Culpa concurrente del ciclista fallecido en un 65% por encontrarse alcoholizado y en un 35% a la conductora por no respetar la velocidad máxima permitida

shutterstock_61217245Partes: R. M. M. y otros c/ Z. M. y otros y A. M. E. c/ Z. M. y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: A

Fecha: 25-oct-2012

Cita: MJ-JU-M-78237-AR | MJJ78237 | MJJ78237

Se distribuye la responsabilidad por el accidente de tránsito en un 65% al ciclista fallecido y en un 35% a la conductora y propietario del automóvil debido a que si bien se probó que el ciclista avanzaba por el carril incorrecto en forma zigzagueante y se encontraba alcoholizado, la conductora debió haber respetado la velocidad máxima permitida en el lugar. Cuadro de cuantificación.

Sumario:

1.-Corresponde modificar el pronunciamiento apelado y distribuir la responsabilidad por el accidente de tránsito en un 65% al ciclista y en un 35% a la conductora y propietario del automóvil, toda vez que si bien el ciclista avanzaba por el carril incorrecto en forma zigzagueante y se encontraba alcoholizado, la conductora debió haber respetado la velocidad máxima permitida en el lugar.

2.-Debe reducirse el rubro ‘valor vida’ establecido a favor de la concubina atento que tiempo después de la muerte de su compañero, formalizó una nueva pareja.

3.-Corresponde confirmar los importes acordados para cada uno de los menores en concepto de ‘valor vida’ teniendo en cuenta la edad de la víctima al momento del accidente, la edad jubilatoria para una persona de sexo masculino, el tipo de tareas que desempeñaba y la edad de los menores con derecho a ser alimentados hasta alcanzar la mayoría de edad.

4.-Corresponde confirmar el monto acordado a la concubina en concepto de ‘daño psicológico’ toda vez que la imprevista y trágica muerte de su compañero tuvo una incidencia psicológica relevante en su vida, debido a su juventud y a la familia que habían formado, independientemente de que haya formado una nueva relación en concubinato.

5.-Debe revocarse el monto acordado para la menor concerniente al ‘daño psicológico’ en virtud que le ha sido dictaminada una minusvalía de índole transitoria, la cual no es susceptible de ser indemnizada bajo dicho concepto.

6.-Corresponde confirmar la desestimación de la partida ‘daño psicológico’ a los menores más pequeños atento no se ha demostrado la existencia de alguna incapacidad psicológica que amerite su resarcimiento.

7.-Deben confirmarse los montos acordados a la concubina y a la menor para enjugar la partida ‘gastos por tratamiento psicológico’, no correspondiendo su adecuación a valores actuales, por cuanto no se ha aportado constancia que indique que hayan emprendido tratamiento psicoterapéutico o prueba documental que avale su cuantía, pese al tiempo transcurrido desde la fecha del siniestro; por lo que o bien la atención se llevó a cabo en una entidad pública -con la consiguiente gratuidad del servicio-, o no se sometieron a terapia alguna.

8.-Corresponde incrementar el monto fijado en concepto de ‘daño moral’ a cada uno de los menores ponderando la incidencia que el accidente les ha provocado al privarles la posibilidad de vivir con su progenitor, debiendo adaptarse a una convivencia en una familia ensamblada.

9.-Corresponde confirmar la desestimación de la partida ‘valor vida’ a favor de la progenitora por cuanto no es posible estimar pecuniariamente cuál era el aporte que en mercaderías le suministraba el causante, teniendo en cuenta que los escasos ingresos de la víctima apenas alcanzarían para afrontar las necesidades de su grupo familiar, máxime cuando la actora vive en pareja, formando un grupo familiar autónomo con su propia descendencia.

10.-Debe confirmarse la partida ‘daño psicológico’ a favor de la progenitora considerando el porcentaje incapacitante dictaminado por el perito -20% de incapacidad de tipo parcial y permanente-, como así también la repercusión que la muerte del hijo le ha ocasionado en su psiquis y su escaso nivel socio-económico.

11.-Debe elevarse la partida ‘gastos por tratamiento psicológico’ a favor de la progenitora atento lo sugerido por el experto y considerando que a tenor del tiempo transcurrido se desestima la posibilidad de remisión espontánea.

12.-Corresponde asignar la suma de $500 en concepto de ‘gastos de sepelio y sepulcro’ pese a que dicho gasto no fue debidamente acreditado por la progenitora.

13.-Debe elevarse el rubro ‘daño moral’ a favor de la progenitora toda vez que no puede soslayarse la grave angustia que le ha provocado la trágica e imprevista muerte de su hijo.

14.-Corresponde se calculen los intereses desde la fecha del accidente y hasta la sentencia de primera instancia, a la tasa del 8% anual, y desde entonces y hasta el efectivo pago, a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, toda vez que en la especie se han desestimado, confirmado y/o modificado montos indemnizatorios a valores vigentes a la sentencia de grado, y de imponerse la tasa activa desde el origen de la mora, se consagraría una alteración del capital establecido en la sentencia, configurando un enriquecimiento indebido (del voto del Dr. Molteni al que adhiere el Dr. Li Rosi-mayoría)

15.-Debe fijarse la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina desde el momento del hecho y hasta el efectivo pago por aplicación del plenario ‘Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S. A. s/ daños y perjuicios’ , ya que la sola circunstancia de haberse fijado las partidas indemnizatorias a valores actuales no configura la excepción contemplada en el último párrafo de la parte dispositiva del citado plenario (disidencia parcial del Dr. Picasso)

16.-Corresponde conceder a la progenitora la suma de $4.000 para enjugar el rubro ‘valor vida’ toda vez que, si bien no hay prueba tendiente a demostrar el lucro cesante por ella alegado, la muerte de un hijo hace perder a sus padres al menos una chance de ayuda futura de ser asistidos (disidencia parcial del Dr. Picasso)

Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 22 días del mes de octubre del año dos mil doce, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala “A” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, para conocer en los recursos de apelación interpuestos en los autos acumulados caratulados: “R., M. M. y otros c/ Z., M. y otros s/ Daños y Perjuicios” y “A., M. E. c/ Z., M. y otros s/ Daños y Perjuicios”, respecto de la sentencia de fs. 527/539 vta. y 557/568 vta., respectivamente, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿ES JUSTA LA SENTENCIA APELADA?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: Señores Jueces de Cámara Doctores: HUGO MOLTENI – SEBASTIÁN PICASSO – RICARDO LI ROSI.-

A LA CUESTIÓN PROPUESTA, EL DR. HUGO MOLTENI DIJO:

1°- La sentencia única obrante a fs. 527/539 vta. y su aclaratoria de fs. 544/545 vta. de los autos “R., M. M. y otros c/ Z., M. y otros s/daños y perjuicios” (Expte. N° 112.782/04) y a fs. 557/568 vta. y su aclaratoria de fs. 571/572 vta. de los autos “A., M. E. c/ Z., M. y otros s/daños y perjuicios” (Expte. N° 114.729/03), admitió parcialmente la demanda entablada por M. E. A. y por M. M. R. (por sí y en representación de sus hijos menores P. D., J. M. y L. G. R.) contra M. Z. y M. T., condenando a estos últimos a abonarles las sumas de $ 70.208 y $ 328.600, respectivamente, con más sus intereses y costas, conforme discriminaciones efectuadas en las respectivas aclaratorias. Ello, al establecerse la concurrencia de responsabilidades del orden del 20% referente a la víctima y del 80% respecto de la parte emplazada. Hizo extensiva la condena contra “Allianz Argentina Compañía de Seguros S.A.”, en los términos del art.118 de la ley 17.418.-

Contra dicho pronunciamiento se alzan las quejas de los demandados y la citada en garantía, en relación al porcentaje de responsabilidad por el acaecimiento del accidente atribuido a su parte y a los montos concedidos para las diversas partidas acordadas. Su expresión de agravios obra a fs. 564/572 de los autos “R. c/ Z. s/ ds. y ps.”, la que es evacuada por la actora a fs. 643/668 y a fs. 709 por la Sra. Defensora de Menores de Cámara. Sobre idénticos puntos introduce la codemandante R. (por sí y en representación de los menores) sus quejas, agraviándose además respecto a la tasa de interés establecida en la instancia de grado (cfr. fs. 588/617, cuyo traslado es contestado por la demandada y citada en garantía a fs. 693/699). La Sra. Defensora de Menores e Incapaces de Cámara, a fs. 709, prestó adhesión a esa expresión de agravios.-

Por su lado, los emplazados y su aseguradora vierten sus quejas a fs. 573/580, en los autos “R. c/ Z. s/ ds. y ps.” (respecto de la causa A. c/ Z.) , en cuanto a la responsabilidad e importes de los rubros que le fueron reconocidos a la demandante. Tales quejas son contestadas a fs. 669 bis/690, en tanto que la Sra. A. expresa agravios a fs. 618/640, los que lucen respondidos por la demandada y su aseguradora a fs. 700/706 vta.-

2°.- El hecho ilícito que se debate en ambos expedientes es el accidente de tránsito ocurrido el día 8 de diciembre de 2002, a las 02:30 hs. aproximadamente, oportunidad en que el Sr. G. L. A. conducía su bicicleta por la ruta provincial n° 6, resultando violenta e intempestivamente atropellado por el Renault Megane (dominio COI 033), que se desplazaba por la mentada vía en dirección Luján-Campana, guiado en la ocasión por la codemandada Z.El automóvil, impactó al ciclista y le provocó la muerte en forma inmediata.-

3°.- Por razones de orden metodológico, en primer lugar habrá de ser analizada la responsabilidad atribuida por la Sra. Juez de grado, en forma concurrente, a los partícipes del evento.-

Por un lado, tanto los demandados como su aseguradora afirman que el accidente tuvo lugar por exclusiva culpa de la víctima. Alegan que la Sra. Juez “a-quo” no consideró los dictámenes obrantes en la causa penal y sólo se limitó a la pericia mecánica presentada en sede civil. Añaden que tampoco se tuvieron en cuenta las fundadas impugnaciones referidas a dicha pericia. Sostienen que los hechos no pudieron acontecer de dos maneras diferentes (discrepancia entre dictámenes periciales de sede punitiva y civil). Hacen hincapié en que la víctima se encontraba en estado de ebriedad al momento del evento y no contaba con luces o dispositivos de iluminación en su bicicleta que permitieran a los automovilistas advertir su presencia a la distancia. Manifiestan que a ello debe adicionarse que el lugar es una zona rural, con banquinas y pastos, sin iluminación artificial ni accesos hacia los laterales, motivo por el cual la Sra. Z. intentó evitar la colisión aplicando los frenos (49,70 mts.). Agregan que no es cierto que en la zona estuviesen colocados carteles indicadores de “obra en construcción”, razón por la cual sostienen que la velocidad máxima permitida era de 110 km/h y no 40 km/h. Finalmente, ponen de resalto que entre las diversas velocidades posibles que surgen de las pericias, se optó por la más gravosa para la conductora del automóvil.-

Por tales motivos, solicitan se revea en esta instancia la totalidad de las medidas probatorias obrantes en las diversas causas y se apliquen las reglas de la sana crítica para valorar la mecánica del evento.-

Por su parte, las demandantes (R. y A.) expresan que en el pronunciamiento en crisis la Sra.Juez señala que la víctima “pudo haber contribuido” en la producción del accidente, mas nada dice en forma contundente y concreta. Aseguran que no hay ningún indicio acerca de que la víctima hubiese contribuido a ello y que la conductora demandada infringió en la ocasión diversas normas de tránsito, por lo cual su conducta fue causa eficiente y exclusiva en el siniestro. Añaden que hay testigos que alegaron que el ciclista circulaba en dirección contraria al automotor. Sostienen que el informe de laboratorio obrante a fs. 32 de la causa penal corresponde a un apellido distinto al de la víctima y que no hay constancia de extracción de sangre de quien en vida fuera G. L. A., además de que el límite de consumo de alcohol no es igual para los automovilistas que para los ciclistas. Para finalizar, sostienen que la conductora del rodado perdió el dominio del mismo, invadió la contramano y no circuló a velocidad moderada, pese a la afluencia masiva de peatones y ciclistas con motivo de la peregrinación a la Basílica de Luján que se llevaba a cabo en esa jornada. A partir de todo ello, solicitan se atribuya a la contraria la responsabilidad exclusiva por el acaecimiento del fatal accidente.-

Es indiscutible, como bien apunta la Sra. Juez de grado, que el hecho de las características del que aquí se debate debe regirse por las prescripciones contenidas en el art. 1113, párrafo segundo , del Código Civil, que regula lo atinente a la responsabilidad civil por el riesgo de las cosas, aplicable a los accidentes en que la colisión, como ocurre en la especie, se produce entre un automóvil y una bicicleta, ciertamente de menor entidad, lo que obliga a extremar el rigor de las disposiciones del tránsito que atañen al automovilista (conf.entre muchos otros, Libres de esta Sala nº 147.937 del 18-10-94, l36.502 del 1-7-94 y 180.442 del 14-2-96).-

Para liberarse de la presunción adversa que sienta el referido dispositivo legal, el emplazado debe acreditar la culpa de la víctima o la de un tercero por quien no deba responder, mediante la demostración cabal de los hechos que alegue con tal finalidad (conf. Trigo Represas , en “Responsabilidad por los daños causados por automotores”, E.D. 1977, pág. 66; Salas A. E. “Código Civil anotado”, t° I, pág. 611, comentario al art. 1113).-

Establecido ello, habrán de evaluarse los distintos elementos de prueba aportados en los expedientes civiles y en la causa penal labrada con motivo del evento.-

Del expediente punitivo, que en este acto se tiene a la vista, surge el croquis labrado por el personal policial el mismo día del accidente (cfr. fs. 3 de la causa penal n° 102.310 que obra en fotocopias certificadas), en tanto que a fs. 4 lucen las fotografías del sitio donde tuvo lugar el mismo.-

A fs. 14/14 vta. de la causa penal obra la declaración testimonial del Sr. Diego Eduardo Añez Gutiérrez, quien manifiesta que el día del evento “.siendo las 02:30 hs, en circunstancias en que se movilizaba en su automóvil . junto con su esposa la Sra.BÁRBARA ZAVALÍA por la ruta 6 desde el Campo denominado las Betulas con sentido a ruta 8 a una velocidad . de entre 60 y 80 km por hora debido a que por la ruta transitaba gran cantidad de gente tanto por la banquina como por la cinta asfáltica, ya que se estaba realizando la tradicional peregrinación a Luján . al pasar por debajo del puente de la Ruta 6 y 6 venían detrás de otro automóvil, a unos 30 metros, marca Renault de color gris que había salido del mismo campo y se movilizaban prácticamente juntos, haciéndolo a una velocidad de entre 60 y 80 Km en forma moderada, que en forma imprevista observó que el automóvil frenó bruscamente y del medio de la ruta un cuerpo o algo de gran tamaño sin forma. salió despedido hacia un costado. al ver que el rodado quedó frenado en la ruta paró y vio que se había producido un accidente de tránsito donde una persona que venía en bicicleta había sido arrollada por el Megane, que ante ello se movilizó y fue a buscar a la policía .”. En sede civil el testigo precisó que “.vimos que el auto de adelante pega una frenada y vimos volar un bulto, algo por arriba del auto y el auto que teníamos adelante se tira para el otro lado, en la banquina izquierda, nosotros nos tiramos para la derecha y frenamos. Volvemos para atrás, al pueblo Open Doors a avisarle a la policía y después volvimos al lugar del hecho con la policía . No había más personas en el lugar del hecho, estaban las dos personas del auto Megane, yo, mi mujer, y el chico que estaba tirado ahí . El auto Megane venía por la derecha como nosotros . Cuando salimos del campo a la ruta vimos que había grupos de personas caminando.Iban caminando por dirección contraria a la nuestra . Eso fue cuando apenas salimos a la ruta . pasados unos kilómetros ya no se veía tanta gente caminando. Hay un puente en la ruta 6 y recuerdo que a esa altura ya no había gente. Ya avanzando en el camino iban desapareciendo . la primera reacción fue ir a avisarle a la Policía .” (cfr. fs. 346/347 de los autos “A. c/ Z. s/ ds. y ps.”).-

Similar relato brindó la testigo Bárbara Zavalía a fs. 15/15 vta. de la causa penal y a fs. 348/349 de la causa “A. c/ Z. s/ ds. y ps.”. Recuérdese que éstos eran los dos ocupantes del vehículo que circulaba detrás del Renault Megane.-

A fs. 32 de la causa penal luce el informe sobre la muestra sanguínea correspondiente al Sr. G. L. A. (A., en rigor, debido a un error material de tipeo), del cual se desprende que al momento del evento la víctima tenía 1,2 g/l de alcohol en sangre. Ello, en respuesta a la queja introducida por la parte demandante, quien asegura que el informe no pertenece a la víctima, fundamento que -en mi opinión- no resulta acertado.-

En ese orden de ideas, cobra crucial relevancia la pericia en accidentología vial presentada en dichas actuaciones. De la misma se infiere que “En el lugar se observaron dos claras huellas de frenado de neumáticos paralelas de una longitud de 49,70 metros, que comenzaban prácticamente en el centro de la ruta, con mayor incidencia sobre el lado Noroeste de la ruta.Esta huella presentaba una trayectora hacia el Noreste, cruzando toda la mano de circulación Noreste a Sudoeste . A unos 32 metros del inicio de la huella de frenada, se observó un pequeño quiebre en la misma que modificó levemente su trayectoria, más hacia la izquierda . La ruta no posee iluminación artificial.-

. luego de que el fotógrafo de la Comisaría tomó las placas fotográficas, ilustrando las posiciones finales de los móviles, se tomó la bicicleta y se la ubicó frente al automóvil confrontando las deformaciones de ambos rodados.-

.a) Mecánica del hecho: . es viable estimar que en las instancias previas al impacto ambos rodados debieron circular por la ruta provincial nro. 6, en sentido Sudoeste a Noreste, es decir desde Luján hacia Campana, circulando la bicicleta adelante del automóvil. Con relación a la existencia de maniobras previas al impacto, queda claro que el ciclista debió efectuar una maniobra hacia la izquierda. No es posible determinar hasta el momento las causas que originaron tal maniobra.Se deja constancia que la ruta en el sector en que ocurrió el hecho no posee ningún acceso hacia los laterales (camino vecinal, pasaje, tranquera, etc.). El conductor del automóvil al observar la maniobra del ciclista intentó evitar la colisión aplicando el sistema de frenado del rodado, dejando en la calzada de circulación vehicular, dos huellas paralelas de una logitud de 49,70 metros.-

La confrontación de las deformaciones permite establecer que el impacto se produjo entre el frente de avance del Renault Megane, desde el sector medio hacia el extremo izquierdo y el lateral izquierdo de la bicicleta.-

Como consecuencia del impacto, el ciclista fue montado sobre el capot del automóvil, golpeando contra el capot, parabrisas y techo del rodado, cayendo posteriormente al suelo sobre las huellas de frenada, la bicicleta fue desplazada hacia el lateral izquierdo, conforme el sentido del avance del automóvil y por último el automóvil continuó su marcha hasta detenerse en el final de las huellas de frenado.-

.la bicicleta . reviste el carácter participativo de EMBESTIDO FÍSICO MECÁNICO, por presentar la mayoría de las deformaciones ubicadas fuera de su frente de avance.”. Finalmente, estimó a modo orientativo, a partir de las huellas de frenado halladas en la ruta, que la velocidad desarrollada por el automóvil al momento de aplicar los frenos era de 107,82 km/h (cfr. fs. 46/48 vta.).-

La conductora del rodado, imputada en el juicio penal, declaró que “.retoma la velocidad que desplegaba anteriormente, esto es, unos 80 km/hora, cuando imprevistamente. a unos pocos metros delante, observa a una persona en bicicleta que transitaba por el carril en que lo hacía la deponente, pero en sentido contrario, es decir, en contramano., aunque dicho ciclista no lo hacía directamente a su encuentro, sino que transitaba en sentido oblicuo, desde la derecha hacia la izquierda del carril. en medio del mismo.Que ante esto, la dicente desacelera su vehículo, frena y se desvía un poco hacia carril contrario, en vista que nadie lo hacía por aquél, aunque no llega a invadirlo totalmente, a fin de evitar la colisión, todo ello en una maniobra conjunta. Que como el ciclista continúa su trayectoria, se produce el encontronazo, por más que la dicente estaba frenando su rodado. Que el mismo se produce entre el frente del rodado, desde el medio hacia el sector izquierdo contra el lateral izquierdo de la bicicleta . golpea primeramente en la parte delantera del capot, mientras que la víctima golpea en el parabrisas del rodado, más precisamente en la parte media hacia la izquierda y desde el centro hacia el margen superior, para luego de ello, pasar por sobre el techo del vehículo. mientras ocurre lo narrado, su vehículo se hallaba en acción de frenado, pero todavía en movimiento. Que la única opción que tenía en ese instante era cambiar de carril y frenar para evitar el accidente, ya que de haber continuado con su trayectoria en línea recta o haber desviado la misma hacia la derecha, o sea hacia su banquina, también lo habría colisionado ya que. la víctima estaba en medio de su carril .la dicente desea aclarar que uno de los uniformados asistentes en el lugar luego de acaecido el hecho investigado, de apellido Cáceres, les manifestó que anteriormente, al tomar conocimiento de la peregrinación .efectuaron una recorrida con el móvil policial a fin de ordenar la misma para no entorpecer el tránsito y así evitar cualquier accidente, oportunidad en que observó a la víctima que transitaba en bicicleta sobre el pavimento en un andar zigzagueante, a quien le llamaron la atención para que deponga tal accionar . la deponente desea dejar constancia que su intención fue evitar en todo momento el hecho sufrido.” (fs. 78/79 vta. de la causa penal).-

El empleado policial referido en el testimonio precedente, Sr.Juan Carlos Cáceres, declaró que algunos minutos antes del accidente había advertido a un ciclista que se abstuviera de efectuar maniobras de zigzagueo en la ruta, y que podría haber sido la propia víctima, por las características de la bicicleta, aunque no pudo precisarlo (cfr. fs. 100/100 vta.).-

Otro dato a considerar es el informe de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, el cual comunica que la velocidad máxima en el sector del accidente era de 60 km por hora, pese a que, probablemente con motivo de los hurtos que se producen en las rutas de esa jurisdicción, no pudieron hallarse carteles de señalización vertical (cfr. fs. 106).-

Finalmente, en el marco del expediente punitivo, obra la pericia mecánica, de la cual se desprende que las deformaciones de la bicicleta indican la actuación de una fuerza de izquierda a derecha sobre el lateral izquierdo del biciclo, localizándose su centro de impacto entre las dos ruedas, más concretamente sobre los pedales. En dicho informe se grafica que el impacto fue en forma prácticamente transversal respecto del frente del automóvil. Se agrega que “El cambio brusco en la dirección de las huellas de frenado indica que se produce un choque excéntrico que provoca una cupla que hace girar el vehículo. En este caso se puede inferir que este pequeño quiebre se produce durante el impacto con el ciclista.-

.Respecto de la bicicleta, al momento del impacto se dirigía hacia la banquina izquierda, según el sentido de circulación del automóvil.-

Para que. resulte impactada sobre su lateral izquierdo en el punto de encuentro.su conductor debió iniciar la maniobra dentro de un área ubicada a la derecha del automóvil.

Por razones que se desconocen, el ciclista cruza de derecha a izquierda la trayectoria del automóvil.”.-

Allí se estima que la velocidad que desarrollaba el automóvil, previa al inicio de la frenada, era equivalente o superior a 97 km/h.-

En síntesis, en dicho dictamen, se concluye que por las deformaciones que presentan los vehículos intervinientes, el impacto no fue de tipo frontal.-

Para finalizar, se establece que “Para este caso como el accidente ocurre en horas de la noche, el ciclista se desplazaba teniendo como fondo el color negro. Según consta el ciclista venía vestido con una remera negra, pantalón corto de color beige, zapatillas blancas. Colores (salvo el blanco de las zapatillas de reducido tamaño frente a los otros), que ofrecían muy poco contraste. Difíciles de ver” (cfr. fs. 116/124).-

Por su parte, en los autos “R. c/ Z. s/ ds. y ps.” obra un informe del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires (Dirección de Vialidad), del cual surge que en la zona del accidente, puntualmente, en el comienzo y final del tramo VI en cuestión, estaban instalados sendos carteles que indicaban “obra en construcción” y una velocidad máxima de 40 km/h, aunque no se estaban ejecutando tareas en la fecha 8 de diciembre de 2002 (cfr. fs. 222 de esas actuaciones).-

Ahora bien, en sede civil se designó la intervención de un ingeniero mecánico, cuyo informe pericial luce a fs. 261/278.En su dictamen, el experto indica que resulta verosímil el relato que expone la parte actora, a excepción de lo expresado con respecto al lugar donde queda el cuerpo de la víctima donde dice “.quedando el cuerpo tendido sobre la banquina de la mano por la que transitaba el ciclista.”, toda vez que de los elementos obrantes en la Causa Penal, surge que el cuerpo de la víctima queda tendido sobre el pavimento de la mano que circulaba el ciclista, sobre huella de frenada, decúbito ventral, según informe policial.-

Lo expuesto anteriormente, no implica . que la mecánica de producción del accidente de autos, sea estrictamente la declarada por la parte Actora, pero sí, que una de las hipótesis que provocaría tales daños puede asimilarse al relato presentado por la actora.-

.al tiempo de ocurrir el accidente. no se estaban realizando trabajos viales en el tramo de ruta en cuestión.

.En primer impacto, el ciclista es proyectado por su costado izquierdo de adelante hacia atrás y de afuera hacia adentro -izquierda a derecha- contra otras partes del automóvil en avance y la bicicleta es proyectada hacia delante e izquierda de la trayectoria seguida por el automóvil hasta caer sobre banquina.-

.De lo expuesto precedentemente resulta un ángulo de incidencia en choque oblicuo automóvil-bicicleta/ciclista de 78, 7°.

.en la hipótesis que la bicicleta estuviese a 90° (transversal) respecto del automóvil, prácticamente habría sido impulsada en la misma dirección de circulación del automóvil, es decir hacia adelante (en dirección de huellas de frenada con bloqueo de ruedas.) y no hacia adelante e izquierda como se localiza en plano altimétrico pericial policial.

V= 112,2 Km/hora . Que corresponde a la velocidad de circulación del automóvil al inicio de frenado erróneo con bloqueo de ruedas…

Destaca este perito que la velocidad de circulación determinada en 112,2 Km/hora y velocidades mínima y máxima de circulación del Renault Megane superan la velocidad máxima de circulación de 100 Km/hora permitida por la normativa … (Ley 11.430, art. 77, inc. 3° ).-

…El conductor visualiza al ciclista/bicicleta a más de 55 metros, lo cual permitiría al conductor efectuar acción de frenado correcta (sin bloqueo de ruedas) manteniendo el vehículo en su carril de circulación y de ser necesario efectuar maniobra evasiva o de esquive correcta hacia banquina, lo cual hubiese permitido que el ciclista (aún en la hipótesis de la parte demandada: de cruzar la mano de circulación del automóvil por su mano) pudiese terminar de efectuar el cruce de calzada antes de ser embestido por el automóvil…

La distancia a recorrer por la bicicleta, para el cruce de calzada resulta en 5,5 metros … a paso normal de hombre = 6 Km/hora … resulta de 3,3 segundos.-

En hipótesis de circulación de bicicleta a baja velocidad … 1,98 segundos.-

…la bicicleta … circulaba con velocidad de 6,70 Km/hora con ángulo de inclinación de 72,7° en dirección a banquina…

…no dispone de servicio de iluminación en horario nocturno…

… Mecánica del accidente: …El automóvil Renault Megane, circulaba por la Ruta Provincial N° 6 en dirección Luján-Campana … a excesiva velocidad -112,2 km/hora de velocidad media… oportunidad en que desvía su trayectoria en forma indebida y prohibida hacia izquierda y avanza a contramano sobre la calzada contraria y ejerciendo acción de frenado incorrecta con bloqueo de ruedas … donde embiste con la parte frontal lado izquierdo del automóvil al ciclista -bicicleta que circulaba por la calzada dirección Campana-Luján, en choque oblicuo …”.-

El mentado experto concluyó que la conductora del automóvil pudo visualizar al ciclista a distancia mayor a 55 metros, contando con espacio y tiempo para no efectar una maniobra prohibida de invasión de la contramano y ejercer una acción de frenado correcta. En ese caso, asegura que la acción de la Sra. Z. no fue evasiva (cfr. fs. 255/278).-

Tal informe pericial fue impugnado por la demandada a fs.288/295, conclusiones originarias que fueron ratificadas por el perito (cfr. fs. 302/308).-

Establecido ello, he de anticipar que no coincido totalmente con el sentido en que la Sra. Juez de grado analizó la responsabilidad que en forma concurrente atribuyó a las partes; particularmente, el grado en que la misma fue distribuida entre aquéllas.-

Considero verosímiles las conclusiones periciales esbozadas en el expediente penal. Más aún, la declaración brindada por la codemandada Z. se condice con los testimonios de los testigos Añez Gutiérrez y Zavalía y con la declaración del agente policial Cáceres.-

De este modo, estimo que se encuentran debidamente fundadas, en el modo en que ocurrieron los hechos, las pericias labradas en el expediente punitivo, por lo cual se encontraría demostrado que: 1) el hecho tuvo lugar a las 02:30 hs, aproximadamente, en una zona que carecía de iluminación nocturna; 2) que el Sr. G. L. A. guiaba su bicicleta de contramano, por el carril Luján-Campana de la ruta provincial n° 6, mas lo hacía en forma oblicua y/o zigzagueante y pretendía dirigirse al carril contrario (sentido Campana- Luján); 3) la Sra. Z. comandaba el automóvil a una velocidad superior a 97 km/h y cuando advirtió la presencia del ciclista sobre su carril, ante los movimientos oscilantes del mismo, sólo atinó a frenar bruscamente y desviar su marcha hacia el carril contrario, pese a lo cual no pudo evitar embestir a quien instantes después se convirtiera en víctima del evento.-

Es cierto, como sostuvo el perito ingeniero mecánico designado en sede civil, que la conductora del rodado efectuó una maniobra prohibida, al desviar la marcha de aquél hacia el carril de su contramano.Sin embargo, entiendo que deben ponderarse varios factores al momento de evaluar la conducta asumida por aquélla.-

En primer lugar, debe considerarse el horario nocturno en que el hecho tuvo lugar, la ausencia de iluminación artificial, los colores oscuros de la vestimenta del ciclista (que dificultaban advertir su presencia a la distancia) y el parcial cumplimiento de la normativa consagrada por el art. 17, inc. 13 del Código de Tránsito de la Provincia de Buenos Aires, ley 11.430 (recuérdese que A. sólo tenía elementos retrorreflectantes en pedales y rayos de la bicicleta, cuando es preciso que estén colocados también en sector delantero, lateral y trasero, a fin de posibilitar ser avistados a una distancia de 100 metros).-

En segundo término, el ciclista avanzaba con sentido Campana-Luján, pero por el carril incorrecto, haciéndolo además en forma oblicua y zigzagueante, de manera tal que al advertirse su presencia y no poder preveerse la maniobra ulterior, instintivamente la Sra. Z. atinó a frenar y desviar su marcha hacia el carril contrario. Adviértase que según fotografías de la causa penal, a los costados de la ruta sólo hay pastizales, campo, con lo cual la emplazada no podía conocer si de realizar una maniobra evasiva hacia su derecha, podía generársele un riesgo distinto, como ser, volcar o caer en una zanja con su vehículo. Recuérdese que en la causa penal la misma declaró que ante la imprevisibilidad de las maniobras desarrolladas por el ciclista, el resultado seguramente habría sido su embestida.-

Por otro lado, que los testigos Añez Gutiérrez y Zavalía hubiesen declarado que el ciclista “venía circulando” no considero que resulte sinónimo de que avanzaba en forma lineal hacia Luján, como pretende sindicar la parte actora.-

Desde otro ángulo, no puede pasarse por alto que la víctima se encontraba alcoholizada al momento de ser arrollada (1,2 g/l en sangre, según informe de fs.32 de la causa penal), con las consecuencias que la ingesta de esa sustancia provoca en el ser humano, como ser pérdida de reflejos o de capacidad de reacción, de estabilidad, etc. Más aún, cuando personal policial había ya efectuado un llamado de atención a la marcha de aquél, algunos instantes previos a la producción del accidente.-

Entonces, por todo esto, y por haberse interpuesto de un modo desaprensivo y de dificil advertencia para los automovilistas que avanzaban por el carril correspondiente a la ruta provincial n° 6, con sentido Luján -Campana, entiendo que la conducta del Sr. G. L. A. fue factor causal en el acaeciento del fatal accidente. Es decir, su obrar es digno de reproche.-

Sin embargo, estimo que la víctima no fue la única que contribuyó en el acaecimiento del trágico desenlace.-

Es que, más allá de la imprudente conducta de aquél, lo cierto es que la conductora del Renault Megane también llevó a cabo un obrar que operó como factor concausal en el accidente, aunque estimo, en menor medida.-

Tal como ha quedado demostrado, la misma desarrollaba una velocidad de circulación entre 97 a 112 km/h. Y, como surge de las pericias mecánicas y accidentológicas, como también de las informativas antes referenciadas (emitidas por Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires), en el lugar la velocidad máxima permitida originariamente era de 60 km/h, mas hallábanse colocados carteles de “realización de obras” que indicaban una velocidad máxima de 40 km/h.-

Es decir, si bien al momento del infortunio no se estaban llevando a cabo esas obras de reparación en el segmento de la ruta en el cual tuvo lugar el accidente, lo cierto es que la emplazada no podía conocer si efectivamente se estaban o no ejecutando dichas obras, con lo cual debió haber mantenido su marcha a velocidad precaucional, moderada, conforme lo allí señalizado.Máxime, cuando en esa jornada se estaba llevando a cabo la peregrinación a la Basílica de Luján y algunos metros antes de la zona del evento había visualizado la presencia de peregrinos, con lo cual, aún podía cruzarse con nuevos grupos de personas circulando por la ruta.-

Recuérdese que en la vía pública, debe marcharse con cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito (art. 51, inc. 3° , de la ley 11.430).-

En otros términos, considero que la parte demandada ha logrado desvirtuar la presunción de responsabilidad exclusiva consagrada por el art. 1113 del Código Civil, segundo párrafo , del Código Civil. Sin embargo, el hecho de no haber conducido su vehículo a una velocidad precaucional (40 km/h, por obras de reparación o 60 km/h, según velocidad establecida para la zona,), determina que a la parte demandada (conductura y propietario del rodado) deba atribuírsele también una porción de responsabilidad por el acaecimiento del evento.-

En función de lo expuesto, entiendo que ha existido culpa de ambas partes en el acaecimiento del hecho, mas considero que no resultan equitativas las proporciones de responsabilidad establecidas en el decisorio apelado.-

De tal suerte, de compartirse mi postura, debería distribuirse la responsabilidad en distinta medida y establecerse en un 65% a la víctima y el restante 35% a la parte demandada.-

4°.- Seguidamente, habré de abocarme al estudio de las quejas que introducen las partes en relación a las diversas partidas acordadas.-

En primer lugar, se analizarán los cuestionamientos introducidos en los autos “R., M. M. y otros c/ Z., M. y otros s/ Ds. y Ps.”

La citada en garantía y la parte actora se quejan de la cuantía acordada para enjugar el rubro “valor vida” establecido en $ 190.000 ($ 10.000 para la concubina y $ 60.000 para cada menor).-

La Sra. R.refiere que en la causa se ha anexado una información sumaria de la cual se desprende el concubinato por ella invocado, cual si fuera un auténtico matrimonio. Agrega que la víctima era el único sostén del hogar, que no sólo atendía a las necesidades de su compañera e hijos, sino también a las de su madre; era vendedor y trabajaba en un taller. Finalmente, sostiene que no resulta impedimento para la procedencia del rubro, que la actora haya formalizado una nueva pareja con otro compañero, ni el hecho de haber tenido descendencia con él.-

Con respecto a los menores, tanto su progenitora como la Sra. Defensora de Menores e Incapaces de Cámara (mediante su adhesión) consideran exiguas las sumas acordadas para cada uno de los niños, en virtud de la edad que tenía la víctima al momento de su deceso y los años que restan hasta que aquéllos alcancen la mayoría de edad.-

Por su parte, la demandada y citada en garantía solicitan el rechazo de la partida respecto de la Sra. R., alegando que la misma formalizó una nueva pareja, con lo cual carecería de legitimación para reclamar este rubro.-

En relación a los menores, ponen de resalto que la paternidad de ellos fue declarada siete años después del fallecimiento de G. L. A. y que no obran en la causa indicios que permitan establecer en qué medida aquél alcanzaba a satisfacer las necesidades del hogar. Con motivo de ello, solicitan se reduzca el importe acordado a favor de los niños.-

Es menester puntualizar que esta Sala tiene decidido, en forma reiterada, que la vida humana no posee un valor económico susceptible de apreciación, por lo que su pérdida debe resarcirse teniendo en cuenta el efectivo detrimento material que se irroga a los damnificados indirectos por la falta del aporte material que les produce la desaparición de quien debía prodigarles tales beneficios (conf. esta Sala, voto de la Dra.Ana María Luaces en libre nº 126.487 del 30/9/93; voto del Dr. Jorge Escuti Pizarro en libre nº 166.838 del 22/9/95 y mis votos en libres nº 59.437 del 12/6/91 y nº 153.186 del 4/11/94, entre muchos otros).-

Esta posición, que se adecua a los conceptos fundamentales acerca del daño patrimonial resarcible, lleva a concluir que, careciendo la vida humana por sí misma de un valor económico, su pérdida no puede ser indemnizada sino cuando y en la medida que represente un detrimento de esta clase para quien reclama la reparación, tanto que configure un daño actual o futuro, que brinde la posibilidad cierta de la posterior concreción de dicho perjuicio, cuya definición exige de desconocidas variables, que no hacen atinado un cálculo matemático exacto (conf. Salas, “Determinación del daño causado a la persona por el hecho ilícito”, revista del Colegio de Abogados, La Plata 1961, vol. IV, p. 308, núm. 7; Orgaz, “El daño resarcible”, p. 108, núm. 26 y “La vida humana como valor económico”, en E.D., t. 56, p. 849 y sgtes.; Llambías, J. J., “Personas damnificadas por homicidio”, E.D., t. 51, p. 890 y sgtes; mi voto publicado en El Derecho 154-504 y sus citas).-

La nómina de los damnificados indirectos por un homicidio es amplia y se extiende más allá de la vocación sucesoria del parentesco y del derecho alimentario, quedando legitimado para accionar todo aquél que sufra por ese hecho un daño cierto en relación causal adecuada (art. 1079 del Código Civil) (conf. Llambías J. J., “Código Civil Anotado”, t. II, pag. 345/49; Mosset Iturraspe, J. “Responsabilidad por daños”, t.II-B, pag 161-66; mi voto en libre nº 264.422 del 1/9/00).-

Para la reparación de este concepto, debe entonces adoptarse un criterio que en cada caso pondere las específicas características de la víctima, especialmente las referidas a la edad del fallecido, su preparación intelectual o capacitación para el trabajo y el nivel socio-económico en el que se desenvolvía. Aunque también deben analizarse las condiciones personales de los beneficiarios, que constituyen igualmente variables futuras, que incidirán en la definitiva cuantificación del resarcimiento.-

En relación a la Sra. M. M. R., quien invocó su calidad de concubina de la víctima, al momento del accidente, tórnase aplicable la doctrina del fallo plenario dictado en los autos “Fernández, María Cristina y otro c/ El Puente S.A.T. s/ ds. y ps.” (del 4/4/95), que establece la legitimación de los concubinarios, para reclamar el daño patrimonial ocasionado por la muerte de uno de ellos, como consecuencia de un hecho ilícito, en tanto no medie impedimento de ligamen.-

Ahora bien, en este caso particular habré de proponer el acogimiento parcial de los agravios introducidos por los demandados y su aseguradora. Es que, no se soslaya que la mentada accionante debió demostrar el monto de los ingresos que la víctima percibía mensualmente a la fecha del evento. En la especie, alegó un perjuicio económico derivado de la privación de los aportes que G. L. A. le suministraba, de modo que, se encontraba a su cargo la obligación de acreditar el monto de esos ingresos y el beneficio que ello le reportaba.-

Como puede apreciarse, tanto en estas actuaciones como en el beneficio de litigar sin gastos, la parte demandante no alcanzó a demostrarlo. A fs. 330 aquélla mencionó que su compañero trabajaba en un taller de chapa y pintura y también realizaba otras changas. Esta misma referencia efectuó el testigo Julio Alberto Godoy a fs. 375 vta., respuesta a la pregunta cuarta, de los autos “A. c/ Z. s/ds.y ps.”, mientras que en el acta de defunción de la víctima se consignó que era “jornalero” (cfr. fs. 7 de los autos “R. c/ Z. s/ ds. y ps.”). Finalmente, en el marco de la causa penal, el testigo Marcelo Ramón Velázquez refirió que A. era “changarín” (fs. 19).-

De las pruebas reseñadas se infiere que la víctima desempeñaba tareas a modo de changas, o tal vez, en algún taller mecánico, mas ningún elemento se ha aportado a fin de establecer a cuánto ascendía su ingreso mensual promedio.-

Sin perjuicio de ello, estimo que algún perjuicio económico se tradujo en la Sra. R., con motivo del deceso de su compañero. Ello así, por cuanto la reclamante se dedicaba a las tareas del hogar y a la atención de sus pequeños hijos, razón por la cual es lógico presumir que el Sr. A. era quien sostenía patrimonialmente a la familia, incluso a la accionante.-

De tal suerte, y sin pasar por alto que la Sra R. relató, al momento de ser entrevistada por la perito psicóloga -fs. 330/331-, que tiempo después formó una nueva pareja y tuvo otros dos hijos, considero que debe resarcirse a la misma por la pérdida de sostén económico experimentado con motivo del fallecimiento del causante. Ello, claro está, ponderando los gastos personales de la víctima para su propia subsistencia, y los incurridos por su compañera luego del suceso y hasta que formalizó su nueva relación sentimental.-

En consecuencia, discrepando con el importe acordado en la precedente instancia, propongo admitir parcialmente las quejas introducidas por su contraria y reducir esta partida a la suma de $ 7.000 a favor de la Sra. M. M. R.-

Distinto es el caso de los menores (quienes tenían dos años y medio y un año y medio, respectivamente, al momento del deceso del Sr.A.).-

Cuando se trata de la pérdida de la vida humana, el monto de la indemnización debe quedar librado a la “prudencia de los jueces”, como así también el modo de satisfacerla, lo que significa que el juez no está ceñido a fórmulas matemáticas, ni está constreñido a fijar un capital hipotético, cuya renta mensual resulte equivalente a la remuneración mensual que hubo de percibir el causante de haber continuado con vida. Los únicos elementos que debe tener en cuenta son los hechos y datos comprobados del expediente, como la edad del causante, su estado de familia, entrada o remuneración percibida a la fecha del deceso, número probable de años de vida útil hasta la jubilación, edad de los hijos y su situación social y familiar, período de tiempo que falta para llegar a la mayoría de edad, etc. (Conf. Daray, Hernán, “Accidentes de Tránsito”, T° 2, p. 208/209, jurisprudencia allí citada bajo el n° 51).-

En este sentido, se ha sostenido que, con arreglo a la presunción de daño establecida por los arts. 1084 y 1085 respecto de los hijos, el perjuicio resulta comprensivo de todo gasto que sea necesario para sostener el grupo familiar damnificado en sus necesidades alimentarias, de vivienda, vestido, educación y asistencia médica, es decir, que dado el carácter integral que debe revestir el resarcimiento, se constituirá con las sumas que resulten adecuadas para la satisfacción de las necesidades de aquél, en el nivel y las condiciones habituales en la vida del extinto (Conf. Daray, Hernán, obra citada, p. 214, jurisprudencia citada bajo el n° 88).-

A tal fin, es preciso tener en cuenta que la víctima contaba con 20 años de edad al momento del accidente. De tal suerte, considerando la edad jubilatoria para una persona de sexo masculino, el tipo de tareas que desempeñaba según los testigos, la edad de los menores con derecho a ser alimentados hasta alcanzar la mayoría de edad (art.265 del Código Civil, T.O. ley 26.579 ) y a tenor de lo que la propia víctima invertiría en su propia subsistencia, considero que deberían confirmarse los importes acordados en el pronunciamiento en crisis (esto es, la suma de $ 60.000 para cada uno de los menores).-

5°.- Desde otro enfoque, corresponde abordar el estudio de las quejas introducidas por las partes, en cuanto a la partida “daño psicológico”.-

En primer orden, la parte demandante se agravia por considerar que resultan exiguos los montos acordados ($ 26.000 para la Sra. R. y $ 6.000 para la menor P. D. R.). Sostiene que la pericia fue profesional y técnicamente cuestionada, por carecer de rigor científico y fundamentación. Con respecto a la niña, sostiene que presenta signos de inmadurez y detención del proceso de desarrollo, lo que estaría ligado directamente a la muerte de su padre.-

También se agravia en punto a la desestimación de las partidas reclamadas por los menores L. y J. R. Asegura que los niños atraviesan un duelo patológico y tienen daño psíquico por la muerte súbita e inesperada del padre. Agregan que pese a las impugnaciones introducidas, las mismas no fueron evacuadas por la perito designada en la materia. En resumidos términos, solicita que se tenga por acreditada la minusvalía psicológica de los pequeños.-

A ello, tal como fue apuntado, prestó su adhesión la Sra. Defensora de Menores e Incapaces de Cámara.-

Por su lado, los emplazados y la citada en garantía solicitan que se reduzca o se dejen sin efecto los montos acordados para este rubro, por cuanto la Sra. R. presenta una incapacidad permanente y la menor P. D. R.una de tipo transitoria, con pronóstico favorable, en virtud del tratamiento psicológico al cual deberá someterse.-

Cabe señalar que, desde un punto de vista genérico, Matilde Zavala de González define a la incapacidad como “la inhabilidad o impedimento, o bien, la dificultad apreciable en algún grado para el ejercicio de funciones vitales” (Zavala de González, Matilde, Resarcimiento de daños, Hammurabi, Buenos Aires, 1996, t. 2a, p. 343). Ahora bien, es evidente que esa disminución puede, como todo el resto de los daños considerados desde el punto de vista “naturalístico” (esto es, desde el punto de vista del bien sobre el que recae la lesión; vid. Bueres, Alberto J., “El daño moral y su conexión con las lesiones a la estética, a la psique, a la vida de relación y a la persona en general”, Revista de Derecho Privado y Comunitario, Daños a la persona, n° 1, Santa Fe, 1992, p. 237 y ss.), tener repercusiones tanto en la esfera patrimonial como en la extrapatrimonial de la víctima.-

De modo que el análisis se circunscribe a las consecuencias patrimoniales de la incapacidad sobreviniente, partiendo de la premisa -sostenida por la enorme mayoría de la doctrina nacional – según la cual la integridad física no tiene valor económico en sí misma, sino en función de lo que la persona produce o puede producir. Se trata, en última instancia, de un lucro cesante actual o futuro, derivado de la lesión física sufrida por la víctima (Pizarro, Ramón D. -Vallespinos, Carlos G., Obligaciones, Hammurabi, Buenos Aires, 1999, t. 4, p. 305).-

En la especie, tras un exhaustivo estudio de los demandantes, la experta en psicología designada en autos concluyó que la Sra. R. presenta una incapacidad de esa índole, parcial y permanente, del orden del 13%, estimando que guarda verosímilmente relación de causalidad con el hecho de marras (fs. 339).-

En cuanto a la menor P. D.R., estableció que presenta una incapacidad psíquica, parcial y transitoria de un 6%, de relación causal con el hecho que motivó la promoción de las presentas actuaciones (fs. 339).-

En relación a los mellizos (J. M. y L. G. R.), determinó que no presentan indicadores emocionales que denoten conflicto, de modo tal que los indicios presentados por los menores no guardarían nexo causal con los hechos de autos, dado que cuando su padre fallece en el accidente, ellos eran pequeños y en ese entonces el vínculo primordial se establece entre la madre y el niño. A ello debería adicionarse que el vínculo paterno pudo ser suplido por la nueva pareja de la Sra. R. (fss. 337 y 338).-

Frente a las impugnaciones introducidas por la parte demandante a fs. 346/351, la experta ratifica los términos de su dictamen originario (fs. 356/381).-

Debo señalar que, no encuentro elementos de prueba que me permitan apartar de los fundamentos científicos expuestos por la experta en la pericia en cuestión. En ese entendimiento, cuando el peritaje aparece fundado en principios técnicos inobjetables y no existe otra prueba que lo desvirtúe, la sana crítica aconseja, frente a la imposibilidad de oponer argumentos científicos de mayor valor, se impone aceptar las conclusiones de aquél (conf. Palacio, Lino E., “Derecho Procesal Civil”, t. IV, pág. 720 y jurisprudencia allí citada; Morello-Sosa-Berizonce, “Código Procesal Civil y Comercial, comentado y anotado”, pág. 455 y sus citas; Falcón, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, anotado, concordado y comentado”, pág. 416 y sus citas; mi voto publicado en L.L. 1991-A, pág. 358 y mi voto en libre nº 375.513 del 19/9/03).-

Entonces, a efectos de evaluar la suma acordada a la Sra. M. M. R., deben tenerse en consideración sus condiciones personales. Ésta, al momento del accidente, contaba con 22 años de edad.Según relató al momento de ser entrevistada por la perito psicóloga, convivía con su pareja (cfr. certificado de fs. 12 y testimonios de fs. 84/85 del expediente n° 84.808/06, sobre beneficio de litigar sin gastos) y sus tres hijos pequeños.-

Por cierto, más allá de que la demandante hubiese formado una nueva relación en concubinato, considero que la imprevista y trágica muerte del Sr. A. tuvo una incidencia psicológica relevante en su vida, que merece serle indemnizada, debido a su juventud y a la familia que habían formado ya al momento del lamentable accidente.-

De tal suerte, mi opinión es que el monto que le fue acordado a la actora en el pronunciamiento en crisis resulta equitativo, acorde a los criterios de esta Sala, motivo por el cual propongo confirmar el mismo.-

En cuanto a la menor, P. D. R., considero que correspondería admitir las quejas introducidas por la parte demandada y su aseguradora, en virtud de que a ella le ha sido dictaminada una minusvalía de índole transitoria, la que no es susceptible de ser indemnizada bajo este concepto, que sólo atañe a las incapacidades de tipo permanente.-

Por tal razón, propongo que se revoque, en ese sentido, el monto acordado para la menor, en lo concerniente al “daño psicológico”.-

En cuanto a los menores J. M. y L. G. R., propongo confirmar la desestimación de la partida en crisis, dado que no se ha podido demostrar -pericialmente- la existencia de alguna incapacidad psicológica que amerite su resarcimiento. Y, lo cierto es que no encuentro ningún elemento que me permita apartar de esta conclusión.-

6°.- En relación a los “gastos por tratamiento psicológico”, la parte demandante solicita que se adecuen a los valores actuales, dado que el importe de las sesiones fue informado por la perito al mes de julio de 2008 ($ 5.250 para la Sra. R. y $ 3.500 para la menor).-

Debo destacar que la experta designada en estos obrados refirió que la Sra. R.debería someterse a un tratamiento psicológico de doce meses de duración (con frecuencia de una sesión semanal), en tanto que para la menor P. D. R., sugirió que el mismo tenga una duración de siete meses, con idéntica frecuencia (cfr. fs. 339, punto 6 y ratificación de fs. 367/368, punto 6).-

Cabe precisar que, no se ha aportado constancia en autos que indique que las mentadas demandantes hayan emprendido tratamiento psicoterapéutico alguno o prueba documental que avale su cuantía, pese al tiempo transcurrido desde la fecha del siniestro (8/12/02). Ello hace suponer que, o bien su atención se llevó a cabo en una entidad pública -con la consiguiente gratuidad del servicio-, o no se sometieron a ninguna terapia. Además, es natural y probable que con el transcurso del tiempo se hayan superado o perdido intensidad las secuelas comprobadas.-

En virtud de lo expuesto, estimo que resultan razonables los montos acordados a las reclamantes para enjugar la presente partida, motivo por el cual, de compartirse mi postura, deberían confirmarse los mismos.-

7°.- Seguidamente, habré de abocarme a las quejas que introducen las partes, en relación al rubro “daño moral” ($ 60.000 para cada menor).-

La parte actora y la Sra. Defensora de Menores e Incapaces de Cámara se agravian por considerar exigua la suma acordada a los niños, debido a la situación traumática que debieron atravesar con motivo de la muerte de su progenitor.-

A su turno, la parte demandada y la citada en garantía consideran que el importe establecido en el pronunciamiento en crisis resulta elevado y que no debe fundarse en meras generalidades.-

El “daño moral” se configura por todo sufrimiento o dolor que se padece, independientemente de cualquier reparación de orden patrimonial. Es el menoscabo en los sentimientos, consistente en los padecimientos físicos, la pena moral, las inquietudes o cualesquiera otras dificultades o molestias que puedan ser consecuencia del hecho perjudicial (conf. Llambías, J. J., “Tratado de Derecho Civil – Obligaciones”, t. I, págs.297/298, nº 243).-

Para la determinación del monto indemnizatorio no se requiere prueba de su entidad, pues se lo tiene por acreditado con la sola comisión del acto antijurídico, vale decir, que se trata de una prueba “in re ipsa”, que surge de los hechos mismos (conf. esta Sala, votos del Dr. Jorge Escuti Pizarr o en causas nº 191.386 del 22/5/96 y nº 207.360 del 16/12/96; mis votos en libres nº 165.704 del 22/5/95 y nº 214.108 del 16/5/97, entre muchos otros).-

El perjuicio que deriva de este daño se traduce en vivencias personales del afectado y en factores subjetivos que tornan dificultosa la ponderación judicial del sufrimiento padecido. No se trata de cuantificar el dolor humano en base a tales subjetividades, ni tampoco atendiendo a la situación económica de la víctima o a la importancia del daño material inferido, sino de elaborar pautas medianamente objetivas que conduzcan a un resultado equitativo, en orden a los padecimiento morales sufridos.-

En la especie, me inclino por sostener que, en cierta medida, le asiste razón a la parte accionante. Es que, más allá del rol que actualmente pueda ocupar la nueva pareja de la Sra. R., lo cierto es que los menores, a temprana edad, se vieron privados de compartir su vida junto a su padre, aunque el mismo -ciertamente por desidia- no llegase a reconocer su filiación paterna. Esto, sin lugar a dudas, tiene una gran incidencia en la vida de cualquier persona. Obsérvese el modo en que debieron comunicarle a los mellizos la verdad acerca de que su padre había fallecido. O bien, la repercusión que tuvo en la vida de la menor Priscila, conforme lo expresa la perito psicóloga en su dictamen.Más, cuando en el caso la misma presenta una incapacidad psíquica de índole transitoria que, probablemente pueda menguar a través de un tratamiento de esa índole.-

De modo que, ponderando la incidencia que el accidente ha provocado al privarles a los menores la posibilidad de vivir con su progenitor, debiéndose adaptar a una convivencia en una familia ensamblada, de compartirse mi opinión, propongo incrementar en alguna medida este rubro y acordarse a cada uno de los niños reclamantes el monto de $ 80.000.-

8°.- Seguidamente, habrán de abordarse los agravios introducidos en la causa “A., M. E. c/ Z., M. y otros s/ Ds. y Ps.”, relativos a las partidas cuestionadas.-

En primer lugar, se queja la parte demandante respecto al rechazo del concepto de “valor vida” a su favor. Señala que es cierto que la ayuda que la víctima le prodigaba podía ser mínima. Sin embargo, refiere que el hecho de que no se haya acreditado el tipo de ingresos no es óbice para rechazar la indemnización. Sostiene que los testigos Godoy y Noguera afirmaron que G. L. A. ayudaba tanto a su compañera e hijos como a su madre.-

Por tal motivo, solicita que se fije una indemnización a su favor por este rubro.-

Tal como quedó establecido en el apartado 4°) del presente voto, no se ha logrado demostrar en ninguna de las causas civiles a cuánto ascendían los ingresos mensuales de la víctima. Frente a ello, no es posible estimar pecuniariamente cuál era el aporte que en mercaderías le suministraba el causante a la demandante, aunque en rigor, los escasos ingresos de la víctima en sus humildes labores apenas alcanzarían para afrontar las necesidades de su grupo familiar, compuesto por su compañera y sus tres hijos, y las propias de su subsistencia.Máxime cuando la actora vive en pareja, formando un grupo familiar autónomo con su propia descendencia.-

De modo que, de compartirse mi postura, correspondería confirmar la desestimación de esta partida.-

9°.- En segundo lugar, habrán de abordarse los agravios introducidos por las partes, con motivo del monto acordado a la accionante en concepto de “daño psicológico” ($ 36.000).-

La parte actora señala que el perito le asignó un 20% de incapacidad de estas características, de tipo parcial y permanente. Sin embargo, considera que la suma establecida en el pronunciamiento en crisis es reducida, razón por la cual solicita su incremento.-

A su turno, los demandados y la citada en garantía se agravian en torno a que la pericia psicológica presentada en estas actuaciones fue ampliamente impugnada por los quejosos, pese a lo cual el experto se limitó a ratificarla de manera dogmática. Añaden que no se consideraron factores previos, como ser que la demandante sufrió también la pérdida de otro de sus hijos, circunstancia que bien pudo tener incidencia concausal en la minusvalía dictaminada pericialmente.Por tal razón, solicita el rechazo de la partida o su otorgamiento conforme al desmedro padecido por la reclamante.-

En honor a la brevedad, me remito a los lineamientos esbozados en el apartado 5°, a los efectos de ponderar la partida bajo análisis.-

Conforme se desprende del informe presentado en estas actuaciones “…La evaluada transcurre su existencia en plano de duelo patológico donde la pérdida por antonomasia es el fallecimiento de un ser querido; la mente humana no se halla preparada y/o programada para la elaboración de la pérdida de un hijo, corriendo el riesgo de no separarse, de quedarse pegada a un cadáver, quedando sometida en consecuencia, a una depresión reactiva crónica, ya que no puede desligar y/o retirar carga afectiva del objeto perdido y depositar su libido o pulsión de vida en un nuevo objeto afectivo.-

Cuando el duelo no se cumple, y el estado depresivo se hace patológico como la muerte de un hijo, implica vivir con el fantasma del mismo por el curso de su existencia; vacío imposible de llenar y/o elaborar psicológicamente; la psicoterapia en tales situaciones no cura pero puede ser un eficaz sistema para evitar que el cuadro empeore…

…A raíz del evento relatado en autos, la Sra. A. … presenta un duelo patológico con elementos depresivos que la incapacitan en forma parcial y permanente en el 20% del Valor Obrero Total y Total Vida” (cfr. fs. 368/371 y ratificación de fs. 477).-

Tal como puntualizaron los demandados y la citada en garantía, el informe fue cuestionado por ellos a fs. 404. Más aún, a fs. 447 la Sra. Juez de grado requirió al experto una serie de documentación y especificaciones, conforme a las facultades judiciales conferidas por el art. 36, inc. 4° , del Código Procesal.-

Debo precisar que no es acertado que se hayan soslayado factores previos de la personalidad de la demandante. Como puede apreciarse, a fs. 449/458 se evaluó psicológicamente a la actora, dejándose constancia sobre sus antecedentes personales.A fs. 459 el experto responde que “…la incapacidad otorgada a la actora en las conclusiones del informe pericial, está relacionada directamente con el evento de autos. Se descontaron factores previos…”.-

De tal suerte, teniendo en consideración el porcentaje incapacitante dictaminado por el perito, como también la repercusión que la muerte de un hijo ha ocasionado en la psiquis de su progenitora y su escaso nivel socio-económico, que hace reducida la incidencia económica de sus limitaciones, de compartirse mi opinión, debería confirmarse esta partida.-

10°.- Asimismo, la parte demandante solicita el incremento de la partida correspondiente a “gastos por tratamiento psicológico”, pues considera que el monto resulta exiguo, atento a que fue fijado a la fecha de la pericia ($ 11.760).-

El experto designado en dichas actuaciones sugirió que la actora se someta al pronto inicio de psicoterapia individual, con el fin de evitar progresión y/ o agravamiento del presente cuadro. A tal fin se recomienda que la misma no debería ser inferior a lapso de 18-24 meses, a razón de 2 sesiones semanales, estimada cada sesión en $ 70.-

A tenor del tiempo transcurrido, se desestima la posibilidad de remisión espontánea.-

En función de lo expuesto, tomando un valor de referencia similar al considerado en el apartado 6°, en uso de las facultades conferidas por el art. 165 del Código Procesal, propongo elevar esta partida al monto de $ 18.000.-

11°.- Desde otro ángulo, la parte actora se agravia en relación a la desestimación del rubro “gastos de sepelio y sepulcro”.-

La quejosa señala que es cierto que se ha adjuntado una fotocopia de un presupuesto con la leyenda “comprobante no válido como factura “y que a fs. 432 se desistió de esa informativa, dirigida a “Cochería Casa Gutiérrez SRL”. Sin embargo, expresa que es lógico que una madre que vive en el campo incurra en ese tipo de gastos para dar cristiana sepultura a su hijo. Manifiesta que la desestimación de la partida, efectuada por la Sra.Juez de grado, importa un estricto rigor formal.-

Por lo demás, refiere que la lápida fue confeccionada por el mosaiquero del pueblo y que no fue confeccionada en mármol, dado que ellos pertenecen a una familia humilde. Por ello, solicita en esta instancia se conceda la partida cuestionada.-

En cuanto atañe a este concepto, aunque no fue acreditado debidamente que la accionante desembolsara las sumas pretendidas por el mismo, porque no se probó la autenticidad de la documentación acompañada, debe presumirse que la muerte de su hijo trajo aparejada alguna erogación referida al traslado de sus restos y su sepelio, desde que la mujer del fallecido no reclamó este necesario gasto (conf. esta Sala, mi voto en libre nº 262.119 del 5-7-99). La apuntada falencia probatoria debe gravitar contra quien tenía la carga de la prueba.-

Sin perjuicio de ello, pese esa orfandad probatoria, en uso de las facultades conferidas por el art. 165 del ritual, propongo al acuerdo asignar la suma de $ 500 para esta partida.-

12°.- En cuanto al “daño moral”, la demandante se agravia por considerar reducida la suma acordada ($ 40.000). Afirma que con su hijo tenía una hermosa relación, dado que era el mayor de ellos, y que lo había dado a luz cuando apenas tenía catorce años.-

En función de estos argumentos, solicita se incremente la partida en crisis.-

Tal como fue apuntado en los párrafos precedentes, el perjuicio que deriva de este daño se traduce en vivencias personales de los afectados y en factores subjetivos que tornan dificultosa la ponderación judicial del sufrimiento padecido. Se trata de elaborar pautas medianamente objetivas que conduzcan a un resultado equitativo, en orden a los padecimiento morales sufridos.-

Resulta sin duda difícil graduar la cuantía para enjugar el daño moral, pues el sufrimiento por la pérdida de un hijo para sus padres, es algo inconmensurable, más aún si se ponderan las trágicas circunstancias que, en el particular caso, determinaron un fatal desenlace no inmediato.No puedo dejar de ponderar que la edad de la víctima no hacía previsible su muerte, por lo cual esta situación debe haberle generado una afección espiritual de relevantes sufrimientos morales, difíciles de superar. Pero constituye un deber del juzgador fijar una pauta o parámetro que, por cierto, no tiene por qué guardar relación con la entidad de los daños materiales, dado su carácter autónomo. Se trata de medir lo que a primera vista aparece como inabarcable, para lo cual resulta menester objetivar la dolorosa situación, dado que al ser el sufrimiento humano un elemento netamente subjetivo, relacionado con la sensibilidad de cada persona, podría derivarse en considerables desproporciones. Con esa finalidad resulta de gran utilidad trazar analogías con casos similares, para -de esa manera- crear cierta uniformidad que no deje librado este importante concepto a variables que dependan de los afectos más íntimos de cada persona.-

Conforme surge del incidente sobre beneficio de litigar sin gastos, la actora es ama de casa, de 46 años de edad, de condición humilde, vive en pareja, es madre de 8 hijos (dos fallecidos) (ver fs. 59/60 del expte. n° 43.525/03 y 368/371 de esta causa civil). No puede soslayarse la grave angustia atravesada por la actora, ante la trágica e imprevista muerte de su hijo mayor, cuando éste tenía apenas 20 años, en oportunidad en que se dirigía a la Basílica de Luján, en una jornada de peregrinación.-

En virtud de ello, considero que resulta reducida la suma acordada para enjugar el presente rubro.Por tal motivo, de compartirse mi opinión, propongo elevar este rubro al monto de $ 80.000.-

13°.- Para finalizar, cabe abordar las quejas introducidas por la parte demandante, en ambos expedientes acumulados, relativas a la tasa de interés fijada en el pronunciamiento apelado.-

Solicitan las quejosas que se fije la tasa activa respecto a las diversas partidas que integran el capital de condena, sosteniendo que no se configura en la especie excepción alguna que importe un enriquecimiento sin causa a favor de la parte demandante. Requiere que se tenga presente la Convención sobre los derechos del niño, toda vez que la Sra. Juez “a-quo” se apartó de pruebas definitorias y conducentes para resolver el conflicto, perjudicando así a los menores reclamantes.-

De acuerdo a lo establecido por la doctrina plenaria sentada por esta Cámara Civil en los autos “Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios” del 20/04/09, sobre el capital reconocido corresponde aplicar la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina. Empero, toda vez que en la especie se han desestimado, confirmado y/o modificado los montos indemnizatorios a los valores vigentes a la sentencia de grado, la indicada tasa debe regir recién a partir de ese pronunciamiento, ya que de imponerse esos intereses desde el origen de la mora, se consagraría una alteración del capital establecido en la sentencia, configurando un enriquecimiento indebido, tal como puntualmente prevé la parte final de la referida doctrina plenaria, al contemplar una excepción a la vigencia de la tasa moratoria legal.Ello así, en la medida de que uno de los factores que consagran la entidad de la referida tasa, lo constituye la paulatina pérdida de valor de la moneda, extremo que en la especie ya ha sido ponderado al definir el capital a los valores vigentes al pronunciamiento apelado.-

Por ello, desde la fecha del hecho (08/12/02) y hasta la sentencia de primera instancia, corresponde se calculen los intereses a la tasa del 8% anual y, sólo desde entonces y hasta el efectivo pago, a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (conf. CNCiv. esta Sala, L. 504.067, del 20/05/09, entre otros).-

En virtud de los fundamentos brindados, debería confirmarse la tasa de interés fijada en la sentencia de grado, salvo en lo atinente a las partidas “gastos por tratamiento psicológico”, sobre cuyos montos los intereses deberán ser liquidados a partir de este pronunciamiento y a la referida tasa activa, desde que se trata de sumas aún no desembolsadas (arg. CNCiv. en pleno, LL t° 93, pág. 667).-

14°.- En síntesis, voto por modificar el pronunciamiento apelado, distribuyendo la responsabilidad por el accidente en un 65% a cargo de la víctima y en un 35% a cargo de la parte demandada.-

Asimismo, respecto de los autos “R., M. M. c/ Z., M. y otros s/ ds. y ps.”, se reduciría la partida “valor vida” respecto de la Sra. R. al importe de $ 7.000 y se confirmaría la suma de $ 60.000, acordada para cada menor. En relación al “daño psicológico”, se confirma el monto de $ 26.000 asignado a la Sra. R., como también la desestimación respecto de los menores J. M. y L. G. R. y se revoca el monto acordado a favor de la menor P. D. R. Asimismo, se confirman los importes acordados en concepto de “gastos por tratamiento psicológico” ($ 5.250 a favor de M. M. R. y $ 3.500 a favor de la menor P. D.R.). Finalmente, se incrementa el monto asignado en concepto de “daño moral”, elevándose al importe de $ 80.000 para cada uno de los menores.-

Como corolario de ello, en orden a la proporción de responsabilidad atribuida a la parte demandada por la ocurrencia del evento, la Sra. R. percibiría el importe total de $ 13.388 ($ 2.450 por “valor vida”, $ 9.100 por “daño psicológico” y $ 1.838 por “gastos por tratamiento psicológico”). La menor P. D. R. percibiría el monto de $ 50.225 ($ 21.000 por “valor vida”, $ 1.225 por “gastos de tratamiento psicológico” y $ 28.000 por “daño moral”). Finalmente, los menores J. M. y L. G. R. resultarían acreedores de la suma de $ 49.000 cada uno de ellos ($ 21.000 por “valor vida” y $ 28.000 por “daño moral”, para cada menor).-

En relación a los autos “A., M. E. c/ Z., M. y otros s/ ds. y ps.”, se confirmaría la desestimación del rubro “valor vida”, se incrementaría a la suma de $ 80.000 la partida “daño moral”, se confirmaría el rubro “daño psicológico”, se elevaría a $ 18.000 la partida “gastos por tratamiento psicológico” y se fijaría el concepto “gastos de sepelio y sepulcro” en $ 500.-

De tal suerte, en orden a la distribución de responsabilidades, la Sra. A. debería percibir la suma total de $ 47.075 ($28.000 por daño moral, $ 12.600 por “daño psicológico”, $ 6.300 por “gastos de tratamiento psicológico” y $ 175 por “gastos de sepelio y sepulcro”).-

Finalmente, deberían aplicarse a las partidas acordadas en ambas causas los intereses, conforme a la tasa dispuesta en el apartado 13°.-

15º.- En función de lo dispuesto por el art.279 del Código Procesal, y a la forma en que prosperan los recursos introducidos por las partes, las costas de ambas instancias, en sendos procesos acumulados, se imponen en un 65% a cargo de los actores y en un 35% a cargo de los demandados y su aseguradora (arts. 68, segundo párrafo , y 71 del Código Procesal).-

EL DR. SEBASTIÁN PICASSO DIJO:

Coincido en líneas generales con el voto de mi distinguido colega el Dr. Molteni y agrego por mi parte las siguientes aclaraciones:

I.- El daño, en sentido jurídico, no se identifica con la lesión a un bien (las cosas, el cuerpo, la salud, etc.), sino, en todo caso, con la lesión a un interés lícito, patrimonial o extrapatrimonial, que produce consecuencias patrimoniales o extrapatrimoniales (Calvo Costa, Carlos A., Daño resarcible, Hammurabi, Buenos Aires, 2005, p. 97). En puridad, son estas consecuencias las que deben ser objeto de reparación (Pizarro, Ramón D. – Vallespinos, Carlos G., Obligaciones, Hammurabi, Buenos Aires, 1999, t. 2, p. 640), lo que lleva a concluir en la falta de autonomía de todo supuesto perjuicio que pretenda identificarse en función del bien sobre el que recae la lesión (la psiquis, la estética, la vida de relación, el cuerpo, la salud, etc.). En todos estos casos, habrá que atender a las consecuencias que esas lesiones provocan en la esfera patrimonial o extrapatrimonial de la víctima, que serán, por lo tanto, subsumibles dentro de alguna de las dos amplias categorías de perjuicios previstas en nuestro derecho: el daño patrimonial y el moral.-

La lesión de aspectos psicológicos o estéticos de la persona del actor, entonces, no constituye un perjuicio autónomo y distinto de la incapacidad sobreviniente. Se trata, en todos los casos, de lesiones -causadas en la psiquis o el cuerpo de la víctima- que producen una merma en la capacidad del sujeto para realizar actividades patrimonialmente valorables.Es esta merma, que resulta en una disminución patrimonial (un lucro cesante), lo que en definitiva constituye el daño resarcible. Por consiguiente, el daño psíquico reclamado lo trataré dentro de la incapacidad sobreviniente.-

Ahora bien, me he expedido reiteradamente en el sentido de que, para valorar la incapacidad sobreviniente, resulta aconsejable el empleo de criterios matemáticos que, partiendo de los ingresos acreditados por la víctima (o de la valuación de las tareas no remuneradas que ella llevaba a cabo y se vio total o parcialmente imposibilitada de continuar desarrollando en el futuro), y computando asimismo sus posibilidades de incrementos futuros, lleguen a una suma tal que, invertida en alguna actividad productiva, permita a la víctima obtener mensualmente (entre ese margen de beneficios y el retiro de una porción del capital) una cantidad equivalente a aquellos ingresos frustrados por el hecho ilícito, de modo tal que ese capital se agote al término del período de vida económicamente activa que restaba al damnificado.-

Sin embargo, también he sostenido que es tas pautas de cálculo no tienen por qué atar al juzgador, por lo que no corresponde otorgar a la víctima, sin más, la suma que en cada caso resulte de la aplicación de la fórmula mencionada, sino que ella servirá simplemente como pauta orientadora para, a partir de allí, arribar a un justo resarcimiento según las circunstancias de la causa.-

Así las cosas, y dado que los importes que propone el Dr. Molteni bajo el rubro daño psicológico lucen equitativos a la luz de las pautas descriptas, votaré con él también en este aspecto.-

II.- En lo atinente al valor vida reclamado por la actora M. E. A.si bien no hay prueba en la causa tendiente a demostrar el lucro cesante por ella alegado, no puedo soslayar que la muerte de un hijo hace perder a sus padres (en especial, si se trata de personas de modestos recursos, como es el caso) al menos una chance de ayuda futura, pues suele suceder que los hijos contribuyan al sostén económico de sus progenitores (Zabala de González, Matilde, comentario a los arts. 1.084/1.085 del Código Civil en Bueres, Alberto J. (dir.)- Highton, Elena I. (coord.), Código Civil y leyes complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial, Hammurabi, Buenos Aires, 1999, t. 3A).-

Respecto de este último punto, forzoso es reconocer que resulta arduo establecer un método de cálculo exacto en estos casos. Sin embargo, es posible arribar a un resultado aproximado calculando, por un lado, qué porción de los ingresos mensuales presuntos de la víctima fatal podía ser destinada eventualmente al sostén de su progenitora, y durante cuántos años (lo que lleva a considerar la expectativa de vida probable de esta última) para, a renglón seguido, establecer el valor actual de esa renta futura. Una vez efectuado ese cálculo, es preciso afectar el monto resultante al porcentaje de chances que la actora tenía de ser efectivamente ayudada por su hijo, pues, como queda dicho, es de la pérdida de ese porcentaje de posibilidades que aquí se trata.-

Sentado ello, considerando los pocos elementos con los que se cuenta en esta causa, y ponderando que la víctima trabajaba como “changarín” y que sus ingresos no se encuentran comprobados, partiré para efectuar ese cálculo de un ingreso mensual de $ 850 a la fecha del accidente, y supondré que el Sr. A. podría haber destinado a su madre un máximo de un décimo de esa suma (art. 165 del CPCCN). Así las cosas, teniendo en cuenta una chance del cincuenta por ciento de ser asistida -que también calculo en base a las facultades que me otorga el art.165 del CPCCN-, así como la posibilidad de mejora económica del occiso, estimo prudente reconocer la suma de $ 4.000 a fin de enjugar esta partida.-

III.- En lo que atañe a los intereses, y como lo he expuesto en el precedente de esta sala “Piñeiro, Gabriel Alberto c/ Ausilli, José Luis y otros s/ Daños y Perjuicios”, del 10/11/2011 (libre n° 574.847), soy de la opinión de que, por aplicación de la doctrina sentada por esta cámara en el fallo plenario dictado en los autos “Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S. A. s/ daños y perjuicios”, del 20/4/2009, debe fijarse la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, desde el momento del hecho, y estimo -por los argumentos que expuse en mi voto en la causa ya citada, a la que me remito- que la sola circunstancia de haberse fijado las partidas indemnizatorias a valores actuales no configura la excepción contemplada en el último párrafo de la parte dispositiva de la mentada sentencia plenaria.-

IV.- En síntesis, propongo conceder a la actora M. E. A. la suma de $ 4.000 para enjugar el rubro “valor vida” y calcular los intereses de acuerdo a lo señalado en el punto que antecede. En todo lo demás, adhiero al fundado voto del Dr. Molteni.-

El Dr. Ricardo Li Rosi votó en el mismo sentido por razones análogas a las expresadas en su voto por el Dr. Hugo Molteni.-

Con lo que terminó el acto.-

Es copia fiel de su original que obra a fs. del Libro de Acuerdos de la Sala “A” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.-

FDO. FERNANDO P.CHRISTELLO (SEC.)

Buenos Aires, octubre 22 de 2012

Y VISTOS:

Por lo que resulta del acuerdo que informa el acta que antecede, se modifica el pronunciamiento apelado, distribuyéndose la responsabilidad por el evento en un 65% a la víctima y en un 35% a cargo de la demandada.-

En consecuencia, en orden a la distribución de porcentajes de la responsabilidad por el evento, y a la modificación de las distintas partidas que componen los daños reclamados, la Sra. M. M. R. deberá percibir de su contraria la suma de Trece Mil Trescientos Ochenta y Ocho Pesos ($ 13.388.-), la menor P. D. R. la de Cincuenta Mil Doscientos Veinticinco Pesos ($ 50.225.-), los menores J. M. y L. G. R. los importes de Cuarenta y Nueve Mil Pesos ($ 49.000.-), cada uno de ellos, y la Sra. M. E. A. el monto de Cuarenta y Siete Mil Setenta y Cinco Pesos ($ 47.075.-).-

A los capitales que integran las distintas condenas, conforme a lo establecido en el punto 14°, deberán aplicarse los intereses, acorde a la tasa dispuesta en el apartado 13°.-

Las costas de ambas instancias se imponen un un 65% a cargo de los demandantes y en un 35% a cargo de la parte demandada y su aseguradora.-

Difiérase la regulación de honorarios profesionales, hasta tanto se haga lo propio en la precedente instancia.-

Notifíquese a las partes y a la Sra. Defensora de Menores e Incapaces de Cámara. Fecho, devuélvase.-

HUGO MOLTENI

SEBASTIÁN PICASSO

(EN DISIDENCIA PARCIAL)

RICARDO LI ROSI

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