Reforma judicial: se rechaza in límine la medida cautelar que procura la suspensión del llamado a elecciones para el nuevo Consejo de la Magistratura

Derecho (2)Partes: Colegio de Abogados Dolores c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad

Tribunal: Juzgado Federal de Dolores

Sala/Juzgado: 1

Fecha: 3-jun-2013

Cita: MJ-JU-M-79178-AR | MJJ79178 | MJJ79178

Reforma judicial: se rechaza in límine la medida cautelar que procura la suspensión del llamado a elecciones para representantes del estamento de abogados en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias previstas para el próximo 11 de agosto.

Sumario:

1.-Corresponde rechazar in límine la medida cautelar que procura la suspensión del llamado a elecciones para representantes del estamento de abogados en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias previstas para el 11 de agosto de 2013, y por ende la constitución del nuevo Consejo de la Magistratura, pues el modo en que se formuló el planteo contraviene los principios de buena fe, probidad y lealtad procesal que deben regir la actividad profesional.

2.-Constituye un ejercicio abusivo del derecho el actuar de distintas organizaciones, asociaciones y colegios de abogados que desarrollaron una estrategia común, diseminando planteos de inconstitucionalidad en distintos juzgados del país, buscando que al menos un juez con competencia federal dicte una medida cautelar o una sentencia definitiva que suspenda los próximos comicios, pues en el caso de prosperar, no sólo suspendería el derecho del ciudadano de ejercer en los próximos comicios la posibilidad de expresar y elegir a los abogados que integrarán el Consejo de la Magistratura, sino que además ello se habría logrado de manera irregular, con una acción emparentada con el forum shopping , con la posibilidad cierta de que se dicten sobre un mismo asunto decenas de pronunciamientos contradictorios, poniendo en riesgo el funcionamiento de uno de los poderes del Estado e incluso la legitimidad de sus propias decisiones.

3.-El corporativismo o la representación estamental, ya sea de abogados o jueces nucleados en asociaciones, colegios u ONG no puede impedir ver que las características de la función pública que habrán de desarrollar los representantes del órgano político que tiene la función de seleccionar y remover a los jueces fueron dispuestas por y para el pueblo; por lo que no es posible sostener que la legitimidad para elegir a los representantes del Consejo de la Magistratura deriva de un lugar distinto de este -vgr. un grupo corporativo-, dado que ello contraría nuestra forma de gobierno y de los principios que explícitamente señalan los arts. 1 y 37 de la CN., que hacen a las bases de nuestro sistema democrático de gobierno basado en los principios de representatividad y voluntad popular.

4.-Si los magistrados deben ser especialmente cuidadosos al interpretar el alcance de aquellas normas que, como la presente, se refieren a su propio interés, más cuidadosos aún deben ser si la pretensión que se explicita en la demanda es la de cercenar a la ciudadanía el derecho reconocido en la ley de elegir a sus representantes jueces y abogados que habrán de integrar el Consejo de la Magistratura; ello, pues la ampliación de los derechos y la limitación de los derechos del Pueblo, sobre la base de una interpretación judicial obtenida a partir de una catarata de amparos que de manera concertada se diseminaron a lo largo y ancho del país, constituye un acto de extrema gravedad institucional, máxime cuando todo funcionario público debe tener presente que el interés corporativo o estamental siempre debe ser subalterno del interés del Pueblo de la Nación Argentina.

5.-No existe razón valedera dentro del plexo constitucional para que no sea el pueblo argentino el que elija de manera directa a sus representantes abogados (jueces o académicos), y mucho menos una que permita sostener a través de una interpretación judicial, que nuestra Constitución establece prerrogativas a favor de un determinado grupo y en desmedro del pueblo.

Fallo:

N.R.: Se advierte que este fallo no se encuentra firme.

Dolores, 3 de junio de 2013

AUTOS Y VISTOS:

Para resolver en la presente causa nro. 12197 caratulada: «Colegio de Abogados Dolores c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad» del registro de la Secretaría Civil, Laboral y Contencioso Administrativo Federal, a cargo de la Dra. Analía Idabour, de este Juzgado Federal de Primera Instancia de la ciudad de Dolores, a mi cargo:

Y CONSIDERANDO:

I. Que el día viernes a las 13:20, el Colegio Público de Abogados de este Departamento Judicial, a través de su Presidente y de varios miembros del Consejo Directivo se presentaron ante este Juzgado Federal y en los términos del artículo 322 del C.P.C.C. Promovieron acción declarativa con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 2 , 4 , 18 y 30 de la ley 26.855, modificatoria de la ley 24.937, por cuanto la consideran contraria a las reglas establecidas en el artículo 114 de la Constitución Nacional.

Asimismo, reclamaron se decrete en forma urgente una medida cautelar que suspenda el llamado a elecciones para representantes del estamento de abogados en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias previstas para el próximo 11 de agosto, y por ende la constitución del nuevo Consejo de la Magistratura.- Finalmente, formularon otras pretensiones a las que calificaron de accesorias, interinas, pre-cautelares, coadyuvantes, etc.; que dado el modo en que se habrá de resolver la cuestión no merecen tratamiento.-

II.- La principal queja de los actores – Colegio Público de Abogados- es que, según sostienen, la ley 26.855 contrataría abiertamente las notas de «equilibrio» y «representación» previstas en el artículo 114 de la C.N.

Cuestionan puntualmente el hecho de que el Parlamento Nacional, a través del funcionamiento de sus dos Cámaras, dictó una ley que determina que la elección de los abogados consejerosse realice mediante una elección popular.

Sostiene que ello destruye la «representatividad estamental», dado que ya no podrán elegir «a sus representantes» de «su propio estamento».- Consideran que con ello se viola la noción de equilibrio, al suprimirse el contrapeso de los estamentos no políticos cuyos representantes ahora deben participar en elecciones generales donde serán elegidos por el Pueblo por medio del sufragio universal. Concluyen que es evidente que «con la ley de Reforma ha quedado en pie un solo estamento. que es el que deriva su legitimidad de la ‘elección popular'». –

III. Que este accionar, que se presenta como un legítimo reclamo a los jueces de la Nación para que se pronuncien sobre la validez de una norma a la que consideran inconstitucional, a poco que se analiza el contexto en el que se formula, queda claro que al menos resulta contrario a los deberes de lealtad, probidad y buena fe que deben regir la actuación de todos los profesionales del derecho y de las asociaciones que nos nuclean (cfr. art. 34, inc/5° ap. IV del CPCC).-

Efectivamente, es de público y notorio conocimiento que distintas organizaciones, asociaciones, colegios, etc. desarrollaron una estrategia común para formular planteos de similares características en distintas jurisdicciones del país. Estos planteos de inconstitucionalidad fueron diseminados en los distintos juzgados, buscando que al menos un juez -ya ocurrió en dos casos- con competencia federal dicte una medida cautelar, o en el mejor de los casos una sentencia definitiva, que suspenda los próximos comicios.-

Este modo de actuar, enmascarado dentro del legítimo derecho de peticionar a las autoridades y el reconocido acceso a la justicia que resguarda nuestra Constitución Nacional y numerosos tratados de derechos humanos (por ej., arts.8 y 25 de la C.A.D.H.), constituye un ejercicio abusivo de ese derecho que, en el caso de prosperar, no sólo suspendería el derecho del ciudadano de ejercer en los próximos comicios la posibilidad de expresar y elegir a los abogados que integrarán el Consejo de la Magistratura -que es la finalidad buscada en la demanda-; sino que además ello sé habrá logrado de manera irregular, con una acción emparentada con el forum shopping, con la posibilidad cierta de que se dicten sobre un mismo asunto decenas de pronunciamientos contradictorios, poniendo en riesgo el normal funcionamiento de uno de los poderes del Estado e incluso la legitimidad propia de sus decisiones.- El alegado interés corporativo o estamental al que se refiere la presentación en estudio no autoriza a los accionantes a formular acciones como la que aquí se describen emparentadas con el forum shopping, y tal vez aún más graves; orientadas en definitiva a que algún Juez suspenda las elecciones, pues de este modo se deslegitima el accionar del Estado y dejas propias acciones que se formulan.

Tal como lo dispone el art 34 inc. 5° ap. IV del C.P.C.C.N.es deber de los jueces «prevenir y sancionar todo acto contrario al deber de lealtad, probidad y buena fe»; y son muchas las normas que nos imponen la obligación de preservar las instituciones de la República, las que se plasman desde el propio Preámbulo de la Constitución Nacional, que impone la obligación de «afianzar la justicia»; de modo tal que no corresponde dar trámite en esta sede a la presente acción declarativa ni hacer lugar a las medidas cautelares, precautelares, coadyuvantes y similares que se reclaman en el escrito inicial toda vez que, como vengo señalando, estamos en presencia de una acción irregular emparentada con el forum shopping.

Recordemos que el forum shopping, consiste en un procedimiento desleal mediante el que se obtiene la intervención de un magistrado que habrá de hacer lugar a las pretensiones; y que es tan ilícita la conducta de quien busca de este modo irregular la intervención de aquel magistrado, como la de aquel magistrado que sabiendo que está frente a una maniobra como la descripta se presta a resolver la cuestión.- IV. Cabe agregar, que el corporativismo o la representación estamental -como se lo denomina en la demanda- ya sea de abogados o jueces nucleados en asociaciones, colegios, ONG’s, etc., no puede impedirnos ver que las características de la función pública que habrán de desarrollar los representantes del órgano político que tiene la función de seleccionar y remover a los jueces fueron dispuestas por y para el Pueblo; por lo que no es posible sostener que la legitimidad para elegir a los representantes del Consejo de la Magistratura deriva de un lugar distinto de este -vgr.un grupo corporativo- dado que ello contraría nuestra forma de gobierno y de los principios que explícitamente señalan los artículos 1 y 37 de la Constitución Nacional que hacen a las bases de nuestro sistema democrático de gobierno basado en los principios de representatividad y voluntad popular.- Por otro lado, entiendo que los magistrados debemos ser especialmente cuidadosos al interpretar el alcance de aquellas normas que, como la presente, se refieren a nuestro propio interés; más cuidadosos aún debemos ser si la pretensión que se explícita en la demanda es la de cercenar a la ciudadanía el derecho reconocido en la ley de elegir a sus representantes jueces y abogados que habrán de integrar el Consejo de la Magistratura’. Es que la ampliación de nuestros derechos, y la limitación de los derechos del Pueblo, sobre la base de una interpretación judicial obtenida a partir de una catarata de amparos que de manera concertada se diseminaron a lo largo y ancho]del país, constituye un acto de extrema gravedad institucional, máxime cuando todo funcionario público debe tener presente que el interés corporativo o estamental siempre debe ser subalterno del interés del Pueblo de la Nación Argentina.

No me cabe dudas que el modo de elegir a los jueces debe provenir de una discusión racional, alcanzada en los ámbitos de mayor representación democrática del país y que los jueces y abogados no podemos colocar por encima de los intereses del Pueblo nuestros reclamos corporativos y mucho menos presentar una lluvia de amparos y medidas cautelares para lograr que algún juez de cualquier lugar del país dicte un pronunciamiento suspendiendo las elecciones y cercenando en definitiva los derechos del Pueblo. El precedente sería nefasto y de una gravedad institucional inusitada porque se institucionalizaría un proceder contrario a los más elementales principios que hacen a nuestro sistema representativo y democrático de gobierno.

V.Emparentado con la necesidad de los jueces de ser cautelosos a la hora de analizar planteos que de algún modo pretenden limitar la posibilidaddel Pueblo de elegir a sus representantes, debe tenerse presente lo que Carlos Niño ha definido como anomia institucional y por qué no, también la historia institucional de nuestro Poder Judicial.

El prestigioso jurista da cuenta en su libro «Juicio al mal absoluto» que todos reconocemos la necesidad de obedecer las leyes, y ^en especial de respetar los valores que ellas protegen, pero no siempre se ha concebido esa obligación por encima del propio auto-interés. En este sentido, la historia de la humanidad y nuestro propia historia institucional han demostrado que mientras mayor es el poder que se ejerce, mayor es el sentimiento de que no es posible estar sujeto a una norma. El modo en que se ha comportado nuestro Poder judicial frente a los golpes de estado, desplazando el ejercicio de la voluntad popular por interpretaciones judiciales es una clara demostración de ello y nos impone ser extremadamente cautelosos al momento de analizar acciones orientadas en definitiva a impedir que el Pueblo pueda elegir a sus representantes.- Aunque parezca una contradicción, , corresponde recordar que fueron «los juristas» -abogados, jueces y académicos-, los que a lo largo de la historia legalizaron y justificaron los quebrantos al orden constitucional y con eso la posibilidad de la ciudadanía de ejercer su soberanía, ya sea impidiendo la realización de elecciones populares, legitimando los golpes de Estado o autorizando que sean otros distintos a los representantes del pueblo los legitimados a dictar las leyes.

Los ejemplos que se pueden mencionar son de los más diversos y variados.Entre los más elocuentes, se encuentra el accionar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación luego del golpe de estado del 6 de septiembre de 1930.

En esa oportunidad, mediante una Acordada, se convalidó lo actuado por los golpistas y a partir de allí, se generó lo que hoy conocemos como «la doctrina de la revolución triunfante». Asimismo, en 1947 -otra vez la Corte Suprema- señaló que los decretos dictados por los golpistas eran .válidos incluso después de finalizado el gobierno de facto. De este modo, se fue ampliando la denominada «doctrina de las leyes de facto», otorgándole cada vez mayores poderes legislativos a los gobiernos de facto, hasta reconocerles incluso el de modificar y suspender la Constitución Nacional en 1976 o dejar sin efecto la reforma constitucional del año 1949.- Si bien la acordada del año ’30. y el resto de los sucesos citados constituyen los más claros, y grotescos ejemplos de anomia institucional de nuestra historia judicial, la actividad jurisdiccional contraria a los valores más elementales de la Constitución y la leyes no se ha limitado sólo a ellas, ni a los gobiernos de facto; también en. democracia hemos visto como el Poder Judicial ha claudicado en sus funciones, por lo que corresponde insistir en la prudencia que debemos tener los magistrados al analizar estos pedidos mediante los que se pretende suspender parcialmente un proceso eleccionario y en definitiva se reclama que sean otros, distintos del Pueblo, -los abogados y los jueces- los que tengan la prerrogativa (no de formar parte), sino de elegir a los representantes del Consejo que habrán de conformar uno de los más importantes órganos de gobierno. –

VI.Ya ingresando en los requisitos que debe contener una medida cautelar como la propuesta, resulta claro que para analizar la verosimilitud del derecho, debo tener en cuenta el modo en que se ha formulado la demanda, y en este punto no puedo soslayar las consideraciones vertidas previamente vinculadas a la modalidad desarrollada para obtener un pronunciamiento favorable, aunque más no sea de un (1) juez del país y la obligación de los jueces de prevenir y sancionar todo, acto contrario a los deberes de lealtad, probidad y buena fe.-

En este contexto, debo señalar previamente que la declaración de inconstitucionalidad de una norma implica un acto de suma gravedad k institucional, y que ello debe ser considerado como la «ultima ratio» del orden jurídico. Esa declaración debe reservarse para aquellos casos en que la repugnancia de la norma con la Constitución sea manifiesta clara e indudable (cfr. fallos 316:2624, C.S.J.N., «Cocchia, Jorge c/ Nación Argentina», 26/12/1996; entre muchos otros).

Dicho esto, difícil es dictar una medida como la reclamada, si la principal queja de los accionantes es que una ley del Congreso Nacional dispone que los abogados que habrán de conformar el Consejo de la Magistratura se habrán de elegir mediante una «elección popular». Es que más allá de las interpretaciones que pueden propiciar los accionantes que se presentan en defensa de un interés corporativo, el artículo 37 de la Constitución Nacional es claro cuando garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos «con arreglo al principio de soberanía popular» y está claro que mediante esta acción, por el contrario, lo que se pretende es limitar la posibilidad del Pueblo de elegir a sus representantes abogados y jueces que habrán de representarlos en el Consejo de la Magistratura.- No encuentro razón valedera dentro del plexo constitucional para que no sea el Pueblo Argentino el que elija de manera directa a sus representantes abogados (jueces o académicos), y mucho menos una que me permita sostener a través de una interpretación judicial, que nuestra Constitución establece prerrogativas a favor de un determinado grupo y en desmedro del Pueblo (arts. 1 , 16 , 37 de la C.N).

Recordemos, aunque huelga decirlo; que los representantes diputados, senadores y del PEN, al igual que los provenientes de otros estamentos, son también representantes de los abogados y de los jueces; nos representan no desde una faz corporativa sino en el rol más destacado que nos toca intervenir a nivel institucional: el de Ciudadanos. De modo tal que al igual que el resto de los argentinos, los jueces y abogados habremos de asistir a elegir a nuestros representantes (abogados, jueces y académicos) mediante el sufragio universal, igual, secreto y obligatorio.- Por otro lado, no creo que pueda existir una objeción constitucional seria para que los abogados, los jueces, los académicos, que por sus características técnicas resultan idóneos para cumplir la función de gobierno- que les asigna la Constitución, sean elegidos por el Soberano, es decir por el Pueblo, mediante elecciones nacionales, y de conformidad con el principio de soberanía popular y el sistema de representativo federal que consagran los citados artículos 1 y 37 de la C.N.- VI.En lo que hace al peligro en la demora, al igual que el resto de los planteos subsidiarios que rodean esta acción, está claro que deben ser analizados por un único juez,,en el caso, como se verá, la jueza nacional electoral con asiento en la Capital Federal; pero lo cierto es que alrededor de esta cuestión que debe ser analizada de manera previa a resolver la cuestión de fondo, ya se han empezado a dictar pronunciamientos contradictorios, lo que de algún modo ratifica la disparidad de criterios que hemos anunciado y el daño institucional que podría producirse de prosperar esta .maniobra mediante la cual se han diseminado acciones de amparo y medidas cautelares por todo el país.-

Así por ejemplo, la Dra. María R. Servini de Cubría, ante una presentación similar que le efectuó el presidente del CPACF, Dr. Jorge Rizzo, sostuvo que «dada la naturaleza de la acción no corresponde por el momento expedirse con respecto a la medida cautelar»; en cambio el Juez Alfredo López de Mar del Plata, inaudita parte, hizo lugar a la medida cautelar y decretó la suspensión de la constitución del nuevo ‘Consejo de la Magistratura como así también el llamado a elecciones primarias, abiertas, simultaneas y obligatorias previstas para el 11 de agosto próximo. Similar criterio adoptó el Juez de San Nicolás Martín Alberto Martínez, ante un pedido del presidente de la FACA.- Por mi parte, y aún cuando lo más preocupante es el modo particular y concertado que han utilizado los accionantes emparentado con el fomm shopping entiendo que ni siquiera se dan los presupuestos mínimos para hacer lugar a una cautelar como la solicitada sin perjudicar con ello los intereses generales de la ciudadanía que tienen derecho, ahora por ley, a elegir el próximo 11 de agosto a sus representantes abogados y jueces que habrán de formar parte del Consejo de la Magistratura de la Nación.- Asimismo, diferentes criterios se han adoptado en cuanto a la intervención que le corresponde al Sr.Agente Fiscal. Así por ejemplo, la Jueza Servini de Cubria sostuvo que en el caso era posible prescindir de la opinión del Ministerio Público -el Dr. Di Lelo se excusó de intervenir por pertenecer a la Asociación de Magistrados y haber formado parte de sus cuadros directivos-; por su parte, el Juez López descalificó el dictamen de incompetencia formulado por el Sr. Fiscal sobre la base de que la existencia de otras acciones análogas no constituían un óbice para que se expidiera en torno a la acción -similar a la presente- que allí le presentó el Colegio de Abogados de Mar del ‘Plata, puesto que se trataba de un accionante distinto a los que habían formulado presentaciones en otras jurisdicciones (vgr. Colegio de Abogados de la Capital Federal, la FACA o, como en este caso, el Colegio de Abogados de Dolores, etc.).- Por mi parte, sostengo que no podemos poner en riesgo la autoridad del propio Poder Judicial,- dictando cada uno de los jueces distintas resoluciones de manera contradictoria en base a presentaciones que, en definitiva, fueron formuladas a raíz de una maniobra concertada que pretende de manera irregular que al menos un Juez dicte un fallo que impida la realización de las elecciones y la conformación de un órgano de gobierno constitucional.

Esto constituye una maniobra ilegítima; que las partes no deberían haber propuesto de ese modo, pero que fundamentalmente los jueces no podemos tolerar so riesgo de transformamos en participes de esa maniobra que desde el punto de vista formal puede aparentar licitud, pero que en lo sustancial es contraria a los más elementales mandatos de nuestra Constitución Nacional, como aquel que nos impone «afianzar la justicia».

En este sentido, reitero lo que he dichos más arriba en cuanto a que es tan ilícita la búsqueda irregular de un juez para que resuelva a favor de nuestras pretensiones, como la de aquel juez que acepta esa maniobra irregular para intervenir en el caso.

VII.En lo que hace a la intervención del Ministerio Público, entiendo que en el caso resulta obligatoria, dado el carácter que le asigna la Constitución Nacional de custodio de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad (cfr. art. 120 de la C.N. y art. 1° de la ley 24.946), porque como se ha dicho a lo largo de esta resolución, de hacerse lugar a esta acción el principal perjudicado sería la sociedad que se vería privada de poder elegir a sus representantes.

De todos modos, creo que la intervención que corresponde, no es la de este Juez Federal y/o la del Fiscal de esta jurisdicción, sino que en todo caso deb erán ser aquellos que resulten competentes para intervenir en esta acción y sus similares que se han diseminado de manera irregular por todo el país.

Asimismo, creo que una intervención oportuna de las más altas esferas del Ministerio Publico, le evitaría a ese organismo, dada la acción concertada que se ha desarrollado para diseminar estas presentaciones por todo el país, evitar sufrir dentro de ese organismo autónomo el mismo daño que se le está generando al Poder Judicial al que se lo somete de manera irregular a resolver distintas presentaciones con un mismo objeto, el de frenar las elecciones e impedir la conformación del nuevo Consejo de la Magistratura a través del voto del Pueblo.-

VIII. En sintonía con la necesaria intervención del Ministerio Público Fiscal, en su rol de custodio de los intereses generales de la sociedad y la necesidad de que sea un único magistrado el que intervenga en esta acciones similares que se han diseminado por todos los juzgados federales del país, cabe señalar también que la acción declarativa de inconstitucionalidad prevista en el art. 322 del C.P.C.C.N. -aún cuando en algunos casos se le ha asignado efectos erga omnes (cfr.Caso «Halabi» )-, por regla, al igual que el resto de los procesos, sólo debería producir efectos entre las partes; es decir, beneficiar o perjudicar a quienes intervienen en la relación jurídica.

De modo tal que, si lo que se pretende es asignarle un carácter general a la decisión que aquí se solicita, debe en primer lugar, dársele

intervención al Ministerio Público, pero sobre tooas1 las cosas, evitar esta suerte de fontm shopping que trae consigo aparejado un sinnúmero de decisiones contradictorias que en este contexto, difícilmente puedan considerarse legítimas, puesto que el accionar desplegado por los accionantes -por el que se intenta impedir que la ciudadanía elija a sus representantes que habrán de integrar el Consejo de la Magistratura-, es contrario a los más elementales principios que deben regir el accionar de todos los profesionales que nos encontramos vinculados al Derecho.- IX. Aunque resulte evidente a esta altura, debo aclarar que no se está cuestionando la facultad de los jueces de controlar la constitucionalidad de las leyes, ni la de los abogados de reclamarla -lo que hubiera sido correcto realizar con mayor intensidad en muchas otras oportunidades a lo largo de nuestra historia reciente, en especial en relación a aquellas leyes que consagraban la impunidad de los criminales de estado-; lo que digo es que esta discusión, en todo caso, debe ser realizada en forma racional y sin atajos de naturaleza procesal reñidos con la ética profesional y con los principios ¡de lealtad, probidad y buena fe que deben regir nuestra actuación.- Por eso, y aún cuando como magistrado y ciudadano tengo en claro cuál es mi posición en torno a las leyes cuya constitucionalidad se cuestiona, no habré de resolver el fondo de la cuestión para no entrar ni formar parte de este procedimiento irregular emparentado al forum shopping que daña las instituciones de la República, que constituye un ejercicio abusivo del derecho (art. 1071, segundo párrafo del Cód.Civ.) y pone en riesgo el propio sistema de control de constitucionalidad de carácter difuso que se pretende utilizar para cuestionar la ley de reforma del Consejo de la Magistratura.

Me apresuro a resolver esta cuestión para que sea, en primer término, la Jueza Nacional Electoral con competencia específica en la materia la que resuelva la cuestión propuesta en esta acción y en el resto de los planteos que se han formulado, de modo tal que no se genere el daño institucional al que se ha hecho referencia in extenso a lo largo de esta declaración.- Es que aquellos que se han prestado a este juego dictando inaudita parte medidas cautelares, y cercenando la posibilidad del Pueblo de elegir a sus representantes, le han hecho a un daño a la Justicia y a nuestras instituciones y han generado un precedente que debería rápidamente ser desautorizado.- Por todo lo expuesto, es que habré de rechazar in límine las medidas cautelares peticionadas y de manera inmediata, habré de declinar la competencia de este Juzgado Federal de Dolores para intervenir en ks presentes actuaciones en favor de la Sra.Jueza Nacional Electoral con asiento en la Capital Federal, con competencia en la materia y quien aparece en mejores condiciones para resolver los planteos que de manera similar se han presentado en diversos lugares del país.

Ello por cuanto, en primer lugar se trata de la magistrada con competencia electoral nacional; al mismo tiempo, es quien debe organizar el calendario electoral, inscribir candidatos, recibir las impugnaciones y resolver los planteos que puedan suscitarse en tomo al proceso eleccionario; por otra parte, se encuentra tramitando en el Juzgado a su cargo con anterioridad al menos cinco expedientes similares al presente que se hallan en un estado procesal más avanzado.

Razones que hacen a una mejor y más adecuada y pronta administración de justicia fundamentan esa solución pero fundamentalmente, porque el modo en que se articularon estas presentaciones constituye un hecho de gravedad institucional de la que los magistrados sorteados no podemos ser cómplices -el que en definitiva constituye una excursión de pesca judicial en busca de algún magistrado proclive aceptar esta irregular pretensión emparentada con forum shopping- contraría los mandatos de lealtad, probidad y buena fe, que de prosperar habrán dañado gravemente la autoridad y el funcionamiento de uno de los poderes del estado y consolidado un precedente funesto para la ya dañada historia de nuestro Poder Judicial. Por todo ello, es que; RESUELVO:

I. RECHAZAR IN LIMINE la medida cautelar solicitada, dejando constancia que el modo en que se formuló el planteo contraviene los principios de buena fe, probidad y lealtad procesal que deben regir la actividad profesional, con costas (arts. 34 inc. 5°, ap. IV y 68 del CP.CCN.).-

II.- DECLINAR LA COMPETENCIA de este Juzgado Federal de Dolores para seguir interviniendo en estas actuaciones y en consecuencia remitir las mismas, de manera urgente, a la Sra. Jueza Nacional Electoral con asiento en la Capital Federal (arts. 4 sgtes. y cctes. delC.P.C.C.N.).-

III. Remitir copias de la presente al Consejo de la Magistratura de la Nación, a los efectos que correspondan.

IV. Poner en conocimiento a la Sra. Procuradora General de la Nación, para que como representante máxima del Ministerio Público Fiscal, si lo considera procedente, arbitre los medios necesarios para que estas acciones concertadas no generen el daño institucional descripto en los considerandos de la presente.

V. Notifíquese con habilitación de días y horas inhábiles a la parte actora -Colegio Público de Abogados de Dolores-, a la demandada -Poder Ejecutivo Nacional- y al representarle del Ministerio Público Nacional. – Alejo Ramos Padilla Juez

En del mismo notifique al Sr. Agente Fiscal y firmó. Doy Fe.-

En 03/06 del mismo se libró cédula. CONSTE

EDUARDO ARRECHEA

Prosecretario Jefe

En 03/06 del mismo se libraron oficios. CONSTE.-

EDUARDO ARRECHEA

Prosecretario Jefe

En del mismo se remitió. CONSTE.-

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