Consideraciones preliminares en torno a la validez de las grabaciones audiovisuales en el proceso penal.

shutterstock_118936687Columna de Actualidad

Autor: Federico A. Borzi Cirilli (*)

Pocos aspectos de la prueba en el proceso penal han sido tan discutidos como la validez o invalidez de las grabaciones audiovisuales obtenidas sin orden judicial por particulares, a los fines de su utilización en una investigación penal. Dicha temática ha cobrado renovado interés a raíz de la investigación efectuada por el periodista JORGE LANATA en su programa ‘Periodismo para todos’ emitido el pasado 14 de abril, en el cual se descubrió una millonaria fuga de capitales involucrando a personajes muy cercanos al gobierno nacional así como figuras del ambiente empresarial y del espectáculo.

Lo primero que debemos recordar es que en el proceso penal nacional rige el principio de libertad probatoria en virtud del cual: “No regirán en la instrucción las limitaciones establecidas por las leyes civiles respecto de la prueba, con excepción de las relativas al estado civil de las personas” (art. 206, CPPN), por lo que todas las evidencias serán en principio válidas, siempre y cuando no vulneren garantías constitucionales del posible afectado por aquellas.

En el caso particular de LEONARDO FARIÑA, se trató de dos cámaras ocultas efectuadas por Jorge Lanata y su equipo técnico en forma de entrevista con el primero, en el transcurso de las cuales el primero reveló abiertamente, y con lujo de detalles, toda una serie de operaciones delictivas referentes al blanqueo de capitales a través de sociedades comerciales off shore, que lo involucraban a él mismo, LÁZARO BÁEZ, el fallecido ex presidente NÉSTOR KIRCHNER, entre otros.

Cabe advertir que la garantía constitucional que podría alegarse como involucrada en el caso es la que prevé que “nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo” (arts. 18, CN; 8.2.g CADH; 14.3.g PIDCP) en virtud de la cual, si se entendiera que la cámara oculta en cuestión la vulneró, regiría una prohibición probatoria que prescribe la exclusión de dicha evidencia.

Personalmente, y de modo preliminar dado lo reciente del caso, me inclino por la validez de la evidencia colectada ya que, tal como bien lo afirma CARBONE, C., especialista en el tema, “en nuestras leyes no hay secreto alguno de divulgación de lo conversado entre los contertulios, a diferencia de lo que surge en otros ordenamientos…” (‘Requisitos constitucionales de las intervenciones telefónicas…’ Ed. R. Culzoni 2008, p. 103); pero además porque de la propia cámara oculta nro. 2 surge que Fariña no sólo manifestó voluntariamente todo lo registrado, sino que reconoció utilizar a los periodistas para protegerse de represalias a las que habría estado expuesto, con lo cual no podemos más que concluir -a partir de las circunstancias del caso concreto- que su libre voluntad no fue afectada por coacción física ni moral, por lo menos proveniente de quienes obtuvieron la evidencia (Cfr. CSJN – Fallos 320:1717).

En estas condiciones, negar validez a dichas evidencias “tratándose de conductas de particulares que pretenden corroborar con los medios que la ciencia y la técnica ponen a sus alcances aquello que denuncian ante la autoridad pública, comporta una demasía en la inteligencia que cabe asignar a normas de rango constitucional a la vez que resulta incompatible con una razonable aplicación de los principios constitucionales y legales que gobierna la prueba, en tanto es deber de los magistrados extremar los recaudos en la búsqueda de la verdad conforme a principios de justicia que deben primar en todo procedimiento judicial” (Carbone, ob. cit., p. 105). Quedará pendiente la profundización del caso.

(*) Abogado, UBA. Especializado en Derecho Penal en ejercicio independiente de la profesión. Autor de publicaciones sobre temas de su especialidad.

 

  1. “Nadie está obligado a declarar contra sí mismo”, para mí, quiere decir que no se puede OBLIGAR A ELLO a nadie, de allí que los imputados/ acusados nunca declaran “bajo promesa de decir verdad”, como sí lo hacen los testigos. El principio no invalida lo dicho por quien HABLA VOLUNTARIAMENTE, más cuando de la situación puede inferirse que sabía o sospechaba de la posibilidad de estar siendo filmado.

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