Rechazan la acción de daños deducida por una pasajera del subte que fue impactada por las puertas de una formación

Subte NuevoPartes: Lucero de Díaz Estela Elena c/ Metrovias S.A. s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: B

Fecha: 5-abr-2013

Cita: MJ-JU-M-79881-AR | MJJ79881 | MJJ79881

Se rechaza la acción de daños y perjuicios deducida contra una concesionaria del servicio de subterráneo por una pasajera que se lesionó al caer en el andén luego de que fuera impactada por las puertas de una formación, al considerar que ingresó a ésta cuando ya había sonado la señal.

Sumario:

1.-Corresponde rechazar la acción de daños y perjuicios promovida contra una concesionaria del servicio de subterráneos por una pasajera que sufrió una caída en el andén al ser impactada por las puertas de una formación, pues se acreditó que ésta incurrió en un obrar imprudente al intentar ingresar cuando le estaba vedado, en tanto es sabido -por lo público y notorio- que ningún pasajero debe ingresar ni salir del tren cuando se produce la señal sonora, máxime si se trata de una usuaria reiterada del servicio de subterráneo..

2.-Debe liberarse de responsabilidad a la concesionaria del servicio de subterráneos por los daños y perjuicios derivados de una relación de transporte, pues el accionar imprudente de la actora, quien intentó ingresar al subterráneo cuando ya había sonado la señal sonora, es la única causa idónea del daño que sufrió al ser impactada por las puertas de la formación.

3.-El transportador incurre -como regla- en responsabilidad contractual por los daños que sufre el viajero por razón del transporte, no obstante cualquier pacto en contrario; a menos que pruebe que el accidente provino de fuerza mayor o sucedió por culpa de la víctima o de un tercero por quien aquélla no sea civilmente responsable.

4.-La presunción de responsabilidad que consagra el art. 184 del CCom. no releva al pasajero de la carga de acreditar la existencia del hecho y su vínculo material con los daños reclamados.

Fallo:

Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 5 días del mes de Abril de dos mil trece, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala B, para conocer en los recursos interpuestos en los autos caratulados: “Lucero de Díaz, Estela Elena c/ Metrovias S.A. s/ daños y perjuicios” respecto de la sentencia de fs. 683/687el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden Señores Jueces Doctores: MAURICIO LUIS MIZRAHI.- OMAR LUIS DIAZ SOLIMINE.- CLAUDIO RAMOS FEIJOO.-

A la cuestión planteada el Dr. Mizrahi, dijo:

I. Antecedentes

La sentencia de primera instancia, obrante a fs. 683/687, resolvió hacer lugar -parcialmente- a la acción promovida por Estela Eliana Lucero de Díaz contra Metrovías S.A.

Destácase que la presente litis tuvo su origen en la demanda que luce glosada a fs. 109/222. En esa oportunidad, la accionante relató que con fecha 28 de abril de 2004, al ingresar a una formación del subte “B” en la estación “Florida” de esta ciudad, la acción de las puertas provocó que fuera despedida hacia el andén, provocándole los diversos daños y perjuicios que reclama en estos actuados.

II. Los agravios

Contra el referido pronunciamiento se alzó la parte demandada, expresando agravios a fs. 715/721; pieza que no mereció réplica alguna.

La apelante se agravió de que el juez de grado la haya considerado responsable del acaecimiento del evento dañoso, y sostiene que ha quedado acreditado el quiebre causal de la responsabilidad objetiva en función de la culpa de la víctima. Subsidiariamente, cuestionó los montos establecidos como indemnización por el a quo en concepto de incapacidad física, daño moral y gastos médicos. Finalmente, se quejó de la tasa de interés establecida en el fallo en crisis.

III. Cuestiones a dilucidar.Límites en su análisis

El thema decidendum de esta Alzada quedó circunscripto a determinar: a) la atribución de responsabilidad por los hechos acaecidos; b) si correspondiere, la procedencia y cuantía de los diversos rubros indemnizatorios materia de agravio; c) de resultar pertinente, la tasa de interés aplicable.

Antes de ingresar a la cuestión de fondo, es menester efectuar una advertencia preliminar: en el estudio y análisis de los agravios he de seguir el rumbo de la Corte Federal y de la buena doctrina interpretativa. En efecto, claro está que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (ver CSJN, “Fallos”: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; Fassi Yañez, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado, Anotado y Concordado”, Tº I, pág. 825; Fenocchieto Arazi. “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Anotado”, T 1, pág. 620). Asimismo, en sentido análogo, tampoco es obligación del juzgador ponderar todas las pruebas agregadas, sino únicamente las que estime apropiadas para resolver el conflicto (art. 386, in fine, del ritual; CSJN, “Fallos”: 274:113; 280:3201; 144:611).

Es en este marco, pues, que ahondaremos en la cuestión de fondo del caso sub examine.

IV. La responsabilidad.

Es claro que el transportador incurre -como regla- en responsabilidad contractual por los daños que sufre el viajero por razón del transporte (ver art. 184 del Cód. de Comercio, y mi voto en autos “Argentieri c. Trenes de Buenos Aires y ot.”, del 21/3/2006, ED del 11/4/2007, p.4 y ss., nº 11.735).

La mencionada directiva legal establece, pues, que la empresa estará obligada al pleno resarcimiento de los daños y perjuicios no obstante cualquier pacto en contrario; a menos que aquélla pruebe que el accidente provino de fuerza mayor o sucedió por culpa de la víctima o de un tercero por quien la transportadora no sea civilmente responsable. Con relación a la génesis de esta obligación, con acierto afirma Spota que el art. 184 del Código de Comercio integra el conjunto de normas atinentes al contrato de transporte y la acción del damnificado es, en primer término, de esencia jurídica contractual. Esto no impide, sin embargo, que también se apliquen los preceptos de la responsabilidad aquiliana en todo aquello que sea “separable” de la obligación de resultado asumida por el porteador; es decir, cuando con motivo o en ocasión del transporte adviene un acto ilícito y en tanto no entre en juego la valla del art. 1107 del Código Civil (vid. aut. cit., “Esencia jurídica de la responsabilidad del porteador.”, JA, 1955-II-121).

El fundamento de la presunción legal de responsabilidad reside en la tácita obligación de seguridad, la cual integra el plexo del contrato y deriva del deber de buena fe que impone el art. 1198, primera parte, del Cód. Civil. Accesoria de la obligación principal, la tácita obligación de seguridad impone al transportador el deber jurídico de no sólo llevar al pasajero a su destino (obligación principal), sino también de conducirlo sano y salvo (obligación tácita accesoria); de manera que aquel es responsable por el incumplimiento contractual representado por cualquier daño a su persona o bienes que sufra el viajero.

Quedó así plasmada en la ley lo que en doctrina se califica como una responsabilidad objetiva contractual, típica de la actividad del transporte terrestre de personas (cfr. López Cabana, Roberto, “El contrato de transporte terrestre sometido al régimen de responsabilidad extracontractual.Trastornos que causa la subsistencia de una norma arcaica”, en “Derecho de daños”, en colaboración con Alterini, A., Ed. LA LEY, Buenos Aires, 1992, p. 53 y sgtes., y sus citas, entre otros, de Bueres, Alberto J., “Responsabilidad contractual objetiva”, JA, 1989 II 964); de lo que surge que el encuadre precedente favorece a la víctima, toda vez que se elimina el requisito de la culpa en el transportador y se impone a éste la carga de probar los eximentes que fracturen el nexo causal, si pretende exonerarse de responsabilidad.

De lo expuesto puede concluirse que el art. 184 del Cód. de Comercio es una norma severa para con las empresas de transporte y, obviamente, un criterio semejante debe presidir la interpretación de las causales de exculpación que contempla aquella disposición. Tal rigor se funda en la intención del legislador de inducir a las transportadoras a extremar las precauciones respecto de la calidad, perfecto estado y funcionamiento del material del que se valen; como así también para que se adopten los recaudos relativos a la capacitación y buen desempeño de su personal y el estricto cumplimiento de las leyes y reglamentos. Asimismo, juega en la especie -como ya se dijo- la necesidad de amparar a las posibles víctimas, para quien el resarcimiento muchas veces resultaría ilusorio si tuvieran que probar la culpa del transportador (cfr. CNCiv., sala M, en autos “Gómez c. Empresa Bartolomé Mitre S.A.”, del 18/3/1996 La Ley, 1998 C, 979 J.Agrup.caso 12.849 ).

De todas maneras, para que se haga operativo el deber de responder de la transportadora -en el caso, Metrovías S.A.- es indispensable que el demandante cumpla con la carga de acreditar, con las probanzas pertinentes, los hechos invocados en su reclamo; en la especie, que con fecha 28 de abril de 2004, al ingresar en la oportunidad debida a una formación del subte “B” en la estación “Florida” de esta ciudad, se produjo el cierre intempestivo de las puertas de acceso a aquélla, que el intento de abordar le ocasionó que fuera despedida hacia el andén y, en fin, que sufriera los daños y perjuicios que motivan el juicio.

Sobre el punto, existe consenso en la doctrina y jurisprudencia que para que haya responsabilidad, es decir, para que pueda hacerse gravitar sobre una persona el deber de resarcir el daño inferido a otra -cualquiera sea su fundamento-, es necesaria la presencia de un nexo causal -de índole fáctico- entre ese daño y el hecho que se imputa al responsable (Conf. Boffi Boggero, Luis María, “Tratado de las obligaciones”, t. II, Ed. Astrea, p. 312; Bustamante Alsina, Jorge, “Teoría general de la responsabilidad civil”, Ed. Abeledo Perrot, p. 361; Trigo Represas, Félix A. y López Mesa, Marcelo J., “Tratado de la responsabilidad civil”, t. I, Ed. La Ley, p. 582).-

Dicho de otra manera, resulta indispensable que la pretensora pruebe que el hecho en el que funda su acción existió y, además, que ocurrió de la manera en que lo relata. Es que -vale la pena reiterarlo- la presunción de responsabilidad que consagra el citado art. 184 del Código de Comercio no releva a la actora de la carga de acreditar la existencia del hecho y su vínculo material con los daños reclamados. Bien se ha dicho al respecto que siempre incumbe a quien demanda la prueba de -al menos- la relación de causalidad puramente material (Brebbia, Roberto H., “Hechos y actos jurídicos”, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1979, p.141; Andorno, Luis O., “La responsabilidad médica”, Zeus, T. 29 D-117; Vázquez Ferreyra, Roberto A., “Responsabilidad por daños. Elementos”, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1993, ps. 226 a 230; Bustamante Alsina, Jorge “Teoría General de la Responsabilidad Civil”, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, nro. 606, p. 269; Pizarro, Ramón D., en “Código Civil y normas complementarias”, Bueres (dir), Highton de Nolasco (coord.), Bs. As., 1999, t. 3-A, ps. 543 y ss.; Bueres, Alberto J., “Responsabilidad Civil de las clínicas y establecimientos médicos”, 2º ed., Bs. As., 1981, ps. 221/222).

Se podrá observar al respecto que la ocurrencia de un accidente del cual fue protagonista la actora no ha sido negada por la emplazada; mas sí se encuentra debatido en la causa que los hechos ocurrieran tal como son narrados en el escrito inaugural del presente pleito. En resumidas cuentas, a diferencia de la accionante, la emplazada sostiene que los daños sufridos por la Sra. Díaz se debieron a su propia im prudencia a la hora de utilizar el transporte público de pasajeros, por lo que pretende -conforme el encuadre jurídico reseñado supra- eximirse de responsabilidad de acuerdo con lo reglado en el art. 1111 del Código Civil.

A los fines de dilucidar cómo acontecieron los hechos me abocaré al análisis de las probanzas de autos. Veamos.

La Sra. Lucero de Díaz relata en su escrito inaugural que “el tren subterráneo estaba parado con las puertas abiertas cuando sube en primer término mi esposo […] y detrás de él lo hacía yo, cuando un fuerte golpe al cerrarse las puertas del subte violentamente, me tiró en el andén”. No aporta otro detalle de cómo sucedieron los hechos y se remite en todo momento a la obligación de seguridad de la empresa concesionaria del transporte público, sin hacer mención a la oportunidad en que nintentó ingresar al convoy (ver fs.161).

La demandada, por su parte, reconoce que la actora habría sido impactada por las puertas de la formación, pero que tal situación se debió a su exclusiva culpa, pues habría intentado ingresar al vagón luego de que se emitiera el sonido que avisa a los pasajeros que las puertas se cerrarán. A los efectos de acreditar esta versión de los hechos, la emplazada acompaña el informe del evento suscripto por Alberto Ferrari, quien al momento del hecho se desempeñaba en el área de accidentología de Metrovías S.A. En el referido documento se consigna que “según manifestaciones del personal de seguridad, mientras cumplía servicio en el andén norte, observa que una pasajera quiere abordar la formación después del aviso de chicharra anunciando el cierre de las puertas las mismas le golpean su cuerpo cayéndose hacia atrás.”. Asimismo, en el escrito se hace referencia a que la actora habría mencionado que fue su torpeza la causa del infortunio (ver fs. 161).

El mencionado relato del evento fue ratificado por el Sr. Ferrari al declarar en las actuaciones, y específicamente señaló que fue el personal de seguridad y el personal de control de evasión quienes le relataron lo que consta en el informe; incluyendo, claro está, el reconocimiento efectuado por la actora (ver fs. 313). Cabe señalar, respecto de este testigo, que no fue cuestionada su idoneidad por la actora (art. 456 del ritual) y tampoco fue objeto de impugnación después, ya que los agravios de la demandada no fueron replicados.

Por otro lado, la emplazada adjuntó a su responde los informes realizados por el personal de evasión y de seguridad señalados por el testigo, cuyo contenido coincide por completo con la información transcripta precedentemente (ver fs. 163/165 y 166/167). La actora, sin embargo, al contestar el traslado dispuesto por el art.358 del CPCC, desconoció que la documental anejada fuera auténtica; y procedió a negar, asimismo, que se haya hecho sonar la alarma correspondiente al inicio del mecanismo de cierre (fs. 226/228). Sin embargo, tal manifestación fue formulada en forma inoportuna; pues nuestro ordenamiento procesal no admite la “dúplica”, es decir, la respuesta por parte del actor a los hechos alegados por el emplazado al contestar demanda. En tal oportunidad procesal, debe el actor limitarse a reconocer o negar la autenticidad de los documentos que se acompañen a la contestación de demanda, en su caso (art. 334 CPCCN) pero “no podrá replicar las alegaciones formuladas en el responde” (ver, al respecto, Kielmanovich, Jorge L., “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Anotado”, T I, pág. 676; CNCiv, Sala C, 04-03-1993, “Cardozo, Martha L. c. González, Santos A. y otros”, LL 1993-D, 204),

Empero, sin perjuicio de lo expuesto, en la causa obra colectada una prueba que en el particular se revela crucial para la decisión del pleito. Si por lo general la experticia mecánica es de suma trascendencia a la hora de desentrañar la responsabilidad por el acaecimiento de un accidente, en este caso la misma cumple un rol fundamental; pues me permite arribar sin hesitación a la conclusión-lo anticipio desde ya- de que la demanda impetrada debe ser rechazada.

En efecto, el perito ingeniero designado de oficio en las actuaciones inspeccionó los vagones de la línea “B” de subterráneos y, específicamente, el mecanismo de oclusión de puertas utilizado. Así, informó el procedimiento describiendo que “cuando el guarda observa que ha ascendido la totalidad del pasaje y ha descendido la totalidad del pasaje opera el botón de cierre. Durante un tiempo de 3 a 4 segundos, en todos los casos, suena un sonido agudo, avisando para prevenir a los pasajeros que no suban ni bajen. Cumplido ese plazo de temporización se cierran automáticamente las puertas” (ver fs.440). Como indica el experto, el cierre de las puertas consta de dos momentos o fases; la primera de ellas es una fase de “aviso sonoro” sin operación de puertas, y posee una duración de 3 a 4 segundos. La segunda fase, correspondiente al cierre efectivo de las puertas, se desarrolla en un lapso de 2 segundos. Una vez terminada la operatoria, y con las puertas totalmente cerradas, queda finalmente habilitado el comando para que el conductor arranque (fs 438/447).

Como se puede observar, el perito aporta un dato insoslayable para la resolución del caso, pues señala que la activación del mecanismo de cierre de puertas da comienzo a estas dos fases, que se suceden la una a la otra, de forma consecutiva e indivisible. Es decir que, una vez comenzado el cierre de las puertas, las dos fases se ejecutan en forma automática; a saber, primero se produce el aviso sonoro -de una duración aproximada de 3 ó 4 segundos- y luego el cierre mecánico de puertas que, en total, tarda 2 segundos en finalizar.

Es decir, si la actora -tal como ella misma indica en su reclamo- fue impactada por las puertas de la formación al cerrarse, es indudable que intentó ingresar a la misma durante la emisión del aviso sonoro o una vez ya concluido éste; pues invariable y automáticamente -tal como ha sido comprobado por el perito-antes del cierre total de las puertas se ejecuta el aviso sonoro de cómo mínimo tres segundos.Entonces, si la actora hubiera intentado ascender a la formación antes de que comenzara la ejecución del mecanismo, no hubiera existido impedimento para que lograra abordarla sin inconvenientes; pues la oclusión del ingreso demora -tal como ha sido medida por el experto- un máximo de 6 segundos, tiempo por demás suficiente para que una persona -aún de edad avanzada- concrete el ingreso o el egreso del vagón.

Conforme a lo referido, en consecuencia, entiendo acreditado en autos el obrar imprudente de la actora, ya que intentó ingresar a la formación cuando le estaba vedado, pues es sabido -por lo público y notorio- que ningún pasajero debe ingresar ni salir del tren cuando se produce la señal sonora. Más aún todavía cuando la pretensora -como señala en su demanda- es una usuaria reiterada del servicio de subterráneo.

Bien se ha dicho que intentar acceder al subterráneo luego del toque de la señal sonora, que indica el inminente cierre de puertas, constituye una conducta en sumo imprudente; por lo que tiene virtualidad suficiente para eximir al transportista de responsabilidad (CNCiv., Sala M, “Rizzo c/ Ttes Metropolianos San Martín s/ds y ps” del 25/09/09; íd., íd, “Saldívar c/Metrovías s/ds y ps, del 08/09/2010). En tales supuestos, la acción de la víctima aparece como única causa del daño, y reviste las características de imprevisibilidad e inevitabilidad; de manera que conduce al quiebre total del nexo de causalidad entre el hecho y el perjuicio (conf. Fallos 308:1597, 312:2412 y 316:2774, entre muchos otros).

Finalmente, me referiré a la imputación efectuada por la actora, de que habría sido una supuesta actitud indiferente del guarda la causa del hecho dañoso. Efectivamente, alega que el referido empleado debería haber abortado el procedimiento de cierre de las puertas al ver que la señora intentaba ingresar.Es cierto que en la experticia se consigna que existe un mecanismo por el cual el guarda puede detener el mecanismo de cierre de ingreso al vagón (ver fs. 444), pero el quid aquí está en que, conforme el propio relato de los hechos efectuado en la demanda, el empleado de Metrovías S.A. muy difícilmente podría haber tenido en realidad la posibilidad práctica de efectuar oportunamente la cancelación del procedimiento iniciado. Es que de los datos relevados por el perito se ratifica que el intervalo de tiempo entre que la mujer habría intentado el ingreso y el acontecimiento dañoso fue de escasos segundos, por lo que mal puede exigirse al guarda que advirtiera a tiempo esta imprudencia y evitara sus consecuencias disvaliosas.

Sin embargo, más allá de lo que se acaba de reseñar, y aunque otorguemos alguna eventual incidencia a la omisión que se imputa al guarda, la solución al caso no habría de variar. Es que no cabe duda que para que acontezca un hecho -en el presente caso, el lamentable accidente- deben verificarse una serie de circunstancias que, sin embargo, no son todas ellas la causa jurídica del desenlace. Repárese que, a tenor de la directiva del art. 906 del Código Civil, no todas las condiciones necesarias de un resultado son equivalentes. Causa de un daño es solo aquella que según el curso natural y ordinario de las cosas es idónea para producir el resultado. Las demás condiciones, que no producen normal y regularmente ese efecto, serán sólo condiciones antecedentes o factores concurrentes (ver Bustamante Alsina, Jorge, “Teoría general de la responsabilidad civil”, novena edición, p. 270, Nº 590; Orgaz, Alfredo, “El daño resarcible”, ed. Marcos Lerner, p. 43; esta Sala, 5-4-1999, “Tarrio Cabanas de Ludovico, Mercedes c/ Cabanne, Ana María s/ Daños y Perjuicios”, Expte. libre Nº 255.011; íd., íd., 23-11-2005, “Ayam, Alicia Mónica c/ Fernández Humble, Raúl s/ Daños y Perjuicios”, Expte.libre Nº 390.230, “La Ley Online”, Gaceta de Paz, Año LXXI, nº 3406, 27/4/2006, p. 1 y ss.; Infobae.com, del 13/2/2006; elDial.com AA3133).

Y b ien. En el presente proceso, cabe atribuir sin hesitación al accionar imprudente de la actora la única causa idónea del daño producido. Tal aserto, en concreto, libera de responsabilidad a la demandada (art. 1111 del Cód. Civil). Para así decidir, acudo a las reglas de la sana crítica, sustentadas en patrones jurídicos y máximas de la experiencia. Bien se ha dicho que aquellas reglas responden al correcto entendimiento humano; contingentes y variables con relación a la experiencia del tiempo y del lugar; pero estables y permanentes en cuanto a los principios lógicos en que debe apoyarse la sentencia (Couture, Eduardo J., en J.A. 71-80 y sgs.). Esos principios deben adecuarse -como en el caso- a las circunstancias de hecho y del derecho. En fin, como diría Kisch, la solución de la causa tiene su basamento no sólo en la aplicación de las reglas jurídicas, sino también en el conocimiento que tiene el juez de la vida y de las personas (aut. cit., “Elementos de Derecho Procesal Civil”, trad. de L. Prieto Castro, pág. 189, 1° ed., Madrid).

En tal virtud, he de proponer a mis colegas que se haga lugar a las quejas de la demandada y se revoque la sentencia de primera instancia en todas sus partes, con costas.

V. Conclusión

A tenor de las consideraciones fácticas y jurídicas desplegadas a lo largo del presente voto, propongo al Acuerdo revocar la sentencia de primera instancia y rechazar la acción intentada. Las costas de ambas instancias se imponen a la actora vencida (art. 68, 1era. parte, del CPCCN).

Los Dres. Díaz Solimine y Ramos Feijóo, por análogas razones a las aducidas por el Dr. Mizrahi, votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Con lo que terminó el acto: MAURICIO LUIS MIZRAHI.-

OMAR LUIS DIAZ SOLIMINE -.

CLAUDIO RAMOS FEIJOO -.

Es copia fiel del Acuerdo que obra en la Pág. nº a nº del Libro de Acuerdos de esta Sala B de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

Buenos Aires, 5 de Abril de 2013.-

Y VISTOS: Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, se resuelve: revocar la sentencia de primera instancia y rechazar la acción intentada. Las costas de ambas instancias se imponen a la actora vencida (art. 68, 1era. parte, del CPCCN).

Notifíquese y devuélvase.

 

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