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La aparición de una tarima de madera en medio de la ruta es imprevisible para el conductor y no se le puede reprochar la maniobra realizada

shutterstock_113980975Partes: Ramírez Benito c/ Autopistas Urbanas SA (AUSA) s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: L

Fecha: 15-mar-2013

Cita: MJ-JU-M-78562-AR | MJJ78562 | MJJ78562

La aparición de una tarima de madera en medio de una ruta de alto tránsito es una circunstancia imprevista para el conductor del vehículo, en virtud de lo cual no puede reprochársele la maniobra sorpresiva que realizara la víctima pretendiendo acreditar que su accionar ha incidido de algún modo en la causación del hecho. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia apelada en cuanto condenó a la demandada al pago de los daños y perjuicios sufridos por el actor, quien protagonizara un accidente de tránsito tras chocar con una tarima de madera que se encontraba en la autopista por la que circulaba, lo que provocó que explotara la goma izquierda y el rodado diera un trompo, chocando finalmente contra un muro de contención, en tanto rige la obligación de seguridad que surge de la relación contractual y se funda en la buena fe con que deben ser cumplidos los contratos.

2.-Aun cuando la demandada no fuera la dueña o guardiana del objeto que apareció en la autopista, al configurase una típica relación de consumo, la concesionaria vial debía prestar el servicio de habilitar el normal tránsito por el corredor vial y, por el simple hecho de tratarse de un accidente en el que un automotor embiste a un objeto que dificultaba el tránsito, ello constituyente una circunstancia suficiente para responsabilizar al concesionario por falta de control, pues el incumplimiento a la mencionada obligación de seguridad hace nacer la responsabilidad.

3.-Sin perjuicio que las medidas de seguridad de la empresa demandada habitualmente se cumplieran, esa circunstancia no bastaría para liberar a la sociedad demandada, si ésta no acredita fehacientemente que le fue imposible remover el obstáculo existente en la autopista por el escaso tiempo transcurrido desde que la tarima de madera quedó obstruyendo la circulación de automotores por una causa ajena a la explotación de la autopista, sea porque fue colocado por un tercero o porque hubiera caído imprevistamente de uno de los vehículos perteneciente a otro usuario, inmediatamente antes de que fuera embestido por el aquí actor.

4.-La aparición de un objeto en medio de una ruta de alto tránsito es una circunstancia imprevista para el conductor del vehículo, que tornó en el caso de autos inevitable el giro hacia la izquierda y posterior choque contra el muro de cemento, por ello no se advierte que la conducta de la víctima haya incidido de algún modo en la causación del hecho.

5.-La relación de consumo implicada en el tránsito por caminos concesionados con pago de peaje no conlleva una obligación de seguridad de la que necesariamente surja una responsabilidad objetiva, sino que en algunos supuestos fácticos, el plano de análisis será el de la responsabilidad subjetiva, pues no es posible afirmar la existencia de una garantía de resultado (del voto del Dr. Liberman – disidencia parcial).

Fallo:

En Buenos Aires, a los 15 días del mes de marzo del año dos mil trece, encontrándose reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala «L» de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil a fin de pronunciarse en el expediente caratulado «Ramírez Benito c/ Autopistas Urbanas SA (AUSA) s/ daños y perjuicios» de acuerdo al orden del sorteo el Dr. Galmarini dijo:

I.- El actor relató al inicio que 15 de mayo de 2008, a las 10:30 hs. circulaba con su vehículo marca Volskwagen Golf por la Autopista 25 de mayo de esta ciudad y al llegar a la intersección con la calle Murguiondo chocó con una tarima de madera, lo que provocó que explotara la goma izquierda y el rodado diera un trompo, se desvíe hacia la izquierda y choque contra un muro de contención.

La magistrada admitió la acción y condenó a la demandada a que le pague al actor la suma de $ 85.624,60, con más intereses que se calcularán a la tasa activa desde que se produjo el hecho (fs. 458/62).

En esta instancia se alzó disconforme el reclamante expresando agravios a fs. 480/1, que han sido respondidos a fs. 498/501 y la demandada a fs. 484/90, el traslado fue contestado a fs. 494/6.

II.- No se encuentra discutido que el accidente ocurrió de la manera en que lo explicó el actor. Así fue corroborado con las declaraciones testimoniales de fs. 155/6, 157/8 y 213/4, con el informe policial de fs. 270 y con la pericial contable de fs. 313/22 que dan cuenta de la existencia de la tarima de madera y de que el actor se vio obligado a esquivarla, chocando contra el muro de cemento que divide la ruta.

Los agravios de la demandada se vinculan solamente con que se la desligue de la responsabilidad, pues el pallet de madera no fue colocado por ella en la autopista, sino por un tercero ajeno por el cual no debe responder.A su vez, afirma que el evento acaeció por la culpa de la víctima que no esquivó la tarima para evitar el choque.

Como bien sostuvo la magistrada, la responsabilidad en el caso es objetiva, por ende el demandado sólo se liberará total o parcialmente si demuestra que la causa del daño le ha sido ajena (conf. art. 40 ley 24.240). Además, rige la obligación de seguridad que surge de la relación contractual y se funda en la buena fe con que deben ser cumplidos los contratos, por la que el obligado a prestar el servicio debe resguardar al cocontratante de causarle lesiones durante la ejecución del contrato.

Aun cuando la demandada no fuera la dueña o guardiana del objeto que apareció en la autopista, al configurase una típica relación de consumo, la consecionaria vial debía la prestar el servicio de habilitar el normal tránsito por el corredor vial. Por tratarse de un accidente en el que un automotor embiste a un objeto que dificultaba el tránsito por hallarse en medio de la autopista, ese hecho constituyente una circunstancia suficiente para responsabilizar al concesionario por falta de control, pues el incumplimiento a la mencionada obligación de seguridad hace nacer la responsabilidad.

A fs. 152/4 declaró el jefe del departamento de seguridad vial de la empresa demandada y explicó que poseen seis móviles de emergencia y cinco móviles de auxilio mecánico, que trabajan las 24 hs. del día y los 365 días del año y que cuando detectan la aparición de un objeto, señalizan el sector para realizar una remoción segura.Agregó que además existen cámaras de video que también alertan la aparición de objetos en las vías.

Aun cuando estas medidas señaladas por el jefe de seguridad de la empresa demandada habitualmente se cumplieran, esa circunstancia no bastaría para liberar a la sociedad demandada, si ésta no acredita fehacientemente que le fue imposible remover el obstáculo existente en la autopista por el escaso tiempo transcurrido desde que esa tarima de madera quedó obstruyendo la circulación de automotores por una causa ajena a la explotación de la autopista, sea porque fue colocado por un tercero o porque hubiera caído imprevistamente de uno de los vehículos perteneciente a otro usuario, inmediatamente antes de que fuera embestido por el aquí actor.

Lo cierto es que en el caso no se ha logrado remover la tarima de madera, que ha colocado en riesgo la circulación del tránsito.

Tampoco alcanza para liberar de la responsabilidad a la sociedad demandada, la invocación de que el hecho ocurrió por la culpa de la víctima.

Como bien señaló la magistrada, la aparición de un objeto en medio de una ruta de alto tránsito como es la Autopista 25 de Mayo, es una circunstancia imprevista para el conductor del vehículo, que tornó inevitable el giro hacia la izquierda y posterior choque contra el muro de cemento, por ello no advierto que la conducta de Ramírez haya incidido de algún modo en la causación del hecho.

En definitiva, juzgo que los agravios de la parte demandada no han logrado desvirtuar las conclusiones de la sentenciante y por ello, voto porque se desechen y se confirme el fallo sobre el punto.

Resuelta la cuestión de la responsabilidad, trataré los distintos rubros indemnizatorios.

III.- Incapacidad sobreviniente:

La magistrada fijó por las secuelas físicas la suma de $ 35.000 a la fecha del ilícito. Ambas partes se quejaron por el monto concedido.

Del dictamen del perito médico obrante a fs.386/400 surge que el actor padece tendinopatía crónica en manguito rotador de hombro izquierdo y tendinopatía leve de muñeca izquierda y un cuadro de estrés post traumático.

Por el estrés post traumático leve se otorgó una incapacidad del 7 %, por tendinopatía crónica la incapacidad estimada fue del 5 %. Concluyó el experto que la incapacidad total y permanente, de acuerdo al método de capacidades restantes, es del 13,6 %.

Frente al pedido de explicaciones de fs. 402, el perito rectificó a fs. 414/5 que la incapacidad parcial y permanente es del 11,6 % y no la antes señalada.

Sentado lo expuesto, he de destacar en primer lugar que el daño psíquico fue tratado por la magistrada en forma separada, por ello este ítem sólo se refiere a la indemnización por las secuelas físicas. Por lo demás, señaló que los porcentajes de incapacidad fijados en los peritajes constituyen un medio útil para la apreciación de la entidad del daño, pues sólo tienen un valor relativo y el juzgador, con sustento en las circunstancias personales del damnificado, debe valorar principalmente las secuelas que surgen descriptas por el experto que importen una disminución en la capacidad vital.

De allí, valorando que al momento del accidente el actor tenía 41 años y trabajaba realizando tareas de polarización de vehículos y en uso de las facultades que el art. 165 del Cód. Procesal otorga a los jueces, voto por establecer esta partida en la suma actual de $ 28.000.

IV.- Gastos médicos:

Por este aspecto la Sra. juez fijó $ 2.000 al momento del hecho. El actor apeló el monto.

Esta partida no requiere prueba efectiva de los desembolsos realizados por dichos gastos, cuando la índole de las lesiones por el accidente los hacen suponer.Sin embargo, el reintegro de los no documentados de ninguna manera puede ascender a cantidades considerables, ya que, como se ha dicho, estos rubros son procedentes aun sin contar con prueba documental específica, en razón de la escasa magnitud o entidad económica que suponen tales erogaciones y también por la transitoriedad que aquéllos tienen (conf. CNCiv., Sala «F» en causa libre nº 497.890 del 7/5/08; 476.405 del 10/8/07, entre otros).

Por lo expuesto, teniendo en cuenta lo que surge de la pericial médica ya analizada, juzgo excesivo el monto concedido, no obstante el marco de la apelación no permite modificarlo, motivo por el cual voto porque se desestimen los agravios de la actora y se confirme el fallo sobre el punto.

V.- Lucro cesante:

La magistrada desestimó esta partida por considerar que no existe prueba que acredite el desmedro. Se quejó el actor por tal rechazo.

La admisión de la existencia de lucro cesante presupone una prueba certera de las ganancias dejadas de percibir y de su cuantía. Quien formule esta petición debe traer al pleito la prueba que demuestre su extensión o, por lo menos, dejar en el ánimo del juez la certeza de que no se produjo una ventaja por haberlo impedido la acción del responsable o corresponsable del hecho dañoso (CNCiv., Sala C, mayo 17/2005, L. 405.657 González José Mario c/Gil Nelio Omar s/daños y perjuicios).- A fs. 293 declaró Lerner. Expresó que el actor le proveía materiales para su local de vidrios y espejos y él le recomendaba clientes para su negocio de polarización de vehículos, no obstante resaltó el testigo que en el mes de mayo de 2008 el actor no recibió más clientes por un problema en la mano, ocasionado por este accidente.

Indudablemente esta declaración testimonial resulta insuficiente para tener por acreditado que el actor dejó de percibir alguna ganancia con motivo de este accidente.Las manifestaciones del testigo ni siquiera demuestran que Ramírez efectivamente realizaba el trabajo, pues sólo indica que él le recomendaba clientes; por ello tampoco alcanza para tener por acreditado el desmedro económico invocado, que el testigo hubiera dicho que Ramírez dejó de recibir clientes en el año 2008, pues en definitiva se trata de un comentario que le efectuó la propia víctima.

En suma, al igual que lo entendió la magistrada, la orfandad probatoria que impera sobre la materia, impide acceder a esta indemnización.

VI.- Daños al automotor:

Por este concepto la Sra. juez otorgó $ 21.224,60, monto valorado a la fecha del hecho. Se quejó la parte demandada por considerar elevada la suma.

Surge de la pericial mecánica de fs. 340/60 que el importe concedido en primera instancia es el apreciado por el experto para la reparación del rodado.

No obstante a fs. 145 obra informe de Talleres Thorne que indica que el presupuesto que se encuentra en el sobre de fs. 456bis., es auténtico y que el valor de la reparación del vehículo efectivamente realizado fue de $ 24.570.

De acuerdo a e llo, dable es concluir en que no corresponde disminuir el monto de esta partida como pretende la parte demandada, si se concedió por una suma menor a la realmente utilizada para afrontar este gasto.

Por ello, voto por desestimar estos agravios y confirmar la sentencia.

VII.- Desvalorización de rodado:

La Sra. juez estableció este rubro en la suma de $ 3.200. Cuestionó la demandada la procedencia de esta indemnización porque el actor no es el titular del rodado.

«Luego de lo establecido por el Tribunal en pleno en los autos «Bellucci c/ Pollano» (30-12-85), posterior a la doctrina plenaria sentada en autos «Maccione c/Reyes» (23-9-85) y según una correcta inteligencia de lo dispuesto por los arts. 1096 y 1110 del Código Civil, el poseedor, el usufructuario y el usuario, este último en los términos del art.2948 del mencionado cuerpo legal, se encuentran legitimados para reclamar por desvalorización del rodado, habiéndose precisado asimismo en el primer fallo que a tales fines y en tanto no medie prueba en contrario, puede presumirse que revisten dicha condición de poseedor quienes acreditan que encomendaron presupuestos y pagaron la reparación» (CNCiv, Sala «I», mayo 7/1992 autos «Klotiar, Bernardino León c/Almaraz, Félix Rodolfo s/ sumario»).

El citado fallo plenario reza «Que el usuario, comprendido en tal concepto todo aquél que haga valer el derecho que le confiere su calidad de poseedor, usufructuario, usuario -este último en los términos del art. 2948 del Código Civil- está legitimado para reclamar indemnización por los daños sufridos por el rodado aunque no haya efectuado o pagado las reparaciones, y sin que a ello obste que no se haya probado la calidad invocada en la demanda si se acredita otra que dé derecho al resarcimiento. No así, como principio general, el tenedor que haga valer el carácter de locatario, depositario, comodatario, etc.» (CNCiv, en pleno, diciembre 12/1985, autos «Bellucci, Nicolás R. c/ Pollano, Edgardo C. y otros s/ sumario»).

En el caso existen probanzas que permiten presumir que el actor era el poseedor del rodado Volkswagen Golf al momento del accidente. En primer lugar, del informe de estado de domino obrante a fs. 124/5 surge una denuncia de venta efectuada por la titular de dominio Alicia Fragasso a favor del actor, cuya fecha de entrega del vehículo fue el 13 de febrero de 2008.

Además, del informe del Taller Thorne obrante a fs. 145 surge que quien pidió el presupuesto fue el actor, ver asimismo presupuesto que en sobre obra a fs. 456 bis.

De acuerdo a lo expuesto, surge clara la legitimación de Ramírez para reclamar esta partida, se suma a ello la circunstancia de que era él quien conducía el automóvil al momento del accidente.De allí, resulta innecesario referirse al boleto de compra venta del cual se desprende que quien vendió el rodado al actor fue Gabriel Eduardo Mac Eachen, pues ha sido desconocido por la parte demandada y no se ha acreditado su veracidad y de todos modos, la legitimación del actor ya ha sido demostrada.

Consecuentemente, voto por rechazar estas endebles quejas y confirmar el fallo sobre el punto.

VIII.- Gastos de movilidad y privación de uso:

La magistrada fijó por los gastos de movilidad la suma de $ 800 y por privación de uso $ 1.200. Ambos importes valorados a la época del accidente.

El actor apeló por bajo el monto concedido por los gastos de movilidad. La parte demandada cuestionó el importe y la procedencia de ambas partidas por considerar que atienden a idénticas situaciones. Además alude que el actor no es propietario del vehículo y por ello no puede reclamar indemnización por privación de uso. A su vez, manifestó que los gastos de movilidad no fueron reclamados al inicio.

En cuanto a que Ramírez no es titular del rodado ya fue resuelto en el punto VII, de todos modos el usuario del rodado se encuentra habilitado para peticionar este ítem. Referido con que no se pidió por gastos de movilidad, deberá estarse al reclamo efectuado a fs. 43 y vta.

Por lo demás, los gastos de movilidad tienden a cubrir aquellas erogaciones que la víctima tuvo que realizar en «remis» o taxi debido a las dificultades que las lesiones, causadas por el hecho, han provocado. En cuanto a la privación o indisponibilidad del rodado afectado por deterioros a raíz de un accidente, comporta en sí mismo un daño que merece ser resarcido.

Si bien existe una estrecha relación entre ambas partidas, en el caso, la levedad de las lesiones que padece el actor no justifica otorgar dos sumas independientes para afrontar estas partidas. Por ello, teniendo en cuenta que el lapso por el cual el rodado estuvo en reparación fue de 30 días (ver oficio del Taller Thorne de fs.145) y valorando especialmente que lo importante es que en definitiva el monto indemnizatorio cubra los daños que el damnificado tuvo en relación causal con el hecho, juzgo equitativo fijar por privación de uso la suma actual de $ 3.000 (conf. art. 165 del Cód. Procesal).

IX.- Intereses:

La parte demandada apeló el cómputo y porcentaje de los intereses.

He adherido al criterio según el cual durante el lapso en que se determinaron valores actuales aplicar la tasa activa que determina el plenario «Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios» , que incluye el componente inflacionario, importaría una duplicación injustificada de la indemnización en la medida de la desvalorización monetaria, que se traduciría en un enriquecimiento indebido.- En el caso de que los montos indemnizatorios son actuales (esto es en el rubro incapacidad física y privación de uso), los intereses deben correr desde la fecha del hecho, y hasta esta sentencia que fija la cuantía, a la tasa del 8 % anual, y de ahí en adelante hasta el efectivo pago a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.

Respecto de los rubros que no han sufrido modificaciones y se mantiene el monto histórico establecido en primera instancia (daño psíquico, daño moral, gastos médicos, daños al automotor y desvalorización del rodado) debe confirmarse la aplicación de la tasa activa desde que se produjo el ilícito hasta el efectivo pago, ordenada por la sentenciante.

Por todo lo expuesto, si mi voto fuera compartido, propicio que se confirme la sentencia en recurso, salvo en cuanto al monto de la incapacidad física que se disminuye a $ 28.000 y la privación de uso que se fija en $ 3.000. Establecer los intereses como se dispuso en el considerando IX. Las costas de alzada se imponen a la demandada substancialmente vencida (art. 68 del Código Procesal).- El Dr.Liberman dijo:

Comparto las conclusiones del voto de mi apreciado colega. Sólo marco una pequeña diferencia que no hace a la sustancia: entiendo que la relación de consumo implicada en el tránsito por caminos concesionados con pago de peaje no conlleva una obligación de seguridad de la que necesariamente surja una responsabilidad objetiva. En algunos supuestos fácticos, el plano de análisis será el de la responsabilidad subjetiva. Así lo he sostenido como juez de primera instancia con mayor estudio de la cuestión en autos «Serrano c. Concesionaria.» (Juzgado N°31, 10-2-04). Dicho en palabras de Lorenzetti, «no es posible afirmar la existencia de una garantía de resultado» (consid. 7º de su voto en «Ferreyra c. VICOV»).

En la especie, aun cuando por hipótesis se desechara la obligación de seguridad inherente a la relación de consumo, los hechos que motivaran el pleito denotan fallas en el servicio brindado por la empresa o, si se quiere, probada negligencia porque ha incumplido la obligación de mantener expedita la vía, sin exposición y prueba de razones (p. ej. inmediatez de la caída del objeto y el choque) que determinaran una imposibilidad de cumplimiento.

La Dra. Pérez Pardo no firma por encontrarse en uso de licencia (art.109 del RJN).

Con lo que terminó el acto.

JOSE LUIS GALMARINI

VICTOR FERNANDO LIBERMAN

(P.A.S.)

Buenos Aires, de marzo de 2013.

Y VISTOS: lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedentemente transcripto el tribunal decide: confirmar la sentencia en recurso, salvo en cuanto al monto de la incapacidad física que se disminuye a $ 28.000 y la privación de uso que se fija en $ 3.000. Establecer los intereses como se dispuso en el considerando IX del voto del Dr. Galmarini. Las costas de alzada se imponen a la demandada La Dra. Pérez Pardo no firma por encontrarse en uso de licencia (art.109 del RJN).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado:

José Luis Galmarini.

Víctor Fernando Liberman.

Jorge A. Cebeiro

Secretario de Cámara

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