La administradora de un consorcio debe indemnizar al ex administrador por la denuncia calumniosa de la no restitución del fondo de reserva

Pesos argentinos 2Partes: S. D. S. y otros c/ M. de R. M. R. s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: A

Fecha: 24-abr-2013

Cita: MJ-JU-M-79278-AR | MJJ79278 | MJJ79278

Se hizo lugar a la demanda y se condenó a la administradora de un consorcio a indemnizar al ex administrador por la denuncia calumniosa sobre la no restitución del fondo de reserva, pues la accionada se retractó de la acusación en sede penal, lo que es suficiente en sede civil para responsabilizarla. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar a la demanda y condenar a la administradora accionada a indemnizar al ex administrador denunciado por no haber restituido el fondo de reserva del consorcio, ya que en sede penal se retractó, con lo que se encuentra acreditada la responsabilidad de la demandada en los términos del art. 1090 del CCiv., aunque corresponde rechazar la demanda respecto del consorcio traído como tercero, pues la mediación iniciada contra la administradora demandada no constituye un acto interruptivo de la prescripción a su respecto, ya que el consorcio no fue requerido en dicha mediación.

2.-El plazo de prescripción aplicable en el caso -demanda por indemnización debido a una acusación calumniosa- es el de dos años previsto en el art. 4037 del CCiv., pues se trata de un supuesto de responsabilidad extracontractual.

3.-Puesto que en los casos de acusación calumniosa la absolución o el sobreseimiento es presupuesto de la acción civil para reparación del daño por la denuncia, mientras esa resolución no se dicte, la posibilidad de promover la acción civil no habrá nacido.

4.-Más allá de cuál sea el encuadre jurídico exacto que se otorgue a la eventual responsabilidad del consorcio, es decir, como persona jurídica por el hecho de sus directores -art. 43 del CCiv.-, o en su calidad de principal de su administrador -art. 1113 del mismo cuerpo legal-, lo cierto es que su obligación de reparar sería concurrente con la de la demandada, pues mientras esta última respondería eventualmente por el daño que haya ocasionado por su hecho propio (art. 1109 del CCiv.), el deber de responder del consorcio sería indirecto, y surgiría del hecho ajeno, es decir, de la administradora.

5.-Determinado que la demandada y el tercero citado responderían, eventualmente, de forma concurrente, es dable poner de resalto que uno de los caracteres primordiales de la concurrencia -a diferencia de lo que ocurre en los supuestos de solidaridad- es que no se propagan los efectos entre los codeudores, en especial, respecto de la suspensión o interrupción de la prescripción.

6.-Tratándose de obligaciones concurrentes no resulta aplicable el art. 3994 del CCiv., que establece que la interrupción de la prescripción respecto de un codeudor solidario puede ser opuesta a los restantes.

7.-La iniciación del procedimiento de mediación previa careció de efectos interruptivos respecto del consorcio, pues no fue citada en dicha instancia prejudicial, y la citación formulada respecto de la demandada no tuvo efectos expansivos respecto suyo como tercero.

8.-Teniendo en cuenta el momento en que quedó firme el auto de sobreseimiento del actor, y toda vez que la presente acción fue promovida luego de dos años contados desde ese momento, transcurrió en exceso el término de dos años previsto en el art. 4037 del CCiv., sin que haya mediado ningún acto interruptivo de la prescripción, por lo que corresponde declarar prescripta la acción respecto del consorcio.

9.-La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que cuando media la retractación del imputado en sede penal y ha quedado implícitamente reconocida la autoría del hecho, no cabe otro examen que aceptar la responsabilidad civil, en tanto ya se han configurado en forma incontrastable los presupuestos que hacen a la admisión del reclamo indemnizatorio (CSJN, Fallos 321:2250 , entre otros).

10.-Toda vez que en la especie los valores indemnizatorios se corresponden al momento actual, la tasa de interés debe regir recién a partir de este pronunciamiento, ya que de imponerse esos intereses desde el origen de la mora, se consagraría una alteración del capital establecido en la sentencia, configurando un enriquecimiento indebido; ello así, en la medida de que uno de los factores que consagran la entidad de la referida tasa, lo constituye la paulatina pérdida de valor de la moneda, extremo que en la especie ya fuera ponderado al definir el capital a los valores actualmente vigentes.

Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 24 días del mes de abril del año dos mil trece, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala “A” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, para conocer en los recursos de apelación interpuestos en los autos caratulados: “S. D., S. y otros c/ M. de R., M. R. s/ daños y perjuicios”, respecto de la sentencia de fs. 783/792, el tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿ES JUSTA LA SENTENCIA APELADA?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: señores jueces de cámara doctores: SEBASTIÁN PICASSO – HUGO MOLTENI- RICARDO LI ROSI-

A LA CUESTIÓN PROPUESTA, EL DR. SEBASTIÁN PICASSO DIJO:

I. La sentencia de fs. 783/792 rechazó la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la demandada Rubino, como así también la misma defensa y la de prescripción planteadas por el tercero citado -con costas a la parte demandada-, y, finalmente, rechazó la demanda, con costas al actor.

El pronunciamiento fue apelado por ambas partes y por el tercero. El actor expresó agravios a fs. 913/931, donde sostuvo -en síntesis- que: a) la sentencia dictada en la primera instancia transgrede el principio de preeminencia de la cosa juzgada penal sobre la civil, pues se desconoció lo decidido en la sede punitiva en las causas n° 72.042/99 y 53.490/01; b) en el caso se encuentran reunidos los presupuestos previstos en el art. 109 del Código Penal para la procedencia del delito de calumnias, es decir, existió la imputación de un delito de acción pública, la denuncia era falsa, etc.; c) la retractación formulada por la demandada en la causa penal implicó el reconocimiento del hecho que se imputa a la accionada; y d) no se tuvo en cuenta la conducta procesal de la demandada, como elemento corroborante a los fines de resolver la cuestión planteada.

A fs.933/955 hizo lo propio el Consorcio de Copropietarios Lope de Vega 284/86/88, quien adujo -en síntesis- que resultó desacertado el rechazo por parte del magistrado de grado de las excepciones de falta de legitimación pasiva y prescripción. Respecto de la primera cuestión, sostuvo que el consorcio nunca confirió autorización a la administradora para promover la acción penal dirigida contra el actor. Asimismo, indicó que, si bien el reglamento de copropiedad del edificio faculta a la administradora a actuar y formular denuncias en defensa de los intereses del consorcio, no la faculta a cometer delitos. En lo que se refiere a la restante defensa, señaló que, tomando en cuenta la fecha de finalización de la causa penal (25 de abril de 2002), y que el accionante no la convocó a la mediación previa obligatoria, la acción contra el consorcio se encontraba prescripta al momento de promoverse la acción.

Finalmente, a fs. 959/960 fundó su apelación la parte demandada, quien sostuvo que resultó desacertada la imposición de las costas generadas por la intervención del tercero a su cargo.

II.- Liminarmente, y por razones de orden metodológico, corresponde ingresar en el análisis de los agravios atinentes al rechazo de la defensa de prescripción opuesta por el consorcio citado como tercero.

Al respecto, cabe señalar que no se encuentra debatido en autos que el plazo de prescripción aplicable en el caso es el de dos años previsto en el art. 4037 del Código Civil, pues se trata de un supuesto de responsabilidad extracontractual.

Asimismo, corresponde poner de resalto que, puesto que en los casos de acusación calumniosa la absolución o el sobreseimiento es presupuesto de la acción civil para reparación del daño por la denuncia, mientras esa resolución no se dicte, la posibilidad de promover la acción civil no habrá nacido (Kemelmajer de Carlucci, Aída, en Belluscio, Augusto C. (dir.) – Zannoni, Eduardo A. (coord.), Código Civil y leyes complementarias.Comentado, anotado y concordado, Astrea, Buenos Aires, 1994, t. 5, p. 264).

Ahora bien, el agravio vertido por el consorcio apelante, en este aspecto, tiende a cuestionar los efectos suspensivos de la mediación previa llevada a cabo, pues, según sostiene, al no haber sido citado en aquella instancia, no le resultaría oponible la suspensión prevista en el art. 29 de la ley 24.573.

A fin de dilucidar la cuestión debatida, es decisivo establecer cuál es la vinculación entre la responsabilidad del consorcio y la de la administradora demandada. Al respecto, es dable recordar que las obligaciones concurrentes, también llamadas “conexas”, “indistintas o “convergentes”, son aquellas que tienen identidad de acreedor y de objeto, pero presentan distinta causa (Pizarro, Ramón D. – Vallespinos, Carlos G., Obligaciones, Hammurabi, Buenos Aires, 2004, t. 1, p. 606).

Lo expuesto permite advertir que, más allá de cuál sea el encuadre jurídico exacto que se otorgue a la eventual responsabilidad del consorcio (es decir, como persona jurídica por el hecho de sus directores -art. 43 del Código Civil-, o en su calidad de principal de su administrador -art. 1113 del mismo cuerpo legal-), lo cierto es que su obligación de reparar sería concurrente con la de la demanda en autos, pues mientras esta última respondería eventualmente por el daño que haya ocasionado por su hecho propio (art. 1109 del Código Civil), el deber de responder del consorcio sería indirecto, y surgiría del hecho ajeno, es decir, del de la administradora antes citada.

Determinado entonces que demandada y el tercero citado responderían, eventualmente, de forma concurrente, es dable poner de resalto que uno de los caracteres primordiales de la concurrencia -a diferencia de lo que ocurre en los supuestos de solidaridad- es que no se propagan los efectos entre los codeudores, en especial, respecto de la suspensión o interrupción de la prescripción (Pizarro – Vallespinos, op. cit., p. 608; Alterini, Atilio A. – Ameal, Oscar J.- López Cabana, Roberto M., Derecho de obligaciones, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1996, p. 538; esta cámara, Sala E, 5/9/2012, “Santana, Julio César y otro c/ Rodrígez, Juan Carlos y otros s/ daños y perjuicios”, RCyS 2012-XII, 193; íd., 4/3/1997, “Fiol Vadell de Milanese, Esther c/ Suárez, Julio P. y otros”, LL 1997-D, 419; SCBA, 18/4/2012, “Gálvez, Araya, Miguel A. y Usini, Susana B. c/ Aguirre, Ángel R. y otros s/ pretensión anulatoria – recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley” , RCyS 2012-VIII, 173; íd., 2/9/1980, “D´Amico, Carlos A. y otra c/ Caporaletti, Juan J. y otros”, LLOnline).

En ese mismo sentido, ha dicho esta sala que, cuando nos encontramos ante un supuesto de obligaciones concurrentes no resulta aplicable el art. 3994 del Código Civil, que establece que la interrupción de la prescripción respecto de un codeudor solidario puede ser opuesta a los restantes (esta Sala, 10/4/12, L. 556.955; íd., 17/10/12, L 584.036).

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, solo cabe concluir que asiste razón a la recurrente en cuanto a que la iniciación del procedimiento de mediación previa careció de efectos interruptivos en lo que a ella respecta, pues no fue citada en dicha instancia prejudicial, y la citación formulada respecto de la demandada no tuvo efectos expansivos respecto del tercero.

En consecuencia, teniendo en cuenta el momento en que quedó firme el auto de sobreseimiento del actor (el 6 de junio de 2000, conf. art. 450 del Código Procesal Penal de la Nación), y toda vez que la presente acción fue promovida el día 11 de noviembre de 2002, poca duda cabe de que en el ínterin transcurrió en exceso el término de dos años previsto en el art.4037 del Código Civil, sin que haya mediado ningún acto interruptivo de la prescripción.

Por ende, corresponde admitir los agravios del consorcio sobre este punto, y declarar prescripta la acción a su respecto, lo que así mociono.

III.- Sentado lo anterior, corresponde ahora ingresar en el análisis del recurso interpuesto por el actor, referido al rechazo de la acción entablada contra la administradora del consorcio. Para ello, es preciso efectuar, en primer lugar, una breve reseña de las constancias obrantes en las causas penales venidas ad effectum videndi et probandi.

Al respecto, cabe poner de resalto que el 28 de junio de 1999 la demandada Sra. Rubino realizó, en su carácter de administradora del consorcio ya mencionado, una denuncia penal por estafa contra el aquí actor. Sostuvo, en este sentido, que el denunciado, luego de su renuncia como administrador, se apropió fraudulentamente del fondo de reserva del consorcio (vid. fs. 1/2, expte. n° 72.042/99). Posteriormente, se presentó en dicha causa el Sr. D. S. S., quien sostuvo -en síntesis- que si bien en un primer momento retuvo las sumas en cuestión por el pago de sus honorarios, luego de asesorarse ofreció a la nueva administradora la devolución de dicho importe, sin haber obtenido una respuesta favorable (vid. fs. 60/61). Finalmente, el juez de instrucción que intervino en la causa resolvió sobreseer al Sr. S., con sustento en que el hecho investigado no encuadraba en una figura legal. Consideró, en este sentido, que las sumas en cuestión habían sido efectivamente restituidas al consorcio, y que las razones esbozadas por el ex administrador para la tardanza en la devolución del importe en cuestión resultaban creíbles y razonables (vid. fs. 27/28).

A su vez, y una vez culminada dicha causa, el aquí actor inició una querella por calumnias contra la Sra. Rubino, en virtud de la falsedad de la denuncia penal que había efectuado esta última en su contra (expte.n° 36533/01). Luego de diversas contingencias procesales, el día 22 de abril de 2002 se celebró una audiencia entre las partes, en cuyo marco la aquí demandada manifestó que: “.no hubo en ningún momento ´animus injuriandi´ en contra del Sr. S., y que si el mismo se sintió injuriado pide disculpas”. Asimismo, ante el requerimiento del querellante respe cto de si lo manifestado era una retractación, la Sra. Rubino dijo que: “.es una retractación”, la que fue aceptada (vid. fs. 46). Por ello, el magistrado actuante sobreseyó en la causa a la aquí demandada, y le hizo saber que debía hacer constar en la siguiente liquidación de expensas la retractación que había formulado (vid. fs. 47).

IV.- Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, es preciso determinar cuáles son los efectos de dicha retractación en lo que se refiere a la responsabilidad por daños de la denunciante.

Al respecto, ha dicho esta sala que la retractación significa la confesión de haberse cometido el hecho agraviante al honor que, si bien impide el eventual dictado de la sentencia condenatoria en sede penal, deja abierta para el ofendido la acción indemnizatoria en sede civil, y éste queda relevado de producir la prueba del hecho fundante, ya confesado por el querellado al retractarse (“Vaudagna, Juan Manuel c/ Rocha, Alberto Eduardo s/ daños y perjuicios”, ED, 6/3/2008, p.5).

En este mismo sentido se orienta la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, al respecto, ha señalado que, cuando media la retractación del imputado en sede penal y ha quedado implícitamente reconocida la autoría del hecho, no cabe otro examen que aceptar la responsabilidad civil, en tanto ya se han configurado en forma incontrastable los presupuestos que hacen a la admisión del reclamo indemnizatorio (CSJN, Fallos 321:2250 y 324:556). Ello es así porque retractarse significa revocar expresamente lo que se ha dicho, desdecirse de ello, motivo por el cual la retractación efectuada en sede penal, si bien importa una actitud que exime de pena al autor por los delitos de calumnias (art. 117 del Código Penal), presupone el reconocimiento expreso de haber sido el autor o de haber participado en la propalación de una ofensa, sin que la existencia de dicha excusa absolutoria excluya la existencia del tipo delictivo ni la culpabilidad del agente, y sin que tampoco permita expresar motivos que la condicionen o revelen que no es sincera (CSJN, 28/11/2006, “González, Socar A. c/ Welsch de Bairos, Edgardo y otro”, DJ 2007-I, 386; íd., 20/8/1998, “Locche, Nicolino c/ Míguez, Daniel A. y otros”, LL 1998-E, 542).

Lo expuesto precedentemente permite advertir que la retractación formulada por la demandada en la causa penal n° 36.533/01 implicó el reconocimiento por su parte de la existencia y realidad de la calumnia. Asimismo, es dable tener en cuenta que, si la interesada consideraba que sus manifestaciones -pese a su literalidad- no importaban una retractación de la denuncia, debió entonces recurrir el decisorio adoptado en la causa citada en último término -que expresamente les confirió ese carácter-, lo que no hizo (vid. fs. 51 de la causa penal mencionada).

En mérito de lo expuesto, solo cabe concluir que asiste razón al apelante en punto a que se encuentra acreditada en autos la responsabilidad de la demandada en los términos del art.1090 del Código Civil, lo que me conduce a postular la revocación de la decisión de primera instancia en cuanto rechaza la acción instaurada.

V.- Resta establecer, en consecuencia, el monto que la condenada deberá pagar a la actora en concepto de indemnización.

a) Gastos generados por la asistencia letrada en sede penal.

Respecto de este rubro, cabe recordar que, de conformidad con lo dispuesto por el art. 1090 del Código Civil, cuando la acción se funde en la acusación calumniosa promovida por el demandado, la indemnización correspondiente deberá comprender los gastos de defensa en que se haya incurrido en sede penal, como así también los gastos provenientes del diligenciamiento de la prueba del descargo, el asesoramiento técnico que haya requerido la defensa, las tasas de justicia, aportes, etc. (Kemelmajer de Carlucci, op. cit., p. 263).

Ahora bien, surgen de los recibos aportados por el actor a fs. 35/40 los gastos en que tuvo que incurrir para solventar su patrocinio letrado en el marco de las causas llevadas adelante en sede penal, y que ascienden a un total de seis mil ochenta y cinco pesos ($ 6.085.-).

No obsta a la procedencia de este rubro el hecho de que la demandada haya solventado los emolumentos regulados al profesional que ejerció la defensa del Sr. S. en el marco del expediente n° 36.533/01, pues ello no implica per se que el aquí accionante no haya abonado mayores gastos por dicha representación, y la demandada no ha aportado ninguna constancia que permita controvertir la existencia de los estipendios realizados por la víctima.En mérito de lo expuesto, juzgo que el presente rubro debe prosperar por la suma de seis mil ochenta y cinco pesos ($ 6.085.-).

b) Daño psicológico.

Ante todo, cabe señalar que el daño, en sentido jurídico, no se identifica con la lesión a un bien (las cosas, el cuerpo, la salud, etc.), sino, en todo caso, con la lesión a un interés lícito, patrimonial o extrapatrimonial, que produce consecuencias patrimoniales o extrapatrimoniales (Calvo Costa, Carlos A., Daño resarcible, Hammurabi, Buenos Aires, 2005, p. 97). En puridad, son estas consecuencias las que deben ser objeto de reparación (Pizarro, Ramón D. – Vallespinos, Carlos G., Obligaciones, Hammurabi, Buenos Aires, 1999, t. 2, p. 640), lo que lleva a concluir en la falta de autonomía de todo supuesto perjuicio que pretenda identificarse en función del bien sobre el que recae la lesión (la psiquis, la estética, la vida de relación, el cuerpo, la salud, etc.). En todos estos casos, habrá que atender a las consecuencias que esas lesiones provocan en la esfera patrimonial o extrapatrimonial de la víctima, que serán, por lo tanto, subsumibles dentro de alguna de las dos amplias categorías de perjuicios previstas en nuestro derecho: el daño patrimonial y el moral.

La lesión de la psiquis del actor, entonces, no constituye un perjuicio autónomo y distinto de la incapacidad sobreviniente. Se trata, en todos los casos, de lesiones -causadas en la psiquis o el cuerpo de la víctima- que producen una merma en la capacidad del sujeto para realizar actividades patrimonialmente valorables. Es esta merma, que resulta en una disminución patrimonial (un lucro cesante), lo que en definitiva constituye el daño resarcible.

Aclarado ello, y respecto del reclamo indemnizatorio formulado por este concepto, cabe poner de resalto que, conforme lo señalaron las partes al momento de celebrarse la audiencia preliminar, la realización de la prueba pericial psicológica a los fines de comprobar el perjuicio alegado por el actor resultó imposible, pues en dicho momento el accionante había fallecido (vid.fs. 578). A ello cabe agregar que la parte demandada desconoció expresamente el dictamen aportado por la actora al promover la demanda (vid. fs. 11/34 y 113/114).

Por ende, y toda vez que incumbía a la parte actora probar la existencia del perjuicio que invocó (arg. art. 377 del CPCCN), solo cabe desestimar la indemnización peticionada en lo que a este rubro respecta, lo que así propongo al acuerdo.

c) Daño moral.

En casos como el presente, cabe presumir el daño moral, pues surge in re ipsa por la afectación del honor generada por la denuncia calumniosa realizada por la contraria (Kemelmajer de Carlucci, op. cit., p. 252). Es que no existen hechos ilícitos que perturben más hondamente la individualidad psicológica, afectiva y sentimental de los hombres de bien que la denuncia falaz o improponible (Colombo, Leonardo A., “Reparación del daño moral en los delitos de calumnia e injuria”, LL 20-875).

En cuanto a su valuación, cabe recordar lo recientemente señalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el sentido de que: “Aun cuando el dinero sea un factor muy inadecuado de reparación, puede procurar algunas satisfacciones de orden moral, susceptibles, en cierto grado, de reemplazar en el patrimonio moral el valor que del mismo ha desaparecido. Se trata de compensar, en la medida posible, un daño consumado (…). El dinero es un medio de obtener satisfacción, goces y distracciones para reestablecer el equilibrio en los bienes extrapatrimoniales. El dinero no cumple una función valorativa exacta, el dolor no puede medirse o tasarse, sino que se trata solamente de dar algunos medios de satisfacción, lo cual no es igual a la equivalencia.Empero, la dificultad en calcular los dolores no impide apreciarlos en su intensidad y grado, por lo que cabe sostener que es posible justipreciar la satisfacción que procede para resarcir dentro de lo humanamente posible, las angustias, inquietudes, miedos, padecimientos y tristeza propios de la situación vivida” (CSJN, 12/4/2011, “Baeza, Silvia Ofelia c/ Provincia de Buenos Aires y otros” , RCyS, noviembre de 2011, p. 261, con nota de Jorge Mario Galdós).

En otras palabras, el daño moral puede “medirse” en la suma de dinero equivalente para utilizarla y afectarla a actividades, quehaceres o tareas que proporcionen gozo, satisfacciones, distracciones y esparcimiento que mitiguen el padecimiento extrapatrimonial sufrido por la víctima (Galdós, Jorge M., “Breve apostilla sobre el daño moral (como “precio del consuelo”) y la Corte Nacional”, RCyS, noviembre de 2011, p. 259). La misma idea se desprende del art. 1041 in fine del Proyecto de Código Civil y Comercial Unificado que actualmente se encuentra a estudio del Congreso Nacional, a cuyo tenor: “El monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas”.

Es ese el criterio que tendré particularmente en cuenta para evaluar la suma que corresponde fijar en el sub lite en concepto de daño moral, a la luz de las características del hecho generador, su repercusión espiritual en la víctima, y las demás circunstancias del caso.

En el caso, además de la mortificación que lógicamente debe haber causado en el ánimo del actor la imputación dirigida co ntra él, y del natural temor de verse injustamente involucrado en un proceso penal, debe evaluarse que la demandada luego se retractó, lo cual, precisamente porque implica una confesión de haber calumniado, también importa un reconocimiento público de la sinrazón de aquella imputación, que en parte debe haber mitigado el dolor causado al accionante a raíz de esos hechos.Máxime cuando, como sucede en la especie, en sede penal se ordenó hacer constar esa retractación en los recibos de expensas, lo cual importó, en mi criterio, una parcial reparación en especie del daño moral. Así las cosas, entiendo adecuado fijar el importe de esta partida en la suma de quince mil pesos ($ 15.000.-).

VI.- Finalmente, y en lo que se refiere a las costas del proceso y al remedio intentado al respecto por la parte demandada, es dable recordar que nuestro ordenamiento adjetivo, de conformidad con lo dispuesto por el art. 68 del CPCCN, adhiere a un principio generalmente aceptado en la materia, y cuyo fundamento reside básicamente en el hecho objetivo de la derrota, con prescindencia de la buena o mala fe con que la parte vencida pueda haber actuado durante la tramitación del proceso, puesto que quien promueve una demanda lo hace por su cuenta y riesgo (Fassi, Santiago C. – Yañez, César D., Código Procesal Civil y Comercial, Astrea, Buenso Aires, 1998, t. 1, ps. 411 y ss.).

Ello permite advertir, en lo que se refiere a la intervención del tercero, que es la demandada quien debe cargar con los gastos generados por su citación a juicio, pues fue ella quien la generó. Asimismo, los argumentos que expone en su memorial -vinculados con el rechazo de la demanda en la primera instancia-, a la luz de lo que aquí se mociona, resultan a todas luces improcedentes.

Por ende, juzgo que la accionada debería solventar, por aplicación del principio antes enunciado, los gastos causídicos generados por la acción entablada, como así también por la intervención del tercero citado al litigio.

VII.- En lo relativo a la tasa de interés, de acuerdo a lo establecido por la doctrina plenaria sentada por esta Cámara civil en los autos “Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transporte Doscientos Setenta S.A.s/ daños y perjuicios” (del 20/4/09), sobre el capital reconocido corresponde aplicar la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, desde el momento del hecho (ver mi voto en autos “Piñeiro, Gabriel Alberto c/ Ausilli, José Luis y otros s/ Daños y Perjuicios”, del 10/11/2011, L 574.847, LL 2011-F, 568).

VIII.- En consecuencia, y si mi voto fuere compartido, propongo al acuerdo: 1) Hacer lugar al recurso de apelación del Consorcio de Propietarios Lope de Vega 284/86/88, y en consecuencia revocar la sentencia recurrida en tanto rechazó la excepción de prescripción que interpuso, y declarar prescripta la acción a su respecto, con costas a la parte demandada (arts. 68 y 69 del CPCCN); 2) Hacer lugar al recurso de apelación del actor, y en consecuencia revocar el decisorio en crisis, hacer lugar a la demanda y condenar a la demandada a abonar a la parte actora la suma de $ 21.085.-, con más los intereses correspondientes, calculados de conformidad con lo señalado en el considerando VII precedente; 3) Imponer las costas de la primera instancia a la demandada, por aplicación del principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCCN); y 4) Imponer las costas de la apelación de fs. 799 a la apelante vencida. Sin costas respecto de los restantes recursos, en razón de no haber mediado controversia.

A la misma cuestión, el Dr. Molteni dijo:

Adhiero al voto del Sr. Juez preopinante con una disidencia parcial.

La disidencia está referida a la tasa de interés aplicable al caso. En efecto, y de acuerdo a lo establecido por la doctrina plenaria sentada por esta Cámara Civil en los autos “Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transporte Doscientos Setenta S.A.s/ daños y perjuicios” del 20/04/09, sobre le capital reconocido corresponde aplicar la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.

Empero, toda vez que en la especie los valores indemnizatorios se corresponden al momento actual, la indicada tasa debe regir recién a partir de este pronunciamiento, ya que de imponerse esos intereses desde el origen de la mora, se consagraría una alteración del capital establecido en la sentencia, configurando un enriquecimiento indebido, tal como puntualmente prevé la parte final de la referida doctrina plenaria, al contemplar una excepción a la vigencia de la tasa moratoria legal. Ello así, en la medida de que uno de los factores que consagran la entidad de la referida tasa, lo constituye la paulatina pérdida de valor de la moneda, extremo que en la especie ya fuera ponderado al definir el capital a los valores actualmente vigentes.

Por ello, corresponde que desde el momento del hecho y hasta esta sentencia, se calculen los intereses a la tasa de interés del 8% anual, que representan los réditos puros y, desde entonces y hasta el efectivo pago, a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.-

En consecuencia, con la disidencia sostenida, adhiero al voto del Sr. juez preopinante.

El Dr. Li Rosi dijo:

Con lo salvedad apuntada, precedentement por el Dr. Molteni, adhiero al voto del Dr. Picasso.

Con lo que terminó el acto.

Es copia fiel de su original que obra a fs. del Libro de Acuerdos de la Sala “A” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

FDO. FERNANDO P. CHRISTELLO (SEC.)

Buenos Aires, abril 24 de 2013

Y VISTOS:

Por lo que resulta del acuerdo que informa el acta que antecede, se resuelve:1) Revocar la sentencia recurrida; 2) Hacer lugar a la excepción de prescripción del Consorcio de Propietarios Lope de Vega 284/86/88, con costas a la parte demandada; 3) Hacer lugar a la demanda y condenar a la demandada a abonar a la parte actora la suma de veintiun mil ochenta y cinco pesos ($ 21.085.-); 4) Calcular los intereses desde el momento del hecho y hasta esta sentencia, a la tasa de interés del 8% anual, que representan los réditos puros y, desde entonces y hasta el efectivo pago, a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina; 5) Imponer las costas de la primera instancia a la demandada, y 6) Imponer las costas de la apelación de fs. 799 a la apelante vencida. Sin costas respecto de los restantes recursos.

Atento lo decidido precedentemente corresponde adecuar los honorarios fijados en la anterior instancia, de conformidad con lo normado por el artículo 279 del Código Procesal y los límites establecidos por el artículo 505 del Código Civil.-

Ello así, valorando la calidad y extensión de la labor desplegada por los profesionales intervinientes dentro de las tres etapas en que se dividen los juicios ordinarios, lo normado por la ley 20.243 , lo establecido por los artículos l , 6, 7 , 19(rf:LEG805.19), 33 , 37 y 38 de la ley 21.839 y concordantes de la 24.432, fíjanse los honorarios del letrado de la parte actora, Dr. Atilio A. Potetti, tanto por el principal, como por las incidencias, en ($.); los de la dirección letrada de la demandada, Dres. Eduardo J. Brailovsky y Eduardo J. Gotta, en conjunto, tanto por el principal, como por las incidencias, en ($.) para cada uno de ellos; los del Dr. Carlos D. Costanzo, en ($.); los del tercero citado, Dr. Hugo M. Orlando, en ($.); los del perito calígrafo, José M. Buitrago, en ($.) y se confirman los de la mediadora, Dra. Fernanda V. Ojeda.

Por su labor en la alzada que diera lugar al presente fallo, en orden a lo dispuesto por los artículos l, 6, 7, 14 de la 21.839 y concordantes de la 24.432, fíjanse los honorarios del letrado apoderado de la parte actora, Dr. Potetti, en ($.); los del Dr. Martín, en ($.); los del Dr. Gotta, en ($.) y los del Dr. Brailovsky, en ($.), sumas que deberán ser abonadas en el plazo de diez días.

Notifíquese y devuélvase.

SEBASTIÁN PICASSO

(EN DISIDENCIA PARCIAL)

HUGO MOLTENI

RICARDO LI ROSI

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