No llamar a concurso de profesores para incorporar personal a la universidad desde la apertura de la carrera vulnera todas las garantías constitucionales.

shutterstock_73936774Partes: Biagioli Marta Ofelia c/ Poder Ejecutivo Nacional Universidad de Buenos Aires Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: VI

Fecha: 22-feb-2013

Cita: MJ-JU-M-77981-AR | MJJ77981 | MJJ77981

El hecho que desde la apertura de la carrera de Diseño Gráfico en el año 1985 a la fecha, no se ha llamado a concurso de profesores para incorporar personal a la universidad pone de manifiesto que la actora ha quedado al margen de todo amparo resultando vulneradas todas las garantías constitucionales ya que al no ser personal de planta permanente no está protegida por la estabilidad de carácter absoluto que la Constitución Nacional reconoce al empleado público y al no estar incluida en el régimen de la Ley de Contrato de Trabajo tampoco dispone protección contra el despido arbitrario.

Sumario:

1.-Resulta relevante que desde la apertura de la carrera de Diseño Gráfico en el año 1985 a la fecha, no se ha llamado a concurso de profesores para incorporar personal a la universidad. Ello pone de manifiesto que la actora ha quedado al margen de todo amparo resultando vulneradas todas las garantías constitucionales ya que al no ser personal de planta permanente no está protegida por la estabilidad de carácter absoluto que la Constitución Nacional reconoce al empleado público y al no estar incluida en el régimen de la Ley de Contrato de Trabajo tampoco dispone protección contra el despido arbitrario, máxime que como ya ha señalado, el actuar de la demandada implicó una conducta ilegítima susceptible de generar su responsabilidad frente a la actora.

2.-En tales condiciones, se configura en el caso, un cuadro que como fuera analizado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente Ramos José Luis c/ Estado Nacional (R. 354 XLIV) -doctrina reiterada en el caso Cerigliano -, tuvo aptitud para generar en la actora una legítima expectativa de permanencia laboral que merece la protección que el art. 14 bis de la CN. otorga al trabajador contra el despido arbitrario.

3.-Cabe a fin de fijar el importe que la reparación debe asumir, tomar en consideración los parámetros objetivos sentados en el precedente citado y en este sentido, resulta equitativo tomar como pauta orientadora la indemnización prevista por el art. 11 de la Ley Marco de la Regulación del Empleo Público Nacional pues el Alto Tribunal consideró una medida equitativa para reparar los perjuicios derivados del vínculo en cuestión.

Fallo:

Buenos Aires, 22 de febrero de 2013

VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires reunidos los integrantes de la Sala VI a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicando el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

EL DOCTOR LUIS A. RAFFAGHELLI DIJO:

La parte actora apela la sentencia de primera instancia (fs. 380/383) que rechazó la demanda interpuesta según el escrito de fs. 386/395 cuyos agravios fueron replicados a fs. 397/398.

En el caso, el magistrado de grado concluyó -siguiendo la doctrina del plenario ‘Goldberg’- que la relación jurídica que mantuvieron las partes está comprendida en la órbita de la función pública por lo que no resulta admisible sostener que se hallara regida por la Ley de Contrato de Trabajo, motivo por el cual rechazó la demanda en todas sus partes.

Ello motiva la queja de la parte actora que manifiesta que el núcleo argumentativo del rechazo de la pretensión se centra en la aplicación del fallo plenario citado, aspecto que en su entender evidencia la ausencia de fundamento sustancial en orden a la acreditación del vínculo laboral invocado.

Sostiene que en el presente caso, no se encuentra discutido el carácter laboral del vínculo, sino que existe un debate sobre el régimen legal aplicable a una relación que en su parecer es claramente laboral.

La demandada, por su parte, reconoció que la actora ingresó como Ayudante de Primera en la materia Morfología I, Cátedra Sabat, con carácter interino el día 1.5.1985.

Afirmó que sus funciones las cumplía en virtud de designaciones con plazo de inicio y finalización, emanadas del Sr. Decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, siendo estas designaciones de carácter interino que no le otorgaban estabilidad en el cargo, la que solo se obtiene mediante la aprobación de un concurso que le otorgue el carácter de regular.Admitió la pertinencia de la Sra. Biagioli en sus funciones en la planta transitoria, motivo por el cual la demandada contaba con la facultad exclusiva de disponer de la contratación del personal que eventualmente resulta necesario para su específica operatoria, sujeto a la expiración de su contrato por acto de la autoridad competente lo cual es irreversible.

Y sostiene que el reclamo de la actora es a todas luces improcedente atento a que no fue despedida y no hay razón para indemnizarla en virtud del vínculo que ostentaba en calidad de Docente Ayudante de Primera y haber expirado el término de su designación, mediante resolución administrativa.

Ahora bien, resulta relevante que desde la apertura de la carrera de Diseño Gráfico en el año 1985 a la fecha, no se ha llamado a concurso de profesores para incorporar personal a la universidad.

Ello pone de manifiesto que la actora ha quedado al margen de todo amparo resultando vulneradas todas las garantías constitucionales ya que al no ser personal de planta permanente no está protegida por la estabilidad de carácter absoluto que la Constitución Nacional reconoce al empleado público y al no estar incluida en el régimen de la Ley de Contrato de Trabajo tampoco dispone protección contra el despido arbitrario, máxime que como ya ha señalado, el actuar de la demandada implicó una conducta ilegítima susceptible de generar su responsabilidad frente a la actora.

En tales condiciones, se configura en el caso, un cuadro que como fuera analizado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Ramos José Luis c/ Estado Nacional” (R. 354 XLIV) -doctrina reiterada en el caso “Cerigliano”-, tuvo aptitud para generar en la actora una legítima expectativa de permanencia laboral que merece la protección que el art. 14 bis de la Constitución Nacional otorga al trabajador contra el despido arbitrario.

A tal fin, remitiéndome a lo expuesto por el Dr.Fernández Madrid al votar en la causa “Cerigliano Carlos Fabián c/ Gobierno de la Ciudad Autónoma… s/ Despido” (SD 63516 del 6.12.2011), cuyos fundamentos compartí adhiriendo a su voto, cabe a fin de fijar el importe que la reparación debe asumir, tomar en consideración los parámetros objetivos sentados en el precedente citado y en este sentido, resulta equitativo tomar como pauta orientadora la indemnización prevista por el art. 11 de la Ley Marco de la Regulación del Empleo Público Nacional pues el Alto Tribunal consideró una medida equitativa para reparar los perjuicios derivados del vínculo en cuestión.

Asimismo, prosperara el reclamo del S.A.C. proporcional reclamado en la demanda, pues es un crédito que corresponde tanto a empleados públicos como privados.

Igual suerte correrá el reclamo por las vacaciones no gozadas correspondientes al año 2009 y los salarios adeudados del mes de junio, julio, agosto, septiembre y octubre toda vez que no existen constancias documentadas del pago (conf. art. 138).

Teniendo en cuenta la doctrina fijada por nuestro más Alto Tribunal en los casos precitados, serán desestimados los demás rubros reclamados en la demanda, pues no resultan aplicables al sub-lite.

Por todo ello, debe tomarse como remuneración computable la de $ 893,18- (que surge del recibo obrante a fs. 264) por lo que de acuerdo a la pauta antes indicada, la fecha de ingreso reconocida por la demandada (1.5.1985) la demanda prospera por los siguientes rubros y montos: 1) Indemnización Art. 11 Ley 25.164 $ 22.329,50; 2) SAC proporcional $ 223,29; 3) Vacaciones no gozadas $ 1250,45; 4) Salarios Adeudados $ 4.465.90, lo que arroja un total de $ 28.269,14.- que se derivan a condena con más los intereses desde que cada suma es debida hasta su efectivo pago a la tasa de interés fijada en el acta Nro.2357 de esta Cámara.

En virtud a lo expuesto precedentemente, de prosperar mi voto, propongo modificar la sentencia de primera instancia en el sentido de reducir el monto de condena a la suma de $ 28.269,14.-, con más los intereses dispuestos anteriormente.

Atento la solución que propongo y por aplicación de lo dispuesto en el art. 279 del CPCCN, corresponde dejar sin efecto lo resuelto en la instancia anterior en materia de costas y honorarios.

Propongo imponer las costas de ambas instancias a cargo de la demandada toda vez que no advierto motivos que justifiquen apartarse del principio general de la derrota establecido por el art. 68 CPCCN.

Teniendo en cuenta las pautas arancelarias vigentes, la naturaleza, mérito, alcance, tiempo y calidad de las tareas profesionales cumplidas, propicio regular a la representación y patrocinio letrado de la parte actora, de la demandada en el 15% y el 13% del monto total de condena con más los intereses correspondientes (conf. arts. 38 , L.O.; 6, 7, 8 , 9 , 19 y 37 , CPCCN y 3º y 12 , dec.-ley 16.637/57).

Por los trabajos realizados en esta instancia, propicio fijar los honorarios de los letrados intervinientes en esta alzada en el 25% de lo que en definitiva les corresponda por sus labores en la instancia previa (art. 14 , ley 21.839 mod. por ley 24.432 ).

LA DOCTORA GRACIELA L. CRAIG DIJO:

Que adhiero al voto que antecede.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18.345) el Tribunal RESUELVE: I) Revocar la sentencia de grado y en su mérito admitir la demanda entablada por el actor condenando a la demandada a abonar dentro del quinto día de aprobada la liquidación prevista en el art.132 de la LO a la actora, la suma de $ 28.269,14 (pesos veintiocho mil doscientos sesenta y nueve con 14/100) que llevará los intereses dispuestos precedentemente; II) Imponer las costas de ambas instancias a cargo de la demandada (art. 68 CPCCN); III) Regular los honorarios por la actuación en primera instancia a la representación y patrocinio letrado de la parte actora y demandada en el 15% y el 13% del monto total de condena con más los intereses correspondientes (conf. arts. 38, L.O.; 6, 7, 8, 9, 19 y 37, CPCCN y 3º y 12, dec.-ley 16.637/57); IV) Fijar los honorarios de los letrados intervinientes en esta alzada en el 25% de lo que en definitiva les corresponda por sus labores en la instancia previa (art. 14, ley 21.839 mod. por ley 24.432).

Regístrese, notifíquese y vuelvan.

LUIS A. RAFFAGHELLI

JUEZ DE CAMARA

GRACIELA L. CRAIG

JUEZ DE CAMARA

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