El establecimiento educativo responde frente a la caída de un alumno en sus escaleras, siendo irrelevante la diligencia de la autoridad

shutterstock_112054430Partes: G. C. R. F. por su hijo menor c/ Dirección General de Escuelas s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de Mendoza

Sala/Juzgado: Cuarta

Fecha: 24-abr-2013

Cita: MJ-JU-M-78460-AR | MJJ78460 | MJJ78460

En virtud del incumplimiento del deber de seguridad, el establecimiento educativo demandado debe responder frente a la caída sufrida por un alumno en sus escaleras, resultando irrelevante el hecho de que la autoridad educativa haya actuado con la mayor de la diligencias, atento la responsabilidad objetiva que rige estos supuestos.

Sumario:

1.-Cabe confirmar la sentencia en cuanto atribuyó responsabilidad al establecimiento educativo por las lesiones sufridas por un alumno al caer por las escaleras, pues el factor de atribución es objetivo, siendo que la ley crea un supuesto específico de responsabilidad fundado en el riesgo de la empresa y en el incumplimiento del deber de seguridad.

2.-Aunque por vía de hipótesis se admita que hubiera existido culpa de la víctima, en modo alguno puede ser considerada como una eximente de responsabilidad ya que, precisamente, la intención del legislador fue su exclusión, otorgándole a los menores una tutela especial dada la falta de madurez de sus conductas.

3.-Aunque se admita la culpa de la víctima como eximente, ésta no libera si el menor no ha alcanzado los diez años, y en el caso de los mayores de esa edad sólo libera si la culpa tiene el carácter de imprevisible e inevitable, lo que tampoco ocurre en el caso concreto, pues los accidentes en las escaleras son hechos casi comunes en todos los establecimientos escolares, en virtud de lo cual corresponde atribuir responsabilidad al establecimiento educativo demandado.

Fallo:

En la ciudad de Mendoza, a los veinticuatro días del mes de abril del año dos mil trece, siendo las doce horas, reunidos en la Sala de Acuerdos de esta Excma. Cuarta Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributario, los señores Jueces titulares, trajeron a deliberación para resolver en definitiva estos autos Nº 115.103/33.966, caratulados “G. C., R. F. por su hija menor c/Dirección General de Escuelas p/D. y P.”, originarios del Cuarto Juzgado Civil, Comercial y Minas, venidos a este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 268 por la demandada en contra de la resolución de fs. 260/262.

Practicado a fs. 310 el sorteo establecido por el Art. 140 del Código Procesal Civil, se determinó el siguiente orden de votación: Dres. Sar Sar, Leiva y Abalos.

De conformidad con lo dispuesto por el Art. 160 de la Constitución de la Provincia de Mendoza, se plantean las siguientes cuestiones a resolver:

Primera cuestión:

¿Debe modificarse la sentencia en recurso?

Segunda cuestión:

¿Costas?

Sobre la primera cuestión propuesta la Sra. Juez de Cámara, Dra. Mirta Sar Sar, dijo:

I. Llega en apelación la sentencia que glosa a fs 260/262, por la cual el señor Juez “a quo” hizo lugar a la acción entablada, con costas.

A fs. 286 la demandada funda el recurso de apelación y solicita la revocatoria del fallo que impugna, en el sentido que se rechace la demanda.

A fs. 295 la parte actora contesta el traslado de los agravios y solicita el rechazo de la queja, quedando la causa a fs. 309 con autos para sentencia.

II. PLATAFORMA FACTICA.

1.- A fs. 16/19 comparece la Sra. R. F. G. C. por su hijo, por entonces menor de edad, J. V.G., e interpone demanda contra la Dirección General de Escuelas, por la suma de $45.500, o lo que en más o en menos resulte de la prueba a rendirse, con más intereses y costas.

Funda la pretensión en los daños y perjuicios derivados de un accidente sufrido el día 15 de noviembre de 2005, a las 9:30 hs., en la Escuela n° 1-622 Padre Pedro Arce, donde cursaba como alumno del 9° grado, tras caer de unas escaleras al apoyar su pie en un escalón aparentemente roto.

Funda en derecho y ofrece pruebas.

2.- A fs. 30/36 contesta demanda la Dirección General de Escuelas, reconociendo el accidente sufrido por el actor, en la fecha y lugar, pero atribuyendo al menor el factor o la causa del mismo, por su propia conducta, solicitando la no aplicación del Art. 1.117 del Código Civil. Subsidiariamente rechaza los montos reclamados por plus petitio.

Funda en derecho y ofrece pruebas.

3.- A fs. 40/43 Fiscalía de Estado asume la defensa y contesta, negando los hechos de la demanda, adhiriendo a lo expresado por la demandada directa, y destacando el actuar diligente de la accionada luego del accidente.

Impugna la indemnización reclamada en cuanto el porcentaje de incapacidad y los montos, ponderando en forma subsidiaria el daño moral en $4.000.

4.- A fs. 48 se abre la causa a prueba. Admitida y sustanciada la prueba ofrecida, a fs. 260/262 se dicta sentencia.

III. LA SENTENCIA RECURRIDA.

El Sr. Juez “a quo” señala que no existe controversia respecto de que Jonathan Vladimir G., el día 15 de noviembre de 2005, siendo a las 9:30 hs.aproximadamente, sufrió una caída mientras descendía por las escaleras pertenecientes a la Escuela N° 1-622 Padre Pedro Arce, donde cursaba el 9° año.

Señala, que el menor cursaba en la planta alta de establecimiento y concurrió a la Dirección para munirse de colores.

Alude a la prueba rendida en la causa, y concluye que el caso debe encuadrarse en lo dispuesto por el Art. 1117 del C. Civil que prevé la responsabilidad objetiva del establecimiento educativo, salvo cuando se probare el caso fortuito, lo que no ha quedado acreditado en la causa.

Analiza los rubros reclamados y tiene por probado que el actor sufrió una fractura bimaleolar de tobillo izquierdo, quedando una moderada limitación funcional de la articulación del mismo, por lo que concede la suma de $15.000 por la lesión padecida y la incapacidad resultante.

Reconoce la suma de $500 en gastos extras que demandó el tratamiento y la suma de $7.000 en concepto de daño moral. Aplica costas.

IV. LA EXPRESION DE AGRAVIOS Y SU CONTESTACION.

A fs. 286 expresa agravios la Dirección General de Escuelas. Indica que el Juez “a quo” no valoró que el hijo de la actora resbaló por los escalones de la escuela, sin intervención de terceras personas y/o cosa riesgosa. Que estamos ante un supuesto del hecho de la propia víctima que encuadra en el concepto caso fortuito, liberador de responsabilidad.

En subsidio, peticiona la reducción del monto de condena en cuanto no puede inferirse inequívocamente que la incapacidad dada por el perito sea consecuencia exclusiva y excluyente del accidente. Por último, critica el monto otorgado en concepto de gastos de asistencia médica y pide su desestimación.

Al contestar los agravios, la actora insiste en la falta de prueba de la eximente por parte del establecimiento educativo. Destaca la importancia de las lesiones sufridas y el menoscabo a la integridad física, y considera acertada la suma otorgada en concepto de gastos extras, por lo que peticiona la confirmación del decisorio.

V.LA RESPONSABILIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.

A) Régimen del Código Civil. La Culpa Presumida.

La responsabilidad de los establecimientos educativos ha pasado por una serie de etapas que conviene analizar, a los fines de determinar el verdadero alcance y sentido que hoy le impone el Art. 1117 reformado por la ley 24.830 .

Vélez Sarsfield centró la responsabilidad en el Director del Establecimiento y en el maestro artesano y la fundó en dos presupuestos: la culpa in vigilando fundado y en una presunta delegación de la patria potestad de los padres en la figura del docente.

Esta culpa presumida tenía su razón de ser cuando la relación maestro alumno se desarrollaba en ámbitos pequeños, asimilándola de alguna manera a la relación paterno filial.

Sin embargo, al masificarse la enseñanza y al transformarse la actividad educativa en una actividad asimilable a la empresa, la culpa presumida comienza a ser objeto de serias críticas basadas fundamentalmente en la imposibilidad del director de elegir a sus docentes -sobre todo cuando se trata de establecimientos educativos estatales-, y en la dificultad de la determinación del legitimado pasivo.

La doctrina se hizo eco de esas críticas y del estado emocional de los docentes sosteniendo que “esa responsabilidad ha creado un estado de permanente angustia en quienes ocupan cargos directivos, que va en detrimento de todo el sistema educativo, pues el docente no puede dedicarse, con tranquilidad de espíritu a sus labores específicas (Confr. Mathov Enrique, Responsabilidad civil de los establecimientos educativos” La Ley 1996 A-1283).

B) La reforma del Art. 1117. La responsabilidad objetiva fundada en el riesgo creado y en la obligación de seguridad.

La ley 24.830 enrolándose en el pensamiento crítico expuesto precedentemente modificó sustancialmente el régimen de la culpa presumida en cuanto dispone pasando a una responsabilidad objetiva donde la única eximente la constituye el caso fortuito.

1) Establecimientos comprendidos: La norma no hace referencia a que tipo de establecimientos está referida, determinando solo aquellos que están excluidos; es decir, los establecimientos de nivel terciario o universitario.Sin embargo dentro de la línea general de “establecimientos educativos” a los que se alude la doctrina ha entendido comprendidos no solo los correspondientes a educación inicial, general, básica y polimodal según la ley 24.195, sino a todos aquellos supuestos en los que se imparta enseñanza a un menor a través de una organización empresarial que supone control de una autoridad (Confr. Kemelmajer de Carlucci, La Responsabilidad civil de los Establecimientos Educativos L.L. T. 1998 B Sec. Doctrina Pág. 1047).

2) Legitimado pasivo: Si bien la ley alude al propietario, debe entenderse por tal a aquel que emprende el servicio educativo, equiparándose en ese sentido a la enseñanza estatal y privada.

3) Factor de atribución: El factor de atribución es objetivo, y es que la ley crea un supuesto específico de responsabilidad fundado en el riesgo de la empresa y en el incumplimiento del deber de seguridad.

Al referirse al tema del riesgo empresario, la Dra. Kemelmajer señala que la ley impone a quien presta un servicio la obligación de prestarlo sin producir daños, y cita reiterada jurisprudencia de la Corte Federal referida a la responsabilidad del es-tado en el sentido de que “quien contrae la obligación de prestar un servicio lo debe realizar en condiciones adecuadas, para llenar el fin para el que ha sido establecido, siendo responsable de los perjuicios que cause su incumplimiento o su irregular eje-cución (Confr. Fallos 306, 307, 313 L.L. 1996-E, pag. 142).

En cuanto a la obligación tácita de seguridad, como bien señala ACIARRI, si bien la institución nació como un recurso técnico para plasmar un cambio de valora-ciones frente a circunstancias de hecho igualmente cambiantes y a un mundo con más riesgos, al que se le enfrentó un concepto de contrato con más contenido que el meramente aparente y literal.En ese contexto, se procuró ensanchar el ámbito del contenido contractual, para englobar una obligación tácitamente incluida dentro de su dominio, con notables ventajas y efectos prácticos para sus fines específicos. El desarrollo de este instrumento posibilitó a las víctimas, vinculadas a los dañadores mediante ciertas situaciones contractuales, prevalerse de las facilidades que propor-cionaban los remedios legales del campo negocial, más favorables a la víctima-acreedora, que su alternativa, la mera y clásica responsabilidad por hechos ilícitos, subjetiva y con carga de la prueba en contra del damnificado. Este recurso, en el plano contractua l, formó parte de una batería de elaboraciones que en la faz aquiliana se plasmó como el deber de indemnidad.

Llevada al ámbito de los establecimientos educativos, significa garantizar la indemnidad del menor en su integridad física y moral como un deber secundario que tienen los establecimientos, cuya obligación principal es la de impartir enseñanza. Estas obligaciones emergen tanto del contrato educativo en los casos de los establecimientos privados, como del deber del estado de impartir esta EGB.

4) Presupuestos específicos de la responsabilidad: El establecimiento educativo es garante de todo lo que le sucede el alumno, y de todo lo que hace el alumno, mientras está bajo la autoridad educativa, salvo la prueba del caso fortuito. Tanto el alumno dañador como el dañado deben ser menores de edad. En los demás supuestos de daños producidos con motivo de la actividad educativa cuando la víctima o el victimario no son alumnos menores caen dentro de la órbita de aplicación de la responsabilidad general (Arts. 1109 y 1111 CC). La ocurrencia del daño debe producirse durante una actividad realizada bajo control del establecimiento educativo, es decir que la norma marca un espacio y un tiempo de producción del hecho dañoso para que surja la responsabilidad, aunque respecto al tiempo el criterio es flexible por cuanto no se establecen horarios o límites temporales estrictos para liberar al titular del establecimiento (Confr.Trigo Represas – López Mesa, Tratado de la Responsabilidad Civil Tomo III La Ley pág. 271) Por último, en cuanto a la eximente de responsabilidad, la ley solo consagra al caso fortuito. En tal sentido la ley argentina se aparta del Código Español, fuente de nuestra norma, no admitiendo que el propietario se exonere probando su falta de culpa, atento el principio de responsabilidad objetiva instaurado, admitiendo solo el caso fortuito.

Frente a esta eximente tan limitada, la doctrina ha entendido que cuando el alumno es menor de edad, el hecho de la víctima no excusa, pues precisamente el control de la autoridad y el hecho del menor dañado, aparecen como elementos íntimamente ligados, no obstante ello se ha llegado a sostener que tal hecho es solo liberador si alcanza las características de un caso fortuito.

VI. ANALISIS DEL CASO TRAIDO A RESOLUCION.

Ha quedado probado con las constancias de la causa que J. V. G., el día 15 de noviembre de 2005, siendo a las 9:30 hs. aproximadamente, sufrió una caída mientras descendía por las escaleras pertenecientes a la Escuela N° 1-622 Padre Pedro Arce, donde cursaba el 9° año. Tampoco resulta discutido que el menor cursaba en la planta alta de establecimiento y concurrió a la Dirección.

En la causa, mientras la actora alude al estado de deterioro de la escalera, lo que se acredita con la testimonial de fs. 84, la demandada insiste en la culpa exclusiva de la víctima.

En primer lugar, el hecho de que la autoridad educativa haya actuado con la mayor de la diligencias, resulta irrelevante atento la responsabilidad objetiva consagrada en la norma y los considerandos expuestos precedentemente.

En cuanto a la presunta culpa de la víctima, aunque por vía de hipótesis se admita que hubiera existido, en modo alguno puede ser considerada como una eximente de responsabilidad ya que, precisamente, la intención del legislador fue su exclusión, otorgándole a los menores una tutela especial dada la falta de madurez de sus conductas.Pero, aunque se admita la culpa de la víctima como eximente, esta no libera si el menor no ha alcanzado los diez años, y en el caso de los mayores de esa edad solo libera si la culpa tiene el carácter de imprevisible e inevitable, lo que tampoco ocurre en el caso concreto, pues los accidentes en las escaleras son hechos casi comunes en todos los establecimientos escolares.

Los criterios expuestos precedentemente constituyen asimismo la doctrina de la Corte de la provincia conforme lo resuelto en los autos “Mattus Jorge Cesar y Ot. en representación de su hijo menor Cristian Guillermo en J: -Mattus c/Dirección General de Escuelas p/D. y P.- s/Casación”.

Por tanto, debe concluirse que la demandada D.G.E. debe responder por el daño sufrido por J. V. G. a los términos del Art. 1117 del C. Civil, debiendo confirmarse la sentencia de primera instancia en este aspecto.

VII. DAÑO RECLAMADOS.

En el moderno derecho de daños, la mirada se desplaza del agente hacia la víctima y el daño se constituye en el primer presupuesto de la obligación de indemnizar. En los términos de López Olaciregui al derecho le importa “el daño injustamente sufrido y no el injustamente causado”. Solo se resarce el daño injusto, en el sentido de que una valoración axiológica rechaza que tal daño sea soportado por la víctima sin compensación. Se protegen todos los intereses estimables positivamente así no sean legales, sino simples o de hecho, con tal que se los perciba como reales y se los valore como dignos.

Asimismo, existe un avance axiológico del derecho de daños, ya que de la concepción patrimonialista del daño que se apoyaba en una visión utilitaria del ser humano, mirándolo como ser productor de bienes y servicios, en la actualidad se tiene a privilegiar lo que la persona es, de tal manera que la reparación debe ser integral atendiendo a la dignidad y plenitud de la vida.No obstante, el alcance cada vez más amplio de la reparación, siguen siendo de aplicación los principios generales en materia probatoria, y es que el daño reclamado debe ser probado y esta es una carga que le corresponde a quien ejerce la pretensión.

La sentencia recurrida otorga una indemnización total de $ 22.500 en función de los siguientes ítems.

a) Incapacidad Sobreviniente.

De las constancias de la causa surge que el menor sufrió una lesión en tobillo izquierdo, siendo trasladado al Hospital Lagomaggiore, donde se lo intervino quirúrgicamente efectuándose la osteosíntesis con placas y tornillo y colocación de yeso. La pericia de fs. 167/168 da cuenta que el actor sufrió una fractura bimaleolar de tobillo izquierdo . Que la misma fue correctamente tratada, consiguiéndose la consolidación ,quedando una moderada limitación funcional de la articulación del tobillo, lo que determina una incapacidad laborativa del 20 %.

Como bien lo señala el Juez “a quo”, si bien la pericia fue observada por la demandada, no se instó la notificación pertinente al perito para que aclarara sobre la herida en cara izquierda del muslo izquierdo producida en la niñez, con proceso osteomielítico de fémur izquierdo, y la incidencia que pudo haber tenido en las secuelas producidas por la caída en el colegio.

Si bien la demandada en su expresión de agravios alude a la acreditación del proceso osteomielítico, lo cual es correcto, no es menos cierto que al fijarse el monto indemnizatorio, el Juez ha merituado los antecedentes del menor, pues de otra manera la indemnización fijada hubiera sido mayor, atento el porcentaje de incapacidad otorgado. En síntesis, se estima que la suma acordada guarda relación con el daño sufrido como consecuencia del accidente, dado que el porcentaje de incapacidad otorgado es importante, y se trata de una persona joven, con incidencia de la incapacidad en toda su vida de relación.Por tal razón se estima que la suma acordada de $15.000 aparece ajustada al daño sufrido por el actor.

b) Gastos Médicos.

La queja sobre los gastos de asistencia médica también debe ser desestimada, pues si bien el alumno recibió atención médica gratuita tanto en tratamiento como medicamentos, es un hecho cotidiano que aunque exista cobertura de obra social u hospital público, la persona que sufre un accidente tiene un sinnúmero de gastos menores hasta la efectiva recuperación, por lo que la suma otorgada aparece prudencialmente ajustada.

Por las razones expuestas, se desestima la apelación y se confirma la sentencia apelada. ASI VOTO.

Sobre la misma y primera cuestión propuesta el Sr. Juez de Cámara, Dr. Claudio F. Leiva y la Sra. Juez de Cámara, Dra. María Silvina Abalos, dijeron:

Que por lo expuesto precedentemente por el miembro preopinante, adhieren al voto que antecede.

Sobre la segunda cuestión propuesta la Sra. Juez de Cámara, Dra. Mirta Sar Sar, dijo:

Atento como se resuelve la primera cuestión, las costas de Alzada deben ser soportadas por la demandada apelante que resulta vencida en esta instancia impugnativa (Arts. 35 y 36 del C.P.C.).

Sobre la misma y segunda cuestión propuesta el Sr. Juez de Cámara, Dr. Claudio F. Leiva y la Sra. Juez de Cámara, Dra. María Silvina Abalos, dijeron:

Que por las mismas razones adhieren al voto que antecede.

Con lo que se dio por terminado el acuerdo, pasándose a dictar sentencia definitiva, la que a continuación se inserta.

SENTENCIA:

Mendoza, 24 de abril del 2013.

Y VISTOS:

Por las razones expuestas, el Tribunal

RESUELVE:

1) Desestimar el recurso de apelación interpuesto a fs. 268 por Dirección General de Escuelas contra la sentencia de fs. 260/262, la que se confirma en todos sus términos.

2) Imponer las costas de Alzada a la apelante vencida (Arts. 35 y 36 del C.P.C.).

3) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en esta vía impugnativa de la siguiente forma: Dres. Pablo Raúl Prieto, Mario S. Fernández e Isabel Nora Speck, en las sumas de PESOS . ($.), . ($.) y . ($.), respectivamente y sin perjuicio de las disposiciones de la Ley N° 5394 (Arts. 3, 15 y 31 de la Ley Arancelaria).

Cópiese, regístrese, notifíquese y bajen.

Dra. Mirta Sar Sar

Juez de Cámara

Dr. Claudio F. Leiva

Juez de Cámara

Dra. María Silvina Abalos

Juez de Cámara

Dra. Andrea Llanos

Secretaria de Cámara

 

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