fbpx

Procede la demanda de daños por no haber entregado los vendedores la documentación que le permita al actor emplear la embarcación adquirida.

buquePartes: Bresciani Pedro Juan c/ Bresciani Lorenzo Antonio y otro s/ daños y perjuicios – sumario

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Isidro

Sala/Juzgado: Segunda

Fecha: 7-feb-2013

Cita: MJ-JU-M-77456-AR | MJJ77456 | MJJ77456

Procedencia de la demanda de daños y perjuicios por no haber entregado los vendedores la documentación que le permita al actor emplear la embarcación adquirida. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-Cabe confirmar la sentencia en cuanto hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios producidos a causa de la mora incurrida en el pretendido cumplimiento del contrato debido a la falta de transmisión de titularidad del buque, pues aunque el actor haya admitido que la titularidad de la embarcación no esté en cabeza de los demandados sino de un tercero, el agravio de éstos relativo a que no incumplieron el contrato y a que en definitiva carecen de legitimación pasiva para transferir la titularidad del buque -trámite que, según dicen, debería reclamarse de otra persona-, no puede prosperar.

2.-Está probado con el informe recabado de la Prefectura Naval Argentina que el buque objeto de la compraventa celebrada entre las partes no tiene registrada la titularidad dominial a nombre de los vendedores, por lo que tratándose de un supuesto de compraventa de un bien mueble registrable sin participación del titular registral, se está frente a un contrato celebrado sobre cosa ajena, que como tal es res inter alios acta para el titular registral.

3.-En la compraventa de bienes muebles registrables el dominio no se transmite con la mera entrega de la cosa o tradición, sino que se exige la debida instrumentación del acto y la consiguiente registración del dominio, de modo que el vendedor de una cosa mueble registrable sólo cumple con su obligación si realiza los actos necesarios para que el comprador obtenga el dominio de lo comprado de acuerdo a las normas legales pertinentes.

4.-Resulta inadmisible el argumento de los demandados en orden a que el actor puede navegar el barco con el solo boleto de compraventa, pues implica desconocer que el objetivo del contrato celebrado entre las partes es la transferencia en plena propiedad del buque, para lo cual se exige legalmente la pertinente escritura pública e inscripción registral; extremo éste cuya concreción, lógicamente, no puede condicionarse a ninguna sanción de la autoridad administrativa correspondiente.

Fallo:

En la ciudad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, a los . días del mes de febrero de dos mil trece, se reúnen en Acuerdo los señores Jueces de la Sala Segunda de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial San Isidro, en los términos de los Acuerdos Extraordinarios del 3-9-2012 (arts. 33, 34, 35, 36 y ccdtes de la ley 5827), doctores MARÍA IRUPÉ SOLÁNS y JUAN IGNACIO KRAUSE, para dictar sentencia en el juicio: «BRESCIANI PEDRO JUAN C/ BRESCIANI LORENZO ANTONIO Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS -SUMARIO-» causa nº D-3880-6; y habiéndose oportunamente practicado el sorteo pertinente (arts. 168(REF.LEG1282.168) de la Constitución de la Provincia y 263 del Código Procesal Civil y Comercial), resulta que debe observarse el siguiente orden: Dres. Soláns y Krause, resolviéndose plantear y votar las siguientes:

C U E S T I O N E S

1º) ¿Es justa la sentencia apelada?

2º) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

V O T A C I O N

A la primera cuestión la señora Jueza doctora Soláns, dijo:

I) El asunto juzgado.

Pedro Juan Bresciani promovió demanda de daños y perjuicios contra Lorenzo Antonio Bresciani y Marta Lucía Bresciani, por no haberle entregado éstos la documentación que le permita emplear la embarcación adquirida. Reclamó así el demandante el resarcimiento de gastos ocasionados, de los ingresos de que se vio privado y el daño moral que la situación le generó (fs. 14/17).

Señaló que el día 18.11.1998 había comprado a los demandados la embarcación «Nenucho» (matrícula mercante nº 4021), con casco de madera de 16 metros de largo por 5 de ancho; pero que los accionados no completaron la operación al no haber suministrado la documentación conducente que estaba en su poder ni firmado la que correspondía en la escribanía.Y agregó el actor que pese a los reclamos formulados, no le quedó otra vía que la judicial.

Por su parte, al contestar demanda (fs. 46/53), Marta Lucía Bresciani ensayó una negativa de estilo de los hechos afirmados en la demanda, desconociendo toda la documentación anexada a aquélla. Reconoció, sin embargo, la venta de la embarcación al demandante; pero sostuvo que la transferencia de la titularidad recaía sobre el propio actor, a quien le había entregado la documentación pertinente para que concretara el trámite de escrituración con Juan Carlos Presta. Al respecto dijo que si bien junto al codemandado Lorenzo A. Bresciani, mediante instrumento privado, había transferido la posesión del barco al actor, lo cierto era que dicho instrumento, aunque titulado boleto de compraventa, constituía en rigor la cesión del que los accionados habían celebrado antes con el Sr. Presta.

Añadió la demandada que durante muchos años el actor no hizo ningún reclamo al Sr. Presta, y que hacérselo a ella era inviable, porque era con aquél que el demandante debía realizar la transferencia de la embarcación.

Por otro lado, a fs. 94 se dio por perdido el derecho a responder la demanda y se declaró la rebeldía de Lorenzo Antonio Bresciani; en tanto que a fs. 206 se citó a sus herederos dado el comprobado fallecimiento del codemandado (fs. 203/204). Bajo aquel carácter se presentaron a fs. 212/213 Rosa Cabassi y Mónica Graciela Bresciani (fs. 214/217, 219); y a consecuencia de ello las actuaciones quedaron radicadas ante el Juzgado donde tramita el respectivo juicio sucesorio (art. 3284 inc. 4º del C.Civil, fs. 290, 295).

II) La solución dada en primera instancia.

La sentencia de fs.316/323 hizo lugar a la demanda promovida por Pedro Juan Bresciani contra Marta Lucía Bresciani, y contra Rosa Cabassi y Mónica Graciela Bresciani, a quienes condenó a pagar $103.000 en concepto de indemnización de daños y perjuicios, más intereses y costas.

Para así decidir, el Sr. Juez de Primera Instancia consideró probado que las partes habían instrumentado un contrato de compraventa por la embarcación denominada «Nenucho», ello a través del boleto de compraventa de fs. 44; en cuyo caso constaba que el actor como comprador había pagado la totalidad del precio pactado. Ponderó además el juzgador que el demandante reclamaba daños y perjuicios por incumplimiento contractual, al no habérsele entregado la documentación correspondiente, y que respecto de la misma no había constancia de que le hubiera sido entregada; por lo que el actor no podía navegar la embarcación sólo con el boleto de compraventa. Agregó el Sr. Juez a quo, en este sentido, que no estaba acreditado que fuera el Sr. Presta quien debía transferir la titularidad de la embarcación, así como que los demandados no habían entregado al comprador la documentación para concretar la transferencia, incumpliendo de esta forma con su obligación contractual; y que si a ello se adunaba la rebeldía del codemandado, la acción debía prosperar.

Tras ello, el sentenciador fijó partidas indemnizatorias, aunque desechó la solicitada por daño moral; habiendo establecido que los intereses correrían a partir de la fecha del reclamo.

III) La articulación recursiva.

Tal pronunciamiento ha sido apelado por los demandados (fs. 326), quienes expresan agravios mediante el escrito glosado a fs. 335/340 (contestado a fs. 342/345).

IV) Los agravios.Se agravian porque consideran que no hubo incumplimiento de entregar ninguna documentación para efectivizar la transferencia del buque a nombre del actor; que el boleto de compraventa no contiene tal obligación y que el propio actor en la prueba confesional admitió que la titularidad registral del buque recaía en una persona distinta de los demandados, a quien nunca le reclamó la transferencia; que la parte vendedora, a efectos de posibilitar la transferencia, de ninguna manera se comprometió a entregar más documentación que el propio boleto de compraventa; que en fin, los demandados no tienen obligación de dar ninguna documentación ni de transferir un dominio que consta a nombre de otro, pues no está probado que se hubieran comprometido bajo tal alcance.

Por otra parte, sostienen que si el actor no pudo navegar el buque, fue por propia decisión de él, tal como emerge de la prueba testimonial, de la que se desprende no sólo que el barco ha sido utilizado por el actor, sino además que puede navegarlo y obtener la documentación habilitante para hacerlo con el solo boleto de compraventa, sin necesidad de escritura o transferencia.

Por último, se agravian de las indemnizaciones fijadas en concepto de daños y perjuicios. Al respecto dicen que no está probada la imposibilidad de utilizar el barco, ni que se hubiera interrumpido su navegación mediante alguna sanción o interdicción impuesta por la Prefectura Naval Argentina. Añaden que la indemnización fijada carece de fundamentos: que los presupuestos acompañados para sustentar el llamado daño patrimonial no fueron autenticados ni reconocidos; que el daño «gastos» no ha sido probado de ninguna forma; y que el lucro cesante no pudo estimarse en $70.000 únicamente sobre la base de testimonios, siendo que hay ausencia total de documentación que permita evaluar el justiprecio de dicho rubro.Y refieren los apelantes, en tal orden de ideas, que ellos jamás quedaron constituidos en mora, y que por consiguiente los daños reconocidos carecen de relación causal.

V) El análisis de la resolución atacada en función de los agravios expresados.

V.1) No está discutido que las partes suscribieron un instrumento titulado boleto de compraventa (art. 163 inc. 6º del CPCC) por el cual los demandados en fecha 18.11.1998 vendieron al actor una embarcación denominada «NENUCHO», matrícula marina mercante nº 4021, equipada con motor y caso de madera, en buen estado; habiéndose pagado en el acto de celebración el precio de $25.000. Por lo que es claro que tal negocio debe regirse por las normas de la compraventa (art. 1323 , 1327 del C.Civil).

Al respecto cabe destacar que el boleto de compraventa, por ser un producto de la práctica del mercado inmobiliario, no tiene definición legal; y establecer si un determinado instrumento lo es o no, es una cuestión circunstancial (doc. art. 1185 C.C.; LAVALLE COBO en «Código Civil Anotado», ASTREA, vol. 5, pág. 834; conf. causa 82.865 del 23-12-99 ex Sala IIª). La ley no define qué debe entenderse por boleto de compraventa, pero sí debe interpretarse la celebración de tal contrato si en el respectivo documento constan sus elementos esenciales: la designación del comprador y vendedor, la cosa objeto de la operación, el precio cierto convenido y el consentimiento de las partes (art. 1198 del C.Civil; conf. Morello, «El Boleto de Compraventa Inmobiliaria», 2ª ed. LEP, pág. 376; CNCiv. Sala D, 18.2.74, E.D. 55 fallo nº 24.985; causa nº SI-49777-2009 RSD 152/2012 Sala IIª). Y tal como se vio, tales elementos se encuentran reunidos en el instrumento de fs. 44.

Afinando el concepto, es dable apuntar que el boleto de compraventa constituye un anteacto o promesa bilateral, que crea la obligación de hacer escritura pública (arts.1185 y 1187 del Cód. Civil), confiriéndose al boleto de compraventa los efectos que comúnmente se describen por la doctrina jurisprudencial como de un contrato prelimar que obliga a celebrar escritura pública (CC0102 LP 223658 RSD-182-96 S 19-9-1996, «Solari, Bartolomé c/ Fornari, Juan s/ Cump. Contrato»). Asimismo se ha resuelto que el llamado boleto de compraventa no es una mera promesa de venta sino un verdadero contrato de compraventa, donde el comprador se obliga a pagar el precio y el vendedor a entregar la cosa en propiedad (art. 1323 Cód. Civ.); agregándose una obligación de hacer como es la de otorgar la escritura traslativa del dominio (arts. 1184 inc. 1º, 2505 Cód. Civ.), lo que no modifica el carácter de contrato de compraventa que tiene el boleto (arts. 1323, 1427 C.Civ.; CC0002 SM 55805 RSD-522-4 S 16-12-2004, «Los Cinco S.C.A. c/ Pugliese, Luis s/ Reivindicación de inmueble»; causa nº 111.213 rsd . 100/11 del 23.8.11 Sala IIª).

En este sentido, el art. 155 de la ley 20.094 establece que «los buques son bienes registrables y se encuentran sometidos al régimen jurídico de esta ley». De acuerdo a lo dispuesto en el art. 156 de la ley 20.094, todos los actos constitutivos, traslativos o extintivos de la propiedad o de otros derechos reales de un buque de 10 toneladas o más de arqueo total, deben hacerse por escritura pública o documento privado autenticado, bajo pena de nulidad. Mas al respecto se ha dicho que la falta de inscripción registral no invalida las consecuencias habidas entre las partes contratantes (arts. 1191, 1195, 1197 del C.Civil; conf. Simone, «Navegación. Ley 20.094», pág. 93, Ed. La Ley). Mientras que el art. 159 de la misma ley prescribe que si los buques son menores a 10 toneladas de arqueo total, todos aquellos actos deben hacerse por instrumento privado con las firmas (de los otorgantes) certificadas. Y de conformidad a los arts.158 y 159 de la ley 20.094, se ha consagrado un sistema de inscripción registral para los actos y contratos que tengan por objeto la propiedad u otros derechos reales sobre los buques; señalándose que los mismos sólo tendrán efectos con relación a terceros desde la fecha de su inscripción registral, lo que además es coherente con lo dispuesto por el art. 21 de la ley 19.170 (Ley Orgánica del Registro Nacional de Buques), siendo entonces necesaria la registración a fin de brindar seguridad al tráfico jurídico, puesto que los buques constituyen bienes muebles registrables (conf. Simone, ob. cit., págs. 90/91, Ed. La Ley).

En consecuencia, en la compraventa de bienes muebles registrables, el dominio no se transmite con la mera entrega de la cosa o tradición (arts. 577 , 2412 del C.Civ.), sino que se exige la debida instrumentación del acto y la consiguiente registración del dominio. Por lo tanto, el vendedor de una cosa mueble registrable sólo cumple con su obligación si realiza los actos necesarios para que el comprador obtenga el dominio de lo comprado de acuerdo a las normas legales pertinentes, como ocurre con los automotores (Decreto Ley 6582/58, ratificado por ley 22.977).

En el caso está probado con el informe recabado de la Prefectura Naval Argentina (fs. 188/192, 262/269) que el buque objeto de la compraventa celebrada entre las partes no tiene registrada la titularidad dominial a nombre de los vendedores; ni tan siquiera de Juan C. Presta (arts. 394, 401 y cc. del CPCC). Por eso, tratándose de un supuesto de compraventa de un bien mueble registrable sin participación del titular registral, se está frente a un contrato celebrado sobre cosa ajena (art. 1177 del C.Civil), que como tal es res inter alios acta para el titular registral; como tampoco podría el demandante accionar contra el Sr.Presta, pues éste no sólo no figura como titular registral sino que además no fue con quien el actor contrató. Es que no verificándose el consentimiento de Presta -dado por sí o conforme a los efectos representativos de un mandato-, no es él la persona pasivamente legitimada para el cumplimiento del contrato (arts. 499 , 910 , 1195 y cc. del CCiv). El cumplimiento de la obligación de transferir el dominio no puede ser válidamente exigido del propietario por cualquier adquirente sino sólo por quien hubiera sido el cesionario de los derechos según el contrato respectivo (CNCiv., Sala A, 24.4.91., «Laguzzi c/Moeses», DJ 1991-II-741; causa 94.613 RSD 73/04 de la anterior Sala IIª). De manera que en el caso, no pueden los demandados pretender que la transferencia dominial del buque sea efectuada a través de un tercero que no fue parte del contrato, pues el Sr. Presta, al no haber celebrado el contrato con el actor, carece de legitimación para cumplirlo (arg. arts. 499, 503, 1195, 1199 y cc. del C. Civil). Los contratos no pueden perjudicar ni aprovechar a terceros y sólo producen efectos entre las partes, lo cual responde al principio de relatividad imperante en la materia (conf. Bueres-Highton, «Código Civil…», Tº 3-C, pág. 15, Ed. Hammurabi; causa nº 110.752 rsd. 79/11 del 12.7.11 Sala IIª).

En la especie, pues, se trata de una promesa de venta suscripta por quienes no son titulares del dominio; por lo que entonces concurren los efectos a que se refieren los arts. 1177, 1178 y 1329 del Cód. Civil, es decir, la obligación de procurar la adquisición de la cosa para transferirla debidamente (conf. causas 37.271 del 23-10-84; 58.246 del 29-4-1993 de la anterior Sala IIª).

Así, es factible la promesa de venta de cosa ajena (arts.1177, 1330 del Código Civil; CC0102 LP 212138 RSD-98-92 S 30-6-1992); y cuando comprador y vendedor contratan sobre la cosa que pertenece a un tercero, teniendo pleno conocimiento de tal circunstancia, el contrato debe interpretarse como un compromiso contraído por el vendedor de procurar al comprador la cosa objeto de la convención (CC0101 LP 208409 RSD-95-91 S 4-6-1991). La ley prohíbe la venta de cosa ajena como propia, pero no el compromiso de entregarla al comprador cuando el promitente adquiera su dominio; no importa que la cosa vendida sea ajena al suscribirse el boleto, pues basta que sea propia en la oportunidad de otorgarse la escritura traslativa de dominio (CC0101 LP 208409 RSD-95-91 S 4-6-1991). Es que cuando se prometen en venta bienes que no se hallan en cabeza del vendedor, sabiéndolo las partes, el contrato es válido como compromiso de lograr que la transferencia del dominio se concrete, en cuyo caso el promitente asume la obligación de obtenerla de sus titulares (CC0101 MP 132545 RSD-512-6 S 17-10-2006).

Pero no perfeccionada la venta, se ha frustrado el fin principal del contrato que es la entrega en plena propiedad al adquirente; y como estableciera la Suprema Corte, no se debe considerar cumplida la tradición -en ese caso se trataba de un automotor- si no se entrega con el mismo la documentación válida necesaria para hacer efectiva la transferencia (arg. arts. 1409 , 1420 C. Civil; conf., SCBA., 7-12-71; DJBA. 95-39; causa 94.613 del 6-4-04 RSD: 73/04 de la anterior Sala IIª); y esa consecuencia debe atribuirse al vendedor (arg. arts. 2089 y ss.del C.Civil; causas de la anterior Sala IIª 54.244 del 23-8-91, 94.613 del 6-4-04 RSD 73/04) porque es la inscripción registral lo que confiere la propiedad del bien; de modo que para el perfeccionamiento de la venta, la entrega de documentación para la transferencia y la transferencia misma forman parte de la obligación de entregar que pesa sobre la parte vendedora. De manera que los documentos habilitantes para perfeccionar la venta del bien constituyen verdaderos accesorios de éste, que por su naturaleza son fundamentales para que el adquirente pueda gozar del derecho transmitido (SCBA. 7.12.71, E.D, 45-451; CNCiv. Sala D, E.D,. 25-726; causa 107.505 del 28.5.09 rsd. 77/09 Sala IIª).

Por otra parte, no asiste razón a los apelantes cuando señalan que de ninguna manera los vendedores se comprometieron a entregar más documentación al actor que el propio boleto de compraventa, pues debe recordarse que al responder la demanda, la codemandada Marta L. Bresciani señaló, puntualmente a fs. 49, que en su momento había entregado al actor la pertinente documentación, extremo que no ha sido probado (art. 375 del CPCC) y que además revela una conducta contradictoria de su parte, desde que en aquella ocasión también dijo que por superar el buque las 10 toneladas, era menester la respectiva escritura pública de acuerdo con lo dispuesto por el art. 156 de la ley 20.094; como tampoco probó que el boleto de compraventa formalizado con el actor fuese en rigor la cesión del contrato celebrado con Juan Carlos Presta, pues nada de ello surge del contrato (arts. 354, 375 del CPCC). Y como el actor no puede probar un hecho negativo, es decir, aquello que no le fue entregado, debió la demandada cargar con la demostración de que la documentación pertinente para transferir la titularidad del buque fue oportunamente entregada al comprador.Es que obligar al actor a asumir la prueba de lo ha negado, sería tanto como someterlo a una llamada prueba diabólica, por tener que probar un hecho negativo, o sea, no acontecido (conf. causa nº D-3474-0, 30/8/2012 Sala IIª). Además, al absolver posiciones, la codemandada admitió no haber entregado al actor ninguna documentación fuera del boleto, añadiendo que al Sr. Presta los demandados se la habían adquirido de igual modo (pos. 5ª y 6ª fs. 133/134, art. 421 del CPCC). Por eso merece recordarse que es inadmisible la pretensión que importe ponerse en contradicción con los propios actos anteriores, jurídicamente relevantes y plenamente eficaces (doc. art. 1198 del C.Civil; SCBA. Ac. 33.130 del 5-2-85, Ac. 33.672 del 23-12-85; causas 107.351 rsd. 107.351 del 5.5.09 Sala IIª; 108.204 del 29-12-09 RSD 157/09 de la Sala IIIª).

En consecuencia, aunque el actor haya admitido que la titularidad de la embarcación no esté en cabeza de los demandados (v. fs. 130/132), lo concreto es que el agravio de éstos, relativo a que no incumplieron el contrato y a que en definitiva carecen de legitimación pasiva para transferir la titularidad del buque -trámite que, según dicen, debería reclamarse de otra persona-, no puede prosperar.

V.2) Concerniente a que el actor puede navegar el barco con el solo boleto de compraventa, implica desconocer que el objetivo del contrato celebrado entre las partes es la transferencia en plena propiedad del buque, para lo cual -según se explicó- se exige legalmente la pertinente escritura pública e inscripción registral; extremo éste cuya concreción, lógicamente, no puede condicionarse a ninguna sanción de la autoridad administrativa correspondiente. Y más allá de que el boleto de compraventa carece de fecha cierta (arts. 1034, 1035 del C.Civil), la prueba testimonial no es la idóne a a fin de acreditar el presupuesto invocado por los apelantes (art.376 del CPCC).

Aún así, cabe señalar que el testigo Juan C. Candeloro (fs. 141/142) declaró haber visto la embarcación hacía unos 5 o 6 años en el puerto de Tigre, agregando no haberla visto más y no saber dónde estaba. Y aunque añadió que con el boleto de compraventa podía obtenerse la documentación para navegar, lo concreto es que, en sintonía con lo dicho en el anterior acápite, el testigo Pedro D. Galloro (fs. 143/144) declaró que su barco cuenta con boleto de compraventa certificado por escribano público. No obstante, coincidió con el anterior testigo en que si bien había visto al actor navegando, al momento de declarar, respondió que no había visto a «Nenucho» haciéndolo, ya que no veía al barco en el puerto; más allá de haber estado amarrado -dijo- bastante tiempo en el mismo. Por su parte, el testigo Federico M. Nuñez (fs. 178/179), no fue claro a la hora de definir el lapso de navegación del buque (si se tienen en cuenta sus respuestas a las preguntas 1ª, 3ª y 6ª); pero agregó que si bien hasta hacía un tiempo era posible navegar con el recibo de compraventa, luego se comenzó a exigir la escritura original; habiendo aclarado que aquel recibo debía ser verificado por un escribano (arts. 384, 456 del CPCC).

En consecuencia, y sin perjuicio de cuándo el demandante reclamó formalmente la transferencia del dominio del buque, este otro agravio -como derivación del anterior- tampoco puede tener andamiaje.

V.3) La rebeldía no impone al juez una decisión favorable a las pretensiones del actor; sí lo autoriza para acceder a ellas si fueran justas y estuvieran acreditadas en forma (art. 60 del CPCC; SCBA., AyS. 1959-IV-96; causas nº 110.011 rsd. 164/10 del 2.11.10 Sala IIª; D-2446/2006 del 17/5/2012 RSD: 45/2012 Sala IIIª), más aún frente a un caso de litisconsorcio pasivo como se da en la especie (art.89 del CPCC). Y al margen de la rebeldía declarada respecto del litisconsorte Lorenzo A. Bresciani, en referencia a la documentación aportada a la demanda, conviene anticipar que el art. 354 inc. 1º del CPCC es claro al señalar que únicamente se tendrán por reconocidos los documentos atribuidos al demandado, y por recibidas las cartas y telegramas a él dirigidos (conf. causa 108.880 del 8-4-10 RSD 33/10 Sala IIIª).

En este aspecto, la interpelación extrajudicial es un acto jurídico unilateral y de carácter recepticio (conf. causa 98.924 del 20-4-06 RSD 78/06 de la anterior Sala IIª); pero las cartas documento obrantes a fs. 10/11, al no haber sido recibidas, como surge de las propias constancias de fs. 12/13, resultan inconducentes para poner en mora a los vendedores; y cuando se aceptó la eficacia probatoria de telegramas colacionados, lo fue bajo el presupuesto de que el interesado acompañe el acuse de recibo (CNCiv., sala C, 20-12-1961; L.L. 106-206; causas nº 110.842 r.i. 256/11 del 4.8.11 Sala IIª, 106.145 del 14-5-09 RSD: 37/09 B-2727-2006 del 06/03/2012 r.i.053/12 Sala IIIª).

No obstante, la notificación de la demanda es interpelación idónea para la constitución en mora (art. 509 del C.Civil; SCBA, Ac 48163 S 10-8-1993, «Cejas, Genoveva c/Cheops Construcciones S.A. s/consignación y escrituración», DJBA 145-126), sobre todo si la parte accionada, ante la demanda interpuesta, lejos de asumir su necesaria colaboración para la concreción de la transferencia dominial, negó y resistió estar obligada a ello.

De ahí que en el caso, los daños y perjuicios reclamados tengan que interpretarse como los producidos a causa de la mora incurrida en el pretendido cumplimiento del contrato debido a la falta de transmisión de titularidad del buque (arts. 505 inc.3º, 511, 519, 628 del C.Civil, 509, 510, 511 del CPCC).

Así, uno de los efectos que provoca la mora del deudor es el nacimiento de la obligación de indemnizar daños moratorios, por cuanto la mora no supone, en principio, el incumplimiento definitivo de la obligación, sino que es posible aún el específico; cesando los efectos de la mora del deudor fundamentalmente por el cumplimiento de su obligación principal (conf. Belluscio-Zannoni, «Código Civil Anotado», Tº 2, págs. 592/593, Ed. Astrea). La mora es un estado o situación que, una vez constituida, subsiste hasta que el moroso satisfaga la obligación (SCBA., Ac. 45.813 del 3-12-91, en «Ac. y Sent.» 1991-IV, 332); porque aún después de constituido en mora, el deudor conserva el derecho a satisfacer la prestación debida (art. 505 inc. 1º C.Civ., causas nº 110.318 y 110.323 RSD 43/11 del 13.4.11 Sala IIª).

Mas la procedencia de la acción de daños y perjuicios derivados de una relación contractual requiere la demostración del incumplimiento denunciado, la del daño, y la del nexo de causalidad entre éste y la obligación incumplida, pues ninguno de estos extremos se presume (art. 375 del CPCC; CAZEAUX-TRIGO REPRESAS, «Obligaciones», I, 316/317; GOLDENBERG, «La relación de causalidad en la responsabilidad civil», pág. 221; causas 101.002 del 6-6-06 RSD 127/06 de la anterior Sala IIª; 107.963 del 22-10-2009 RSD: 121/09 de la Sala IIIª). De allí que el menoscabo causado por el incumplimiento de una obligación contractual debe ser probado por quien lo invoca, y el daño debe ser cierto (conf. causas 107.505 del 28.5.09 rsd.77/09 Sala IIª; 106.180, 106.181 y 106.179 del 5-5-09 RSD 27/09 de la Sala IIIª).

Por consiguiente, asiste razón a los recurrentes cuando señalan que el rubro daño patrimonial no pudo indemnizarse sobre la base de un presupuesto desconocido y no autenticado; como de idéntico modo, tampoco pudo, sobre presupuestos, resarcirse el presunto daño gastos.

En efecto; los presupuestos acompañados a la demanda no constituyen instrumentos atribuidos a los demandados; y aún cuando hubieren sido reconocidos por sus emisores mediante la vía adecuada -que no es el caso (arts. 394 y ss. del CPCC)-, no sirven para demostrar la naturaleza del daño ni la extensión del mismo, ni obviamente el desembolso de las cifras presupuestadas; tan sólo constituyen elementos indiciarios sobre determinadas estimaciones de gastos (arts. 163 inc. 5º, 384 C. Procesal; causas 106.500 del 18.12.08. RSD 16/08 Sala IIª; 106.193 RSD 4/09 Sala IIIª). Y en el caso, el presupuesto de fs. 8 (por $30.700) fue extendido el 26.8.2004, es decir, cuando los demandados no estaban en mora respecto de la obligación que el actor les atribuyó incumplida, tratándose de un presupuesto para reparar el buque -en cuyo caso debe recordarse que en el boleto de compraventa su estado fue descripto como bueno-; por lo que es claro que el pretendido daño carece de relación causal con la prestación debida. E igual suerte debe correr el daño «gastos», indemnizado en $3.000 sobre la base de los presupuestos de fs. 2/7, que habrían sido extendidos con el objetivo de contratar fletes, pero durante el año 1999, es decir, cuando no había mora de los demandados, desde que el comprador -no previendo el boleto de compraventa nada acerca del plazo ni demás cuestiones para el perfeccionamiento de la transferencia- debió instarla formalmente, lo que no puso de relieve sino hasta la notificación del presente reclamo judicial.Ni por ende es dable presumir que esos presuntos fletes o transportes hubieran tenido que necesariamente efectuarse por no poder realizárselos con el buque adquirido (arts. 508, 511, 901 y cc. del C.Civil, 163 inc. 5º, 354 inc. 1º del CPCC).

Por lo tanto deben dejarse sin efecto las indemnizaciones establecidas en concepto de «daño patrimonial» y de «gastos realizados».

Por otra parte, lucro cesante es la efectiva privación de una ganancia o ventaja esperada en que ilegítimamente resultó frustrado el damnificado; su procedencia requiere la prueba razonable de que tal privación ha existido (conf. SCBA. AyS 1966-II-227; causas 53.996 del 18.6.91 de la anterior Sala IIª; 108.084 del 2-11-09 RSD 131/09 Sala IIIª). Así, quien reclama el lucro cesante debe aportar los elementos de prueba que demuestren su alcance, o por lo menos, lleven al ánimo del juzgador la convicción de que una ventaja no se produjo por haberlo impedido el responsable del daño (conf. causas 88.844 del 18.12.01 de la anterior Sala IIª; 108.084 del 2-11-09 RSD 131/09 Sala IIIª).

Mas si a partir del reclamo fehaciente, la demandada ha demostrado incumplir su obligación de transferir el dominio del buque, entonces procede el lucro cesante, pues debe colegirse que el actor no pudo explotar el bien; no pudiéndose desconocer las características de la embarcación: buque mercante, destinado al transporte de mercaderías y cargas y por consiguiente a desarrollar actividad comercial, lo cual evidencia que no se lo compró sino para lucrar, siendo la compraventa del buque un acto de comercio (arts. 8 incs. 1º, 5º, 7º , 216, 218 inc. 5º del C. Comercio). Y esta conclusión se apoya en que la indemnización del lucro cesante tiene su fundamento y límite en la probabilidad objetiva, cierta y suficiente que resulta del curso natural y ordinario de las cosas (arts. 519, 520 , 901, 903 del C.Civil).

En este sentido, el testigo Juan C. Candeloro (fs. 141/142) declaró que el destino de la embarcación de que se trata en autos es transportar maderas y productos, básicamente mimbre. Por su parte, el testigo Pedro D. Galloro (fs. 143/144) señaló haber hecho fletes y transportes de maderas y juncos para el actor; puntualizando que cada transporte costaba entre $500 y $600, y que en promedio ha hecho transportes para aquél a razón de un viaje mensual; agregando a su vez que el demandante empleaba el barco para transportar juncos y maderas que compraba. Por su lado, el testigo Federico M. Nuñez (fs. 178/179) dijo que el actor se dedicaba a la compraventa y al transporte de juncos. Y el testigo Curt R. Wallner (fs. 201/202) dijo que el actor compraba juncos y maderas, y que le hizo unos 4 o 5 viajes a un costo de entre $500 y $600 cada uno (arts. 384 , 456 del CPCC).

La falta de prueba directa de la dimensión económica del lucro cesante, pues, no significa que no lo hubo (conf. causa 86.819 del 18.9.01. de la anterior Sala IIª), pero la ausencia de precisión de la prueba evaluada, sumada a que el actor es evidentemente un comerciante, determina que la indemnización deba fijarse parsimoniosamente y en desmedro de quien tenía la carga de probar la precisa entidad del daño (arts. 165, 375 CPCC; causas nº 109.852 rsd.150/10 del 9.11.10 Sala IIª; 106.193 del 17.2.09 RSD 4/09 Sala IIIª).

En consecuencia, por los argumentos enunciados, debe admitirse parcialmente el agravio de los apelantes en el aspecto tratado; y considerando que la indemnización otorgada por lucro cesante ($70.000) resulta elevada, propongo reducirla a la suma de $36.000 (pesos treinta y seis mil).

No siendo necesario tratar más cuestiones que las conducentes a la adecuada solución del pleito, con las modificaciones propuestas, voto por la afirmativa.

A la misma cuestión, el señor Juez doctor Krause por iguales consideraciones, votó también por la afirmativa.

A la segunda cuestión, la señora Jueza doctora Soláns, dijo:

Dada la forma como se ha resuelto la cuestión anterior, corresponde, a) modificar la sentencia apelada en el sentido de reducir la indemnización fijada a la suma total de $36.000 (pesos treinta y seis mil), b) confirmar el pronunciamiento apelado en todo lo demás que decide y ha sido materia de agravios. Las costas en esta Alzada se imponen a las demandadas sustancialmente vencidas (art. 68 del CPCC), postergándose la regulación de honorarios (art. 31 , D.L. 8904).

ASI LO VOTO.

A la misma cuestión el señor Juez doctor Krause por iguales motivos votó en el mismo sentido.

Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:

S E N T E N C I A

Por ello, en virtud de las conclusiones obtenidas en el Acuerdo que antecede y de los fundamentos expuestos en el mismo, a) se modifica la sentencia apelada en el sentido de reducir la indemnización fijada a la suma total de $36.000 (pesos treinta y seis mil), b) se confirma el pronunciamiento apelado en todo lo demás que decide y ha sido materia de agravios. Las costas en esta Alzada se imponen a las demandadas sustancialmente vencidas (art. 68 del CPCC), postergándose la regulación de honorarios (art. 31, D.L. 8904).

Reg., not. y dev. María Irupé Soláns

Juez

Juan Ignacio Krause

Juez

Guillermo D. Ottaviano

Secretario

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: