Distribución de responsabilidad si el colectivo embiste por atrás a un taxi, pero éste se había detenido a levantar pasajeros en zona prohibida.

Colect.Partes: Aquino Bogado Carlos Antonio c/ Azul Sociedad Anónima de Transporte Automotor y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: A

Fecha: 26-feb-2013

Cita: MJ-JU-M-77927-AR | MJJ77927 | MJJ77927

Se hizo lugar parcialmente a la demanda y se condenó a la empresa de transporte público de pasajeros a indemnizar al actor por el accidente en el que un colectivo embistió por atrás a un taxi, pero se distribuyó la responsabilidad en un 60 % al actor y un 40 % a la demandada, pues el taxímetro se detuvo a levantar pasajeros en una zona prohibida, y de utilización exclusiva de colectivos -en el caso, se trataba del frente principal de un hospital público-. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar parcialmente a la demanda y condenar a los demandados a indemnizar al actor por el accidente en el que un colectivo embistió en su parte trasera a un taxímetro, pero debe distribuirse la responsabilidad en un 60 % al actor y en un 40 % a la empresa transportista, pues el actor se detuvo a tomar pasajeros en una zona donde estaba prohibido hacerlo y era de detención exclusiva de colectivos.

2.-Por tratarse de una colisión de dos vehículos en movimiento, resulta de aplicación el art. 1113 del CCiv. respecto de la actuación de ambos protagonistas del accidente, tal como lo decidiera la doctrina plenaria sentada en la causa Valdez, Estanislao Francisco c/ El Puente S.A.T. y otro s/ daños y perjuicios (del 10-11-94), vale decir que, en principio y respecto de cada conductor partícipe del evento, rigen presunciones concurrentes de responsabilidad, derivadas del riesgo recíproco que generaban al momento del hecho los vehículos conducidos, consecuentemente, ambas partes debían desvirtuar esa presunción adversa que pesaba sobre sí, acreditando la culpa de la otra, la de un tercero por el que no deban responder o la configuración de un caso fortuito ajeno a dichas cosas riesgosas, que fracture la relación causal entre el riesgo y el daño inferido.

3.-La jurisprudencia dominante presume de manera iuris tantum la culpabilidad de quien embiste a otro con la parte delantera del automotor, sea en la parte trasera o lateral, no obsta a esta conclusión el hecho de que el automovilista que lo precedía haya frenado bruscamente, porque el conductor debe estar atento y en condiciones de frenar la marcha de su vehículo, guardando distancia prudencial con los restantes automotores que circulan en similar sentido.-

4.-Si bien es cierto que el conductor del colectivo embistió con el frente de la unidad el sector trasero del taxímetro -pesando sobre el primero la presunción de culpabilidad del embistente-, lo cierto es que el taxímetro se dispuso a detener su marcha para levantar pasajeros en un lugar prohibido; adviértase que de la prueba colectada surge que en la zona no existen paradas de taxi y que aquellos pasajeros alzaron su mano en la parada de colectivos, de modo que el chofer del microómnibus bien pudo creer que aquéllos pretendían detener la marcha del colectivo y no la del automóvil de alquiler.

5.-Resulta relevante para la distribución de la responsabilidad la infracción de tránsito labrada por la autoridad policial al taxista actor, en virtud de haber intentado levantar pasajeros en un lugar que le estaba vedado.

6.-A la empresa de transportes demandada le es reprochable la conducta asumida por su dependiente, en la medida en que éste no guardó la distancia prudencial pertinente a efectos de evitar colisionar el sector posterior del taxímetro, sin embargo, también debe atribuirse al actor -conductor del taxímetro- otro porcentaje de responsabilidad por el evento, por haberse comprobado que incurriera en una conducta algo más reprochable aún que la del chofer de colectivo, ello toda vez que su conducta tuvo una incidencia activa y concausal en la producción del accidente, al frenar en una zona en que le estaba vedada la detención y sin cersiorarse de la proximidad del microómnibus.

7.-El hecho del actor de intentar levantar unos pasajeros en la parada de colectivos importó detener el automóvil en una zona propia y exclusiva para el ascenso y descenso de pasajeros al colectivo, de modo que, el chofer de la empresa accionada pudo razonablemente creer que las personas intentaban detener la unidad de mayor porte en la respectiva parada de la línea de colectivos.

8.-El plenario de esta cámara in re Valdez, Estanislao Francisco c/ El Puente S.A.T. y otro , del 10/11/1994, estableció que cuando media una colisión plural de automotores en movimiento no resulta aplicable el art. 1109 del CCiv., ello implica que el resarcimiento de los daños sufridos por cada una de las eventuales víctimas se rige por el art. 1113, segundo párr., segundo supuesto, del mentado código, a cuyo tenor el dueño o guardián de cada automotor responde a título objetivo por la totalidad de los daños sufridos por el propietario o los ocupantes del otro (o por los terceros damnificados indirectos), salvo que demuestre alguna eximente (del voto del Dr. Picasso, en disidencia parcial).

9.-Lo que el art. 1113 segundo párr., segundo supuesto presume, probado el vicio o riesgo de una cosa y su contacto material con la sede del daño, es que la causa adecuada de los daños en cuestión (del total de ellos, y no de un porcentaje) es el riesgo o vicio de la cosa de la que el demandado resulta ser el dueño o guardián, a cuyo cargo queda la prueba de las eximentes; y esa conclusión no varía por el hecho de que el daño se haya producido por la intervención de dos o más cosas riesgosas, pues en cada caso quien acciona se verá beneficiado por la presunción derivada de la aplicación de la norma citada (del voto del Dr. Picasso, en disidencia parcial).

10.-En el sub lite bastaba a la parte actora con demostrar el contacto material entre los vehículos y la producción de daños para que naciera la presunción de adecuación causal que establece el art. 1113, segundo párrafo, segundo supuesto, del CCiv. (presunción que abarca el 100% de los daños sufridos por la actora), frente a lo cual debía la demandada, para eximirse total o parcialmente de responsabilidad, acreditar y probar alguna eximente válida (del voto del Dr. Picasso, en disidencia parcial).

11.-Corresponde exonerar parcialmente a la demandada en la medida de la incidencia causal del hecho de la víctima, siempre en el marco de la responsabilidad objetiva que establece la mencionada norma, en tanto el riesgo creado por el colectivo solo ha sido concausa adecuada del daño sufrido por el actor (del voto del Dr. Picasso, en disidencia parcial).

12.-Para valorar la incapacidad sobreviniente, resulta aconsejable el empleo de criterios matemáticos que, partiendo de los ingresos acreditados por la víctima (o de la valuación de las tareas no remuneradas que ella llevaba a cabo y se vio total o parcialmente imposibilitada de continuar desarrollando en el futuro), y computando asimismo sus posibilidades de incrementos futuros, lleguen a una suma tal que, invertida en alguna actividad productiva, permita a la víctima obtener mensualmente (entre ese margen de beneficios y el retiro de una porción del capital) una cantidad equivalente a aquellos ingresos frustrados por el hecho ilícito, de modo tal que ese capital se agote al término del período de vida económicamente activa que restaba al damnificado (del voto del Dr. Picasso, en disidencia parcial).

13.-En lo que atañe a los intereses, por aplicación de la doctrina sentada por esta cámara en el fallo plenario dictado en los autos Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S. A. s/ daños y perjuicios , del 20/4/2009, debe fijarse la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, desde el momento del hecho, y la sola circunstancia de haberse fijado las partidas indemnizatorias a valores actuales no configura la excepción contemplada en el último párrafo de la parte dispositiva de la mentada sentencia plenaria (del voto del Dr. Picasso, en disidencia parcial).

Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 26 días del mes de febrero del año dos mil trece, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala «A» de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, para conocer en los recursos de apelación interpuestos en los autos caratulados: «AQUINO BOGADO, Carlos Antonio c/ AZUL SOCIEDAD ANÓNIMA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR y otros s/ Daños y Perjuicios», respecto de la sentencia de fs. 441/448 vta.,el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿ES JUSTA LA SENTENCIA APELADA?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: Señores Jueces de Cámara Doctores: HUGO MOLTENI – SEBASTIÁN PICASSO – RICARDO LI ROSI.-

A LA CUESTIÓN PROPUESTA, EL DR. HUGO MOLTENI DIJO:

1°- La sentencia única obrante a fs. 441/448 vta. admitió la demanda entablada por Carlos Antonio Aquino Bogado contra «Azul Sociedad Anónima de Transporte Automotor», condenando a esta última a abonarle la suma de $ 11.544, con más sus intereses. Distribuyó la responsabilidad por el evento en un 60% a cargo de la parte demandante y en un 40% en cabeza de la emplazada y en esa proporción impuso las costas. Hizo extensiva la condena contra «Mutual Rivadavia de Seguros del Transporte Público de Pasajeros», en la medida del seguro.-

Contra dicho pronunciamiento se alzan las quejas del Sr. Carlos Antonio Aquino Bogado y de la compañía aseguradora, en relación a la responsabilidad atribuida en forma concurrente en el pronunciamiento apelado, como también en punto a las partidas «daño moral», «daño psicofísico», a la extensión de la condena a la citada en garantía y a la tasa de interés fijada por el Sr. Juez «a-quo».-

Las quejas del demandante lucen a fs. 478/484, las que no merecieron réplica de su contraria, en tanto que las de la citada en garantía obran a fs. 486/494, siendo respondidas por el actor a fs.497/500 vta.-

2°.- El hecho ilícito que se debate es el accidente de tránsito ocurrido el día 27 de enero de 2004, a las 19:00 hs., oportunidad en que el Sr. Carlos Antonio Aquino Bogado, al mando del rodado marca Peugeot 504, taxi (dominio CKM 437), propiedad de la Sra. Cristina Velma Giménez Pereira, circulaba por la Av. Las Heras -en sentido Norte a Sur-, de esta ciudad. Al momento de hallarse frente a la entrada principal del Hospital Rivadavia, una pareja realizó señas a fin de hacer uso del transporte, razón por la cual detuvo la marcha del vehículo de alquiler y fue repentinamente embestido, en la parte posterior, por el colectivo perteneciente a la emplazada (línea 41, interno 12, dominio CTT 383), comandado en la ocasión por el Sr. Marcelino Moisés Quintana. Con motivo del accidente protagonizado, el demandante sufrió una serie de lesiones por las cuales aquí acciona.-

3°.- Liminarmente, habré de abordar los agravios introducidos en punto a los porcentajes de responsabilidad por el hecho, atribuido a las partes en forma concurrente (60% y 40%, respectivamente).-

Refiere el demandante que el chofer del colectivo embistente, en su testimonio, reconoció que el taxi se encontraba adelante, que tocó bocina y aceleró para entrar a la parada; el taxi no estaba detenido pues era guiado lentamente y vio que una persona detuvo al vehículo de alquiler. Asegura el actor que no hubo movimiento imprevisto para el conductor del microómnibus, que éste aceleró detrás del taxi y no guardó la distancia correspondiente a fin de evitar la colisión. Pese a ello, alegó que el Sr. Juez de grado subordinó su pronunciamiento a la infracción policial labrada luego de ocurrido el accidente y que mal puede ella generar responsabilidad civil.Como corolario de ello, solicita se revoque la sentencia en crisis y se asigne a la demandada la responsabilidad total por el accidente.-

A su turno, «Mutual Rivadavia Seguros del Transporte Público de Pasajeros» se agravia del porcentaje de responsabilidad atribuido a la empresa de transportes demandada (40%). Alega que el taxi se detuvo en una zona prohibida, en la cual sólo tienen base las paradas de colectivo. Por tal motivo, mal puede exigirse previsión al conductor del colectivo frente a la conducta inadecuada desarrollada por el actor, cuando comandaba el taxímetro. Consecuentemente, solicita en esta instancia el rechazo de la demanda entablada.-

Por tratarse de un daño ocasionado por el «riesgo de la cosa», al damnificado le basta con probar el daño sufrido y el contacto con la cosa del cual el mismo provino, ya que con la reunión de tales extremos se presume la responsabilidad del dueño o guardián de la cosa peligrosa, quien para eximirse o disminuir tal atribución, deberá acreditar la culpa de la víctima o la de un tercero por quien no deba responder, mediante la demostración cierta de los hechos que con tal finalidad alegue (conf. Llambías, «Obligaciones», t. IV-A, pág. 598, nº 2626, «Estudio de la Reforma del Código Civil», pág. 265 y «Código Civil Anotado», t. II-B, pág. 462;Borda, «Obligaciones», t. II, pág. 254, nº 1342; Trigo Represas en Cazeaux-Trigo Represas, «Derecho de las obligaciones», t. III, pág. 443; Orgaz, «La culpa» y «El daño con y por las cosas», en La Ley 135-1995;Kemelmajer de Carlucci en Belluscio-Zannoni, «Código Civil comentado, anotado y concordado», t. 5, pág. 461, nº 15; Bustamante Alsina, «Teoría general de la responsabilidad civil», pág. 265, nº 860; Mosset Iturraspe,»Responsabilidad por daños», t. II- B, pág. 34 y ss.; Alterini-Ameal-López Cabana, «Derecho de obligaciones civiles y comerciales», pág.708, nº 1729 y1729 bis).-

Liminarmente, cuadra señalar que por tratarse de una colisión de dos vehículos en movimiento, resulta de aplicación el artículo 1113 del Código Civil respecto de la actuación de ambos protagonistas del accidente, tal como lo decidiera la doctrina plenaria sentada en la causa «Valdez, Estanislao Francisco c/ El Puente S.A.T. y otro s/ daños y perjuicios» (del 10-11-94, public. en L.L. 1995-A-136; E.D. 161-402 y J. A. 1995-I-280), vale decir que, en principio y respecto de cada conductor partícipe del evento, rigen presunciones concurrentes de responsabilidad, derivadas del riesgo recíproco que generaban al momento del hecho los vehículos conducidos. Consecuentemente, ambas partes debían desvirtuar esa presunción adversa que pesaba sobre sí, acreditando la culpa de la otra, la de un tercero por el que no deban responder o la configuración de un caso fortuito ajeno a dichas cosas riesgosas, que fracture la relación causal entre el riesgo y el daño inferido (conf. causas de esta Sala nº 181.285 del 11/2/96; nº 211.954 del 21/3/97; nº 241.870 del 3/7/98; nº 326.951 del 24/10/01; nº 337.686 del 23/5/02; nº 375.513 del 19/9/03; nº 391.542 del 3/11/04, entre muchas otras).-

En primer lugar, habré de remitirme al testimonio brindado por el conductor del microómnibus perteneciente a la empresa de transportes demandada, el cual luce a fs. 387/388.-

Sobre el evento que nos convoca, el chofer del colectivo refirió que tanto esa unidad como el taxímetro «…circulaban los dos por la acera, del lado de Av. Sánchez de Bustamante hacia Pueyrredón o Austria, que es más cerca.Y antes de ingresar a la parada, yo les toco bocina y acelero un poquito para entrar, en ese momento alguien que estaba en la parada levanta la mano, en ese momento él acelera y frena de golpe y ahí lo toco a él, al taxi… Circulábamos por Av. Las Heras, en el mismo sentido de la calle … él se quejó de que le dolía la cintura, entonces me quedé hasta que llegó la ambulancia … estuvo la policía y un inspector de la empresa…». Interrogado que fue acerca de si tuvo conocimiento de si se labró un acta policial, respondió en forma afirmativa, sosteniendo que lo fue en relación al taxi por circular por un lugar que no le corresponde y que no está permitido.-

Según se desprende de la informativa obrante a fs. 369 y 378, efectivamente al taxímetro le fue labrada una infracción vehicular el día del evento, a las 19:35 hs. (por levantar pasajeros en lugar prohibido).-

También puede apreciarse la denuncia de siniestro efectuada por el Sr. Marcelino Moisés Quintana, ante la citada en garantía, a los tres días de producido el accidente (es decir, el 30/01/2004). En la misma relató que «CIRCULABA POR AV. LAS HERAS, AL INTENTAR ENTRAR EN LA PARADA UN TAXISTA CLAVA SUS FRENOS PARA LEVANTAR PASAJEROS DENTRO DE LA MISMA PARADA DE LA LÍNEA, INTENTÉ ESQUIVARLO PERO DADO LA RAPIDEZ DE LOS HECHOS FUE IMPOSIBLE EVITAR QUE LAS UNIDADES COLISIONARAN ENTRE SÍ» (cfr. copia obrante a fs. 180/181, adunada en los términos del art. 388 del Código Procesal).-

Complementando lo expuesto, en el informe pericial obrante a fs. 42 de la causa penal caratulada «Quintana, Marcelino s/ art. 94 del Código Penal (lesiones culposas)», el experto en accidentología vial precisó que el taxímetro presentaba -al momento de la inspección- impacto trasero izquierdo que afecta con deformaciones y roturas:paragolpe levemente marcado, frente y tapa del baúl, faro trasero izquierdo y guardabarros trasero, siendo todos los daños producidos por golpe o choque con o contra cuerpos duros de reciente data (30 de enero de 2004). En relación al colectivo, expresó que evidenciaba «… impacto frontal central y angular izquierdo, que afecta deformaciones y roturas a los siguientes elementos: paragolpe superior de fibra de vidrio levemente deformado, parrilla del radiador zona central e izquierda, aro de faro de alta baja izquierdo raspado, siendo todos los daños producidos por golpe o choque con o contra cuerpos duros de reciente data … No efectuando apreciación respecto a la velocidad ya que no existen elementos de juicio para tal fin…».-

De estos elementos surge, inequívocamente y tal como alegaron las partes en sus presentaciones, que el colectivo revistió calidad de embistente mecánico y el taxímetro de embestido, pues el vehículo de mayor porte colisionó con su frente izquierdo el sector trasero izquierdo del automóvi l. Ello es corroborado por las respuestas brindadas por el perito ingeniero mecánico designado en los autos acumulados «Giménez Pereira, Cristina Velma c/ Azul S.A.T.A. s/ ds. y ps.». Dicho experto manifestó su imposibilidad de establecer valores de velocidades, conforme a lo requerido por los litigantes (cfr. fs. 321/324 de esas actuaciones).-

Debo aclarar que la jurisprudencia dominante presume de manera iuris tantum la culpabilidad de quien embiste a otro con la parte delantera del automotor, sea en la parte trasera o lateral. No obsta a esta conclusión el hecho de que el automovilista que lo precedía haya frenado bruscamente, porque el conductor debe estar atento y en condiciones de frenar la marcha de su vehículo, guardando distancia prudencial con los restantes automotores que circulan en similar sentido (conf. Pizarro, Ramón Daniel, «Responsabilidad Civil por Riesgo Creado y de Empresa», Tº II, ed. La Ley, pág.226, principio también receptado en copiosa jurisprudencia del fuero, a saber, Sala C, 20/02/64 LL, 115-825; Sala F, 07/12/72, LL, 151-123; Sala K, 12/11/2002, LL 2003-A-311; Sala A, 23/05/2000, LL, 2001-A-132).-

Excepcionalmente, puede admitirse la existencia de culpa concurrente cuando la brusca detención del vehículo que precedía al embistente, se haya realizado de manera sorpresiva y sin razón suficiente que la justifique, o pueda la culpa atribuirse a otro total o parcialmente. Aún así, dichos supuestos deben estar respaldados mediante prueba que acredite la ruptura del nexo causal.-

En el supuesto sometido a estudio, estimo que ha sido correcta la atribución de responsabilidad en forma concurrente por el accidente producido.-

Si bien es cierto que el conductor del colectivo embistió con el frente de la unidad el sector trasero del taxímetro -pesando sobre el primero la presunción de culpabilidad antes reseñada-, lo cierto es que el taxímetro se dispuso a detener su marcha para levantar pasajeros en un lugar prohibido. Adviértase que de la prueba aludida surge que en la zona no existen paradas de taxi y que aquellos pasajeros alzaron su mano en la parada de colectivos (esto se desprende del testimonio y de la denuncia de siniestro anteriormente citados). De modo que, el chofer del microómnibus bien pudo creer que aquéllos pretendían detener la marcha del colectivo y no la del automóvil de alquiler.-

A ello debe adicionarse la infracción de tránsito labrada por la autoridad policial, en virtud de haber intentado levantar pasajeros en un lugar que le estaba vedado. Adviértase que no existe discusión alguna en punto a que aquéllos no habían logrado ascender al taxímetro.Y, si bien esa contravención a las normas de tránsito es una mera cuestión administrativa, a la hora de evaluar las conductas de las partes en sede civil, conforma un elemento más que no puede ser soslayado.-

En resumen, considero que a la empresa de transportes demandada le es reprochable la conducta asumida por su dependiente, en la medida en que éste no guardó la distancia prudencial pertinente a efectos de evitar colisionar el sector posterior del taxímetro. Obsérvese que el propio chofer de la línea de transportes declaró que aceleró un poco para acercarse y entrar a la parada. A ello debe sumarse que el Sr. Quintana, al mando del microómnibus, es una persona que cuenta con licencia profesional para conducir, no pudiendo desconocer los riesgos del tránsito, la distancia que debe guardar al circular detrás de otro vehículo, como también su deber de resguardar la seguridad de los pasajeros que transporta.-

Sin embargo, también debe atribuirse al conductor del taxímetro otro porcentaje de responsabilidad por el evento, por haberse comprobado que incurriera en una conducta algo más reprochable aún que la del chofer de colectivo. Ello, toda vez que su conducta tuvo una incidencia activa y concausal en la producción del accidente, al frenar en una zona en que le estaba vedada la detención y sin cersiorarse de la proximidad del microómnibus. Además, el hecho de intentar levantar unos pasajeros en la parada de colectivos importó, ciertamente, detener el automóvil en una zona propia y exclusiva para el ascenso y descenso de pasajeros al colectivo. De modo que, el chofer de la empresa accionada pudo razonablemente creer que las personas intentaban detener la unidad de mayor porte en la respectiva parada de la línea 41.-

Establecido ello, a la hora de juzgar la proporción de las culpas de los protagonistas del ilícito, comparto el parecer de Llambías (conf. «Obligaciones», t. III, pág.724, nº 2293, c), en cuanto a que deben ser prudentemente ponderadas, sin que la imposibilidad de lograr un coeficiente matemáticamente exacto impida arribar a una solución justa y socialmente estable. Juzgo así que, en el caso sometido a estudio, de compartirse mi postura, debería confirmarse la sentencia apelada, al asignar al Sr. Carlos Antonio Aquino Bogado el 60% de la responsabilidad y a la empresa demandada el 40% restante, respecto del acaecimiento del hecho ilícito que se juzga.-

4°.- Establecido ello, habré de proceder a evaluar las críticas introducidas por el demandante en relación a la partida «daño psicofísico» ($ 16.000).-

Asegura el accionante que la suma acordada en la precedente instancia no representa su valor histórico (por ser inferior a los montos otorgados por las ART al momento de los hechos), ni tampoco es representativo del valor actual, en orden a los porcentajes de incapacidad informados en las pericias. Añade que requiere de su fuerza de trabajo y de su físico tanto para sostenerse a sí mismo como a su núcleo familiar. En función de lo expuesto, solicita la elevación de la partida.-

Cabe señalar que, desde un punto de vista genérico, Matilde Zavala de González define a la incapacidad como «la inhabilidad o impedimento, o bien, la dificultad apreciable en algún grado para el ejercicio de funciones vitales» (Zavala de González, Matilde, Resarcimiento de daños, Hammurabi, Buenos Aires, 1996, t. 2a, p. 343). Ahora bien, es evidente que esa disminución puede, como todo el resto de los daños considerados desde el punto de vista «naturalístico» (esto es, desde el punto de vista del bien sobre el que recae la lesión; vid. Bueres, Alberto J., «El daño moral y su conexión con las lesiones a la estética, a la psique, a la vida de relación y a la persona en general», Revista de Derecho Privado y Comunitario, Daños a la persona, n° 1, Santa Fe, 1992, p.237 y ss.), tener repercusiones tanto en la esfera patrimonial como en la extrapatrimonial de la víctima.-

De modo que, el análisis en este apartado se circunscribe a las consecuencias patrimoniales de la incapacidad sobreviniente, partiendo de la premisa -sostenida por la enorme mayoría de la doctrina nacional – según la cual la integridad física y/o psicológica no tiene valor económico en sí misma, sino en función de lo que la persona produce o puede producir. Se trata, en última instancia, de un lucro cesante actual o futuro, derivado de las lesiones sufrida por la víctima (Pizarro, Ramón D. -Vallespinos, Carlos G., Obligaciones, Hammurabi, Buenos Aires, 1999, t. 4, p. 305).-

El porcentaje incapacitante padecido por el damnificado repercute unitariamente en su persona, lo cual aconseja que se fije, con igual criterio al seguido por el juzgador, una partida indemnizatoria que abarque ambos aspectos «físico y psíquico», porque, en rigor, si bien conforman dos índoles diversas de lesiones, las mismas se traducen en el mismo daño, que consiste en la merma patrimonial que sufre la víctima por la disminución de sus aptitudes y para el desempeño de cualquier trabajo o actividad productora de beneficios materiales (conf. libres de esta Sala nº 261.021 del 2/3/2000; nº 299.193 del 31/8/2000; nº 326.844 del 27/8/2001, entre muchos otros).-

A efectos de evaluar las críticas introducidas, habré de referirme a lo que surge de las constancias médicas y pericias obrantes en el expediente penal y en esta causa civil.-

De la informativa obrante a fs. 203/205 se infiere que luego del accidente automovilístico el actor fue atendido en la guardia del Hospital «J.A. Fernández», presentando leve dolor a la palpación de músculos del cuello y espalda.-

Al ser examinado por el perito médico legista, Carlos Enrique Denegri, éste concluyó que «.La radiografía de la columna cervical . obtenida en el Htal. Penna . no muestra lesiones óseas.Presenta signos incipientes de artrosis con osteofitosis.-

La radiografía de la rodilla izquierda . obtenida en el Htal. Penna . no muestra lesiones óseas. Presenta signos incipientes de artoris fémoropatelar.

Las alteraciones artrósicas no guardan relación con el accidente de autos.-

.el señor CARLOS ANTONIO AQUINO BOGADO sufrió politraumatismos con limitación funcional en la columna cervical que le provocan una incapacidad parcial y permanente del 5%.» (cfr. fs. 249/252).-

Si bien este informe mereció impugnación de las partes (cfr. fs. 256/257, 261/263 y 264/266), lo cierto es que el experto en medicina legal especificó haber tenido en cuenta los baremos mayormente utilizados en pericias judiciales, añadiendo que son sólo una guía para el perito y que la propuesta de aquéllos resulta siempre apriorística. Por tal motivo, considerando que la incapacidad dictaminada se hallaba dentro de los límites razonables, ratificó su informe originario, agregando que el actor no presenta -al momento de la experticia- alteraciones severas desde el punto de vista anátomofuncional que justifiquen el otorgamiento de mayor incapacidad (cfr. fs. 270/271).-

En cuanto a la faz psíquica, la licenciada designada en esa especialidad estableció que «.A través de las técnicas implementadas, se ve claramente su preocupación por su estado de salud, referido al sufrimiento físico y que es posible relacionar . a su lugar de jefe de familia y las responsabilidades que ello conlleva, como es la escolaridad de su hijo. Si bien sufrió situaciones más graves sie ndo taxista, este último accidente cobra en esta historia de vida un valor de reforzamiento de aquellos aspectos de su personalidad más lábiles y expuestos a expresarse patológicamente.Del mismo le han quedado molestias y dolores en las piernas, problemas de sueño y la imposibilidad de continuar jugando al fútbol, según sus dichos.-

En este contexto sucede el accidente tratado en autos, o sea en una situación que no favorece la superación normal de la situación disruptiva, dando lugar al reforzamiento y rigidización de sus mecanismos de defensa, tales como la disociación y la negación, con un estado crónico de psicastenia o agotamiento psíquico, que se despliegan sobre una base de personalidad depresiva, agudizando sus rasgos.-

Descartándose fenómenos de simulación, se observa una disposición inconsciente, a adjudicar su actual malestar al hecho de autos. Mostrándose hipersensible a las secuelas del accidente, en el que condensa la fuente de su malestar.

Es posible afirmar que los sucesos que promueven las presentes actuaciones, han tenido para el Sr. Aquino Bogado la suficiente entidad como para provocar un estado de perturbación emocional encuadrable en la figura de Daño Psíquico, por acarrear modificaciones en diversas áreas de despliegue vital: emocional y corporal, familiar y laboral.

.Por lo que es posible establecer que el cuadro psíquico que en la actualidad presenta . guarda un nexo concausal indirecto con los hechos que se investigan .y le corresponde un porcentaje de incapacidad del 15%.

Por lo tanto, se arriba a la conclusión de que la mayoría de la incapacidad establecida corresponde a factores ajenos al hecho de autos y la minoría al menoscabo que ha producido la incidencia que ha tenido para su subjetividad el suceso de marras.» (cfr. fs. 303/315 y ratificación de fs. 335/336, frente a las impugnaciones introducidas por las partes).-

A ello deben adicionarse las condiciones personales del reclamante, quien actualmente cuenta con 57 años, es casado, de ocupación taxista, padre de un hijo en edad escolar (cfr. fs. 1/4 de los autos «Aquino Bogado, Carlos A. c/ Azul S.A.T.A. y otros s/ blsg», expte. n° 29.258/04, que en este acto se tiene a la vista y fs.250, punto 2) del expediente principal).-

En función de lo expuesto, atendiendo a los porcentajes incapacitantes dictaminados por ambos expertos, si mi voto fuera compartido, propongo elevar esta partida por «daño psicofísico» a la suma total de $ 45.000.-

De tal suerte, en virtud del 40% de responsabilidad atribuida a la parte demandada, el actor percibiría el monto de $ 18.000.-

5°.- Asimismo, se queja el demandante en torno a la suma establecida para enjugar el rubro «daño moral» ($ 8.000).-

Refiere el apelante que el monto asignado es reducido, en virtud de las condiciones personales de la víctima y las circunstancias del caso. Como corolario de ello, requiere la elevación del importe en cuestión.-

El «daño moral» se configura por todo sufrimiento o dolor que se padece, independientemente de cualquier reparación de orden patrimonial. Es el menoscabo en los sentimientos, consistente en los padecimientos físicos, la pena moral, las inquietudes o cualesquiera otras dificultades o molestias que puedan ser consecuencia del hecho perjudicial (conf. Llambías, J. J., «Tratado de Derecho Civil – Obligaciones», t. I, págs. 297/298, nº 243).-

Para la determinación del monto indemnizatorio no se requiere prueba de su entidad, pues se lo tiene por acreditado con la sola comisión del acto antijurídico, vale decir, que se trata de una prueba «in re ipsa», que surge de los hechos mismos (conf. esta Sala, votos del Dr. Jorge Escuti Pizarro en causas nº 191.386 del 22/5/96 y nº 207.360 del 16/12/96; mis votos en libres nº 165.704 del 22/5/95 y nº 214.108 del 16/5/97, entre muchos otros).-

El perjuicio que deriva de este daño se traduce en vivencias personales del afectado y en factores subjetivos que tornan dificultosa la ponderación judicial del sufrimiento padecido.No se trata de cuantificar el dolor humano en base a tales subjetividades, ni tampoco atendiendo a la situación económica de la víctima o a la importancia del daño material inferido, sino de elaborar pautas medianamente objetivas que conduzcan a un resultado equitativo, en orden a los padecimiento morales sufridos.-

En la especie, se ha comprobado que -con motivo del evento en virtud del cual se reclama- el Sr. Aquino Bogado fue trasladado en ambulancia al Hospital Fernández, donde le tomaron algunas placas radiográficas de su columna cervical, prescribiéndosele la ingesta de antiinflamatorios, luego de quedar algunas horas en observación. No sufrió lesiones óseas y tampoco llevó a cabo rehabilitación o fisiokinesioterapia de índole alguna. Según sus dichos, permaneció dos meses sin desempeñar actividad laboral.-

A partir de lo expuesto, considerando las relativamente leves secuelas comprobadas en la pericia, la limitación funcional dictaminada por el perito médico y las condiciones personales del actor, si mi opinión fuese compartida, estimo razonable elevar el importe fijado en concepto de «daño moral» a la suma de $ 15.000.-

Consecuentemente, la emplazada debería abonarle a su contraria el monto de $ 6.000, en función de la forma en que fue distribuida la responsabilidad por el accidente.-

6°.- Asimismo, las partes se agravian en punto a la tasa de interés fijada por el Sr. Juez «a-quo» (tasa activa, conforme plenario emanado de los autos «Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes 270 SA s/ Ds. y Ps.» , desde la fecha del hecho hasta el efectivo pago, a excepción del rubro «gastos futuros» que devengará intereses a partir del pronunciamiento de grado).-

Por un lado, el actor solicita que se aplique para la partida «gastos futuros» la tasa activa establecida, desde el momento del hecho.Ello, por cuanto -conforme a la doctrina plenaria emanada de los autos «Gómez, Esteban c/ Empresa Nacional de Transporte» – los intereses se devengan a partir de cada perjuicio objeto de reparación.-

A su turno, la compañía aseguradora solicita que se aplique la tasa pura del 8% anual desde el momento del hecho hasta la sentencia de grado, pues de lo contrario se consagraría una alteración del capital establecido en dicho pronunciamiento, considerando que las partidas fueron fijadas a valores al tiempo de la sentencia (es decir, cifras actuales). Consecuentemente, requiere que la tasa activa se aplique a partir de la sentencia apelada.-

Corresponde señalar que, de acuerdo a lo establecido por la doctrina plenaria sentada por esta Cámara Civil en los autos «Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios» del 20/04/09, sobre el capital reconocido corresponde aplicar la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina. Empero, toda vez que en la especie se han elevado y confirmado los montos indemnizatorios de las partidas apeladas, acorde a los valores vigentes a la sentencia de grado, la indicada tasa debe regir recién a partir de ese pronunciamiento, ya que de imponerse esos intereses desde el origen de la mora, se consagraría una alteración del capital establecido en la sentencia, configurando un enriquecimiento indebido, tal como puntualmente prevé la parte final de la referida doctrina plenaria, al contemplar una excepción a la vigencia de la tasa moratoria legal.Ello así, en la medida de que uno de los factores que consagran la entidad de la referida tasa, lo constituye la paulatina pérdida de valor de la moneda, extremo que en la especie ya ha sido ponderado al definir el capital a los valores vigentes al pronunciamiento apelado.-

Por lo demás, cabe remarcar que en nuestra época, que se caracteriza por las grandes oscilaciones en el valor de los bienes y por una siempre creciente inflación monetaria y consiguiente pérdida del valor adquisitivo del dinero, la elección de la fecha de la valuación del daño es vital para el damnificado. Un daño actual requiere ser indemnizado con un valor también actual, pues sólo así se satisface la finalidad de la indemnización. De modo que, como regla general, el daño resarcible debe ser valorado al tiempo de la sentencia o momento más próximo a esa época, que sea posible (Conf. Llambías, Jorge Joaquín, obra citada, T° I, p. 314, n° 251 y cita doctrinaria y jurisprudencial allí individualizada bajo el n° 70). Y, justamente, los montos fijados para cada una de las partidas acordadas, deben tenerse por establecidos a valores actuales, es decir, vigentes al momento de la sentencia apelada.-

Sentado ello, y en virtud del criterio establecido por esta Sala, desde el inicio de la mora (27 de enero de 2004) y hasta la sentencia de primera instancia, corresponde se calculen los intereses a la tasa del 8% anual y, sólo desde entonces y hasta el efectivo pago, a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (conf. CNCiv., esta Sala, L. 504.067, del 20/05/09, entre otros).-

Recuérdese que en el ámbito de la responsabilidad extracontractual los intereses deberán computarse desde el día en que se produce cada perjuicio objeto de reparación, conforme la doctrina plenaria dictada «in re» «Gómez, Esteban c/ Empresa Nacional de Transporte» (del 16-12-58, L.L. t. 93, pág.667). Por tal motivo, la mora del deudor debe tenerse por configurada desde del hecho ilícito (art. 622 Cód. Civil), con la salvedad efectuada en relación a los «gastos futuros», desde que se trata de sumas aún no desembolsadas (arg. CNCiv., en pleno, LL t° 93 p. 667), los cuales se liquidarán desde la sentencia apelada a la referida tasa activa.-

En consecuencia, voto por modificar en este sentido el pronunciamiento apelado.-

7°.- Para finalizar, habrá de analizarse la cuestión atinente al planteo de inoponibilidad de la franquicia denunciada por la compañía aseguradora, cuyos agrav ios vierte esta última en su presentación de fs. 487/494.-

Tras una abundante cita de antecedentes jurisprudenciales, solicita se declare oponible al actor la franquicia de $ 40.000, oportunamente reconocida. Ello, por cuanto -más allá de lo resuelto en el plenario «Obarrio, María Pía c/ MONSA y otro s/ ds. y ps.» y «Gauna, Agustín c/ La Economía Comercial SA»- nuestro Superior Tribunal ha fallado en sentido contrario, sosteniendo que la franquicia resulta oponible al tercero damnificado.-

Liminarmente, cabe precisar que el Sr. Juez de grado dispuso que la inoponibilidad de la franquicia planteada «.es improcedente si estamos a la doctrina que la Cámara Civil, en pleno, estableció en la causa «Obarrio, María P. c/ Microómnibus Norte SA» y «Gauna, Agustín c/ La Economía Comercial.» con fecha 24/10/2006.» (cfr. fs. 444., considerando 2.c.c., último párrafo). Empero, en el mismo parágrafo, estableció que la obligación se extiende a «Mutual Rivadavia de Seguros del Transporte Público de Pasajeros», por el importe total de la condena.-

Ulteriormente, en el punto II de la parte dispositiva de fs. 448 vta., hizo extensiva la condena contra Mutual Rivadavia de Seguros del Transporte Público de Pasajeros, en la medida del seguro.-

Si bien pudo deslizarse cierta inconsecuencia, en la medida que de la doctrina plenaria aludida se desprende que la franquicia es inoponible al tercero damnificado y que -pese a ello- el Sr.Juez de grado hizo extensiva la condena a la aseguradora, respetando el límite de cobertura de $ 40.000 denunciado, lo cierto es que cabe interpretar que en la sentencia se declaró su inoponibilidad al demandante. Ello, por cuanto a fs. 444, considerando 2.c.c.), inicio del último párrafo, se estableció que la condena se hace extensiva a la citada en garantía por el total del monto acordado a favor del actor.-

Además, lo cierto es que ello resulta coincidente con los fallos plenarios dictados por esta Cámara in re «Obarrio, María Pía c/ Microómnibus Norte S.A. y otro s/ daños y perjuicios» y «Gauna, Agustín c/ La Economía Comercial S.A. de Seguros Generales y otro s/ daños y perjuicios», del 13 de Diciembre de 2006, en los que se dispuso que la franquicia pactada entre la aseguradora y la empresa de transporte es inoponible al damnificado, sea o no transportado.-

Si bien no se desconoce que la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación ha mantenido un criterio distinto en varios precedentes, aún aquellos dictados por aplicación de esa doctrina obligatoria, lo cierto es que, mientras rija la doctrina plenaria en cuestión, resulta la misma de aplicación obligatoria para la Cámara y los Jueces de primera instancia de los cuales sea aquélla Tribunal de Alzada (art. 303 del Código Procesal). Esta Sala, en un precedente (conf. mi voto en libre nº 491.818 del 16-04-08), ha mantenido el criterio de acatar esa decisión obligatoria emanada por este Tribunal en pleno (conf. también voto del Dr. Ricardo Li Rosi en libre nº 495.534 del 09-05-08).-

Por lo demás, en acuerdo plenario de este Tribunal celebrado el día 15 de Abril de 2008 se resolvió, por mayoría, no revisar la doctrina que emana de aquellos fallos, aún después de conocida la opinión de nuestro más Alto Tribunal.-

Entonces, toda vez que el demandante planteó oportunamente la inoponibilidad de la franquicia (cfr.presentación de fs. 108/114), entiendo que corresponde desestimar el agravio bajo análisis.-

Por tal motivo, correspondería confirmar este segmento de la sentencia, en el sentido que la condena de autos se hace extensiva a la compañía de seguros, por resultar inoponible al demandante la franquicia planteada.-

8°.- En síntesis, voto por confirmar la sentencia dictada a fs. 441/448 vta., en lo principal que decide.-

Asimismo, propongo elevar a la suma de $ 45.000 la partida «daño psicofísico» y la cuantía acordada para enjugar el rubro «daño moral» a la de $ 15.000, modificar la tasa de interés establecida en la sentencia de grado, conforme a las pautas fijadas en el apartado 6° del presente voto y confirmar la declaración de inoponibilidad de la franquicia planteada por la citada en garantía.-

En consecuencia, el capital de condena quedaría establecido en la suma total de $ 64.860 ($ 45.000 por «daño psicofísico», $ 1.500 por «gastos de atención médica, farmacia y traslados», $ 3.360 por «gastos futuros» y $ 15.000 por «daño moral»), de la cual la demandada y su aseguradora deberían abonar el monto de $ 25.944, en virtud de la proporción de culpabilidad que a la empresa emplazada le fue atribuida.-

9º.- En cuanto a las costas de alzada, toda vez que la demandante fue vencida en lo atinente a la responsabilidad cuestionada, en tanto que su apelación resultó exitosa en lo atinente a los rubros apelados, mientras que la citada en garantía fue derrotada en materia de responsabilidad y planteo de inoponibilidad de la franquicia, aunque vencedora en lo que respecta a la tasa de interés fijada, las mismas deberían imponerse en partes iguales (arts. 68, segundo párrafo y 71 del Código Procesal).-

El Dr. Sebastián Picasso dijo:

Comparto la solución que postula mi distinguido colega el Dr. Molteni, con las siguientes aclaraciones:

I.Ante todo, creo necesario dejar sentado que no comparto la postura de mis distinguidos colegas en punto a la interpretación de la doctrina plenaria del fuero in re «Valdez, Estanislao Francisco c/ El Puente S.A.T. y otro» , del 10/11/1994.-

A efectos de una mejor comprensión de la mencionada doctrina plenaria, es preciso recordar que ella tiene su origen en la controversia suscitada primero en Francia, y luego -por influjo de la doctrina de aquel país- en nuestro medio, acerca de la teoría denominada de la «neutralización de riesgos». La cuestión se planteó específicamente en los casos de colisión plural de automotores en movimiento, supuesto en el cual algunos autores postularon que las presunciones recíprocas derivadas de la aplicación del art. 1384, primer párrafo, del Code Napoléon (que, según la interpretación que de él hace la Corte de Casación francesa desde las primeras décadas del siglo XX, consagra la responsabilidad objetiva por el hecho de las cosas) se neutralizarían, y debería retornarse al régimen común de la culpa delictual, con lo cual sería necesario acreditar la culpa del demandado para hacerlo responder (Josserand, Louis, «Les collisions entre véhicules et la responsabilicé civile», Dalloz Hebdomadaire, 1928.chron.33; ídem, Cours de droit civil positif français, Sirey, Paris, 1930, t. II, p. 267).-

A la par de aquella solución, otro sector de la doctrina francesa postuló el mantenimiento de la presunción de causalidad, pero con división paritaria de la masa de los daños resultantes entre todos los que intervinieron en la colisión. El sustento de esta tesitura se encontraría en que el daño causado a los ocupantes de cada vehículo ha sido ocasionado a la vez por el riesgo propio y el ajeno (Savatier, René, Traité de la responsabilicé civile en droit français, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, París, 1939, t. II, p.77/78).-

Sin embargo, como bien lo afirman Viney y Jourdain, la gran mayoría de la doctrina y la jurisprudencia francesas se rehusó siempre a admitir esos criterios. La solución actual, sostenida pacíficamente desde hace décadas por la jurisprudencia de la Corte de Casación, puede resumirse del siguiente modo: «En caso de colisión de vehículos, cada guardián, si sufre un daño, puede demandar reparación por el total al otro guardián sobre el fundamento del artículo 1384, primer párrafo» (Viney, Geneviève – Jourdain, Patrice, Les conditions de la responsabilité, en Ghestin, Jacques (dir.), Traité de droit civil, Librairie Générale de Droit et Jurisprudence, Paris, 2006, p. 697/698; la traducción y el resaltado me pertenecen). Por lo demás, esta solución fue mantenida por la jurisprudencia también en el marco de la ley del 5 de julio de 1985, que estableció un régimen especial de responsabilidad para los daños causados por accidentes de la circulación (en ese sentido: Corte de Casación, Segunda Sala Civil, 22/6/1989, Bulletin Civil, II, n° 43, entre muchos otros).-

En nuestro medio, aun luego de la sanción de la actual redacción del art. 1113 del Código Civil por la ley 17.711, algunos autores intentaron resucitar la tesis francesa de la neutralización de los riesgos. Así, Bustamante Alsina afirmaba: «…las responsabilidades recíprocas se neutralizan cuando los riesgos son equivalentes. El damnificado que pretende el resarcimiento de su daño deberá probar la culpa del otro conforme al régimen general de la responsabilidad por el hecho propio (art. 1109 , C.C.). Si ninguna culpa puede probarse, cada uno cargará con su daño» (Bustamante Alsina, Jorge, Teoría general de la responsabilidad civil, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1989, p. 265).-

Tampoco faltaron quienes, como Llambías, recogieron la tesis de la distribución paritaria de los daños.Afirmaba este autor, en efecto, que, a falta de prueba acerca de la incidencia causal del hecho de cada uno de los vehículos que han intervenido en una colisión plural de automotores, el dueño o guardián de cada uno de ellos queda obligado a indemnizar el 50% del daño que contribuyó a causar y que ha sufrido el otro implicado (Llambías, Jorge J., Tratado de derecho civil. Obligaciones, Lexis-Nexis, Buenos Aires, 2007, t. IV-B, p. 173). Como se echa de ver, es esta la postura a la que adhieren mis distinguidos colegas.-

Sin embargo -y sin perjuicio del respeto que me merece la opinión de mis colegas de sala, y de la indiscutible autoridad de los autores que sostuvieron la solución que proponen-, es otra la tesitura que se ha impuesto mayoritariamente en la doctrina y en los fallos de nuestros tribunales. Es ya canónico en tal sentido el precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re «ENTEL c/ Provincia de Buen os Aires», del 22/12/1987 (Fallos, 310:2804), a cuyo tenor: «La sola circunstancia de la existencia de un riesgo recíproco no excluye la aplicación del lo dispuesto en el art. 1113, párr. 2° del Cód. Civil, que regula lo atinente a la responsabilidad civil por el hecho de las cosas y, de tal suerte, se crean presunciones concurrentes como las que pesan sobre el dueño o guardián, quienes deben afrontar los daños causados al otro salvo que prueben la existencia de circunstancias eximientes» (el resaltado me pertenece).-

El ya citado plenario de esta cámara in re «Valdez, Estanislao Francisco c/ El Puente S.A.T. y otro», del 10/11/1994, siguió idéntico derrotero, pues estableció que cuando media una colisión plural de automotores en movimiento no resulta aplicable el art. 1109 del Código Civil. Ello implica que el resarcimiento de los daños sufridos por cada una de las eventuales víctimas se rige por el art.1113, segundo párrafo, segundo supuesto, del mentado código, a cuyo tenor el dueño o guardián de cada automotor responde a título objetivo por la totalidad de los daños sufridos por el propietario o los ocupantes del otro (o por los terceros damnificados indirectos), salvo que demuestre alguna eximente.-

De ese modo, el plenario descartó no solamente la tesis de la neutralización de las presunciones, sino igualmente la de la distribución paritaria de los daños. A tal punto es ello así que el voto de la mayoría señala expresamente: «…el choque entre dos vehículos en movimiento pone en juego las presunciones de causalidad y responsabiliza a cada dueño o guardián por los daños sufridos por el otro (art. 1113, párr. 2 in fine)» (el resaltado es mío). Como se echa de ver, la frase es terminante y abarca la totalidad de los daños sufridos por el dueño o guardián de cada uno de los vehículos involucrados en la colisión.-

En definitiva, ni la ley (el art. 1113, segundo párrafo, segundo supuesto, del Código Civil, aplicable en la especie de acuerdo a la doctrina plenaria) ni el mencionado fallo plenario hacen referencia alguna a la distribución paritaria de los daños entre los involucrados, por lo que cabe aplicar el consabido adagio ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus. En otras palabras, lo que la mencionada norma presume, probado el vicio o riesgo de una cosa y su contacto material con la sede del daño, es que la causa adecuada de los daños en cuestión (del total de ellos, y no de un porcentaje) es el riesgo o vicio de la cosa de la que el demandado resulta ser el dueño o guardián, a cuyo cargo queda la prueba de las eximentes.Y esa conclusión no varía por el hecho de que el daño se haya producido por la intervención de dos o más cosas riesgosas, pues en cada caso quien acciona se verá beneficiado por la presunción derivada de la aplicación de la norma citada.-

La postura contraria (esto es, reducir en un 50% la reparación por el hecho de existir colisión plural de automotores) importa presumir una suerte de ruptura parcial del nexo de causalidad por culpa de la víctima, por el solo hecho de conducir o viajar en un vehículo que participó en la colisión. Y conspira contra la finalidad que inspira la consagración de las presunciones recíprocas de causalidad, que estriba en lograr el pleno resarcimiento de todos los involucrados en la colisión mediante el juego del seguro de responsabilidad civil, que cubrirá los daños causados recíprocamente (conf. Kemelmajer de Carlucci, Aida, «¿Puede resucitar la teoría de la compensación de riesgos?», Revista de Derecho de Daños, Accidentes de tránsito-I, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1998, p. 45 y ss.).-

Por lo demás, esta es la interpretación que han dado, tanto al art. 1113, segundo párrafo, segundo supuesto, del Código Civil, como al fallo «Valdez», la doctrina y la jurisprudencia mayoritarias, incluida la casi totalidad de las salas de esta cámara (esta cámara, Sala B, 13/4/2012, «De Las Heras, Anahí M. c/ Emp. de Transp. Tte. Gral. Roca S.A. y otros s/ ds. y ps.», L 590.521; ídem Sala C, 1/12/2010, «Schiff, Jorge V. c/ Empresa LASA Sarmiento S.R.L. y otros s/ ds. y ps.», L. 559.988; ídem Sala D, 18/11/2010, «Matilla, Juan C. c. Peralta, Carlos A. y otros s/ ds. y ps.», LL Online: AR/JUR/83433/2010; ídem Sala E, 21/3/2012, «Novarin, Rodolfo D. c/ Millefanti, Guillermo O. y otro s/ ds. y ps.», L. 589.875; ídem Sala F, 11/6/2012, «Cubilla Roberta y otros c/ Domínguez, Carlos A. y otros s/ ds.y ps.», L 591.816; ídem Sala G, 27/9/2011, «Enciso, Carlos del Pilar c/ Bustos, Marcelo H. y otros s/ ds. y ps.», L. 582.196; ídem Sala H, 12/8/2011, «Romanello, José L. c/ Salmain, Gaspar s/ ds. y ps.», LL Online: AR/JUR/50967/2011; ídem Sala I, 3/5/2005, «Sury, Juan J. y otro c/ Transporte Automotor La Plata S.A. y otro s/ ds. y ps.», LL Online: AR/JUR/4153/2005; ídem Sala J, 6/12/2011, «Pedrozo, Sergio R. y otro c/ La Cabaña S.A. y otros s/ ds. y ps.», LL Online: AR/JUR/87172/2011; ídem Sala K, 28/10/2010, «Félix, Marcelo S. c/ Romano, Matías A. s/ ds. y ps.», LL Online: AR/JUR/71150/2010; ídem Sala L, 12/3/2010, «Maldonado, Esteban c/ Gaona, Mirta y otros s/ ds. y ps.», LL Online: AR/JUR/34093/2010; ídem Sala M, 18/11/2011, «Varela, Pablo M. y otro c/ Castro, María N. y otro s/ ds. y ps.», LL Online: AR/JUR/82129/2011).-

En tal sentido, dice Pizarro: «Conforme al criterio ampliamente dominante en doctrina y jurisprudencia, que compartimos, el dueño o guardián de cada uno de los vehículos que intervino en la colisión debe responder por los daños causados al otro, salvo que medie una causa eximitoria debidamente acreditada (…) De haber mediado reconvención, la obligación se extinguirá hasta el límite de la menor» (Pizarro, Ramón D., Responsabilidad civil por riesgo creado y de empresa, La Ley, Buenos Aires, 2006, t. II, p. 283). Por su parte, señalan Trigo Represas y Compagnucci de Caso que la tesis que postula el reparto paritario de los daños entre quienes intervinieron en la colisión «carece de apoyatura normativa en nuestro Derecho positivo, a la luz de los amplios términos del art. 1113 del Código Civil» (Trigo Represas, Félix A. – Compagnucci de Caso, Rubén H., Responsabilidad civil por accidentes de automotores, Hammurabi, Buenos Aires, 2008, t. 2, p. 174). En el mismo sentido, vid.Kemelmajer de Carlucci, Aida, «Responsabilidad en las colisiones entre dos o más vehículos», en Kemelmajer de Carlucci et al, Temas de responsabilidad civil, en honor al Dr. Augusto M. Morello, Platense, La Plata, 1981, p. 232; ídem., «¿Puede resucitar la teoría de la compensación de riesgos?», op. y loc. cit.; Cazeaux, Pedro N. – Trigo Represas, Félix A., Derecho de obligaciones, La Ley, Buenos Aires, 2010, t. V, p. 403; Zavala de González, Matilde, Responsabilidad por riesgo, Hammurabi, Buenos Aires, 1997, p. 77 y ss.; Alterini, Atilio A., «Presunciones concurrentes de causalidad en la colisión plural de automotores», LL, 1998-D-296; Sagarna, Fernando A., «El vicio, los riesgos recíprocos y el factor etiológico en la causación de perjuicios», LL, 1994-C-361; Galdós, Jorge M., «Los accidentes de automotores y la teoría del riesgo creado», LL, 1991-C-719; Bustamante Alsina, Jorge, «Los riesgos recíprocos en la producción del daño», LL, 1991-E-337 (rectificando su anterior criterio), entre muchos otros.-

En conclusión, estimo que en el sub lite bastaba a la parte actora con demostrar el contacto material entre los vehículos y la producción de daños para que naciera la presunción de adecuación causal que establece el art. 1113, segundo párrafo, segundo supuesto, del Código Civil (presunción que, como queda dicho, abarca el 100% de los daños sufridos por la actora), frente a lo cual debía la demandada, para eximirse total o parcialmente de responsabilidad, acreditar y probar alguna eximente válida.-

II. En la especie, coincido con el fundado voto del Dr. Molteni en cuanto entiende que el hecho de la víctima ha influido causalmente en la producción del resultado, al frenar en una zona que le estaba vedada y sin cersiorarse de la proximidad del microómnibus, con lo que se configura parcialmente una de las eximentes previstas en el mencionado art.1113 del Código Civil, en su parte pertinente.-

Así las cosas, corresponde exonerar parcialmente a la demandada en la medida de la incidencia causal del hecho de la víctima, siempre en el marco de la responsabilidad objetiva que establece la mencionada norma, en tanto el riesgo creado por el colectivo solo ha sido concausa adecuada del daño sufrido por el actor.-

Teniendo en cuenta la incidencia causal del riesgo del demandado y del hecho del actor, estimo que los porcentajes que postula mi colega preopinante lucen adecuados, por lo que votaré en el mismo sentido que él.-

III.- Me he expedido reiteradamente en el sentido de que, para valorar la incapacidad sobreviniente, resulta aconsejable el empleo de criterios matemáticos que, partiendo de los ingresos acreditados por la víctima (o de la valuación de las tareas no remuneradas que ella llevaba a cabo y se vio total o parcialmente imposibilitada de continuar desarrollando en el futuro), y computando asimismo sus posibilidades de incrementos futuros, lleguen a una suma tal que, invertida en alguna actividad productiva, permita a la víctima obtener mensualmente (entre ese margen de beneficios y el retiro de una porción del capital) una cantidad equivalente a aquellos ingresos frustrados por el hecho ilícito, de modo tal que ese capital se agote al término del período de vida económicamente activa que restaba al damnificado.-

Sin embargo, también he sostenido que estas pautas de cálculo no tienen por qué atar al juzgador, por lo que no corresponde otorgar a la víctima, sin más, la suma que en cada caso resulte de la aplicación de la fórmula mencionada, sino que ella servirá simplemente como pauta orientadora para, a partir de allí, arribar a un justo resarcimiento según las circunstancias de la causa.-

Así las cosas, y dado que los importes que propone el Dr.Molteni para enjugar este rub ro, lucen equitativos a la luz de las pautas descriptas, votaré con él también en este aspecto.-

IV.- En lo que atañe a los intereses, y como lo he expuesto en el precedente de esta sala «Piñeiro, Gabriel Alberto c/ Ausilli, José Luis y otros s/ Daños y Perjuicios», del 10/11/2011 (libre n° 574.847), soy de la opinión de que, por aplicación de la doctrina sentada por esta cámara en el fallo plenario dictado en los autos «Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S. A. s/ daños y perjuicios», del 20/4/2009, debe fijarse la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, desde el momento del hecho, y estimo -por los argumentos que expuse en mi voto en la causa ya citada, a la que me remito- que la sola circunstancia de haberse fijado las partidas indemnizatorias a valores actuales no configura la excepción contemplada en el último párrafo de la parte dispositiva de la mentada sentencia plenaria.-

Por los fundamentos expuestos, y los demás expresados por mi colega, adhiero al fundado voto del Dr. Molteni., con la salvedad que acabo de efectuar en materia de intereses.-

El Dr. Ricardo Li Rosi votó en el mismo sentido por razones análogas a las expresadas en su voto por el Dr. Hugo Molteni.-

Con lo que terminó el acto.-

Es copia fiel de su original que obra a fs. del Libro de Acuerdos de la Sala «A» de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.-

FDO. FERNANDO P. CHRISTELLO (SEC.)

Buenos Aires, febrero 26 de 2013

Y VISTOS:

Por lo que resulta del acuerdo que informa el acta que antecede, I.- Se confirma la sentencia dictada a fs. 441/448 vta., en lo atinente a los porcentajes de responsabilidad por el evento.II.- Asimismo, se eleva a la suma de Cuarenta y Cinco Mil Pesos ($ 45.000.-) la partida «daño psicofísico» y a Quince Mil Pesos ($ 15.000.-) el monto acordado en concepto de «daño moral». En consecuencia, el capital de condena asciende al importe de Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos Sesenta Pesos ($ 64.860.-), de la cual la demandada y su aseguradora deberán abonar la de Veinticinco Mil Novecientos Cuarenta y Cuatro Pesos ($ 25.944.-), en función del porcentaje de responsabilidad que les fue atribuido. A ello deberán adicionarse los intereses, conforme al cálculo establecido en el punto 6º del primer voto. III.- Se confirma la extensión de la condena en relación a la aseguradora «Mutual Rivadavia de Seguros del Transporte Público de Pasajeros», respecto de la cual se declaró inoponible al actor la franquicia pactada con la asegurada.-

Las costas de alzada se imponen en partes iguales al actor y a la citada en garantía.-

Difiérase la regulación de honorarios profesionales hasta tanto se haga lo propio en la precedente instancia.-

Notifíquese y devuélvase.-

HUGO MOLTENI

SEBASTIÁN PICASSO

(EN DISIDENCIA PARCIAL)

RICARDO LI ROSI

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