A fin de probar las posibilidades económicas del alimentante se designa peritos que evalúen el valor de los bienes e ingresos

PeritoPartes: P. M. A. G. c/ P. E. L. s/ alimentos

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de Mendoza

Fecha: 28-jun-2013

Cita: MJ-JU-M-79783-AR | MJJ79783 | MJJ79783

A fin de probar las posibilidades económicas del alimentante, resulta procedente la designación de un perito tasador para que determine el valor de mercado de sus bienes, y de un perito contador para que evalúe los ingresos de la empresa que también posee.

Sumario:

1.-Teniendo en cuenta los hechos controvertidos que resultan materia del litigio, las necesidades de quien pretende obtener la cuota alimentaria y las posibilidades económicas del demandado, la pericia a cargo de un tasador tendiente a determinar el valor de mercado de bienes que resultan de propiedad del accionado y de su progenitora y del valor locativo del inmueble habitado por la madre de la apelante y sus hijos, y la pericial contable a realizarse en la sede de la empresa que, según la actora, posee el accionado, no aparecen en forma indudable o evidente como impertinentes con relación a lo que es objeto de la demanda promovida y en cuanto a la relación que los hechos que se intentan probar por dichos medios pudieran tener con el litigio.

2.-Sólo cuando la impertinencia sea indudable o evidente, porque es imposible que el hecho por probar pueda relacionarse directa o indirectamente con los de la causa o el incidente, debe el juez rechazar o declarar inadmisible la prueba, pero si existe alguna posibilidad, por remota que parezca, de que ese hecho tenga alguna relación y resulte de algún interés para la decisión del litigio o del asunto de jurisdicción voluntaria o del proceso penal o incidente, es mejor decretar y practicar la prueba.

Fallo:

Mendoza, 28 de Junio de 2.013.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I. Que a fs. 70 la actora, M. A. P., apela el auto de fs. 65 y vta., , en cuanto rechaza la prueba pericial ofrecida por su parte a fs. 39vta., apartado 3, subapartados 1 y 2.

II. La apelante funda el recurso a fs. 78/79, señalando que lo interpone a los efectos de que la Cámara modifique la resolución apelada y admita la prueba pericial ofrecida.

Sostiene que es erróneo el fundamento de la juez a quo para el rechazo de la prueba pericial, por cuanto la extensión dada por el art. 267 del Código Civil al concepto de alimentos, requiere tener en cuenta la condición social del prestador y prestatario, la situación económica y fundamentalmente el status de vida anterior, en función de la situación económica de sus padres. Señala que en eso radica la pertinencia y necesidad de la prueba desestimada, por cuanto resulta necesario conocer la conformación de los bienes de sus padres.

Arguye que la prueba pericial, conforme a los puntos de pericia que se solicitan, determinarán la situación socio-económica de sus progenitores y su capacidad económica para atender a los alimentos requeridos.

Concluye que la presente causa trata de alimentos demandados por un hijo que ha vivido en un contexto de una situación socio económica de sus padres, que es la que tuvieron y tienen en la actualidad sobre la base de bienes que conforman la sociedad conyugal, pero que, sin lugar a dudas, es la base para establecer las posibilidades de la prestación alimentaria.

III. Corrido traslado de la expresión de agravios a la contraria, el Sr. E. L. P. contesta a fs. 89/90, solicitando el rechazo de la apelación deducida, con costas.Sostiene que al contestar la demanda impugnó la prueba pericial ofrecida por considerar que la mismas encarecía y prolongaba el proceso y porque los puntos de pericia apuntaban más a la determinación del capital de la sociedad conyugal, que a su capacidad económica.

Señala que la actora requiere, a través de los puntos de pericia, informes sobre su contabilidad, su situación fiscal y previsional, no para saber su flujo de ingresos sino para conocer su comportamiento fiscal y tributario, datos que no aportarían nada a la causa.

Manifiesta respecto a la pericial a cargo de un tasador, que la actora pidió que se informara a través de dicha prueba sobre los bienes de sus padres de la apelante, cuando la demanda sólo se ha iniciado en su contra y no contra la progenitora.

Expresa que solicitó al contestar la demanda una audiencia de conciliación a fin de considerar el acuerdo que, de modo verbal y extrajudicial, tiene celebrado con la actora y que dicho acuerdo no se concluyó por cuestiones de forma planteados por los letrados. Agrega que deposita mensualmente lo convenido con su hija, por lo que esta incidencia no hace más que dilatar el proceso en su propio perjuicio, como lo haría la producción de la prueba rechazada por la juez a quo.

IV- Conforme al artículo 180 del CPC el tribunal podrá rechazar, aún de oficio, la prueba prohibida por la ley y la notoriamente impertinente o innecesaria.

La juez a quo rechazó la prueba pericial ofrecida por la actora a fs. 39vta., apartado 3, consistente en dos pericias, una a cargo de un perito contable y otra a cargo de un tasador. Luego de señalar los argumentos de la oposición formulada por el demandado, sostuvo que “atento el objeto de la presente causa dicha prueba es notoriamente impertinente e innecesaria al objeto de la presente demanda por alimentos en beneficio de M.Agustina, y en consecuencia le asiste razón a la parte demandada en las alegaciones que efectúa para oponerse a la misma; por lo que deberá rechazarse.

Por lo que, a los fines de resolver el recurso articulado, cabe establecer si la prueba en cuestión resulta notoriamente impertinente con relación a los hechos controvertidos objeto de la litis en la que la actora pretende la fijación de una cuota alimentaria a su favor y a cargo de su padre.

Como lo expresa correctamente Arazi, hecho pertinente es lo mismo que hecho conducente, ambos términos se refieren al hecho que tiene relación con el litigio y es importante para resolverlo (“La prueba en el proceso civil , La Rocca, p.48).

En igual sentido sostiene Kielmanovich que el hecho es conducente cuando su establecimiento podría sellar o determinar por sí solo o con el auxilio de otros hechos el resultado del debate, por su vinculación con los hechos previstos en la norma como hipótesis legal (hechos principales) o con los que prueban a estos últimos (hechos secundarios). (“Teoría de la prueba y medios probatorios , Rubinzal-Culzoni, p.51/52).

En cuanto a la prueba, se distinguen en doctrina las nociones de conducencia de la prueba y pertinencia de la misma.

Apareciendo la primera como la aptitud legal o jurídica de la prueba para convencer al juez sobre el hecho a que se refiere. Señala Devis Echandía que es un requisito intrínseco para su admisibilidad, y persigue un doble fin: a) evitar un gasto inútil de tiempo, trabajo y dinero, pues la inconducencia significa que el medio que quiere utilizarse es ineficaz para demostrar el hecho a que se refiere; b) proteger la seriedad de la prueba y evitar que se entorpezca y dificulte la actividad probatoria con medios que de antemano se sabe que no prestarán servicio alguno al proceso (Lessona, Teoría general de la prueba, Madrid, 1928, t I, n° 232, p. 277). Exigiendo la conducencia dos requisitos:1°) que el medio de prueba esté autorizado por la ley y 2°) que una norma legal no excluya su valor probatorio respecto del hecho que se quiere probar, por exigir otro especial, como ocurre con los testimonios e indicios cuando se exige documento ad substantiam actus. En cuanto a la pertinencia o relevancia de la prueba, resalta este autor que no se confunde con su utilidad, contempla la relación que el hecho por probar puede tener con el litigo o la materia del proceso de jurisdicción voluntaria o de la investigación penal o con el incidente si fuere el caso y puede ser mediata o directa e inmediata o indirecta (Devis Echandía, Hernando, Compendio de la prueba Judicial, Anotado y concordado por Adolfo Alvarado Velloso, Tomo I, Ed. Rubinzal Culzoni, p. 158/159).

La doctrina en general entiende que, siendo la impertinencia del hecho que se desea probar una cuestión difícil de apreciar en el momento de solicitarse la prueba, el juez debe guiarse por un criterio muy amplio cuando resuelve sobre la admisibilidad del medio propuesto: “Sólo cuando la impertinencia sea indudable o evidente, porque es imposible que el hecho por probar pueda relacionarse directa o indirectamente con los de la causa o el incidente, debe el juez rechazar o declarar inadmisible la prueba, pero si existe alguna posibilidad, por remota que parezca, de que ese hecho tenga alguna relación y resulte de algún interés para la decisión del litigio o del asunto de jurisdicción voluntaria o del proceso penal o incidente, es mejor decretar y practicar la prueba (Devis Echandía, ob. cit., p. 161)

Este criterio amplio para la admisión de la prueba predomina en la doctrina autoral (Alsina, Tratado, T I, p. 184-185; Rosenberg, Tratado, T II, p. 211; Bonnier, De las pruebas en derecho civil y penal, Madrid, T I, n° 61, p.81).

Es que en materia de prueba rige el principio del “favor probatione por el cual se establece que, en caso de objetivas dudas o dificultades probatorias, deberá estarse a favor de la admisibilidad, conducencia o eficacia de la prueba y flexibilizando en particular el criterio que gobierna el régimen de admisibilidad y eficacia de la prueba indiciaria (Kielmanovich, ob. cit., p.71).

El art. 180 de nuestro C.P.C. parece enrolarse en esta directriz al establecer que el juez puede rechazar la prueba prohibida por la ley y la notoriamente impertinente e innecesaria, siendo la notoriedad una nota distintiva que el juez debe tener en cuenta al resolver. Sólo re rechazará aquella prueba que aparezca prima facie, en forma evidente y de manera de no dejar dudas, como impertinente en tanto el hecho que se pretenda probar a través de la prueba ofrecida no se relacione o resulte ajeno a la materia u objeto del litigio.

Con igual criterio la jurisprudencia a dicho: “La prueba que el juez puede declarar inadmisible es aquella que resulta notoriamente impertinente o innecesaria, o la prohibida por la ley. El adjetivo que da la nota directriz a la interpretación – requiere notoria impertinencia o innecesariedad – es lo que torna excepcional el rechazo de prueba en esta etapa procesal en la que el juez admite o rechaza la prueba ofertada por las partes.Esta excepcionalidad está dada por razones relevantes, que están señaladas en la nota al artículo 180 del C.P.C., en tanto y en cuanto es difícil determinar si una prueba va a resultar impertinente – vale decir no atingente al objeto de prueba – o innecesaria, por inútil, y hacerlo sin contar con aquella notoriedad – que no es otra cosa que la seguridad de que la prueba va a ser inútil o ajena a las cuestiones discutidas en la causa – constituye un peligro evidente, en primer lugar para las partes, porque se limita su derecho de defensa de origen constitucional, y en segundo término para el juez, quien puede llegar al momento de sentenciar a necesitar de la prueba desestimada y tendrá que fundar su sentencia desestimatoria por falta de prueba que él mismo no admitió . (Expte.: 33368 – T.A. – C/G.L. P/SEPARACIÓN DE BIENES; 20/06/2008; SEGUNDA CÁMARA CIVIL – PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUD).

Finalmente debemos recordar que en cuanto a la prueba en las cuestiones atinentes al Derecho de Familia esta Cámara tiene dicho que: “Nadie duda hoy en día que, conforme a la nueva visión del proceso justo como parte de la concepción del Estado Social de Derecho, ideario plasmado en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales que conforman el bloque de constitucionalidad, se viene imponiendo la figura de un juez activo y comprom etido con el proceso en el que actúa a fin de llegar a la verdad objetiva. Para ello, el magistrado se encuentra imbuido de amplias facultades para dirigir el proceso y buscar la verdad de los hechos discutidos en el mismo a través de medios de prueba que resulten de las fuentes de prueba existentes en la causa ( a fin de no violar el contradictorio y la bilateralidad) por existir un interés social que trasciende al de las partes en litigio (cf. Ramiro Cuello “Constitución, prueba y el papel del juez en el proceso justo , en Rev.de Derecho Procesal, 2005-1, págs.64 y ss.). Estas facultades están claramente establecidas en los arts. 46 incs. 1 y 5, 177 inc. VII y 180 del C.P.C. y en los arts. 83 inc. e) y 85 inc. e) de la ley 6354 (Autos N°852/11, “CANDIA RAMIRO CONTRA GOLDSACK HELIANA LORENA POR REGIMEN VISITAS , 09/04/2012, LA 04-400).

V.-Conforme con las pautas vertidas precedentemente, consideramos que, teniendo en cuenta los hechos controvertidos que resultan materia del litigio en el caso, las necesidades de quien pretende obtener la cuota alimentaria y las posibilidades económicas del demandado-, la pericia a cargo de un tasador tendiente a determinar el valor de mercado de bienes que resultan de propiedad del accionado y de su progenitora y del valor locativo del inmueble habitado por la madre de la apelante y sus hijos- y la pericial contable a realizarse en la sede de la empresa que, según la actora, posee el accionado-, no aparecen en forma indudable o evidente como impertinentes con relación a lo que es objeto de la demanda promovida y en cuanto a la relación que los hechos que se intentan probar por dichos medios pudieran tener con el litigio.

Ello sin perjuicio de la valoración o apreciación que de estas pruebas se efectúe al momento de resolver -lo que se vincula con la eficacia de la prueba y no con su admisibilidad- de conformidad con las reglas de la sana crítica y confrontándola con las restantes pruebas que se recolecten en la causa, a fin de obtener el pronunciamiento de una sentencia justa y basada en la verdad real.

No obstante lo expuesto la pericia contable debe limitarse a dilucidar los hechos discutidos en autos, en lo atinente a las posibilidades económicas del demandado, no resultando pertinente, en consecuencia, la acreditación, a través de dicho medio de prueba, del cumplimiento o no de las obligaciones societarias, fiscales y previsionales por parte del Sr. E. L.Páez-como pretende la actora, a través de los puntos de pericia formulados-.

Desde esta perspectiva resulta razonable la modificación de los puntos de pericia formulados por la accionante, con el fin de adecuarlos a lo que es objeto de la litis, siendo pertinente que el perito contador se pronuncie sobre: 1) si el demandado integra la empresa que la actora indica en su demanda y en caso afirmativo, participación accionaria y cargo y/o funciones que desempeña; 2) en base a los tres últimos ejercicios contables, utilidades obtenidas por las sociedades y dividendos distribuidos y forma de distribución; 3) ingresos percibidos por el Señor E. L. P. por cualquier concepto (dividendos, remuneraciones, anticipos, premios, etc.); 4) cualquier otro dato relacionado con el nivel de ingresos económicos del Sr. E. L. P.

Cabe destacar que, en anteriores precedentes, esta Cámara ha sostenido que el juez tiene amplias facultades para agregar puntos de pericia, modificar y/o suprimir los propuestos por las partes. Así lo ha resuelto en autos N° 886/11, “M. M. A. CONTRA A. G. D. POR DAÑOS Y PERJUICIOS , 28/02/2013, LA05-45 y autos N°852/11, CANDIA RAMIRO CONTRA GOLDSACK HELIANA LORENA POR REGIMEN VISITAS, 09/04/2012, L.A.04-400.

En este último precedente dijimos que: “Desde la óptica de la parte oferente, el art.177 inc. V del C.P.C. exige que, al ofrecer la prueba pericial, se indiquen los puntos que se someterán al dictamen de los peritos. A su vez, de la letra del art. 193 de C.P.C. que regula el procedimiento para salvar las omisiones y deficiencias que pudiera tener el informe pericial, se infiere que los puntos de pericias pueden ser los propuestos por los litigantes o señalados por el juzgador. Si bien nuestra ley de rito no prevé expresamente que el juez pueda modificar y/o eliminar puntos de pericia propuestos por las partes, lo que puede inferirse de las facultades comprendidas en la admisión de prueba, el art. 460 del C.P.C.N.sí contempla expresamente ambas posibilidades es decir, que el juez pueda agregar puntos de pericia y/o que pueda eliminar de los propuestos por el oferente, los que considere improcedentes o superfluos.

En cuanto al pedido formulado por la actora a fs. 39 vta., relacionado con el contralor de las partes de la pericia contable en el día y hora que el Tribunal señale a tal efecto, no consideramos conveniente, por la índole de la labor encomendada al perito, hacer lugar a dicha petición (art. 192 del C.P.C.), resultando procedente, en cambio, hacer saber a los litigantes que oportunamente podrán hacer uso de la facultad que otorga a los litigantes el art. 193 del C.P.C, una vez que sea agregada la pericia y se notifique de conformidad con lo dispuesto por dicho artículo.

Por todo lo expuesto corresponde hacer lugar al recurso de apelación promovido a fs. 70 y en consecuencia, revocar el dispositivo I y III de la resolución de fs. 65 y vta., rechazando la oposición formulada por el demandado a la prueba pericial ofrecida por la parte actora, admitiendo la prueba ofrecida en la extensión indicada en los considerandos precedentes.

VI.- Las costas de alzada se imponen a la parte apelada. (arts. 35 y 36 ap I del C.P.C.).

Por lo expuesto la Cámara

RESUELVE:

I.- Admitir el recurso de apelación deducido a fs. 70 por la actora, M. Agustina P., en contra de la resolución de fs. 65 y vta. y en consecuencia revocar los dispositivos I y III de la misma , los que quedan redactados de la siguiente forma: “I-Rechazar la oposición formulada por la demandada a fs. 58 punto XII y, en consecuencia, admitir la prueba pericial ofrecida por la actora a fs. 39vta., punto IV, apartado 3, subapartados 1 y 2, debiendo el perito tasador expedirse sobre los puntos formulados por la actora a fs. 39vta., apartado 3, subapartado.2 y el perito contador sobre los puntos de pericia reformulados en estos considerandos.Oportunamente, fíjese audiencia en el Juzgado a fin de que las partes propongan peritos contador y tasador, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 177, inc. XI del C.P.C. Hágase saber a los litigantes que oportunamente podrán hacer uso de la facultad que otorga a los litigantes el art. 193 del C.P.C, una vez que sea agregada la pericia y se notifique de conformidad con lo dispuesto por dicho artículo ; II-.; III-Aceptar la totalidad de las pruebas ofrecidas por las partes, en consecuencia:; IV-.; V-.; VI-.; VII-.; VIII-.; IX-. .

II.- Imponer las costas de alzada a la parte apelada.

III. Diferir la regulación de honorarios de segunda instancia hasta tanto se regulen los de primera instancia (art. 15 de la ley 3641).

CÓPIESE. REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE Y BAJEN.

Dr. Germán Ferrer

Juez de Cámara

Dra. Estela Inés Politino

Juez de Cámara

Dra. Carla Zanichelli

Juez de Cámara

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