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El Estado no debe responder por las lesiones sufridas por un policia al caer de un árbol mientras realizaba tareas de vigilancia en un nosocomio.

shutterstock_118077847Partes: Lucatto Carmen Adriana c/ La Segunda ART SA. y ot. s/ accidente

Tribunal: Cámara del Trabajo de Mendoza

FECHA: 27/2/2013

Cita: MJJ77648

 

Sumario

1.-Debe rechazarse la demanda extrasistémica incoada por una agente policial contra el Estado provincial, a raíz de las lesiones sufridas al caer de un árbol mientras realizaba tareas de vigilancia en un nosocomio, pues si realmente la caída se produjo de un árbol, tal incidente no debió ocurrir nunca, ya que tal actividad no forma parte de las tareas que se le habían asignado al determinarle el puesto de trabajo a la reclamante; en todo caso tendría que haber demostrado que su conducta fue realizada en el marco de una orden o del cumplimiento de una tarea específica.

2.-No se advierte qué medida de prevención pudiera adoptar el Gobierno Provincial a los efectos de evitar que subida a un árbol la trabajadora no se lastime, puesto que subirse al arbolado público no es una tarea rutinaria dentro del servicio policial, por lo que tampoco se trata de un caso en el que por reiteración de una conducta, la misma se haga de forma habitual.

 

Fallo

En la ciudad de Mendoza, a los 27 días del mes de FEBRERO de dos mil trece, se reúnen en la Sala de Acuerdos del Tribunal, los Sres. Jueces de la Excma. Cámara Sexta del Trabajo Dres. ORLANDO C. FARRUGGIA, LAURA LORENTE y ELIANA LIS ESTEBAN con el objeto de dictar sentencia definitiva en los autos N° 19.676 caratulados: «LUCATTO CARMEN ADRIANA C/ LA SEGUNDA ART SA. Y OT. P/ Accidente «, de los que

 

RESULTA:

 

A fs. 14/41 se presenta la actora LUCATTO CARMEN ADRIANA, por medio de representante legal e interpone demanda ordinaria contra LA SEGUNDA ART SA. Y ESTADO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA por la suma de $ 290.521,92; o lo que en más o en menos resulte de la prueba a rendirse o estime prudencialmente el Tribunal en concepto de indemnización, lo cual es producto del accidente de trabajo sufrido.

 

Expresa que la actora ingresó a trabajar para la Policía de Mendoza, en fecha 29/12/2006, en perfecto estado de salud sin padecer ninguna incapacidad laboral, cumpliendo sus funciones en la categoría de personal subalterno, auxiliar, según la ley 6722 en la Comisaría 4ta de la Ciudad de Mendoza.

 

Refiere que el día 3/10/2007, se encontraba cumpliendo servicio de guardia en el Hospital Carlos Pereyra del Departamento de Las Heras y siendo las 14.30hs, haciendo el recorrido habitual de vigilancia, dos pacientes del nosocomio arrojan un objeto arriba de la medianera, por lo que decide subir a un árbol a fin de alcanzar el objeto, pero al bajarse se resbala y cae parada, sintiendo un fuerte dolor en la rodilla izquierda, lo que devino en atención médica primero en la Clínica San Jorge.

 

Continúa su relato, indicando que luego fue atendida en el Hospital Saporiti de Rivadavia, donde le solicitaron radiografías. Posteriormente fue intervenida quirúrgicamente en la Clínica del Este de Rivadavia en fecha 16/10/2007. En oportunidad de realizarse otro estudio médico en fecha 31/10/2007, muestra los mismos signos que estudios anteriores, más los cambios propios de la cirugía efectuada.

 

Relata haber trabajado durante un mes cumpliendo tareas administrativas desde el 1/02/2008.

 

Manifiesta haber concurrido a un médico laboral particular quien diagnosticó: que padecía secuelas en su rodilla izquierda, todo lo cual implicaba la imposibilidad de ascenso en su carrera policial, generándole una incapacidad parcial y permanente del 25%.

 

Concluye su relato, reiterando que ingresó a la Policía en óptimo estado de salud y que por los perjuicios sufridos es que persigue el cobro de las indemnizaciones correspondientes.

 

Opone la Inconstitucionalidad de diversos arts. de la ley 24557: art. 39Ver Documento:, 6 inc 2 b) Ver Documento, dec. 1278/00, 8Ver Documento, 21, 22Ver Documento, 46Ver Documento dec. 71/96, 49 cláusula adicional 3° y 5° y dec. 84/96. También articula la Inconstitucionalidad de los arts. 3, 26 art. 1 dec 334/96 citando doctrina y jurisprudencia en su apoyo.

 

Reclama daño moral e intereses moratorios.

 

Opone Inconstitucionalidad de la ley 7198.

 

Ofrece pruebas. Practica liquidación, fundando su derecho.

 

A fs. 54/59 por medio de apoderado se presenta la demandada LA SEGUNDA ART SA. Consiente competencia. Opone Prescripción. Efectúa negativa general y particular de los hechos invocados en la demanda. Opone falta de legitimación sustancial activa y pasiva. Responde planteo de Inconstitucionalidad de ley 24557. Ofrece pruebas.

 

A fs. 62/70 comparece el codemandado Gobierno de la Provincia de Mendoza, que resiste las inconstitucionalidades de las leyes 24557 y 7198Ver Documento articuladas por la actora. Consiente competencia. Rechaza responsabilidad civil. Contesta demanda. impugna los montos reclamados por el actor en la liquidación como también rechaza la procedencia del daño. Ofrece pruebas.

 

A fs. 75 obra dictamen de Fiscalía de Cámara.

 

A fs. 80/83 comparece Fiscalía de Estado.

 

A fs. 85 contesta el traslado que confiere el art. 47.

 

A fs. 88 obra dictamen de Fiscalía de Cámara.

 

A fs. 90 obra Auto del Tribunal que resuelve declara la competencia del Tribunal para intervenir en la presente causa.

 

A fs. 98 se admiten las pruebas ofrecidas por las partes y se ordena la sustanciación de las mismas.-

 

A fs. 108/111 obra pericia médica laboral, la cual es impugnada por LA SEGUNDA ART a fs. 118 y por el Gobierno de la Provincia a fs. 123, observaciones que son respondidas a fs. 131.

 

A fs. 198 se fija Audiencia de Vista de Causa, la que se lleva a cabo según da cuenta el acta de fs. 214.

 

A fs. 212 celebran convenio el actor y la aseguradora La Segunda ART SA., que se homologa mediante auto de fs. 240.

 

A fs. 217/222 la parte actora presenta alegatos por escrito, haciendo la propio la demandada a fs. 223/225, quedando la causa en estado de dictar sentencia a fs. 252.

 

C O N S I D E R A N D O:

 

PRIMERA CUESTION: Existencia de la relación laboral.

 

SEGUNDA CUESTION: Rubros reclamados.

 

TERCERA CUESTION: Costas.

 

I.-A LA PRIMERA CUESTION LA DRA. ELIANA LIS ESTEBAN DIJO:

 

La relación laboral, su extensión y categoría profesional invocada por la actora al entablar la demanda, son extremos que resultan expresamente reconocidos por las accionadas en sus respondes y no ha sido materia de cuestionamiento por parte de éstas. Estos extremos – que por otra parte se encuentran corroborados con los recibos de sueldo acompañados a fs. 3/5, instrumental obrante a fs. 159/168 y 184/193, me eximen de merituar otras pruebas, concluyendo que el vínculo jurídico que unió a las partes responde a un contrato de empleo público con el escalafón y extensión denunciado por la actora en la súplica.

 

En relación al planteo de Inconstitucionalidad de los arts. 8Ver Documento, 21, 22Ver Documento, 46Ver Documento, 49Ver Documento cláusula adicional 3° y 5° de la ley 24557, dec. 71/96 y dec. 84/96 opuesto por la actora, este Tribunal ya se expidió al respecto a fs. 90, con lo cual finalizo el tratamiento de esta cuestión expidiéndome en el sentido de que esta Cámara tiene plena competencia para entender en la causa. ASI VOTO.

 

La doctora LAURA LORENTE DE CARDELLO Y ORLANDO FARRUGGIA dijeron que por sus fundamentos se adhieren al voto que antecede de la Dra. ELIANA LIS ESTEBAN.

 

II.- A LA SEGUNDA CUESTION LA DRA. ELIANA LIS ESTEBAN:

 

II.- a) EXAMEN DE LA ADMISIBILIDAD DEL RECLAMO REPARATORIO.

 

Corresponde expedirse sobre la admisión del reclamo reparatorio perseguido por la actora ante la incapacidad laborativa que denuncia padecer, sirviendo de soporte fáctico de sus pretensiones indemnizatorias las dolencias sufridas como consecuencia de haber sido víctima de un accidente de trabajo. En su reclamo la Sra. LUCATTO persigue la condena a la Asegurada del Riesgo del Trabajo y también a su empleador.

 

Respecto a la responsabilidad de la aseguradora LA SEGUNDA ART S.A. las partes arribaron a un acuerdo conciliatorio tal como surge a fs. 212 que fue homologado por el Tribunal a través de la resolución de fs. 240; y que fue íntegramente cumplido, percibiendo la actora la suma total acordada por el reclamo tarifado convenido, según constancias de fs. 229.

 

En razón de ello se exime el juzgador de otra consideración en relación a las obligaciones asumidas y pretendidas contra la ART en los términos de la ley 24.557.

 

La causa llega a sentencia para examinar la procedencia del reclamo extrasistémico que la actora persigue contra ESTADO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA en la que presta servicios, por las dolencias incapacitantes que la misma denuncia padecer a consecuencia del accidente sufrido el 3 de octubre del 2007.

 

Focalizándonos en la controversia que resta resolver, la trabajadora efectúa el reclamo extrasistémico empleando a guisa de fundamento como línea argumentativa, la inconstitucionalidad del art. 39 de la Ley de Riesgos de Trabajo, toda vez que entiende que dicha normativa veda al trabajador la posibilidad de accionar por vía del derecho civil. Planteo en el que se ha abocado esencialmente a citar jurisprudencia de manera genérica, sin precisar de manera clara cuáles son los aspectos cuestionables de la norma en relación al caso concreto.

 

De manera abstracta, reclama que se analice la responsabilidad de la empleadora frente a la reparación integral de daños y perjuicios que se deduce en autos con fundamento en las normas del derecho común arts.1109Ver Documento y 1113Ver Documento del Código Civil, reprochando de inconstitucional del art.39 de la ley 24.557, por entender que el artículo es discriminatorio al violentar principios constitucionales como el principio “alterum non laedere” receptado en el art.19Ver Documento C.N.

 

La empleadora en su responde desconoce que el accidente de trabajo sufrido haya ocurrido por el incumplimiento de alguna norma de higiene y seguridad, sino por la propia conducta de la trabajadora, por lo que describe cuáles son las tareas que se le habían asignado a la accionante, las cuales nada tenía que ver con la actividad cumplida por la trabajadora cuando sufrió el accidente, lo que – sostiene- constituye eximente de responsabilidad a los términos del art. 1113 CC.

 

Entiendo que las violaciones a normativas constitucionales denunciadas y la plataforma fáctica invocada por la parte actora deben acreditarse, por lo que cabe – antes de avanzar – merituar la prueba rendida en la causa en relación al incidente ocurrido el día 3/10/2007, determinar cómo se sucedieron los hechos, de qué manera y con qué grado de participación intervinieron las partes -trabajadora y empleador- en la producción de los mismos, para poder definir y distribuir en su real dimensión la responsabilidad en la cadena causal.

 

En otras palabras, el «thema decidendum», se encuentra entronizado en dilucidar – previo a todo- si el incidente que originó las dolencias que dice padecer la actora, son consecuencias de algún incumplimiento incurrido por la empleadora o no. Resultando que la regla general nos indica que la carga de la prueba de la situación denunciada en la demanda en el marco de la prestación de tareas incumbe a quien afirma la existencia del hecho del cual pretende reparación.

 

II.- a):1-CONSTANCIAS PROBATORIAS OBRANTES EN LA CAUSA.

 

– PRUEBA TESTIMONIAL:

 

En oportunidad de celebrarse la Audiencia de Vista Causa, se recepcionó la declaración testimonial del Sr. Di Rocco quien dijo ser portero del Hospital Pereira cuando la actora trabajó allí, al ser preguntada respondió:…el día que la Sra. tuvo el accidente, yo estaba de guardia, me lo comentó la policía, pero yo estaba a 25 mts del lugar, la señora me dijo que se había trepado a un árbol para buscar un objeto sospechoso…eso quedó asentado en el libro de novedades…no vi el paquete, el Hospital no hizo nada, yo le avisé al Director de Servicio…las tareas de la Sra. eran estar de guardia , hacer rondas y vigilar ….era normal que tiraran fármacos….

 

II.- a): 2- ANALISIS DEL MATERIAL PROBATORIO

 

Del análisis y valoración de la única prueba aportada a la causa en relación al incidente que derivó en la caída de la Sra. LUCATTO, he podido elaborar las siguientes micro -conclusiones:

 

1°) Ya he manifestado que se considera acreditado que la actora se desempeñara como policía.

 

2º) Respecto del siniestro ocurrido el día 3/10/2007, no encuentro elementos probatorios que me permitan determinar cabalmente que el mismo ocurrió en la forma y condiciones descriptas por la actora.

 

Véase que la actora en la demanda expresó que el accidente ocurrió por haberse subido a un árbol a buscar un objeto que habrían arrojado, ahora bien no aportó ningún elemento que pueda confirmar que ello efectivamente ocurrió así.

 

Considero que hubiera sido fundamental contar con la prueba ofrecida a fs. 36 punto 11), me refiero a la pieza sumarial instruida en la Comisaría Tercera, ello a los efectos de poder conocer en qué circunstancia o por qué motivo la trabajadora se subió a un árbol, cuando ello no forma parte de sus actividades diarias.

 

Suma convicción a lo dicho: que fue la propia actora a fs. 197 vta. quien desistió de sustanciar la prueba citada en el párrafo anterior, que el único testimonio aportado a la causa no fue testigo presencial del hecho y considerando que tampoco se ha acompañado a la causa, el libro de novedades o registro que seguramente debe llevar el Hospital Pereyra para registrar las novedades e incidentes ocurridos, este sentenciante no cuenta con ningún elemento que confirme la versión de la actora.

 

3°) En este punto del desarrollo argumental , creo necesario poner de resalto, que en lo que hace a las patologías denunciadas, no se está evaluando el diagnóstico médico que ha efectuado el perito a fs. 108/110, ya que previo a enfocarme en el dictamen pericial, indefectiblemente debe determinarse el marco fáctico en el que se desarrolló el siniestro que originó las dolencias. La sola referencia a que la actora padece determinadas dolencias que serían consecuencia de un accidente sufrido en ocasión de prestar un servicio, (lo cual no ha encontrado respaldo en el contexto probatorio producido en el expediente), no reviste fundamento suficiente como para sostener la conclusión en este aspecto.

 

Va de suyo que en supuestos como el debatido en autos, son dos las situaciones a comprobar, primero la ocurrencia del hecho tal cual lo ha afirmado la accionante para luego determinar el grado de responsabilidad que puede caberle a su empleador.

 

En casos así, donde se encuentra en juego la acreditación de situaciones de hecho de naturaleza técnica-científica, es indispensable contar con pruebas de envergadura que avalen el juicio jurídico-valorativo del magistrado. Es claro que la cobertura legal debe comprender todo daño sufrido por el trabajador, pero para ello es indispensable que esté fehacientemente acreditada la situación sindicada por el reclamante.

 

II.- b) RESPONSABILIDAD RESARCITORIA DEL GOBIERNO DE MENDOZA.

 

Desde otra óptica, no obstante a que el libelo de inicio resulta poco concreto a la hora de precisar los argumentos sobre los que sostiene su reclamo extrasistémico, entiendo que la responsabilidad que pretende endilgar la actora a su empleador estaría enmarcada en los términos de los arts. 1109 y 1113 del CC y por un supuesto incumplimiento al deber de seguridad. Anticipo desde ya, que tales supuestos no han acreditados debidamente en autos.

 

De comienzo señalo que, no cabe reconocer que el empleador tenga responsabilidad por los daños que pudiesen ser ocasionados a sus dependientes en lugares ajenos al ámbito específico de trabajo, aun cuando aquellos se produjeran en horario de servicio. No encuentro normativa alguna, que imponga al dador de trabajo responsabilidad por los eventuales perjuicios que pudiesen sufrir sus trabajadores en lugares respecto del patrón no es guardián ni propietario o que por ser extraños a la actividad laboral del obrero, el mismo no debiera concurrir.

 

Hay una realidad que no puede soslayarse, si realmente la caída se produjo en ocasión de caerse de un árbol, tal incidente no debió ocurrir nunca, ya que tal actividad no forma parte de las tareas que se le habían asignado al determinarle el puesto de trabajo a la Sra. Lucatto, tal cual lo señaló acertadamente la demandada a fs. 65 vta. y que se encuentra corroborado con la testimonial analizada. Aunque el incidente ocurriera dentro de la jornada laboral, la Sra. Lucatto nada tenía que hacer subida arriba de un árbol- reitero- si es que ello fue así.

 

Volvemos, en este punto a lo ya señalado, que es la falta de pruebas, ya que en todo caso tendría que haber demostrado que su conducta fue realizada en el marco de una orden o del cumplimiento de una tarea específica.

 

Como creo haber puesto de manifiesto, que la actora se haya subido a un árbol y se haya caído, nos ubica frente a una caída accidental que no hubiera podido evitarse, porque su empleador nuca estuvo obligado a prever que la misma podía realizar esa acción.

 

Desde esa inteligencia, la actora, no ha mencionado cuál era el hecho que conforme a una norma, el Gobierno de la Provincia debió realizar y no realizó y que hubiera impedido el daño. No advierte este sentenciante, qué medida de prevención pudiera adoptar el Gobierno Provincial a los efectos de evitar que subida a un árbol, la trabajadora no se lastime. La disquisición no es vana, ya que creo, por cómo se habría producido el hecho, que no puede dejar de considerarse la incidencia que pudo tener en el daño, la propia conducta de la actora.

 

Tengo presente, en este razonamiento, que subirse al arbolado público, no es una tarea rutinaria dentro del servicio policial, por lo que tampoco estamos frente a un caso, de que por reiteración de una conducta, la misma se haga de forma habitual. Podría entenderse que una tarea repetida una y otra vez, provocaría acostumbramiento a los riesgos que ella implica, lo que podría acarrear a que un trabajador asuma riesgos sin tomar las debidas precauciones. Repito, no es este el caso.

 

Como corolario de lo antedicho y en virtud de las argumentaciones señaladas, me permiten concluir que no se han acreditado los presupuestos necesarios para que pueda configurarse la responsabilidad del Gobierno de la Provincia en relación a las patologías denunciadas por la actora, toda vez que la conducta sostenida por aquél en relación al accidente sufrido por la Sra. Lucatto no tipifica un «incumplimiento grosero de las normas de higiene y seguridad».

 

En tal contexto y acorde al esquema probatorio del caso, es válido colegir que la actora no ha probado la responsabilidad del Gobierno Provincial y por ello, no es procedente el reclamo resarcitorio efectuado por la actora.

 

Más allá de la argumentación fáctica y probatoria en la que sostengo mi opinión, estimo conveniente avocarme a los genéricos argumentos jurídicos alegados por la actora y que intentan sostener desde lo legal la responsabilidad que pretende imputarle a la empleadora.

 

II. b):1. INCONSTITUCIONALIDAD del art. 39 LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO.

 

Respecto del planteo de inconstitucionalidad del art. 39 de la ley de Riesgos, debemos anticipar que el control de constitucionalidad de la normativa reprochada sólo puede hacerse en el caso concreto y no en abstracto. En tal sentido nuestro Superior Tribunal Provincial ha fijado lineamientos muy precisos en relación a los alcances de esta facultad de los jueces de grado al ejercer el control de constitucionalidad de una norma cuestionada. Así ha sostenido que:»…en el rol de juzgador corresponde adoptar una actitud prudente y de conformidad con el planteo limitarse a resolver exclusivamente los puntos cuestionados, dejando de lado valoraciones genéricas y políticas, de modo de preservar los roles de los poderes políticos por un lado y las facultades jurisdiccionales por el otro. En tal sentido hay que tener presente diversos principios a saber: a)la declaración de inconstitucionalidad de la norma es un remedio excepcional, la última ratio del ordenamiento jurídico, la sanción judicial más fuerte…; b)Debe manifestarse en el caso concreto, en una causa judicial, frente a agravios expresados y con efectos particulares para el caso; c)No debe interferir con las decisiones y valoraciones políticas adoptadas para las transformaciones de las instituciones jurídicas, es decir no puede sustituir la voluntad del legislador…»(Expte.n°68.767: «PRIDE INTERNACIONAL S.A. en j.7.871:ACORDINO G. P/SI Y SU HIJO MENOR C/ PRIDE INTERN. S.A. S/INC.,CAS.; L.S.300-48).

 

Es de interés así mismo, citar los fundamentos que se exponen justamente en el fallo que cita el propio actor, me refiero a la sentencia recaída en la causa AQUINO. Esta Cámara en reiterados pronunciamientos ya ha manifestado que comparte el criterio expuesto en los votos de los Dres. Maqueda, Boggiano y Belluscio cuando sostienen que:… «la exclusión de la vía reparadora civil no resulta en principio censurable, si lo es en la medida que se invoque y demuestre que el desarraigo del principio general que aquella vía reglamenta, comporta un menoscabo sustancial al derecho a la adecuada reparación»…

 

Es decir, que sin perjuicio de reconocer el derecho que tiene todo trabajador de obtener la reparación integral, los Sres. Ministros de la Corte Nacional interpretaron que debía verificarse en cada caso concreto si existía lesión al artículo 19 de la Carta Magna. La inconstitucionalidad, para estos magistrados tiene carácter relativo, ya que debe verificarse en cada caso si el sistema especial otorga una suficiente reparación integral.

 

En el marco de los presupuestos reseñados y entendiendo que son justamente los parámetros de interpretación expuestos precedentemente los que deben guiar la resolución del planteo de inconstitucionalidad articulado por la Sra. LUCATTO, resultando que para este caso, no se dan los presupuestos fácticos ni jurídicos que habiliten la declaración de inconstitucionalidad solicitada. Por lo que me expido por el rechazo del planteo a través del cual cuestiona la constitucionalidad del art. 39 de la ley 24557.

 

II. c) DAÑO MORAL.

 

Finalmente tampoco están acreditados en la causa los padecimientos invocados por la actora a fs. 32 y vta. Por un lado, no se han aportado elementos probatorios que evidencien una disminución de la integridad psíquica de la accionante, que constituyan un daño resarcible ni que permitan a este Juzgador tener por ciertos los dichos de la accionante en el escrito de inicio de demanda.

 

Además tampoco hay constancias que evidencien la imposibilidad de la actora de ascender en la carrera como Policía, ya que según lo manifestado por ella misma a fs. 38 los ascensos se producen cada seis años, resultando que recién este año estaría en condiciones de ser ascendida.

 

Desde esta perspectiva, debo destacar que las pruebas producidas no han acreditado que la actora haya sufrido perjuicios en su vida de relación de modo tal de repercutir en sus relaciones afectivas, sociales, deportivas, artísticas, etc.

 

Por lo expuesto, no considero que resulte procedente pagar suma alguna en concepto de daño moral.

 

En consecuencia, por la argumentación reseñada es que opino que corresponde rechazar la demanda incoada por la accionante por la suma de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS VEINTIUNO CON 92/00 ($290.521,92) y por ende eximir de responsabilidad a la demandada ESTADO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

 

Que respecto de los intereses a aplicarse al sólo efecto de la regulación de honorarios. Deberá aplicarse la tasa activa desde el 30 de septiembre del 2008 (fecha de interposición de la demanda) y hasta el momento del pago de la suma que corresponda.

 

En consideración a todo lo expuesto el planteo de Inconstitucionalidad de los arts. 6 de la Ley de Riesgos del Trabajo y del art. 6 Inc 2 b) del decreto 1278/00, del art. 3, 26 art. 1 dec 334/96 y de la ley 7198, ha devenido en abstracto. Que el caso abstracto (como se lo denomina doctrinariamente) da cuenta que – entre otros aspectos – cuando ha cesado de existir la causa de la acción, y por ende ante la desaparición del interés que suscitaba la controversia sobre la inconstitucionalidad, no corresponde exigir pronunciamiento. ASI VOTO.

 

Los Doctores LAURA LORENTE y ORLANDO C. FARRUGGIA dijeron que por sus fundamentos se adhieren al voto que antecede a la Dra. ELIANA LIS ESTEBAN.

 

III.- A LA TERCERA CUESTION LA DRA. ELIANA LIS ESTEBAN dijo:

 

Las costas generadas por el rechazo de la acción en contra del ESTADO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, como así también los honorarios correspondientes al perito médico, se condenan a cargo de la actora LUCATTO CARMEN ADRIANA, ello en razón que no advierto la existencia de razones que justifiquen apartarse del principio objetivo del vencimiento, (arts. 31Ver Documento del C.P.L. y 36Ver Documento del C.P.C.).ASI VOTO.

 

Los Doctores LAURA LORENTE y ORLANDO C. FARRUGGIA dijeron que por sus fundamentos adhieren al voto que antecede de la Dra. ELIANA LIS ESTEBAN.

 

Con lo que se dio por terminado el acto, pasándose a dictar la sentencia que a continuación se inserta.

 

MENDOZA, 27 de FEBRERO del 2.013.

 

Y V I S T O S:

 

El acuerdo arribado, el Tribunal

 

RE S U E L V E:

 

I) Rechazar la demanda incoada por la Señora LUCATTO CARMEN ADRIANA contra el ESTADO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, por las sumas de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS VEINTIUNO CON 92/00 ($290.521,92) con más sus intereses, en concepto de indemnización integral de daños y perjuicios, en conformidad a lo decidido en la SEGUNDA CUESTIÓN.

 

II) Costas a cargo de la actora en conformidad a lo resuelto en la TERCERA CUESTIÓN.

 

III) Practíquese liquidación mediante la Secretaría del Tribunal.

 

IV) Diferir la regulación de honorarios y determinación de los gastos causídicos para la oportunidad de practicarse la liquidación respectiva.

 

COPIESE. REGISTRESE Y NOTIFIQUESE.-

 

Laura B. Lorente

 

Eliana Lis Esteban

 

Orlando C. Farruggia

 

CONTANCIA: Se deja constancia que los días 4, 5, 6, 7, y 8 de febrero de 2013 hizo uso de licencia compensatoria la Dra. Eliana Lis Esteban; y el día 15 de febrero de 2013 hizo uso de licencia el Dr. Orlando C. Farruggia. Mendoza, 28 de febrero de 2013.-

 

Esc. Act. Ana Maria Mathus. Secretaria.-

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