria – no resultan vinculantes para el juez. Asimismo, refiere que la probation resulta un derecho del imputado, y que su otorgamiento no es potestad exclusiva de la acusación. Cita jurisprudencia en sustento de su postura. En cuanto a la inconstitucionalidad del último párrafo del art. 45 CC afirma que comparte el criterio adoptado por la postura del Juez de Grado.

VIII.- Que a fs. 72 pasan los autos a resolver.

Los Dres. José Sáez Capel y Marcelo P.Vázquez dijeron:

PRIMERA CUESTIÓN

El escrito de apelación ha sido interpuesto en tiempo y forma contra una resolución que, si bien no es una sentencia definitiva, tiene capacidad de irrogar al impugnante un gravamen de insusceptible reparación ulterior (art. 6 LPC y 279 CPPCABA) en lo que hace a la concesión de la probation y la declaración de inconstitucionalidad del art. 45 CC.

Así, esta Sala tiene dicho que la decisión que resuelve suspender el juicio a prueba impide que el representante del Ministerio Público Fiscal continúe con el ejercicio de la acción en el proceso, por lo que no existe una oportunidad posterior para que el Fiscal haga valer su derecho de continuar la acción hasta el dictado de una sentencia final (Causas Nº 13183-00-CC/08 «Fano, Hugo s/ infr. art. 80 CC- Apelación», rta. el 18/11/2008; Nº 15838-00-CC/2008 «Belmont, Martín Federico s/ inf. art. 111- CC», rta. el 6/10/2008; Nº 16595-02-CC/2008 «Vaghi, Sergio Fabián s/infr. art. 111 CC- Apelación», rta. el 23/12/2008; Nº 34276-00-CC/08 «Fernández Viana, Diego Fabián s/infr. art. 111 CC- Apelación», rta. el 19/2/2009, Nº 29400-00-00/11 «Cabral, Esteban s/ inf. art. 111 CC – Apelación» rta. el 10/02/2012, Nº 19536-00-00/12 «López, Luis Ángel s/ inf. art. 111 CC – Apelación», rta. el 12/9/2012; entre otras).

El mismo criterio propiciamos en relación a la inconstitucionalidad del último párrafo del art. 45 CC (Causas Nº 33679-00-CC/12 «Rossi, Martín s/infr. art. 111 CC- Apelación», rta. el 19/4/2013; Nº 34453-00-CC/13 «Spreafico, Ricardo Juan s/art. 111 CC- Apelación», rta.el 29/4/2013; entre otras). Por tanto, el decisorio impugnado irroga el perjuicio necesario para tornar procedente el recurso en relación a los cuestionamientos mencionados.

Sin embargo, distinta será la solución en lo relativo al agravio esgrimido contra la resolución en cuanto dispuso que sea la Secretaría Judicial de Coordinación y Seguimiento de Ejecución de Sanciones la encargada del control de la ejecución de la suspensión del juicio a prueba que concedió. El recurso resulta inadmisible en este punto, toda vez que dicha decisión es irrecurrible. En efecto, este Tribunal tiene dicho que decisiones como la mencionada, en las que el Judicante dispone la remisión del expediente a conocimiento de la Secretaría Judicial de Coordinación y Ejecución de Sanciones, a los fines del control de las reglas de conducta impuestas sobre el imputado en la suspensión de juicio a prueba (conforme lo dispuesto en el art. 120 CC y en la Res. CM 189/2008), no genera gravamen irreparable alguno que torne admisible el remedio procesal (art. 279 CPPCABA a contrario sensu) (Causa Nº 12919-00-CC/2008 «Vázquez, Recaredo Ezequiel s/inf. art. 111 CC», rta. 6/10/08, Nº 12234-00-CC/2008, «Rivera, Luis s/inf. art. 111 CC», rta. el 30/09/08, Nº 19466-01-CC/08, «Inc de apelación en autos Shwiff, Marcelo Leonardo s/inf. art. 73 CC», rta. 5/09/08, Nº 6915- 00-CC/09 «Villarruel, Jonathan Jorge s/infr. art. 111- CC-Apelación», rta. el 3/4/09; entre otras).

SEGUNDA CUESTIÓN

Admitido el recurso incoado en los términos antes expuestos, corresponde en esta instancia ingresar en el análisis de los agravios planteados por el representante del Ministerio Público Fiscal, los que pueden resumirse en los siguientes: alcances y naturaleza de la suspensión del proceso a prueba, interpretación de su regulación legal, necesidad de acuerdo y consentimiento fiscal para su concesión y alcances del sistema acusatorio a la luz de la jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal local.Finalmente, el recurrente cuestiona la declaración de inconstitucionalidad del último párrafo del art. 45 CC.

I.- Suspensión del proceso a prueba:

1. Ello así y del caso sub examine surge que el Sr. Juez de Grado, teniendo en cuenta los alcances y finalidad del instituto, dispuso suspender el proceso a prueba respecto de Francisco Rueda por el término de diez (10) meses con las condiciones reseñadas en el punto IV de los resultas.

Decisión que motivó el recurso en análisis, en el que el titular de la acción plantea que al resolver del modo en que lo hizo, el Juez actuó en violación del sistema acusatorio constitucionalmente previsto, confundiendo los roles en el proceso y dejando de lado la doctrina sentada por el Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad.

Al respecto, es dable señalar que este Tribunal ha reiterado su criterio en diversos precedentes (Causas Nº 44706-00-CC/09 «Huidobro, Cristian Roberto s/inf. art. 111 CC- Apelación», rta. el 19/03/10; Nº 31587-00-CC/10 «Pirri, Juan José s/infr. art. 111 CC» – Apelación, rta. el 23/03/11; Nº 19536-00-00/12 «López, Luis Ángel s/ inf. art. 111 CC – Apelación», rta. el 12/09/12; entre muchas otras).

Así, sostuvimos que si bien la ley contravencional regula las facultades del juez en los casos en que medie acuerdo entre partes para la procedencia de la suspensión y no los supuestos en que medie un veto fiscal absoluto para su procedencia, del hecho de que el art. 45 CC se refiera a las funciones del juez cuando hay acuerdo no cabe deducir, necesariamente, que carezca de toda posibilidad de intervención en supuestos distintos. Pues, en esos casos siempre debe analizar la legitimidad y razonabilidad de los motivos en que se funda la oposición.El ejercicio de la acción por parte del Ministerio Público Fiscal no impediría que el Juez, frente a una oposición fiscal absoluta e incondicional conceda la suspensión del proceso a prueba.

En efecto, el sistema acusatorio se erigió, como superador de modelos anteriores, con el fin de perfeccionar la garantía de la imparcialidad y la defensa en juicio, consagrado como garantía de las personas perseguidas por el sistema penal, en el art. 13.3 de la Constitución de la ciudad. Por tanto, y siendo que las garantías constitucionales se encuentran dirigidas a las personas frente a los órganos de persecución estatal, más no a la inversa (tal como surge del juego armónico de los precedentes de la CSJN «Giroldi, Horacio D. y otro» del 7/04/1995; «Arce, Jorge D.» rta. el 14/10/1997), frente a una decisión ciega de impulsar la acción, o a una oposición totalmente desconectada de las circunstancias fácticas del caso concreto que se pretende enjuiciar, resulta un deber del órgano jurisdiccional suspender la acción si la excepción al juicio fue solicitada por el imputado conforme el derecho que le asiste y concurriendo los requisitos legales.

Por ello, entendemos que la resolución en crisis no resulta violatoria del sistema acusatorio de enjuiciamiento, como pretenden ambos representantes del Ministerio Público Fiscal.

2. En ese sendero es oportuno recordar que al concederle a Rueda la suspensión del presente proceso a prueba, el Sr. Juez a quo señaló que se trataba de un derecho del imputado, y que la falta de acuerdo con el titular de la acción no podía ser óbice para la concesión del beneficio. Por tanto, consideró que «. las circunstancias alegadas por el Sr.Fiscal no resultan suficientes como para proseguir con el trámite del proceso hasta el juicio oral y público .» y que «. las circunstancias alegadas por la Fiscalía para oponerse a la petición de la defensa, fundadas, básicamente, en cuestiones de «política criminal», motivadas en un criterio general de actuación (resolución FG nº 218/09), no pueden tener carácter «vinculante» .» (fs. 45vta./46).

Ello así, este Tribunal coincide con el Judicante en cuanto a que la suspensión del juicio a prueba resulta un derecho del imputado y que es irrazonable tratar con mayor amplitud al instituto en cuestión en la esfera penal que en el ámbito contravencional tal como lo hemos afirmado en numerosos precedentes (Causas N° 309-00-CC/2005 «Benítez, Jorge José, Laudonio, Oscar Armando y otros s/ infr. arts. 94, 99 y 101 ley 1472 – Apelación -Suspensión del juicio a prueba», rta. el 10/11/06; Nº 40721 «Blanco, Jorge Alberto s/inf. art. 111 CC -Apelación», rta. el 06/8/09, Nº 11857- 00-CC/2009 «Fernández, Martín Rodrigo s/art. 111 CC -Apelación», rta. el 17/9/09; Nº 6599-01-00/12 «Gimenez Ramos, Hugo Dionisio s/infr. art. 111 CC» Apelación, rta. el 12/9/2012; Nº 29284-00-CC/12 «Galarza, Pablo Hermenegildo s/infr. art. 111 CC» – Apelación, rta. el 4/3/2013; entre muchas otras).

Su carácter de derecho se desprende del art. 45 del propio Código Contravencional que establece: «El imputado/a de una contravención que no registre condena contravencional en los (2) dos años anteriores al hecho, puede acordar con el Ministerio Público Fiscal la suspensión del proceso a prueba.»

Es decir, tanto el criterio expuesto por el Sr. Magistrado de Grado como el reiteradamente sostenido por este Tribunal no busca prescindir del texto consagrado por el legislador ni manifestar desacuerdo con éste, sino darle efecto a su intención. No se pretende sustituirlo, sino aplicar la norma tal como fue concebida.

En palabras de Julio Maier:».la ley que resuelve la suspensión del procedimiento a prueba no concede a quién persigue contravencionalmente la facultad del veto absoluto para la utilización de la institución nombrada. Por el contrario, concede al Juez – correctamente- la facultad de decidir acerca del beneficio, como también le concede otras tantas facultades de decisión sobre la libertad, la condena o la absolución, etc., aunque el Ministerio Público se oponga a su ejercicio en un determinado sentido» (In re «Ministerio Público —Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 2— s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: ‘Fabre, Walter Atilio s/ infr. art. 111 CC —conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes—’», Expte. nº 6247/08 del 29/04/2009).

La objeción a lo expuesto, formulada por el titular de la acción no logra conmover el criterio que se propicia, pues tal como hemos afirmado si el texto legal concede al imputado la posibilidad de obtener la suspensión del proceso a prueba y si corresponde al poder judicial la decisión de todas las cuestiones que versen sobre puntos regidos por las leyes locales (art. 106 CCABA), la facultad jurisdiccional de decidir acerca del beneficio en cuestión encuentra fundamento en el texto constitucional (Causa Nº 33176-01-00/12 Incidente de Apelación en autos «Gonzales Ramirez, Jorge Luis s/infr. art. 111 CC», rta. el 19/4/2013).

Por otra parte, cabe señalar que también la norma infraconstitucional (art. 45 CC) concede al Juez la facultad de decidir acerca de su aplicación. Pues así como lo autoriza a rechazarlo, cuando advierte una disparidad en la negociación, se encuentra facultado a concederlo cuando dicha negociación es incondicionalmente denegada por el titular de la acción, por lo que el planteo del impugnante tampoco resultaría procedente.

3. En el caso de autos, el imputado solicitó someterse a un plan de conducta, asumiendo las cargas y los beneficios que dicha decisión naturalmente conlleva.Sin embargo, el titular de la acción se opuso, alegando por un lado que no había existido acuerdo y que las pautas propuestas por la señora Defensora resultaban insuficientes a la luz de las reglas establecidas en la Res. FG Nº 218/09 para acordar suspensiones en casos como el presente, las que tampoco se correspondían con la gravedad de la conducta, pues el imputado puso en riesgo a quienes habitan y transitan por la ciudad, aumentando la probabilidad de lesiones para sí o terceros (fs. 38/40).

Ello así, y tal como ha afirmado el Judicante, los fundamentos de la oposición fiscal formulada en el caso no poseen la entidad suficiente para ser capaz de despojar al imputado de la facultad que le concede la ley. Ello así, toda vez que la gravedad o el riesgo a los que se hace referencia como motivo para la denegatoria del instituto en cuestión constituye un requisito inherente a la comisión de cualquier contravención -en el caso, la prevista en el art. 111 CC-, por lo que ampararse en dicho supuesto peligro para rechazar la concesión de la probation impediría aplicarla en cualquier caso.

Sin perjuicio de ello, cabe señalar que la gravedad del hecho, la graduación de alcohol que tenía el imputado, entre otras cuestiones, fueron valoradas por el Magistrado -no como motivos para denegar la suspensión- sino a fin de fijar el plazo de duración de la probation así como las reglas de conducta atinentes al caso. El que, tal como hemos afirmado, tiene dicha potestad pudiendo suprimirlas o modificarlas en resguardo de los derechos y garantías del imputado de conformidad con lo dispuesto en el art. 45 CC (Causas N° 11217-00/CC/2004 «Alí, Oscar Néstor s/ inf. art. 83 C.C. – Apelación-«, rta. el 12/12/06, Nº 18381-00-CC/2007 «Mose Medrano, Matías s/infr. art. 111 CC- Apelación», rta.el 17/10/07; entre muchas otras).

Por tanto, y aún ante una discrepancia entre las partes en relación a las reglas de conducta ofrecidas o el plazo de duración de la suspensión -como pareciera alegar el titular de la acción- es facultad del juez fijar las que considere adecuadas y no denegar sin más la probation (Causa Nº 8108-00/12 «Mendez, Raúl Carmelo s/ inf. art. 81 CC – Apelación», rta. el 4/9/2012).

Por otra parte, cabe señalar que en el caso tampoco la Fiscalía justificó los motivos por los cuales, en este caso, la celebración de un juicio oral y público y la eventual imposición de una sanción de arresto a Rueda resultaría más apta a los fines preventivo-especiales que las reglas de conducta que se pueden aplicar para que el imputado comprenda la peligrosidad de su conducta y no la reitere.

A partir de lo expuesto, consideramos que la resolución en crisis, lejos de resultar lesiva de principios constitucionales, encontró una adecuada solución a la negativa del Fiscal de acordar la suspensión del juicio a prueba que la ley reconoce al imputado.

Finalmente, cabe señalar que las reglas de conducta fijadas por el Magistrado resultan proporcionadas, adecuadas a la conducta endilgada, y a los fines del instituto en cuestión. Sin embargo, y en cuanto a los trabajos comunitarios cabe destacar que el Judicante delegó la designación del lugar en el que el imputado debía cumplimentarla en la Secretaría Judicial de Coordinación y Seguimiento de Ejecución de Sanciones, la que según señalamos no puede determinar donde deben realizarse dichas tareas, aspecto que debe integrar la resolución dictada, pues eventualmente podría ser objeto de recurso y de revisión por parte de esta Alzada (Sala I, CPCyF Causa Nº 51449-00-CC/10 «Noiseux Arana, Marcos Pedro s/inf. art. 111 CC»- Apelación», rta. el 06/04/2011; entre otras). En tal sentido, y como afirmamos el art.45 dispone que el Juez resuelve sobre el acuerdo y, en caso de no haber tal acuerdo, decide acerca de las reglas y su lugar de realización.

Por lo expuesto, cabe confirmar el punto I de la resolución impugnada y devueltas que sean las presentes, deberá integrarse la decisión con el lugar de cumplimiento de las tareas comunitarias, previo escuchar la propuesta del encausado o su defensa.

II.- Inconstitucionalidad del último párrafo del art. 45 CC

Ahora bien, en cuanto al agravio esgrimido en relación a la declaración de inconstitucionalidad del último párrafo del art. 45 CC, cabe adelantar que compartimos el criterio sustentado por el Magistrado de Grado por las consideraciones que a continuación expondremos.

Ello así pues, tal como señalamos en la Causa Nº 35516-00/09, caratulada «Chambi Gómez, Wilder Alexander s/art. 111 CC» (rta. el 22/12/09), corresponde declarar la inconstitucionalidad del último párrafo del art. 45 CC, dado que no supera el test de constitucionalidad, y es este el momento oportuno para hacerlo, por las razones que hemos expuesto en numerosos precedentes y que a continuación reseñaremos (Causas Nº 33679-00-CC/12 «Rossi, Martín s/infr. art. 111 CC- Apelación», rta. el 19/4/2013; Nº 34453-00-CC/13 «Spreafico, Ricardo Juan s/art. 111 CC- Apelación», rta.el 29/4/2013; entre otras).

Al respecto, la disposición legal cuestionada establece que «. La suspensión del proceso a prueba no obstará a que en los casos previstos en los artículos 111, 112, 113, 113 bis y 114 del Título IV, Capítulo III de este Código el Juez contravencional notifique al Poder Ejecutivo para que se adopten las medidas administrativas previstas en el Título Undécimo del Código de Tránsito y Transporte, que resultarían aplicables en el caso que recayera condena».

Por su parte, el título undécimo mencionado consagra el sistema de evaluación permanente de conductores, el que consiste en «.asignar puntaje a cada conductor poseedor de licencia de conducir otorgada por el Gobierno de la Ciudad, el que irá restando en función de las infracciones comprobadas.» a las normas del Código de Transporte y Tránsito (art. 11.1.1), y específicamente al caso que nos ocupa el art. 11.1.4 inc. d) dispone que «. en los casos de sanciones por conductas tipificadas en los arts. 111 y 114 del Código contravencional, se descontarán 10 puntos.».

Sin perjuicio de lo manifestado por los legisladores, y si bien el descuento de puntos del registro de conducir directamente no parecería constituir una sanción, sí es claro que el hecho de que algún conductor alcance los cero puntos en su registro y que se le imponga una inhabilitación y/o que tenga que efectuar un curso y acreditar su aprobación constituyen penas o sanciones de índole administrativa. Ello, pues si bien la Ley Nº 2641 instaura ciertos beneficios o «premios» para quienes no hayan sufrido descuento de puntos en su licencia de conducir (art. 11.1.8), las consecuencias del descuento de puntaje no configuran únicamente «castigos» -en los términos utilizados por los legisladores- sino claramente penas, pues son manifestaciones de la coerción estatal que importan la privación de derechos (conf. Zaffaroni, Eugenio Raúl- Alagia, Alejandro y Slokar, Alejandro; «Derecho Penal- Parte General» Ed. Ediar, Bs.As., 2000, pág 876) que en el caso puede llegar a la inhabilitación para conducir vehículos hasta por un plazo de cinco años.

Teniendo en cuenta ello, resulta lógico que la ley exija que en forma previa a la imposición de una sanción (descuento de puntos, inhabilitación) se dicte una decisión definitiva sobre el hecho y la responsabilidad del imputado ya sea en sede administrativa o judicial (arts. 11.1.1 y 11.1.3), pues la garantía de juicio previo consagrada constitucionalmente (art. 18 CN, art. 10 CCABA) requiere como presupuesto y fundamento para la imposición de una pena el dictado de una sentencia judicial o decisión administrativa (de acuerdo al caso).

Por otra parte, también la presunción de inocencia garantizada constitucionalmente exige que sea una sentencia la que declare la culpabilidad del imputado, y lo señale como autor culpable de un hecho punible o partícipe en él, como presupuesto necesario para la imposición de una sanción (Maier, Julio B.J., «Derecho Procesal Penal- Tomo I- Fundamentos», Editores del Puerto SRL, Bs. As. 1999, págs 491/2).

Teniendo en cuenta ello, y tal como ha afirmado el Judicante, la decisión que dispone suspender el proceso a prueba e impone al encartado el cumplimiento de ciertas reglas de conducta durante un plazo determinado, no se pronuncia en forma alguna acerca de la existencia del hecho y la culpabilidad del imputado, por lo que no constituye el presupuesto necesario para la imposición de una sanción pues ni siquiera las reglas de conducta fijadas constituyen penas en los términos antes señalados.

Por lo hasta aquí expuesto, es dable sostener que la comunicación al Registro de Antecedente de Tránsito del Gobierno de la Ciudad, a fin de que proceda de acuerdo a lo dispuesto en el Anexo I, art. 11.1.4, inc.d) del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires (es decir, efectúe el descuento de los puntos de la licencia de conducir), vulnera la garantía de juicio previo y el principio de inocencia consagrados constitucionalmente (art. 18 CN y 10 CCABA), por lo que corresponde confirmar el punto III de la resolución impugnada en cuanto declara la inconstitucionalidad del último párrafo del art. 45 CC.

En otro orden de ideas, corresponde dejar en claro, que esta decisión no pretende desconocer facultades propias del Poder Ejecutivo (ejercer el poder de policía local) o el poder legislativo (dictar las normas aplicables en la ciudad). Sencillamente se cumple con el deber judicial de controlar que las disposiciones legales aplicables en el caso y las consecuencias de las mismas sean respetuosas de las disposiciones constitucionales.

Finalmente, cabe señalar que la presente no guarda relación con los precedentes: Exptes. Nº 7387/10 «Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 2- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: ‘Huidobro, Cristian Roberto s/infr. art. 111 CC’», rta. el 22/06/2011; Nº 8391/11 «Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal Contravencional y de Faltas n° 2- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: ‘Gilligan, Juan Jesús s/ infr. art. 111 CC’», rta. el 21/03/2012; y Nº 8470/11 «Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal Contravencional y de Faltas n° 2- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: ‘Thompson Tabeni, María de las Mercedes s/ infr. art. 111 CC’», rta. el 19/09/2012, del Tribunal Superior de Justicia de esta Ciudad, pues en aquellos casos se cuestionó la declaración de inconstitucionalidad de la norma de oficio por parte de este Tribunal, por el contrario, en el presente, fue el Magistrado de primera instancia interviniente quien declaró su inconstitucionalidad y el fiscal quien se agravió por ello.

La Dra.Marcela De Langhe dijo:

I.- Admisibilidad.-

Comparto los argumentos dados por mis colegas preopinantes, Dres. José Sáez Capel y Marcelo P. Vázquez, respecto de la admisibilidad del recurso, a los cuales me remito.

II. De la resolución impugnada.-

En orden a la concesión de la «probation» respecto de Francisco Fausto Rueda, tal como lo he señalado en diversos precedentes de la Sala II de esta Alzada, las constantes solicitudes de suspensión del juicio a prueba en la práctica judicial diaria han demostrado -especialmente en los últimos tiempos- una gran disparidad de criterio tanto por parte del Ministerio Público Fiscal al decidir sobre la aceptación o el rechazo del acuerdo, como por parte de los j ueces al momento de revisar la razonabilidad de la oposición del fiscal. La solución de cada caso queda, de esta manera, librada a la suerte del acusado en la desinsaculación del juzgado que intervendrá en la causa.

El intento de concertar parámetros objetivos referidos al hecho concreto que delimiten cuáles casos pueden ser objeto de una «probation» ha conducido a soluciones contrarias para comportamientos similares, extremo que lesiona toda idea de justicia y de igualdad ante la ley (art. 16 C.N. y 11 C.C.A.B.A.).

Esta conclusión, en línea con la interpretación desarrollada en la materia por la Sala que hoy integro, hace necesaria una toma de posición concreta que garantice la uniformidad de soluciones para casos análogos.

Hemos expresado en el precedente «Suanno, Jorge Omar y otro s/ inf. arts. 116, 117 y 118 de la ley 1472» rto. el 9 de abril de 2007, que la posibilidad de solicitar la suspensión del proceso constituye un derecho. Así, hemos afirmado: «[C]on el objetivo de lograr una aplicación justa y razonable del instituto a partir de la finalidad enunciada en párrafos anteriores, consideramos indispensable para brindar la solución que estimamos más adecuada al caso en particular que se presenta a estudio de esta Alzada, concluir en que la norma acuñada en el art.45, ley 1472 tipifica un derecho para el imputado».

A partir de esta premisa, resultaría inconsistente condicionar el goce de ese derecho a la opinión de cada fiscal o juez en el caso concreto. Si concurren los presupuestos exigidos por la ley (no registrar antecedentes contravencionales en los últimos dos años, comprometerse a cumplir las reglas de conducta pautadas y eventualmente abandonar a favor del Estado los bienes que necesariamente resultarían decomisados en caso que recayere condena), el ejercicio del derecho debe ser garantizado y no podrá ser supeditado a pautas que varíen de acuerdo con el criterio subjetivo de los operadores del sistema contravencional.

Una interpretación de la frase «el imputado/a de una contravención [.] puede acordar con el Ministerio Público Fiscal», en el sentido de que el instituto de la «probation» es una herramienta discrecional del fiscal o, de manera más moderada, que es un derecho del presunto contraventor condicionado a la gravedad del hecho concreto, conduce a resultados reñidos con el principio de igualdad (art. 16 CN y 11 CCABA) y de legalidad en sentido amplio (art. 18 CN y 13, inc. 3 C.C.A.B.A.), toda vez que posibilita el dictado de soluciones diferentes para casos similares y que no permite el conocimiento de las reglas de procedimiento ni siquiera en el momento de enfrentar el proceso público. Por lo tanto, considero que tales interpretaciones son inconstitucionales, lo que no equivale, desde luego, a la declaración de inconstitucionalidad de la norma en sí misma.

Por cierto, la gravedad del hecho concreto es un dato de la realidad que no puede ser despreciado. Ella debe ser tenida en cuenta para fijar las pautas de conducta, que la deben reflejar, principalmente, en aspectos tales como la duración y el tenor de las obligaciones asumidas.Pues, según se observa en la práctica, el desconocimiento de la gravedad del caso particular en la determinación de las reglas también quebranta el principio de igualdad, en la medida en que se homogeneizan las soluciones de todos los casos, por más dispares que sean en cuanto a su contenido de ilícito.

No se desconoce aquí que el Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad, en el caso «Jiménez, Juan Alberto» (expte. Nº 7238/10, rto.: 30/11/2010), postula una exégesis del art. 45 CC -ya presentada en votos individuales de diversos precedentes- que otorga al Ministerio Público Fiscal la facultad de decidir discrecionalmente sobre la procedencia de la probation en esta materia y limita la intervención del juez a la mera homologación del acuerdo arribado entre las partes.

Sin embargo, entiendo que el instituto no puede tener en el ámbito contravencional un alcance más restringido que aquel que le corresponde en materia penal, pues si la probation puede ser -conforme a su regulación legal- una alternativa válida a la continuación de un proceso judicial destinado a juzgar las más graves de las infracciones a normas de conductas vigentes en una sociedad, con mayor razón, y como mínimo con el mismo alcance, ha de serlo también con relación a procedimientos judiciales que tienen por objeto el juzgamiento de ilícitos de menor envergadura y que en la ciudad han sido regulados como contravenciones.

De esta manera, debe tenerse en cuenta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha considerado a la suspensión del juicio a prueba (en materia penal) como «un derecho que la propia ley reconoce» (fallo «Acosta, Alejandro Esteban; rto.: 23/4/2008), lo cual es incompatible con la posibilidad de reconocer a la fiscalía facultades discrecionales relativas a su otorgamiento.

Entiendo entonces que el art. 45 CC debe ser objeto de una exégesis que concilie sus términos con los alcances que conforme a la jurisprudencia del máximo tribunal nacional ha de tener el instituto regulado en el art.76 bis CP. Teniendo en cuenta estas relaciones, de ningún modo podría ser admisible brindar al fiscal en el ámbito contravencional una potestad tal que desnaturalice el carácter de la probation como derecho del imputado, cuya viabilidad ha de ser pasible de revisión jurisdiccional a efectos de poder garantizar a todos los ciudadanos su ejercicio.

En consecuencia, dado que la cuestión que aquí se suscita puede incluso llegar a ser definida en última instancia por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es que habré de mantener la interpretación esbozada en los primeros párrafos de este apartado y que he consolidado y precisado a través de numerosos precedentes. Por considerar que la única lectura posible del instituto consistente con los principios constitucionales es la que sostiene que se trata de un derecho del imputado supeditado a la concurrencia de los presupuestos formales y objetivos establecidos por la ley, los cuales se verifican en el presente, y por entender que resultan razonables los términos en que se ha suspendido el proceso, estimo que corresponde rechazar el recurso interpuesto y confirmar, en tales aspectos, la resolución recurrida.

b.- De la inconstitucionalidad del último párrafo del art. 45 CC Tal como me he expedido con otra integración en la causa «Martínez, Luis s/ art. 111 CC», causa nº 35875-00/CC/09, rta. el 8/4/10, la decisión en análisis se basa en una incorrecta exégesis de las normas aplicables y, por esta razón, no habrá de ser mantenida en esta Alzada.

Más allá de la cuestión de si los jueces se hallan facultados para efectuar de oficio el control de las normas que deben aplicar, lo cierto es que dos órdenes de razones respaldan la posición que sostengo. Por un lado, la resolución cuestionada no ha sido adoptada en el momento procesal oportuno. Por otro lado, pero centralmente, la regla del art.45, último párrafo, CC es susceptible de ser interpretada de un modo perfectamente acorde con parámetros constitucionales y, como es sabido, si existen diversas posibles comprensiones de un texto legal ha de privilegiarse siempre aquella que no entre en contradicción con disposiciones de jerarquía superior.

El carácter inoportuno o más precisamente prematuro del auto recurrido se basa en una intelección integrada tanto de las disposiciones aplicables entre sí, como de éstas en el contexto jurídico en que se insertan. En efecto, el hecho de que el art. 45 establezca que «la suspensión del proceso a prueba no obstará a que (.) el Juez Contravencional notifique al Poder Ejecutivo» (sin destacado en el original) no determina, necesariamente, que tal comunicación deba efectuarse en el momento procesal escogido por la magistrada, esto es, al suspender el juicio a prueba. Lejos de ello, dado que el art. 11.1.3, Anexo I, Ley 2148 alude a que «las sentencias serán comunicadas a la Unidad Administrativa de Control de Faltas» (el destacado se agrega), una lectura que intente integrar ambas normas (en vez de ponerlas en contradicción, como se hace en el auto en estudio) fácilmente podrá concluir en que el juez contravencional deberá cumplir con esa notificación cuando, luego de tener por satisfecha la etapa de prueba, declare extinguida la acción contravencional, dictando así el auto definitivo (sentencia) mencionado en el código de tránsito.

Esta exégesis, por lo demás, es la única que evitaría la posibilidad, por un lado, de que una eventual sentencia absolutoria, a que se arribe luego de reanudar el proceso por incumplimiento de las condiciones de suspensión, niegue la anterior constatación del hecho efectuada en sede administrativa para proceder al descuento de los puntos correspondientes y, por otro, que existan dos procesos simultáneos por el mismo hecho, a saber:aquél que se encuentra suspendido y aquel que pudiera iniciarse si el interesado impugnase la decisión adoptada en la unidad de control de faltas.

Estos argumentos fundamentan suficientemente el carácter prematuro de la resolución recurrida, pues ha sido pronunciada antes de que el juez estuviera en condiciones de dar cumplimiento a la norma cuya validez constitucional desconoce.

Pero más allá de lo expuesto, como ha sido señalado al inicio, existen razones de fondo para estimar incorrectas las conclusiones del magistrado.

Del texto legal surge con claridad que la función del órgano jurisdiccional se limita, en este caso, a la notificación de la conclusión del proceso y, de ninguna manera, es éste el que determina la sanción administrativa a aplicar. Como consecuencia de ello, se hace evidente también que esta norma no puede entrar en contradicción con derecho constitucional alguno del presunto contraventor, ya que su ejecución (la notificación) no importa por sí una restricción de su esfera jurídica.

En cambio, sí será el eventual comportamiento posterior de la unidad de control de f altas que recibe la comunicación (art. 11.1.3, Anexo I, Ley 2148) el que tenga capacidad para lesionar ese ámbito de derechos. En este supuesto, sin embargo, el interesado podrá recurrir a las vías de revisión pertinentes, sin que este potencial conflicto pueda ser resuelto preventivamente del modo escogido por el magistrado.

Pero, en cualquier caso, y más allá de que la redacción legal sea ciertamente deficitaria, debe notarse que una actuación administrativa en tal sentido ilegítima no se sigue necesariamente del texto normativo puesto que se traduciría en un control abstracto de constitucionalidad y, por ello, su compatibilidad con las normas fundamentales puede salvaguardarse mediante una interpretación adecuada.

En lo que aquí interesa, el art.45 CC establece que la notificación se realizará para que se adopten las medidas administrativas que resultarían aplicables en caso de recaer condena, mientras que en el régimen de tránsito y transporte se indica que las sentencias serán comunicadas a la unidad de control de faltas, a los efectos de que se proceda al correspondiente descuento de puntos. Si bien a primera vista, y contrariamente a lo afirmado precedentemente, la tacha constitucional parece irreversible (en los casos de probation se procedería a descontar los puntos del mismo modo que en los casos de condena), lo cierto es que esa conclusión de ninguna manera es necesaria, pues nada obsta a que los textos legales sean interpretados de la siguiente forma: 1.- En los casos de condena, la unidad administrativa tiene por acreditado el hecho (ya por efecto de la sentencia) y procede a aplicar la sanción correspondiente. 2.- En los casos de extinción de la acción contravencional, la unidad administrativa acredita el hecho sobre la base de los elementos incorporados al proceso (tal como lo hace con las restantes infracciones a las normas de tránsito) y efectúa el descuento de puntos respectivo.

Queda así en evidencia que, como lo expresara antes, la eventual actuación ilegítima de la administración no se desprende de la norma en sí, sino de una posible intelección y ejecución equivocada de ésta, contra la cual, en su caso, se deberán habilitar las vías recursivas pertinentes.

En suma, la decisión en estudio no sólo ha sido adoptada de modo prematuro, sino que, además, es sustancialmente errónea, por un lado, dado que la notificación que la norma impone de ninguna manera puede provocar por sí misma agravio constitucional alguno y, por otro, debido a que el procedimiento posterior a que alude (a desarrollar luego por la administración y ya por ello insusceptible de ser cuestionado en este proceso en forma preventiva y oficiosa por parte del juez) admite una interpretación acorde con disposiciones de jerarquía superior.

Tal es mi voto.

En razón de todo lo hasta aquí expresado, el Tribunal,

RESUELVE:

I.- DECLARAR PARCIALMENTE INADMISIBLE el recurso de apelación en los términos expuestos en la primera cuestión.

II.- CONFIRMAR el punto I de la resolución impugnada, obrante a fs. 45/48 vta., en cuanto hace lugar a la suspensión del proceso a prueba solicitado por el imputado Francisco Rueda por el término de diez (10) meses con las siguientes condiciones: a) fijar residencia y comunicar a la Fiscalía y/o al Juzgado todo cambio de ésta, b) cumplir con las citaciones y/o requerimientos que la Fiscalía y/o el Juzgado le hicieren, c) realizar el «Programa de Educación Vial para la suspensión de juicio a prueba y penas en suspenso de contravenciones de tránsito» en la Dirección General de Seguridad Vial, d) abstenerse de conducir vehículos, por el lapso de quince (15) días, para lo cual deberá hacer entrega de su licencia de conducir a la Secretaría Judicial de Coordinación y Seguimiento de Ejecución de Sanciones, y e) realizar, por el término de veinte (20) horas, trabajos comunitarios en un establecimiento de bien público cercano a su domicilio y fuera de sus horarios habituales de trabajo debiendo el Magistrado de Grado designar el lugar a tal fin. (por mayoría) III.- CONFIRMAR el punto III de la resolución impugnada en cuanto declara la inconstitucionalidad del último párrafo del art. 45 CC (por mayoría) IV.- TENER PRESENTES las reservas efectuadas.

Regístrese, notifíquese mediante cédula con carácter de urgente y remítase al Juzgado de Primera Instancia a sus efectos.

 

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