Condenan a empresa de energía eléctrica a indemnizar a un usuario por la pérdida de las mascotas de su acuario por un corte de luz

Alta tensionPartes: Brega Osvaldo Gabriel c/ EDENOR S.A. s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: I

Fecha: 24-abr-2013

Cita: MJ-JU-M-79570-AR | MJJ79570 | MJJ79570

Se condenó a una empresa de suministro de energía eléctrica a indemnizar a un usuario por los daños que sufrió en su hogar y la pérdida de las mascotas de su acuario por un corte de energía. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar a la demanda y condenar a la empresa proveedora del servicio eléctrico a indemnizar al actor por los daños derivados del corte de suministro eléctrico, pues incumplió su carga de probar que la irregularidad en el cumplimiento de sus obligaciones ante un corte tan prolongado estuvo justificada.

2.-Ante la existencia de un corte de semejante magnitud como el que afectó al actor, es la obligada a la provisión del servicio quien tiene la carga de aportar los elementos de convicción para justificar la irregularidad en el cumplimiento de su obligación, dicha orfandad probatoria sumada a la actitud adoptada por la demandada en el trámite administrativo -que contradice lo manifestado en las presentes- conduce a confirmar la sentencia de grado en cuanto a la imputación de responsabilidad de la empresa demandada.

3.-De la compulsa del informe técnico producido por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad surge que existe una relación causal entre el hecho demostrado y los daños producidos sobre las bombas sumergibles de la pecera y la computadora del actor y que la reglamentación para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles respecto a los motores monofásicos y/o trifásicos, prevé elementos de seguridad para protección por bajas de tensión y por faltas de fase, no así para sobretensiones.

4.-El accionante reclama el valor de una computadora argumentando que no pudo ser reparada, pero en el expediente obra el reclamo por daños presentado ante el ENRE del que surge que en oportunidad del reclamo administrativo pretendía el costo de la reparación de la computadora, y la reposición de las bombas un acuario, del que surge que la computadora fue reparada y que el equipo funciona con normalidad ; por lo tanto no puede pretender que se le reconozca el valor de reposición del equipo en las presentes sin violentar el principio de la buena fe.

5.-Examinado el principio de buena fe, se advierte que su observancia requiere que en la relación jurídica la parte exhiba un comportamiento leal y adecuado a la creencia y confianza despertada en la otra, manteniendo la palabra empeñada desde el proceso formativo mismo si se trata de una relación crediticia, haciendo inadmisible la contradicción con una conducta previa y propia.

6.-La ilicitud dispuesta por la doctrina del acto propio reposa en el hecho que la conducta incoherente contraría el ordenamiento jurídico considerado éste inescindiblemente, noción aplicable en el ámbito extracontractual o contractual y que conlleva como sanción la declaración de inadmisibilidad de la pretensión de quien intenta ponerse en contradicción con su anterior conducta deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz.

7.-En materia contractual el daño moral no se configura por cualquier molestia que resulte del incumplimiento ni debe confundirse con las inquietudes propias del mundo de los negocios o las que normalmente resultan de los pleitos; para que ello ocurra es menester que se haya turbado seriamente la moral, el honor, la libertad o los afectos del acreedor, o que tal incumplimiento le haya producido una lesión en sus sentimientos a causa del sufrimiento o dolor que se le ha producido y para que sea indemnizable, es menester que sea una consecuencia inmediata y necesaria del incumplimiento del contrato.

8.-No encontrándose controvertido el corte de suministro de energía eléctrica y la incidencia que tiene dicho recurso sobre la cotidianeidad del funcionamiento de un hogar, resulta claro que tiene la aptitud como para provocar en la víctima una verdadera mortificación del ánimo o pérdida de su tranquilidad resultando suficiente para tener por acreditado el daño, más aún si se tiene en consideración que el corte provocó la pérdida de mascotas de un acuario del accionante.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 24 días del mes de abril de 2013, reunidos en Acuerdo los jueces de la Sala I de esta Cámara para dictar sentencia en los autos mencionados, y de conformidad con el orden del sorteo efectuado, el Juez Ricardo Víctor Guarinoni, dijo:

I. Osvaldo Gabriel BREGA inicia la presente acción reclamándole a EDENOR SOCIEDAD ANÓNIMA la suma de $ 13.795.- en concepto de daño material y la de $ 5.000.- por el daño moral que dice haber sufrido como consecuencia del corte de suministro eléctrico acaecido en su domicilio los días 27, 28, 29 y 30 de noviembre de 2008. Relata que como consecuencia de la falta de suministro, dejaron de funcionar las bombas que oxigenaban una pecera de agua salada de 300 litros y perdieron la vida la totalidad de los peces. Asimismo reclama que se le dañó una computadora.

II. A fs. 150 contesta demanda EDENOR SOCIEDAD ANONIMA, luego de negar los hechos introducidos en la demanda reconoce la falta de suministro eléctrico en las fechas citadas por la actora. Relata que actuó con “extrema diligencia” para solucionar el desperfecto, alude genéricamente a las causas que pueden motivar la falta de suministro sin determinar expresamente la que motivó el caso de autos e impugna los montos reclamados.

III. A fs. 403 y ss. la jueza dicta sentencia teniendo por acreditada la falta de suministro eléctrico, que la avería se produjo en el área bajo la custodia de la demandada, pone de relieve el informe técnico producido por el ENRE para tener por acreditados los desperfectos técnicos aludidos en la demanda, condenando a la accionada a abonar la suma de $ 31.078,88.-, que se discriminan en $ 23.000.- en concepto de daños materiales, actualizados a la fecha del decisorio -suma a la que le descuenta la de $ 1.921,12.- que abonara la demandada por disposición del ente regulador- y la suma de $ 10.000.- en concepto de daño moral.

IV.El decisorio es apelado exclusivamente por la demandada quien expresa sus agravios a fs. 422/427, los que no fueron contestados por la contraria.

Las quejas de la apelante se refieren -en apretada síntesis- a la atribución de responsabilidad en los daños producidos a la actora, argumentando que si bien el corte existió, cumplió con su obligación de reponer a la brevedad el servicio, que éste no es absoluto sino que se encuentra sujeto a fallas e interrupciones que pueden afectar su continuidad y que puede deberse a razones que no son susceptibles de preverse o evitarse entre las que se encuentran las condiciones meteorológicas extremas. Que el a quo basa el análisis en la resolución del ENRE que según dice, vulnera el debido derecho de defensa pues no pudo impugnarlo, que el cliente debe tener instalado un dispositivo de seguridad que funcione ante alteraciones no solo de baja tensión sino también de alta. Que la actora no produjo ninguna prueba tendiente a acreditar el daño en los artefactos ni los montos necesarios para la reparación y/o reposición y más aún siquiera la existencia de los mismos.

USO OFICIALPoder Judicial de la Nación Que no arrimó la factura de compra de la computadora, ni una foto, ni relata en que circunstancias se produjo su desperfecto.Señala asimismo que la actora manifiesta que la computadora la compró unos días antes del corte y por otro lado que perdió mucha información de mucho tiempo de trabajo, lo que califica como una incongruencia pues si se le rompió a los pocos días de haberla adquirido mal podía contener información añeja.

Sostiene que no se encuentra acreditada la existencia de la sobretensión que la misma resulta de una inferencia efectuada por el ENRE en su dictamen que, reitera, no pudo ser impugnado oportunamente.

Se agravia asimismo sosteniendo que la a quo realiza una apreciación personal sin respaldo probatorio al sostener que resulta de una “mínima complejidad” la reparación que posibilitara la reconexión del servicio de luz, que no se produjo prueba para acreditar ni cuál fue el problema, y menos aún la complejidad del mismo y por último de la tasa de interés fijada dado que, según dice, se fijan dos tasas de interés distintas para el mismo período de tiempo.

V. En primer término cabe señalar que el tribunal sólo se ocupará de aspectos decisivos de la controversia, sin entrar en consideraciones innecesarias, pues los jueces no están obligados a tratar cada una de las argumentaciones que desarrollan las partes, sino aquellas que sean conducentes para la solución del caso (Fallos 262:222; 278:271; 291:390; 308:584 y 331:2077 ).

Siendo que además, los jueces no están obligados a seguir a las partes en cada una de sus argumentaciones, limitándose a expresar en tales casos, las razones de hecho y prueba y de derecho que estimen conducentes para la correcta composición del conflicto, metodología que la Corte Suprema de Justicia ha calificado de razonable (doctrina de Fallos: 278:271; 291:390; 294:466 entre otros) y que, en materia de selección y valoración de la prueba tiene específico sustento normativo en el art. 386, segunda parte , Código Procesal (confr.esta Cámara, Sala 1, causa N° 4941/04 del 24/05/07; Sala II causas N° 748/02 del 02/07/08; entre otras).

En el marco de la teoría de los actos propios, la circunstancia de que un sujeto de derecho intente verse favorecido en un proceso judicial, asumiendo una conducta que contradice otra que la precede en el tiempo, en tanto constituye un proceder injusto, es inadmisible. La cuestión se caracteriza como una derivación necesaria e inmediata del principio de buena fe, especialmente en la dirección que la concibe como un modelo objetivo de conducta, aceptada como arquetipo por una sociedad y que recibe su impronta ética.

Examinado el principio de buena fe, se advierte que su observancia requiere que en la relación jurídica la parte exhiba un comportamiento leal y adecuado a la creencia y confianza despertada en la otra, manteniendo la palabra empeñada desde el proceso formativo mismo si se trata de una relación crediticia, haciendo inadmisible la contradicción con una conducta previa y propia. El análisis de este principio general motiva necesariamente que penetremos prolijamente en su esencia, específicamente en los deberes de conducta que le sirven de contenido ético, y aunque secundarios o agregados a los esenciales programados por las partes, dilatan como en un plano superpuesto el haz obligacional. Me refiero a las cargas de transmisión, de cooperación, de diligencia, de información y de consideración que recíprocamente las partes esperan la una de la otra. Se trata de comportamientos añadidos a las prestaciones principales y que ostentan condición de manifestaciones de conductas correctas de cada parte en función de la exigencia de un proceder equivalente de la otra. Es un imperativo del sujeto observar un comportamiento coherente, como principio básico y en todos los órdenes de sus relaciones no solamente las jurídicas.En este campo, confluyen para su identificación, y evaluación y proyecciones (consecuencias) los deberes secundarios de conducta que embretan el perfil de la línea objetiva de una lógica interior congruente que hace, al cabo, que el hombre sea -debe ser lo fiel a sus propios actos.

La declaración de inadmisibilidad de una conducta incoherente emplazada en una pretensión, requiere ineludiblemente su comparación con otra conducta precedente y propia del mismo sujeto. La inadmisibilidad será el resultado de una tarea de interpretación relacionando para ello la conducta propia que precede al comportamiento ulterior. Y este último será el declarado inadmisible por incoherente.

El fundamento estará dado en razón que la conducta anterior ha generado -según el sentido objetivo que de ella se desprende- confianza en que, quien la ha emitido, permanecerá en ella, pues lo contrario importaría incompatibilidad o contradicción de conductas emanadas de un mismo sujeto, que afectan injustamente la esfera de intereses de quien suponía hallarse protegido pues había depositado su confianza en lo que creía un comportamiento agotado en su dirección de origen.

La doctrina del acto propio importa una limitación o restricción al ejercicio de una pretensión. Se trata de un impedimento de “hacer valer el derecho que en otro caso podría ejercitar”.

Lo obstativo se apoya en la ilicitud de la conducta ulterior confrontada con la que le precede. La ilicitud reposa en el hecho que la conducta incoherente contraría el ordenamiento jurídico considerado éste inescindiblemente, noción aplicable en el ámbito extracontractual o contractual -y también y fundamentalmente, dentro del proceso judicialy que conlleva como sanción la declaración de inadmisibilidad de la pretensión de quien intenta ponerse en contradicción con su anterior conducta deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz.

Y si bien es cierto que la doctrina del acto propio carece de una formulación autónoma y de una regulación específica, ello no impide que su aplicación halle fundamento normativo en lo dispuesto por los arts. 1198, apart.1º y 1111 del Cód. Civil (Adla, XXVIII-B, 1799) y en función de los cuales se potencia a la buena fe, elevándola a la condición de cláusula general, abierta, norma recupero o “standard” que, por tal consiente fácilmente atrapar en su aplicación funcional, multiplicidad de casos, que apuntan a descalificar la contradicción con la conducta propia y previa. (La doctrina del acto propio – Augusto Morello, Rubén S. Stiglitz LL. 1984 A, 865).

En resumen, nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos, ejerciendo una conducta incompatible con otra anterior deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz. Ello resulta inadmisible, porque constituye un límite del ejercicio de un derecho subjetivo o de una facultad derivada del principio de la buena fe y particularmente de la exigencia de observar dentro del tráfico jurídico un comportamiento coherente.

Se funda en la inadmisibili dad de una postura que contradiga una conducta anterior válidamente asumida por el litigante. Ello es así porque el principio de la buena fe no sólo es aplicable a la relación jurídica que mediará entre las partes, sino también al proceso en el que se ventila la controversia según sus integrantes, con la finalidad de preservar la seguridad jurídica.

Lo que resulta distintivo del análisis del presente caso es que ambas partes en cierto sentido adoptan posiciones puntuales que se contradicen con exteriorizaciones realizadas con anterioridad.

En primer término cabe poner de relieve que no se encuentra debatida la existencia y duración del corte del servicio -cuatro días-. Conforme surge del informe de fs.

192/194, el tiempo máximo de interrupción tolerable en usuarios de baja tensión en pequeñas y medianas demandas es de 10 horas, circunstancia que derriba el argumento de la demandada de que repuso a la brevedad el servicio.Más aún, no sólo no se aportó ningún medio probatorio sino que ni siquiera se invocaron específicamente las causas de fuerza mayor -que parecen esgrimirse en la expresión de agravios referidas a “condiciones meteorológicas extremas”-, para justificar la falta que implica la duración del corte del servicio (más de nueve veces del máximo tolerado) lo que configura a todas luces una irregular prestación del servicio a su cargo.-

De la compulsa del informe técnico producido por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad anejado a fs. 358/359 surge que existe una relación causal entre el hecho demostrado y los daños producidos sobre las bombas sumergibles y la computadora MAC y que la reglamentación para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles respecto a los motores monofásicos y/o trifásicos, prevé elementos de seguridad para protección por bajas de tensión y por faltas de fase, no así para sobretensiones y el hecho de que a fs. 368 la demandada manifieste expresamente que acepta dicho informe, vacía de contenido lo introducido en esta instancia en cuanto a la imposibilidad de impugnación y la consecuente vulneración del debido derecho de defensa en juicio.

Ante la existencia de un corte de semejante magnitud, es la obligada a la provisión del servicio quien tiene la carga de aportar los elementos de convicción para justificar la irregularidad en el cumplimiento de su obligación. Dicha orfandad probatoria sumada a la actitud adoptada por la demandada en el trámite administrativo -que contradice lo manifestado en las presentes- me conduce a proponer la confirmación de la sentencia de grado en cuanto a la imputación de responsabilidad, deviniendo abstracta la cuestión introducida en torno a la valoración realizada en el pronunciamiento atacado en cuanto a la alta o baja complejidad técnica de la solución del problema.

VI. Sentado lo anterior corresponde el análisis de los agravios vertidos por la demandada con relación a los montos otorgados en la sentencia de grado.La a quo otorga la suma de $ 23.000.- en concepto de daños materiales consignando que son “a valores actuales”. Dicha circunstancia presenta dos inconvenientes, uno es la dificultad de actualizar el monto que la demandada abonó, no es coherente estimar el daño material a valores actuales y simultáneamente descontar el valor histórico de las sumas abonadas por la demandada. Por otro, la demandada tiene derecho a conocer cuál es el criterio de actualización, cuando los valores difieren de la documentación aportada -léase facturas, presupuestos, etc.- y se otorga en la sentencia una suma superior, debe determinarse cuál es el criterio utilizado para justificar la “actualización” en cuestión. Ello no sólo responde a la obligación de los jueces de justificar las decisiones, sino además, y no menos importante, a la posibilidad de la imputación de los pagos parciales, pues los intereses sólo persiguen el obvio fin de resarcir el retardo en abonar la indemnización originada en el daño producido.

Si se diera valor a que se encuentran comprendidos los intereses en el monto global de la indemnización fijada al momento del fallo impugnado, se impediría a la damnificada conocer, siquiera aproximadamente, qué corresponde a capital y qué a intereses, y, por otro lado, operaría una capitalización de intereses vedada por los claros términos del art. 623 del Código Civil, que -para autorizar aquélla- obliga, entre otros requisitos, a practicar liquidación, inexistente en el caso.Ello podría exponer a la actora a futuras impugnaciones de su contraparte, que no tiene por qué soportar, y que se originarían, no en su proceder, sino en la atípica modalidad de la sentencia de condena (Fallos 318:1959).

De la compulsa de la demanda surge que la actora pretende en concepto de daños materiales la suma de $ 5.095.- por la pérdida del acuario, $ 7.000.- por la reposición de la computadora, y la suma de $ 700.- en concepto de “gastos extras ocasionales de la vida cotidiana” lo que totaliza la de $ 13.795.- Retomando lo señalado con relación a la teoría de los actos propios, la accionante reclama en la demanda el valor de la computadora argumentando que no pudo ser reparada, pero a fs. 349/350 obra el reclamo por daños presentado ante el ENRE del que surge que en oportunidad del reclamo administrativo pretendía el el costo de la reparación de la computadora y la reposición de las bombas del acuario cuya suma total ascendía a la de $ 1.921,12.-, circunstancia que se corrobora con el informe de fs. 353 del que surge que la computadora fue reparada y que “el equipo funciona con normalidad”. Por lo tanto no puede pretender que se le reconozca el valor de reposición del equipo en las presentes sin violentar el principio de la buena fe antes señalado.

En consecuencia, considero que corresponde modificar la sentencia de grado haciendo lugar a lo pretendido por la accionante en concepto de daño material hasta alcanzar la suma de $ 6.095.- que resulta de descontar la suma abonada por la demandada de $1.921,12.- a la suma de los conceptos pretendidos por la accionante $1.921,12.- por la reparación de la computadora y reposición de las bombas, la suma de $5.095.- por la reposición del acuario y la de $1.000.- otorgada por la pérdida de los comestibles que requerían refrigeración.

Por último la demandada estima excesiva la suma otorgada en concepto de daño moral.Como se ha establecido reiteradamente, en materia contractual el daño moral no se configura por cualquier molestia que resulte del incumplimiento ni debe confundirse con las inquietudes propias del mundo de los negocios o las que normalmente resultan de los pleitos; para que ello ocurra es menester que se haya turbado seriamente la moral, el honor, la libertad o los afectos del acreedor, o que tal incumplimiento le haya producido una lesión en sus sentimientos a causa del sufrimiento o dolor que se le ha producido y para que sea indemnizable, es menester que sea una consecuencia inmediata y necesaria del incumplimiento del contrato.

No encontrándose controvertido el corte de suministro de energía eléctrica y la incidencia que tiene dicho recurso sobre la cotidianeidad del funcionamiento de un hogar, paréceme claro que tiene la aptitud como para provocar en la víctima una verdadera mortificación del ánimo o pérdida de su tranquilidad resultando suficiente para tener por acreditado el daño, más aún si se tiene en consideración que el corte provocó la pérdida de USO OFICIALPoder Judicial de la Nación las mascotas del accionante como se pone de relieve en la sentencia. Teniendo en cuenta las circunstancias del caso, aludiendo a las zozobras y molestias espirituales que le causara la sucesión de reclamos y trámites a los que se vio obligado para conseguir el reconocimiento de sus derechos, así como los padecimientos presumibles debido a la incidencia de la prestación indebida del servicio en su vida, estimo adecuada la cantidad en la que lo justipreciara la Jueza de primera instancia, en ejercicio de la facultad conferida por el art. 165, in fine , del Código Procesal.

VII. Los réditos, expresamente reclamados, se liquidan, para cada rubro, desde la fecha del corte del suministro -27/11/2008- (CN Civ. y Com Fed., en pleno, Barrera, Sergio Javier c/ Edesur S.A.s/Daños y Perjuicios del 8/6/2005). A partir de esa fecha y hasta el momento del efectivo pago del monto total de la condena, los intereses deben liquidarse de acuerdo a la tasa activa que aplica el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento a treinta días.

VIII. Por los fundamentos expuestos voto por la modificación de la sentencia de grado reduciendo lo estimado en concepto de daño material a la suma de $ 6.095.-, determinando el 27 de noviembre de 2008 como la fecha desde la que debe efectuarse el cálculo y la tasa de interés aplicable y confirmándola en todo lo demás que fuera materia de agravios, imponiendo las costas de esta instancia en el orden causado por no haber mediado contradictorio (art. 68 del C.P.C.C.N.).

La doctora María Susana Najurieta adhiere al voto que antecede.

En mérito de lo deliberado, y de las conclusiones del Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: modificar la sentencia apelada con el alcance que surge del considerando VIII.

De conformidad con lo dispuesto por el art. 279 del Código de rito, déjanse sin efecto los honorarios regulados a fs. 407 vta./408 y difiérase el tratamiento de los mismos para el momento en que se practique la liquidación definitiva.

El Dr. Francisco de las Carreras no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N).

Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.-

Ricardo Víctor Guarinoni.

María Susana Najurieta.

 

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