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Debe ser indemnizado el actor que fue golpeado como consecuencia de las desavenencias que ocurren en los subterráneos durante las horas pico.

Vignoni Gabriel Enrique c/ Metrovias S.A. – Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.
Partes: Vignoni Gabriel Enrique c/ Metrovias S.A. s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: H

Fecha: 28-dic-2012

Cita: MJ-JU-M-77830-AR | MJJ77830 | MJJ77830

Habiéndose probado que el actor fue golpeado como consecuencia de las desavenencias que suelen tener lugar en los subterráneos durante las horas pico, debe ser indemnizado, sin importar las diferencias en que incurrió al relatar el hecho en sede civil y en sede penal. Cuadro de rubros indemnizatorios.

cuadro
Sumario:

1.-Corresponde revocar la sentencia apelada y hacer parcialmente lugar a la demanda interpuesta por el actor, condenando a la empresa demandada a abonarle los daños y perjuicios que sufriera producto del accidente por él protagonizado mientras viajaba en una de las formaciones, tras ser empujado cuando intentó descender por la cantidad de gente que viajaba, trastabillando y cayendo contra un caño pasamanos de metal.

2.-A pesar de existir diferencias respecto al hecho en las propias versiones del actor, se entiende que el hecho probado en la causa penal es el mismo que ha sido invocado en la demanda, fehacientemente probado, tanto en el expediente penal como en el civil, y siendo ello así, no es factible considerar que el accidente aconteció por culpa de la víctima o de un tercero por quien la demandada no tiene la obligación de responder -a menos que se acredite que el actor fue golpeado intencionalmente y no como consecuencia de las desavenencias que suelen tener lugar en los subterráneos durante las horas pico-, en virtud de lo cual se revoca la sentencia apelada, haciendo lugar a la demanda interpuesta por el actor.

3.-El factor objetivo de imputación recogido por el art. 184 del CCom., se proyecta en la distribución de la carga probatoria, es decir que por un lado, el actor debe probar su carácter de pasajero y la lesión padecida durante el viaje, la que importa incumplimiento de la obligación de llevar al pasajero sano y salvo al lugar de destino, mientras que por el otro incumbe a la transportadora alegar y probar alguna de las eximentes previstas en dicha normativa, sin que sea suficiente a tal fin la demostración de que no hubo culpa en el subordinado que conducía la unidad de transporte público.

4.-Quien pretende la indemnización de los daños y perjuicios sufridos mientras es transportado, debe acreditar los hechos toda vez que ellos no se presumen, es a la víctima a quien le incumbe la carga de la prueba primaria del hecho, puesto que el daño tiene que ser una consecuencia efectiva y real del acontecimiento y no solamente posible, debiendo a su vez el reclamante acreditar la causa física del daño dictó el sobreseimiento de los acusados).

Fallo:

En Buenos Aires, a los 28 días del mes de diciembre de 2012, hallándose reunidos los señores Jueces integrantes de la Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, a los efectos de dictar sentencia en los autos «Vignoni, Gabriel Enrique c/ Metrovias S.A. s/ daños y perjuicios» y habiendo acordado seguir en la deliberación y voto el orden de sorteo de estudio, el Dr. Kiper dijo:

Contra la sentencia dictada a fs. 249/254 que rechazó la demanda de daños y perjuicios interpuesta por Gabriel Enrique Vignoni en contra de Metrovías S.A., apela la parte actora, quien, por los motivos que expone en su presentación de fs. 289/295, intenta obtener la modificación de lo decidido. A fs. 299/305 fueron contestados dichos argumentos, por lo cual los autos se encuentran en condiciones de dictar un pronunciamiento definitivo.

I.- El actor se queja de que no se haya hecho lugar a su pretensión a pesar de que se haya tenido por acreditada la existencia del hecho. Sostiene que en este tipo de casos alcanza con que el accionante pruebe que sufrió un daño mientras era transportado y que es la demandada quien tiene la carga de acreditar algún eximente de responsabilidad. Ello, independientemente de que resulte imposible precisar la causa del accidente. Además, afirma que el juez de grado incurrió en un error al señalar la existencia de una serie de contradicciones que, según expone, nunca existieron. A su turno, Metrovías S.A. solicita que se confirme la sentencia recurrida porque cree que no se acreditó la ocurrencia del hecho ni se probó ninguna de las diferentes mecánicas alegadas.

II.- Para comenzar, estimo conveniente hacer una síntesis del expediente bajo estudio.

En su escrito de demanda, Gabriel Enrique Vignoni indica que el 20 de febrero de 2008, aproximadamente a las 8,30 hs., se tomó el subte en la Estación Loria de la Línea A con destino a la Estación Plaza Miserere.Recuerda que, luego de haber esperado durante más de diez minutos dentro de la formación, Metrovías S.A. anunció que se había suspendido el servicio. Debido a ello, y con un gran descontento, todos los usuarios descendieron del coche con la intención de que se les restituya el importe abonado por el viaje. Pero al poco tiempo llegó otra formación, sorprendiendo a los pasajeros, quienes comenzaron a ingresar a los vagones sin que ello fuera supervisado por las autoridades de la empresa. Igualmente, comenta que, al llegar a la Estación Plaza Miserere, intentó acercarse a la puerta para descender pero que, en atención a la cantidad de gente que se encontraba tanto fuera como dentro del coche, le resultó imposible hacerlo, siendo arrastrado hacia el interior.

Relata que, por el forcejeo, trastabilló y cayó contra un caño pasamanos de metal. Además, dice haber sido pisado involuntariamente por una serie de pasajeros que perdieron el equilibrio al arrancar el subte, quienes le cayeron encima golpeándole el tobillo derecho. Posteriormente, y encontrándose agobiado y shockeado por el dolor, arribó a la Estación Perú, en la cual descendió.

Finalmente, afirma que en dicha estación asentó una queja en el libro correspondiente y que personal de seguridad llamó al SAME, cuyos profesionales le diagnosticaron una posible fractura de muñeca, lo inmovilizaron y le propusieron llevarlo al Hospital Argerich. Sin embargo, prefirió ir al Hospital Carlos Durand, nosocomio al cual fue trasladado y donde le realizaron una serie de curaciones.

A su turno, Metrovías S.A. desconoció tanto el carácter de pasajero del actor como la ocurrencia misma del accidente. Igualmente afirmó que existían diferencias en la versión de los acontecimientos narrada en la demanda con respecto a lo que el propio actor había asentado en el libro de quejas y en una nota remitida antes del inicio del pleito. Por ello, solicitó el rechazó de la acción.

El juez de la anterior instancia no hizo lugar a la pretensión de Gabriel Enrique Vignoni.A tal fin estimó que, sin perjuicio de que en el marco de la causa penal se hubiera acreditado la ocurrencia de un hecho, las distintas mecánicas que surgían de la demanda y de la denuncia le resultaban sumamente llamativas. Así, entendió que el accidente acreditado en el fuero punitivo difería del introducido en la causa civil.

Sentado ello, estimo oportuno recordar que la obligación principal del transportista, por tratarse del transporte oneroso de personas, es la de conducir a sus pasajeros sanos y salvos hasta su lugar de destino (conf. art. 184 y concs. del Código de Comercio). Por ende, en caso de incumplimiento, nace para el contratante la obligación de reparar el daño causado, salvo que se pruebe la culpa de la víctima, la de un tercero por quien no deba responder o el casus genérico de los arts. 513 y 514 del Cód. Civil.

Resulta aplicable el art. 184 del Código de Comercio que establece la responsabilidad del empresario, quien debe responder por la muerte o lesión de un viajero, produciéndose la inversión de la carga de la prueba de la culpa del porteador, lo que es consecuencia del carácter contractual de la responsabilidad del empresario, el que debe responder por el incumplimiento de las obligaciones estipuladas, entre las que se cuenta la de conducirlo sano y salvo al lugar fijado (v. Alconada Aramburu, Carlos, Cód. Com. Comentado, T° I, p g. 211, nota 647; Brebbia, Roberto H., Problemática Jurídica de los automotores, responsabilidad contractual, T° 2, p g. 13).

Toda vez que dentro de la órbita de la responsabilidad contractual, probada la inejecución de la obligación, la culpa del deudor se presume, por tal motivo queda a cargo de este la acreditación de que tal incumplimiento no le es atribuible (conf. LLambías J, Tratado, T ° I, pág. 207, N° 168 y nota 54; Mosset Iturraspe, Responsabilidad por daños, T° I, pág. 78, N° 32; Bustamante Alsina, Teoría General de la Responsabilidad Civil, pág.254, N° 284; Alterini, Curso de las Obligaciones, Vol. I, pág. 205, N° 445). Justamente, nos encontramos frente a una obligación de resultado y su solo incumplimiento compromete la responsabilidad del transportista, la cual no se desvanece por la vaga prueba de su ausencia de culpa sino por la demostración concreta del caso fortuito, fuerza mayor, culpa de la víctima o de un tercero que le impida su cumplimiento (conf. Mosset Iturraspe, Jorge, Contratos, Ed. Ediar, Buenos Aires, 1984, pág. 346 y sgts.; Llambías, J., Tratado de Derecho Civil Obligaciones, ed. Perrot, Buenos Aires, 2° edición actualizada, T° I, pág. 190).

El factor objetivo de imputación recogido por el art. 184 del cód. de Comercio, se proyecta en la distribución de la carga probatoria. Por un lado, el actor debe probar su carácter de pasajero y la lesión padecida durante el viaje, la que importa incumplimiento de la obligación de llevar al pasajero sano y salvo al lugar de destino. Por el otro incumbe a la transportadora alegar y probar alguna de las eximentes previstas en dicha normativa, sin que sea suficiente a tal fin la demostración de que no hubo culpa en el subordinado que conducía la unidad de transporte público. (Esta Sala, 05/04/2000, «Conditi, Susana Haydée c/ La Nueva Metrópoli SA y otro s/ daños y perjuicios», 02/07/2001, «Ayala, Américo Idilio c/ Transportes Metropolitanos General San Martín SA s7 daños y perjuicios», Sala G, del 21/05/1996, «Leiva, José Emilio c/ Transportes Guido SRL s/ daños y perjuicios» ).

Claro que para que funcione este régimen, el actor debe probar el contrato de transporte y el daño sufrido en la ejecución. Dicho en otras palabras, debe acreditar los hechos toda vez que ellos no se presumen.Es que, aún en supuestos como el que nos ocupa -en el cual la responsabilidad que se atribuye es objetiva-, rige plenamente la norma que establece que es la víctima a quien le incumbe la carga de la prueba «primaria» del hecho, puesto que el daño tiene que ser una consecuencia efectiva y real del acontecimiento y no solamente posible. Además, el reclamante siempre deberá acreditar la «causa física del daño»: que sufrió lesiones al ser transportado, que lo hirió la colisión de cierto automóvil, etc. (Kiper, Claudio M., «Proceso de daños», T. II, 1a ed., Editorial La Ley, Buenos Aires, 2008, p. 58).

Así las cosas, me ocuparé de los agravios formulados por la parte actora. De ahí que advierta que Gabriel Enrique Vignoni produjo numerosas pruebas tendientes a acreditar su condición de pasajero y la ocurrencia del accidente.

En efecto, en la causa penal labrada con motivo del ilícito se encuentra agregado un boleto que da cuenta del ingreso de Gabriel Enrique Vignoni a la estación Loria de la línea A de subterráneos el día 20 de febrero de 2008, a las 8,24 hs. (conf. fs. 4). Metrovías S.A. reconoció la autenticidad de dicho instrumento en su contestación de demanda, a pesar de haber negado que haya sido utilizado por el actor. No obstante, lo cierto es que la tenencia del boleto es una buena prueba de la convención (Kiper, Claudio M., ob. cit., T. I, p. 609). Ello, claro está, sin perjuicio de que en el caso lo fundamental sea determinar si el actor realmente viajaba en el tren.De la causa penal referida precedentemente, la cual se inició con motivo de la denuncia efectuada por Gabriel Enrique Vignoni el día 20 de febrero de 2008 a las 16,25 hs., resulta que el actor sostuvo que el accidente se había producido en la Estación Plaza Miserere de la línea A de subterráneos, después de que se hubiere tomado el subte para ir a la Estación Perú. Allí apuntó «…que el andén estaba completo de pasajeros quienes comenzaron a ingresar cuando la formación abrió sus puertas, lo que provocó que el dicente fuera corrido involuntariamente hacia el interior de la formación, y por la presión que generaban los pasajeros el dicente trastabilla y cae contra un caño pasamanos de metal, golpeándose su mano derecha y su rodilla derecha (lado interno), al mismo tiempo fue pisado involuntariamente por un pasajero en su dedo pulgar del pie derecho; sufriendo lesiones y sintiendo fuertes dolores en esas regiones del cuerpo. Que atento a ello personal de seguridad de la estación solicitó la presencia de una ambulancia del SAME, la que se presentó minutos más tarde y el facultativo que lo atendió le efectuó las curaciones del caso con entablillado en su mano derecha, proponiendo ante la inflamación su traslado al Htal. Argerich, que fue denegada por el dicente debido a que su médico personal lo vendría a buscar. Asimismo debido a que continuaba con fuertes dolores en su muñeca derecha y tenía una gran inflamación, más tarde concurrió al Htal. Durand de esta ciudad…». Destaco que me parece de trascendental importancia que en dicha denuncia el actor haya consignado los datos de un testigo presencial (conf. fs.1).

El testigo Hernán Javier Plebanski, luego de haber asegurado no verse comprendido por las generales de la ley, recordó que el 20 de febrero de 2008, siendo las 8,30 hs., se encontraba en el interior de una formación de la línea A de subterráneos cuando, al llegar a la Estación Plaza Miserere, se percató de como un hombre que intentaba descender era empujado «…por pasajeros provocando que…caiga pesadamente al suelo. Luego de ello es ayudado por el dicente y otro[s] pasajeros.». También expuso que la persona a quien ayudó presentaba lesiones en una de sus manos y refería sentir dolores (conf. fs. 12).

El juez de instrucción dispuso el archivo del proceso el día 7 de marzo de 2008 por inexistencia de delito. Para ello, consideró que Gabriel Enrique Vignoni se había colocado voluntariamente en una situación de peligro al permanecer en un vagón repleto de pasajeros en vez de descender y esperar a que llegara otra formación para viajar en mejores condiciones (conf. fs. 14).

En este estado, habré de expedirme con relación a la prejudicialidad penal que emana del art. 1101 del Cód. Civil, la cual es de orden público (cfr. Belluscio-Zannoni, «Código Civil y Leyes complementarias, comentado, anotado y concordado», T. 5, pág. 304 y sus citas, Ed. Astrea., 3ra. reimp., Buenos Aires, 2002). El fundamento de la norma citada y sus artículos consecuentes (1102 y 1103 ) es el de evitar el dictado de sentencias contradictorias, en desmedro de la cosa juzgada y con el consiguiente escándalo jurídico.

He sostenido que el pronunciamiento dictado en primer término en el fuero punitivo no deja «atado» al juez civil, sino que debe considerarse el modo en que fuera decidida la cuestión para luego determinar los alcances de la prejudicialidad (Kiper, Claudio M., ob. cit., T. I, pág.17).

Vélez Sarsfield, luego de recordar la controversia suscitada en Francia entre Merlin y Toullier, se encargó de ejemplificar en la nota de a los artículos 1102 y 1103 el alcance que debía dársele al término, diciendo que «si el juez penal determinó que el hecho existió y/o que Pedro fue el culpable, esas circunstancias hacen cosa juzgada para el juez civil».

A diferencia del Código Civil francés, nuestro codificador consagró normas expresas relacionadas con la incidencia que la sentencia penal tiene sobre la decisión civil. En el derecho francés, la generalizada coincidencia acerca de la inaplicabilidad del art. 1351 del código de ese país no ha constituido obstáculo para aceptar los efectos de la cosa juzgada de la sentencia penal. Aún frente a la ausencia de normas expresas, se encuentra el fundamento en motivos de orden público que imponen que una sentencia sustanciada en una acción pública -basada en el interés de la sociedad toda- deba imponerse a todos y, además en la consideración de hecho que la confianza en la justicia no puede ser quebrada por el fallo de un juez civil que tuviera por inexacta una sentencia penal definitiva (cfr. Tobías, José W., «Las causas de justificación en la sentencia penal y su influencia en el proceso civil», L.L. 1992-E-393).

Esas consideraciones -de trascendente relevancia social- sirven para fundar la necesidad de establecer legislativamente la «justa medida» de la influencia de una sentencia penal sobre la otra: lo inconcebible resultaría que sobre un mismo hecho un juez diga blanco y otro diga negro con el consiguiente escándalo social (ob. y aut. cit.).

En cuanto al concepto de «hecho principal», autorizadas opiniones doctrinarias consideran que con ello se comprende lo que los penalistas caracterizan como «imputación objetiva», que incluye dentro de sí «el hecho propiamente dicho», es decir su materialidad, la autoría, la tipicidad y la antijuricidad.Para el profesor Bustamante Alsina, la determinación del hecho principal consiste en establecer la autoría material en relación al imputado, y el resultado de su obrar; es decir, este elemento se integraría con la «acción o conducta de una persona», como causa de un resultado, que consiste en la violación del derecho protegido por la ley penal. Borda dice que el «hecho principal» comprende a las circunstancias de hecho que fueron esenciales para la fundamentación del fallo.

En la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Buenos Aires, se advierten fallos relativos a la interpretación que cabe asignársele al «hecho principal», que obliga a los jueces civiles; una primera interpretación lo circunscribe a la mera existencia u ocurrencia del hecho; una segunda lo extiende a las circunstancias fácticas que el juez penal dio por probadas, o sea, no sólo que el hecho ocurrió, sino cómo ocurrió (cfr. Kiper, Claudio M., ob. cit., pág., 25 y fallos citados).

Este Tribunal ha sostenido que «…Si en los estrados penales se ha resuelto que el hecho principal, motivo de la instrucción, se ha producido de una determinada manera y se definen y precisan las circunstancias fácticas que rodean y entornan el hecho que constituye el delito, esa sentencia tiene alcance de cosa juzgada en sede civil y el magistrado no podrá afirmar que el hecho ocurrió de manera diferente a lo que se resolvió en el fuero penal…» (cfr. CNCiv., Sala «K», «Kincaid, Santiago y ot. c/ M.C.B.A. s/ daños y perjuicios», 13-7-01, Rec. K023309, publicado en elDial.com – AE1826).

El régimen de prejudicialidad que adoptó el codificador otorga al juzgador civil un margen discrecional para decidir acerca de determinadas cuestiones, pero aquellas deben ser evaluadas en cada caso en concreto y no pueden, de ningún modo, modificar las referentes al hecho principal que ya recibió una decisión penal firme.Hay que observar en todo momento cuál ha sido el motivo utilizado en sede penal para absolver al imputado, ya que no se puede hacer una exégesis irrazonable de la sentencia penal absolutoria y proyectar sobre la sentencia civil elementos aislados de la causa penal. No puede haber hechos diferentes, es uno sólo; el hecho principal no puede ser controvertido, o explicado o interpretado de una manera diferente -en cuanto a su caracterización principal, esencial en sede civil- que la que se realizó en sede penal. (cfr. Miguel A. Piedecasas, «Incidencia de la sentencia penal en relación con la sentencia civil», en «Revista de derecho de daños», 2002-3, pág. 59, ed. Rubinzal Culzoni), criterio que fue seguido por nuestro más alto Tribunal (L.L. 1997-D-249).

Por todo ello, no puedo desconocer que en la causa penal se acreditó que el actor resultó lesionado el día 20 de febrero de 2008, mientras estaba dentro de un coche de la línea A de subterráneos que se encontraba detenido. Y no creo, como lo consideró juez de grado, que el hecho probado en dicha sede se trate de uno distinto del narrado en el escrito de demanda. Ello, a pesar de que es cierto que existen algunas diferencias en las narraciones del hecho. De ahí que, a continuación, habré de relevar las distintas versiones del accidente que obran en autos y a las cuales no me había referido hasta ahora.

El día 20 de febrero de 2008 el actor consignó lo siguiente en el libro de quejas de Metrovías S.A.: «Se suspende el servicio en Loria. Parte la formación vacía en la que veníamos. Esperamos otro tren. Subimos y viajamos como animales. Era tanta la gente que en Plaza Miserere sigue entrando gente. No abren bien las puertas. Me caigo y golpeo con el cuerpo en uno de los barrotes del asiento y con la mano derecha en [el] asiento» (conf. fs.25).

Además, existe otra narración del evento en el informe médico prejudicial adjuntado por el reclamante en la demanda, suscripto por la Dra. María Carolina Scarpati. En dicho documento la médica asentó que Gabriel Enrique Vignoni le había contado que el 20 de febrero de 2008, siendo aproximadamente las 8,30 hs., iba en el subte desde la estación Loria y hasta la Plaza Miserere cuando dicho servicio fue suspendido por un desperfecto técnico, arribando otra formación minutos más tarde. Y sostuvo que en dicha oportunidad «…Atento a la multitud de pasajeros que viajaba en dirección a Plaza de Mayo muchos de ellos sufren un proceso de descompensación, al encontrarse hacinados en el habitáculo por la poca ventilación. Es así que el actor, se desvanece cayéndose al piso del «coche», siendo aplastado por la muchedumbre, sufriendo politraumatismos». Igualmente, refirió que el actor le dijo que, luego de ello, y al llegar a la estación Perú, fue asistido por personal policial y del SAME, quienes constataron dolor e impotencia funcional en su muñeca derecha y le efectuaron una inmovilización con vendaje. Finalmente, refiere que al actor le habrían ofrecido llevarlo al Hospital Argerich pero que prefirió concurrir personalmente al Hospital Carlos Durand (conf. fs. 8/12).

Del mismo modo, el actor dio cuenta de los acontecimientos a la perito psicóloga designada de oficio quien, en su informe agregado a fs. 146/167, expuso que el reclamante le habría contado que iba en un vagón lleno de gente cuando se desvaneció y se cayó porque le faltaba el aire. También le dijo que, cuando se recuperó, se bajó en la Estación Perú. Y también el perito médico traumatólogo señaló que el actor le contó que, e n febrero del 2008, «…al bajar en la Estación Perú y debido a la gran cantidad de gente que viajaba y que intentaban unos bajar y otros subir pierde el equilibrio cayendo al piso…» (conf. fs.182/184).

Por último, el reclamante relató los hechos en una nota remitida a Metrovías S.A. (agregada a fs. 80 y reconocida a fs. 98). En dicho instrumento el propio actor refirió que, aproximadamente a las 8,30 hs. del día 20 de febrero de 2008, se tomó el subte en la estación Loria hacia la Plaza Miserere. Después de que se hubiera suspendido un servicio arribó otra formación, a la cual ingresaron todos los pasajeros sin que ninguna autoridad de la empresa supervise y limite el ingreso de personas. Asimismo, recordó que «…cuando llegamos a la Estación Plaza Miserere intento bajar donde se pueda. Es así que en Miserere la gente que se había acumulado en el andén era una multitud que quería viajar en dirección hacia Plaza de Mayo y comienzan a entrar en los pocos centímetros de espacio que ya no existían en el subte ya que los ventiladores no funcionaban…sufro una descompensación que sumada a la constante presión provoca que me caiga golpeando con mi mano derecha en un caño de metal que forma le estructura del subte, también en la caída me golpeo la rodilla derecha ya que varias personas involuntariamente pierden el equilibrio cayendo encima mío y una de ellas me pisa el dedo pulgar del pie derecho…después del shock seguimos viajando peor que ganado hasta que en Perú baja todo el malón de gente como pudo ya que una de las puertas no habría automáticamente y había que forzarla para abrirla». De allí también resulta que, según el actor, fue en la Estación Perú donde dejó asentada su queja y se acercó personal policial que llamó al SAME. Para concluir, anotó que fue atendido en el lugar y que le propusieron trasladarlo al Hospital Argerich, pero que prefirió ir personalmente al Hospital Carlos Durand.

Así las cosas, advierto las siguientes diferencias relevantes en las distintas narraciones del hecho:a) en el escrito de inicio, la nota remitida por el actor a la accionada y el informe médico prejudicial suscripto por la Dra. María Carolina Scarpati dice que el actor se tomó el subte en la Estación Loria y que su destino era la Estación Plaza Miserere mientras que en el expediente punitivo afirmó que su destino era la Estación Perú; b) en la demanda se asienta que el actor, encontrándose en el interior de un coche que estaba detenido, y debido al forcejeo de la gente que intentaba entrar y salir, trastabilló y cayó contra un caño pasamanos de metal, siendo pisado involuntariamente por una serie de pasajeros que perdieron el equilibrio al arrancar la formación y se le desplomaron encima golpeándole el tobillo derecho. Ello es sumamente similar a lo que se lee en la denuncia penal pero difiere sutilmente de lo que había asentado en el libro de quejas de Metrovías S.A. Justamente, en dicho registro el reclamante informó que cayó y golpeó con su cuerpo en uno de los barrotes del asiento y, con su mano derecha, en el asiento. No obstante, presenta algunas diferencias más notorias si se compara éstas versiones con la consignada en el informe suscripto por la Dra. Scarpati. De allí resulta que el actor se desvaneció por la gran cantidad de gente que había en el vagón, cayó al piso y fue aplastado por la gente. Dicha versión también se ve corroborada por lo que el actor le habría manifestado personalmente a los peritos oficiales. Por último, en la nota remitida extrajudicialmente a Metrovías S.A.el actor asentó que el hecho se produjo porque, debido al exceso de gente en la formación, sufrió una descompensación que hizo que se cayera golpeando su mano derecha en un caño de metal y que «…también en la caída me golpeo la rodilla derecha ya que varias personas involuntariamente pierden el equilibrio cayendo encima mío y una de ellas me pisa el dedo pulgar del pie derecho…».

Sin embargo, y a pesar de la existencia de las diferencias subrayadas precedentemente, entiendo que el hecho probado en la causa penal es el mismo que ha sido invocado en la demanda. No obsta a ello que resulte poco claro si el actor iba a la Estación Plaza Miserere o a la Estación Perú. Tampoco afecta a lo antedicho que se hubiere caído por los empujones de los pasajeros o que se haya desvanecido y desplomado debido a la excesiva cantidad de gente en el coche. Y mucho menos altera dicho extremo que Gabriel Enrique Vignoni se haya golpeado directamente contra el piso o contra algún pasamanos. Todo ello, claro está, en atención a que entiendo que ha sido fehacientemente probado, tanto en el expediente penal como en el civil, que el actor resultó lesionado cuando estaba a bordo de un vagón de la línea A de subterráneos.

Y si el hecho se produjo de cualquiera de los modos detallados ello no es factible considerar que el accidente aconteció por culpa de la víctima o de un tercero por quien Metrovías S.A.no tiene la obligación de responder -a menos que se acredite que el actor fue golpeado intencionalmente y no como consecuencia de las desavenencias que suelen tener lugar en los subterráneos durante las horas pico-.

Por todo lo hasta aquí analizado, y recordando que los jueces no están obligados a hacerse cargo de todos los argumentos expuestos por las partes sino tan sólo de aquéllos elementos que son conducentes para la correcta decisión de la cuestión planteada, le propongo al acuerdo que se revoque la sentencia apelada, haciéndose lugar a la demanda instaurada por Gabriel Enrique Vignoni contra Metrovías S.A., por el monto y los intereses tratados a continuación.

III.- El actor solicitó que se lo indemnice por los siguientes conceptos:

A) Incapacidad física sobreviniente:

En este estado, recuerdo que la indemnización por incapacidad física sobreviniente -que se debe estimar se sobre la base de un daño cierto- procura el resarcimiento de aquellos daños que tuvieron por efecto disminuir la capacidad vital de la persona afectada, no solo en su faz netamente laboral o productiva sino en toda su vida de relación (social, cultural, deportiva e individual).

De allí que en materia civil y a los fines de su valoración no puedan establecerse pautas fijas por cuanto habrá de atenderse a circunstancias de hecho variables en cada caso en particular ya que, tratándose de una reparación integral, para que la indemnización sea justa y equitativa deben apreciarse diversos elementos y circunstancias de la víctima, tales como su edad, sexo, formación educativa, ocupación laboral y condición socioeconómica.

No debe perderse de vista que el individuo tiene derecho a su integridad física, pues la salud y la integridad no son solo un bien jurídicamente tutelado cuyo quebrantamiento debe ser reparado, sino que además constituye un valor en cuya protección está interesado el orden público.

Sentado ello, advierto que en la contestación de oficio incorporada a fs.124/128 se informa que el día 20 de febrero de 2008, a las 14,10 hs., Gabriel Enrique Vignoni fue atendido en el Hospital Carlos Durand de la Ciudad de Buenos Aires por padecer un traumatismo en su muñeca derecha. Y al día siguiente fue evaluado por una médica policial, quien expuso que el actor se presentó al examen con su muñeca derecha inmobilizada y exhibía lesiones en su muñeca derecha y en su rodilla (conf. fs. 8 de la causa penal).

También es de destacar que en autos obra la historia clínica del actor, la cual ha sido remitida por OSECAC. De allí surge que a los pocos días del accidente fue atendido por padecer lesiones en su muñeca y en su rodilla derecha (conf. fs. 210/233).

A su turno, el experto designado en autos, Dr. Juan Schiantarelli, refirió que el actor sufrió un evento traumático que le produjo politraumatismos con un síndrome meniscal de rodilla derecha, sinovitis postraumática de muñeca derecha y una cervicolumbalgia postraumática. También expuso que, de comprobarse el accidente, dicho acontecimiento sería compatible como para provocar las lesiones que padece el actor, con el cual guardaría relación de causalidad. Finalmente, concluyó en que presenta una incapacidad física parcial y permanente, resultante, del 23% (conf. fs. 182/184).

Señala el código de forma que la fuerza probatoria del informe pericial será estimada por el juez, teniendo en cuenta la competencia del perito, los principios científicos o técnicos en que se funda, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica, las observaciones formuladas por los consultores técnicos o letrados, conforme los artículos 473 y 477 y los demás elementos de convicción que la causa ofrezca (art. 477).

También debe recordarse que el juez no debe apartarse porque sí de las conclusiones del perito en tanto y en cuanto éstas demuestren cumplir con ciertas condiciones.Si el objeto de la pericia es ilustrar el criterio del magistrado, deben los peritos fundar sus conclusiones, exponiendo los antecedentes de orden técnico que hubieren tenido en cuenta, lo que deriva de su misión, que es asesorar y nada más, ya que quien resuelve la cuestión es el magistrado, que en su debido momento examinará los hechos alegados, estudiando la prueba producida conforme a las reglas de la sana crítica y estableciendo la mayor fuerza de convicción, es decir, que la libertad de apreciación de la prueba que tiene el juez, no desaparece o se limita por tratarse de una pericia y puede apartarse de sus conclusiones, pero no se trata de algo antojadizo o arbitrario.

Es por ello que aceptaré las conclusiones del dictamen pericial al ponderarlo conforme los arts. 386 , 477 y 497 Código Procesal. Y si bien dicho informe ha sido impugnado por Metrovías S.A. sin que se le haya corrido traslado al médico de lo manifestado a fs. 186/190 (impugnación y pedido de explicaciones) ni de lo que consignado a fs. 194/208 (informe efectuado por el perito de parte), a los efectos de que aclare lo que estime corresponder -aspecto que no ha sido cuestionado por la demandada-; recuerdo que ante la discrepancia planteada entre el criterio del perito designado de oficio y un consultor técnico ha de prevalecer la del oficial ya que las garantías que rodean su designación hacen presumir imparcialidad. El consultor técnico constituye una figura análoga a la del abogado, en la medida que procura aportar los fundamentos científicos y/o técnicos que favorezcan el progreso de la pretensión de la parte que representa, lo cual denota, contrariamente al perito, su postura esencialmente parcial, que obliga a evaluar sus razones como si provinieran de la parte misma (esta Sala, R.206.820, del 14-03-97).

En consecuencia, teniendo en cuenta las circunstancias de hecho en que Gabriel Enrique Vignoni resultó lesionado, las características de los trastornos padecidos, así como también las circunstancias personales que se relacionan con aspectos tales como su edad (44 años al momento del hecho), sexo, ocupación, etcétera, propicio que se fije la indemnización en la suma de treinta mil pesos ($30.000.-).

B) Incapacidad psicológica sobreviniente y tratamiento:

Se ha señalado con acierto que el daño psicológico debe resarcirse en la medida en que se traduzca en una disminución de las aptitudes para el trabajo y la vida de relación, o incluso cuando quedando incólumes las posibilidades laborales produzca consecuencias en la vida interior del sujeto, revistiendo connotaciones de índole patológica (cfr. Ricardo E. Risso «Daño psíquico, delimitación y diagnóstico, fundamento teórico y clínico del dictamen pericial» ED 188-985).

En relación al presente rubro, advierto que en el informe pericial confeccionado por la Lic. Constanza Valeria Ripari se afirma que Gabriel Enrique Vignoni no sufre de stress postraumático ni de ningún tipo de depresión que sea una consecuencia del accidente. Es por ello que la experta cree que la víctima no tiene que someterse a tratamiento psicológico a raíz del accidente (conf. fs. 146/167). Dicho informe no fue impugnado por ninguno de los contendientes.

Al ser así, estimo que no se ha acreditado que Gabriel Enrique Vignoni sufra daños en su faz psíquica ni que deba someterse a tratamiento alguno, correspondiendo rechazar el reclamo indemnizatorio formulado por el presente concepto.

C) Daño moral.

Con respecto al daño moral cabe señalar que no es sino la lesión en los sentimientos que determina dolor o sufrimiento físico, inquietud espiritual o agravio a las afecciones legítimas y, en general, toda clase de padecimientos insusceptibles de apreciación pecuniaria (conf. Jorge Bustamante Alsina, «Teoría General de la Responsabilidad Civil», ed. Abeledo Perrot, 4ta.ed., nro.557, pág.205), comprendiendo también las molestias en la seguridad personal de la víctima o goce de sus bienes. El daño es el menoscabo o lesión a los intereses no patrimoniales provocado por el evento dañoso, es decir, por el hecho o acto antijurídico (conf. Eduardo A. Zannoni, «El daño en la responsabilidad civil», Editorial Astrea, pág. 287).

Respecto de la prueba del daño moral, se ha señalado que: «cuando el daño moral es notorio no es necesaria su prueba y quien lo niegue tendrá sobre sí el «onus probandi». Fuera de esta situación, esta clase de daño, como cualquier otra, debe ser objeto de prueba por parte de quien lo invoca (Cazeaux-Trigo Represas, «Derecho de las Obligaciones», tomo 1, página 387/88).

El carácter estrictamente personal de los bienes lesionados al producirse un daño moral, está indicando por sí la imposibilidad de establecer una tasación general de los agravios de tal especie. Así, el daño moral corresponde que sea fijado directamente por el juzgado sin que se vea obligado en su determinación por las cantidades establecidas en otros rubros.

Para establecer la cuantía del daño, el juzgador debe sortear la dificultad de imaginar o predecir el dolor que el hecho dañoso produjo en la esfera íntima del reclamante para luego establecer una indemnización en dinero que supla o compense el desmedro injustamente sufrido, por lo que mas que en cualquier otro rubro queda sujeto al prudente arbitrio judicial, que ha de atenerse a la ponderación de las diversas características que emanan del proceso.- «La determinación del monto no depende de la existencia o extensión de los perjuicios patrimoniales pues no media interdependencia entre tales rubros, ya que cada uno tiene su propia configuración pues se trata de daños que afectan a esferas distintas» (cfr. Llambías «Obligaciones» T.I pág.229).

Así las cosas, teniendo en consideración las características que presentó el hecho, la repercusión que en los sentimientos del damnificado debió generar la ocurrencia misma del accidente como una agresión inesperada a su integridad física, el tipo de tratamiento recibido, las secuelas que le produjo y demás características personales de éste, propongo que se establezca la suma de diez mil pesos ($10.000.-) para resarcir el presente ítem.

D) Gastos médicos, farmacéuticos y de traslado.

Recuerdo que desde antiguo se ha entendido que los gastos en los que incurre quien sufre un ilícito no necesitan de una acabada prueba documental y, además, que se presume que quien ha sufrido lesiones que requirieron tratamiento médico realiza gastos extraordinarios en concepto de remedios y atención médica. No obsta a tal solución que el damnificado fuera atendido en hospitales públicos y a través de su obra social, ya que también en estos supuestos debe afrontar ciertos pagos que le ocasionan un detrimento patrimonial.

Por ello, considero adecuado conceder la suma de mil quinientos pesos ($1500.-) para resarcir el presente rubro.

V.- Las sumas indicadas anteriormente devengarán intereses desde la fecha del hecho hasta la de su efectivo pago, (cfr. esta Cámara, en pleno, 16/12/58, in re «Gómez Esteban c/Empresa Nacional de Transporte» ). Acerca de la tasa a aplicarse, esta Cámara en pleno se ha expedido in re «Samudio de Martínez Ladislaa c/Transporte Doscientos Setenta SA s/daños y perjuicios» (20-4-2009), por lo cual corresponde aplicar la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina allí fijada (cfr. art. 303 del Cód.Procesal), remitiéndome -brevitatis causae- a los fundamentos vertidos en autos «Northlands Asociación Civil de Beneficencia c/Solari Claudia s/cobro de sumas de dinero» (recurso 499.526 del 24/04/09).

VI.- Las costas de ambas instancias se imponen a Metrovías S.A., sustancialmente vencida, en virtud del principio objetivo de la derrota en juicio (cfr. arts. 68 y 279 del Código Procesal) y teniéndose en cuenta que, en esta clase de procesos, la noción del vencido debe efectuarse de manera global.

Por estos motivos, propongo al acuerdo que se revoque la sentencia apelada y que se haga parcialmente lugar a la demanda interpuesta por Gabriel Enrique Vignoni, condenándose a Metrovías S.A. a abonarle al actor, en el plazo de diez días de quedar firme la presente, la suma de treinta y un mil quinientos pesos ($31.500), con más sus intereses. Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida.

La Dra. Abreut de Begher dijo:

Adhiero a las consideraciones expuestas por el Dr. Kiper en su voto, proponiendo la solución allí indicada.

Se deja constancia de que la Vocalía 22 se encuentra vacante (art. 36 del RLFMyEJN).

Con lo que se dio por finalizado el acto, firmando los señores Jueces por ante mí de lo que doy fe.-

Fdo.

Liliana E. Abreut de Begher.

Claudio M. Kiper.-

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012.-

Y VISTO, lo deliberado y conclusiones establecidas en el acuerdo transcripto precedentemente, por unanimidad, el Tribunal decide:

I.- Revocar la sentencia apelada y que se haga parcialmente lugar a la demanda interpuesta por Gabriel Enrique Vignoni, condenándose a Metrovías S.A. a abonarle al actor, en el plazo de diez días de quedar firme la presente, la suma de treinta y un mil quinientos pesos ($31.500), con más sus intereses. Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida.II.- En atención a lo dispuesto por el artículo 279 del Código Procesal, corresponde dejar sin efecto las regulaciones efectuadas en la instancia de grado y establecer los honorarios de los profesionales intervinientes adecuándolos a este nuevo pronunciamiento.

En lo que se refiere a la base regulatoria, recientemente este Tribunal ha reexaminado la cuestión y resuelto -por mayoría- que, de conformidad con lo establecido por el art. 19 de la ley 21.839, debe considerarse como monto del proceso a los fines arancelarios al capital de condena con más los intereses reclamados y reconocidos en la sentencia (autos «Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA c/Medina Juan José y otros s/cobro de sumas de dinero» del 27/09/2011).

Sentado lo anterior se tendrá en cuenta el objeto de las presentes actuaciones y el interés económicamente comprometido resultante del capital de condena, naturaleza del proceso y su resultado, etapas procesales cumplidas, y el mérito de la labor profesional apreciada por su calidad, eficacia y extensión, considerando además lo dispuesto por los artículos 1 , 6, 7 , 9 , 19 , 33 , 37, 38 y concs. de la ley 21.839 -t.o. ley 24.432 -.

En consecuencia, regúlase el honorario del Dr. Domingo Alberto Schiaffino, por su intervención como letrado patrocinante de la actora en las dos primeras etapas del proceso, en la suma de ($.); los de los letrados apoderados de la demandada, Dres.Roberto Boqué, Claudia Trinidad María Marta Rúa y Gisela Viviana Mori, por dos etapas, en la suma de ($.).

III.- En cuanto a los honorarios de los peritos, se tendrá en consideración el monto del proceso conforme lo decidido precedentemente, la entidad de las cuestiones s ometidas a sus respectivos dictámenes, mérito, calidad y extensión de las tareas, incidencia en la decisión final del litigio y proporcionalidad que debe guardar con los estipendios regulados a favor de los profesionales que actuaron durante toda la tramitación de la causa (art. 478 del CPCC).

Por lo antes expuesto se regulan los honorarios del perito médico Dr. Juan Schiantarelli y los de la perito psicóloga, Lic. Constanza Valeria Ripari, en la suma de ($.) para cada uno de ellos, y los del consultor técnico Oscar Hugo Bordoli en la suma de ($.).

IV.- En cuanto a los honorarios de la mediadora, cabe destacar en primer lugar que este Tribunal sostiene que, el derecho a la percepción de los honorarios se constituye en la oportunidad en que se realizan los trabajos; por lo tanto, los honorarios de los profesionales deben establecerse en función de las pautas previstas por la norma que regía en el momento de desarrollar sus tareas.

Ahora bien y sin perjuicio de lo anterior, debe ponderarse en la materia las particulares características y contenido normativo que rige en materia de honorarios de los mediadores.

En efecto, con posterioridad a la regulación prevista por el decreto 91/98, se sancionó el decreto 1465/07 . Entre los fundamentos volcados en los considerandos de esta última norma, se destaca el que establece que «los montos de los aranceles y de los honorarios que perciben por su labor los mediadores han permanecido inalterados y se han tornado insuficientes, lo que justifica que se aumenten». Luego, no cabe duda que la finalidad perseguida por la citada norma fue la de actualizar las escalas contenidas en el decreto originario (91/98 ). Así lo ha entendido esta Sala en reiteradas oportunidades, con posterioridad al fallo citado por laapelante (conf. esta Sala in re «Casale Gustavo Angel c/ Curtosi Alberto s/ daños y perjuicios» del 12/04/2010, recurso 551.556).

Con la sanción de la ley 26.589 y su decreto reglamentario 1467/2011 , se derogaron los decretos 91/98 y 1465/2007 -salvo las excepciones expresamente contempladas- (cfr. art. 8°). El anexo III del citado decreto 1467/2011 contiene una nueva escala arancelaria que, sin duda alguna, actualiza la anterior (del dec. 1465/07) con idénticos fines que los reseñados precedentemente (cfr. esta Sala, 16-5-2012, in re «Oviedo, Lilia Susana c/Cons. de Prop. Arenales 2891/93 Cap. Fed. y otro s/daños y perjuicios», rec. 600.368).

En consecuencia, se fijan los honorarios de la mediadora, Dra. Alicia Rosalía Kleiban, en la suma de ($.) (cfr. Dec. 1467/2011, anexo III, art. 1, inc. f).

V.- Por su actuación en la etapa recursiva que culminó con el dictado de la presente sentencia definitiva, regúlase el honorario del Dr. Domingo Alberto Schiaffino en la suma de ($.) y el de la Dra. Gisela Viviana Mori, en la suma de ($.) (art. 14 del Arancel).

Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase.-

Fdo.:

Liliana E. Abreut de Begher.

Claudio M. Kiper.-

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