Se aplica por analogía la LCT al trabajador municipal al cual, bajo el ropaje de una designación temporaria le fue prorrogada su situación sucesivamente

shutterstock_96276791Partes: Rojas Andrés Humberto c/ Municipalidad de la Ciudad de Mendoza s/ despido

Tribunal: Cámara del Trabajo de Mendoza

Sala/Juzgado: Unipersonal

Fecha: 27-jun-2013

Cita: MJ-JU-M-79774-AR | MJJ79774 | MJJ79774

Se aplica por analogía la Ley de Contrato de Trabajo al trabajador municipal al cual, bajo el ropaje de una designación temporaria, le fue prorrogada su situación sucesivamente sin que se dieran los presupuestos legales que lo justifique.

Sumario:

1.-No surge acreditado que los contratos que sirven de base al reclamo hayan sido realizados con el fin de cubrir las exigencias de temporada, transitorias y excepcionales del municipio, tanto por su permanencia en el tiempo, como por la naturaleza de las tareas o servicios pactados, escapando sin lugar a dudas de las atribuciones legislativas que tiene la demandada para realizar este tipo de contrataciones.

2.-El hecho de que el actor estuviera vinculado por contratos sucesivos con la demandada, en exceso a lo dispuesto en el art. 15.c de la Ley 5.892, sin que los mismos revistan el carácter de tareas de temporada (ya que no se corresponden con una determinada época del año), ni de eventuales (dado que no están sujeto al cumplimiento de tareas específicamente previstas al momento del ingreso), ni se corresponden con las modalidades previstas en la ley 24.013 , llevan a concluir que el vínculo entre las partes no se encuentra amparado por la contratación excepcional previstas en los parágrafos a, b, c y d del art. 15 de la Ley 5.892.

3.-Ante el ejercicio arbitrario de la discrecionalidad administrativa, corresponde buscar la reparación dentro del Derecho Administrativo, aplicando por analogía el supuesto previsto en el art. 38 de la Ley 5.892, que contempla el caso de cierre de unidades de la administración municipal o cancelación de funciones dentro del municipio, disponiendo que los empleados tendrán derecho a percibir una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses.

Fallo:

En la Ciudad de Mendoza a los veintisiete días del mes de junio de dos mil trece se hace presente en la Sala Unipersonal del Tribunal el Señor Conjuez de la Excma. Cámara Cuarta del Trabajo – Dr. LEANDRO FRETES VINDEL ESPECHE, con el objeto de dictar sentencia definitiva en autos Nº 19.860, caratulados “ROJAS, ANDRÉS HUMBERTO c/MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA P/ DESPIDO”, de los que

RESULTA:

Que a fs. 17/25 el Sr. ANDRÉS HUMBERTO ROJAS, por intermedio de apoderado, promueve demanda contra la MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL por el cobro de $12.976,60 o lo que resulte de la prueba a rendirse, con más intereses y costas.

Fundamenta la competencia del tribunal para entender en la causa, cita doctrina y jurisprudencia.

Relata que comenzó a trabajar para la demandada el 01/06/2003 para la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, cumpliendo funciones de diversa categoría según normas de la actividad. Que continuó dicha relación hasta febrero de 2008 cuando se le comunicó que por reestructuración de planta e invocando un contrato se deja sin efecto la relación laboral. Que ante ello remite telegrama laboral emplazando ocupación efectiva, bajo apercibimiento de ley, a lo cual la demandada le contesta rechazando el mismo. Que ello motiva que envíe misiva laboral reclamando indemnización por despido injustificado. El cual nuevamente es rechazado por el empleador.

Formula liquidación. Funda en derecho. Solicita se declare la inconstitucionalidad de la ley 7.198.se haga lugar a la demanda. Peticiona condena con costas.

A fs. 27 se ordena correr traslado de la demanda.

Que a fs. 38/45 comparece la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA por intermedio de representante y contesta la demanda solicitando su rechazo.

Efectúa una negativa general y particular de los hechos expuestos por el actor. Expresa que nunca existió relación laboral. Que tampoco el Sr.Rojas fue empleado municipal.

Reconoce el vínculo del actor con el Municipio, expone que el mismo consistió en una locación de servicios, razón por la cual se suscribieron contratos por los cuales la Municipalidad contrataba los servicios del actor. Que durante dicho plazo, la accionante suscribió los correspondientes contratos de locación de servicios, entregó las facturas y percibió lo cánones convenidos.

Que hasta diciembre de 2007, mediante decretos del Ejecutivo municipal se dispuso la contratación del actor, suscribiendo el mismo los correspondientes contratos de locación de servicios, entregando las facturas y percibiendo los cánones.

Que al finalizar diciembre de 2007 los servicios del actor dejaron de ser necesarios para la Comuna, y conforme a lo estipulado, se decidió rescindir el contrato a partir del 31/12/2007.

Sostiene que el actor jamás fue empleado municipal, no existió obligación de registración por parte de la Comuna ni pudo ser despedido, por lo que sus pretensiones indemnizatorias carecen de todo sustento fáctico, probatorio y legal.

Que la relación entre las partes fue de naturaleza civil. Asimismo sostiene que el actor jamás cuestionó la relación con la comuna, destacando que percibió siempre el canon pactado. Cita doctrina y jurisprudencia acerca del vínculo locativo con el actor, aclarando que la misma se encuentra autorizada por la Ley Orgánica de Municipalidades N° 1079, y por la Ley de contabilidad N° 3799 (art. 29), conforme expone.

Sostiene que el reclamo es improcedente, porque como empleado público temporario carecía de estabilidad, y porque no resulta aplicable al vínculo con la Comuna la Ley de Contrato de Trabajo, según los motivos, doctrina y jurisprudencia que detalla.

Plantea excepción previa de incompetencia por cuanto alega que al tratarse de una relación de empleo público la competencia por la materia le corresponde a la Suprema Corte de Mendoza. Que el accionante nunca cuestionó la decisión del Ejecutivo Municipal de dar por finalizada la contratación, e intenta justificar la competencia invocando una inexistente violación a la ley 5892. Cita doctrina y jurisprudencia.Reserva recursos y caso federal. Funda en derecho. Ofrece prueba. Contesta planteo de inconstitucionalidad de la ley 7198. Peticiona el rechazo de la demanda, con costas.

A fs. 47 comparece Fiscalía de Estado, y contesta demanda adhiriendo a los argumento utilizados por la demandada directa.

A fs. 49/53 la actora contesta el traslado conferido y la excepción opuesta.

A fs. 57 obra el dictamen de Fiscalía de Cámaras.

A fs. 59 se admiten las pruebas ofrecidas por las partes y se ordena la sustanciación de las mismas.

A fs. 81 obra oficio informado por la SSTySS.

A fs. 86/89 obra oficio informado por ANSES.

A fs. 105/106 se informa oficio por el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de la Ciudad de Mendoza.

A fs. 110/114 obra el informe remitido por el Correo Oficial de la Rep. Argentina S.A.

A fs. 137/144 presenta informe el perito contable.

A fs. 163 se deja constancia de no producción de los actos útiles tendientes a la producción de la prueba por parte de la demandada.

A fs. 213 obra el acta que da cuenta de la realización de la audiencia de vista de causa.

A fs. 220/227 obran los alegatos de la parte actora, y a fs. 218/219 los de la demandada.

A fs. 221/287 se incorpora la prueba instrumental.

A fs. 289 se llaman autos para dictar sentencia.

Y CONSIDERANDO:

De conformidad con lo normado por el art. 69 del CPL, se procedió a plantear y resolver las siguientes cuestiones:

PRIMERA CUESTION: Relación pretendida. Competencia.

SEGUNDA CUESTION: Rubros reclamados.

TERCERA CUESTION: Costas.

A LA PRIMERA CUESTION EL DR. LEANDRO FRETES VINDEL ESPECHE DIJO:

a) Competencia:

En cuanto a la relación sucinta de los hechos controvertidos (art. 69.e, CPL), el actor funda su reclamo alegando que comenzó a trabajar el 01/06/2003 para la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, cumpliendo funciones de diversa categoría según normas de la actividad.Que continuó dicha relación hasta febrero de 2008 cuando se le comunicó que por reestructuración de planta e invocando un contrato se deja sin efecto la relación laboral. Que ante ello remite telegrama laboral emplazando ocupación efectiva, bajo apercibimiento de ley, a lo cual la demandada le contesta rechazando el mismo. Que ello motiva que envíe misiva laboral reclamando indemnización por despido injustificado. El cual nuevamente es rechazado por el empleador.

A su turno, la accionada Municipalidad de la Ciudad de Mendoza expresa que nunca existió relación laboral. Reconoce vínculo con el actor, expone que el mismo consistió en una locación de servicios, razón por la cual se suscribieron contratos por los cuales la Municipalidad contrataba los servicios del Sr. Rojas. Que durante dicho plazo, la accionante suscribió los correspondientes contratos de locación de servicios, entregó las facturas y percibió lo cánones convenidos. Que al finalizar diciembre de 2007 los servicios del actor dejaron de ser necesarios para la Comuna, y conforme a lo estipulado, se decidió rescindir el contrato a partir del 31/12/2007.

Sostiene que el actor jamás fue empleado municipal, no existió obligación de registración por parte de la Comuna ni pudo ser despedido, por lo que sus pretensiones indemnizatorias carecen de todo sustento fáctico, probatorio y legal. Que la relación entre las partes fue de naturaleza civil. Asimismo sostiene que el actor jamás cuestionó la relación con la comuna, destacando que percibió siempre el canon pactado. Cita doctrina y jurisprudencia acerca del vínculo locativo con el actor, aclarando que la misma se encuentra autorizada por la Ley Orgánica de Municipalidades N° 1079, y por la Ley de contabilidad N° 3799 (art. 29), conforme expone.Plantea excepción previa de incompetencia por cuanto al tratarse de una relación de empleo público, la competencia por la materia le corresponde a la Suprema Corte de Mendoza.

A su turno, Fiscalía de Estado adhiere a los argumento expuestos por la demandada directa.

Paso a analizar la prueba rendida en autos a fin de expedirme sobre la relación entre las partes:

1) Instrumental e informativa: a) Certificados a nombre del actor expedido por el Sr. Jefe del Dpto. de Org. y Método, Municipalidad de la Ciudad de Mendoza; b) telegramas laborales remitidas por el actor; c) Recibos de haberes y comprobantes de retención del accionante; d) Retenciones efectuadas a la accionante por la demandada; e) legajo personal del actor en la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza; f) certificados médicos del actor.

Entiendo que a fin de dilucidar la cuestión traída a sentencia, debe efectuarse un minucioso análisis de la legislación aplicable al caso como asimismo de la prueba rendida en la causa, la que debe ser valorada desde los derechos fundamentales que consagra nuestra Carta Magna especialmente en su art. 14 bis, ello para llegar a determinar si la relación contractual, que sirve de base a este reclamo, es un vínculo que cae bajo la órbita del régimen laboral como sostiene el actor, o bien si se encuadra en el régimen del empleo público municipal no permanente como sostiene la demandada.

Mediante la ley Provincial N° 5.892 se estableció el Estatuto que rige al personal que presta servicios remunerados en Municipalidades o en organismos públicos autárquicos vinculados a éstas (art. 1), en virtud de un acto administrativo, emanado de autoridad competente.

Dicha norma establece, por su art. 15, el principio de la estabilidad del empleado municipal, aunque admite ciertas modalidades especiales de contratación:a) designación por tareas de temporada, b) designación eventual para el cumplimiento de tareas específicas, c) designación a plazo fijo, o d) en virtud de las modalidades flexibles de designación previstas en la ley 24.013; disponiendo que los agentes designados bajos estos supuestos no serán beneficiarios de los derechos a la estabilidad y a la carrera (conf. arts. 15 y 16).

Ahora bien, dichas modalidades especiales de contratación requieren estar fundada s en la apreciación razonable de las circunstancias de la prestación, a saber: a) para la designación de tareas de temporada, es necesario que sean efectuadas durante determinadas épocas del año, en razón de los aumentos de los requerimientos sociales durante las mismas; b) en la designación eventual, que sea para el cumplimiento de tareas específicas previstas al momento del ingreso; c) en la designación a plazo fijo, que sea por periodos de hasta un año, renovables por una sola vez vencida la prórroga, no pudiendo ser nuevamente renovado; d) en las modalidades previstas en la ley 24.013, conforme los requerimientos propios de dicha normativa.

Entonces, en un todo de acuerdo con las facultades legislativas que se le otorgan a la accionada, ésta se encuentra facultada para celebrar contratos para cubrir las necesidades permanentes del municipio (personal de planta permanente) como asimismo las de temporada, eventuales y transitorias (personal temporario). Así lo disponen los arts. 15 y 16 de la ley 5.892.

Conforme a la prueba producida en el sub judice, es que tengo por acreditado que la actora prestó para la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza servicios remunerados, desde el día 1 de junio de 2003 hasta el día 31 de diciembre de 2007 (dichos de la demandada a fs. 40 vta.; pericia contable, fs. 147; legajo personal fs. 270), bajo el régimen de locación de servicios (legajo personal fs. 270, pericia contable a fs. 143), en diversos programas de actividades municipales (fs.277, 278, 282, 283).

No obstante, atento a las probanzas analizadas ut supra, no surge acreditado que los contratos -que sirven de base a este reclamo- hayan sido realizados con el fin de cubrir las exigencias de temporada, transitorias y excepcionales del municipio, tanto por su permanencia en el tiempo, como por la naturaleza de las tareas o servicios pactados, escapando sin lugar a dudas de las atribuciones legislativas que tiene la demandada para realizar este tipo de contrataciones.

Por lo que el hecho de que el actor estuviera vinculado por contratos sucesivos con la demandada, en exceso a lo dispuesto en el art. 15.c de la Ley 5.892, sin que los mismos revistan el carácter de tareas de temporada (ya que no se corresponden con una determinada época del año), ni de eventuales (dado que no están sujeto al cumplimiento de tareas específicamente previstas al momento del ingreso), ni se corresponden con las modalidades previstas en la ley 24.013, me llevan a la conclusión que el vínculo entre las partes no se encuentra amparado por la contratación excepcionales previstas en los parágrafos a, b, c y d del art. 15 de la Ley 5.892.

Queda entonces por determinar cuál es el resguardo legal que tiene este tipo de trabajador municipal contratado “temporariamente” en forma reiterada y sucesiva a lo largo de varios años para efectuar tareas propias de la accionada, ante la no renovación del contrato a su vencimiento.

Si fuese un empleado público que perteneciera a la planta permanente y fuera cesanteado sin causal alguna, se estaría vulnerando la estabilidad propia que consagra el art. 14 bis de la CN y permitiría el reclamo de su parte para la reinstalación en el puesto. Desde ya que la competencia para este accionar sería contencioso administrativa (conf.Ley 3.918).

Si fuese personal temporario, la transitoriedad o eventualidad de los servicios facultan al Estado para dar por finiquitada la relación una vez vencido el término del contrato y cualquier situación controvertida también caería bajo la jurisdicción contencioso administrativa.

Por otra parte, la garantía consagrada por el art.14 bis de la Constitución Nacional, como la prevista por el art. 30 de nuestra Constitución Provincial protegen al empleado de la ruptura incausada del vínculo, más allá del carácter permanente o no de la vinculación.

Nuestra Corte Federal ha delineado una doctrina de amplia protección al derecho del trabajador al marcar el alcance de la garantía consagrada en el art.14 bis de la Constitución Nacional (“Madorrán” Fallos 330:1989; “Ramos” Fallos 333:311; entre muchos el reciente “Martínez, Adrián O. c. Universidad Nacional de Quilmes”,6-11-12; APJD 08/02/2013, Abeledo Perrot AP/JUR/3960/2012).

Así la Corte Nacional, in re “Ramos” (voto de los Dres.Fayt, Maqueda y Zaffaroni, Considerando 8°), ha sostenido que la conducta sumida por la Administración (en ese caso la Armada Argentina) se opone al art.14 bis de la Constitución Nacional, cuyo principio protectorio, comprende, por un lado, al trabajo “en sus diversas formas”, incluyendo al que se desarrolla tanto en el ámbito privado como en el público (Fallos 330:1989, 1999) y reconoce, por otro, los derechos “inviolables” del trabajador que el Congreso debe asegurar como deber “inexcusable” (“Aquino” Fallos 327:3753, 3770; “Milone”, Fallos 327:4607, 4617). Y para reforzar tal premisa, agrega “…A iguales resultados conducen diversos instrumentos internacionales con jerarquía constitucional que enuncian el ‘derecho a trabajar’ (Declaración Universal de Derechos Humanos -artículo 23.1-, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre -artículo XIV-, Pacto Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial -artículo 5.e.i.-, el cual debe ser considerado ‘inalienable a todo ser humano’ en palabras expresas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (artículo 11.1.a). .En efecto, el citado derecho a trabajar, así como ‘engloba todo tipo de trabajos’ e impone al Estado claras obligaciones de respetarlo y protegerlo (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General N° 18.), comprende inequívocamente, entre otros aspectos, el ‘derecho del trabajador a no verse privado arbitrariamente de su empleo’ (“Vizzoti” , Fallos 327:3677,3690)…”.

Atento a la conclusión arribada ut supra, no resultando de aplicación la Ley 5.892 al caso de autos, entiendo que por analogía, deberá aplicársele el régimen previsto en el Derecho del Trabajo para no privar, a quien efectivamente ha trabajado, de la protección contra el despido arbitrario que prevé la constitucional Nacional en su art. 14 bis.

No puedo dejar de observar que, no encontrado en la normativa provincial el resarcimiento de aquél trabajador, no corresponde denegar una reparación a la ruptura de su contrato, pues se estaría incumpliendo con la manda constitucional del art.14 bis, por cuanto “Para resolver la contienda, es cuestión, entonces, de establecer un criterio que, sin desconocer el margen de apreciación del legislador -y los equilibrios, balances y objetivos que motivaron a éste-, señale los límites que impone a todo ello la Constitución Nacional mediante las exigencias de su art. 14 bis: ‘el trabajo [.] gozará de la protección de las leyes’, y éstas ‘asegurarán al trabajador [.] protección contra el despido arbitrario’. Máxime cuando su art. 28 enuncia el principio de supremacía de aquélla, al disponer, claramente, que ‘los principios, garantías y derechos’ reconocidos constitucionalmente, ‘no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio’” (CSJN, in re “Vizzoti”, Fallos 327:3677).

Dable advertir que, reconocido por normas internacionales la categoría de derecho humano al trabajo (art. 6.1 PIDESC, entre otros) las cuales, entre otras cosas, obligan a asegurar la plena efectividad del derecho al trabajo (art. 6.2 PIDESC, art. 6.2 Protocolo de San Salvador), cabe buscar la solución interpretativa que conlleve a reparar el despido injusto padecido por el trabajador, y esta solución únicamente la encontramos -en el orden de nuestra competencia- en la aplicación analógica de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744.

Resta recordar que “el principio pro homine, exige que aquéllos sean interpretados con la mayor amplitud que permita la norma que los reconozca, y censura, por ende, toda exégesis restrictiva, cuando más que, de acuerdo con reiterada y conocida doctrina, el trabajador es sujeto de ‘preferente tutela constitucional’” (CSJN, doctrina expuesta en “Madorran” Fallos 330:1989; “Vizzoti” y “Aquino” , Fallos 327:3677 y 327:3753, respectivamente).

No obsta a la solución propuesta, lo resuelto recientemente por nuestro Superior Tribunal en los autos N° 101.091, caratulados: “Municipalidad de la Ciudad de Mendoza en J°22.270 Sosa Pedro” (01-10-2012), en el cual se entendió que ante el ejercicio arbi-trario de la discrecionalidad administrativa, corresponde buscar la reparación dentro del Derecho Administrativo, aplicando por analogía el supuesto previsto en el art.38 de la Ley 5.892 que contempla el caso de cierre de unidades de la administración municipal o cancelación de funciones dentro del municipio, disponiendo que los empleados tendrán derecho a percibir una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses, por cuanto la aplicación de dicha norma municipal excede la competencia de este Tribunal.

Por lo que sin perjuicio de lo resuelto por nuestra Suprema Corte, sigo el razonamiento de la Corte Suprema Nacional en la causa “Sánchez Carlos Próspero c. Auditoría General de la Nación” (06-04-2010), dónde se resolvió: “…dado que el encuadre jurídico formulado determinaría que situaciones como la presente sean de la competencia del fuero contencioso administrativo federal, razones análogas a las que llevaron a enunciar la doctrina de la causa ‘Tellez’ (Fallos: 308:552) aconsejan que el sub lite, dado su más que avanzado estado de tramitación, continúe y finalice ante el fuero laboral, sobre todo cuando no existen óbices respecto de la competencia de éste en razón de las personas”. Fundamentos recientemente reiterados por el Máximo Tribunal en “Martínez, Adrián O. c. Universidad Nacional de Quilmes”,6-11-12; APJD 08/02/2013, Abeledo Perrot AP/JUR/3960/2012.

Lo expuesto, me lleva a rechazar la excepción de incompetencia planteada por l a demandada y Fiscalía de Estado, y entender en la resolución de la presente causa, aplicando por analogía la Ley de Contrato de Trabajo al trabajador al cual, bajo el ropaje de una designación temporaria, su situación fue prorrogada sucesivamente sin que se dieran los presupuestos legales que lo justifique.

ASI VOTO.

A LA SEGUNDA CUESTION EL DR. LEANDRO FRETES VINDEL ESPECHE DIJO:

a)Pretensión indemnizatoria

Reclama el actor los rubros indemnizatorios que devendrían del despido incausado que formulara la demandada:indemnización por antigüedad, omisión de preaviso y multas de ley 25.323.

La causal de rescisión del vínculo contractual, según denuncia la propia accionada fue el vencimiento del plazo previsto en el contrato temporario, operada en fecha del 31/12/2007.

Habiendo quedado resuelto que el vínculo que unió a las partes no se encuentra amparado por la Ley 5.892, y resultando de aplicación analógica la LCT, la existencia de los sucesivos contratos a plazo durante un lapso de más de 4 años, cumpliendo el trabajador las tareas propias y habituales de la empleadora (fs. 141), importa admitir la existencia de un contrato de plazo indeterminado, el cual al ser rescindido unilateralmente por la voluntad de la empleadora – como es el caso que nos ocupa- sin que justifique el agravio suficiente que amerite tal rescisión, trae como consecuencia el pago de una indemnización equivalente a la dispuesta por el art. 245 de la LCT (por aplicación del art. 14 bis de la CN), dicho parámetro coincide con el módulo indemnizatorio utilizada por la Suprema Corte provincial en los autos N° 101.091, caratulados: “Municipalidad de la Ciudad de Mendoza en J°22.270 Sosa Pedro”, correspondiendo rechazar el rubro omisión de preaviso conforme a lo resuelto en dicho precedente.

Que de la pericia contable, a la postre no impugnada, surge que la remuneración que cumple con los parámetros del art. 245 LCT, asciende al monto de 806 (fs. 137).

Resulta entonces procedente el rubro indemnización por despido, el que se calcula conforme la fórmula indemnizatoria del art. 245 de la LCT, asciende a $4.030 (806 x 5).

En este sentido, y por lo argumentos arriba expuestos, según la protección brindada por el art.14 bis CN al salario del trabajador, considero corresponde hacer lugar al reclamo por los sueldos anuales complementarios no abonados al trabajador y reclamados, cuyo montos -según el parámetro salarial arriba expuesto- ascienden a $1.612 ($806, año 2006/7).

Sin embargo, considero que no proceden las multas reclamadas por el trabajador con base en la Ley 25.323, pues en rigor no se trata de una relación de trabajo privada bajo el régimen de la ley 20.744, sino que se hace aplicación analógica de dispositivos indemnizatorios previstos en dicha ley a fin de reparar un despido arbitrario prohibido por el art. 14 bis de la Constitución Nacional. No menor resulta, que condenar en dicho término a la demandada, excedería los parámetros del fallo de nuestra Corte provincial “Municipalidad de la Ciudad de Mendoza en J°22.270 Sosa Pedro”.

Por todo lo expuesto, la demanda prospera parcialmente en la suma de $5.642.

b)Intereses

Conforme el art. 82 del CPL y art.90.6 del CPC, corresponde determinar los intereses legales a aplicar al capital de condena.

Cabe en el tema considerar la doctrina emanada de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza en los fallos plenarios “Amaya” (SCJM, plenario, 21/09/2005, autos 80.131) y “Aguirre” (SCJM, plenario, 28/05/2009, autos 93.319), por los cuales se declaró la inconstitucionalidad de la Leyes 7.358 y 7.198, respectivamente.

El Superior Tribunal declaró que la Ley 7.198 ha devenido en inconstitucional atento que la tasa pasiva que la misma fija no cumple con la función resarcitoria que deben tener los intereses moratorios y determinó que correspondía aplicar la tasa activa cartera general nominal anual vencida a 30 días del Banco de la Nación Argentina (TNA) a partir del dictado del plenario, cuya publicación en lista aconteció el día 02-06-09.

En conclusión, teniendo en cuenta que los índices en forma periódica son publicados en los distintos medios de comunicación, de los mismos surge la prueba acabada de la insuficiencia de la tasa pasiva, por lo que tratándose de un crédito alimentario, en el presente caso corresponde, de acuerdo a las leyes 3.939 y posteriores, aplicar el interés de tasa activa que informa el Banco de la Nación Argentina para las operaciones de descuento de documentos, desde que los créditos fueron exigibles hasta el efectivo pago de la condena.

ASI VOTO.

A LA TERCERA CUESTION EL DR. LEANDRO FRETES VINDEL ESPECHE DIJO:

Las costas se imponen a cargo de la demandada por los rubros que prosperan; y por los rubros que se rechazan se imponen en orden causado, atento a que la diversa jurisprudencia pudo ocasionar en el actor una duda razonable sobre su procedencia, por lo que hubo buena fe y razón probable para litigar (art. 31 CPL y arts. 35 y 36 CPC).

Con lo que se dio por terminado el acto, pasándose a dictar la sentencia que a continuación se inserta.

Mendoza, 27 de junio de 2.013.

Y VISTOS:El Tribunal en Sala Unipersonal,

RESUELVE:

1) Declarar la inconstitucionalidad de la ley 7.198.

2) Hacer lugar parcialmente a la demanda promovida por ANDRES HUMBERTO ROJAS contra MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA, y en consecuencia se condena a la demandada a que le pague la suma de PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS ($5.642), con más sus intereses, en el plazo de DIEZ días de quedar firme la presente sentencia.

3) Imponer las costas a la demandada vencida, en cuanto a los rubros de condena. Imponer las costas en el orden causado, a tal fin se fija el valor del litigio en la suma de $6.851.

4) Diferir la regulación de honorarios y determinación de los gastos causídicos para la oportunidad de practicarse liquidación definitiva.

5) Remítase la causa al Departamento Contable de las Cámaras del Trabajo a fin de que efectúe la liquidación respectiva.

6) Emplazar a las partes para que en el término de DIEZ DIAS abone el aporte de la Ley 5.059; y en el de TREINTA DIAS la tasa de justicia pertinente; y cumpla con lo dispuesto por el art. 96.g de la Ley 4.976.

7) Notifíquese la presente resolución a la Caja Forense, Dirección General de Rentas y Colegio de Abogados.

REGISTRESE, NOTIFIQUESE y CUMPLASE

Leandro Fretes Vindel Espeche – Conjuez de Cámara

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