El MTESS no tiene competencia para imponer multas por presunto incumplimiento de normas cuya interpretación es exclusivo resorte del PJ.

MultaPartes: Ministerio de Trabajo 17712/2012 c/ Arte Radiotelevisivo Argentino S.A. s/ ejecución fiscal

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: VIII

Fecha: 26-dic-2012

Cita: MJ-JU-M-77660-AR | MJJ77660 | MJJ77660

La multa impuesta por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social debe revocarse toda vez que tal organismo no tiene competencia para imponer multas por presunto incumplimiento de normas cuya interpretación es exclusivo resorte del Poder Judicial, facultad prevista expresamente en los arts. 47 y ss. de la ley 23551

Sumario:

1.-Corresponde revocar la multa impuesta por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social por infracción a los arts. 6 , 44 , 46 y 50 de la ley 23551, -mediante res. 57727/2013 cuyo origen fue el requerimiento de la UTPBA por presunta violación de la libertad sindical, a raíz de haberse impedido el ingreso al establecimiento de la agraviada de un delegado de la comisión interna-, puesto que el Ministerio de Trabajo no tiene competencia para imponer multas por presunto incumplimiento de normas cuya interpretación es exclusivo resorte del Poder Judicial, por así haber sido previsto legalmente (arts. 47 ss. y cc. de la ley 23551).

2.-Toda vez que el art. 116 de la CN. establece que corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación, el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, y por las leyes de la Nación, importa la absoluta imposibilidad de los otros poderes del Estado de asumir la competencia o tomar injerencia respecto de cuestiones cuya inteligencia es de exclusivo resorte del Poder Judicial y, menos aún, cuando las mismas se encuentran pendientes de resolución dentro de este ámbito.

3.-A los efectos de examinar los agravios expuestos por el recurrente respecto de la normativa en examen es imprescindible recordar que una de las consecuencias derivadas de la separación de poderes , es que corresponde a los tribunales de justicia conocer y decidir las causas que lleguen a sus estrados y hacer cumplir sus decisiones, según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso, y si bien se ha admitido que, en pos de adecuar el citado principio a las necesidades de la vida cotidiana, en ciertas oportunidades y bajo estrictas condiciones el Poder Ejecutivo u organismos de la administración realicen funciones jurisdiccionales, ello ha sido bajo la condición de que tal ejercicio no implique un total desposeimiento de atribuciones en perjuicio del Poder Judicial, pues lo contrario implicaría autorizar la supresión o la omisión del principio de división de poderes, sin cuya vigencia la forma republicana de gobierno queda sin base que la sustente y, en consecuencia, las funciones estatales resultan potencialmente desquiciadas con el consiguiente desamparo de las libertades humanas.

4.-Puesto que al momento en que se efectúa el Dictamen Acusatorio Circunstanciado, el expediente judicial donde se tramitaba la reincorporación del dependiente se encontraba en trámite, queda evidenciada la falta de competencia del órgano administrador (Ministerio de Trabajo) para disponer la reinstalación de la mencionada persona y, menos aún, para tener por configurada una infracción en base a una constatación para la cual carecía de facultades, por lo que esta sola circunstancia basta para dejar sin efecto la multa impuesta en virtud de la res. 57727/2013.

5.-La multa impuesta por el Ministerio de Trabajo debe ser revocada, pues caso contrario se estaría afectando el principio non bis in ídem que, con base en la seguridad jurídica, impide que una persona pueda ser juzgada dos veces por la misma causa, y al respecto, no caben dudas que eso es lo que ocurre en estos autos, ya que la autoridad de contralor consideró la infracción como grave en función de lo establecido por el art. 4, inc. a) de la ley 25212 y aplicó la multa, soslayando que esta Sala confirmó el pronunciamiento anterior que ordenó la reincorporación del trabajador por considerar discriminatorio su despido.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 26 días del mes de diciembre de 2012, se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y, de acuerdo con el resultado del sorteo realizado, proceden a votar en el siguiente orden:

EL DR. LUIS A. CATARDO DIJO:

I.- Llegan los autos a conocimiento del Tribunal, como consecuencia de lo resuelto en la queja anexa por cuerda, en la cual se dispusiera abrir la instancia recursiva, deducida por la demandada a fs. 25/42, contra la Resolución de fs. 4/22 que le impusiera una multa por infracción a diversas normas de la ley 23.551 .

Se agravia Arte Radiotelevisivo Argentino S.A. por lo que considera son falta de atribución de los instructores, la ausencia de notificación del dictamen acusatorio y su irregularidad. Invoca ilegalidad de la sanción y falta de tipicidad. Argumenta la existencia de litispendencia, sostiene la inexistencia de violación a las normas mencionadas en el resolutorio y que la competencia para dirimir la cuestión es judicial y, por último, solicita la eximición o reducción de la pena.

Celebrada a fs. 91 la audiencia del artículo 13 de la ley 18.695, las actuaciones quedan en estado de ser resueltas.II.- El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, mediante Resolución 57727 del 31 de agosto del corriente año, impuso a la recurrente una multa de $ 2.420.000.- por infracción a los artículos 6 , 44 , 46 y 50 de la Ley 23.551.

Cabe memorar, como surge de los considerandos de la resolución atacada, que el origen de la sanción es el requerimiento de la UTPBA formulado con fecha 7 de junio, por presunta violación de la libertad sindical, a raíz de haberse impedido el ingreso al establecimiento de la agraviada de un delegado de la comisión interna, el señor Héctor Ricardo Junghanns.

El artículo 116 de la Constitución Nacional establece que “Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación, el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, y por las leyes de la Nación,…”.

Ello importa la absoluta imposibilidad de los otros poderes del Estado de asumir la competencia o tomar injerencia respecto de cuestiones cuya inteligencia es de exclusivo resorte del Poder Judicial y, menos aún, cuando las mismas se encuentran pendientes de resolución dentro de este ámbito. Es una cuestión que va ínsita con la división de poderes propia de los sistemas republicanos de gobierno.

Así lo ha entendido la Procuración del Tesoro de la Nación, al sostener, reiteradamente, que “Estando la cuestión originaria, sometida en la actualidad a la decisión de un órgano judicial, sería inadecuado emitir una nueva opinión sobre el expediente radicado ante los tribunales; cuando se trata de una causa judicial, por encontrarse reservada en forma exclusiva y excluyente al Poder Judicial de la Nación (arts. 116 y ss. de la Constitución Nacional), su tramitación exige que los restantes Poderes del Estado eviten verter apreciaciones que hagan a la decisión de aquélla (conf. Dict.201:121; 214:212, 343; 223:158; 250:178)” (Dict. N° 206/06, 26 de julio de 2006. Expte. N° 364/06. Intendencia Municipal de la Ciudad de Santiago del Estero; Dictámenes 258:121).

La causa se encuentra sometida a decisión judicial hasta su total terminación, lo que comprende no solamente la emisión de los pronunciamientos correspondientes a cada una de las etapas del Juicio (Sentencias de primera y segunda instancias), sino todos los actos procesales posteriores, tendientes a obtener el cumplimiento de la misma. En tanto ello sea así, la administración carece de facultades para disponer el modo de acatamiento de una sentencia judicial y arrogarse facultades inherentes al Poder Judicial especialmente previstas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (arts. 499 y siguientes), salvo requerimiento específico que pudiera efectuar el órgano judicial, que no es el caso que nos ocupa.

Aun soslayando el precedente del más Alto Tribunal en cuanto a que los derechos acordados por una sentencia no pueden considerarse en rigor incorporados al patrimonio del actor con carácter definitivo, si se encuentra pendiente la decisión de los agravios (Fallos 303:1736) la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que “a los efectos de examinar los agravios expuestos por el recurrente respecto de la normativa en examen es imprescindible recordar que una de las consecuencias derivadas de la “separación de poderes” o “distribución” de los poderes, principio fundamental de nuestra estructura política y organización jurídica (arts.1 y afines de la Constitución Nacional), es que corresponde a los tribunales de justicia conocer y decidir las causas que lleguen a sus estrados y hacer cumplir sus decisiones, según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso”.

Si bien se ha admitido que, en pos de adecuar el citado principio a las necesidades de la vida cotidiana, en ciertas oportunidades y bajo estrictas condiciones el Poder Ejecutivo u organismos de la administración realicen funciones jurisdiccionales, ello ha sido bajo la condición de que tal ejercicio no implique un total desposeimiento de atribuciones en perjuicio del Poder Judicial, pues lo contrario implicaría autorizar la supresión o, cuanto menos, la omisión del principio de división de poderes, sin cuya vigencia la forma republicana de gobierno queda sin base que la sustente y, en consecuencia, las funciones estatales resultan potencialmente desquiciadas con el consiguiente desamparo de las libertades humanas (confr. Fallos: 247:646 “Fernández Arias”).

“Es que, en definitiva, no debe perderse de vista que la disposición constitucional que niega al Presidente de la República el ejercicio de funciones judiciales o el derecho de conocer en causas pendientes o de restablecer las fenecidas responde al propósito de poner a cubierto a los habitantes de los abusos del gobierno y al de marcar la línea divisoria de los tres poderes que lo integran (Fallos: 149: 175)” (CSJN A. 910. XXXVII.; Administración Federal de Ingresos Públicos c/ Intercorp S.R.L.s/ ejecución fiscal”; 15 de junio de 2010).

Tal como surge de las actuaciones obrantes por cuerda, que llevan el nº 1.511.922/2012, al momento en que se efectúa el Dictamen Acusatorio Circunstanciado de fecha 12 de julio de 2012, el expediente judicial donde se tramitaba la reincorporación del señor Junghanns se encontraba en trámite, a punto tal que la misma se verificó el día 1 de agosto, según denuncia realizada en el expediente 1.521.848/ 2012, anexado al antes mencionado, lo que evidencia la falta de competencia del órgano administrador para disponer la reinstalación de la mencionada persona y, menos aún, para tener por configurada una infracción en base a una constatación para la cual carecía de facultades.

A juicio del Tribunal, ésta sola circunstancia basta para dejar sin efecto la sanción aplicada, no obstante lo cual, se entiende necesario aclarar que, de admitirse la sanción aplicada por el Ministerio de Trabajo, se estaría afectando el principio “non bis in ídem” que, con base en la seguridad jurídica, impide que una persona pueda ser juzgada dos veces por la misma causa, de modo de quedar sujeta indefinidamente a penas sucesivas, cuando ya ha sido condenada y ha cumplido la condena.

Al respecto, no caben dudas que eso es lo que ocurre en estos autos, ya que la autoridad de contralor consideró la infracción como grave en función de lo establecido por el artículo 4, inciso a) de la ley 25.212, soslayando que esta Sala confirmó el pronunciamiento del Juzgado nº 80 que ordenó la reincorporación del trabajador por considerar discriminatorio su despido, de conformidad con el artículo 1 de la ley 23.592 y condenó al pago de los salarios caídos, como sanción, justamente, por ese obrar contrario a las previsiones del artículo mencionado.

Si a lo expuesto se añade que el Ministerio de Trabajo tampoco tiene competencia para imponer multas por presunto incumplimiento de normas cuya interpretación es exclusivo resorte del Poder Judicial, por asíhaber sido previsto legalmente (arts. 47 sigtes. y concordantes de la ley 23.551), no puede sino concluirse, a mi criterio, que la multa impuesta debe ser revocada.

Lo expuesto me exime de dar tratamiento a los demás argumentos volcados por la apelante en su presentación.

En definitiva, propongo en este voto: se revoque la resolución apelada y se deje sin efecto la multa aplicada; se impongan las costas de Alzada a la parte actora por no encontrar mérito alguno para soslayar la aplicación del principio general (artículo 68 del C.P.C.C.N.) y se regulen los honorarios de la representación letrada del Ministerio de Trabajo y de Arte Radiotelevisivo Argentino en las sumas de $ 7.000.- y $ 10.000.-, respectivamente, en virtud del monto presuntamente involucrado, según los datos aportados por la recurrente (art. 38 , L.O.)

EL DOCTOR VICTOR A. PESINO DIJO:

Que por compartir los fundamentos, adhiere al voto que antecede.

Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE:

1) Revocar la resolución apelada y, en su mérito, dejar sin efecto la multa aplicada a ARTE RADIOTELEVISIVO ARGENTINO S.A.;

2) Imponer las costas a la actora;

3) Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de las partes actora y demandada, en las sumas de $ 7.000.- y $ 10.000.-, respectivamente.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvanse.-

vp

LUIS A.CATARDO

JUEZ DE CAMARA

VICTOR A. PESINO

JUEZ DE CAMARA

Ante mí:

ALICIA MESERI

SECRETARIA

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