Solidaridad por la venta de un 0 km con defectos impropios al que se le hicieron reparaciones de baja calidad

Ford Motor Co. Announces Quarterly EarningsPartes: Oribe Elisa c/ Alra S.A. s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: C

Fecha: 25-oct-2012

Cita: MJ-JU-M-76549-AR | MJJ76549 | MJJ76549

Comprobada la relación de consumo y que el vehículo 0 km presentaba defectos impropios al que se le hicieron reparaciones de baja calidad, quedando afectada la identidad entre lo ofrecido y lo entregado, se confirma la desvalorización más intereses que deben abonar solidariamente el concesionario y el fabricante.

Sumario:

1.-Resulta aplicable la ley 24240 de defensa del consumidor, la adquisición de un automóvil cero kilómetro con destino en beneficio propio, que a los pocos días de la entrega debió ser objeto de reparación en razón de la existencia de ciertas deficiencias., pues se trata de un supuesto de responsabilidad por vicio en la fabricación o elaboración del bien en cuestión- art. 40 L.D.C.- o por responsabilidad por la reparación no satisfactoria -art. 17 L.D.C.-; ello sin perjuicio de la referencia a las normas correspondientes a los vicios redhibitorios (art. 2164 y sgtes. del Cód. Civil).

2.- Los derechos del consumidor son una especie del género derechos humanos , derechos que reconocidos en la constitución y tratados internacionales han sido llamados fundamentales, deviniendo tal denominación de su derivación constitucional.

3.-El derecho del consumidor es un derecho de carácter protectorio constitucional, que encuentra su validación en la circunstancia de vulnerabilidad objetiva del consumidor, razón por la que el régimen legal aplicable resulta ser de orden público. Sustentándose la efectividad de esos derechos en las siguientes notas: a) mínimo inderogable, por cuanto un contrato o una ley pueden reconocerlos de manera adicional, pero no ignorarlos o reducirlos; b) operatividad, por cuanto permiten en su caso al juez aplicar el principio protectorio constitucional al caso si está suficientemente especificado; c) inconstitucionalidad, en caso de norma que se le oponga en grado de implicar la derogación de la protección; e d) ineficacia contractual, en relación a la cláusula abusiva, es decir, que restringe los derechos de los consumidores.

4.-En los casos de automotores nuevos (0 km.) o tecnologías nuevas, el vicio por una cuestión de evidencia, sólo es posible que haya sido causado en la elaboración.

5.-Atento lo dispuesto en forma contundente por el art. 53 de la ley 24.240, en cuanto dispone que los proveedores deberán aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder, conforme a las características del bien o servicio, prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en el juicio. , de ella resulta que el legislador ha impuesto sobre el proveedor que resiste la pretensión de un consumidor dos cargas: primero, aportar al proceso todos aquellos elementos; y segundo, prestar toda la colaboración necesaria para esclarecer el asunto.

6.-Encuadradas las relaciones de las partes dentro del ámbito del derecho del consumo, debe aplicarse el aludido art. 53 de la ley 24240,, que, en lo que aquí interesa, deroga lo dispuesto en materia de distribución de cargas probatorias por el art. 377 del código de rito en cuanto esta norma pueda entenderse opuesta a aquélla. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires a los 25 días del mes de octubre de dos mil doce, hallándose reunidos los Señores Jueces de Cámara en la sala de acuerdos, fueron traídos los autos “ORIBE ELISA C/ ALRA S.A. Y OTRO S/ORDINARIO” (Expediente nº 26772.07), en los que, al practicarse la desinsaculación que ordena el artículo 268 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Doctores Machin, Garibotto, Villanueva.

Estudiados los autos la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver.

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 529/546?

El Señor Juez de Cámara Doctor Eduardo Roberto Machin dice:

I. La sentencia.

I. Viene apelado el pronunciamiento de fs. 529/546 que admitió parcialmente la demanda promovida por Elisa Oribe contra Alra S.A. y Volkswagen Argentina S.A., condenándolas en forma solidaria a responder por los daños y perjuicios padecidos por la actora, en virtud de fallas que presentaba el automóvil -objeto de compraventa- al momento de su adquisición.

Sobre esa base fijó la desvalorización del rodado en la suma de $8.360 con más sus intereses. A ello sumó $100 en concepto de resarcimiento por privación de uso del automotor, $853,50 -con más sus intereses- por gastos y $4.500 por daño moral. Rechazó el rubro lucro cesante, e impuso las costas a las demandadas vencidas.

II. Para decidir así, el anterior sentenciante, consideró que:

(a) el presente caso se encuentra encuadrado dentro del marco de la Ley de Defensa del Consumidor (24.240) y su reforma;

(b) se encuentra acreditada la existencia de una relación de consumo entre las partes. Es decir, que el actor adquirió a título oneroso, el vehículo 0 km., marca Volkswagen, modelo Gol Country 1.9 SD, año 2006 en el concesionario oficial de Volkswagen Argentina S.A. -Alra S.A.- con garantía;

(c) el vehículo 0 km.presentaba defectos impropios;

(d) se le hicieron trabajos de reparación de baja calidad que no se condicen con la calidad de un vehículo nuevo -quedando afectada la “identidad entre lo ofrecido y lo entregado”- y el fracaso de las mismas;

(e) el escaso tiempo transcurrido entre la fecha de entrega del rodado al actor -28/8/07- y aquella en la que se llevó a cabo la constatación actuarial de las deficiencias -4/9/07-; y en base a ese fundamento se tuvo por acreditado que los desperfectos los poseía el automotor al momento de la entrega.

(f) las fallas mencionadas no fueron producidas por la falta de mantenimiento del vehículo por parte del actor, y la falta de tiempo para que éste lo reparará inmediatamente de acaecido el siniestro.

(g) la ausencia de presentación en autos -por parte de la concesionaria- de la planilla de verificación firmada por el actor como comprobante de conformidad al recibir el automotor.

(h) de los distintos elementos arrimados a la causa, resulta la convicción de que fueron acreditadas las fallas del vehículo, por lo que tuvo por reconocidos los defectos del mismo, por riesgos o vicios propios de la cosa en función de lo normado por el art. 40 LDC;

(i) las demandadas Volkswagen y Alra debían responder por el defecto referido en forma solidaria (art. 40 de la ley 24.240), la primera como fabricante y la segunda como vendedora.(j) si bien la carga de la prueba respecto del defecto pesa sobre quien la invoca, la misma no es rígida, por lo que su falta de prueba no libera a los proveedores, quienes deben demostrar la inexistencia del defecto generador; por lo que deben responder solidariamente por los daños causados;

(e) en consecuencia, en relación al valor del rodado, y en base a lo informado en el peritaje del ingeniero mecánico, entendió el a quo, que el interesado debió haber pagado entre un 17% y 20% menos del valor de precio de lista; haciendo parcialmente lugar a la desvalorización solicitada con más intereses.

(f) que la privación de uso es una prueba “in re ipsa” que merecía compensación;

(g) que los gastos reclamados debían ser admitidos solo parcialmente;

(k) el actor debió haber experimentado angustia, desconcierto e intranquilidad por el hecho sufrido, razón por la cual estimó adecuado que obtenga reparación por el daño moral.

(l) no mereció acogida la pretensión deducida tendiente a obtener una indemnización por el lucro cesante, ya que consideró que la imposibilidad de uso del automotor como medio de transporte no implicó merma alguna en sus ingresos.

(m) Por último, impuso las costas íntegramente a las demandadas vencidas (art. 68 Cpr.).

II.- Los recursos.

Ambas demandadas quedaron disconformes con el acto jurisdiccional; se alzó Volkswagen Argentina S.A. a fs. 551 y Alra S.A. a fs. 556. Los recursos fueron concedidos libremente a fs. 552 y fs. 557, respectivamente.

La expresión de agravios de Volkswagen Argentina S.A. corre a fs. 567/577, mientras que la correspondiente a Alra S.A. luce a fs. 578/579, mereciendo la réplica de ambas a fs. 581/586.

1. Recurso de la codemandada Volkswagen Argentina S.A.:

El contenido de la pretensión recursiva se compone sustancialmente de:

(i) La ausencia de solidaridad.

La codemandada Volkswagen S.A. se agravia de la aplicación que hizo el a quo del art. 40 de la ley 24.240.Considera que el mencionado ordenamiento regula aquellas situaciones en las cuales existe un riesgo o vicio de la cosa o una incorrecta prestación de un servicio, situación que no se presenta en el sub lite, en tanto se reclamó por un presunto incumplimiento contractual del cual no formó parte. Asimismo, sostiene que Alra S.A. -codemandada en autos- actuó en nombre propio, resultándole totalmente ajeno su obrar, tal es así que asegura haber entregado en perfectas condiciones el automotor a la concesionaria. Además alega haber cumplido adecuadamente con su deber de garantía del equipo.

(ii) La inexistencia de vicio.

Critica que el a quo haya tenido por acreditado en autos que los desperfectos hubiesen sido vicios existentes al tiempo de la adquisición del automotor por la actora, cuando éstos bien podrían haber sido hechos por la propia accionante.

(iii) La supuesta desvalorización del rodado y los demás daños.

Se quejó de que el sentenciante no solo hiciera lugar a la “desvalorización del rodado” sino también a los demás daños reclamados en concepto de privación de uso, gastos y daño moral.

En cuanto a la desvalorización aludida, afirmó que la misma estaría dada por la presencia de presuntos vicios; vicios por los cuales la codemandada Volkswagen negó tener que responder atento haber acreditado en autos ser totalmente ajena a la producción de los mismos.

En relación a los demás rubros indemnizatorios otorgados por el a quo, afirma que la acción por daños y perjuicios sólo sería acumulable con la pretensión de rescisión del contrato, y no con la acción redhibitoria, en cuyo marco encuadró el a quo la presente litis.

La indemnización por privación de uso también entendió que debió ser rechazada.Aduce que la actora manifestó haberse visto privada del uso del rodado por dos días, y se queja que el a quo haya concedido la reparación por este rubro por la suma de $100, cuando -a su entender- no existe elemento de convicción alguno tendiente a acreditar la existencia y/o alcance del supuesto daño reclamado.

De seguido, reitera su argumento en torno a su falta de vinculación respecto a los hechos que dieron origen al pleito, como fundamento del rechazo de los gastos reclamados.

Respecto del resarcimiento por daño moral, cuestiona tanto su procedencia como el quantum de su condena. Aduce que el actor no ha probado en autos los hechos o circunstancias que determinen su existencia (art. 377 CPr), en todo caso, afirma que el juez falló “ultra petita” al otorgar en concepto de resarcimiento por este rubro una suma -$4.500- mayor a la pedida -$4.000-.

(iv) Por último, se agravia de la imposición de las costas.

Para su rechazo reitera su argumento tendiente a demostrar haber sido totalmente ajena al litigio, y a la producción de los vicios que dieron origen a los supuestos daños reclamados por la actora.

2. Recurso de la codemandada Alra S.A.:

La codemandada critica que el sentenciante llegue a la convicción de tener por comprobados los daños denunciados y que le sean imputables a su parte.

Se agravia sosteniendo que el fallo parte de una falsa premisa del daño, el lapso temporal -las fechas- y que no fueron introducidas oportunamente respecto a la entrega del automotor y de la constatación actuarial de las deficiencias alegadas.

En síntesis, sostiene que el lapso de una semana y la circulación de 400 Km.es suficiente para exponer al vehículo a daños; razón por la cual era la actora quien debió haber demostrado el supuesto acaecimiento del fenómeno meteorológico generador de los daños con fecha anterior a la de la entrega, y quien debió desvirtuar los datos constatados que demuestran que el vehículo cumplió en forma acabada con el destino para el cual fue creado.

Critica que el a quo transfiera la carga de la prueba para ponerla en cabeza de su parte, juzgando que debería probar extremos que no se encontraban a su cargo.

Rechaza la indemnización fijada por el primer sentenciante.

III. La solución.

Encuandramiento Jurídico.

i. El anterior sentenciante encuadró el presente caso, primordialmente, en el marco de la ley de defensa del consumidor (ley 24.240), tanto desde la responsabilidad por vicio en la fabricación o elaboración del bien en cuestión- art. 40: L.D.C.-; como desde la responsabilidad por la reparación no satisfactoria -art. 17: L.D.C.-; ello sin perjuicio de la referencia a las normas correspondientes a los vicios redhibitorios (art. 2164 y sgtes. del Cód. Civil).

He de compartir tal encuadre jurídico por cuanto las recurrentes no conmueven los presupuestos normativos en que se basó el anterior sentenciante, por lo que coincidiendo en que se halla acreditada la rela ción de consumo entre el proveedor -en el caso las demandadas, en su carácter de vendedora y fabricante del vehículo respectivamente- y el consumidor o usuario -el actor, en su carácter de comprador- es de aplicación los términos de los arts. 1, 2 , y 3 de la L.D.C.

En efecto, no resultó controvertido: a) que el actor, compró a título oneroso, un vehículo (marca Volkswagen, modelo Gol Country 1.9 SD, año 2006) en la concesionaria oficial de Volkswagen Argentina S.A.-Alra S.A en agosto del año 2006; b) el carácter de 0 KM del vehículo adquirido; c) el carácter de destinatario en beneficio propio; y d) que a los pocos días de la entrega, el vehículo debió ser objeto de reparaciones en razón de la existencia de ciertas deficiencias.

ii. Se ha dicho, que los derechos del consumidor son una especie del género “derechos humanos”, derechos que reconocidos en la constitución y tratados internacionales han sido llamados fundamentales, deviniendo tal denominación de su derivación constitucional.

Tal derecho de carácter protectorio constitucional, encuentra su validación en la circunstancia de vulnerabilidad objetiva del consumidor, razón por la que el régimen legal aplicable resulta ser de orden público. Sustentándose la efectividad de esos derechos en las siguientes notas: a) mínimo inderogable, por cuanto un contrato o una ley pueden reconocerlos de manera adicional, pero no ignorarlos o reducirlos; b) operatividad, por cuanto permiten en su caso al juez aplicar el principio protectorio constitucional al caso si está suficientemente especificado; c) inconstitucionalidad, en caso de norma que se le oponga en grado de implicar la derogación de la protección; e d) ineficacia contractual, en relación a la cláusula abusiva, es decir, que restringe los derechos de los consumidores.

En este marco, es de aplicación el art. 42 de la CN “.Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo, a la protección de su […] seguridad e intereses económicos” conforme el denominado derecho a posiciones jurídicas, que ha de entenderse se aplica en relación a la regulación institucional del mercado con finalidad protectoria de la posición jurídica del consumidor. (conf. esta Sala en su actual composición, in re: “Lippi, Adrián Alberto c/ General Motors Argentina S.R.L. y otro s/ ordinario” del 15/5/12).

iii.De seguido, y dentro del marco de normas referidas, procederé a dar respuesta en forma conjunta a las expresiones de agravios de ambas codemandadas -fs. 567/577 y de fs. 578/579-, las que desde distintas aristas coinciden en atacar: a) la existencia de vicios de la cosa, b) la responsabilidad establecida por el anterior sentenciante, c) en su caso, la procedencia de la indemnización por los daños sufridos y el quantum de dichos ítems; mientras que de la imposición de las costas se agravia la codemandada Volkswagen Argentina S.A.

a. Existencia de vicios de fabricación.

1. Las demandadas argumentan que no se probó la existencia de un defecto de fabricación, de tal manera que la actora pudo hacer uso del vehículo acorde a su función, quedando así desvirtuado el argumento que se trataba de un vicio de tal gravedad que lo tornaría impropio para su destino.

Así las cosas, y en atención a la índole de las cuestiones propuestas corresponde determinar si puede considerarse demostrada la existencia de defectos del automotor al momento de su adquisición por la actora; para luego decidir acerca de las eventuales responsabilidades reclamadas.

Es que de resolverse negativamente la primera cuestión, resultaría ocioso el tratamiento de los restantes agravios. Para ello, no habré más que abocarme al examen de la contundente prueba producida en autos.

No sin antes dejar aclarado, que solamente he de ponderar las pruebas colectadas en la causa que a mi criterio considere pertinentes y conducentes para formar en mi ánimo la convicción suficiente a los fines de fundar mi voto.Esto, por cuanto los jueces no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas en la causa, sino sólo aquellas que estime conducentes para fundar sus decisiones (Fallos, 274:136; 280:320 entre otros), ni deben imperativamente, tratar todas las cuestiones expuestas o elementos utilizados que a su juicio no sean decisivos (Fallos, 258:304; 262:222, entre otros) es que la falta de valoración del medio probatorio o argumento en concreto, sólo ha de significar la insuficiencia del mismo como para variar el alcance del fallo.

Así es que, estimo indispensable partir de lo dictaminado por el perito ingeniero mecánico a fs. 353/356 y sus aclaraciones a fs. 396, quien afirmó que el automotor adquirido por la actora presentaba ciertos defectos que ilustró con fotografías en el Anexo I de su informe: “portón trasero mal colocado”(v. fotografía 1 y 2 de fs. 362); “la moldura delantera del portaequipaje se encontraba pegada sobre la guía deteriorada” (v. fotografía 3 de fs. 362); “se observa el filo de la pintura aplicada en la parte posterior del techo” (v. fotografía 4 de fs. 363); y en la vista inferior del sector delantero “se observa que la deformación del paragolpe” (v. fotografia 5 de fs. 363). Además a fs. 365 agrega que “se aclara que las fotografías y observaciones efectuadas en el dictamen pericial coinciden con lo verificado en la inspección, agregándose a éstos dos detalles del mismo origen: portón trasero mal colocado …y guía de anclaje de la moldura delantera de portaequipaje deteriorada”. (v. respuesta al punto 1 ofrecido por la parte actora).

El testigo Norberto Daniel López -mecánico del taller del cual la actora es cliente- declaró que, la Sra. Oribe lo fue a ver al taller “porque había vidrios rotos en el interior del auto y se lo revisó porque era 0 km.y que después de observar el auto le dije irónicamente “que lindo auto te compraste”, lástima que tiene piedras, estaban marcadas las baguetas donde estaba el techo y que se dio cuenta el testigo que los vidrios estaban cambiados, porque de fábrica con un número y esos no tenían ningún número. Y en la parte del torpedo que es de plástico, donde va el limpiaparabrisas, estaba roto”.(v. respuesta a la primer pregunta de fs. 186) . Y que el automotor “estaba repintado porque había marca de pasta de pulir en las puertas, en las terminaciones donde había plástico” (v. respuesta a la tercer pregunta de fs.187).

En igual sentido la testigo María Alejandra Menendez Djedjeian a fs. 322/324 declaró recordar el hecho “porque a partir de ahí dijo no me voy a a comprar nunca un 0 km”. Que cuando vio el auto de afuera “se veía como la pintura estaba saltada y cuando abrió adentro del vehículo tenía vidrio y unas manchas blancas. Y me acuerdo que acerca del parabrisas no estaba bien, se notaba algo distinto” (v. respuesta tercera de fs. 322/3).

Del estudio de la prueba referida -pericia mecánica y las declaraciones testimoniales las que valoro en los términos de los arts. 456 y 474 del CPr. y apruebo- no cabe más que tener por ciertos los defectos originados por granizo que presentaba el automotor 0 Km.

2. Ahora bien, en cuanto al origen temporal de los mismos, adelantando que generalmente en los supuestos de controversias relativas a daños provocados por cosas y servicios es relativamente sencillo probar la preexistencia o no del vicio o riesgo de la cosa; en cambio, no resulta tarea fácil demostrar que el vicio existía al tiempo de la elaboración.En tal sentido, resulta determinante en el caso la circunstancia de tratarse de un automotor 0km., ya que se ha dicho que en los casos de automotores nuevos (0 km.) o tecnologías nuevas, el vicio por una cuestión de evidencia, sólo es posible que haya sido causado en la elaboración (ver Lorenzetti, “Consumidores”, 2da. Edición Actualizada, págs. 522 y sgtes. pto 2. Ed. Rubinzal-Culzoni Editores, 2009).

Y tal premisa, adoptada por el sentenciante estableció la inversión de carga probatoria (como la res ipsa loquitur), que no habiendo sido debidamente atacada, entiendo correctamente aplicable al caso.

Es que, sin perjuicio de la actividad probatoria del actor, la defendida no podía desentenderse de la cuestión, sino que, si ella sostenía que no cabía cobertura alguna, debió aportar a la causa los elementos que así lo acreditaran.

Así resulta de lo dispuesto en el art. 53 de la ley 24.240, norma según la cual “[los] proveedores deberán aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder, conforme a las características del bien o servicio, prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en el juicio.”

La norma es contundente, y de ella resulta que el legislador ha impuesto sobre el proveedor que resiste la pretensión de un consumidor dos cargas: primero, aportar al proceso todos aquellos elementos; y segundo, prestar toda la colaboración necesaria para esclarecer el asunto.

De esto se deriva que, encuadradas las relaciones de las partes dentro del ámbito del derecho del consumo, debe aplicarse el aludido art. 53, que, en lo que aquí interesa, deroga lo dispuesto en materia de distribución de cargas probatorias por el art. 377 del código de rito en cuanto esta norma pueda entenderse opuesta a aquélla. (conf. está Sala, por mayoría, in re: “Constructora de Proyectos S.A. c/ Autovisiones S.A. s/ Ordinario” del 23/10/12).

3.No cambia mi postura, en relación a la convicción de que se trata de un defecto de fabricación, dos objeciones esbozadas por la codemandada Alra S.A., sino por el contrario la confirman. A mayor abundamiento, nótese que no revierte el carácter de hecho evidente el breve plazo transcurrido entre la adquisición del automotor -28/8/06- y la fecha de constatación actuarial de los daños -4/9/06- (v. fs. 20/21), ya que no acreditaron las accionadas suceso alguno -en ese breve lapso- que descarte la presunción probatoria que pesaba sobre ellas mediante prueba acabada del carácter de defecto sobreviniente a la fabricación del mismo.

Y por otra parte es justamente en sentido contrario que corresponde interpretar la escasa semana transcurrida desde la entrega del automotor y el daño constatado, siendo los 400 km. que llevaba circulando el vehículo también irrelevante para revertir el carácter de hecho evidente referido, ya que ello apenas se habría traducido en el consumo de un tanque de nafta.Máxime, cuando es público y notorio que en el mercado del automotor 0 kilómetro lo que se vende no es un producto, sino la percepción que se crea en la mente del consumidor de las cualidades que rodean al mismo mediante su direccionamiento a segmentos concretos, conforme políticas de mercadeo.

En cambio, sí resulta relevante el contundente hecho de que un automóvil 0 kilómetro presente piezas cambiadas no originales y se halle repintado en su totalidad, a escasos días de su adquisición.

Además desde la fecha de entrega del automotor -28/8/06-, reclamo de por medio, y hasta el ofrecimiento de la concesionaria por cambiar el vehículo en determinadas condiciones -11/9/06-, pasaron trece días, por lo que es claro que la actora de ninguna manera utilizó su vehículo sin que la concesionaria estuviera al tanto de las fallas reclamadas.

Entiendo que ello es ilustrativo de la conducta diligente que la actora adoptó a los fines de darle un adecuado uso al vehículo y su correcto mantenimiento, lo que también se visualiza en el hecho de haber concurrido en un breve lapso al taller para la reparación de los desperfectos del automotor.

Por ello, no me queda más que concluir, sin dudar, que no hubo correspondencia de identidad entre el producto ofrecido y lo entregado (art. 11 LDC), ya que medió en el caso un defecto con entidad relevante para ocasionar un daño al consumidor en los términos del art. 17 y 40 de la ley 24.240.

b. La responsabilidad.

Ambos apelantes sostienen como principal argumento, que el sentenciante se equivoca en la valoración de la prueba producida en autos -en particular sobre la experticia mecánica- por lo que no se darían los presupuestos de hecho que habilitan la aplicación de las normas legales indicadas por el juzgador en fundamento de la procedencia de la condena de autos.Sin embargo -conforme lo dicho anteriormente- entiendo que no sólo estamos ante un vicio de fabricación de la cosa contemplado en el art. 40 LDC, sino que también se torna -sin lugar a dudas- operativa la responsabilidad prevista en ese mismo artículo. (cfr. FARINA Juan, “Derecho del consumidor y del usuario”, Ed. Astrea, Bs. As. 2004, pág. 436).

Recuérdese que el art. 40 de la ley 24.240 dispone que en los supuestos de daños al consumidor, resultantes del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio, responderán solidariamente el productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien hubiera puesto su marca en la cosa o servicio.

Debiendo entonces responder solidariamente no sólo al vendedor del producto -Alra S.A.- sino también al fabricante, es decir, a Volkswagen Argentina S.A.

Al respecto, resulta relevante que Volkswagen en ningún momento negó haber sido la fabricante del automotor en cuestión, ni haber puesto en el mercado el mismo a través de su agente oficial, y es por esos hechos que entiendo que resulta responsable en el carácter de fabricante y que debe responder al reclamo de la actora (art. 40 de la LDC).

Mención aparte debe efectuarse respecto al esfuerzo realizado por la codemandada Volkswagen en sus agravios, intentando modificar los términos en que quedara trabada la litis, a los fines de entender que la acción intentada por la actora se trataba de un reclamo propio de una acción quanti minoris. Al respecto, entiendo que ello no se condice con la pretensión esgrimida en la demanda, por lo que tal agravio corresponderá ser desestimado.

c. Rubros indemnizatorios.-

En cuanto a los agravios de las demandadas en lo que se refiere a que se rechacen las indemnizaciones de los rubros reclamados, es dable advertir que en las respectivas expresiones de agravios no se logra controvertir adecuadamente los fundamentos de la sentencia de primera instancia y sólo expresan una mera disconformidad con sus procedencias. (i) Desvalorización del rodado:no se encuentra desvirtuado en autos, que cualquier adquirente de un vehículo 0 km. que lo recibiera en el mismo estado en que -como en el caso- se le entregó al actor, seguramente “pagaría entre un 17 y un 20% por debajo del precio de lista” (v. fs.366), razón por la que tengo por acreditado el daño y su relación de causalidad con el hecho, y no encontrándose objetado el precio pagado, el reclamo por el monto fijado por el citado rubro entiendo resulta ajustado a derecho (art. 165 Cpr.)

(ii) Privación de uso: no habiendo sido desvirtuado por las demandadas que el vehículo debió ser reparado por los defectos en cuestión, ni la irrazonabilidad del plazo que entendiera el primer sentenciante debía ser indemnizado, corresponde desestimar el agravio y confirmar el ítem en estudio.

(iii) Gastos: en autos se encuentra acompañada la declaración actuarial de la escribana Hayes (fs. 14) que dan cuenta de las facturas emitidas por la misma como del informe del licenciado Frigerio, por lo que encontrándose tales gastos causídicos acreditados, he de confirmarlos.

(iv) Daño Moral: de las constancias de autos, resulta evidente que la entrega de un vehículo 0 km., en las condiciones descriptas, refleja la falta de identidad entre lo que se vende y la percepción que se crea en la mente del consumidor de las cualidades que rodean al automotor comprado. Entiendo que ello ha generado un estado de angustia, desconcierto e intranquilidad en el accionante de relevancia suficiente para admitir el rubro en estudio.

Ahora bien, en cuanto al quantum, considero que el reclamo de la codemandada Volkswagen Argentina S.A. referente a que se concedió un importe superior al pedido, debe ser desestimado. En efecto, si bien el accionante solicitó la suma de $4.000, tal pedido lo hizo a la fecha del evento, mientras que el a quo contempló el daño ha indemnizar al momento del dictado de la sentencia.En consecuencia, lo que entiende la recurrente como mayor valor, no es así, por cuanto sin duda el a quo consideró un valor menor del que dió, mas contempló el transcurso del tiempo desde el hecho al dictado de la sentencia; y ello, sin perjuicio de no haber efectuado una correcta discriminación entre el ítem indemnizado y los intereses correspondientes, lo que no ha sido materia de agravio.

d. Costas.-

Por último, en relación con el agravio de Volkswagen Argentina S.A. en cuanto a las costas del proceso, conforme la forma en que se ha resuelto, he de confirmar la sentencia de primera instancia en lo que se refiere a este punto, conforme el principio de derrota del art. 68 CPCC.

Por las razones expuestas, si mi criterio fuera compartido por mis distinguidos colegas, corresponderá rechazar los agravios formulados por ambas codemandadas y en consecuencia, confirmar la sentencia de grado. Las costas de Alzada se imponen a las coaccionadas condenadas en autos en su carácter de vencidas (art. 68 CPCC). Así voto.

Por análogas razones, los Señores Jueces de Cámara Doctores Juan R. Garibotto y Julia Villanueva adhieren al voto anterior.

Con lo que termina este Acuerdo, que firman los Señores Jueces de Cámara, Doctores

EDUARDO R. MACHI – JUAN R. GARIBOTTO – JULIA VILLANUEVA

RAFAEL F. BRUNO

SECRETARIO

Buenos Aires, 25 de octubre de 2012.-

Y vistos:

Por los fundamentos del Acuerdo que antecede, se rechazan los agravios formulados por ambas codemandadas y en consecuencia, se confirma la sentencia de grado. Las costas de Alzada se imponen a las coaccionadas condenadas en autos en su carácter de vencidas (art. 68 CPCC).

Notifíquese por Secretaría.

Machin, Garibotto, Villanueva. Ante mí: Rafael F. Bruno.

Es copia del original que corre a fs. de los autos que se mencionan en el precedente Acuerdo.

RAFAEL F. BRUNO

SECRETARIO

  1. hola mellamos Alfredo tengo una rengar 0k quilómetro tiene 20 quilómetro tiene un año de uso cada ves que la uso tiene problemas delicados estuvo barias eses el la agencia Robaina esta toda mano ciada por la agencia y el vehículo esta pero no lo puedo usar solicito una ayuda mi coreo y mi selo 0111564657105 alfredoyess@hotmail.com

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