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Responsabilidad del dueño de la motoniveladora por daño sufrido por el trabajador el alto grado de vibración repercutió en su columna vertebral

shutterstock_95099824Partes: Aguilar Julio Horacio c/ Dirección Provincial de Vialidad de Entre Ríos s/ laboral

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Gualeguaychú

Fecha: 11-dic-2012

Cita: MJ-JU-M-77457-AR | MJJ77457 | MJJ77457

Responsabilidad del dueño de la motoniveladora por el daño sufrido por el trabajador, pues el alto grado de vibración que generaba repercutió en su columna vertebral. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia que acogió el resarcimiento del daño sufrido por el trabajador por el riesgo generado por la cosa propiedad de la accionada -motoniveladora con alto grado de vibración por su utilización en caminos de tierra-, lo que repercutió en su columna vertebral, reconociendo como factor de imputación de la responsabilidad la disposición del art. 1113, segundo párr., segunda parte del CCiv.

2.-Si bien la quejosa alude a la configuración de circunstancias que permitirían concluir en la existencia de concausas en la generación del daño -sobrepeso y causas congénitas-, ninguna prueba produjo con el fin de acreditarlas, pues la pericia médica reconoció como suficiente nexo causal de la degeneración progresiva de las vértebras al movimiento vibratorio que se describió en el promocional, sin hacer mención alguna a la existencia de otras razones que no sean las referidas.

3.-La enfermedad que padece el actor demostró el incumplimiento por parte de la quejosa de su deber de preservar la integridad psicofísica de aquél, puesto que la realización de los debidos exámenes médicos habrían permitido advertir el daño y asignarle tareas acordes a su estado de salud.

Fallo:

En la ciudad de Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos, a los once días del mes de diciembre de dos mil doce, se reúnen los Señores Miembros de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Gualeguaychú, Dres. Gustavo A. Britos, Ana Clara Pauletti y Guillermo Oscar Delrieux para conocer del recurso interpuesto en los autos caratulados «AGUILAR JULIO HORACIO C/ DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD DE ENTRE RIOS S/ LABORAL», respecto de la sentencia de fs. 227/233 vta.

De conformidad al sorteo oportunamente realizado, la votación tendrá lugar en el siguiente orden: Dres. BRITOS, DELRIEUX y PAULETTI.- Estudiados los autos el Tribunal propuso las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA: ¿Es justa la sentencia apelada? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SR. VOCAL DR. GUSTAVO A. BRITOS, DIJO:- 1) Tiene este Tribunal para resolver el recurso de apelación interpuesto a fs. 238 por la DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS contra la sentencia de fs. 227/233 vta., que declaró la inconstitucionalidad de los arts. 39 , 14 y 49 , disposición adicional 1º, apartado 2º y disposición adicional 3º de la Ley de Riesgos del Trabajo e hizo lugar a la demanda de reparación integral interpuesta por JULIO HORACIO AGUILAR, imponiéndole las costas y difirió la regulación de honorarios profesionales.- Para así decidir, ponderó inicialmente la a quo que el actor reclamó la indemnización por daños y perjuicios ocasionados por la enfermedad profesional que, según alegó, le dejaron secuelas que lo incapacitaron para realizar sus tareas habituales. A su vez, que la accionada opuso defensa de prescripción, indicando que la fecha que debía tenerse en cuenta para el inicio del cómputo del plazo era el 11/06/2006, oportunidad en la que fue intervenido quirúrgicamente, reintegrándose al trabajo sin formular reclamo alguno luego de reposos y curaciones. Advirtió entonces la Sra. juez la aplicación del plazo bienal previsto por el art.256 de la LCT, como asimismo el carácter restrictivo que cabe aplicar al respecto, ponderó las inobservadas conclusiones del perito médico, en particular, que éste tuvo en cuenta lo informado por el radiólogo sobre las placas de fecha 22/06/2009 que dieron cuenta de la enfermedad del actor. Reputó que éste era el momento a partir del cual debía contabilizar el período prescriptivo y, así, concluyó que no se encontraba cumplido al deducirse la demanda.

Sentado ello, procedió a estudiar la cuestión atinente al reclamo por daños y perjuicios, para lo cual tuvo en cuenta la prueba pericial médica y las declaraciones testimoniales y tuvo para sí que las lesiones que afectaban al accionante resultaban atribuibles a una enfermedad profesional, luego de lo cual analizó si procedía responsabilizar a la demandada por las consecuencias dañosas padecidas por aquel. Decidió pues, que la actividad de maquinista de motoniveladora llevada a cabo por Aguilar -consistente en el arreglo de calles de tierra del departamento como asimismo el repaso y reconstrucción de caminos- conllevaba la posibilidad o riesgo cierto de ocasionar daños en su salud, como también que reportaba un beneficio económico para la accionada, esenciales para la consecución de sus fines. Sentado ello, en cuanto al resarcimiento, tomó el 40% de incapacidad parcial y permanente estimada por el perito médico y practicó los cálculos en consonancia con los recibos de sueldo, para asignar la suma de $236.442 en concepto de lucro cesante y declaró la inconstitucionalidad de los arts. 39, 14 y 49, por impedir el acceso del trabajador a una reparación integral, situación que reputó violatoria de las garantías consagradas en los arts. 19 y 14 bis de la Constitución Nacional.En cuanto al reclamado daño moral, notó la falta de previsión del mismo en el régimen de riesgos del trabajo, acogiendo el monto pretendido por el accionante de $50.000 y, finalmente, desestimó el reclamo incoado por la pérdida de la chance, por no haber acreditado el actor ninguna pauta objetiva para estimarla.- 2) Dicho decisorio fue apelado por la accionada, fundando sus agravios en el memorial de fs. 240/243 vta., en el que inicialmente se cuestionó el rechazo de la defensa de prescripción opuesta al contestar demanda, notando que debió haber ponderado como hecho iniciador del plazo la operación a la que se sometió, con reemplazo y fijación de placa y tornillo, el 21/09/2006, como también el informe del Departamento Médico Forense, agregado a fs. 208/209 vta., que dio cuenta de la artrosis padecida por el actor, calificándola de sintomatología persistente. Por eso, señaló el quejoso que la jueza debía considerar no solo la fecha del informe del radiólogo sino toda la evolución y desarrollo de la enfermedad, por lo que interesó se declare prescripta la acción intentada.

A todo evento, enjuició la calificación de la espondiloartrosis como enfermedad profesional, apuntando que la a quo no profundizó en el análisis de las tareas que cumplía Aguilar, su horario de trabajo ni tampoco que durante el período 1999-2003 desarrolló una actividad pasiva.Que, por el contrario, se limitó a tomar en cuenta los términos de la pericia médica -que no describió la patología de aquel, ni aclaró los elementos de ponderación- y a constatar si la patología padecida por el accionante (espondiloartrosis) se encontraba en el listado de enfermedades profesionales, responsabilizándola por las consecuencias dañosas sin suficiente fundamento.

Advierte el yerro en la apreciación de la sentenciante respecto de la obtención por parte de la quejosa de un beneficio económico a partir de la actividad del actor, al no tratarse de una empresa con fines de lucro sino una «institución» (sic) que procura el bien común. Insistió en que la patología que presenta Aguilar responde a desórdenes degenerativos, que no le son imputables.

Finalmente, cuestiona la accionada la cuantificación del daño moral llevada a cabo por la a quo, basada solamente en el informe pericial médico, pasando por alto otros factores coadyuvantes al estado físico del actor como su edad, peso, instrucción y realidad socio- cultural. Notó, a su vez, que ninguno de los testigos mencionó que Aguilar haya padecido menoscabo moral alguno, agregando que la procedencia de su reparación presupone un daño cierto y acreditado que no se constató en autos, generándose así un supuesto de enriquecimiento sin causa en favor de aquel. A mayor abundamiento, señaló que la conclusión del perito médico en cuanto a que el actor presentaba un daño persistente permite inferir que se refirió a una patología preexistente, extremo que quedó corroborado con la prueba documental aportada por la quejosa, que tampoco fue ponderada por la jueza de grado. En definitiva, interesó se deje sin efecto la sentencia y se rechace la demanda, con costas.- 3) Al contestar el traslado de dicho memorial -mediante presentación glosada a fs. 246/249 vta.- el actor inicialmente observó la deficiencia técnica del memorial de agravios en cuanto al cumplimiento del recaudo previsto en el inc. c) del art.125 del C.P.L., por lo que peticionó la declaración de deserción del recurso, con costas.

A todo evento, en cuanto al rechazo de la defensa de prescripción, señaló la ausencia de respaldo de la queja en las actuaciones, repasando que la propia demandada acompañó el legajo del accionante, con las constancias de la junta médica que no estableció grado alguno de incapacidad, a la vez que el criterio uniforme de jurisprudencia y doctrina conforme el cual, tratándose de enfermedades de evolución lenta, la acción indemnizatoria nace cuando el damnificado toma conocimiento fehaciente y concreto del grado de incapacidad que padece y la vinculación entre la misma y las tareas cumplidas para su empleador. Por ello, reputa inadmisible la pretensión de la accionada de tomar como fecha inicial el 11/06/2006, citando doctrina vinculante del Superior tribunal provincial sobre la excepción en análisis.

Finalmente, negó que en el promocional se indicara que la intervención quirúrgica de hernia de disco cervical obrara como agente causal de la incapacidad, invocando lo previsto por los arts. 8 ap. 3 y 21 de la Ley de Riesgos, por todo lo cual sostiene que el médico forense es quien debe determinar el grado de minusvalía que lo aqueja.

En cuanto al segundo agravio, relativo a la calificación de la espondiloartrosis como enfermedad profesional, nota que quedó acreditado en autos que el accionante se desempeñaba como maquinista, como también que su columna vertebral se encontraba expuesta diariamente a golpes y vibraciones que la dañaron, según confirmó el médico forense. Que así se demostró el incumplimiento por parte de la quejosa de su deber de preservar la integridad psicofísica de su dependiente, puesto que la realización de los debidos exámenes médicos habrían permitido advertir el daño y asignarle tareas acordes a su estado de salud.Así, con cita de precedentes jurisprudenciales que considera de aplicación, peticiona se desestime la queja y se encuadre la omisión aludida en los términos del art. 1074 del CC, responsabilizando a la accionada por aplicación de los arts. 512 y 1109 del mismo cuerpo.

Por último, señaló el error de la apelante al cuestionar el monto fijado en concepto de reparación del daño moral, sin que corresponda tener en cuenta la escasa instrucción o la pertenencia a un nivel social bajo del reclamante para reconocer su derecho a ser resarcido en sus aflicciones, padecimientos espirituales ni dolor físico; sin que norma alguna ordene relacionar la cuantía reconocida para indemnizar el daño moral con el de tipo material. En síntesis, interesa se rechace el recurso, con costas.- 4) Establecidos los antecedentes del proceso necesarios para re solver la apelación deducida por la accionada contra el decisorio de grado, corresponde dar tratamiento a los agravios planteados.

En primer orden se enjuicia la desestimación de la defensa de prescripción opuesta, afirmando el recurrente que el actor conoce su incapacidad física desde el día 21/09/2006, oportunidad en que se sometió a una operación de hernia discal, por lo cual al promover la demanda -el 28/10/2009- la acción ya había fenecido, por aplicación del término de dos años fijado por el art. 256 de la LCT.

Sin embargo, se advierte que en su memorial de agravios el apelante se limitó a ubicarse en la postura que sostuviera al contestar demanda, sin impugnar los argumentos dados por la Sra. Juez para desestimar su posición, a cuyos efectos invocó precedentes de la CSJN y de esta Cámara. La queja consiste, así, en una reiteración de argumentos ya desestimados.

Cabe repasar entonces que la fundamentación del recurso de apelación no puede consistir en una manifestación de disconformidad o discrepancia con la línea argumental del fallo atacado, ni tampoco sustentarse en la reiteración de anteriores presentaciones (confr.FASSI-YAÑEZ, «Código Procesal Civil y Comercial», Tomo 2, pág. 480 y sigts., 3ª edición actualizada y ampliada, Astrea, 1989; LOUTAYF RANEA, «El recurso ordinario de apelación en el proceso civil», Tomo I, pág. 252 y sigts., Astrea, 1989; DE SANTO, «Tratado de los Recursos», pág. 336 y sigts.; ARAZI-ROJAS, «Código Procesal Civil y Comercial de la Nación», Tomo I, págs. 835/836, Rubinzal-Culzoni, 2001; PALACIO, «Derecho Procesal Civil», Tomo V, págs. 266/267, tercera reimpresión, Abeledo-Perrot, 1990); pues disentir no es lo mismo que criticar y, para abrir idóneamente la jurisdicción de Alzada, deben ponerse en tela de juicio las partes del fallo que el apelante considera equivocadas; así, «la crítica que exige el Tribunal es el ataque directo y objetivo de la fundamentación para procurar la demostración de los errores que supuestamente contiene el fallo apelado» (conf.: Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Concordia, 01/04/1992, «Banco de Entre Ríos – Suc.Federal c/ Tula Antonio Mario O. s/ Sumario»; Sala Laboral de la Cámara de Apelaciones de Paraná, 10/11/1999: «Saavedra Omar Norberto C/ Chevasco Fabián Y Otro S/ Cobro De Pesos», y del mismo Tribunal, 28/08/2001, «Ceballos Claudia Mabel C/ Reyes Oscar Ariel S/ Cobro De Pesos Y Entrega De Certificado De Trabajo», y del 13/05/1992, «Fossati José A. C/ Risso Mateo Alberto S/ Accidente De Trabajo»; Sala Civil y Comercial Nº 2 de Paraná, 13/07/1994, «Sifa S.A. c/ Alfonso Carlos s/ Embargo Preventivo»; mismo Tribunal, 13/09/00, «Banco Bisel SA c/Caballero s/Sumario», en JER 100:738, entre otros).

En efecto, el recurso de apelación no debe consistir en una mera disconformidad con lo expuesto por el Magistrado sino que debe contener un cuestionamiento lógico y razonado a cada uno de los argumentos centrales expuestos en la sentencia para decidir (conf. HITTERS, Juan Carlos. «Técnica de los Recursos Ordinarios», Librería Editora Platense S.R.L., La Plata, 2004, págs.455 y siguientes «.Como todos los pedimentos que se llevan a cabo en el proceso, el que argumenta este medio de embate debe ser concreto, preciso y claro; en una palabra suficiente. esta pieza procesal se erige como la cuña que tiende a romper el fallo atacado.» ).

En definitiva, la queja relacionada con la desestimación de la defensa de prescripción debe ser rechazada.

En su segundo agravio el recurrente cuestiona la admisión de la «Espondiloartrosis .» como enfermedad profesional, afirmando que la Sra. juez no atendió las circunstancias especiales -lesiones de sobrepeso y problemas congénitos- que generaron esa patología, a la que cabe asignarle -a su vez- el carácter de progresiva y degenerativa. Implica ello una concausa en la generación del daño y, emplazado el debate y la valoración de la prueba en el ámbito del derecho común, resulta procedente determinar la incidencia concreta y efectiva que tuvo el factor laboral en la minusvalía del dependiente, por cuanto el empleador solo debe responder por la parte del daño exclusivamente causado por el carácter nocivo del ambiente laboral, sin que resulte aplicable el principio de la «indiferencia de la concausa» (Conf.

Excma. Sala del Trabajo del STJER en autos «PULKA DE SHEIN MIRTA c/SUP. GOBIERNO DE LA PCIA. DE E.R.y/u OTROS S/ Accidente de Trabajo», del 24/09/2007 «.no resulta aplicable el principio de la indiferencia de la concausa., y, en consecuencia el empleador sólo va a responder por las consecuencias del daño causado por la cosa de la que él es responsable.,» por lo cual, debe deslindarse en qué medida la incapacidad sobreviniente de un accidente responde a las consecuencias exclusivas de éste y en cual a la predisposición física o psíquica del trabajador.»).

Con ese objeto, se debe iniciar el análisis repasando que el actor peticionó que se haga lugar al resarcimiento del daño generado por el riesgo generado por la cosa propiedad de la accionada -motoniveladora con alto grado de vibración por su utilización en caminos de tierra-, lo que repercutió en su columna vertebral, reconociendo como factor de imputación de la responsabilidad la disposición del art. 1113, segundo párrafo, segunda parte del Código Civil.

Frente a esa situación, el dueño o guardián sólo puede eximirse de esa responsabilidad alegando la existencia de alguna de las eximentes previstas en la norma citada -culpa de la víctima o un tercero por quien no debe responder o la utilización de la cosa en contra de la voluntad del dueño o guardián-. Debe, a su vez, aportar la prueba a través de la cual pretenda se tengan por acreditados los hechos que le dan sustento jurídico (Conf. CSJN autos «PAPPIER C/PROVINCIA DE SANTA FE», del 14/10/1993, voto del Dr. Fayt).

La prueba rendida en autos, consistente en la pericia médica incorporada a fs. 208/209 vta., establece como nexo de causalidad del proceso degenerativo de las vértebras de la columna del actor la actividad descripta en el promocional, como conductor de motoniveladora de caminos de tierra con alto grado de vibración; hecho este último que se encuentra corroborado con los testimonios de Sciutto (fs.214/215) y Milessi (217/218), quienes describieron el trabajo llevado a cabo por Aguilar y la inexistencia de sistemas de amortiguación en las máquinas motoniveladoras. La accionada, por su parte, no aportó prueba destinada a acreditar la utilización en los equipos viales de sistemas de amortiguación destinados a evitar las vibraciones en cuestión, tal como sostuvo al contestar demanda.

Por otro lado, si bien es claro -como ya dije- que la quejosa alude a la configuración de circunstancias que permitirían concluir en la existencia de concausas en la generación del daño, lo cierto y concreto es que ninguna prueba produjo con el fin de acreditarlas, pues la ya citada pericia médica reconoció como suficiente nexo causal de la degeneración progresiva de las vértebras al movimiento vibratorio que se describió en el promocional, sin hacer mención alguna a la existencia de otras razones que no sean las referidas. Ello me lleva a desestimar el agravio planteado por inexistencia de prueba que de sustento a la afirmación formulada por el apelante.

Finalmente, se cuestionó la cuantificación del daño moral. Coincido con la a quo en cuanto a la conceptualización del rubro, como también en lo relativo a su carácter resarcitorio y no sancionatorio (entre otros, en autos «KABOBEL CESAR ANDRES Y OTRAS C/SILVA CARLOS ALBERTO Y OTRO S/ SUMARIO POR DAÑOS Y PERJUICIOS», Expte. N° 102/C, del 26/10/2007, «RINALDI MARIELA INES C/ CARRIERI JUAN HERNAN S/ SUMARIO»), donde se explicó que el daño moral se caracteriza como aquel que produce una alteración disvaliosa en el bienestar psicofísico de una persona (libertad, honor, dignidad, prestigio, afectos íntimos, etc.), que se traduce en un modo de estar diferente al que se encontraba antes del hecho y lo perjudica económicamente.A su vez, su cuantificación queda librada a la prudente ponderación sobre la lesión a las afecciones íntimas de los damnificados, de los padecimientos experimentados, debiendo el juzgador sortear la dificultad que implica mensurar el dolor provocado por el hecho dañoso, con la finalidad de arribar a una indemnización plena e integral, dado su carácter resarcitorio (Corte Suprema Justicia Nación, autos «Forni, Francisco; Forni, Alberto y Forni, Raúl c/ Ferrocarriles Argentinos s/ indemnización daños y perjuicios», del 07/09/1989, «El daño moral tiene carácter resarcitorio y no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a éste»- Fallos 312:1597), de mitigar o compensar de algún modo el innegable padecimiento espiritual que provoca en la víctima los hechos sufridos de acuerdo al art. 1078 del CC (PIZARRO, «La cuantificación de la indemnización del daño moral en el Código Civil», publicado en Revista de Derecho de Daños, «Cuantificación del Daño», 2001-1-337 y sigts., Rubinzal-Culzoni. Lo cual confirma el criterio respecto del carácter resarcitorio y no sancionatorio de la indemnización por daño moral).

Así, a los fines de su cuantificación el rubro debe ser apreciado de manera autónoma, sin que tenga que guardar proporción o relación con el daño material, pues no solo se trata de dos especies de perjuicios distintos e independientes entre sí sino que también responden a fines distintos (CSJN, FALLOS, 308:698 y 1109; 311:1020; 312:1597). Se ha explicado que el daño moral contempla fundamentalmente la reparación del dolor, con prescindencia de la intención del sujeto que produjo el daño (Excma. Sala Civivil y Comercial de la Cámara de Apelaciones de Concordia, «Bargas y Otra c/Pavón y Otros», 20/4/93), y su existencia se tiene por acreditada por el solo hecho de la relación antijurídica y por la titularidad de quien acciona (art.1078 C.C .; LLAMBIAS, «Código Civil anotado», Tomo II-B, págs. 327/328, Abeledo- Perrot, 1979; SALAS-TRIGO REPRESAS-LOPEZ MESA, ob. y tomo cit., pág. 512). A su vez, que «.el daño moral es aquel que no tiene efectos sobre el patrimonio, pero hace sufrir a la persona en sus intereses morales tutelados por la ley, de ahí que su reparación debe determinarse ponderando la índole de los sufrimientos de quien los padece y no mediante una proporción que los vincule con los otros daños cuya indemnización se reclama» (Excma. Sala Civ. y Com. de la Cám. Apel. de Concordia, «Ruíz Díaz de Oliveri c/ García», 3/10/95, publicado en J.E.R., DELTA EDITORA, Tomo 70-626).

Noto que, al momento de cuantificar el item, la Sra. juez estimó adecuada la suma peticionada en la demanda, enunciada a fs. 19 vta., donde el actor fundó su petición considerando afectado, como consecuencia de las lesiones que disminuyen su integridad física su esencial derecho a la paz, tranquilidad y libertad al que todo ser humano corresponde, en tanto le producen un verdadero sentimiento de inferioridad, con menoscabo de la actividad social, laboral y deportiva.

Como dije anteriormente, el daño moral tiene carácter resarcitorio y, aún cuando la cuantificación quede sujeto a la prudencia del Juez, ello conlleva la necesidad de probar los extremos en base a los cuales se solicita y, si bien en autos la lesión se encuentra acreditada y de allí se debe deducir -ipso iure- la existencia de las aflicciones, el actor no aportó prueba que permita tener por cierto el grado de afección de la actividad social y deportiva a que se aludió en la demanda.En consecuencia, propongo reducir la suma imputada al rubro «daño moral», cuya procedencia fue reconocida en primera instancia, a la suma de $23.000, con más los intereses fijados en el decisorio de grado.

En conclusión y conforme los fundamentos dados, a la primera cuestión voto por la negativa.

ASI VOTO.-

A LA MISMA CUESTION PLANTEADA EL SR. VOCAL DR. GUILLERMO OSCAR DELRIEUX, DIJO:-

Que adhiero a la solución propiciada en el voto precedente.- A LA MISMA CUESTION PLANTEADA LA SRA. VOCAL DRA. ANA CLARA PAULETTI, DIJO:- Que existiendo mayoría hace uso de la facultad de abstenerse de emitir su voto, conforme lo autorizado por el art. 47 de la L.O.P.J. (texto según Ley 9234).- A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SR. VOCAL DR. GUSTAVO A. BRITOS, DIJO:- Conforme el resultado al que se arriba al tratar la primera cuestión, corresponde dictar sentencia haciendo parcialmente lugar al recurso articulado por la Dirección Provincial de Vialidad y reducir el monto de daño moral reconocido, fijándolo en la suma de $23.000 con más los intereses fijados en la sentencia apelada y rechazar el recurso en los demás puntos que fue materia de agravio.

A su vez, mantener la condena en costas establecida en primer instancia y fijar las correspondientes a esta Alzada por el segmento del recurso que prospera a la parte actora y por lo rechazado a la demandada. Finalmente, diferir la regulación de honorarios hasta tanto sean estimados los de la instancia de origen.- ASI VOTO.- A LA MISMA CUESTION PLANTEADA EL SR. VOCAL DR. GUILLERMO OSCAR DELRIEUX, DIJO:-

Que adhiero a la solución propiciada en el voto precedente.- A LA MISMA CUESTION PLANTEADA LA SRA. VOCAL DRA. ANA CLARA PAULETTI, DIJO:- Que existiendo mayoría hace uso de la facultad de abstenerse de emitir su voto, conforme lo autorizado por el art. 47 de la L.O.P.J. (texto según Ley 9234).- Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordada la Sentencia siguiente:

GUSTAVO A. BRITOS

GUILLERMO O.DELRIEUX ANA CLARA PAULETTI (abstención) Ante mi DANIELA A. BADARACCO Secretaria SENTENCIA:- GUALEGUAYCHU, 11 de diciembre de 2012.- Y VISTO:- Por los fundamentos del Acuerdo que antecede, por mayoría; SE RESUELVE:- 1) HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso interpuesto a fs. 238 por la DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD y REDUCIR el monto correspondiente al rubro «daño moral», FIJANDOLO en la suma de PESOS VEINTITRES MIL ($23.000) con más los intereses establecidos en la sentencia de fs. 227/233 vta., la que se CONFIRMA en lo demás que fue materia de agravios.- 2) MANTENER la condena en costas resuelta en primer instancia y FIJAR las correspondientes a esta Alzada por el segmento del recurso que prospera a la parte actora y por lo rechazado a la demandada.

3) DIFERIR la regulación de honorarios hasta tanto sean estimados los de la instancia de origen.- REGISTRESE, notifíquese y, oportunamente, bajen.- GUSTAVO A. BRITOS ANA CLARA PAULETTI GUILLERMO O. DELRIEUX

ANTE MI DANIELA A. BADARACCO

Secretaria En ././2012 se registró en soporte informático (Acuerdo S.T.J Nº 20/09 del 23/06/09 Punto 7). Conste.-

DANIELA A. BADARACCO Secretaria

 

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