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Se inaugura estación de la línea B de subtes al no probarse riesgo para la integridad física de usuarios y trabajadores

Subte lines BPartes: Bodart Alejandro y otros c/ GCBA s/ amparo

Tribunal: Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Sala/Juzgado: 20

Fecha: 25-jul-2013

Cita: MJ-JU-M-80262-AR | MJJ80262 | MJJ80262

Frente a la falta de prueba respecto al supuesto riesgo para la integridad física y la vida de los usuarios y trabajadores del Subterráneo de Buenos Aires, se rechaza la acción de amparo tendiente a impedir la inauguración de una nueva estación.

Sumario:

1.-Corresponde encomendar al GCBA que extreme los recaudos de seguridad, y rechazar la medida cautelar solicitada tendiente a impedir la inauguración de una estación de subterráneo en tanto no se han aportado argumentos sólidos, con respaldo probatorio, que permitan afirmar, prima facie, que la decisión de proceder a la inauguración del lugar -en el caso la estación Juan Manuel de Rosas de la línea B- sea ilegítima o irrazonable; ni se ha acreditado la concurrencia simultánea de la verosimilitud en el derecho, el peligro en la demora y no frustración del interés público (conf. art. 15 , ley 2145).

2.-En tanto en autos no se han expresado las razones que llevaron a los actores a solicitar el amparo restando tan sólo dos días para la fecha de inauguración denunciada, cuando el riesgo eléctrico al que refieren habría sido advertido desde hace varios meses, lo que ha impedido ordenar algún tipo de medida como por ejemplo, una inspección ocular, o pedido de informes tendiente a contar con mayores elementos a la hora de resolver, corresponde rechazar la medida cautelar solicitada.

3.-No habiendo los actores podido acreditar en autos que exista un riesgo cierto para la integridad física y la vida de los usuarios y trabajadores, no se encuentra fundamento alguno para impedir la inauguración de la estación en cuestión, rechazándose en consecuencia la medida cautelar solicitada.

Fallo:

N.R: Se advierte que este fallo no se encuentra firme.

Ciudad de Buenos Aires, 25 de julio de 2013.

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I. Que Alejandro Bodart, en su carácter de diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) y Pablo Manuel Vicente, en su carácter de miembro del Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU), iniciaron la presente acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) por hallarse afectados derechos y garantías de rango constitucional, en particular la integridad física y la vida de los usuarios y trabajadores del subterráneo de Buenos Aires. Dedujeron su pretensión por derecho propio y en representación de «la totalidad de los trabajadores y usuarios damnificados por las condiciones a las que serán sometidos en caso de que se inaugure la estación y talleres» de la línea «B» de subterráneos (fs.1/12).

Señalaron que el GCBA pretende inaugurar la estación «Juan Manuel de Rosas», de la línea «B» de subte y su cochera taller, a pesar de la deplorable situación edilicia en la que se encontraría.

Destacaron que de los relevamientos dados a conocer el pasado 16 de julio por delegados y representantes de la Asociación Gremial de Transporte Subte y Premetro (AGTSyP), surgiría la existencia de un riesgo eléctrico concreto, habida cuenta las filtraciones de agua que se vislumbrarían en los distintos sectores de la estación de subte en cuestión.

Añadieron que con motivo de la tormenta acaecida el 2 de abril próximo pasado, al ingresar el agua en forma de torrente a la estación, ésta llegó a niveles por encima de la línea de tomacorrientes, lo que produjo daños en todo el piso técnico de una de las boleterías.

Sostuvieron que el andén tampoco es ajeno a dicha circunstancia, dado que por tratarse del nivel más bajo, los sistemas de achique deben encontrarse permanentemente funcionando, muchas veces sin dar abasto con el continuo caudal.

Todo ello -según continuaron relatando- genera la formación de charcos en distintos sectores como la sala de máquinas de escaleras y la zona de ascenso y descenso de pasajeros.

Esgrimieron que se trata de una obra inconclusa con graves falencias estructurales y que sus condiciones de seguridad e higiene transgreden la normativa vigente, la ley 19.587 y su reglamentación aprobada por decreto 351/79.

Identificaron las supuestas deficiencias que presentarían las dependencias de servicio y sanitarios asignados para el personal que desarrollará allí su actividad laboral.A modo de ejemplo, denunciaron que en el vestuario de mujeres, no obstante tener una capacidad para veinte personas, cuenta sólo con 2 duchas, 2 lavabos y 2 inodoros, así como el deterioro que ya presentaría el techo y sus luminarias al estar expuestos a las filtraciones a las que se hizo mención con anterioridad.

Respecto de las salas de descanso, hicieron hincapié en lo exiguo de sus dimensiones y en la inexistencia de ventanas. Señalaron además que los comandos de señales «poseen un sistema extintor a base CO2», que no cuenta con advertencia de peligro ante su eventual disparo.

Agregaron que «no se verifican servicios sanitarios adecuados, en cantidad proporcionada al número de personas que trabajan en el lugar», que «no existe vestuario para el personal», que «falta un local destinado al Servicio de Higiene y Seguridad», que «[f]alta la Certificación Analítica del agua de consumo para el personal», que «las condiciones de iluminación no se adaptan al requerimiento operativo», que «la señalización de Seguridad no se corresponde con las necesidades del sector», que «[s]e verifican cables e instalaciones eléctricas no conformes a la normativa legal vigente», que «la instalación eléctrica no posee un adecuado sistema de protección y puesta a tierra», que «no se cumplen con las condiciones básicas de protección contra incendios [.] no existe Plan de Evacuación, Planos de Evacuación, Puertas de Seguridad, Anchos de Salida y carga de fuego», «[n]o se cumple con la sectorización de incendios», «[n]o se cumple con los medios de escape», «[n]o se cumple con las condiciones de extinción», y «[n]o se capacita a los trabajadores en ninguno de los riesgos potenciales».

En relación con la «Cochera Taller Juan Manuel de Rosas», ubicada a 700 metros de la estación, también esgrimieron que presenta condiciones edilicias que atentarían contra la seguridad, la salubridad y la higiene de los trabajadores del subte.

En definitiva, indicaron una extensa nómina de presuntas deficiencias que se observarían con motivo de las innumerables filtracionesque, según sus dichos, afectarían a todas las instalaciones de la estación en cuestión.

A los fines de fundamentar su pretensión manifestaron que el «GCBA ha omitido cumplir con su rol de contralor en materia de habilitaciones, al disponer el funcionamiento de un lugar de trabajo en franco incumplimiento de la normativa vigente (Ley 19.587 y decreto 351/79)».

En efecto, sostuvieron que su accionar «resulta violatorio de la Ley 19.587 en sus artículos 4 inc. a) y b). Por la propia falta de aplicación de la norma se incumple con el art. 5 en todos sus incisos. Al no considerarse las condiciones de higiene en los ambientes de trabajo, se incumple con el art. 6 inc. a), b) y c) de la Ley 19.587. Al no considerarse las condiciones de seguridad en los ambientes de trabajo, se incumple con el art. 7 inc. a), b), c), e) y g). Al no haberse adoptado medidas de higiene y seguridad, se incumple con el art. 8 inc. a), b) y d)».

Añadieron también que «se incumple con el Decreto 351/79, reglamentario de la norma mencionada en el párrafo precedente, en los arts. 42, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 58, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 84, 95, 96, 160 inc.1, 2, 3 y 4, 161, 172, 175, 208, 209, 210, 211, 212 y 213».

En este contexto, y en atención al inminente y concreto riesgo que denuncian para la salud de los trabajadores y usuarios -quienes no cuentan a su entender con las condiciones mínimas de seguridad-, solicitaron el dictado de una medida cautelar tendiente a que el GCBA se abstenga de inaugurar la estación «Juan Manuel de Rosas» y los talleres de la línea «B» de subte hasta tanto se efectúen las mejoras necesarias a los efectos de cumplir con los preceptos normativos antes reseñados.

Por último, fundaron su pretensión en derecho, citaron jurisprudencia y Tratados Internacionales de Derechos Humanos en apoyo de su postura y plantearon el caso federal.

II. Que a fs. 59 y vta. se confirió el traslado previsto en el artículo 15, segundo párrafo, de la ley 2145.

El GCBA contestó el referido traslado pronunciándose por la inconveniencia de la medida pretendida.

Afirmó que no existe ningún riesgo cierto para la integridad física y la vida de los usuarios y trabajadores del Subterráneo de Buenos Aires. Sostuvo que la exposición del actor se basa en meras conjeturas carentes de toda consistencia fáctica. Indicó que no existe ningún indicio que permita otorgarle verosimilitud a las calumnias formuladas por el actor. Añadió que, para el caso que se admita la medida peticionada, el daño al interés general resultaría patente ya que la inauguración de la estación afectaría directamente a 50.000 (cincuenta mil) usuarios.

Acompañó la nota SBASE 1001 del 25 de julio de 2013, con 125 (ciento veinticinco) fotografías certificadas por escribano público.

Finalmente, hizo reserva del caso federal y la cuestión constitucional.

III. Que a fs. 57/59 emitió dictamen el señor Fiscal.

IV.Que el instituto cautelar cumple una función preventiva e instrumental, tendiente a mantener la igualdad de las partes en el proceso y, de tal forma, evitar que el eventual reconocimiento por la sentencia de mérito pierda su utilidad, al consumarse un daño grave o de dificultosa reparación (conf. Sala II, «Guerra Jorge Armando y otros c/ GCBA s/ otros procesos incidentales», EXP 41.174/1, 20/10/2011).

De acuerdo con lo normado en la ley 2145, «[e]n las acciones de amparo contra autoridades públicas son requisitos necesarios para el otorgamiento de toda cautelar la acreditación simultánea de los siguientes presupuestos: a) Verosimilitud en el derecho, b) Peligro en la demora, c) No frustración del interés público, d) Contracautela suficiente» (art. 15, tercer párrafo).

En particular respecto de la suspensión de la ejecución de los actos administrativos, el Código Contencioso Administrativo y Tributario prevé que ella procede si su ejecución o cumplimiento causare o pudiere causar graves daños al administrado, en tanto de ello no resulte grave perjuicio para el interés público, y si el hecho, acto o contrato, ostentare una ilegalidad manifiesta, o su ejecución o cumplimiento tuviera como consecuencia mayores perjuicios que su suspensión (conf. art. 189, CCAyT, aplicable en virtud del art. 28, ley 2145).

V. Que por medio de la medida cautelar peticionada los actores persiguen que el GCBA se abstenga de inaugurar la estación «Juan Manuel de Rosas» y los talleres de la línea «B» de subterráneo «hasta que se realicen las mejoras necesarias a efectos de cumplir con los preceptos legales vigentes» (fs. 11). Al momento de requerir la habilitación de la feria judicial, manifestaron que la inauguración está prevista para el día viernes 26 de julio del corriente.

VI.Que corresponde evaluar si en el caso de autos se presentan prima facie los requisitos legales exigidos para acceder al dictado de la medida precautoria solicitada.

En el escrito de inicio los actores han señalado diversos tipos de deficiencias edilicias que tendría la estación «Juan Manual de Rosas» y su cochera taller, las cuales -a su criterio- impedirían su puesta en funcionamiento.

Sin embargo, la extensa nómina de supuestas irregularidades denunciadas, por la forma en que han sido puestas en conocimiento del tribunal, no pueden considerarse siquiera mínimamente acreditadas.

En efecto, uno de los elementos en los que la actora apoya s u pedido se trata de un informe de las condiciones de salubridad e higiene de las instalaciones que habría realizado el licenciado Hernán Rubio, asesor de la Dirección de Seguridad y Salud del Trabajo y Medio Ambiente de la Asociación Gremial de Transporte, Subte y Premetro (AGTSyP), que no ha sido agregado a la causa, por lo que no resulta posible valorarlo, tal como señaló el señor Fiscal en su dictamen.

Otra de las deficiencias apuntadas es la relativa a los vestuarios para el personal, respecto de los cuales los actores primero señalan que sus instalaciones son deficientes, por tener filtraciones (fs. 2 vta.), pero más adelante afirman, contradictoriamente, que «no existe vestuario para el personal» (fs.4).

También merecen reparos -según la actora- las dimensiones de la sala de descanso de los conductores, el tipo de sellador que se estaría empleando para detener las filtraciones, el número de servicios sanitarios, entre otros, pero lo cierto es que estas supuestas deficiencias no han sido expuestas al tribunal de manera plausible; esto es, con la seriedad y respaldo que la paralización de una obra cuyo interés atañe a toda la comunidad amerita.

Los actores enumeran, además, una serie de artículos de la ley 19.587 que dicen ver transgredidos por el GCBA y manifiestan que «puede advertirse que las condiciones de seguridad e higiene de la estación y talleres en cuestión no respetan la normativa vigente» (fs. 3 y vta.), pero sus planteos, por la vaguedad con la que han sido expuestos, tampoco pueden ser atendidos.

VII. Que pesa sobre quien solicita la medida la carga de acreditar prima facie, entre otros recaudos, la existencia de la mencionada verosimilitud del derecho invocado, ya que resulta exigible que se evidencien fehacientemente las razones que la justifiquen (conf. Fallos: 306:2060; 307:2267 y 322:1135 ).

En ese orden de ideas, del mismo modo en que no es posible exigir certeza, tampoco es apropiado declarar la procedencia de la medida cautelar por la mera invocación de un serio riesgo de un daño inevitable si en el caso no concurre la verosimilitud del derecho (conf. arg. Sala II, «Bagnardi, Horacio c/ Consejo de la Magistratura s/amparo», del 04/09/03).

VIII.Que en efecto, más allá de una serie de fotografías simples acompañadas a la causa -que, además, por no estar certificadas, impiden saber a qué lugar pertenecen y la fecha en que fueron tomadas- no se cuenta con elementos que logren configurar un grado de convicción tal que amerite el dictado de una medida como la requerida.

Por el contrario, el GCBA ha acompañado ciento veinticinco (125) fotografías tomadas el día de la fecha, tal como da cuenta el señor escribano público que las certifica, que ilustran diversos sectores de la estación «Juan Manuel de Rosas» y sus talleres, y que restan verosimilitud al planteo de los actores.

IX. Que asimismo el interés público comprometido en la prestación de un servicio público es un valor que debe ser sopesado a la hora de tomar decisiones como la requerida (conf. art. 15, ley 2145 y Sala III, «Di Filippo Facundo Martín y otros c/GCBA s/amparo» , expte. A254-2013/1, del 10/05/2013) y exige prudencia y seriedad tanto por parte de quienes la solicitan como del juez que resuelve.

Es que, uno de los parámetros a tomar en cuenta para la concesión de una medida cautelar como la aquí peticionada es la ponderación de si los eventuales perjuicios que podrían derivarse de su denegatoria son mayores que los que provocaría su admisión (conf. arg. art. 189, CCAyT, aplicable en virtud del art. 28, ley 2145). En el caso, debió argumentarse fundadamente en ese sentido, allegando los elementos necesarios para considerar con entidad las supuestas irregularidades detectadas.Lo hipotético y conjetural no tienen peso frente al concreto interés público involucrado en la ampliación de la línea de subterráneos.

Por los términos del escrito de inicio, parecería que los actores, confundiendo el rol del tribunal, pretenden que sea el juez quien recolecte los medios de prueba respecto del estado edilicio de la estación «Juan Manuel de Rosas», a partir de las irregularidades que dicen detectar -algunas, incluso, expuestas de modo condicional («habría que verificar también si el sellador poliuretánico que se está empleando (Recsa Seal 164 W) es el indicado para este tipo de situaciones»; fs. 3). En realidad, no puede obviarse que en el proceso rige el principio dispositivo y, consecuentemente, pesa sobre los actores la carga de aportar los elementos necesarios para formar la convicción del juez sobre sus planteos (conf. arg. art. 301, CCAyT).

X. Que por otra parte, no se han expresado las razones que llevaron a los actores a solicitar esta medida restando tan sólo dos días para la fecha de inauguración denunciada, cuando el riesgo eléctrico al que refieren habría sido advertido desde el día 2 de abril del corriente año -conforme dan cuenta en el escrito de inicio (fs. 2)-. Esta circunstancia ha impedido ordenar algún tipo de medida – como por ejemplo, una inspección ocular, pedido de informes, etc.- tendiente a contar con mayores elementos a la hora de resolver.

El peligro en la demora debe surgir de las circunstancias propias de la causa y no como consecuencia del accionar de quien insta la actuación de la justicia.

XI.Que así las cosas, con los acotados elementos probatorios arrimados en este estado inicial del proceso, resulta imposible avanzar en el examen de las supuestas deficiencias e irregularidades a las que aluden los actores.

En suma, no se han aportado argumentos sólidos, con respaldo probatorio, que permitan afirmar, prima facie, que la decisión de proceder a la inauguración de la estación «Juan Manuel de Rosas» sea ilegítima o irrazonable; ni se ha acreditado la concurrencia simultánea de la verosimilitud en el derecho, el peligro en la demora y no frustración del interés público (conf. art. 15, ley 2145).

XII. Que en atención a la provisionalidad que caracteriza al instituto cautelar, la conclusión a la que se arriba no obsta a que, de verificarse y constatarse en un futuro, la existencia de irregularidades, se decida de manera diversa (conf. art. 182, CCAyT).

XIII. Que finalmente, a todo evento, a fin de resguardar la seguridad del público usuario y de los trabajadores, se encomienda al GCBA que extreme los recaudos de seguridad, adoptando las medidas pertinentes, las cuales deberán ser informadas al juzgado en el plazo de tres (3) días.

Por todo lo expuesto, habiendo dictaminado el Ministerio Público Fiscal, SE RESUELVE:

1. Rechazar la medida cautelar solicitada.

2. Encomendar al GCBA que extreme los recaudos de seguridad, adoptando las medidas pertinentes, las cuales deberán ser informadas al juzgado en el plazo de tres (3) días.

Regístrese y notifíquese a las partes por Secretaría en el día, con habilitación de horas inhábiles, y al señor Fiscal en su despacho mediante la remisión del expediente (conf. art. 119, CCAyT). Desígnase oficial notificador ad-hoc a Roberto Agustín Marconi, DNI 36.904.172.

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