ART no indemnizará a trabajadora embestida a bordo de ambulancia pues no es un hecho de terceros por el que deba responder

ambulanciaPartes: Aybar Petrona Magdalena c/ Provincia A.R.T. S.A. y otro s/ accidente – acción civil

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: IV

Fecha: 11-jun-2013

Cita: MJ-JU-M-81221-AR | MJJ81221 | MJJ81221

No se admite la demanda contra la ART presentada por una trabajadora que fue embestida por un vehículo estando a bordo de una ambulancia en ocasión de prestar servicios para su empleador pues este no constituye un hecho de un tercero por el que la aseguradora deba responder.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar el rechazo de la demanda deducida contra ART, pues la propia actora afirmó que fue embestida por un vehículo mientras se encontraba a bordo de una ambulancia en ocasión de prestar servicios para su empleador, consistiendo este acontecimiento en la acción de un tercero por quien la accionada no debe responder, al mismo tiempo que tampoco puede afirmarse que la demandada sea la dueña o guardiana de la cosa riesgosa utilizada en dicho evento y que habría generado el daño, por lo que no corresponde la aplicación de lo dispuesto por el art. 1113 del CCiv.

2.-Resulta inadmisible el agravio relativo a la falta de cumplimiento de las prestaciones en especie por parte de la ART, ya que en la demanda no se describió siquiera cuáles habrían sido las prestaciones aludidas que se le habrían otorgado en forma insuficiente, sino que, por el contrario, se practicó la liquidación de los daños que describe en el marco de la acción fundada en el derecho común.

Fallo:

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 11 DE JUNIO DE 2013, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso interpuesto contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

La doctora Graciela Elena Marino dijo:

I) Contra la sentencia de fs. 235/237, apelan las partes actora (fs. 239/246) y demandada (fs. 247/248), ambas con sus respectivas réplicas a fs. 256/256 vta. y 258/258 vta.

II) La actora se queja: a) por el rechazo al reclamo fundado en la responsabilidad civil y la reparación integral contra la aseguradora, pues considera que la juez a quo actuó en forma parcial y arbitraria, y soslayó el incumplimiento atribuido a la demandada sobre las obligaciones que le incumbían en los términos del artículo 4º de la LRT; b) critica que la sentenciante tuviera por acreditadas las prestaciones en especie por parte de la demandada; c) por la falta de condena en cuanto sostiene que aun cuando no se haya logrado demostrar el incumplimiento de Provincia ART SA, en el marco de la acción incoada con sustento en el derecho civil, debió aplicarse el principio iuria novit curia, remitiéndose a la normativa y régimen indemnizatorio emanado de la ley 24.557 d) finalmente, apela las costas impuestas en la forma decidida por la sentenciante.

Por su parte, la demandada apela las costas e invoca la aplicación del artículo 68 del CPCCN.

En cuanto al primer agravio, no se advierte en lo más mínimo el cumplimiento de la carga procesal que impone el art. 65 de la L.O.en cuanto exige que se relaten y expliquen claramente los presupuestos fácticos necesarios para viabilizar el reclamo por responsabilidad extracontractual pretendido con sustento en los artículos 1113, 1109, 1115 y concordantes del Código Civil (tal es el fundamento de derecho que la parte actora ha invocado en su escrito de inicio, conforme surge de fs. 9).

Esto es así, pues la actora afirmó que el 28 de octubre de 2008 fue embestida por un vehículo mientras se encontraba a bordo de una ambulancia en ocasión de prestar servicios para su empleador. Este acontecimiento consiste en la acción de un tercero por quien la accionada no debe responder, al mismo tiempo que tampoco puede afirmarse que la demandada sea la dueña o guardiana de la cosa riesgosa utilizada en dicho evento y que habría generado el daño, por lo que no corresponde la aplicación de lo dispuesto por el artículo 1113 del Código Civil.

Análoga conclusión cabe aplicar con relación a los presupuestos del artículo 1109, pues ni siquiera se indicó en la demanda cuál habría sido la situación previsible por la accionada en la situación narrada por la actora y cuya omisión habría generado el daño por el que se persigue un resarcimiento.

Por lo demás, recién en esta instancia se introduce, en forma extemporánea, el argumento del incumplimiento del artículo 4º de la LRT, para fundar la responsabilidad que pretende endilgarle a la ART en los términos del artículo 1074 del código Civil, extremo omitido en la demanda y que torna inviable la queja.Incluso cuando esto se considerara por vía de hipótesis, es evidente que no existe un nexo de causalidad entre el daño producido y el hecho que habría generado la imprudencia de un tercero en la conducción de un vehículo a través del tránsito público.

En cuanto a la falta de cumplimiento de las “prestaciones en especie” por parte de la ART, la atenta lectura de la demanda sella la suerte de la queja al respecto, ya que en ella no se describió siquiera cuáles habrían sido las prestaciones aludidas que se le habrían otorgado en forma insuficiente, sino que, por el contrario, se practicó la liquidación de los daños que describe a fs. 9 en el marco de la acción fundada en el derecho común.

Por otra parte, el argumento de que la ART tuviera la obligación de fijar un porcentaje de incapacidad laboral carece de asidero, pues ello sólo acontece cuando se constata la existencia de una minusvalía en la capacidad laborativa. Si la actora discrepaba con lo decidido por la accionada, nada impedía cuestionar esa decisión conforme a las vías legales previstas en el régimen reparatorio especial, observándose al respecto una total inactividad procesal.

Respecto del agravio referido a la aplicación del principio iuria novit curia, por el que la actora pretende que se condene a la accionada con fundamento en la ley 24.557 a pesar de haber optado y fundado la acción en el derecho civil, cabe mencionar que de nada sirve la cita de jurisprudencia si no se relaciona con los antecedentes del caso, por lo que de esa sola manera no se satisfacen las exigencias del artículo 116 de la L.O. En este sentido, merece puntualizarse que la ley exige una correspondencia estricta entre las cuestiones planteadas por las partes y el contenido de la sentencia (conf. art.163, inciso 6º, del CPCCN), lo que resulta de la aplicación del principio de congruencia, constituyendo agravio a la garantía de defensa en juicio tanto las sentencias que omitan el examen de cuestiones propuestas por las partes, que sean conducentes para la decisión del pleito, como aquellas que se pronuncian sobre pretensiones o defensas no articuladas en el proceso. Ello es así, dado que la facultad de sentenciar “ultra petita”, es decir, más allá de lo pedido, no debe extenderse al punto de permitir que los jueces cambien una acción por otra, ya que ello importaría una violación de la garantía constitucional de la defensa en juicio (sentido en el que ya se ha pronunciado esta sala en los autos “García Montiel Leandro Martín c/ Vargas, René Gustavo y Otros s/ Accidente – Acción Civil” , SD Nº 96.908 del 26/02/13). Por ello, tampoco puede tener tratamiento favorable la queja de la actora.

III) En cuanto a las costas del proceso, que han sido apeladas por ambas partes, no encuentro motivos para apartarme de la forma en que ha decidido imponerlas la Juez a quo, atento a que, por las particularidades del caso, en que se constató objetivamente la existencia de una minusvalía en la trabajadora, ésta pudo considerarse con mejor derecho a reclamar en la forma en que lo hizo.

IV) Dado el modo de resolver, propongo imponer las costas de alzada a cargo de la parte actora (art. 68 CPCCN), y regular los honorarios de la representación letrada de partes actora y demandada en 25% de lo que a cada una le corresponda percibir por sus actuaciones en la instancia de grado anterior.

V) Por lo expuesto, propongo:1) Confirmar la sentencia apelada en todo cuanto ha sido materia de recurso y agravios; 2) Imponer las costas de alzada a cargo de la parte actora y 3) Regular los honorarios de la representación letrada de las partes actora y demandada en 25% de lo que a cada una corresponda percibir por sus tareas en la instancia previa.

El doctor Héctor C. Guisado dijo:

Por análogos fundamentos, adhiero al voto que antecede.

Por ello, el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia apelada en todo cuanto ha sido materia de recurso y agravios; 2) Imponer las costas de alzada a cargo de la parte actora y 3) Regular los honorarios de la representación letrada de las partes actora y demandada en 25% de lo que a cada una corresponda percibir por sus tareas en la instancia previa.

Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

HÉCTOR C. GUISADO

Juez de Cámara

GRACIELA E. MARINO

Juez de Cámara

ANTE MI:

SILVIA SUSANA SANTOS

Secretaria

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s