En pos de mantener los vínculos sociales, un interno que tuvo numerosos traslados será alojado cerca de su familia

Carcel 3Partes: L. W. R. s/ recurso de casación

Tribunal: Cámara Federal de Casación Penal

Sala/Juzgado: IV

Fecha: 9-ago-2013

Cita: MJ-JU-M-80564-AR | MJJ80564 | MJJ80564

Disponen el alojamiento de un interno que sufrió numerosos traslados en distintos centros de máxima seguridad pertenecientes al Servicio Penitenciario Federal, en un centro cercano al que habita su familia, reconociendosele su derecho a mantener sus relaciones familiares y sociales.

Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el interno y el Procurador Penitenciario y, en consecuencia, casar la resolución recurrida en cuanto confirmó el rechazo in limine de la acción de habeas corpus incoada, hacer lugar a la acción presentada, reincorporarlo a la órbita del servicio penitenciario federal y ordenar su traslado a la unidad carcelaria más cercana al domicilio en que habita su familia, con el debido control y resguardo de la seguridad y salud que el caso demande pues la ley de ejecución penal 24660 reconoce el derecho de los detenidos a mantener sus relaciones familiares y sociales, disponiéndo además en el art. 168 que las relaciones del interno con su familia, en tanto fueren convenientes deben ser facilitadas.

2.-Procede el traslado del detenido a un establecimiento cercano al domicilio de sus familiares pues en el dec. 1136/97 , se reconoce a los internos el derecho a recibir con regularidad como visitas ordinarias, las de sus familiares y allegados (art. 31), y se promueve que el personal penitenciario facilite y estimule las relaciones del interno con su familia, en tanto fueran convenientes art. 5).

Fallo:

En la ciudad de Buenos Aires, a los nueve días del mes de agosto del año dos mil trece, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por el doctor Juan Carlos Gemignani como Presidente, y los doctores Mariano Hernán Borinsky y Gustavo M. Hornos como Vocales, asistidos por el Secretario actuante, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto a fs. 17/28 de la presente causa Nro. 592/2013 del Registro de esta Sala, caratulada: “L., W. R. s/recurso de casación”; de la que RESULTA:

I. Que la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, provincia de Chaco, en la causa nro. 51.603 de su Registro, con fecha 12 de marzo de 2013, resolvió confirmar la resolución por la cual se rechazaba in limine la acción de hábeas corpus incoada por W. R. L., que había sido elevada en consulta de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley 23.098 (fs. 15/16 y 11/13 vta., respectivamente).

II. Que contra dicha resolución, W. R. L. -por derecho propio- y el doctor Francisco Mugnolo – Procurador Penitenciario Federal- con el patrocinio jurídico del Dr. Rodrigo Borda, interpusieron recurso de casación a fs. 17/28, el que fue declarado inadmisible a fs. 30/33 y posteriormente concedido por esta Sala tras la interposición de la vía directa correspondiente (fs. 64/65).

III. Los recurrentes encarrilaron su impugnación por la vía prevista en ambos incisos del art. 456 del C.P.P.N.

Luego de exponer sobre la admisibilidad de la pieza y recordar los antecedentes de hecho del expediente, alegaron la arbitrariedad en la que incurrió el tribunal “a quo” violando el derecho a ser oído y a la tutela judicial efectiva.

Sostuvieron en tal dirección que la resolución del Juez Federal de Primera Instancia de la ciudad de REGISTRO NRO. 1397/13

Resistencia, provincia de Chaco, por la cual había rechazado in limine la acción de habeas corpus incoada por W.R. L., se había producido sin la intervención del Defensor Oficial ni de la Procuración Penitenciaria de la Nación, los cuales no habían sido notificados de dicha actividad jurisdiccional; lo que constituye una violación al derecho de defensa previsto en el artículo 18 de la Constitución Nacional.

Así, consideraron que durante el trámite de la acción de habeas corpus el interno L. padeció un estado de indefensión que invalidaría todo lo actuado, para lo cual fundaron su postura en abundante jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Por otro lado, atacaron la resolución recurrida señalando que se había producido una afectación al derecho a ser oído por la omisión de realizar la audiencia del art. 14 de la ley 23.098, puesto que si bien L. declaró ante el Juez Federal, ello fue realizado en el marco de una audiencia que, en principio, no se encuentra prevista en la ley 23.098.

Concretamente, sostuvieron que se “desformalizó” el procedimiento de habeas corpus en perjuicio del imputado, lo que constituye una violación al derecho a ser oído.

Respecto a la afectación del derecho a la tutela judicial efectiva, refirieron que las denuncias del presentante en orden a la arbitrariedad de los traslados a los que fuera sometido, no fueron analizados por la justicia.

Así, cuestionaron que el juez federal afirmara que los reiterados pedidos de traslado a otra unidad penal efectuados por el imputado, eran materia de tratamiento ajena a esa instancia judicial y que en realidad debía ser analizado por el Juzgado de Ejecución Penal Nº 2 de la provincia de Córdoba, cuando este último también se declaró incompetente para resolver sobre los cuestionamientos de L., ya que los atribuyó a la órbita del Servicio Penitenciario Federal.

Agregaron que dicho temperamento fue convalidado por el a quo, lo cual consideraron “revelaban irregularidades” en la tramitación de la acción y que desvirtuaban el sentido que le otorgara al hábeas corpus la Constitución Nacional en su artículo 43y la Convención Americana de Derechos Humanos en sus artículos 7 inc. 6 y 8 y 25 inc. 1).

En cuanto a los vicios in iudicando alegados, los recurrentes señalaron que asiste al imputado el derecho al mantenimiento de los vínculos familiares y al control judicial previo y posterior a los traslados, por lo que su impedimento constituye una vulneración al derecho a la familia y pueden ser considerado como un trato cruel, inhumano y degradante en lo específico que agravarían las condiciones de detención.

Al respecto, consideraron que los traslados constantes entre las cárceles del ámbito federal, como los que ha sufrido L., resulta ser un castigo “informal” impuesto por el S.P.F., por lo que previo a ello debía verificarse si la persona detenida tenía núcleo familiar en la zona y notificarlo para que pueda ejercer su derecho de defensa y a ser oída en el procedimiento administrativo.

Como corolario de su exposición, consideraron que los jueces deben resolver sobre los traslados de las personas privadas de la libertad que tiene a su disposición, de modo que la decisión de la administración penitenciaria no pueda ser óbice para que se ejerza el control jurisdiccional en caso de que se estén violando derechos fundamentales.

Finalmente, hizo reserva del caso federal.

IV. Que a fs. 55/68 vta. se presentó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) representado por Paula Litvachky, ocasión en la que solicitó ser tenido como Amicus Curiae.

A tales fines, remarcó que posee un interés justificado en el caso de autos, toda vez que el objetivo central de ese instituto es la promoción e impulso de la utilización de los tribunales locales para un pleno ejercicio de los derechos fundamentales a través de la aplicación de los estándares internacionales de derechos humanos. Con ese norte, reclamó el cese y la reparación de las garantías violadas denunciadas por L.

V.Que en ocasión de haberse realizado la audiencia prevista en el artículo 465 bis, en función del artículo 454 del C.P.P.N. (según ley 26.374) -de lo que se dejó constancia a fs. 113/113 vta.-, se decidió suspenderla a instancia de lo solicitado por el doctor Borda. Que la representante del Ministerio Público Fiscal adhirió al pedido, para reanudarla con la totalidad de los actores involucrados en el caso y a los fines de convocar al Servicio Penitenciario Federal y al interno. En dicha oportunidad, el Dr. Rodrigo Borda, representante de la Procuración Penitenciaria de la Nación, presentó un escrito que luce agregado a fs. 109/112.

Luego, se reanudó la audiencia -conforme acta de fs. 160/161-, ocasión en la que el Dr. Borda acompañó el escrito obrante a fs. 155.

Asimismo, compareció el Servicio Penitenciario Federal, cuyos representantes, realizaron una presentación (ver fs. 152), en la cual dieron cuenta de las razones de los traslados que sufriera W. L. (ver fs. 127/151).

Conforme se desprende del acta, participaron también de la audiencia el CELS, representado por la Dra.

María Eva Asprella, la Dra. Elisa Herrera por la Defensa Pública Oficial -quien adhirió al recurso de casación interpuesto por el Dr. Borda- y por el Ministerio Público Fiscal, la Dra. Irma Adriana García Netto.

Se dejó constancia además que no se pudo contar con la presencia de W. L., puesto que conforme lo informado por el Juzgado de Ejecución nro. 2 de Córdoba, el mencionado se encontraba haciendo un ayuno voluntario y que podría ser operado para remover un elemento metálico que había éste ingerido, por lo que no podía ser trasladado fuera del servicio médico del establecimiento.

VI. Cumplidos los términos establecidos en el acápite precedente, quedaron las actuaciones en estado de ser resueltas.

Los señores jueces Juan Carlos Gemignani, Mariano Hernán Borinsky y Gustavo M. Hornos dijeron:

I. En primer lugar, es preciso señalar que el interno L.presento la acción de habeas corpus ante el juez federal de Resistencia, en oportunidad de encontrarse alojado en la Unidad Nro. 7 de Resistencia, provincia del Chaco, a cargo del Servicio Penitenciario Federal.

En el marco de dicha acción, solicitó su reintegro a la Unidad Nro. 6 -Chubut- que se encuentra cercana al hogar donde habita su familia, de la cual había sido trasladado en el mes enero del corriente año por el Servicio Penitenciario Federal. En esa misma oportunidad, L. denunció que había sufrido apremios por parte del personal del Servicio Penitenciario de ese Establecimiento.

El motivo del primer traslado a la unidad del sur fue en el marco de un convenio entre el Servicio Penitenciario de la provincia de Córdoba y el Servicio Penitenciario Federal, a efectos de garantizar a Walter R. L. el alojamiento en un centro cercano a su familia. Ello en tanto L. se encuentra detenido a disposición del Juzgado de Ejecución nro, 2 de Córdoba en virtud de la condena impuesta por la jurisdicción provincial y su lugar de detención primigenio era la cárcel provincial de Bouwer, de la provincia antes mencionada.

Posteriormente, luego de sufrir numerosos traslados en distintos centros de máxima seguridad pertenecientes al Servicio Penitenciario Federal, fue puesto nuevamente a disposición del Servicio Penitenciario de la provincia de Córdoba, encontrándose actualmente alojado en la Unidad de la localidad de Bouwer, provincia de Córdoba.

II. Formulada la presente reseña, liminarmente corresponde señalar que de las constancias de la causa se advierte un vicio que podría acarrear la nulidad de todo el procedimiento. Ello, en tanto el juez federal y la Cámara de Apelaciones intervinientes no cumplimentaron con lo estipulado en los artículos 13 y 14 de la ley 23.098 que exige la presencia de un letrado defensor que asista a la persona privada de su libertad.Dichas previsiones no pueden ser omitidas deliberadamente por los jueces que deben resolver en el marco de este tipo de acciones que requieren respuesta expedita por parte del órgano jurisdiccional convocado a resolver según la ley, en virtud de los derechos que la acción tutela.

Ahora bien, la omisión apuntada en el párrafo precedente quedó supli da por la realización ante esta instancia de la audiencia cuya realización se dejó constancia en autos. En dicha audiencia estuvieron presentes el Dr. Rodrigo D. Borda en representación de la Procuración Penitenciaria de la Nación, la Defensa Pública Oficial ante esta instancia, la señora Fiscal General, el Director a cargo del Servicio Penitenciario Federal y la representante del Centro de Estudios Legales y Sociales como Amigos del Tribunal y cabe resaltar que si bien W. R. L. fue convocado mediante la realización de una video conferencia, el mismo no pudo asistir por las razones informadas por el Juzgado Penal de Ejecución Nro. 2 de Córdoba.

En función de lo expresado por las partes presentes en la audiencia y toda vez que, en las particulares circunstancias del caso de autos, la declaración de nulidad de todo lo actuado, acarrearía al interno un perjuicio insubsanable por otra vía, es que corresponde dar una inmediata respuesta al caso traído a estudio.

En efecto, desde antiguo se ha definido a la acción de habeas corpus, por su carácter sumario y acorde con la necesidad de constituirse como una herramienta eficaz e inmediata de tutela jurisdiccional, ante una detención, o agravamiento de las condiciones de detención que no se haya sujetado a las formalidades legales.

III.Caber señalar que el control judicial amplio y eficiente resulta ineludible a la luz de la ley vigente, y además un factor altamente positivo para el logro de los fines que procuran las normas de ejecución de las penas privativas de libertad, criterio que ha sido adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “ROMERO CACHARANE, Hugo Alberto s/ejecución” (R.230. XXXIV, rto. el 9/3/04). Los principios de control judicial y de legalidad fueron explícitamente receptados por la ley 24.660 (arts. 3 y 4).

En el caso de autos, la resolución recurrida incurre en arbitrariedad manifiesta al omitir fundar la confirmación del rechazo in limine de la acción de habeas corpus oportunamente incoada por L. En este sentido, los jueces del tribunal a quo se limitaron a afirmar que “de los motivos expuestos. no surge circunstancia alguna que permita colegir la existencia de un agravamiento ilegítimo – supuesto habilitado por el art. 3, inciso 2º de la Ley 23.098- de las condiciones en que el nombrado cumple la privación de la libertad, no avizorándose una afectación que, en tal sentido torne viable la articulación intentada” (conf. fs. 15/15 vta.).

Asimismo, el tribunal omitió expedirse acerca del reclamo en cuestión amparándose en que “.se advierte que la denuncia formulada por L. se ha canalizado por la vía procesal pertinente. siendo que en relación a la solicitud de su traslado -como bien señala el inferiordeviene una cuestión ajena a esa instancia judicial.” (sic).

En dicho contexto, no puede soslayarse la circunstancia de que el juez de ejecución penal de la provincia de Córdoba, también incurrió en la omisión señalada precedentemente, aduciendo que por razones de una ley provincial de ejecución no tenía facultades para ordenar los traslados del interno, pues ello le corresponde al Servicio Penitenciario Federal (ver fs. 11/12 de la causa Nro.593/13 del Registro de esta Sala).

Ahora bien, las omisiones apuntadas en los párrafos precedentes revelan la ausencia del debido control jurisdiccional que, en el caso, conlleva la violación del derecho de defensa, circunstancia que nos convoca a brindar una respuesta inmediata al reclamo efectuado por el Ministerio Público Fiscal y por la defensa y demás intervinientes, en los presentes actuados.

El control judicial al que hiciéramos referencia debe ejercerse sobre los actos administrativos efectuados por el Servicio Penitenciario correspondiente -en el caso, S.P.F- respecto de los internos alojados en sus distintas unidades.

Al respecto, en los artículos 71, 72 y 73 de la Ley 24.660 se encuentra regulado el traslado de los internos. Allí se ordena que ese traslado de un establecimiento a otro “.con las razones que lo fundamenten.” deberá ser comunicado de inmediato al juez de ejecución o juez competente (conf. art. 72, el destacado no obra en el original).

Esa manda ha sido incumplida en autos, pues convocado ante esta instancia el Servicio Penitenciario Federal, a los fines de que informe circunstanciadamente, en los términos del artículo 11 de la Ley 23.098 los motivos de los traslados dispuestos respecto de L., así como las actuales condiciones en las que cumple su detención, el Director de la Dirección Judicial de la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal, Prefecto Roberto Gustavo Irusta junto con la apoderada del Servicio Penitenciario Federal, doctora Mariana González, no logró dar motivos suficientes para justificar los distintos traslados dispuestos respecto de L., salvaguardando las garantías correspondientes. En este sentido, el representante del Servicio se limitó a hacer referencia al “perfil criminológico” del interno, omitiendo exponer acabadamente las razones que motivaron los sucesivos traslados de L., ni tampoco aportó constancias al respecto.

Asimismo, preguntado que fue por el tribunal en la audiencia acerca de las posibilidades de alojamiento en la Unidad 6, el Director respondió que de las 480 plazas con las que cuenta dicha Unidad, se encuentran ocupadas a la fecha, 470.

IV.En atención a todo lo expuesto, corresponde reincorporar al interno W. R. L. -actualmente alojado en el Complejo Carcelario Nro. 1 “Reverendo Francisco Luchesse” de la localidad de Bouwer, provincia de Córdoba- a la órbita del Servicio Penitenciario Federal. En esa dirección, debe trasladarse al nombrado al Instituto de Seguridad y Resocialización (Unidad Nro. 6) del Servicio Penitenciario Federal, con el debido control y resguardo de la seguridad y salud que el interno requiera.

Ello, teniendo especialmente en cuenta lo expresado por las partes en torno a los vínculos familiares del interno y a las mayores posibilidades de contacto que tendrá a partir de su alojamiento en esa unidad penitenciaria.

Al respecto, cabe recordar que en el plano legal penitenciario la ley 24.660 reconoce específicamente el derecho de los detenidos a mantener sus relaciones familiares y sociales en el Capítulo XI, disponiéndose además en el artículo 168 que “Las relaciones del interno con su familia, en tanto fueren convenientes para ambos y compatibles con su tratamiento, deberán ser facilitadas y estimuladas”. Tal como se lo reguló en el decreto 1136/97, se reconoce a los internos “el derecho a recibir con regularidad como visitas ordinarias, las de sus familiares y allegados” (art. 31). Incluso se promueve que el personal penitenciario facilite y estimule “las relaciones del interno con su familia, en tanto fueran convenientes para ambos” (art. 5).

Además, en las especiales características del caso que nos convoca y a fin de garantizar el debido cumplimiento de lo dispuesto en la normativa citada -71, 72 y 73 de la Ley 24.660- consideramos que el Servicio Penitenciario Federal debe, en lo sucesivo, poner en conocimiento al juez a cuya disposición se encuentre Walter Roberto L., de todas aquellas decisiones administrativas, incluidos los traslados que eventualmente pretendan materializarse respecto del nombrado.

En definitiva, de conformidad con lo solicitado en conjunto por las partes en la audiencia, corresponde regularizar la situación de detención de W. R. L. en esta instancia.

Por ello, el Tribunal RESUELVE:

I.HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por W. R. L., por derecho propio y por el doctor Francisco M. Mugnolo, Procurador Penitenciario de la Nación, ambos con el patrocinio jurídico de Rodrigo D.

Borda, al que adhirieron la Defensora Pública Oficial “ad hoc”, doctora Elisa Herrera y la Fiscal General ante esta instancia, doctora Irma Adriana García Netto, sin costas, y, en consecuencia, CASAR la resolución recurrida en cuanto confirmó el rechazo “in limine” de la acción de habeas corpus incoada, HACER LUGAR a la acción de habeas corpus presentado por L. y ORDENAR el traslado de W. R. L. al Instituto de Seguridad y Resocialización (Unidad Nro. 6) del Servicio Penitenciario Federal, sito en la ciudad de Rawson de la provincia de Chubut, con el debido control y resguardo de la seguridad y salud que el interno requiera. A dichos fines el Servicio Penitenciario Federal deberá reasumir la disposición del interno nombrado.

II. ENCOMENDAR al Servicio Penitenciario Federal que arbitre los medios necesarios a fin de que en lo sucesivo, se ponga en inmediato conocimiento del juez a cuya disposición se encuentre W. R. L., todas aquellas decisiones administrativas, incluidos los traslados que eventualmente pretendan materializarse respecto del nombrado.

III. EXHORTAR al señor juez federal a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia de Resistencia, a la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, ambos de la provincia de Chaco y al juez a cargo del Juzgado de Ejecución Penal Nro. 2 de la ciudad de Córdoba, notificándoles el contenido de la presente resolución, a efectos de que tomen razón de las graves falencias cometidas en el presente trámite y en lo sucesivo apliquen al instituto que regula la acción de habeas corpus, las previsiones estipuladas en la Ley 23.098.

IV. LIBRAR OFICIO al Servicio Penitenciario Federal, al Servicio Penitenciario de la provincia de Córdoba, al Director a cargo del Complejo Carcelario Nro. 1 “Reverendo Francisco Luchesse” de la localidad de Bouwer, provincia de Córdoba, al Instituto de Seguridad y Resocialización (Unidad Nro. 6) del Servicio Penitenciario Federal, sito en la ciudad de Rawson de la provincia de Chubut, notificándolos de la presente resolución.

Regístrese, notifíquese en el día de la fecha, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de la Nación (Acordada 15/13, CSJN) y remítase la causa a la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, provincia de Chaco para que se realicen las notificaciones que correspondan, sirviendo la presente de muy atenta nota de envío.

JUAN CARLOS GEMIGNANI

MARIANO HERNAN BORINSKY

GUSTAVO M. HORNOS

Ante mí:

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