Culpa concurrente entre quien se detuvo en zona prohibida con carga sobresaliente sin señalizar y quien lo embistió al bajar de la autopista

shutterstock_116932849Partes: Varde Francisco y otro c/ Jiménez José Omar y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: G

Fecha: 27-mar-2013

Cita: MJ-JU-M-78446-AR | MJJ78446 | MJJ78446

Culpa concurrente del embistente por omitir circular desde treinta metros antes por el carril disponible para la bajada de la autopista, y del embestido por estar detenido en una zona prohibida y llevar una carga sobresaliente sin señalización. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-Corresponde revocar parcialmente la sentencia apelada y distribuir la responsabilidad por el accidente de tránsito en partes iguales a ambos conductores toda vez que, si bien el actor incumplió la directiva de circular desde treinta metros antes por el carril disponible más cercano a la bajada de la autopista, el demandado no sólo estaba detenido en una zona prohibida -zona cebrada- sino que además llevaba una carga que sobresalía dos metros de la caja sin ningún tipo de señalización.

2.-Debe el accionante probar los extremos en que fundamentó su petición por cuanto, si bien los demandados no se presentaron a controvertir la litis, lo que determinó que quedara incontestada la demanda, la citada en garantía y la concesionaria de la autopista codemandada admitieron el accidente, cuestionaron la responsabilidad que se les atribuye y, fundamentalmente, negaron cada uno de los hechos invocados en la demanda, así como los hipotéticos daños sufridos.

3.-Corresponde acceder al rubro por ‘gastos de reparación del automotor’ por el monto reclamado en la demanda -adaptado al porcentaje de concausalidad- toda vez que, si bien el perito insistió en que la realización de los arreglos ha sido antieconómica, la obligación que pesa sobre el dañador es la de recomponer la indemnidad de la cosa sin importar el costo de las tareas realizadas, pues así lo impone el principio de reparación integral.

4.-Debe desestimarse el rubro por ‘desvalorización del automotor’ sin perjuicio de que el perito estimó la pérdida del valor venal en un 5 %, atento la antigüedad del vehículo a la fecha del siniestro, su condición de utilitario, la cantidad de kilómetros rodados, y que ha prosperado la indemnización para atender a las reparaciones realizadas en una concesionaria oficial, lo que en definitiva redunda en beneficio del rodado.

5.-Debe concederse el rubro por ‘privación del uso del automotor’ toda vez que, si bien el actor ha invocado una utilización específica de la camioneta que no ha acreditado, es indudable que la imposibilidad de disponer de ella debió ocasionarle molestias e incomodidades, obligándolo a recurrir a otros medios de transporte; debiendo deducirse el ahorro de combustible, garaje, estacionamiento, etc. durante el lapso indemnizable.

6.-Corresponde acceder a los rubros por ‘incapacidad psíquica’ y ‘gastos de tratamiento psicoterapéutico’ por cuanto el dictamen pericial ha arrojado como resultado la existencia en ambos actores de una incapacidad en el plano psicológico, sugiriendo la realización de tratamiento psicoterapéutico.

7.-Debe accederse al rubro por ‘daño moral’, independientemente de haberse producido solo daños materiales en el automotor, sin consecuencias lesivas en las personas, debido a la afectación a los sentimientos de la víctima por no poder contar con el automóvil, por un lado, y, por otro, el recuerdo que aún hoy debe afectar al accionante al revivir el violento ingreso de los hierros que portaba el camión a través del parabrisas de su vehículo.

8.-Corresponde liquidar los intereses desde la fecha del hecho y hasta el efectivo pago a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina de acuerdo a lo establecido en la doctrina plenaria ‘Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios’ , teniendo en cuenta que la totalidad de los rubros han sido fijados a valores históricos, lo que descarta un eventual enriquecimiento indebido.

Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 27 días del mes de Marzo de Dos Mil Trece, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, para conocer en el recurso de apelación interpuesto en los autos caratulados:” VARDE, FRANCISCO Y OTRO C/ JIMÉNEZ, JOSÉ OMAR Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS “, respecto de la sentencia de fs. 565/575, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿ES JUSTA LA SENTENCIA APELADA?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: Señores Jueces de Cámara Doctores BEATRIZ AREÁN – CARLOS ALFREDO BELLUCCI- CARLOS CARRANZA CASARES –

A la cuestión planteada la Señora Juez de Cámara Doctora Areán dijo:

I. La sentencia de fs. 565/575 rechazó la demanda promovida por Francisco Varde y Pablo Ángel Varde contra José Omar Jiménez, Ernesto Alejandro Pedemonte, Autopistas Urbanas S.A. y La Holando Sudamericana Cía. de Seguros S.A., con costas. Difirió la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes.

Contra dicho pronunciamiento se alzaron los actores a fs. 579, siendo concedido el recurso a fs. 579 vta.

Expresaron agravios a fs. 592/603, los que fueron replicados a fs. 612/614 y a fs. 616/617. Se quejan porque la juez a quo sostiene que la colisión se produjo en una zona neutral, no habilitada a la circulación, lo que es inexacto. Nunca se justificó que el camión estuviera detenido por un desperfecto mecánico. No se corresponde el peritaje tenido en cuenta por la sentenciante con el emanado del perito de oficio, inclinándose en favor del presentado por un consultor técnico. La velocidad no era elevada, pues era inferior a la reglamentaria. El pronunciamiento violenta reiteradamente el principio de congruencia, al formular afirmaciones no invocadas ni probadas. Minimiza la circunstancia de estar los hierros peligrosamente sobresalidos. La Autopista le aplicó a Pedemonte una sanción de multa que es equiparable a la condena mencionada por el art.1102 del Código Civil. Cuestionan la eximición de responsabilidad de AUSA, siendo que ha quedado debidamente demostrado que los controles fueron insuficientes.

II. Con carácter previo al análisis de los agravios expresados contra la sentencia, recordaré liminarmente que, como desde antiguo lo viene sosteniendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación y diversos tribunales inferiores, la omisión de tratamiento de cuestiones oportunamente sometidas a consideración del juez de la causa, no afecta por sí la garantía de la defensa en juicio porque los jueces no están obligados a meritar cada uno de los argumentos de las partes sino los que a su juicio sean decisivos para la correcta solución del caso. Asimismo, tampoco están constreñidos a seguirlas en la evaluación de todos y cada uno de los agravios expresados, sino a atender a aquellos que estimaren conducentes para resolver la cuestión debatida (Conf. CSJN, 18/04/2006, “Crousillat Cerreño, José F.”, DJ 01/11/2006, 646; id. 24/08/2006, “Alarcón, Marisel y otros c/Instituto Provincial de la Vivienda y Urbanismo del Neuquén”, Fallos, 329: 3373, id. 08/08/2002, “Giardelli, Martín Alejandro c/ Estado Nacional -Secretaría de Inteligencia del Estado” , Fallos, 325:1922; id. 04/11/2003, “Acuña, Liliana Soledad c/ Empresa Distribuidora del Sur S.A.” , Fallos, 326:4495; id. 04/11/1997, “Wiater, Carlos c. Ministerio de Economía” , DJ 1998-3, 376, entre muchos otros).

III. Según se relata en el escrito de demanda, el 12 de junio de 2007, siendo aproximadamente las 9 y 20 horas, Pablo Ángel Varde conducía la camioneta marca Renault Kangoo, dominio DRV 004, por el segundo carril de la Autopista Perito Moreno, detrás de un camión.Al intentar descender en la bajada denominada Alberdi, se encontró con un camión Ford F-600, detenido aparentemente por un desperfecto mecánico, sin ningún tipo de señalización, de cuya parte exterior sobresalían dos metros de caños metálicos y varillas de hierro para la construcción. Intentó esquivarlo, pero no pudo evitar impactarlo, entrando los hierros por el parabrisas del lado del acompañante.

Ambos codemandados no contestaron la demanda, sí lo hizo AUSA y la aseguradora de los primeros, la que se defiende aduciendo que el camión no obstruía el paso de los vehículos que tomaran la bajada Alberdi ni el paso de los restantes rodados que circulaban normalmente por los carriles de la autopista, ya que la zona de detención no era apta para circular. Debió tomar 30 metros antes el carril de la derecha para efectuar la bajada por la vía habilitada a tal efecto. Las huellas de frenada son elocuentes en cuanto a la velocidad con que la camioneta encaró el descenso, frenó y embistió bruscamente al camión.

Surge de la causa sobre diligencias preliminares que tengo a la vista que en el Parte Nº 20.924 AUSA ubicó el accidente el día 12 de junio de 2007 a las 9,06 horas en la Salida Alberdi con llegada del móvil de seguridad vial, a las 9,07 horas el de la grúa y a las 9,35 horas el de la grúa pesada. Consignó dos vehículos involucrados, calzada libre 4 carriles. Como causas aparentes del hecho, se dijo que por lo comentado por el conductor de la camioneta, circulaba por la Autopista detrás de un camión por el segundo carril, cuando decidió bajar en Alberdi se encontró con un camión detenido en el morro de la bajada por problemas mecánicos, no pudiendo evitar embestirlo.Aclaró expresamente que se trataba de una versión subjetiva del hecho.

Agrega el Parte que Seguridad Vial que al llegar al lugar se observó que el camión trasladaba varillas de hierro que sobresalían dos metros de su caja playa sin señalizar. Se encontraba a unos 80 metros del poste S.O.S. sin haberse solicitado el auxilio mecánico, intentando repararlo en el lugar por sus medios. Se labró un acta de infracción municipal.

A fs. 505 vta. sostiene el perito ingeniero, luego de destacar que la camioneta Renault Kangoo fue el vehículo embestidor, que estima que circulaba por el segundo carril de la Autopista Perito Moreno hacia la Provincia. El camión Ford se encontraba detenido sobre la zona neutral o cebrada que conforma con la bajada hacia la Avda. Juan Bautista Alberdi, con su frente a una distancia del morro de unos 12 metros. En un determinado momento el actor desvió su trayectoria con el aparente propósito de tomar la bajada Alberdi. Cuando había traspuesto el primer carril se encontró con el camión detenido, colisionándolo en la zona neutral. La embestida fue frontal angular, al impactar la zona delantera derecha contra el sector trasero izquierdo del camión.

Había huellas de frenada sobre el primer carril con dirección a la bajada, lo que demuestra que el coactor habría encarado la maniobra de abandonar la autopista pasado el punto adecuado, o sea, no circulando por el costado más próximo al giro a efectuar.

A fs. 506 vta. el experto estima la velocidad mínima de la camioneta en 57 Km./h, mientras que la del camión era cero por estar detenido.

A fs. 508 destaca que la Autopista es una vía de circulación rápida, con cuatro carriles de circulación hacia la Provincia de unos 3,65 metros de ancho cada uno, divididos por líneas blancas discontinuas.A la derecha del carril lento se encuentra una banquina de 2,50 metros, no hay reductores de velocidad.

Aclara que el lado menor de la zona triangular neutral cebrada tiene una longitud de 4 metros y la distancia entre la punta del morro y el extremo de los lados mayores es de 65 metros A fs. 508 vta. expresa el perito que de haber circulado la camioneta por el carril más conveniente para egresar de la autopista, conservar la velocidad reglamentaria y tener un panorama de lo que sucedía ante su frente, habría sido alta la probabilidad de concretar una maniobra de esquive.

A fs. 509 destaca que el área neutral es una superficie que reduce la posibilidad de colisión con el cordón de la nariz del borde de bifurcación y a la vez encausa el tránsito en un ángulo suave y conveniente hacia la salida. No está permitida la detención ni la circulación de vehículos en esa zona. Está delimitada por el carril más lento de la autopista y el comienzo de la bajada Alberdi.

A fs.510 precisa el experto que si la camioneta hubiera circulado por el costado más próximo a la salida con suficiente distancia para ello, la colisión no se habría producido, debido a que el camión estaba detenido sobre la zona cebrada ubicada a la izquierda del egreso del tránsito hacia Juan Bautista Alberdi.

La detención de un vehículo sobre la zona cebrada obstruye la circulación de los demás.

En atención a las huellas de frenadas detectadas, queda demostrado que indefectiblemente, aun sin la presencia del camión, Varde habría de cruzar por la zona cebrada y de haber continuado la marcha por el carril por el que se desplazaba con trayectoria rectilínea la colisión no se habría producido ya que el camión estaba detenido a más de 3,65 metros.

Este aspecto de las conclusiones no mereció observación alguna de los actores.

Frente al pedido de aclaraciones de la citada en garantía, a fs. 531 señala el perito algo obvio: que la detención de un vehículo en la zona cebrada no obstruye el paso de otros que circulan por los carriles de la autopista en dirección a la Provincia.

IV. Ahora bien, los demandados Jiménez y Pedemonte no se presentaron a controvertir la litis, lo que determinó que quedara incontestada la demanda, aun cuando no se decretó la rebeldía.

La falta de contestación de la demanda produce una presunción favorable a la pretensión del accionante, la que será plena si no hay otra prueba o si la producida es coadyuvante. Por el contrario, dejará de tener valor si se demuestra que el demandado tiene razón. Si éste no sólo no contestó la demanda, sino que ni siquiera se apersonó, rige el art. 60 (Conf. Colombo, Carlos J., “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Anotado y Comentado”, Tomo III, pág. 303).

Se ha d icho que esa remisión al art.356 inciso 1º) , asimila la rebeldía a la incontestación de la demanda, encontrándose la única diferencia en la inclusión de la expresión “en caso de duda”. La ley consagra una presunción favorable a la parte que se beneficia con la rebeldía de su contraria, pero es posible que exista contradicción entre los hechos presumidos y otras constancias del juicio. Si éstas producen plena convicción en el juez, tendrá que atenerse a ellas, pero en caso de duda, habrá de pronunciarse a favor de quien obtuvo la declaración de rebeldía de la otra parte (Conf.Fenochietto, Carlos E.-Arazi, Roland, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación comentado y concordado con el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires”, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1983, Tomo 1, pág. 241).

Es Palacio quien formula más claramente la distinción entre la falta de contestación de la demanda y la rebeldía. Sostiene el maestro que la nota esencial de esta última es la incomparecencia del demandado, de modo que en el caso en que comparezca dentro del plazo correspondiente pero se abstenga de contestar, resulta excluida la posibilidad de declararlo rebelde, sin perjuicio de que esa abstención o el cumplimiento extemporáneo del acto, determine la pérdida de la facultad no ejercida. Sin embargo, admite el autor que ambas figuran guardan analogía en lo atinente a la apreciación de los hechos, por cuanto ambas constituyen fundamento de una presunción simple o judicial, de suerte tal que incumbe exclusivamente al juez, en oportunidad de dictar sentencia y atendiendo a la naturaleza del proceso y a los elementos de convicción que surjan del mismo, establecer si el silencio del demandado es susceptible o no de determinar el acogimiento de la pretensión deducida por el actor.Para llegar a la conclusión positiva, la presunción desfavorable que crea el silencio derivado de la falta de contestación de la demanda debe ser corroborada por la prueba producida por el actor y por la ausencia de prueba en contrario producida por el demandado (Conf. Palacio, Lino E., “Derecho Procesal Civil”, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1990, 3ª. Reimpresión, Tomo VI, pág. 170).

Ahora bien, aun admitiendo que la falta de contestación de la demanda da nacimiento a una presunción a favor del actor, ya que ese silencio “podrá estimarse como el reconocimiento de la verdad de los hechos pertinentes y lícitos alegados” por el mismo, cabe preguntarse si ese principio mantiene virtualidad en el supuesto en que, tratándose de un accidente de tránsito, la citada en garantía, no sólo ha comparecido al proceso aceptando la citación, sino que además ha dado una versión muy diversa del hecho.

Se ha dicho que “en cuanto a los efectos de la no contestación de la demanda, la negativa expresa y detallada de los hechos sostenidos por el actor, formulada por la citada en garantía, impone al accionante la necesidad de probar los extremos en que fundamentó su petición” (Conf. CNCivil, Sala H, 3/11/98, “Díaz, María Aurora c/Luciano, Héctor Alberto s/daños y perjuicios” , elDial – AAE6).

En materia de accidentes de tránsito, a los fines de valorar los efectos de la incontestación de la demanda o de la rebeldía, en su caso, deberá tenerse en cuenta si se ha completado o no la citación en garantía de la aseguradora de la parte demandada. Ello debe ser así, porque conforme las relaciones que surgen del contrato de seguro y las obligaciones recíprocas, normalmente la compañía se hará cargo de la condena, lo que torna sumamente relativo el interés del accionado asegurado en el resultado del litigio. Tal circunstancia lo puede llevar a actuar con desidia, dado que esa actitud no le acarreará ningún perjuicio patrimonial.Por lo tanto, el juzgador debe adoptar un criterio restrictivo en lo que hace a la evaluación del silencio del demandado, ya que es su deber investigar la realidad de lo acontecido y, en especial, la magnitud de los daños, a fin de no distorsionar el espíritu que informa su misión de resolver el litigio (Conf. Daray, Hernán, “Accidentes de tránsito”, 2ª. Ed. Actualizada, Astrea, Tomo 1, pág. 428).

La jurisprudencia de la ex Cámara Nacional de Apelaciones Especial en lo Civil y Comercial, a través de sus seis salas, invariablemente se orientó en este sentido, como puede verificarse a través del gran número de fallos citados por Daray en págs. 451 a 461 de dicha obra.

Mencionaré sólo a título de ejemplo el siguiente: “No corresponde acordar valor decisivo a los fines del progreso de la demanda, a la providencia por la cual se le da por perdido al demandado el derecho a contestarla, si las afirmaciones de la parte actora se encuentran impugnadas por la citada en garantía, la que está válidamente capacitada para formular ese planteo, pues le asiste el derecho de plena participación en el proceso, de lo cual resulta que son válidas las negativas que efectúa en el responde y las pruebas que ofrece con relación a los hechos que se controvierten” (Conf. CNEC y C., Sala I, “20/9/81, “Slica, Fuad c/ Farachi o Farache, Carlos Alberto s/ daños y perjuicios”, citado por Daray, ob. cit., pág. 452).

En síntesis, si bien la suerte del juicio no se encuentra sellada definitivamente, lo cierto es que la ley consagra una presunción favorable a la parte que se beneficia con la rebeldía de su contraria.Sin embargo, ella no exonera al demandante de la carga de la prueba ni produce la inversión de dicha carga, es decir que la declaración de rebeldía no entraña sin más el reconocimiento ficto, por parte del rebelde, de la verdad de los hechos alegados por la otra parte como fundamento de su pretensión, ni constituye causal para tener por configurada una presunción iuris tantum acerca de la verdad de esos hechos. Puede suceder que exista contradicción entre los hechos presumidos y otras constancias del juicio. Si estas constancias producen plena convicción en el juez, tendrá que atenerse a ellas, pero, en la duda, habrá que pronunciarse a favor de quien obtuvo la declaración de rebeldía de la otra parte.

Tal es lo que acontece en el caso, pues la citada en garantía y la codemandada AUSA han admitido el accidente, han cuestionado la responsabilidad que se les atribuye y, fundamentalmente, han negado cada uno de los hechos invocados en la demanda, así como los hipotéticos daños sufridos.

Con las constancias obrantes en autos y en las diligencias preliminares anticipo que han logrado acreditar su propia versión de los hechos, con el fin de procurar la demostración de la ruptura parcial del nexo causal.

Según el art. 45 de la ley 24.449, en las vías con más de dos carriles por mano, sin contar el ocupado por estacionamiento, el tránsito debe ajustarse a lo siguiente: a) Se puede circular por carriles intermedios cuando no haya a la derecha otro igualmente disponible; b) Se debe circular permaneciendo en un mismo carril y por el centro de éste. c) Se debe advertir anticipadamente con la luz de giro correspondiente, la intención de cambiar de carril;…g) Todo vehículo al que le haya advertido el que lo sigue su intención de sobrepaso, se debe desplazar hacia el carril inmediato a la derecha.

Y el art.46 se refiere a las autopistas, disponiendo además de lo establecido para las vías multicarril, que rigen las siguientes reglas: a) El carril extremo izquierdo se utilizará para el desplazamiento a la máxima velocidad admitida por la vía y a maniobras de adelantamiento; …c) No se puede estacionar ni detener para ascenso y descenso de pasajeros, ni efectuar carga y descarga de mercaderías, salvo en las dársenas construidas al efecto si las hubiere; d) Los vehículos remolcados por causa de accidente, desperfecto mecánico, etc., deben abandonar la vía en la primera salida.

Por último y a los fines de calificar la conducta observada en el caso por Varde, es fundamental recordar que, de acuerdo con el art. 43 , para realizar un giro debe respetarse la señalización, y observar las siguientes reglas: a) Advertir la maniobra con suficiente antelación, mediante la señal luminosa correspondiente, que se mantendrá hasta la salida de la encrucijada; b) Circular desde treinta metros antes por el costado más próximo al giro a efectuar. c) Reducir la velocidad paulatinamente, girando a una marcha moderada; d) Reforzar con la señal manual cuando el giro se realice para ingresar en una vía de poca importancia o en un predio frentista.

Además, por entonces ya regía en esta Ciudad de Buenos Aires la ley 2148, cuyo art. 6.1.9. establece que la circulación por autopistas debe ajustarse a las siguientes pautas: c) Se debe circular procurando permanecer en un mismo carril y por su centro, abandonándolo sólo para sobrepaso y para egresos, advirtiendo la maniobra con la luz de giro correspondiente…i) Para egresar, los vehículos deben utilizar el carril de desaceleración correspondiente o, en su defecto, el carril de la derecha para aproximarse a la salida con la debida anticipación y a la velocidad adecuada.

El art. 6.1.14. dispone que todo conductor que realice una maniobra de giro para cambiar de arteria de circulación, debe observar las siguientes pautas:a) En arterias de sentido único de circulación para giros hacia ambos lados y en arterias de doble sentido para girar a la derecha, circular desde treinta metros antes por el carril disponible más cercano a la acera del lado para el cual se desea girar, excepto que se encuentre acondicionada o señalizada para realizar la maniobra de otra forma…d) En todos los casos, reducir la velocidad paulatinamente, previo al giro y realizar la maniobra a una marcha moderada.

En estos autos, está reconocido que Varde se desplazaba por el segundo carril de la Autopista detrás de un camión. Así se relata en la demanda. O sea que, liminarmente, tenía la visión obstruida, lo que lo obligaba a extremar los cuidados en la conducción.

Que quede bien en claro que no estoy afirmando como lo hace la juez de grado que marchaba a una distancia inadecuada, lo que motiva uno de los múltiples agravios de los actores. Ello no se sabe, no hay prueba alguna sobre el particular.

Tal como lo ilustran las huellas de frenada detectadas por el personal de la autopista, en un determinado momento decidió encarar la denominada bajada “Alberdi”, atravesando el primer carril hasta encontrarse con el camión detenido sobre la zona cebrada.

Es evidente que incumplió tanto la directiva del art. 43 de la ley 24.449 como la emanada del art. 6.1.14.de la ley local, al no colocarse desde treinta metros antes por el carril disponible más cercano a la acera del lado para el cual deseaba girar, en esta hipótesis, la bajada de la autopista.

Además, es altamente probable que haya advertido extemporáneamente que debía tomar la bajada, lo que lo condujo a actuar como lo hizo.

Como bien lo ha dicho el perito, sin cuestionamiento de la actora, si la camioneta Renault Kangoo hubiera circulado por el costado más próximo a la salida, con suficiente distancia para ello, la colisión no se habría producido, pues el camión estaba detenido sobre la zona cebrada ubicada a la izquierda del egreso del tránsito hacia Juan Bautista Alberdi.

La conducta no próvida de Varde salta a la vista, más allá de la opinión de la juez de grado que, por cierto lejos estoy de compartir.

A su turno, a los fines de evaluar ahora la conducta desplegada en la especie por Pedemonte, recordaré que en el anexo L del Decreto 779/95 , reglamentario de la ley 24.449, sobre Sistema de Señalización vial uniforme, Apartado 29. Marcas especiales. h.8 “marcas canalizadoras del tránsito (e isletas)”, se describe la conformación física, su ubicación sobre la calzada en los lugares en que el tránsito deba o pueda encauzarse en forma distinta, por la presencia de obstáculos o egresos e ingresos a la vía, etcétera y el Significado: “No se puede en ningún caso trasponerlas o circular sobre ellas. Advierten la presencia de obstáculos sobre la calzada y canalizan el tránsito en forma lateral a las mismas”.

Además, el art. 56 inciso e) dispone que la carga no debe sobresalir de los límites del vehículo, excepto en las condiciones reglamentadas en el ítem 7 del Anexo R.

Allí se lee: 7.2. Permisos para Vehículos convencionales.7.2.1.Los vehículos convencionales (camión y semirremolque) podrán transportar las siguientes cargas:7.3.1.1.

Camión simple: podrá transportar cargas con hasta un metro de saliente, sin permiso pero con el señalamiento que establece la presente reglamentación.7.3.5.1. Las unidades que tengan saliente trasera, deben llevar en la parte posterior de la saliente, una bandera como mínimo de 50 cm. por 70 cm, de colores rojo y blanco a rayas a 45º y de 10 cm. de ancho, confeccionadas en tela aprobada por norma IRAM para banderas.7.3.5.2. Cuando la saliente tenga más de 2 m. de ancho deberá llevar 2 banderas, una en cada extremo posterior de la carga, de características idénticas a las mencionadas en el apartado 7.3.5.1.

Si bien es cierto que no está debidamente probado el motivo de la detención, concretamente, si ello se debió a la presencia de una avería mecánica, lo cierto es que el camión Ford F-600 estaba detenido sobre la zona cebrada, en abierta violación a la normativa citada.

Asimismo, el art. 5.1.3. de la ley 2148 dispone que quienes formen obstáculos o generen peligro para la circulación por imprevistos o causa de fuerza mayor, tienen la obligación de removerlos inmediatamente, y mientras ello no ocurra advertir eficazmente a los demás usuarios de la vía pública, tanto de día como de noche, el riesgo creado. Agrega el 5.5.3.que, si por causa de avería del vehículo, caída de la carga o cualquier otro imprevisto se obstruye la calzada, se debe prevenir a otros peatones y conductores con las luces intermitentes del vehículo o las balizas si correspondiere, y adoptar las medidas necesarias para permitir la libre circulación en el menor tiempo posible.

Las fotografías acompañadas por la codemandada permiten presumir que Pedemonte, en lugar de requerir el auxilio de la autopista, había optado por intentar la reparación del desperfecto, ya que sobre el paragolpes delantero del camión se visualiza sin dificultad la colocación de una caja de herramientas.

Todavía cabe agregar un elemento que agrava aún más la conducta de Pedemonte: no sólo estaba detenido en una zona prohibida, sino que además llevaba una carga que sobresalía dos metros de la caja sin ningún tipo de señalización.

En base a todo lo expresado precedentemente, queda en claro entonces que el hecho se produjo por la conjugación de las conductas imprudentes de ambos partícipes en el hecho.

En consecuencia, debe entenderse que la aseguradora de los demandados ha logrado revertir a presunción de responsabilidad que pesaba en su contra, al haber quedado demostrado que se ha operado la ruptura parcial del nexo causal, ya que las pruebas producidas permiten establecer que ha interferido en aquél también el hecho de la propia víctima.

En el caso, propicio graduar la culpa de los partícipes activos en el hecho por partes iguales.

V. En cuanto a la queja relacionada con la exclusión de la condena de la codemandada, aunque la sala observa un criterio amplio para juzgar la suficiencia de una expresión de agravios, por estar en juego el respeto del derecho constitucional de la defensa en juicio, esa actitud indulgente no puede llevarse al extremo de cohonestar una abierta violación de las precisas pautas que suministra el art. 265 del Cód.Procesal, en tanto exige una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el recurrente considere equivocadas, para lo cual no basta remitirse a presentaciones efectuadas con anterioridad o a exteriorizar simples discrepancias con el parecer del sentenciante (Conf. CNCiv., Sala G, L. 435839, “Barral, Rubén Omar y otro c/Bongiorno Rubén Adrian y otros s/ daños y perjuicios”, 30/11/2005, elDial – AA30FB, entre muchos otros).

Las vagas y erráticas expresiones vertidas por el apelante no satisfacen, mínimamente, los requisitos de fundamentación que impone la norma ya citada, pues no realiza una evaluación o crítica de las consideraciones que formula la anterior sentenciante, sino que expresa un simple disenso con lo decidido por la magistrada precedente con argumentos que no intentan rebatir los fundamentos tenidos en mira para decidir la cuestión.

Por ello, propongo declarar desierto el recurso en lo que hace al agravio relativo al rechazo de la demanda dirigida contra la codemandada.

VI. Pasaré a examinar la procedencia de los distintos rubros reclamados, comenzando con los gastos de reparación de la camioneta Renault Kangoo.

Conforme el presupuesto y factura acompañados, cuya autenticidad ha sido reconocida a fs. 446 por el agente oficial Renault, Francisco Varde abonó la suma de $ 32.000.

El perito insiste en que la realización de los arreglos ha sido antieconómica. Sin embargo, debe tenerse presente que la aseguradora del actor no consideró que mediara destrucción total conforme carta documento de fs.516 e informe incorporado en autos.

Se ha dicho que no “corresponde retacear la indemnización de los daños ocasionados al automotor cuando el arreglo valdría más que el vehículo, pues, si se demandó la reparación de los daños ocasionados al automóvil, la sentencia debe establecer la existencia y monto del daño que se procura reparar, sin que corresponda sobre la base de una opinión del perito -que el arreglo valdría más que el vehículo- retacear la justa indemnización por la consideración de una eventual circunstancia de hecho ajena al pleito, como es el mayor valor que podría aconsejar se deseche la utilización del vehículo; pues no se puede obligar al dueño a comprar un coche nuevo… la diaria experiencia demuestra que hay automóviles viejos que están en perfecto estado de conservación y por ende, prestan a sus usuarios análogos servicios que los de modelos más recientes. No obstante, todo ello es aplicable cuando efectivamente se realizaron las reparaciones y se sigue utilizando el vehículo viejo. Sin esos hechos previos, otorgar una indemnización de mayor valor al de la cosa arruinada, constituiría un efectivo enriquecimiento sin causa para la actora” (Conf. CNCiv., Sala F,10 -09-98,elDial.com – AEFC2; id. Sala H 15/05/1996, LL, 1996-E , 270).

Sea cual fuere el estado de conservación del rodado dañado en un accidente de tránsito, la obligación que pesa sobre el dañador es la de recomponer su idoneidad funcional, técnica y estética, aunque ello exija la realización de erogaciones elevadas y la utilización de materiales mejores que los preexistentes, pues así lo impone el principio de reparación integral.No existe enriquecimiento sin causa a favor del actor por el hecho de que la indemnización resulte elevada en relación al valor del rodado dañado en el accidente de tránsito, pues el principio de reparación integral obliga a recomponer la indemnidad de la cosa sin importar el costo de las tareas requeridas (Conf. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 7a Nominación de Córdoba, 04/07/2002, LLC 2003 (abril) , 340).

Esta sala ha dicho que no es deber del damnificado realizar los arreglos en el taller más barato, sino en el que le merece mayor confianza, puesto que de lo que se trata es de lograr las reparaciones que lo satisfagan, aunque ello signifique una posible mayor onerosidad para el patrimonio del responsable (rec. libre n° 212.685, con sentencia del 25/2/97, id. 03/03/2006, “F., C. A. c. Philippeaux, Alicia M. y otros”, LL, 2006-D,65; entre otros muchos concordantes).

Por todo ello, se accederá al rubro por el monto reclamado en la demanda, que deberá ser adaptado al porcentaje de concausalidad establecido.

VII. Reclama el coactor una indemnización para responder a la desvalorización de la camioneta.

La indemnización por desvalorización del automotor, se funda en la merm a que experimenta el valor de venta que se hará ostensible, indudablemente, cuando sea expuesto en el mercado de autos usados, al ser detectables las secuelas del daño, aunque como veremos de inmediato, el daño queda configurado por el solo hecho de haber participado en la colisión y debe ser resarcido por el responsable aun cuando no haya sido previamente reparado.

En principio es procedente la indemnización cuando, una vez realizados los trabajos necesarios para su arreglo, quedan secuelas demostrativas de los desperfectos sufridos, sin que las mismas puedan atribuirse a la idoneidad de quien los reparó, ni a la mala calidad de los materiales empleados.

Sin embargo, como tiene dicho esta Sala: “Respecto a la desvalorización de un rodado no pueden darse reglas generales con pretendida universalidad:tan inexacto es sostener que todo choque la produce, como -su opuesto contradictorio- que sólo concurre cuando se afectan partes estructurales; todo depende de las circunstancias, variables en cada caso, antigüedad del automóvil, estado en que quedó al ser reparado, etcétera”. Además, para establecer la desvalorización es necesario realizar la comparación entre el estado del mismo antes y después del siniestro, para saber si ostenta secuelas perceptibles que lo deprecien en el mercado de usados, a cuyo fin es de utilidad el peritaje mecánico que permite elaborar conclusiones sobre bases concretas (Conf. esta Sala G, 17/11/1989, LL, 1990-C, 65; id. id.04/08/1986, LL, 1987-A, 245; id. id. “Transportes Automotores Riachuelo S. A. c. Peirano, Jorge y otro”, 08/04/1994).

La indemnización de la desvalorización venal del automotor debe juzgarse en cada caso y según las circunstancias y pruebas, ya que no existen reglas “in abstracto” ni principios definitivos. Sin embargo, no puede dejar de observarse que, en general, todo auto chocado sufre un demérito para su venta o comercialización, pues en el mercado de usados se tiene muy en cuenta cualquier muestra, rastro o indicio de que ha soportado un choque de alguna consideración (Conf. CNCiv., Sala C 11/11/1993, LL, 1994-B , 192).

Pues bien, el perito ha detectado una serie de secuelas de la reparación a que fuera sometida la camioneta y ha estimado la pérdida del valor venal en el 5 %.

Sin embargo, considero que debe hacerse mérito de la antigüedad del vehículo a la fecha del siniestro, a su condición de utilitario, a que tenía rodados casi 80.000 Km.y a que ha prosperado la indemnización para atender a las reparaciones realizadas en una concesionaria oficial de la marca, las que como es público y notorio, normalmente facturan costos elevados por utilizarse repuestos originales, todo lo que en definitiva redunda en beneficio del rodado, en el caso, de la camioneta Renault Kangoo.

Cuando se trata de un modelo con suficiente antigüedad y el arreglo que se le hizo, con colocación de piezas nuevas, no pudo perjudicarlo, aun cuando el mismo resulte perceptible no es procedente la indemnización por desvalorización del automotor (Conf. CNEsp. Civ.Com., Sala II 18/03/1985, LL, 1986-E, 704).

Por las razones expuestas se desestima el rubro.

VIII. Reclama el coactor una indemnización por la privación del uso del vehículo durante el tiempo que insumieron las reparaciones.

Recordaré que se ha dicho que debe presumirse el daño emergente resultante de la privación del uso de un automotor por las siguientes razones: a) el automóvil es una cosa destinada, naturalmente, a ser usada; b) cualquiera sea la actividad de su titular, no puede exigírsele que mientras dura la reparación, use transportes públicos, justificándose que viaje en taxi o medios similares; c) la imposibilidad de usar el vehículo produce al damnificado una obvia reducción de sus posibilidades de traslado, ya que en la mayoría de los casos, el propietario no podrá pagar taxis o automóviles de alquiler; y d) las circunstancia precedentes configuran un hecho público y notorio que, como tal, no necesita ser probado (Conf.SC Mendoza, sala I, 25/11/2003, LLGran Cuyo 2004 (marzo), 151).

O sea que la sola privación del rodado constituye para su usuario un perjuicio que debe ser indemnizado, sin necesidad de demostrar otro perjuicio derivado de esa privación, no obstante la opinión en contrario de la apelante y que se enfrenta con la jurisprudencia uniforme de todos los tribunales del país, con excepción del fallo aislado de la corte provincial que cita y que sólo algunos tribunales inferiores han seguido a pesar de configurar doctrina legal.

Es que en materia de accidentes de automotores, el daño correspondiente al rubro privación de uso queda configurado por la mera indisponibilidad del vehículo, ya que produce al damnificado una obvia reducción de sus posibilidades de traslado, inclusive, de esparcimiento, a lo que cabe agregar que el dueño sufre la insatisfacción material y espiritual de no poder usar su cosa propia (Conf. Hise, Mónica B., Accidentes de tránsito (Legitimación activa del usuario y cuantificación de la reparación del automotor), JA 1996-IV-1138).

Se origina este daño en la circunstancia de no haber podido utilizar el vehículo su propietario y hasta el mero usuario, durante el lapso que va desde el choque hasta la reparación o el transcurso de los días estimados para hacerla efectiva, aun cuando de hecho ello no haya ocurrido, por ejemplo, por carecer de fondos para afrontar el pertinente pago.

Cuando se priva a una persona de un capital en dinero, nadie duda que esa “privación del uso” del dinero ocasiona a su dueño un perjuicio que debe ser indemnizado y que se estima generalmente en el importe de los “intereses” que se pagan en plaza; no se exige al dueño, en este caso, que brinde una prueba concreta del destino que hubiese dado el dinero ni que demuestre que tuvo que solicitar préstamos. De ahí que no existan motivos para no admitir que la privación temporal del uso de la cosa, ocasiona también un perjuicio (Conf.Moisset de Espanés, Luis, “Privación del uso de un automóvil”, LA LEY 1984-C, 50-Responsabilidad Civil Doctrinas Esenciales Tomo II, 1447).

Nuestra jurisprudencia es uniforme en cuanto a considerar que la existencia del daño patrimonial derivado de la privación del uso del rodado, se deduce de la prueba misma del deterioro del mismo, ya que si se admite que el auto requirió ciertas reparaciones, más allá de que las mismas no se hayan realizado, es dable concluir que ello acarrea necesariamente cierto lapso de indisponibilidad del mismo que, razonablemente, puede provocar un detrimento patrimonial (Conf. C. Nac. Civ., sala A, 05/05/2011, Lexis Nº 1/1512; id. Sala B, 30/10/2007, La Ley Online AR/JUR/8520/2007; id. Sala H: 27-03-02 – elDial.com – AE18F6; id. sala L, 22/04/2010, La Ley Online, AR/JUR/17957/2010; id. sala M, 05/05/2009, La Ley Online, AR/JUR/9908/2009; CNCom., Sala D, 16/04/2009, ED Digital (55753) [Publicado en 2010]; Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sala II. 24-06-2010 elDial.com – BG1496; Cám. Civ. Com. 2ª La Plata, Sala III, 27-9- 1994, elDial.com – W76D6, Cám. Civ. Com. San Isidro, Sala I, 21-5-1992, elDial.com – W6D45; Cám.1a Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributario San Rafael, 20/09/2011, La Ley Online • AR/JUR/56739/2011; Cám. Civ. Com.8ª Nominación Córdoba, 04/08/2012, elDial.com – AA74DB; Superior Tribunal de Justicia Rawson, 30-04-1990, elDial.com – ASE3, entre muchos otros).

El actor ha invocado una utilización específica de la camioneta, que no ha acreditado pero aun siendo así, es indudable que la imposibilidad de disponer de ella debió ocasionarle molestias e incomodidades, obligándolo a recurrir a otros medios de transporte, inclusive, a coches de alquiler.

“Al establecer el monto correspondiente a la privación del uso del vehículo se deben tener presente los gastos lógicos y previsibles inherentes al mantenimiento que no fueron soportados durante el lapso que no se utiliza el rodado (combustibles, lubricantes, neumáticos, etc.), los que se han cuantificado en un porcentaje promedio del 30 por ciento. De no ser así, se ocasionaría al acreedor un enriquecimiento sin causa a expensas del deudor” (Conf. CNCiv., Sala A, 13-6-1996 El Dial, CNCIV: 12259).

En consecuencia, si bien la privación de uso del automotor da derecho a reclamar lo necesario por la utilización de otros medios de transporte, durante el lapso indemnizable, de su monto debe deducirse el ahorro de combustible, garaje, estacionamiento, etcétera.

Por otra parte, el monto del resarcimiento debe guardar relación con el lapso prudencial que pueden demandar las reparaciones, no pudiendo imputarse al responsable del pago de la indemnización ni el atraso injustificado en llevar el rodado al taller ni la negligencia del mecánico por no hacer en tiempo el arreglo (Conf. C.N.E.C. y C., Sala IV, 24-3-80, Rep. L.L. XLI-ll04, sum. 99l; id. Sala IV, l6-l0-80, E.D. 9l-436; id. Sala III, 30-6-8l, B.C.N.E.C.y C., 98l-704, Nº l0.57l).

“Es improcedente agravar la situación del deudor por la mora en la realización de los arreglos del automóvil dañado, que provocó la privación de uso, toda vez que según las reglas de la experiencia no puede afirmarse que en el momento del hecho dañoso, los responsables hayan podido prever la insuficiencia patrimonial del actor para hacer reparar el vehículo en tiempo propio” (Conf. CNCivil, Sala G, 24/04/2007, DJ 10/10/2007, 405).

En el cómputo del plazo de privación de uso del automotor no cabe ponderar el tiempo que insumiría según vicisitudes propias de la víctima o de algún establecimiento determinado, sino que debe atender al tiempo razonable necesario para reparar los deterioros (Conf. CNCivil, Sala H, 30/03/2000, La Ley Online).

En base a todo ello y a lo que el perito estimó como el tiempo probable que pudieron insumir los arreglos, superior al tiempo real según lo reclamado en la demanda, juzgo que la indemnización deberá correr por veintiocho días, por lo quefijaré este rubro en la suma tot al adaptada al porcentaje de concausalidad establecido de $ 1.400 (art. 165 del Código Procesal).

IX. Reclaman ambos actores la reparación del daño psicológico, una partida para gastos de tratamiento psicoterapéutico y Pablo Ángel Varde, una indemnización por daño moral.

La Sala considera que “El trastorno psíquico, como el daño estético, carecen de autonomía indemnizatoria y en tanto daños patrimoniales indirectos, integran el de incapacidad y en cuanto a aspectos extrapatrimoniales, el daño moral” (conf. 03/03/2006, LL, 2006-D, 65; id. 04/12/2008, La Ley Online). En realidad, no cabe confundir el bien jurídico afectado, esto es, la integridad física y psíquica, con los perjuicios que de ella derivan, que sólo pueden comportar daños patrimoniales indirectos o daño extrapatrimonial (Conf. “Mann, Dora c/ Nuevos Rumbos S.A., 12/5/97, elDial – AE3CC; id.19/10/2004, Vallejos, Pablo A. c. Retambay, Claudio F. y otro, LL, 18/03/2005, 8).

“El daño psíquico no es concepto autónomo. Cabe diferenciar el bien jurídico que puede verse afectado, de sus consecuencias. Así, la integridad psíquica forma parte de un derecho de la personalidad y es de carácter extrapatrimonial, pero si el desmedro sufrido produce efectos patrimoniales, como la incapacidad para la realización de actividades productivas o el costo del tratamiento necesario para la recuperación genera daños patrimoniales indirectos. Por el contrario, si no los origina, se trata de un daño extrapatrimonial que debe ser evaluado para la fijación del daño moral”. (Conf. esta Sala G, 22-3-95, LL 1995-E-461).

Es improcedente conceder una indemnización por daño psicológico como una partida autónoma, pues si un daño no es patrimonial necesariamente es extrapatrimonial y no queda resquicio ni hendija alguna por la que pueda tener entrada y cabida la recepción de una clasificación tripartita entre el daño patrimonial y el psicológico, atento a que carece de principio divisorio (conf. esta Sala, 14/03/2005, Martínez, Gabriel A. c. Aguas Argentinas S.A., ED 212, 468). Es que el daño psíquico no es un tercer género de daño ni constituye perjuicio autónomo, pues en la medida en que incide en una merma de posibilidades patrimoniales integra la incapacidad y en cuanto a aspectos extrapatrimoniales, el daño moral (conf. esta Sala, 23/03/2001, “Campo Castro, Alfonso c. González, Carlos A.”, La Ley Online, id. 27/08/2007, “Real, Roberto c. Microomnibus Saavedra SATACI y otro”, La Ley Online; id. 22/08/2007, “Leguizamón, Javier E. c. Sciancalepore, Hernán Diego y otros”, La Ley Online).

Sin embargo, como se verá, en el caso el dictamen pericial ha arrojado como resultado la existencia en ambos actores de una incapacidad en el plano psicológico.

En efecto, a fs.419 la perito psicóloga sostiene que Pablo Ángel Varde ha sufrido el impacto del hecho de autos agravando un estado de vulnerabilidad e inseguridad preexistente, o sea que existe relación concausal con el accidente, le asigna una incapacidad del 5 % correspondiente a una Reacción Anormal Neurótica de grado II.

Sugiere la realización de una terapia cognitiva conductual durante seis meses a razón de una sesión semanal.

En cuanto a Francisco Varde sufre también Reacción Vivencial Anormal Neurótica con manifestación obsesiva, grado II y una incapacidad del 10 %. El accidente le ha provocado un trauma que no ha elaborado mediante la instrumentación de mecanismos defensivos funcionales. El tratamiento debe extenderse por un año a razón de dos sesiones por semana.

Por todo ello, accederé a ambos rubros fijando para responder a los mismos las sumas de $ 3.600 y $ 960 paraPablo Ángel Varde y de $ 4.800 y $ 3.840 para Francisco Varde, por incapacidad psíquica y gastos de tratamiento psicoterapéutico respectivamente, importes todos ya adaptados al porcentaje de concausalidad establecido.

X. Reclama Pablo Ángel Varde la reparación del daño moral.

Ante todo, cabe recordar que la reparación de este daño está dirigida a compensar los padecimientos, molestias e inseguridades, únicamente desde el plano espiritual, cobrando especial importancia la índole de las lesiones y el grado de las secuelas que dejaren, para mostrar en qué medida ha quedado afectada la personalidad y el sentimiento de autovaloración (conf. esta sala, 22/06/1992, “Chanquia, Ramona B. c. Pérez, Mario H.”).

Si bien no requiere de una demostración expresa, no es fácil traducir en una suma de dinero la valoración de los dolores, sufrimientos, molestias, angustias, incertidumbres o temores padecidos por la víctima. Sólo ella puede saber cuánto sufrió, pues están en juego sus vivencias personales.

Para estimar pecuniariamente la reparación del daño moral falta toda unidad de medida, pues los bienes espirituales no son mensurables en dinero.Sin embargo, al reconocerse una indemnización por este concepto, no se pone un precio al dolor o a los sentimientos, sino que se trata de suministrar una compensación a quien ha sido injustamente herido en sus afecciones íntimas (Conf. Orgaz, Alfredo, “El daño resarcible”, pág. l87).

Si la indemnización en metálico no puede por sí restablecer el equilibrio perturbado del bienestar de la víctima, puede sin embargo, procurarle la adquisición de otros bienes que mitiguen el daño (Conf. Fischer, Hans A., “Los daños civiles y su reparación”, pág. 228).

La determinación del daño moral no se halla sujeta a parámetros objetivos, pues las aflicciones se producen en el ámbito espiritual de la víctima, por lo que su valoración debe efectuarse según la cautelosa discrecionalidad del juzgador ceñido a considerar la situación personal de aquella (arts.163, inc. 5° , 165, 386 , 456 , 477 y concs., Cód. Procesal Civil y Comercial; arts.1078 , 1083 y concs., Cód. Civil) (conf. esta sala, 18/10/2002, “Suraniti, Juan S. c. Ranz, Mónica A.y otro”, DJ 2003-1, 247).

En los accidentes de automotores, cuando sólo han mediado daños materiales en el vehículo, una corriente generalizada de la jurisprudencia considera que no puede hablarse de un daño moral, ya que no se trata, de un perjuicio extrapatrimonial, traducido en molestias o sufrimientos, en menoscabo de las afecciones legítimas o en perturbación en el goce de sus bienes, pues tratándose de daños materiales son reparados mediante distintos rubros.

Como una suerte de muletilla se dice que no cabe admitir la existencia de agravio moral, cuando no existen más que daños materiales en los vehículos, no siendo suficiente el desagrado que el hecho dañoso puede provocar al damnificado, porque tal estado de ánimo forma parte de los riesgos que se corren a diario en la ciudad y todo el daño real experimentado se repara con el pago de los perjuicios materiales (Conf. CNCiv., Sala E, 03/07/2002, DJ 2002-3 , 664; id. Sala I 06/02/2007, Exclusivo Doctrina Judicial Online, AR/JUR/311/2007, id. Sala H, 15/04/2002 , DJ 2002-2, 1023).

Sin embargo, se ha dicho que los objetos materiales, si se contempla a la sociedad actual con una visión realista, juegan un papel importante en la vida del hombre medio. Hay cosas que, como los automotores, se incorporan a la existencia del propietario y su familia, de tal manera que se convierten en medios indispensables para el desarrollo de todo tipo de actividades -laborales, sociales, esparcimiento, etcétera-, por lo que la privación de tales objetos a causa de su deterioro o destrucción, da lugar a algo más que molestias o desagrados para las personas damnificadas. Por otra parte, como es notorio, quien resulta involucrado en hechos de esta naturaleza se ve necesariamente sujeto a la realización de trámites tediosos para intentar hacer valer sus derechos, y no siempre con un resultado satisfactorio (Conf.Todesca, Norberto C.- Mendelewicz, José D., “La reparación del daño moral frente a la lesión de bienes materiales”, JA 2002-IV-327).

Ha dicho mi colega que aquí habrá de votar a continuación que “las molestias y contrariedades que se suscitan a raíz de un ilícito aun cuando sólo produzcan daños materiales, por lo mismo que ellos hacen padecer a quien no tenía que soportar contrariedades e involuntarias modificaciones en su estructura vivencial del día del episodio, sin desagregar que se les obliga a recorrer un espinel no deseado, tal como hacerse revisar en hospital, efectuar denuncias policiales y ante aseguradoras, lo que implica pérdida de tiempo y atenta contra la paciencia de cualquier mortal, a contrario de la cerrada negativa que pregonan los co-emplazados, merecen ser aprehendidas dentro de este capítulo como lo hizo el anterior magistrado” (Conf.esta Sala G, 6/8/2004, voto del Dr. Bellucci, Libre Nº 402.750 (inédito).

En principio, cuando un accidente sólo produce daños materiales en el automotor sin consecuencias lesivas en las personas, no se configura un daño moral indemnizable, salvo que se demuestre la existencia de un perjuicio en las afecciones legítimas de quien contaba con aquel (Conf. CNCiv., Sala G, 24/04/2007, DJ 2007-III, 405).

Por supuesto que no se pueden fijar pautas rígidas y si únicamente se ha abollado un guardabarros o roto un farolito, seguramente no habrá lugar al reclamo, pero existen supuestos en que el deterioro es de gran magnitud que la persona de ánimo más templado no puede evitar sufrir, enojarse, sentirse mortificada, es decir, experimentar un dolor que no alcanza a ser paleado con una indemnización por la privación del uso.No es lo mismo que años después del accidente el responsable deba pagarle por los gastos en que debió incurrir para tomar taxis o remises en los días en que no contó con su vehículo.

Aquí de lo que se trata es de resarcir la afectación a los sentimientos de la víctima y de su familia por no poder contar con el automóvil, por un lado y en, casos como el de autos, el recuerdo que aún hoy debe afectar a Varde al revivir el violento ingreso de los hierros que portaba el camión a través del p arabrisas fracturado.

Al abordar el tema de los daños no patrimoniales, sostiene Fischer, con cita de Ihering, que la justicia no sería completa si al que destruye insidiosamente un bien patrimonial sólo se le castigase a indemnizarlo. Y se pregunta recurriendo a lo que diría la voz del pueblo: ¿Y quién le paga al perjudicado el disgusto, la indignación y los malos ratos? La misión de la pena consiste en aplacar el sentimiento jurídico herido, complace la idea de la justicia, pero también puede servir para satisfacer los intereses o los anhelos particulares del lesionado. Si la indemnización en metálico no puede por sí restablecer el equilibrio perturbado del bienestar de la víctima, puede sin embargo, procurarle la adquisición de otros bienes que mitiguen el daño(Conf. Fischer, Hans A., “Los daños civiles y su reparación”, Madrid, Librería General de Victoriano Suárez, 1928, pág. 228).

Por todo ello, accederé a este rubro fijando para responder al mismo la suma ya adaptada a la concausalidad de $ 5.000 (art. 165 del Código Procesal).

XI.Las sumas por las que prospera la condena devengarán intereses desde la fecha del hecho y hasta el efectivo pago, excepto la partida para responder a tratamiento psicoterapéutico, en que correrán desde esta sentencia, por tratarse de erogaciones aún no realizadas y para reparaciones del rodado, en que lo harán desde el 12 de setiembre de 2007, fecha de pago de la factura del taller.

Como la totalidad de los rubros han sido fijados a valores históricos, lo que descarta un eventual enriquecimiento indebido, los réditos serán liquidados con el alcance emergente de la doctrina plenaria consagrada en los autos “Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S.A. s/ Daños y perjuicios”, esto es, a “la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (art. 303 del Código Procesal).

XII. Las costas del proceso se aplican en ambas instancias a los demandados José Omar Jiménez y Ernesto Alejandro Pedemonte y a la citada en garantía, en la proporción por la que prospera la condena por haber sido vencidos en el tema de la responsabilidad y por el carácter resarcitorio que reconocen estas indemnizaciones (art. 68 del Código Procesal); y a los actores las costas de alzada correspondientes a la actuación ante este tribunal de la codemandada AUSA.

XIII. La condena se hace extensiva a La Holando Sudamericana Cía. de Seguros S.A., en los términos del art. 118 de la ley 17.418 y en la medida del seguro.

Los Señores Jueces de Cámara Doctores Bellucci y Carranza Casares votaron en igual sentido por análogas razones a las expresadas en su voto por la Dra. Areán. Con lo que terminó el acto.

BEATRIZ AREÁN.

CARLOS ALFREDO BELLUCCI.

CARLOS CARRANZA CASARES.

Buenos Aires, de Marzo de 2013.-

Y VISTOS:

Por lo que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede, se resuelve: I.Revocar parcialmente la sentencia apelada y, en consecuencia, condenar concurrentemente a José Omar Jiménez y a Ernesto Alejandro Pedemonte a pagar a Francisco Varde la suma de VEINTIDOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($ 22.584) y a Pablo Ángel Varde, la de NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS ($ 9.560), con sus intereses legales computados en el modo establecido en el Considerando X, en el plazo de diez días de consentida o ejecutoriada esta sentencia. II. Hacer extensiva la condena a La Holando Sudamericana Cía. de Seguros S.A., en los términos del art. 118 de la ley 17.418, y en la medida del seguro concertado. III. Costas en ambas instancias a cargo de los vencidos en la medida de la condena, y las de alzada a los actores, por la actuación de AUSA. IV. Confirmar la sentencia en todo lo demás que decidió y fue motivo de agravios no atendibles. V. Vueltos los autos, se arbitrará lo conducente para el logro del ingreso del tributo de justicia, y se recuerda la personal responsabilidad que impone la ley 23.898 . Los honorarios de los profesionales intervinientes serán regulados una vez fijados los de primera instancia. Se deja constancia de que la publicación de esta sentencia se encuentra sujeta a lo establecido por el art. 164, segundo párrafo del Código Procesal. Notifíquese, regístrese y devuélvase.-BEATRIZ AREÁN – CARLOS ALFREDO BELLUCCI- CARLOS CARRANZA CASARES – ES COPIA

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