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Responsabilidad del camionero y de la empresa titular registral del vehículo al girar en U en un lugar donde esta prohibido

Camion IIPartes: M. L. E. y ot. c/ R. F. L. y/u ot. s/ | daños y perjuicios

Tribunal: Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual de Rosario

Fecha: 18-feb-2013

Cita: MJ-STF-M-6618-AR | STF6618 | STF6618

El responsable del siniestro fue el conductor del camión que giró en U en un lugar donde no se encontraba permitido y dicha responsabilidad alcanza también a la empresa codemandada en su carácter no negado de titular registral del camión conducido por el primero en virtud de lo dispuesto por el art. 1113 CCiv.

Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar a la demanda por daños y perjuicios promovida contra el conductor de un camión y contra la empresa de transportes dueña del mismo en virtud de que el camión se posicionó en la banquina y efectuó un viraje a la izquierda en U para retomar la autopista en sentido contrario lo que motivó que el actor no pudiera evitar la colisión.

2.-La víctima puede continuar el proceso civil iniciado en el que se persigue su resarcimiento no obstante la probation dispuesta en beneficio del demandado, no subsistiendo en el caso la regla de prejudicialidad del art. 1101 del CCiv.

3.-No habiendo contestado la demanda los codemandados pese encontrarse debidamente notificados corresponde hacer efectivo el apercibimiento contenido en el art. 143 , CPCC, resultando por tanto, aplicable la presunción iuris tantum de reconocimiento de los hechos invocados por la parte actora en sustento de su pretensión.

4.-La responsabilidad objetiva fundada en el art. 1113, 2° párr. , CCiv., resulta claramente aplicable a las colisiones entre dos o más vehículos, ya que el choque que los puede dañar no destruye los factores de atribución de la responsabilidad al dueño o guardián de las cosas intervinientes activamente en la producción del daño.

5.-No incumbe al actor la prueba fehaciente de violación reglamentaria alguna por parte de la contraria, sino que le basta con acreditar la existencia del nexo causal adecuado entre la cosa riesgosa y el daño, correspondiendo a la parte demandada que pretende liberarse de responsabilidad demostrar la culpa de la víctima, de un tercero, o el caso fortuito, siempre que revelen aptitud para interrumpir o interferir tal nexo.

6.-El daño patrimonial en sentido estricto se traduciría en la concreta pérdida patrimonial -laboral- sufrida por los actores o que sufrirán en el futuro a raíz de sus padecimientos psicofísicos.

7.-Toda lesión de carácter permanente, ocasione o no un daño económico, debe ser indemnizada como valor del que la víctima se vio privada, aun cuando no ejerciera ninguna actividad lucrativa, puesto que la reparación comprende no sólo el aspecto laborativo sino también todas las consecuencias que afectan la personalidad íntegramente considerada.

8.-La incapacidad física se traduce, por un lado, en la minoración de las posibilidades de ganancias, connatural con el ser humano en el empleo de sus energías, y por otro, relacionado con las restantes actividades de la persona humana, disminuidas o perdidas por una incapacidad transitoria o permanente.

9.-Toda disminución de la integridad física humana es materia de obligado resarcimiento, mas debe puntualizarse que el resarcimiento por incapacidad es otorgado teniendo en mira la permanencia de la ineptitud y la pérdida para el futuro que incide negativamente en su vida.

10.-Se define al daño moral sufrido a consecuencia del siniestro, como una modificación disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, que se traduce en un modo de estar de la persona diferente de aquél en que se encontraba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial.

11.-La lesión o daño estético, la lesión o daño psíquico o psicológico, y el daño personal al proyecto de vida, son rubros a tener en cuenta para evaluar la entidad del perjuicio, pero cualquiera de éstos no configura un daño de distinta naturaleza, o con entidad propia, sino que al momento de fijar la cuantía de la indemnización, se los debe incluir dentro del daño patrimonial o moral, según los intereses afectados, en esto siguiendo la opinión de la doctrina en la materia.

Fallo:

Rosario, 18.02.2013.-

VISTOS: Los presentes caratulados «M., L. E. y Ot. c. R., F. L. y/u Ot. s. Daños y Perjuicios», Expte. Nro. 3181/2010, y sus acumulados «Me., A. L. y Otros c. R., F. L. y/u Otros s. Aseguramiento de Pruebas», Expte. Nro. 616/2009, y «M., L. E. y Ot. c. R., F. L. y/u Ot. s. Declaratoria de Pobreza», Expte. Nro. 422/2009, todos en trámite por ante este Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual de la Segunda Nominación de Rosario, venidos a despacho a fin de dictar sentencia, conforme se ordena a fs. 682 vta. de los citados en primer término, de los que surge lo siguiente.

1. A fs. 191 y ss., M. C. C., L. E. M. y A. L. Me., promueven demanda de indemnización de daños y perjuicios contra F. L. R. y/o Empresa de Transporte V. Hermanos S.A. y/o contra quien resulte civilmente responsable, tendente a la percepción de los siguientes rubros: daño personal patrimonial en sentido estricto; pérdida de chance laboral; daño patrimonial en sentido amplio; daño moral; daño personal al proyecto de vida; daño psicológico; gastos médicos y colaterales; privación de uso y gastos de garage.

Relatan que, en fecha 30.11.2008, siendo aproximadamente las 22 horas, el coactor A. L. Me. circulaba a bordo de su automóvil Renault Megane dominio EFX 084, hacia el sur por la autopista Santa Fe – Rosario, llevando como acompañantes a los coactores M. C. C. y L. E. M. Al arribar a la altura del kilómetro 12, el camión Ford Cargo 1722 dominio HCX 876, con acoplado Hermann dominio HCX 877, de titularidad de la codemandada Empresa de Transporte V. Hermanos S.A. y conducido por el codemandado F. L.R., que circulaba en idéntico sentido que los actores, se posicionó en la banquina y efectuó un viraje a la izquierda en U para retomar la autopista en sentido contrario, conducta que se halla prohibida según la cartelería a la vista, lo que motivó que el actor no pudiera evitar la colisión.

Atribuyen responsabilidad en los términos de los arts. 1109 y 1113 , CC.

Peticionan citación en garantía de El Comercio Compañía de Seguros a Prima Fija S.A.

Fundan su derecho y ofrecen pruebas.

2. Citada y emplazada la parte demandada (fs. 224), a fs. 238 y ss. comparece y contesta demanda la codemandada El Comercio Compañía de Seguros a Prima Fija S.A., efectivizando negativa puntual de los hechos afirmados por la contraria en el escrito inicial, y acatando la citación en garantía que se le efectuara.

Reconoce la ocurrencia del hecho dañoso, así como las circunstancias de personas, tiempo y lugar.

Endilga culpa al coactor conductor A. L. Me., invocando que conducía a excesiva velocidad.

Ofrece pruebas.

3. A fs. 255 comparecen los codemandados F. L. R. y Empresa de Transporte V. Hermanos S.A.

4. Proveídas las pruebas (fs. 263) constan como producidas en autos las siguientes: a) informativas: Universidad del Centro Educativo Latinoamericano (fs. 292 y ss.), Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción de la Provincia de Santa Fe (fs. 298), Administración Federal de Ingresos Públicos (fs. 300), Mapfre (fs. 301), Centro de Ortopedia y Traumatología S.R.L. (fs. 305 y ss.), Previnca Seguros S.A. (fs. 337), Sistema de Urgencias del Rosafé S.A. (fs. 338), Burgoa Susana M. e Ibarra Carlos A. Sociedad de Hecho (fs. 360 y ss.), Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe (fs. 394 y ss.), Pinturas San Agustín S.R.L. (fs. 418), Registro del Estado Civil (fs. 419 y ss.), Registro General Rosario (fs. 465 y ss.), Sanatorio Los Arroyos (fs. 69 y ss. del Expte. Nro. 616/2009), Sanatorio Parque (fs. 369 y ss. del Expte.Nro. 616/2009), Centro Médico Paseo del Siglo (fs. 385 y ss. del Expte. Nro. 616/2009), y Hospital Escuela «Eva Perón» (fs. 423 y ss. del Expte. Nro. 616/2009); b) periciales: médica (fs. 308 y ss., fs. 314 y ss., y fs. 320 y ss., con aclaraciones a fs. 680), mecánica (fs. 352 y ss., observada a fs. 415 y vta., con respuesta a fs. 681 vta. y ss., y fs. 399 y ss. del Expte. Nro. 616/2009), y psicológica (fs. 364 y ss., fs. 372 y ss., y fs. 383 y ss., con aclaraciones a fs. 680 vta. y ss.); c) reconocimientos de documental: Ricardo Lisandro Coloccini (fs. 669), Ernesto Adrián Moretti (fs. 669 vta.), Hugo Alberto Randolino (fs. 670), Gabriel Martínez Lotti (fs. 670 vta.), Norberto Rubén Villarreal (fs. 671), Gabriel Héctor Moriconi (fs. 671 vta.), Carlos Pedro Ponti (fs. 672), Juan Impallari (fs. 672 vta.), Alejo Raúl Caraballo (fs. 673), Carlos García Beltrame (fs. 673 vta.), Ana Magdalena Stanicic (fs. 674), Roberto Ismael Denenberg (fs. 674 vta.), Alejandro Juan Jesús Zunin (fs. 675), Marcelo Alejandro Bergero (fs. 675 vta.), Roberto Ernesto Yanicelli (fs. 676), Roberto Pedro Nicolosi (fs. 676 vta.), Valeria Bibiana Martín (fs. 677), Pablo Esteban Barello (fs. 677 vta.), Miguel Ángel Tejo (fs. 678), Josefa Sánchez (fs. 678 vta.), Marcela Alejandra Napoleone (fs. 679), y Joaquín Andrés Rotundo (fs. 679 vta.); y d) instrumental: los caratulados «R., F. L. s. Lesiones Culposas. Víctimas: C., M. C., M., L. E. y Me., A. L.», Sumario Nro. 971/2011, que tramitara por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Correccional del Distrito Judicial Nro. 5 de la ciudad de Cañada de Gómez (en copias certificadas por cuerda).

Designada la audiencia de vista de causa (fs. 263) y habida la misma (según da cuenta el acta de fs. 669 y ss.), quedan los presentes en estado de emitir pronunciamiento definitivo.

Y CONSIDERANDO:

1.Cabe indicar, como previo al análisis de los hechos expuestos por la parte actora, que en el proceso penal se ha dispuesto la suspensión del juicio a prueba por el término de un año (Resolución Nro. 1360, de fecha 15.10.2012, que luce a fs. 35 y ss. del incidente correspondiente, firme a tenor del decreto de fecha 25.10.2012 obrante a fs. 40) en favor del codemandado F. L. R.

Sobre el particular cabe destacar, «en torno a la relación entre la probation y la prejudicialidad, que el art. 76 quater de la ley 24.316 que trata sobre el instituto de la «probation» o suspensión del juicio penal a prueba, dispone que dicha suspensión torna inaplicable al caso las reglas de la prejudicialidad de los arts. 1101 y 1102 del Código Civil, fijando de este modo una nueva excepción al principio de la prejudicialidad de la acción criminal. Si bien la sentencia a la que hace referencia el Código Civil no es condenatoria, la prejudicialidad prevista en el art. 1101 obstaría el dictado de la sentencia en sede civil, advirtiendo lo establecido por el art. 76 quater del Código Penal, de modo que la víctima se encuentra autorizada a continuar el proceso que iniciara, ya que el beneficio otorgado al imputado no puede perjudicarla, pues de subsistir la regla del art. 1101 debería congelar su pretensión resarcitoria «sine die», si no acepta el ofrecimiento que se le haga para aprobar la «probation»» (CCCTucumán, Sala II, 26.11.2002, in re «D’ELÍA de ZAMORA, Sandra c. PÉREZ, F. Eliseo», en Lexis Nexis Online, 25/8066).

De ello no puede sino extraerse que «la víctima puede continuar el proceso civil iniciado en el que se persigue su resarcimiento no obstante la «probation» dispuesta en beneficio del demandado, no subsistiendo en el caso la regla de prejudicialidad del art.1101 del Código Civil» (CNCiv., Sala F, 30.11.1999, in re «BELOQUI, Martín c. FEDULLO, Patricio», en JA 2001-III-202). Con similar fundamento, ha tenido oportunidad de expedirse este Tribunal en caso análogo (cf. «ROMERO, Ezequiel Ariel c. GATTI, L. Alberto s. Daños y Perjuicios», Sentencia Nro. 751, de fecha 16.04.2010).

2. No habiendo contestado la demanda los codemandados F. L. R. y Empresa de Transporte V. Hermanos S.A. pese encontrarse debidamente notificados (cf. comparendo de fs. 255), corresponde en principio hacer efectivo el apercibimiento contenido en el art. 143 , CPCC, resultando por tanto, aplicable la presunción iuris tantum de reconocimiento de los hechos invocados por la parte actora en sustento de su pretensión.

No obstante, atento a que la negativa efectivizada por la codemandada litisconsorte aprovecha a las no comparecientes, en la especie las cargas probatorias devienen inalteradas.

3. Por razones de índole metodológica, ha de continuarse por verificar la ocurrencia del hecho que se invoca como productor de los daños reclamados, para luego discurrir en la responsabilidad y la procedencia del resarcimiento, orden de análisis lógico, ya que no pueden evaluarse daños (en rigor, esto último luce inoficioso) si no se concluye antes el acaecimiento del suceso y la atribución de responsabilidad de la parte a la cual se le reclama su reparación.

3.1. En los presentes invocan los actores que, en fecha 30.11.2008, siendo aproximadamente las 22 horas, el coactor A. L. Me. circulaba a bordo de su automóvil Renault Megane dominio EFX 084, hacia el sur por la autopista Santa Fe – Rosario, llevando como acompañantes a los coactores M. C. C. y L. E. M.; y que, al arribar a la altura del kilómetro 12, el camión Ford Cargo 1722 dominio HCX 876, con acoplado Hermann dominio HCX 877, de titularidad de la codemandada Empresa de Transporte V. Hermanos S.A. y conducido por el codemandado F. L.R., que circulaba en idéntico sentido que los actores, se posicionó en la banquina y efectuó un viraje a la izquierda en U para retomar la autopista en sentido contrario, conducta que se halla prohibida según la cartelería a la vista, lo que motivó que el actor no pudiera evitar la colisión.

En sede prevencional narró el coactor A. L. Me. que «la noche del accidente yo iba circulando en mi vehículo particular marca Megane, color celeste, dominio EFX 084, e iba acompañado de mi pareja y su hijo, y lo hacíamos por la autopista Rosario Santa Fe en dirección al cardinal sur, y es que al llegar al kilómetro 12 aproximadamente, veo unas luces de un camión que estaba girando en U, atravesando la calzada por completo, por lo que inmediatamente al darme cuenta de que la calzada estaba obstruida intenté frenar, pero como estaba cerca no me dio la distancia para hacerlo y lo embestí en el acoplado, luego salgo del auto por mis propios medios y me arrastré como pude, vi que estaba gritando mi pareja que no podía mover las piernas, la veo que tenía un corte en la frente, luego llegó la ambulancia, luego soy trasladado en ésa hasta el Instituto Médico Regional de la ciudad de San Lorenzo (.) los tres íbamos con el cinturón de seguridad puesto (.) resulté lesionado en las costillas derechas, en el pecho, la cadera, la cervical, el cuello y en ambas rodillas (.)» (fs.19, Sumario penal).

Agregó luego en sede penal que «las luces que veo son las traseras del camión que me precedía en la marcha (.) recién cuando estoy a una distancia de unos ochenta metros veo que estaba cruzando el camión confundiéndose con el firmamento (.) la parte lateral del mismo se encontraba prácticamente perpendicular a la autopista (.) hice la única maniobra que creo podía realizar que fue intentar frenar, lo cual fue imposible detener mi vehículo totalmente dado la corta distancia que existía, no obstante eso creo que con mi maniobra logré amortiguar bastante el golpe, aunque fue muy fuerte y que produjo igualmente la destrucción total del vehículo (.) impacto con mi parte frontal con la parte delantera del acoplado entre la boquilla y las duales delanteras del mismo, que me arrastró hacia la banquina, ya que iba circulando por el carril rápido de la autopista al momento del hecho, donde pude a duras penas desprenderme el cinturón de seguridad y salir del vehículo cayéndome, quedando atrapado mi acompañante L. y mi pareja (.) creo que la situación pudo haber sido aun más grave si el chofer no logra sacar tanto a L.como a mi pareja, ya que el auto tenía probabilidades ciertas de incendiarse, prueba de ello es que el mismo conductor apagó con el extintor un principio de incendio en mi vehículo (.) la noche era normal y las banquinas estaban un tanto barrosas, ya que había llovido días antes (.) el pavimento estaba en buenas condiciones (.) venía circulando con mi vehículo a una velocidad reglamentaria, de unos 115 a 120 km./h., caso contrario creo sin duda alguna que la magnitud del accidente hubiera sido aun mucho mayor (.) el camión tenía las luces traseras encendidas por las cuales me guío, y en los costados tenía luces tenues confundiéndose con el resplandor que provenía de la otra mano de circulación de la autopista (.) no alcancé a ver las bandas refractarias que tenía el acoplado, que las veo en el momento en que las luces llegan a refractarlas (.)» (fs. 48 y ss., Sumario penal).

El coactor L. E. M. explicó que «la noche del accidente yo iba junto a mi mamá y su pareja, en el vehículo de la pareja de mi madre, siendo éste un Megane color celeste, dominio EFX 084, y lo hacíamos por la autopista Rosario Santa Fe, en dirección al cardinal sur, y es que al llegar al kilómetro 12 aproximadamente, vemos las luces de un camión que estaba girando en U atravesando la calzada por completo, por lo que la pareja de mi madre intenta frenar, pero como estaba cerca no le dio la distancia para hacerlo y lo embestimos en el acoplado, es allí que pierdo el conocimiento, hata la llegada de la ambulancia, luego soy trasladado en ésa hasta el Instituto Médico Regional de la ciudad de San Lorenzo (.) los tres íbamos con el cinturón de seguridad puesto (.) resulté lesionado en brazo derecho, múltiple fractura de costillas, en la nuca, el cuello, el pecho, la cabeza y la cintura (.)» (fs.20, Sumario penal).

Amplió luego ante el órgano jurisdiccional represivo que «no tuvimos tiempo a nada (.) la pareja de mi madre frena pero no puede evitar el impacto (.) era de noche y el camión quedó de costado y se veían pocas luces (.) lo veo al momento en que empieza a cruzarse en la ruta y no nos dio tiempo a nada más de lo que se intentó (.)» (fs. 46, Sumario penal).

Finalmente, la coaccionante M. C. C. expresó que «el día 30 de noviembre de 2008, aproximadamente a las 22.30 horas, veníamos circulando por la autopista Santa Fe Rosario, en dirección a esta última ciudad, a bordo del Renault Megane de mi pareja A. L. Me., quien conducía el mismo, haciéndolo como acompañante mi hijo L. y yo en la parte trasera detrás de él. Fue así que casi llegando al kilómetro 12 vemos un camión de gran porte cruzado en la autopista donde íbamos. Mi pareja intenta frenar pero dada la corta distancia no puede evitar el tremendo impacto contra el camión, a raíz del cual quedé atrapada entre el asiento delantero que se vino para atrás y el trasero, sujetada por el cinturón de seguridad. Me acuerdo que me sacaron, me dejaron sobre el pasto y que ya no sentía mis piernas. Después sé que me llevó una ambulancia hasta el Hospital Baigorria y que tuve fracturas expuestas de fémur en ambas piernas, gran pérdida de masa muscular con exposición del hueso a nivel de la tibia de la pierna izquierda y un fuerte traumatismo y corte importante en la frente y nariz donde me aplicaron varios puntos de sutura (.)» (fs. 31, Sumario penal).

3.2. La demandada, a su turno, reconoce la ocurrencia del hecho dañoso, así como las circunstancias de personas, tiempo y lugar, y endilga culpa al coactor conductor A. L. Me., invocando que conducía a excesiva velocidad.

Ante la autoridad policial declaró el hoy codemandado F. L. R., aseverando que «soy chofer de la empresa V.Logística ciudad Daireaux, Provincia de Buenos Aires, y en la fecha siendo aproximadamente las 22 horas me encontraba conduciendo el camión marca Ford Cargo 1722, color blanco, dominio HCX 876, con el acoplado marca Hermann, color blanco, dominio HCX 877, el cual contiene soja en su interior, y lo hacía por la autopista Rosario Santa Fe en dirección al cardinal sur, y es que al llegar al kilómetro 13 aproximadamente de dicha autopista, me di cuenta de que iba en dirección contraria a la que debía ir, por lo que disminuyo la velocidad, me orillo a la banquina, miro por el espejo retrovisor en dos oportunidades y al ver que no circulaban vehículos en ese momento me dispongo a cruzarme al carril contrario para así poder llegar al lugar de destino, siendo éste la ciudad de Timbúes, en momentos en que me encuentro cruzando el cantero central de la autopista ya con el chasis y tres cuartas partes del acoplado sobre el cantero central, de repente escucho un ruido que provenía del carril que estaba dejando, veo una luz y luego escucho un impacto en el acoplado del camión, inmediatamente desciendo del camión y veo un vehículo marca Megane, color celeste, el cual se encontraba incrustado en el medio del acoplado, enseguida procedo a sacar a los ocupantes del vehículo, una vez que los saqué comenzó a incendiarse la parte delantera del vehículo Megane, por lo que regreso al camión, busco el matafuegos y extingo el foco ígneo, posteriormente llamé a la ambulancia y a la policía (.)» (fs. 6, Sumario penal).

En sede penal aclaró que «leída que me fuera mi declaración hecha en sede policial, debo decir que en la misma dice que el acoplado estaba 3/4 sobre la cinta asfáltica y no es verdad, que el acoplado no estaba en la cinta asfáltica. Que eso es lo único que estaba cambiado de la declaración, que el resto está bien (.) la noche era oscura, no había niebla ni nada.Que cuando inicio la maniobra no veo ninguna luz. Que en ese momento no había mucho tráfico, que yo giro porque sobre mi mano no veo a nadie, que si no no giro. Que igualmente me tiro bien a la banquina, que pongo luz de giro y cuando voy a pasar para la otra mano veo que de la mano a la que voy a ingresar venían vehículos, por lo que freno y entonces, cuando espero, y cuando voy a mover nuevamente el camión siento un ruido y miro para la mano mía y miro para los dos lados y después veo una luz amarilla en la mano norte sur y sentí el impacto. Que en ese momento saco el cambio, pongo freno de mano, me bajo y saqué a los tripulantes, primero saco al conductor y me dice mi señora, a la que no la vi, que cuando saco al acompañante siento que habla la mujer y abro la puerta de atrás y la saco. Que en ese momento veo que se está prendiendo fuego el auto, que había chispas y humo debajo del capot, saco el tercer tripulante, voy hasta el camión y agarro el extintor y apago el fuego. Me acerco a la mujer, me saco la musculosa ya que ésta sangraba en la cabeza y luego, la gente que se empezó a agolpar en el lugar me dice que se prendía de nuevo el auto y como no podemos abrir el capot del auto, me subo al camión y doy marcha atrás y en ese momento, la trompa del auto me rompe una boquilla de la parte delantera del acoplado. Que corrí el equipo aproximadamente unos tres metros (.)» (fs. 56 vta. y ss., Sumario penal).

3.3. De las constancias probatorias rendidas, que se evaluarán bajo la perspectiva de dilucidar sólo los aspectos controvertidos dado que las cuestiones admitidas no requieren prueba (arg. art. 145 , CPCC; cf. C.S.J.P.S.Fe, 29.12.1993, in re «MEDINA, Santa Teresa c. Techint S.A.-Daños y Perjuicios- s. Recurso de Inconstitucionalidad», en A. y S., tomo 105, págs. 207/212), surge lo siguiente.

La inspección ocular practicada por la preventora evidenció que «la Autopista Rosario Santa Fe (.) es de asfalto en buen estado de mantenimiento, se encuentra trazada de norte a sur, cuenta con dos carriles para la circulación de vehículos los cuales se encuentran separados por un amplio cantero central, posee además banquinas al este de la mano sur norte y al oeste de la mano norte sur, careciendo de iluminación, y el lugar donde se produjo el hecho que nos ocupa es en el kilómetro 13, donde podemos observar un camión marca Ford Cargo 1722, color blanco, dominio HCX 876, con acoplado marca Hermann, color blanco, dominio HCX 877, el cual se encontraba atravesado en el cantero central de la Autopista Rosario Santa Fe, con su parte delantera orientada hacia el cardinal es te, quedando parte de la cabina del camión sobre la mano sur norte y la parte trasera del acoplado sobre la mano norte sur de dicha autopista (.), mientras que en el cantero central se observa el otro vehículo interviniente, tratándose de un automóvil marca Megane, color celeste, dominio visible EFX 084, el cual se encuentra con su parte delantera orientada hacia el cardinal sur e incrustada en la parte media del acoplado, presentando su parte delantera completamente abollada, rotura de parabrisas delantero, puerta delantera del lado del acompañante totalmente dañada (.)» (fs. 2, Sumario penal).

Practicado examen mecánico al vehículo en el que transportaban los actores, se evidenció «Roto: parabrisas, batería, vidrio de puerta delantero derecho, paragolpes delantero, parrilla, luces delanteras, radiadores, electroventilador, tacos de motor, alternador, carcasa de la distribución del motor, asiento delantero derecho y otros elementos que no se pueden verificar a simple vista. Abollado: capot, techo, guardabarros delanteros, puertas delanteras, frente delantero, puerta trasera derecha. Doblado: parantes delanteros de techo, chasis en la parte delantera. El sistema de frenos, dirección y eléctrico se encuentran afectados por la magnitud de la colisión.El sistema de airbag funcionó correctamente. El automóvil presenta un impacto en la parte delantera derecha, de importante consideración, pudiendo tener otros deterioros de importancia no verificables a simple vista» (fs. 33, Sumario penal), mientras que respecto del rodado de la demandada se constató en el acoplado «Roto: guardabarros delantero izquierdo, tapa de la boquilla lado izquierdo. Raspado: lateral izquierdo en la parte media del acoplado. Cubierta delantera izquierda marcada con pintura azul» (fs. 34, Sumario penal).

Sobre la dinámica siniestral concluyó el perito mecánico que «la maniobra en «U», a más de anti-reglamentaria, fue realizada en conducción nocturna, que representa grave impedimento para el dominio pleno del campo visual, además debía atravesar el bado central conduciendo camión y acoplado, que representa un movimiento univehicular articulado con 18,90 metros de longitud, (.) agregando a la manifiesta inseguridad ambiental la inseguridad vial, porque la maniobra (.) tenía que superar la sinuosidad del bado central para cambiar carriles al sur por carriles al norte (.), se destaca que el trance de cruce bado central, lentifica y cuasi detiene el giro inicial» (punto 11, fs. 416 vta., Expte. Nro. 616/2009), que «La dinámica del suceso es consecuente con la maniobra en «U» realizada por el conductor del equipo para transportes de cargas, mediante la cual se interpone a la circulación del automóvil Renault que lo hacía por el carril de velocidad máxima autorizada para automóvil circulando por autopista, esto es: 130 km./h. (.). A la luz de los resultados, dicha maniobra en «U» evidencia que ha sido efectuada sin tener dominio dimensional pleno de la aproximación del automóvil (.)» (punto 4, fs. 417 y vta., ídem), que «No está habilitado circular en «U» y en este aspecto, a fs. 51 se inserta una copia de la documental cuyo original se reserva en Secretaría, señal vertical ubicada precisamente entre el km. 13 y km. 12 Autopista Santa Fe Rosario» (punto 6, fs.417 vta., ídem), que el demandado realizó «no sólo una maniobra prohibida sino más que nada, compleja y de altísimo riesgo» (fs. 418, ídem), que el demandado careció «de contraste dimensional, porque sólo puede percibir reflejos de luces que aparentemente pueden estimarse lejanas y a esa dificultad agrega que cuando comienza el giro pierde toda visión y gobierno del panorama posterior antes avizorado» (punto 7, ídem), que «la maniobra en «U» completa, hasta que el equipo se detuvo como consecuencia del suceso, se estima en aproximadamente 32,4 segundos» (punto 7, fs. 418 vta., ídem), y que la velocidad del Renault en que se transportaban los actores, previo a la maniobra de frenado, ascendía a 115,272 kilómetros horarios (punto 8, fs. 419, ídem; resultado al que se arriba también en autos principales a fs. 356 vta.).

Adicionó luego que el siniestro «ha sido producto derivado de una maniobra en «U» prohibida, con el agravante de haber sido desarrollada en circulación nocturna, donde el campo visual que se avizora desde el habitáculo de conducción es inseguro cuando el que pretende realizar la maniobra tiende a dimensionar a qué distancia se encuentran los que lo hacen circulando por detrás del conducido. Además, mayor es el riesgo de semejante maniobra si se tiene en cuenta que el vehículo concausante es un compuesto unidimensional chasis tractor y acoplado, con una longitud de 18,90 metros aproximadamente.Que la topografía sinuosa a superar transportando un cargamento de aproximadamente 35 TT también incide como para realizar una maniobra en «U» sin tener seguridad previa (.). Los estudios realizados y los hechos materializados señalan que el vehículo Renault lo hacía circulando dentro de un rango de velocidad reglamentaria para esa zona de la autopista (.). Los cálculos realizados indican que (.) lo hacía circulando a poco más de 115 km./hora, momento en que el conductor automovilista al ver interferida la circulación por estar atravesado el acoplado sobre los carriles con tránsito al sur, aplica frenos y ulteriormente deriva su dirección hacia la izquierda (.) exponiendo el sector fronto angular derecho de su conducido, impacta contra la dual delantera izquierda del acoplado, esto permite deducir presuntiva y técnicamente que el automovilista maniobra en procura de evitar pasar por debajo del acoplado, originándose el efecto «tijeras» de lateralización de impactos y sucesivo arrastre, derivado de la combinación de movimientos, dado que el conductor camionero detuvo su conducido recién después del impacto choque (.). [En cuanto al tiempo para realizar la maniobra en «U»], según el análisis cronológico efectuado se estima en aproximadamente 32,4 segundos» (fs. 419 vta., ídem).

En síntesis, advirtió el experto que el automóvil que transportaba a los actores «lo hacía circulando a poco más de 115 km./hora, momento en que el conductor automovilista, al ver interferida la circulación por estar atravesado el acoplado sobre los carriles de tránsito al sur, aplica frenos y ulteriormente deriva su dirección hacia la izquierda (.). Así expone el sector fronto angular derecho de su conducido, impacta contra la dual delantera izquierda del acoplado (.)» (fs. 356 vta. de los principales).

Y si bien la pericial mecánica mereció observación por parte de la demandada (fs.415 y vta.), en oportunidad de la audiencia de vista de causa el auxiliar respondió ampliamente a los requerimiento efectuados por las partes y el Tribunal, aclarando que tuvo efectivamente en cuenta la pérdida de energía cinética derivada del impacto «al describir la parte de arrastre y desplazamiento definitivo» (fs. 682), asignándole un coeficiente de disipación de energía de 1,3 (ídem).

La atención médica brindada a los actores se encuentra acreditada a través de las informativas cursadas al Centro de Ortopedia y Traumatología S.R.L. (fs. 305 y ss.), al Sanatorio Los Arroyos (fs. 69 y ss. del Expte. Nro. 616/2009), al Sanatorio Parque (fs. 369 y ss., ídem), al Centro Médico Paseo del Siglo (fs. 385 y ss., ídem), y al Hospital Escuela «Eva Perón» (fs. 423 y ss., ídem).

4. Por la confirmación de la mecánica del accidente, de acuerdo a la prueba rendida dentro del proceso, ha de analizarse la responsabilidad siniestral.

4.1. La responsabilidad objetiva fundada en el art. 1113, 2° párrafo , Código Civil, resulta claramente aplicable a las colisiones entre dos o más vehículos -como la presentada en el sub examine-, ya que el choque que los puede dañar no destruye los factores de atribución de la responsabilidad al dueño o guardián de las cosas intervinientes activamente en la producción del daño.

De tal suerte, la existencia de un riesgo recíproco no excluye la aplicación de lo dispuesto por el texto normativo citado, sino que crea presunciones concurrentes que no dejan de gravitar sobre la solución del caso aun cuando se haya deducido sólo una pretensión resarcitoria (tesis sostenida en Francia por los hermanos Mazeaud y André Tunc, entre otros).

En tal sentido se ha perfilado la jurisprudencia en numerosos precedentes cuyos fundamentos los suscriptos comparten y a los cuales se remiten (cf. C.S.J.N., 22.12.1987, in re «E.N.Tel. c. Provincia de Buenos Aires», en LL 1988-D, pág.296; C.S.J.N., 10.12.1992, in re «DORALLO ROMERO, Ramón c. Ministerio de Salud y Provincia de Buenos Aires»; C.S.J.N., 14.10.1993, in re «PAPPIER, Federico R. c. Gobierno de la Provincia de Santa Fe», en Fallos 316:2344; C.S.J.P.S.Fe, 05.06.1990, in re «MARZANO, Manuel», en A. y S., tomo 81, págs. 210 y ss.; C.S.J.P.S.Fe, 28.12.1994, in re «MAUJO DEL RIEGO, Amador c. VULETICH, Horacio y otros», en A. y S., tomo 113, págs. 410 y ss.; C.S.J.P.S.Fe, 10.04.1996, in re «GULLO, Ángel José», en A. y S., tomo 125, págs. 420 y ss.; C.S.J.P.S.Fe, 04.12.1996, in re «SIMILI, Eduardo c. IZOLANI SETA, Rubén D.», en A. y S., tomo 132, págs. 351 y ss.), así como en la doctrina sobre el particular (ALTERINI, Atilio A.; «Presunciones concurrentes de causalidad en la colisión plural de automotores», en LL 1988-D, pág. 296; TRIGO REPRESAS, Félix A.; «Aceptación jurisprudencial de la tesis del riesgo recíproco en la colisión de automotores», en LL 1986-D, pág. 479).

Sobre la expresada base no incumbe al actor la prueba fehaciente de violación reglamentaria alguna por parte de la contraria, sino que le basta con acreditar la existencia del nexo causal adecuado entre la cosa riesgosa y el daño, correspondiendo a la parte demandada que pretende liberarse de responsabilidad demostrar la culpa de la víctima, de un tercero, o el caso fortuito, siempre que revelen aptitud para interrumpir o interferir tal nexo (C.S.J.N., 11.05.1993, i n re «FERNÁNDEZ, Alba Ofelia c. BALLEJO, Julio A. y Otra», en LL 1993-E, págs. 472 y ss.; C.S.J.P.S.Fe, 29.12.1993, in re «ESPÍNDOLA, Juan Lorenzo c. SANCHO, Miguel A. y Otros», en A. y S., tomo 105, págs.198 y ss.; C.S.J.P.S.Fe, 29.12.1993, in re «LEVY, Daniel», en A. y S., tomo 105, págs. 192 y ss.), lo cual no empece a la facultad del órgano jurisdiccional para realizar un análisis de la conducta del demandado (C.S.J.P.S.Fe, 05.08.1998, in re «LÁZZARI de MILANESI, Nora c. MESSULAM, Miguel Ángel y Otros», en A. y S., tomo 148, págs. 240 y ss.).

4.2. Del análisis de los elementos obrantes en autos, se evidencia sin sustento el reproche que la accionada pretendió endilgar a título de culpa al coactor conductor del Renault, A. L. Me., consistente en circular a excesiva velocidad.

En efecto, el art. 51, inc. d , Ley Nro. 24.449, expresamente estatuye que el límite máximo de velocidad para los automotores en autopistas es de 130 kilómetros horarios.

Y en la especie, el perito mecánico actuante concluyó que el citado rodado, previo a la maniobra de frenado, circulaba a 115,272 kilómetros horarios (punto 8, fs. 419, Expte. Nro. 616/2009; fs. 356 vta., Expte. Nro. 3181/2010), razón por la cual su conducción se encontraba dentro de los parámetros legalmente establecidos.

4.3. Por el contrario, existen ciertos incumplimientos por parte del coaccionado F. L. R., que corresponde sean merituados a los fines de ponderar su gravitación causal.

En primer término, que reconoció efectuar una maniobra prohibida, consistente en girar en «U» en una autopista, invadiendo los carriles de circulación rápida de ambas manos.

En casos con cierta analogía se ha dicho que el aspecto central «lo constituye el hecho de que el camión se interpuso como obstáculo en toda la ruta para efectuar un giro a la izquierda con invasión de la mano contraria. Tal maniobra es particularmente peligrosa y se potencia muy especialmente (.) cuando el que la ejecuta es un camión con acoplado.Se trata, ni más ni menos, que de una total obstrucción de las calzadas de circulación por varios segundos (.). Comparto (.) lo claramente violatorio del deber de cuidado de la maniobra y, en el caso, sumado a las características de los rodados que obligaban a quien conducía el pesado camión con acoplado, a extremar las precauciones frente [al] (.) conductor del vehículo que circula por la mano y que confía razonablemente en que no se efectuará una maniobra tan torpe y falta de cuidado, como girar a la izquierda e interponerse totalmente en la calzada (.). No integra ese cálculo el juego de ruleta de que si el tercero está atento en el exacto momento en que debe percibir el giro, rebaja, frena y maniobra correctamente, puede llegar a evitar el choque (.)» (CAPRos., Sala I, 07.07.1995, in re «PIERMATEI, Aldo Roberto s. Homicidio culposo y lesiones culposas graves», en Infojus J0900155), y que «estas maniobras de giro a la izquierda, sobre todo en rutas de doble mano donde se desarrollan altas velocidades, pueden estimarse como las que entrañan un mayor y más grave riesgo y peligro por la posibilidad de que el conductor interfiera el discurrir de los demás vehículos, de manera tal que, al intentarla o encararla, sobre todo teniendo en cuenta el porte, peso y dificultades de desplazamiento -en el caso de los camiones- (.) la más mínima transgresión a esas normas de cuidado que la propia maniobra exige, dejan clara la insoslayable responsabilidad por los accidentes ocurridos en su consecuencia» (CAPRos., Sala III, 28.07.1995, in re «ESPONDA, Juan José s. Homicidio y lesiones culposas», en Infojus J0900158).

Al respecto, el art. 77 de la Ley Nro. 24.449 advierte que constituyen faltas graves las que «violando las disposiciones vigentes en la presente ley y su reglamentación, resulten atentatorias a la seguridad del tránsito; [y las que] Obstruyan la circulación (.) Ocupen espacios reservados por razones de visibilidad y/o seguridad».

En decisión adoptada por este órgano jurisdiccional integrado (Nro.6804, de fecha 05.08.2009, in re «BOTTI, Gisela M. y Otro c. DE IPARRAGUIRRE, Juan M. y Otra s. Daños y Perjuicios», Expte. Nº 1107/05), se ha explicitado que el cantero central de las autopistas constituye espacio reservado por razones de visibilidad y/o seguridad, no correspondiendo en modo alguno que los automovilistas transiten tal sector.

Mas si con lo anterior no bastara, el art. 48, inc. d, prescribe que está prohibido en la vía pública «Disminuir arbitraria y bruscamente la velocidad, realizar movimientos zigzagueantes o maniobras caprichosas e intempestivas».

En segundo término, tal conducta fue desplegada en horario nocturno, siendo que el lateral del camión que atravesaba la calzada, no cuenta con iluminación adecuada que permita su percepción por parte de los automovilistas que circulan por la traza, generando por ende un mayor riesgo a la ya de por sí temeraria maniobra.

En tercer término, refirió el perito mecánico que el demandado contaba con visión reducida del entorno debido al posicionamiento del vehículo.

En cuarto término, el coaccionado reviste la categoría de conductor profesional, razón por la cual le resulta aplicable el art. 902 , CC, en cuanto a la exigibilidad de una conducta acorde a su formación.

4.4. Todo lo expresado conduce a este órgano jurisdiccional a entender que existe un único responsable en la causación del siniestro bajo examen, el codemandado F. L. R. (arts. 1109 y 1113 , CC), responsabilidad que alcanza también a la codemandada Empresa de Transporte V. Hermanos S.A. en su carácter no negado de titular registral del camión conducido por el primero (art. 1113, CC).

La presente decisión también se hará extensiva, en la medida del seguro pactado (art. 118 , Ley 17.418; cf. C.S.J.N., 29.08.2006, in re «VILLARREAL, Daniel A. c. FERNÁNDEZ, Andrés A. y Otros», en LL 2006-F, págs. 3 y ss.; C.S.J.N., 07.08.2007, in re «CUELLO, Patricia D. c.LUCENA, Pedro A.», en LL 2007-E, págs. 402 y ss.), a El Comercio Compañía de Seguros a Prima Fija S.A., quien acató la citación en garantía que le fuera efectuada (fs. 238).

5. Despejada la atribución de responsabilidad, debe pasarse revista a los daños cuya indemnización se demanda.

5.1. Acerca de los rubros daño personal patrimonial en sentido estricto, pérdida de chance laboral y daño patrimonial en sentido amplio cabe destacar lo siguiente.

5.1.1. Al argumentar la fundamentación de la pretensión resarcitoria, el curial de la parte actora, tomando como base la obra bibliográfica de Matilde Zavala de González («Daño a las Personas», tomo 2, pág. 23), señala que el daño económico o patrimonial es la incidencia disvaliosa del cuadro incapacitante que alcanza a la víctima y que repercute negativamente en esa esfera, entendiendo que el mentado perjuicio económico puede bifurcarse en dos direcciones: a) un daño patrimonial en sentido estricto -consistente en el concreto perjuicio laboral que padeció y padecerá el sujeto-; y b) un daño patrimonial en sentido amplio -configurado por el menoscabo producido en todas las esferas productivas del individuo, no ya sólo en lo estrictamente laboral-.

En tales términos, el daño patrimonial en sentido estricto se traduciría en la concreta pérdida patrimonial -laboral- sufrida por los actores o que sufrirán en el futuro a raíz de sus padecimientos psicofísicos.El daño jurídico a indemnizar en este tramo, no es otra cosa que la privación o disminución de ingresos laborales, que no se percibieron ni se percibirán por las víctimas en un futuro, computados desde el día en que los agraviados sufrieron las lesiones incapacitantes y hasta que se agote el plazo de su actividad productiva.

El segundo perjuicio de contenido económico, el daño material en sentido amplio, debería verse como el plexo de perjuicios económicos ocasionados a las víctimas a raíz de las lesiones incapacitantes sufridas, insertos en el amplio espectro del cercenamiento de la utilización productiva del físico y el psiquismo, utilización que supera -en mucho- el estricto marco laboral del individuo. O sea, se afirma que todo cercenamiento (parcial o total) de actividades recreativas disminuyen la potencialidad productiva de un individuo, puesto que menoscaban sus chances de superarse como persona y por tanto de obtener una plena inserción en el ámbito social, cultural y recreativo (entre muchos otros), áreas que, en definitiva, complementan en gran medida la aptitud estrictamente laboral y/o profesional de un individuo.

Se desprende de la lectura de la pieza inicial que entienden los actores que los efectos dañosos económicos puntualizados -daño patrimonial en sentido estricto y amplio- deben indemnizarse en forma separada.

5.1.2. Ahora bien, no puede dejar de señalarse que, en la evolución de la responsabilidad por daños, se ha dejado atrás la época en la cual la reparación de las lesiones requería, como condición indispensable, la demostración de la disminución de la capacidad laboral, y por ende la limitación de aptitudes para el trabajo o para el logro de un retribución económica por el fruto del esfuerzo humano.Esa cuestión es hoy sólo un segmento del tema indemnizatorio por lesiones, pero en forma alguna se opina que sea la única posibilidad jurídicamente admisible.

Doctrina y jurisprudencia han declarado reiteradamente, en tendencia seguida invariablemente por los suscriptos, que toda lesión de carácter permanente, ocasione o no un daño económico, debe ser indemnizada como valor del que la víctima se vio privada, aun cuando no ejerciera ninguna actividad lucrativa, puesto que la reparación comprende no sólo el aspecto laborativo sino también todas las consecuencias que afectan la personalidad íntegramente considerada.

O sea que, a nuestro entender, la incapacidad física se traduce, por un lado, en la minoración de las posibilidades de ganancias, connatural con el ser humano en el em pleo de sus energías, y por otro, relacionado con las restantes actividades de la persona humana, disminuidas o perdidas por una incapacidad transitoria o permanente.

De allí se extraen dos aspectos sobresalientes: a) el derecho a la reparación, como consecuencia de las lesiones sufridas, se fundamenta en el respeto a la personalidad íntegramente considerada, y b) ese daño y el derecho al resarcimiento consiguientes, son independientes de la existencia de una incapacidad laboral de cualquier tipo, que puede o no concurrir con el menoscabo de algún aspecto de la personalidad integral.

Así, el bien jurídicamente protegido no debe confundirse con el menoscabo producido al atacarlo: el bien no es el daño que su supresión produce, el bien que se repara son las consecuencias del ataque, para las cuales no hay reemplazo ni recuperación.

O sea que el daño patrimonial, en sus sentidos estricto y amplio, no difiere en esencia y extensión de las conceptuaciones que este Tribunal viene sosteniendo desde antaño como comprendidas dentro de la incapacidad sobreviniente, lo cual resulta acorde con la normativa a aplicar que no distingue las categorías enunciadas por el pretensor.

En efecto, el art.1068 , CC, gravita sobre ambos supuestos de reparación patrimonial, con referencia a los daños a la salud en atención al vocablo facultades que contiene la norma, sin efectuar clasificación alguna sobre el particular.

Así, indudablemente toda disminución de la integridad física humana es materia de obligado resarcimiento, mas debe puntualizarse que el resarcimiento por incapacidad es otorgado teniendo en mira la permanencia de la ineptitud y la pérdida para el futuro que incide negativamente en su vida. Y sabido es que la reparación del daño físico causado debe ser integral, es decir, que debe comprender todos los aspectos de la vida de un individuo o, en otras palabras, debe resarcir las disminuciones que se sufran a consecuencia del evento y que le impidan desarrollar normalmente todas las actividades que el sujeto realizaba, así como también compensar de algún modo las expectativas de logro frustradas.

Nótese que toda disminución de aptitudes laborativas no ha de medirse en relación a específica tarea desempeñada por la víctima, sino sobre la base de estándares jurídicos de normalidad, según el estado del sujeto previo al infortunio que genera el perjuicio (CNC, Sala H, Jurisp. Cám. Civ. Isis. Sum. 0010167), lo que conlleva que aun la circunstancia de que el damnificado hubiere continuado desarrollando la misma actividad con posterioridad al accidente, no obsta a la procedencia de la indemnización por incapacidad sobreviniente (CNC, Sala C, Jurisp. Cám. Civ.Isis, Sum.0008385).

Por todo ello consideramos, en plena consonancia con el codificador, que no cabe mandar indemnizar los rubros tal como los peticiona la parte actora, sino subsumirlos en lo que reiteradamente hemos encuadrado legalmente como daño material por incapacidad sobreviniente, teniéndose en cuenta para el resarcimiento toda la disminución de aptitudes o facultades que las lesiones importan y que supongan un daño patrimonial.

Es que la merma genérica de la capacidad funcional de la víctima es la expresión de las lesiones, como quebranto patrimonial indirecto derivado de las limitaciones físicas y psíquicas que son secuelas del accidente y que se proyectan sobre todas las esferas de la personalidad.

Entonces, mediante el rubro bajo examen, se indemnizará la merma que los damnificados, como consecuencia de las lesiones, sufren, sufrieron y sufrirán, con relación a todas las esferas de su personalidad, con excepción obviamente del daño moral que posee otra entidad.

5.1.3. Sentado lo antedicho, se indica que la invalidez física es un concepto médico antes que jurídico, ya que la captación normativa del complejo de hecho se integra también con las repercusiones que dicha minusvalía tiene en la capacidad de ganar dinero, que no es contemplado por la noción puramente médica (cf. LORENZETTI, Ricardo L., «La lesión física a la persona. El cuerpo y la salud. El daño emergente y el lucro cesante», en Revista de Derecho Privado y Comunitario, Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 1992, Nro. 1, pág. 101). Se configura cuando el ilícito deja una secuela irreversible que se traduce en disminución -total o parcial- permanente.

Es la línea básica del resarcimiento y, pese a la falta de mención en el art. 1086 , CC, se le considera incluida en el art. 1068, CC. De ahí que se haya ponderado que el evidente menoscabo anatómico y funcional, justifica por sí solo la indemnización del daño que tiene su fuente en el art. 1068, CC.La norma ha sido interpretada en el sentido de comprensiva de todos los supuestos susceptibles de reparación patrimonial, inclusive daños a la salud y a la integridad física.

Por ende, de acreditarse que las víctimas sufrieron una limitación funcional, igualmente se entiende producido un daño patrimonial que genera la obligación de indemnizar, aun cuando no hubieran tenido rentas, porque dicha indemnización tiene por finalidad cubrir no sólo las limitaciones de aquel tipo, sino también la proyección que aquéllas tienen con relación a todas las esferas de la personalidad.

También nos interesa destacar, frente a la tendencia al reconocimiento constitucional del derecho a la salud y al resarcimiento de daños como una de las técnicas de protección que se afirma en el Derecho comparado, que en nuestro sistema jurídico la situación es similar, puesto que, por imperio de la reforma constitucional de 1994, encontramos hoy el amparo establecido en el artículo 75, inciso 22 , CN, que refiere a convenciones internacionales a las que se les ha concedido jerarquía superior a la leyes, y que refieren al tema tratado (art. 1° de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; art. 3° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; arts. 41 y 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica-; art. 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo abierto a la firma en Nueva York el 19.12.1966; art. 12.1 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer; y arts.6.1, 6.2 y 27.1 de la Convención sobre Derechos del Niño).

Se considera entonces que la indemnización que se otorgue por incapacidad sobreviniente debe atender, primordialmente, al mantenimiento incólume de una determinada calidad de vida, cuya alteración, disminución o frustración, constituyen en sí un daño resarcible, conforme a una visión amplia del problema tratado.

Es sabido que, luego de la reforma de la ley 17.711 , el artículo 1083 , CC, dispone que el resarcimiento de los daños consistirá, en primer lugar, en la reposición de las cosas a su estado anterior. Pero cuando el perjuicio es padecido en algunos de los bienes, como la privación de la vida o de algunos aspectos que hacen a la integridad física o psíquica, a la salud, a la plenitud orgánica o funcional, a la vida de relación, u otros, tal reposición aparece como imposible, en la medida en que no se puede devolver la vida a quien se le ha quitado, restituir la capacidad mermada o la felicidad perdida. De ahí que, ante esta imposibilidad, sea de aplicación la previsión del mismo artículo 1083, CC, que manda fijar la indemnización en dinero.

5.1.4. Para cuantificar el daño producido por lesiones sufridas a raíz de un accidente, deben tenerse presentes las características personales de la víctima (C.S.J.P.S.Fe, 29.12.1993, in re «SULIGOY, Nancy Rosa FERUGLIO de y Otros c. Provincia de Santa Fe», en A. y S., tomo 105, págs. 171 y ss.), en cuanto a edad, sexo, estado civil, nivel de capacitación, para el supuesto de que realizara tareas remuneradas si lo hacía o no en relación de dependencia.Es decir, debe ponderarse con estas pautas el perjuicio económico que la víctima del hecho sufre por la incapacidad física que presenta.

A efectos de determinar el monto de resarcimiento por incapacidad sobreviniente, los fallos precedentes pueden ofrecer una ayuda o pauta de cuantificación, cuando se trata de casos análogos o casos próximos, reuniendo características similares en aquellas variables consideradas relevantes para la decisión judicial.

Repetidamente se hizo mención al criterio del Tribunal en la determinación del rubro en cuestión. Sin embargo, la actora pretende efectuar un razonamiento matemático a los fines de estimar su pretensión, procedimiento completamente ajeno al mandato del codificador y al utilizado por este órgano jurisdiccional.

Efectivamente, siguiendo la jurisprudencia más ampliamente difundida y, entre ella, la de los más altos tribunales a nivel nacional y provincial (véase C.S.J.N., 09.12.1993, in re «GÓMEZ ORUE de GAETE, Frida A. y Otra c. Provincia de Buenos Aires», en Fallos 316:2894; C.S.J.N., 11.05.1993, in re «FERNÁNDEZ, Alba Ofelia c. BALLEJO, Julio A. y Otra», en LL 1993-E, págs. 472 y ss.; C.S.J.N., 01.04.1997, in re «LACUADRA, Ernesto A. y Otros c. Nestlé Productos Alimenticios S.A.», en LL 1997-E, págs. 748 y ss.; C.S.J.N., 15.10.1987, in re «PRILLE de NICOLINI, G. c. S.E.G.B.A.»; C.S.J.P.S.Fe, 29.12.1993, in re «SULIGOY, Nancy Rosa FERUGLIO de y Otros c. Provincia de Santa Fe», en A. y S., tomo 105, págs. 171 y ss.; C.A.C.C.Ros., en pleno, 12.11.1992, in re «FRANCHI, Juan C. c. FERRER, Héctor R. y Otro», Acuerdo Nro.41; entre muchísimos otros), hemos reiteradamente descartado la aplicación de los criterios matemáticos a tal fin, ello sin perjuicio de la relevancia que en la cuestión tiene la ponderación de los ingresos de la víctima.

Lo expresado resulta por aplicación del dispositivo normativo del art. 1084, CC, el que consigna claramente que queda «(.) a la prudencia de los jueces, fijar el monto de la indemnización (.)», así como el del art. 245, C PCC, en tanto estatuye que «Cuando la sentencia contenga condenación al pago de (.) daños y perjuicios, (.) fijará su importe en cantidad líquida o las bases sobre que haya de hacerse la liquidación. De no ser posible determinarlas (.) establecerá prudencialmente su monto (.)». Nótese que el codificador se apartó de Freitas en este segmento (cf. Esboço, art. 3643, inc. 2°), pese a haberlo adoptado en sus manuscritos.

En relación al art. 245 , CPCC, se ha puntualizado que tal atribución «es de antigua data. Adviértase que las leyes 10 y 12, título 13 y la ley 43, título 14 de la Partida V, sentaban la doctrina de que corresponde el prudente arbitrio del juez estimar la valuación de los daños y perjuicios, cuando no pueden calcularse exactamente; doctrina que fue aplicada en las primeras decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación» (PEYRANO, Jorge Walter, «Estimación Judicial de los rubros inciertos», en JT-56, pág. 247).

En consonancia con lo merituado precedentemente, ha tenido oportunidad de expresar clara y contundentemente la Excma.Corte Suprema de Justicia de la Nación que «Respecto de la cuantía del resarcimiento (.) es improcedente computar las ganancias frustradas que la víctima podría haber obtenido durante el lapso probable de su vida pues tal criterio fue desestimado por el codificador al establecer el derecho a indemnización (.) y además porque la ley ha querido otorgar una reparación proporcionada a la pérdida sufrida (.) sin que resulten admisibles criterios matemáticos para graduar el monto de los perjuicios por este concepto» (C.S.J.N., 06.05.1986, in re «BADIALI, María R. c. Gobierno Nacional», en LL 1987-A, págs. 93 y ss.).

Y si bien no existe prescripción normativa que imponga el sometimiento de los Tribunales inferiores a los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no es menos cierto que «tal argumentación se traduce sin más en un distanciamiento evidente de la propia jurisprudencia del más Alto Tribunal de la Nación, sobre la fuerza vinculante de sus pronunciamientos» (C.S.J.P.S.Fe, 04.12.1996, in re «SIMILI, Eduardo c. IZOLANI SETA, Rubén D.», en A. y S., tomo 132, págs. 351 y ss.). Es que claramente se ha sostenido que no obstante que la Corte «sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos, y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquéllos» (cf.Fallos 25:364, 212:51, y 212:160). En tales términos «carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el Tribunal, en su carácter de intérprete supremo de la Constitución y de las leyes dictadas en su consecuencia» (Fallos 307:1094).

Tal vez resulte ocasión de recordar una reflexión del gran Albert Einstein, quien aseveró que «En la medida en que las proposiciones matemáticas se refieren a la realidad, no son ciertas, y en la medida en que son ciertas, no son reales» (citado por FERRATER MORA, José, «Diccionario de Filosofía», 4º edición, Madrid, Alianza, 1982, tomo 3, pág. 2132, voz «matemática»). El aserto indica que ni siquiera los científicos atribuyen a las proposiciones matemáticas elaboradas sobre datos reales la precisión que algunos operadores jurídicos pretenden darle. Así se ha dicho también que «la cantidad, en el ámbito de las ciencias matemáticas, no es considerada ontológicamente, es decir, desde el punto de vista de su existencia real, sino exclusivamente desde el punto de vista -valga la redundancia- cuantitativa. La relación, el orden, la posición, lo cuantitativo, proporcionan la materia prima y la trama en que adquieren vida los objetos del pensamiento matemático. Una esfera, tal como es definida en el mundo de las ciencias matemáticas, es un objeto ideal, un ente de razón, que no existe así en la realidad. La cantidad pura, despojada del lastre de la material sensible, se transforma en fuente de extraordinaria riqueza para que el espíritu descubra en ella esencias, propiedades relacionadas y condiciones que son independientes de toda experiencia» (GHIRARDI, Olsen, «Hermenéutica del saber», Madrid, Gredos, 1979, pág. 49). Así, si bien «la certeza metafísica engloba a las verdades matemáticas, porque expresan relaciones necesarias entre esencias abstractas» (VERNEAUX, Roger, «Epistemología general o crítica del conocimiento», Barcelona, Herder, 1975, pág.141), en nuestra materia, en cambio, la matemática no posee ese rango de certeza. No corresponde emplear en el caso un cálculo abstracto, propio de la matemática pura, de rigor cartesiano.

En tales circunstancias lo ha entendido la jurisprudencia mayoritaria (C.N.Fed.Civ. y Com., Sala 3ª, 16.10.1984, en JA 1985-II síntesis; C.N.Fed. Civ. y Com., 10.08.1984, en ED 112-110; LL 1979-B-563; LL 138-941; ED 102-330; JA 1981-A-263; LL 1987-B-588; C.A.C.C.Ros., Sala 3ª, en LL 117-837; entre muchos otros), refiriendo el más alto Tribunal local que «Resulta desaconsejable la utilización de fórmulas matemáticas para la determinación del resarcimientos por la pérdida de la vida humana, pues será el Tribunal en cada concreto y de acuerdo a las circunstancias, quien cuantificará el daño. Las fórmulas matemáticas tienen carácter meramente orientador y auxiliar, y el rol fundamental lo desempeña el juzgador, que debe descartar los criterios exclusivamente económicos, evaluando las circunstancias personales de la víctima y de los damnificados, mediante una comprensión integral de los valores materiales y espirituales en juego, y tendiendo a su reparación integral» (C.S.J.P.S.Fe, en A. y S., tomo 40, pág. 41).

También la doctrina ha reafirmado la posición antedicha, explicando que la indemnización no puede «ser el producto de un cálculo matemático exacto y el salario de la víctima es sólo un índice para fijar el resarcimiento, que debe ser guiado por el principio de evaluación en concreto, teniendo en cuenta todas las circunstancias derivadas particularmente de los hechos juzgados» (MOSSET ITURRASPE, Jorge, «El valor de la vida Humana», 2da. edición actualizada, pág. 200).

5.1.5. En cuanto a las condiciones personales, ha de considerarse lo siguiente.

La coactora M. C. C., que contaba con 55 años de edad al momento del accidente (fs.31, Sumario penal), declaró ser de estado civil divorciada (ídem), unida de hecho con el coactor A. L. Me. (fs. 463), acreditó ser madre de tres hijos (fs. 419 y ss.), desempeñarse como docente de enseñanza media (cf. informativa del Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe, a fs. 394 y ss.), percibiendo un ingreso de $ 7.983,47.- (fs. 399), y ser cotitular de propiedad inmobiliaria (fs. 466), porta un 70 % de incapacidad física (punto 5, pericial médica, a fs. 323 vta.).

A su turno, el coactor L. E. M., que contaba con 28 años de edad al momento del accidente (fs. 20, Sumario penal), declaró ser de estado civil soltero (ídem), acreditó ser estudiante de la carrera de Contador Público en la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano (fs. 292 y ss.), desempeñarse a la fecha del siniestro en Pinturas San Agustín S.R.L. percibiendo un ingreso de $ 3.225,50.- (fs. 418), y actualmente en Burgoa Susana M. e Ibarra Carlos A. Sociedad de Hecho percibiendo un ingreso de $ 4.207,49.- (fs. 360 y ss.), porta un 30,30 % de incapacidad física (punto 5, pericial médica, a fs. 311).

Finalmente, el coactor A. L. Me., que contaba con 58 años de edad al momento del accidente (fs. 19, Sumario penal), declaró ser de estado civil divorciado (ídem), unido de hecho con la coactora M. C. C. (fs. 463), acreditó desempeñarse como abogado (cf. informativa del Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción de la Provincia de Santa Fe, a fs. 298), percibiendo un ingreso máximo promedio mensual de $ 16.666.- (atento encontrarse comprendido en la categoría I del monotributo, fs. 430 y ss., y considerando las diversas copias auténticas de facturación obrantes a fs. 432 y ss.), y ser cotitular de propiedad inmobiliaria (fs. 466), porta un 16,30 % de incapacidad física (punto 5, pericial médica, a fs. 316 vta.).

Teniendo en cuenta las facultades legalmente conferidas al Tribunal por el art.245, CPCC, y las condiciones particulares de las víctimas que se explicitan precedentemente, se declara procedente el presente rubro, fijándose el mismo en la suma de $ 700.000.- para la coactora M. C. C., en la suma de $ 161.000.- para el coactor L. E. M., y en la suma de $ 320.000.- para el coactor A. L. Me.

5.2. Se define al daño moral sufrido a consecuencia del siniestro, como «una modificación disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, que se traduce en un modo de estar de la persona diferente de aquél en que se encontraba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial» (ZAVALA de GONZÁLEZ, Matilde; «Daños a las personas», tomo 2, pág. 49).

5.2.1. Cabe consignar que, sobre la procedencia de su reparación, ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación que «no figura entre las potestades de un estado constitucional imponer a los habitantes cargas que superen a las requeridas por la solidaridad social. Es obvio que, desde una especial -y respetable- concepción de la ética, puede mirarse a la reparación del daño moral como un apartamiento de las rigurosas exigencias que tal ética formula a quienes deseen seguirla. Pero no cabe que los jueces se guíen, al determinar el derecho, por patrones de moralidad que excedan los habitualmente admitidos por el sentimiento medio, pues, como lo señala Cardozo, «los jueces deben dar vigor con sus sentencias a la moralidad corriente de hombres y mujeres de conciencia recia» («The nature of the judicial process», U.S., Yale University Press, 1937, pág. 106). En efecto, la decisión judicial no ha de reemplazar las opciones éticas personales cuya autonomía también reconoc e el art. 19 de la Constitución Nacional.Ahora bien, en el sentimiento corriente, la actitud hacia las pérdidas definitivas no es aconsejar su asunción heroica, sino que se traduce en un activo intento de mitigarlas, aun a sabiendas de la pobreza de medios con que se cuenta a ese fin» (C.S.J.N., in re «SANTA COLOMA c. Empresa Ferrocarriles Argentinos» , en ED, tomo 120, pág. 652).

Sobre las facultades del Tribunal para fijar prudencialmente el monto se ha resuelto «la fijación del importe por daño moral es de difícil determinación ya que no se halla sujeto a cánones objetivos, sino a la prudente ponderación sobre la lesión a las afecciones íntimas de los damnificados, los padecimientos experimentados, o sea, agravios que se configuran en el ámbito espiritual de las víctimas y que no siempre resultan claramente exteriorizados, hallándose así sujeto su monto a una adecuada discrecionalidad del sentenciante» (Cám. Nac. Civ., Sala F, 05.08.1997, in re «DEPAOLINI, Jorge R. c. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires», en JA 20.05.1998, págs. 48 y ss.). En idéntico sentido, «La fijación del importe del daño moral es de difícil determinación, ya que no se halla sujeta a cánones objetivos, sino a la prudente ponderación sobre la lesión a las afecciones íntimas de los damnificados, los padecimientos experimentados, agravios que se configuran en el ámbito espiritual de las víctimas, y que no siempre resultan claramente exteriorizados, hallándose sujeto su monto a una ponderada discrecionalidad del juzgador» (Cám. Nac. Civ., Sala F, 12.05.1992, in re «CENTURIÓN de MORENO, Elvira c. RASTELLI, Favio V. y Otro», en LL 1993-B, índice por materia, 26).

5.2.2. Sentado lo anterior, el Tribunal hace saber que, como directriz general para el examen de los daños, participa del criterio que no debe aceptarse la multiplicidad de rubros resarcitorios, los que se limitan en número al daño patrimonial y moral (GOZAÍNI, Osvaldo; «La legitimación en el proceso civil», Buenos Aires, Ediar, 1996, pág.416; entre otros), posición en que se ha manifestado la Alzada (CCCRos, Sala IV, Ac. Nro. 371, 12.08.2005, in re «MORENO, Zulema del C. y Ot. c. PIATTI, Héctor s. Daños y Perjuicios»).

Así, la lesión o daño estético, la lesión o daño psíquico o psicológico, y el daño personal al proyecto de vida, son rubros a tener en cuenta para evaluar la entidad del perjuicio, pero cualquiera de éstos no configura un daño de distinta naturaleza, o con entidad propia, sino que al momento de fijar la cuantía de la indemnización, se los debe incluir dentro del daño patrimonial o moral, según los intereses afectados, en esto siguiendo la opinión de la doctrina en la materia (VÁZQUEZ FERREYRA, Roberto; «La legitimación activa para reclamar indemnización por daño moral», Rev. Jca. Delta, Nos. 9/10, pág. 78).

5.2.3. Adentrándonos a la consideración de la determinación de su monto, cabe consignar que existen para ello distintos criterios, y que corresponde, desde ya, adelantar que este Tribunal, siguiendo a la jurisprudencia mayoritaria, descarta que deban buscarse forzadas relaciones entre la suma otorgada por perjuicio material y la que haya de fijarse en concepto de daño moral. En efecto, ambas resarcen perjuicios de distinta naturaleza e, hipotéticamente puede concebirse el uno sin el otro.

Es así que se ha entendido que «A los fines de la fijación del quantum del daño moral debe tenerse en cuenta el carácter resarcitorio de este rubro, la índole del hecho generador de la responsabilidad y la entidad del sufrimiento causado, que no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a éste» (C.S.J.N., 09.12.1993, in re «GÓMEZ ORUE de GAETE, Frida A. y Otra c.Provincia de Buenos Aires», JA 1997-II, síntesis).

Sobre el tema en cuestión ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación que «Ya se ha señalado entre nosotros con relación a la cuantía del resarcimiento del daño moral, que: «De nada vale sostener, por un lado, que debe resarcirse a la víctima, para luego, a la hora de determinar el monto de la indemnización, hacerlo con una suma puramente simbólica, sin entidad alguna, que nada compensa (.)»; muy por el contrario, a la víctima le interesa recibir una suma dineraria que tenga alguna entidad, jerarquía o importancia», lo cual «sugiere, en última instancia, la necesidad de un límite mínimo: no debe ser irrisoria». Con similares lineamientos pero más concretamente se ha destacado asimismo que «Nada autoriza a excluir al daño moral del principio de la reparación plena y del régimen predeterminado de imputación de consecuencias que consagra el Código Civil, al que está indisolublemente ligado. La regulación específica del daño moral que contienen los arts. 522 y 1078 del Código Civil, en modo alguno permiten inferir su apartamiento de los principios generales de la reparación»; criterio éste reafirmado por la propia Corte Suprema, al decidir que el pronunciamiento que estableció la indemnización del daño moral sufrido por el actor en unas sumas «que no cubren mínimamente los requerimientos de la prudencia en la determinación del perjuicio causado (.) ha establecido su cuantía en términos que desvirtúan el principio de la reparación integral propio de la materia en examen, razón por la cual no satisface el requisito de debida fundamentación exigible en las decisiones judiciales» (C.S.J.N., 01.04.1997, in re «LACUADRA, Ernesto Adolfo y Otros c. S.A. Nestlé de Productos Alimenticios», en ED 1997, tomo 174, pág. 259).

5.2.4.En cuanto a las repercusiones dañosas del evento siniestral en cada una de las víctimas, ha de considerarse lo siguiente.

En referencia a la coactora M. C. C., la pericial médica da cuenta que hubo de someterse a siete intervenciones quirúrgicas, en las cuales corrió peligro su vida (cf. fs. 322 vta.), que cuenta con daño estético de magnitud en su rostro (ídem), que su incapacidad le impide «realizar las tareas que realizaba. Es más, se ha tornado una persona dependiente» (punto 7, fs. 324 vta.), que «Posee una deformación permanente en el rostro. No tiene posibilidad de ser corregida por cirugía reparadora (.)» (punto 8, ídem), que la actora «fue jubilada de oficio (.) no puede practicar deportes, tampoco andar en bicicleta, ni ascender o descender en colectivo, no viajar» (punto 9, ídem), y que «no puede laborar en la docencia» (punto 11, ídem).

Adicionalmente la pericial psicológica concluyó que «La actora se encuentra profundamente afectada, con un estrés psíquico post traumático (.) al momento de las entrevistas periciales la actora aun no ha podido elaborar las consecuencias psíquicas padecidas desde el momento del accidente» (punto 1, fs. 375 y ss.), que «en el caso de la peritada la experiencia estresante fue de tal relevancia que llegó a poner en riesgo su vida; estas vivencias de impotencia resultantes han provocado una sobrecarga psíquica significativa, que influye notablemente en su funcionamiento, dando lugar a un aumento agudo de malestar interno» (punto 2, fs. 377), que «La actora se encuentra dañada psíquicamente, el accidente ha complejizado todas sus áreas de actuación, provocando un malestar significativo a nivel laboral, social y afectivo (.). Sus experiencias emocionales se han complejizado, evidenciando un estado de angustia, inhibiciones, síntomas fóbicos» (punto 3, fs. 378), que «presenta un severo daño psíquico, con una marcada disminución de goce, tanto personal, familiar, social, laboral y recreativo; con un futuro incierto y una marcada pérdida de su imagen de sí, un elevado nivel de angustia, astenia y fragilidad» (punto 4, fs.379), asignándole un 40 % de incapacidad psíquica por desarrollo psíquico post traumático de grado muy severo (ídem), y que la actora «no se encuentra en condiciones físicas, psíquicas ni emocionales, aptas para poder retomar su trabajo como docente; ello en virtud de su estado físico y psíquico comprobado (.). En cuanto su capacidad para realizar sus tareas hogareñas, seguramente va a poder colaborar con su organización, etc., dado que es una persona que se encuentra lúcida, ubicada en tiempo y espacio; ahora bien, en lo que respecta a trabajos del hogar propiamente dichos, encuentro una importante barrera para que la actora pueda llevarlos a cabo, dado que presenta una importante lentitud en sus movimientos y necesidad de contar con el otro para sus rutinas, según ella misma refiere, sólo su auto cuidado le demanda gran esfuerzo, tiempo y dedicación» (punto 5, fs. 379 y ss.).

A su turno, en cuanto al coactor L. E. M., la pericial psicológica rendida refirió que «al momento de las entrevistas periciales se observa en el actor efectos traumáticos como consecuencia del accidente objeto de autos (.). Se observa en el actor la presencia de estados de angustia y depresión (.) el peritado ha sufrido un «trauma psíquico» que lo ha afectado considerablemente; al momento de las entrevistas periciales el actor está atravesando un cuadro psicopatológico encuadrado como «Depresión reactiva» que se produce como respuesta a un acontecimiento negativo, que se vivencia como una respuesta desadaptativa del organismo frente a un estresor (.) hay situaciones traumáticas no elaboradas (.)» (punto 1, fs. 366 y ss.), que el actor porta «un «Daño psíquico» que constituye un trastorno en el devenir de esta persona que se encuentra afectada profundamente en su autoestima, con claros síntomas de inhibición, sentimientos de impotencia y frustración, que han influido en el desarrollo de sus potencialidades, y en todas sus áreas de actuación, laboral, familiar y socio afectiva» (punto 4, fs.369) asignándole un 20 % de incapacidad psíquica por depresión neurótica o reactiva de grado moderado (ídem) y sugiriendo la realización de psicoterapia psicoanalítica, con una frecuencia de una sesión semanal, por un período no menor a un año (punto 5, fs. 370), indicando que «es muy imp ortante que haga tratamiento, si bien no tuvo tanto daño físico, está con una depresión encubierta, que no la puede manifestar. Él está como en un estado de paralización, no puede terminar su carrera, no se anima a hacer una entrevista de trabajo, tiene baja la autoestima, quedó muy afectado en lo social, si bien la depresión uno la piensa como una persona triste, en el caso de él lo tapa, es fundamental que haga un tratamiento, para elaborar esto, el tratamiento que necesita es psicológico, donde pueda desplegar todo esto» (fs. 680 vta.). El costo de la terapia psicoanalítica, al ser reclamado como integrante del presente rubro (fs. 209 vta.), deberá entenderse incluido en la cuantificación realizada en el presente acápite.

Finalmente, en lo que atañe al coactor A. L. Me., la pericial psicológica que a su respecto se efectivizó, evaluó que «el trastorno por estrés post traumático es generado en el actor por los efectos patógenos duraderos que ha provocado en su organización psíquica. Es decir que al momento de las entrevistas periciales el actor aun no ha podido elaborar las consecuencias psíquicas padecidas desde el momento del accidente» (punto 1, fs.385), que «se observa que su estado anímico está complejizado por situaciones altamente estresantes por las que ha tenido que transitar a partir del acontecimiento objeto en autos (.) ha vivenciado situaciones críticas que han alterado el control habitual de su conducta, actualmente es una persona que vive en un estado de tensión y alerta excesivos; con un alto nivel de presiones que desbordan su funcionamiento interno (.) está atravesando situaciones emocionales con un intenso dolor anímico, que lo sumerge en un estado de vulnerabilidad e indefensión (.) está atravesando una situación vital crítica, con la presencia de angustia y preocupaciones somáticas (.)» (punto 2, fs. 386), que «se encuentra dañado psíquicamente, el accidente ha complejizado todas sus áreas de actuación, provocando un malestar significativo (.) se observan dificultades para la concentración y la atención (.) el actor está enfrentando una sobrecarga de presiones que están afectando la eficacia de su pensamiento» (punto 3, fs. 387), que «se encuentra afectada profundamente en su autoestima, con la presencia de angustia y preocupaciones somáticas, al tener que afrontar importantes y dolorosos cambios, en especial en el área familiar, dado que debió reestructurar su vida, cambiar rutinas, renunciar a proyectos» (punto 4, fs. 388) asignándole un 15 % de incapacidad psíquica por desarrollo psíquico post traumático (ídem) y sugiriendo la realización de psicoterapia psicoanalítica, con una frecuencia de una sesión semanal, por un período no menor a un año (punto 5, ídem). El costo de la terapia psicoanalítica, al ser reclamado como integrante del presente rubro (fs. 209 vta.), deberá entenderse incluido en la cuantificación realizada en el presente acápite.

Teniendo nuevamente en cuenta las facultades legalmente conferidas al Tribunal por el art. 245 , CPCC, y las condiciones particulares de las víctimas que se explicitan precedentemente, se declara procedente el presente rubro, fijándose el mismo en la suma de $ 700.000.- para la coactora M. C. C., en la suma de $ 95.000.- para el coactor L. E.M., y en la suma de $ 160.000.- para el coactor A. L. Me.

5.3. El rubro gastos médicos y colaterales también tendrá favorable recepción de acuerdo al siguiente análisis.

5.3.1. Reclama la coactora M. C. C. gastos por diversos conceptos, que merecen merituación individualizada.

5.3.1.1. En cuanto a los honorarios médicos, insumos médicos, y ortopédicos.

Ernesto Adrián Moretti reconoció (fs. 669 vta.) el recibo Nro. 0002-00000094 de fecha 28.01.2009 (copia a fs. 109) por la suma de $ 5.200.-

Hugo Alberto Randolino, en representación de Star Medical S.R.L., reconoció (fs. 670) la factura Nro. 0001-00005157 de fecha 30.01.2009 (copia a fs. 110) por la suma de $ 15.000.-

Gonzalo Soroeta, en representación de Gabriel Martínez Lotti, reconoció (fs. 670 vta.) el recibo Nro. 0001-00001286 de fecha 30.01.2009 (copia a fs. 106) por la suma de $ 4.500.-; el Nro. 0001-00001285 de fecha 30.01.2009 (copia a fs. 106 vta.) por la suma de $ 7.800.-; el Nro. 0001-00001338 de fecha 27.03.2009 (copia a fs. 107) por la suma de $ 150.-; el Nro. 0001-00001374 de fecha 28.05.2009 (copia a fs. 107) por la suma de $ 150.-; el Nro. 0001-00001443 de fecha 26.08.2009 (copia a fs. 107 vta.) por la suma de $ 160.-; y el Nro. 0001-00001389 de fecha 18.06.2009 (copia a fs. 107 vta.) por la suma de $ 150.-

Norberto Rubén Villarreal reconoció (fs. 671) el recibo Nro. 0001-00000703 de fecha 27.01.2009 (copia a fs. 108) por la suma de $ 4.350.-; y el Nro. 0001-00000702 de fecha 27.01.2009 (copia a fs. 108) por la suma de $ 750.-

Carlos Pedro Ponti reconoció (fs. 672) la factura Nro. 0001-00009511 de fecha 15.01.2009 (copia a fs. 113) por la suma de $ 46.-

Carlos García Beltrame, en representación del Sanatorio Los Arroyos, reconoció (fs. 674) la factura Nro. 0009-00000946 de fecha 16.01.2009 (copia a fs.99) por la suma de $ 355,34.-; la Nro. 0009-00000879 de fecha 09.01.2009 (copia a fs. 100) por la suma de $ 9,30.-; los recibos de fecha 07.01.2009 (copias a fs. 101) por las sumas de $ 5.200.- y $ 750.- respectivamente; y la rendición Nro. 0001-00024408 (copia a fs. 102) por la suma de $ 439,55.-

Ana Magdalena Stanicic, en representación de Ambulancias Ovidio Lagos, reconoció (fs. 674) la factura Nro. 0001-00010953 de fecha 21.10.2009 (copia a fs. 116) por la suma de $ 676.-; la Nro. 0003-00007200 de fecha 03.01.2009 (copia a fs. 117) por la suma de $ 35.-; la Nro. 0003-00007289 de fecha 09.01.2009 (copia a fs. 118) por la suma de $ 70.-; la Nro. 0003-00007334 de fecha 16.01.2009 (copia a fs. 119) por la suma de $ 70.-; la Nro. 0003-00007306 de fecha 23.01.2009 (copias a fs. 120 y 121) por la suma de $ 70.-; la Nro. 0003-00006996 de fecha 29.12.2008 (copia a fs. 122) por la suma de $ 241.-; el remito Nro. 0001-00013187 de fecha 13.01.2009 (copia a fs. 128) por la suma de $ 102.-; el comprobante de traslado Nro. 15002 de fecha 06.02.2009 (copia a fs. 130) por la suma de $ 45.-; el Nro. 14970 de fecha 06.02.2009 (copia a fs. 131) por la suma de $ 45.-; el comprobante de alquiler Nro. 0001-05235 de fecha 16.04.2009 (copia a fs. 132) por la suma de $ 186.-; el Nro. 0001-05236 de fecha 16.04.2009 (copia a fs. 134) por la suma de $ 186.-; el remito Nro. 0001-00013187 de fecha 13.01.2009 (copia a fs. 135) por la suma de $ 102.-; el comprobante de alquiler Nro. 0001-05234 de fecha 16.04.2009 (copia a fs. 136) por la suma de $ 96.-; y el Nro. 0001-05413 de fecha 28.05.2009 (copia a fs. 137) por la suma de $ 16.-

Roberto Ismael Denenberg, en representación de Movired, reconoció (fs. 674 vta.) la factura Nro.0001-00000061 de fecha 20.02.2009 (copia a fs. 138) por la suma de $ 50.-; la Nro. 0001-00000066 de fecha 26.02.2009 (copia a fs. 139) por la suma de $ 50.-; la Nro. 0001-00000079 de fecha 20.03.2009 (copia a fs. 140) por la suma de $ 50.-; y la Nro. 0001-00000071 de fecha 05.03.2009 (copia a fs. 141) por la suma de $ 50.-

Roberto Pedro Nicolosi, en representación de Cirugía Rex S.R.L., reconoció (fs. 676 vta.) el ticket Nro. 0001-00100305 de fecha 12.10.2009 (copia a fs. 160 vta.) por la suma de $ 78,50.-

Joaquín Andrés Rotundo, en representación de Martín Esteban D’Elía, reconoció (fs. 679 vta.) el recibo Nro. 0001-00000863 de fecha 30.01.2009 (copia a fs. 108 vta.) por la suma de $ 3.500.-

Todo ello totaliza la suma de $ 50.728,69.-, a lo que cabe adicionar la reclamada suma de $ 1.000.- en concepto de gastos no documentados, habida cuenta que la entidad de las lesiones sufridas permite presumir tales erogaciones cuya estimación no luce en modo alguno exorbitante.

5.3.1.2. En cuanto a los gastos de kinesiología, rehabilitación y enfermería.

Gabriel Héctor Moriconi reconoció (fs. 671 vta.) la factura Nro. 0001-00013392 de fecha 24.08.2010 (copia a fs. 143) por la suma de $ 300.-; la Nro. 0001-00013475 de fecha 23.07.2010 (copia a fs. 143 vta.) por la suma de $ 300.-; la Nro. 0001-00012736 de fecha 12.11.2009 (copia a fs. 144) por la suma de $ 280.-; la Nro. 0001-00012899 de fecha 04.02.2010 (copia a fs. 144 vta.) por la suma de $ 280.-; la Nro. 0001-00013319 de fecha 22.07.2010 (copia a fs. 145) por la suma de $ 300.-; la Nro. 0001-00012178 de fecha 14.05.2009 (copia a fs. 145 vta.) por la suma de $ 280.-; la Nro. 0001-00012288 de fecha 18.06.2009 (copia a fs. 145 vta.) por la suma de $ 280.-; la Nro.0001-00012542 de fecha 03.09.2009 (copia a fs. 146) por la suma de $ 280.-; la Nro. 0001-00012417 de fecha 30.07.2009 (copia a fs. 146) por la suma de $ 280.-; la Nro. 0001-00012662 de fecha 15.10.2009 (copia a fs. 146 vta.) por la suma de $ 280.-; la Nro. 0001-00013042 de fecha 08.04.2010 (copia a fs. 147) por la suma de $ 280.-; la Nro. 0001-00013152 de fecha 18.05.2010 (copia a fs. 147 vta.) por la suma de $ 300.-; la Nro. 0001-00013244 de fecha 17.06.2010 (copia a fs. 148) por la suma de $ 300.-; la Nro. 0001-00013551 de fecha 25.11.2009 (copia a fs. 148 vta.) por la suma de $ 200.-; la Nro. 0001-00000210 de fecha 01.06.2010 (copia a fs. 149) por la suma de $ 360.-; la Nro. 0001-00009601 de fecha 07.05.2009 (copia a fs. 149) por la suma de $ 100.-; la Nro. 0001-00014061 de fecha 12.04.2011 (copia a fs. 422) por la suma de $ 220.-; la Nro. 0001-00015125 de fecha 27.03.2012 (copia a fs. 423) por la suma de $ 290.-; la Nro. 0001-00015138 de fecha 03.04.2012 (copia a fs. 424) por la suma de $ 290.-; la Nro. 0001-00014632 de fecha 17.04.2012 (copia a fs. 426) por la suma de $ 160.-; la Nro. 0001-00015521 de fecha 28.09.2012 (copia a fs. 427) por la suma de $ 330.-; y la Nro. 0001-00015567 de fecha 25.10.2012 (copia a fs. 428) por la suma de $ 330.-

Valeria Bibiana Martín reconoció (fs. 677) la factura Nro. 0001-00000007 de fecha 02.04.2009 (copia a fs. 156) por la suma de $ 600.-; la Nro. 0001-0000 0006 de fecha 02.03.2009 (copia a fs. 137) por la suma de $ 600.-; y la Nro. 0001-00000005 de fecha 02.02.2009 (copia a fs. 157 bis) por la suma de $ 600.-

Joaquín Andrés Rotundo, en representación de F. Moreno, reconoció (fs. 679 vta.) la factura Nro.0001-00000099 de fecha 30.09.2009 (copia a fs. 150) por la suma de $ 1.620.-; la Nro. 0001-00000098 de fecha 30.06.2009 (copia a fs. 151) por la suma de $ 1.620.-; y la Nro. 0001-00000097 de fecha 30.03.2009 (copia a fs. 152) por la suma de $ 1.620.-

Todo ello totaliza la suma de $ 12.680.-, a lo que cabe adicionar la reclamada suma de $ 700.- en concepto de gastos no documentados, habida cuenta que la entidad de las lesiones sufridas permite presumir tales erogaciones cuya estimación no luce en modo alguno exorbitante.

5.3.1.3. En relación a los gastos de terapia psicológica.

Roberto Ernesto Yanicelli reconoció (fs. 676) el recibo Nro. 0001-00000178 de fecha 28.01.2010 (copia a fs. 159) por la suma de $ 320.-; el Nro. 0001-00000177 de fecha 28.12.2009 (copia a fs. 159) por la suma de $ 960.-; el Nro. 0001-00000197 de fecha 30.07.2010 (copia a fs. 159 vta.) por la suma de $ 400.-; y el Nro. 0001-00000194 de fecha 25.06.2010 (copia a fs. 159 vta.) por la suma de $ 2.000.-

El citado testigo aseveró que la actora «continúa con entrevistas de seguimiento, con una periodicidad quincenal, y que el tratamiento agudo ya terminó, continúa con seguimiento. Posterior al stress postraumático que le produjo incapacidad continuamos tratando ello. [El costo de la consulta actualmente es de] $ 150.-» (fs. 676).

Marcela Alejandra Napoleone, en representación de María Cristina Sáez de Arregui, reconoció (fs. 679) el recibo Nro. 0001-00000588 de fecha 27.02.2009 (copia a fs. 158) por la suma de $ 960.-; el Nro. 0001-00000604 de fecha 27.03.2009 (copia a fs. 158) por la suma de $ 960.-; el Nro. 0001-00000585 de fecha 30.01.2009 (copia a fs. 158 vta.) por la suma de $ 1.800.-; y el Nro. 0001-00000584 de fecha 30.01.2009 (copia a fs.158 vta.) por la suma de $ 2.400.-

La pericial psicológica rendida expresó que «es fundamental que la actora continúe con su tratamiento médico psiquiátrico y psicofarmacológico, y con su tratamiento psicológico, con el objetivo de elaborar la situación traumática por la que ha atravesado, y para ayudarla a atravesar su situación anímica actual; se sugiere la realización de psicoterapia psicoanalítica, con una frecuencia de dos sesiones semanales, por un período no menor a un año, considerando el costo de cada sesión en un arancel de $ 90.- (noventa pesos) según el arancel ético del Colegio de Psicólogos de la Segunda Circunscripción de Rosario» (punto 6, fs. 380), y que «igual debería tener una continuidad, un tratamiento de por vida, retomar en algunos momentos del año, hay una parte del psiquismo que siempre va a quedar dañada teniendo en cuenta la gran pérdida de autonomía que ella ha tenido. Va a tener momentos en que esté mejor y momentos en que necesite ayuda» (fs. 680 y vta.).

Todo ello totaliza la suma de $ 9.800.- en concepto de costo del tratamiento psicológico ya habido, a lo que cabe adicionar la suma de $ 9.360.- en concepto de tratamiento psicológico futuro.

5.3.1.4. En cuanto a los gastos de movilidad y farmacia.

Marcelo Alejandro Bergero reconoció (fs. 675 vta.) el ticket de fecha 06.01.2009 (copia a fs. 165 vta.) por la suma de $ 62,59.-

Pablo Esteban Barello, en representación de Farmacia Pellegrini, reconoció (fs. 677 vta.) el ticket de fecha 11.01.2009 (copia a fs. 160) por la suma de $ 38,44.-; el de fecha 11.01.2009 (copia a fs. 160) por la suma de $ 38,44.-; el de fecha 02.01.2009 (copia a fs. 160) por la suma de $ 50,05.-; el de fecha 10.01.2009 (copia a fs. 166 vta.) por la suma de $ 29,55.-; el de fecha 10.01.2009 (copia a fs.166 vta.) por la suma de $ 79,61.-; y el de fecha 10.01.2009 (copia a fs. 166 vta.) por la suma de $ 79,61.-

Todo ello totaliza la suma de $ 378,29.-, a lo que cabe adicionar la reclamada suma de $ 800.- en concepto de gastos no documentados, habida cuenta que la entidad de las lesiones sufridas permite presumir tales erogaciones cuya estimación no luce en modo alguno exorbitante, y la reclamada suma de $ 1.200.- por gastos no documentados de movilidad atento análogas razones.

5.3.1.5. En cuanto a los gastos por atenciones médicas, cirugía y medicaciones futuras.

La perito médica explicó, en ocasión de su comparecencia en la audiencia de vista de causa, que la coactora «es posible que necesite fisiokinesioterapia, ella tuvo siete operaciones, necesitaría períodos de quince sesiones cada dos meses, posiblemente de por vida porque ha tenido un daño muy importante, quizás no en forma sucesiva sino interrumpidamente. [El costo asciende a] unos $ 50.- cada sesión» (fs. 680).

El testigo Gabriel Héctor Moriconi, por su parte, explica que la actora se encuentra en rehabilitación «y que es necesario que lo siga realizando ya que si no las mantiene, la marcha normal de ella será complicada por las prótesis y por la sección muscular que le llegó al hueso, que tuvo. Eso hace que tenga mucha inestabilidad al caminar. [Va a necesitar hacerlo] de por vida, es una discapacidad que queda permanente, lo debe realizar para mejorar su marcha y su calidad de vida. Es muy traumático no poder valerse por sus propios medios (.) empezó con un andador, con un trípode, la ayudábamos a cruzar la calle, actualmente a veces va con un acompañante, y los días de lluvia no se anima a salir a la calle» (fs.671 vta.).

La actora cuenta en la actualidad con 59 años, por lo que la cuantificación del rubro se efectuará a razón de 15 sesiones bimestrales, a un costo de $ 50.- la sesión, hasta los 79,95 años (expectativa de vida genérica para las mujeres de nuestro país, según la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación), lo que totaliza la suma de $ 94.275.-

5.3.1.6. Por todo lo merituado precedentemente, teniendo nuevamente en cuenta las facultades legalmente conferidas al Tribunal por el art. 245, CPCC, se declara procedente el rubro gastos médicos y colaterales afrontados por la coactora M. C. C., fijándose el mismo en la suma de $ 180.921,98.-

5.3.2. Reclama el coactor L. E. M. los gastos de asistencia médica y kinesiológica.

Al respecto, Alejo Raúl Caraballo reconoció (fs. 673) el recibo Nro. 0001-00002764 de fecha 23.07.2009 (copia a fs. 176) por la suma de $ 500.-

Alejandro Juan Jesús Zunin reconoció (fs. 675) la factura Nro. 0001-00000286 de fecha 10.02.2010 (copia a fs. 177) por la suma de $ 2.250.-

Por ello y teniendo nuevamente en cuenta las facultades legalmente conferidas al Tribunal por el art. 245, CPCC, se declara procedente el rubro, fijándose el mismo en la suma de $ 2.750.-

5.3.3. Finalmente, el coactor A. L. Me. también reclama gastos de asistencia médica, farmacológicos y kinesiología.

Alejandro Juan Jesús Zunin reconoció (fs. 675) la factura Nro. 0001-00000259 de fecha 17.10.2009 (copia a fs. 178) por la suma de $ 1.600.-

Miguel Ángel Tejo reconoció (fs. 678) la factura Nro. 0001-00000561 de fecha 12.06.2009 (copia a fs. 179) por la suma de $ 2.800.-

Por ello y teniendo nuevamente en cuenta las facultades legalmente conferidas al Tribunal por el art. 245, CPCC, se declara procedente el rubro, fijándose el mismo en la suma de $ 4.400.-

5.4. El rubro privación de uso, reclamado por el coactor A. L. Me.también procede.

En efecto, de la informativa a Mapfre (fs. 301) surge que en fecha 20.07.2009 se abonó la suma correspondiente a la destrucción total del rodado, razón por la cual se encuentra acreditada la privación de su uso.

Por ello y teniendo nuevamente en cuenta las facultades legalmente conferidas al Tribunal por el art. 245, CPCC, y computando un tiempo razonable para proveer al reemplazo del medio de locomoción, se declara procedente el rubro, fijándose el mismo en la suma de $ 4.500.-

5.5. Finalmente, también ha de hacerse lugar al rubro gastos de garage.

Al respecto, Josefa Sánchez, en representación de Garage Corrientes, reconoció (fs. 678 vta.) el recibo Nro. 0002-00002902 de fecha 24.04.2009 (copia a fs. 185) por la suma de $ 300.-; el Nro. 0002-00002950 de fecha 22.06.2009 (copia a fs. 185) por la suma de $ 300.-; el Nro. 0002-00002802 de fecha 20.03.2009 (copia a fs. 185 vta.) por la suma de $ 600.-; y el Nro. 0002-00002701 de fecha 21.01.2009 (copia a fs. 185 vta.) por la suma de $ 300.-

Por ello y teniendo nuevamente en cuenta las facultades legalmente conferidas al Tribunal por el art. 245, CPCC, se declara procedente el rubro, fijándose el mismo en la suma de $ 1.500.-

6. A fs. 222, los actores plantean la inconstitucionalidad del art. 505, CC, texto según ley Nro.24.432, invocando que resulta violatoria del derecho de propiedad de los curiales como así también de las autonomías provinciales.

La atribución y deber que tienen los tribunales de justicia de examinar las leyes en los casos concretos que se traen a su decisión, comparándolas con el texto de la Constitución para averiguar si guardan o no conformidad con ésta, y absteniéndose de aplicarlas si las encuentran en oposición con ella, constituye uno de los fines superiores y fundamentales del Poder Judicial y una de las mayores garantías con que se ha entendido asegurar los derechos consagrados en la Constitución contra los abusos posibles de los poderes públicos, atribución que es derivación forzosa de la distinción entre los poderes constituyente y legislativo ordinario que hace la Constitución, y de la naturaleza necesariamente subordinada del segundo (cf. al respecto Fallos 33:162, 194).

Así, la declaración de inconstitucionalidad de una ley se presenta como un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerado como la última ratio del orden jurídico y, en caso de duda debe estarse por su constitucionalidad.

Entonces, sólo ha de acudirse a aquélla cuando la repugnancia de la ley inferior con la norma calificada de suprema sea manifiesta y la incompatibilidad inconciliable (c f.sobre el particular Fallos 285:322, entre muchos otros). Es por ello que los tribunales de justicia deben imponerse la mayor mesura, mostrándose tan celosos en el uso de sus facultades como en el respeto que la Ley Fundamental asigna, con carácter privativo, a los otros Poderes (vide Fallos 242:73; 285:369; 300:241, 1087).

En adición, debe memorarse que la declaración de inconstitucionalidad de una ley por los jueces, tiene efectos exclusivamente para el caso concreto sometido a juzgamiento (Fallos 183:76; 247:700; 253:253).

En precedente cuyos fundamentos este órgano jurisdiccional comparte, el máximo Tribunal nacional ha delineado los presupuestos de procedencia de la declaración de inconstitucionalidad.

En aquella oportunidad se refirió que «el ejercicio de tal facultad en orden a la misión de mantener el imperio de la Constitución sólo puede considerarse autorizado en situaciones muy precisas. En primer lugar, debe tenerse en cuenta que su existencia no importa desconocer que la invalidez constitucional de una norma sólo puede ser declarada cuando la violación de aquélla sea de tal entidad que justifique la abrogación, en desmedro de la seguridad jurídica (Fallos: 306:303 citado, voto de los jueces Fayt y Belluscio, considerando 19). La declaración de inconstitucionalidad es -según conocida doctrina de este tribunal- una de las más delicadas funciones que puede encomendarse a un tribunal de justicia; es un acto de suma gravedad, al que sólo debe recurrirse cuando una estricta necesidad lo requiera, en situaciones en las que la repugnancia con la cláusula constitucional sea manifiesta e indubitable y la incompatibilidad inconciliable (Fallos: 247:121 y sus citas). Es por ello que con más rigor en este caso, la declaración de inconstitucionalidad sólo será procedente cuando no exista la posibilidad de una solución adecuada del juicio por otras razones que las constitucionales comprendidas en la causa (Fallos:260:153, considerando 3° y sus citas). En segundo término, debe ponderarse que su ejercicio no supone en modo alguno la admisión de declaraciones en abstracto, es decir, fuera de una causa concreta en la cual debe optarse entre la aplicación de una norma de rango inferior en pugna con la Constitución Nacional o de ésta, a efectos de resolver un conflicto contencioso en los términos del art. 2° de la ley 27 (doctrina de Fallos: 306:303, voto de los jueces Fayt y Belluscio, considerando 4°). De estos recaudos habrá de derivar necesariamente el carácter incidental de este tipo de declaración de inconstitucionalidad (.); de allí que sólo será necesaria para remover un obstáculo -la norma inconstitucional- que se interponga entre la decisión de la causa y la aplicación directa a ésta de la Ley Fundamental; dicho en otros términos, esa declaración será el presupuesto para el progreso de otra pretensión (causa A.529.XXII. «Asociación Bancaria c. Provincia del Chubut», sentencia del 15 de junio de 1989) o, en su caso, defensa. Y, finalmente, deberá tenerse presente que de acuerdo a la doctrina de este Tribunal, las decisiones que declaran la inconstitucionalidad de la ley, sólo producen efectos dentro de la causa y con vinculación a las relaciones jurídicas que la motivaron y no tienen efecto derogatorio genérico (Fallos: 247:700; 248:702; 255:262; 264:364; 315: 276; 322:528 entre muchísimos otros)» (C.S.J.N., 27.09.2001, in re «MILL de PEREYRA, Rita A. y Otros c. Provincia de Corrientes» , en LL 2001-F, págs. 891 y ss.).

En autos no se verifica agravio alguno que autorice a este órgano jurisdiccional a declarar la inconstitucionalidad de la norma contenida en el art.505, CC.

En efecto, adicionando al monto regulado al abogado de la parte vencedora el estipendio debido a los tres peritos actuantes, no se excede el 25 % del monto de condena con más sus intereses.

Por todo lo expresado es que se rechaza la pretendida declaración de inconstitucionalidad de la norma contenida en el art. 505, CC.

7. En relación a las costas, atento el resultado arribado que se pondera jurídicamente y por imperio del principio normativo del vencimiento objetivo, se imponen en su totalidad a la parte demandada (art. 251 , CPCC).

Por el mérito de los fundamentos que anteceden, el Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual de la Segunda Nominación de Rosario, RESUELVE: I) Hacer lugar a la demanda y, en consecuencia, condenar a F. L. R. y Empresa de Transporte V. Hermanos S.A. a pagar, dentro del término de diez (10) días, la suma de $ 1.580.921,98.- a la coactora M. C. C., la suma de $ 258.750.- al coactor L. E. M., y la suma de $ 490.400.- al coactor A. L. Me. II) El capital devengará un interés no acumulativo de acuerdo a las siguientes pautas: a) desde el día del hecho y hasta el vencimiento del plazo que esta sentencia otorga para el pago, se aplicará sobre el capital el promedio entre las tasas activa y pasiva mensual sumado que abone el Nuevo Banco de Santa Fe S.A. (índice diario); b) desde el vencimiento de dicho plazo y hasta su efectivo pago, el capital indemnizatorio y los honorarios devengarán un interés equivalente al doble de la tasa referenciada. III) Imponer las costas a la demandada. IV) Hacer extensivos los efectos del presente decisorio a la citada en garantía, en la medida del seguro. V) Regular, por su participación en los presentes, los honorarios profesionales del Dr. L. Ángel Galigani en la suma de $ . ( unidades jus); los del Dr. Diego F. Rossi en la suma de $.- ( unidades jus); y los de los peritos Técnico Francisco Rana, Dra. Noelia Ana Dalla Corte y Ps. Mónica Mabel Alonso, en la suma de $ . ( unidades jus) para cada uno de ellos. Difiérase en su caso el prorrateo previsto en el art. 505, CC, al momento de la práctica de la liquidación correspondiente. VI) Insértese, agréguese copia y hágase saber.

Autos: «M., L. E. y Ot. c. R., F. L. y/u Ot. s. Daños y Perjuicios», Expte. Nro. 3181/2010, y sus acumulados «Me., A. L. y Otros c. R., F. L. y/u Otros s. Aseguramiento de Pruebas», Expte. Nro. 616/2009, y «M., L. E. y Ot. c. R., F. L. y/u Ot. s. Declaratoria de Pobreza», Expte. Nro. 422/2009.-

CINGOLANI

BENTOLILA

DOMÍNGUEZ

RAVENA

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