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La participación ciudadana en el ámbito del Poder Judicial: consideraciones a raíz de la reforma al Consejo de la Magistratura

Autor: Sancari, Sebastián – Ver más Artículos del autor

Fecha: 23-may-2013

Cita: MJ-DOC-6284-AR | MJD6284

Doctrina:

Las modalidades participativas que se sustancian en el ámbito del Poder Judicial lo hacen en un medio en el que quienes desempeñan los roles institucionales respectivos no han sido elegidos por la ciudadanía. Esta es la diferencia central respecto de otro tipo de modalidades en el ámbito de los poderes políticos del Estado. Entendemos que esta dimensión participativa ha sido poco explorada por la literatura especializada y que es relevante reflexionar sobre su inserción en el sistema político e institucional.

Porque, si se toma a la participación política en la jurisdicción como una categoría analítica autónoma, resulta ineludible pensar en la legitimidad democrática del Poder Judicial. Y en cuál es su función y utilidad para la estabilidad democrática y para la ampliación de la ciudadanía mediante la exigibilidad de derechos. Este tipo de planteo conlleva un esfuerzo institucional tendiente a posibilitar la canalización de demandas, sin que ello implique una pérdida de eficacia en las funciones jurisdiccionales (1).

Dentro del mapa de herramientas participativas posibles, la vía judicial resulta ineludible:en la búsqueda del restablecimiento de derechos vulnerables, involucrando a la ciudadanía en el control de la justicia, en la observación de los procesos de selección y remoción de jueces y, fundamentalmente, en la promoción del cumplimiento de la normativa vigente (2).

Si se examina esta cuestión desde el ámbito teórico de la Constitución como proceso cultural de producción y recepción, en términos de Häberle, el ciudadano que acude a la judicatura aparece tan protagonista como el propio tribunal o juez que falla la sentencia, así como el entorno científico, político o cultural, igualmente interesado en la cuestión y que eventualmente podría ser incorporado al proceso judicial, como es el caso del amicus curiae (3).

A partir de la sanción de la ley de reforma del Consejo de la Magistratura se introduce en el sistema político argentino un carril participativo tendiente a -en palabras de la Presidenta de la Nación- «incorporar a ese cuerpo que se encarga de la designación de jueces y de la remoción de jueces, la bocanada que significa de aire fresco, la representación popular de ciudadanos y ciudadanas que no son abogados ni tienen intereses corporativos» (4).

Como es sabido, el Consejo de la Magistratura es una institución tributaria de la reforma constitucional de 1994.Por lo tanto, al tener estatus constitucional, una modificación en su composición, funcionamiento y atribuciones resulta ser lo que se ha denominado como «momento constitucional», que se caracteriza porque una extraordinaria movilización popular delibera sobre la producción (o no) de legislación de la más alta jerarquía jurídica, sobre los principios superiores de la organización comunitaria (5). Este momento se distingue de los momentos normales de gestión y administración de la cosa pública (actos de gobierno), que hacen a las funciones específicas de gobierno; las que, por su propia naturaleza, requieren de menor participación popular y de mayores insumos tecno-burocráticos.

Por lo tanto, en los momentos constitucionales se debe producir un debate meditado del cual participen diversos actores: estatales, sociales, políticos e institucionales (Congreso de la Nación, jueces, políticos, organizaciones de la sociedad civil, etc.) ya que en él se definen las directrices jurídicas que regulan la vida social.

Llegados a este punto, surgen las siguientes reflexiones:

* Cabe discutir si el propósito de introducir cambios en un órgano incorporado por la reforma constitucional de 1994, bien podría encuadrar en el tipo de momentos de creación de normas nucleares del sistema político e institucional. Que requieren de alta movilización y participación ciudadanas, y de un debate reflexivo y prolongado en el tiempo. Todo ello para que se posibilite un tipo consenso social que dote a tal normativa de sustentabilidad temporal.

* Resulta un avance significativo para la vida democrática que la estructura y las funciones que le caben al Poder Judicial sean debatidos en diversos ámbitos; la temática general sobre la reforma judicial y sobre las implicancias de su posible democratización tuvo un lugar privilegiado en la agenda mediática. Y a la vez movilizó (en apoyo u oposición) a importantes sectores de la sociedad.

* No obstante, por tratarse de un momento trascendente de creación normativa, el tiempo de discusión de la norma que analizamos resultó insuficiente para evitar su judicialización:esto es, que aquellos actores que se opusieron a ella, al no ver satisfechas sus peticiones en el momento de debate político e institucional, acudan en el futuro a la justicia para invalidarla.

* La participación ciudadana que se intenta fomentar con la reforma del Consejo es una extensión de la representación política al ámbito judicial. Lo que equivale a decir que el ciudadano común solo indirectamente (a través de sus representantes) puede involucrarse en esta área del gobierno judicial.

* Dotar de peso electoral a la composición resultante del Consejo de la Magistratura equivale a dotar de mayor legitimidad al poder político para nombrar y remover jueces.

* Queda conformado, en conclusión, un escenario en donde la participación ciudadana es estrictamente convocada para el acto electoral, sin posibilidades posteriores de control e injerencia en el Consejo. Se le reconoce así un rol legitimador de los consejeros, pero ese mandato conferido parece quedar librado a la voluntad y arbitrio del poder político de turno.

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(1) Cfr. Zaffaroni, Eugenio R.: Ciudadanía y jurisdicción en América Latina. En: http://www.politicaspublicas.org/docs/zaffaroni.pdf, 2008.

(2) Cf. Arcidiácono, Pilar y Ladisa, Analía: Herramientas para la participación ciudadana, Bs. As., Fundación Poder Ciudadano, 2005, p. 274.

(3) Por otra parte, son bien conocidas las argumentaciones sobre la legitimación democrática del Poder Judicial, especialmente en cuanto a que el juez, como tercero imparcial, interviene a petición del interesado y por ende está en contacto directo con las partes. Véase: Capelleti, Mauro (dir.): ¿Jueces legisladores?, Communitas, 2010.

(4) http://www.presidencia.gob.ar/discursos/26477-congreso-sobre-democratizacion-de-la-justicia-palabras-de-la-pr
sidenta-de-la-nacion.

(5) Según Ferreya, Raúl Gustavo: «Poder, democracia y configuración constitucional. Momentos de creación y momentos de aplicación del sistema constitucional argentino». En Bercholc, Jorge (dir.): El sistema político e institucional en Argentina, Bs. As., Lajouane, 2006.

(*) Abogado, UBA. Licenciado en Ciencia Política, USAL. Especialista en Derechos Constitucionales y Amparo, Universidad Castilla-La Mancha. Magíster en Ciencia Política, IDAES-UNSAM. Docente, UBA y UAI.

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