Responsabilidad del diario demandado por calificar a una menor como «la chica de la navaja» por llevar un cortaplumas a la escuela.

CortaplumasPartes: B. R. R. c/ Diario Uno Mendoza 21 S.A. s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de Mendoza

Fecha: 5-mar-2013

Cita: MJ-JU-M-77376-AR | MJJ77376 | MJJ77376

Responsabilidad del diario demandado a raíz de las noticias que publicó en relación a una menor que había llevado un cortaplumas a la escuela, calificándola como «la chica de la navaja». Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-Cabe confirmar la sentencia que hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios incoada contra el diario demandado a raíz de las noticias que publicó en relación a una menor que había llevado un cortaplumas a la escuela, calificándola como la chica de la navaja , pues el desarrollo psíquico de la aquí actora exigía que no se la identificara de tal manera, caracterizándola como una menor peligrosa, más aún cuando ha quedado comprobado con los informes del CAI en el expediente del Juzgado de Menores que no tenía rasgos ni de menor ni de mayor peligrosidad.

2.-Tratándose de una menor de quince años al momento de los hechos y de las publicaciones periodísticas, regía al momento la ley provincial 6354 de Régimen de protección a la minoridad, que en su art. 12 establece que ningún medio de comunicación publicará o difundirá informaciones que puedan dar lugar a la individualización de niños y adolescentes, sean infractores o víctimas de un delito… .

3.-La esencia de la ley provincial 6354 radica en la protección del desarrollo de la personalidad de los destinatarios beneficiados, buscando tutelar a los menores, que pueden ser autores o víctimas de delitos o contravenciones, frente a la reacción que sus comportamientos podrían traer aparejados en la sociedad, esto es, las sanciones de naturaleza social que les podría aplicar la comunidad si tuviera cabal conocimiento de la relación que los une con esos hechos ilícitos.

4.-Con sólo leer las noticias se advierte que la menor podía ser clara y absolutamente identificada, pues se proporcionó el nombre de su madre y a partir de otra publicación se indicó el nombre del establecimiento escolar al que concurría; al día siguiente se agregó que asistía al turno mañana, indicándose que cursaba en el 9° 4°, se agregó el barrio en que vivía y que tenía quince años.

5.-Los datos publicados sucesivamente bajo la indicación (tanto en títulos como en contenidos) de la chica de la navaja hicieron posible que la menor pudiera ser identificada en la totalidad de los cursos del colegio al que asistía, y en ambos turnos (mañana y tarde) tal como cuenta el mismo medio, así también en su barrio y entre sus familiares que en rigor nada tenían que ver con la cuestión.

6.-Aun cuando las personas que toman conocimiento del tema sean más o menos las que podrían haberlo conocido por su propia experiencia -lo que no es del todo cierto pues la cuestión debió quedar por sí misma reducida a la menor, su madre y padre, la autoridad escolar y en todo caso al curso de la menor y no a toda la comunidad escolar, el barrio y la familia-, lo que importa también es que la difusión pública torna en escándalo a lo que sólo hubiese sido la discusión sobre la comisión de una infracción escolar y sus causas y consecuencias.

Fallo:

En Mendoza, a los cinco días del mes de marzo de dos mil trece reunidos en la Sala de Acuerdos, los Sres. Jueces de esta Excma. Ter-cera Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas de Paz y Tributario, trajeron a deliberar para resolver en definitiva los autos N° 187923/34448 «B., R. R. c/ Diario Uno, Mendoza 21 SA p/ daños y perjuicios originarios del Decimo Noveno Juzgado en lo Civil, Comercial y Minas de la Primera Circunscripción Judicial, venidos a esta instancia en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 348 por la parte actora y a fs. 349 por la parte demandada, contra la sentencia de fs.335/338.

Llegados los autos al Tribunal la parte actora desistió de su re-curso a fs.361.

Se ordenó expresar agravios a la demandada apelante, lo que se llevó a cabo a fs. 370/373.

Corrido traslado de los fundamentos del recurso interpuesto a la contraparte, contesta a fs.377/378 la parte actora, quedando la causa en estado de resolver.

Practicado el sorteo de ley quedó establecido el siguiente orden de estudio: Dres. Mastrascusa, Colotto, Staib.

En cumplimiento de lo dispuesto por los arts. 160 de la Consti-tución Provincial y 141 del CPC, se plantearon las siguientes cuestio-nes a resolver:

PRIMERA CUESTIÓN:

¿Es justa la sentencia apelada?

SEGUNDA CUESTIÓN:

Costas.

A LA PRIMERA CUESTIÓN LA DRA MASTRASCUSA DIJO:

I. Contra la sentencia de fs.335/338, que admite la demanda in-terpuesta por la actora y condena a la demandada a pagar la suma de $15.000 con más sus accesorios en concepto de daño moral, deduce recurso de apelación la parte demandada solicitando se revoque la sentencia que condena a su parte.

Al fundar su recurso, expresa que se agravia en primer lugar por la responsabilidad que se le ha atribuido en forma infundada y sin un correcto análisis de las pruebas del caso, y en segundo lugar, para el caso que se sostuviera su responsabilidad, por el monto de la indemni-zación acordada el que le parece excesivo.

En punto a la responsabilidad civil, se agravia por cuanto a su juicio la sentencia es arbitraria y nula toda vez que aparece como in-fundada. Señala que puede advertirse en los considerandos que en ningún momento la Sra. Juez analiza y valora las notas publicadas por el Diario Uno sino que simplemente se limita a mencionar el fallo del juzgado de menores y a mencionar los títulos de las notas publicadas.

Agrega que sin hacer ese análisis el Tribunal imputa a su parte responsabilidad civil sólo por el hecho de haber mencionado al nom-bre de la madre de la menor.

Expresa a continuación que la Sra. Juez efectuó una valoración parcial y escueta de la nota en cuestión sin tomar en cuenta el resto de la prueba producida.

Señala que la Sra. Juez a quo no ha tomado en cuenta la prueba de absolución de posiciones de la madre de la menor que al interroga-torio expresa que nunca vio los noticieros y que no ha leído ninguna publicación al respecto.Dice que ello es contradictorio con sus pro-pios actos.

En segundo lugar expresa que su parte hizo en la contestación de demanda un análisis exhaustivo de las notas del diario y que las mis-mas se encuentran protegidas por la teoría de la real malicia.

Luego de referirse a la colisión de derechos personalísimos con el derecho a la libertad de expresión y señalar que la Corte de la Na-ción ha expresado que no debe aplicarse el derecho común y debe protegerse el segundo exigiéndose una reprochabilidad agravada para que proceda una indemnización, cita dos casos de jurisprudencia (Di Salvio y Patitó) y sostiene que amparadas por esta doctrina las publi-caciones de su parte no pueden responsabilizarla por daños al honor de la actora.

Expresa que la noticia publicada por su mandante en la que se incluyó colateralmente el nombre de la madre de la menor «como caso testigo» y relativa a la inseguridad en las escuelas, era de notoria rele-vancia pública y de necesario conocimiento por parte de la comunidad siendo que el hecho en el cual habría participado la actora mantuvo un interés social y público que ampara al medio de comunicación.

Agrega que al mencionar el nombre de la madre de la menor su parte no incurrió en una desconsideración temeraria sobre su falsedad ni mucho menos «con conocimiento de su falsedad», hechos que no pueden presumirse y deben ser probados por el actor. Dice además que en las notas que el Tribunal entiende dañosas no se describen las circunstancias del hecho en cuestión ni se la menciona a la actora como culpable del mismo.Insiste en que en ninguna de las notas se menciona el nombre de la menor ni tampoco datos ciertos de ella que la identifiquen fuera de la institución educativa y que es claro que los compañeros de curso y los directivos y familiares tomaron conoci-miento de esta cuestión por haberlo vivido en experiencia propia pero no porque tomaron conocimiento por los medios de comunicación.

Dice que es falso que se identifique a la hija por el solo hecho de mencionar a la madre, dado que tienen apellidos distintos y que sólo el círculo íntimo podría haberla identificado por este medio lo que de todos modos ocurría por el hecho de de haber tomado conocimiento directo y no por los medios.

Afirma que además existe orfandad probatoria pues no existe un solo testigo que acredite las aflicciones de la actora. Insiste en que las noticias fueron publicadas con cuidado y de buena fe.

En segundo lugar y en subsidio, se agravia por el monto de la condena.

Estima que existe contradicción entre lo afirmado por la Sra. Juez a quo cuando sostiene que la situación ocurrida en el estableci-miento, el alejamiento de la menor de sus compañeros y de los direc-tivos del colegio no tiene vinculación alguna con las publicaciones lo que es real, y que a la condena tampoco tiene relación con la falta de culminación de los estudios, porque sólo corresponde la misma por las aflicciones que la actora sufrió y que pudo experimentar razonable-mente por las publicaciones estigmatizantes. Entiende que de ello se deduce que la Sra.Juez estima que la indemnización no puede prospe-rar por todo lo reclamado.

Expresa que se equivoca en cambio al establecer el monto de la condena que resulta excesivo en primer lugar por cuanto la actora no ha acreditado ningún daño como consecuencia directa de la publica-ción (ni por testigos, ni por pericias, informes u otros elementos pro-batorios) y en segundo lugar por cuanto no ha valorado la prueba de la absolución de posiciones de la propia actora a fs. 107 de la que surge que las noticias no fueron conocidas por la actora.

.A fs. 377/378 la actora contesta el recurso solicitando su recha-zo por las razones que doy por reproducidas en mérito a la brevedad.

a) Recurso de Nulidad.

Conforme a lo establecido por el art. 141, inc. III , del C.P.C., corresponde pronunciarse en primer lugar respecto al planteo de nuli-dad efectuado por la parte recurrente en su escrito de expresión de agravios.

Como he sostenido en numerosas ocasiones en nuestro ordena-miento procesal, el recurso de nulidad ha perdido autonomía y ha quedado absorbido por el recurso de apelación. Es así como el art. 133, inc. IV , del C.P.C. establece que el recurso de apelación com-prende los agravios ocasionados por defectos en el procedimiento, no convalidados, o en la sentencia. Ello, no es sino fruto de la evolución que ha tenido el recurso de nulidad, en la cual por ser la impugnación (apelación) el remedio más radical, ya que sustituye el acto conforme a la justicia, se ha producido la absorción de la invalidación (nulidad) por la impugnación (Conf. PODETTI, Ramiro, «T. de los recursos», pág. 241 / 248, Bs. As., 1958).

Como se señalara, el recurso de nulidad comprende los agravios ocasionados por defectos en el procedimiento, no convalidados, o en la sentencia.

En el caso de autos se han invocado defectos de la sentencia.Es-tos, en la doctrina que venimos siguiendo, a su vez, abarcan los vicios de forma y los de contenido de la misma.

Los vicios intrínsecos en principio no dan lugar a una declara-ción de nulidad, debiendo aplicarse un criterio restrictivo y limitarse su procedencia exclusivamente a los casos en que el vicio no puede ser subsanado mediante la apelación. Ello ocurre, por ejemplo, cuando existe déficit en la constitución del tribunal (juez incompetente), au-sencia total de fundamentos, violación de lo establecido en el art. 1101 del Cód. Civil, falta de firma, etc.

En los defectos de contenido, Podetti incluye los supuestos de omisiones, las extralimitaciones o decisiones que exceden el litigio y los vicios de cambio o errónea calificación de las cuestiones litigiosas o del derecho aplicable y la falta de concordancia entre los fundamen-tos y la parte dispositiva.

Todos, aclara, afectan la justicia del pronunciamiento y conside-ra que en principio resulta natural que se omita la invalidación, de-biendo restituirse la justicia mediante la revocación o modificación del pronunciamiento defectuoso.

Las omisiones pueden ser de pronunciamiento, de fundamenta-ción o de consideración de hechos o citas legales. Las omisiones de pronunciamiento sólo justifican la nulidad cuando son graves; las de fundamentación sólo dan lugar a la nulidad cuando son totales y las de consideración de hechos o pruebas, deben ser subsanadas mediante la apelación.

Estos dos últimos supuestos son los que alega el recurrente, sos-teniendo que la Sra.Juez a quo no habría considerado prueba que él considera relevante, y tampoco habría fundado la responsabilidad civil sino en un solo hecho (que a su vez considera irrelevante) cual es haber la demandada hecho conocer en sus publicaciones el nombre de la madre de la actora.

Como se ha visto la ausencia de valoración de un hecho o una prueba debe ser subsanada mediante la apelación por lo que de ningu-na manera puede admitirse planteo alguno de nulidad por esa razón.

En cuanto a la falta de fundamentos, en primer lugar, para que den lugar a la nulidad ha quedado dicho que deben ser totales, lo que es evidente que en el caso no ocurre. Lo que el recurrente alega en to-do caso, es que los fundamentos de la Sra. Juez (que por otra parte son muchos más que los indicados por la demandada) para atribuir res-ponsabilidad civil y condenar a su parte no son adecuados. Ello tam-poco es motivo de nulidad alguna y en todo caso debe intentarse su reparación mediante la apelación.

Las razones expuestas, hacen obvia la improcedencia de la nuli-dad peticionada.

II. Recurso de apelación.

Si bien la demandada recurrente ordena su escrito de expresión de agravios de otra manera, comenzaré el estudio de las críticas que se refieren a la responsabilidad, por la alegación efectuada por la apelan-te relativa a que en el caso debe aplicarse la doctrina de la real mali-cia, pues ello es lo que determina el marco jurídico y los requisitos de procedencia de la acción.

Nuestra Corte Provincial ha hecho una reseña de los anteceden-tes históricos de la doctrina de la real malicia receptada por la Corte de la Nación, en autos n 76.471 caratulada: «Mendoza 21 S.A. en j 147.394/26.968 Díaz Peralta, Joaquín c/ Mendoza 21 S.A. p/ D. y P. s/ Inc.»(S.Corte de Justicia de Mendoza, LS 328-187) a cuyo desarro-llo histórico y comentarios doctrinales me remito en honor a la breve-dad.

Sólo quiero recordar que en esa oportunidad se dijo que: «El nú-cleo central de la doctrina es: *Sólo corresponde condenar a quien ha publicado una información referida a la actividad de un funcionario público, o de una persona pública, en la medida en que ésta demuestre que la información fue efectuada a sabiendas de su falsedad, o con to-tal despreocupación, con actuar desaprensivo, con temerario desinte-rés por la verdad.*»

Como se ve al menos hasta hace unos pocos años, no quedaba duda alguna que la doctrina sólo se aplicaba en los casos de daños al honor de un funcionario público o una persona pública.

El caso de daños a la intimidad o el honor de las personas parti-culares, quedaba enmarcado en los supuestos establecidos por la Cor-te Nacional en el precedente «Campillay» y en los demás fallos que le siguieron.

Esto es, la nota diferenciadora era entonces la calidad subjetiva del sujeto dañado. Así se establece claramente en el voto de los Dres. Belluscio y Petracchi (caso Costa, Fallos 310-508) en el que se dijo: » la Corte Suprema de los Estados Unidos, cuya jurisprudencia resulta de innegable valor.efectúa una distinción según la calidad del su-jeto pasivo de la difamación, funcionario público o ciudadano pri-vado, confiriendo una protección más amplia a este último». (el resaltado es mío).

Sin embargo en algunos casos más recientes algunos miembros de la Corte Nacional parecen hacer referencia a un criterio objetivo -que es el que pretende se utilice el recurrente en su expresión de agra-vios- el que aparentemente extendería la aplicación de la doctrina de la real malicia incluso a particulares, cual es una expresión general de «interés público».

Sin embargo, con sólo leer los fundamentos de los últimos fallos de la Corte de la Nación, se advierte que en realidad no se trata de que este máximo tribunal haya abandonado el criterio referente al sujeto pasivo del daño, sino que ha especificado, en todo caso, qué puede convertir a un funcionario de segundo rango, o a una persona particu-lar en una persona pública.

En efecto, en el caso Di Salvo (el más reciente, citado en parte por el recurrente) se trataba de un candidato electo y además protago-nista en las internas del Partido justicialista, por lo que no cabe duda de que la imputación de figura pública que recibió de parte de la Corte Suprema de Justicia, y en todo caso, la referencia a cuestiones institu-cionales o de interés público estaban directamente vinculadas al fun-cionamiento de las instituciones democráticas y no a cualquier cues-tión que revistiera interés público ni mucho menos social como lo pre-tende la recurrente.

En todo caso, los dos precedentes de la Corte de la Nación que amplían el espectro de figuras o personas que no podrían obtener el juzgamiento de la afectación de su derecho al honor (e incluso más actualmente también a la intimidad) por la vía del derecho común, y que deberían siempre probar la real malicia del medio de prensa son específicamente los fallos «Patitó»y «Locles».

En el caso Patitó sin embargo y pese a un voto particular de la Dra. Highton de Nolasco, el voto de la mayoría mantiene la afirma-ción de la calificación subjetiva de la persona pues afirma en su con-siderando 8: «Que según los precedentes de esta Corte, tratándose de informaciones referidas a funcionarios públicos, figuras públicas o particulares que hubieran intervenido en cuestiones de esa índole, cuando la noticia tuviera expresiones falsas o inexactas, los que se consideran afectados deben demostrar que quien emitió la expresión o imputación conocía la falsedad de la noticia y obró con conocimiento de que eran falsas o con notoria despreocupación por su veracidad (doctrina de Fallos: 320:1272 ; 327:943 ).».

La inclusión de esta fórmula «particulares que hubieran interve-nido en cuestiones de esta índole no se extiende a cualquier aspecto de la vida en comunidad, sino otra vez, se hace referencia a lo institucio-nal pues en el caso se trató de una acción promovida por un perito fo-rense contra un medio periodístico por la publicación de un artículo crítico hacia el funcionamiento del Cuerpo Médico Forense y el des-empeño de sus integrantes.

A mi modesto juicio lo único que puede obtenerse de dicho fallo es la extensión del concepto de funcionario público pues antes de ello se consideraba que la doctrina no alcanzaba sino a funcionarios de al-to rango.Con esta fórmula se puede extender a quienes, antes para la jurisprudencia eran particulares, teniendo en cuenta que se desempe-ñan en la función pública aunque no sea su rango de primer nivel, y las cuestiones en las que se encuentran involucrados son de evidente interés público-institucional.

Quienes han entendido que con este precedente se ampliaba la aplicación de la teoría de la real malicia a cualquier persona que estu-viera implicada en una cuestión de interés público en un sentido muy lato, han tomado como parte del voto de la mayoría al voto individual de la Dra. Highton de Nolasco quien se refirió en estos términos a una cuestión que más bien tenía relación con la forma de valorar o ponde-rar en el caso dos derechos constitucionales opuestos. Ella dijo «Tal como lo ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso «Herrera Ulloa c/ Costa Rica», sentencia del 2 de julio de 2004, la legalidad de las restricciones a la libertad de expresión fun-dadas en el art. 13.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dependerá de que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo. Allí se enfatizó que «entre varias opciones para alcanzar ese objetivo debe escogerse aquélla que restrinja en menor escala el derecho protegido. Dado este estándar, no es suficiente que se demuestre, por ejemplo, que la ley cumple un propósito útil u opor-tuno; para que sean compatibles con la Convención, las restricciones deben justificarse según objetivos colectivos que, por su importancia, preponderen claramente sobre la necesidad social del pleno goce del derecho que el art. 13 garantiza y no limite más de lo estrictamente necesario el derecho proclamado en dicho artículo. Es decir, la restric-ción debe ser proporcionada al interés que la justifica y ajustarse es-trechamente al logro de ese objetivo legítimo» (OC 5/85, del 13 de noviembre de 1985, Colegiación Obligatoria de Periodistas; «Caso Herrera Ulloa vs.Costa Rica», sentencia del 2 de julio de 2004; Corte Europea de Derechos Humanos, caso «The Sunday Times vs. United Kingdom», sentencia del 29 de marzo de 1979, serie A, N° 30; «Bart-hold vs. Germany», sentencia del 25 de marzo de 1985, serie A. N° 90). También allí se ha manifestado que «[El control democrático, por parte de la sociedad a través de la opinión pública, fomenta la transpa-rencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública, razón por la cual debe exis-tir un margen reducido a cualquier restricción del debate político o del debate sobre cuestiones de interés público» (párrafo 127). Se agregó que «[Es así que el acento de este umbral diferente de protección no se asienta en la calidad del sujeto, sino en el carácter de interés público que conllevan las actividades o actuaciones de una persona determi-nada. Aquellas personas que influyen en cuestiones de interés público se han expuesto voluntariamente a un escrutinio público más exigente y, consecuentemente, se ven expuestas a un mayor riesgo de sufrir crí-ticas, ya que sus actividades salen del dominio de la es­fera privada para insertarse en la esfera del debate público»(párrafo 129).».

Pero a continuación y para que quede claro que en definitiva sólo buscó una norma de ponderación de principios o valores en juego sostuvo «14) Que a la luz del criterio de ponderación anteriormente señalado, cabe concluir que en el caso de autos no se observa un inte-rés público imperativo que justifique condenar a La Nación por sus opiniones vertidas respecto al funcionamiento del C.M.F.desde que, como lo indica el señor Procurador en su dictamen, el demandado se limitó a referirse a un cuadro de situación vinculado con un proceso del que muchos medios se hacían eco, y que había llegado a un grado importante en su etapa de investigación judicial.».

De todos modos cabe destacar, que la Corte de la Nación viene -como en el caso Patitó al que nos estamos refiriendo- desarrollando una serie de resoluciones en las que la mayoría se conforma con votos con distintos fundamentos, por lo que como lo señalan numerosos au-tores, cuando ello es así, no es posible sostener que la «doctrina de la Corte» es la expresada en la de ninguno de ellos. En este sentido se ha dicho que «Sin embargo, y como ha ocurrido en otros fallos sobre prensa, la concordancia de los ministros en la parte resolutiva no se corresponde con el desarrollo de una línea argumental homogénea en los considerandos de la sentencia. Tal circunstancia -advertida hace ya casi diez años por SAGÜÉS, en oportunidad de anotar el fallo «Pe-tric c. Diario Página 12» (LA LEY, 1998-C, 284) (4)- se debe a que con el sistema de votos en la CSJN «no siempre es fácil advertir cuál es el criterio definitivamente mayoritario», ya que «abundan votos de distinta factura aunque coincidentes en una misma parte resolutiva». Esto -advertía el autor citado- torna necesario «rastrear con cuida-do cuáles son, si los hay, los fundamentos que tienen realmente mayo-ría absoluta» respecto a los miembros que integran la CSJN» (Flores, Oscar «Ejercicio del derecho a la información respecto de menores vinculados a causas judiciales», LA LEY 2007-F , 444 citando a SA-GÜES, Néstor P., «Constitucionalidad y extensión del derecho de ré-plica», J.A.1998-IV-349).

Otra dificultad se presenta igualmente en la solución de los ca-sos particulares, pues como dice Badeni, el tribunal ha asumido la Doctrina de la Real Malicia «a veces, alterando su contenido en fun-ción de los hechos debatidos; otras, introduciendo condiciones extra-ñas a esa doctrina; y, en algunas oportunidades, ajustándose estricta-mente a ella» (Badeni, Gregorio, «Doctrina de la real malicia», Aca-demia Nacional de Periodismo, Buenos Aires, 2004.).

Igualmente -y volviendo al voto precedentemente citado de la Dra. Highton de Nolasco- aún cuando se considerase que la cita a una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos torna obligatoria la aplicación de esa solución conforme al art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, lo cierto es que si se atiende al caso citado por la Dra. Nolasco en el precedente anterior, las condiciones en las que la Corte Interamericana se expresa de tal manera son tan distintas a la doctrina de la real malicia que no pueden tomarse para modificar la misma, sino en todo caso para sentar una posición diferente.

En efecto, el caso «Herrera Ulloa c/ Costa Rica» ( Corte Inter-americana de Derechos Humanos; 2-jul-2004; MJ-JU-M-5529-AR | MJJ5529 | MJJ5529) versa sobre el procedimiento y sanción penal impuesta al periodista Mauricio Herrera Ulloa como consecuencia de haber publicado diversos artículos que reproducían parcialmente in-formación de algunos periódicos europeos referentes a supuestas acti-vidades ilícitas del señor Félix Przedborski quien en la época de di-chas publicaciones era representante de Costa Rica ante la Organiza-ción de Energía Atómica en Austria, en calidad de Cónsul ad hono-rem.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que el Estado de Costa Rica a través de sus tribunales penales había actuado en contra del art.13 de la Convención Americana, por cuanto en el caso se había probado que la información vertida en la prensa de Bél-gica respecto del diplomático Félix Przedborski, representante del Es-tado costarricense ante la Organización de Energía Atómica en Aus-tria, por sus supuestas actividades ilícitas, produjo una inmediata aten-ción por parte del periodista Mauricio Herrera Ulloa, quien reprodujo parcialmente información publicada por dichos medios. La Corte ob-serva que el periodista Herrera Ulloa se limitó básicamente a la repro-ducción de estas informaciones que atañían, como se ha dicho, a la conducta de un funcionario público en el extranjero y, en consecuen-cia, condena al Estado por no aceptar esta defensa en un proceso pe-nal por el delito de difamación, como exceptio veritatis, entendiendo que con ello se superan los límites que es posible poner a la libertad de expresión, lo que como se advierte no responde en absoluto a la doctrina de la real malicia.

Volviendo al análisis de los fallos de la Corte de la Nación un caso similar es el de «Locles», en el que el voto de la mayoría repitió el mismo concepto cual fue «Tratándose de informaciones referidas a funcionarios públicos, figuras públicas o particulares que hubieran in-tervenido en cuestiones de esa índole -en la especie, un perito oficial en balística- cuando la noticia tenga expresiones falsas o inexactas, los que se consideran afectados deben demostrar, para poder obtener un resarcimiento fundado en las normas de responsabilidad civil, que quien emitió la expresión o imputación conocía la falsedad de la noti-cia y obró con conocimiento de que eran falsas o con notoria despre-ocupación por su veracidad.» (Corte Suprema de Justicia de la Nación, «Locles Roberto Jorge c/ Arte Gráfico Editorial s/» 10-ago-2010; MJ-JU-M-57275-AR | MJJ57275).

Hay que destacar que la corte consideró que la noticia revistió indudable interés público, no solamente por su relación con lainvesti-gación de la muerte de Carlos Menem (h.), sino también por su alu-sión a causas en las que se encontraban implicados miembros de la Policía Bonaerense y porque la persona involucrada en la publicación, el perito en balística Capitán Locles, fue, hasta su inhabilitación por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, un auxiliar de la justicia que intervino en investigaciones dentro de pro-cesos que concitaron el interés de la población por sus connotaciones claramente político-institucionales, como fue, por ejemplo, el del ase-sinato del periodista José Luís Cabezas.

En el caso Melo Leopoldo Felipe y otros c/ Majul Luis Miguel s/ daños y perjuicios (Corte Suprema de Justicia de la Nación; 13-dic-2011; MJ-JU-M-69910-AR | MJJ69910 | MJJ69910) en el voto de los Dres. Fayt, Petracchi y Argibay se sostuvo que la sentencia de Cámara que condenó a un periodista a resarcir el daño moral de los hijos y cónyuge de un empresario que fue identificado en un libro de su auto-ría como suicida debía revocarse, pues el Tribunal a quo debió tener en cuenta a esos fines las directrices de la doctrina de la «real malicia» al examinar si aquél fue o no una figura pública y, en caso afirmativo, si se configuró un factor de imputación que cumpla con la exigencia de que el demandado haya actuado con conocimiento de la falsedad o grosero descuido, pero se limitó a afirmar de modo dogmático que la doctrina se aplicaba a la prensa escrita, oral, televisiva, etc., pero no a los libros, porque en éstos el autor cuenta con tiempo y elementos su-ficientes para meditar y revisar lo que escribe.

Para tratar de entenderlo, hay que recordar que la doctrina de la real malicia exige que la persona damnificada sea un funcionario pú-blico o una figura pública o un particular que interviniera en una cues-tión pública.Esta es la cuestión que el voto de Fayt, Petracchi y Argi-bay (que conforman en sus fundamentos parte mayoritaria, pero su-mados a otros) consideran esencial. Pero su estrategia no es sostener explícitamente que Melo era una persona pública o asimilable a tal sino que, tras recordar las líneas que estructuran ese análisis, sostienen que la Cámara debió tenerlas en cuenta para fallar (cons. 15). El voto evita así pronunciarse sobre esta cuestión y, simplemente, recuerda los parámetros que la Cámara debió usar para hacerlo. Esto es, no se aventura al análisis de la prueba de tales circunstancias.

A pesar de estos circunloquios y teniendo en cuenta que el a quo había afirmado que Melo no era una persona pública, este voto sólo puede interpretarse en el sentido de que para estos tres jueces sí lo era; aunque no lo digan con todas las letras. Sí lo hace, en cambio, la Dra. Highton en el voto por sus propios fundamentos -cons. 17-, con el que en definitiva se conforma la solución mayoritaria.

Afirma allí que el relato de Majul sobre Melo hace a la consti-tución del periódico Ámbito Financiero, cuestión de interés público o general y la información sobre su muerte es conducente a tales fines.

El voto de la Dra.Highton de Nolasco afirma que «A los fines del estándar de la «real malicia», si la información publicada sobre el fallecimiento de un empresario que fue identificado como suicida tuvo relación con la investigación acerca de la creación, fundación y cre-cimiento de un medio gráfico de comunicación social de reconocida circulación, tiraje y alcance nacional, ello basta para concluir que lo informado por el periodista demandado en su libro presenta un interés público o general y que el relato de la forma en que falleciera aquél resulta conducente para describir la forma cómo se habría originado uno de los diarios de mayor difusión nacional»

Sin embargo en el voto en disidencia de los Doctores Lorenzetti, Maqueda y Zaffaroni se dijo que: «Es inaplicable la doctrina de la real malicia al autor de un libro en el que se afirma falsamente que un par-ticular relacionado con hechos de interés público o relevancia pública, cual es la creación y fundación de un diario de gran difusión en el ám-bito nacional, si el supuesto suicidio no reviste relevancia pública o interés general, más allá de que el fallecido haya sido uno de los so-cios fundadores del referido diario y de que haya vendido su parte ac-cionaria aproximadamente diez años antes de su fallecimiento (Corte Suprema de Justicia de la Nación M., L. F. y otros c. M., L. M.s/ da-ños y perjuicios • 13/12/2011 AR/JUR/78473/2011 del voto en disi-dencia de los doctores Lorenzetti, Maqueda y Zaffaroni).

De todos modos y aún cuando se tomara como la opinión de la Corte de la Nación en su conjunto que en el caso se trataba de una in-formación relativa a una persona pública por su relación con una cues-tión de interés público, es obvio que también se adjudica ese carácter a la relación con un periódico de alta difusión como lo es Ámbito Fi-nanciero, la que conforme a la doctrina sobre la relevancia institucio-nal de la prensa, toma un carácter institucional, toda vez que justa-mente es la importancia que tiene la lab or periodística sobre asuntos públicos respecto de la transparencia del sistema democrático lo que hace que la Corte de la Nación asigne a la libertad de expresión un rango constitucional especial respecto de otros derechos reconocidos igualmente en la Carta Magna, y se le otorgue un trato diferente al del derecho común en los casos de reparación de daños.

Todo ello no hace más que confirmar que, de ninguno de los casos tratados por la Corte de la Nación pueda tomarse como requisito de aplicación para la doctrina de la real malicia la existencia de cual-quier interés público o social como lo sostiene la apelante. Mucho menos cuando, como en el caso de autos, se trató de una menor que simplemente infringió una regla de la Dirección General de Escuelas, y no de un supuesto de inseguridad en las escuelas como afirma el re-currente, lo que de todos modos, no hubiera hecho que la entonces menor de edad se considerase una «persona pública».

II.Descartada entonces la aplicación de la teoría de la real mali-cia, hay que retomar el marco jurídico que la Corte Provincial ha deli-neado adecuadamente para el análisis de casos como el presente, doc-trina que esta Cámara ha seguido en numerosas oportunidades, con el agregado de que en el caso se trataba de noticias sobre una menor de edad, lo que en todo caso hace aplicables más bien el precedente de la Corte de la Nación S., L. E. c/ Diario El Sol.

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza tiene dicho reitera-damente que «debe distinguirse entre informar (propalar noticias en forma objetiva) o agraviar (propalar noticias con tinte injurioso o de-nigrante). Si agravia, aún cuando las afirmaciones sean verdaderas, el medio puede llegar a responder civilmente por lesionar el honor de las personas. Si informa (objetivamente) hay que diferenciar si la noticia es verdadera o falsa: si la noticia es verdadera, el medio no responde aún cuando ofenda a la persona; si es falsa o inexacta y se trata de un particular, el medio también responde salvo que se demuestre alguna de estas circunstancias: (I) Propaló la información atribuyendo direc-tamente su contenido a una fuente individualizada; (II) Utilizó el ver-bo en modo condicional o potencial; o (III) Dejó en reserva la identi-dad de los implicados en la nota periodística. Por eso, normalmente, la primera cuestión a dilucidar en estos procesos es si la noticia transmi-tida era falsa o verdadera y, para ello, es necesario analizar la noticia al momento en el que ella fue difundida.» (S.C. J.Mza. Expte 88677 – RAMÍREZ, JORGE EN J° 38.397/166.307 RAMÍREZ, JORGE SANTIAGO C/ MENDOZA 21 (DIARIO UNO) P/ DAÑOS Y PER-JUICIOS S/ INC. CAS. Fecha: 12/06/2007 – LS378-082 ; LS436-083, 102975 – FALCONI FERNANDO LUIS EN J° 179.996/33.167 FALCONI FERNANDO LUIS C/ DIARIO LOS ANDES HERMA-NOS CALLE S.A. P/ D. Y P. S/ INC Fecha:12/11/2012 y otros pre-cedentes anteriores).

En las mismas resoluciones la Suprema Corte de Justicia de la Provincia adhiere a la posición que sostiene que los requisitos de la doctrina Campillay sortean el problema de la antijuridicidad en el caso de propalación de noticias falsas.

Si el análisis de las noticias por las que se ha reclamado indem-nización debiera hacerse sólo desde esta perspectiva, diría que las no-ticias son parcialmente verdaderas y parcialmente falsas. Por ejemplo, cuando se hace referencia a que la menor de 15 años «ha tenido pro-blemas de agresión con otros compañeros en oportunidades anterio-res» (publicación del jueves 2 de octubre de 2003), la falta de toda re-ferencia a las razones expuestas por la menor y su madre, tanto de la tenencia de la cortaplumas, cuanto de lo sucedido con un compañero que se comportara incorrectamente con ella desde el punto de vista sexual, etc.).

Sin embargo, como estas cuestiones referidas a la falsedad o no de la noticia no han sido planteadas en la demanda no tomaré las pu-blicaciones como falsas en sí mismas para su análisis pues ello contra-riaría el principio de la defensa en juicio y de la congruencia.

Sin perjuicio de ello, tratándose de una menor de 15 años al momento de los hechos y de las publicaciones periodísticas, señalaré otra cuestión mucho más importante que permite afirmar que las noti-cias se mantienen en el ámbito de lo antijurídico, antes de analizar si las mismas, además, agravian y perjudican el honor, la reputación o el derecho a la intimidad de la menor, para lo que se requiere un factor de atribución para responsabilizar al medio periodístico.

En el sentido indicado, basta con recordar que en el caso, regía al momento de la propalación de las noticias (y rige actualmente) la ley provincial 6354 (Régimen de protección a la minoridad) que en su art. 12 establece «art.12 – Ningún medio de comunicación publicará o difundirá informaciones que puedan dar lugar a la individualización de niños y adolescentes, sean infractores o víctimas de un delito.».

De tal modo las noticias referidas, si individualizaban a la actora estaban prohibidas, y al menos desde el punto de vista de la ley pro-vincial eran ilícitas y antijurídicas.

Es necesario entonces hacerse dos preguntas: 1) Dado el carácter institucional que tiene el derecho a la libertad de prensa y a la exigen-cia constitucional de la ausencia de censura previa ¿es posible que una disposición como la de nuestra ley provincial (hoy en día existe una norma similar con carácter nacional pero en ese entonces no estaba vigente) supere el test de constitucionalidad?; 2) Si lo supera la norma y debe por ello considerarse aplicable ¿el Diario violó la prohibición de individualizar a la menor?

En el caso S., L. E. c. Diario «El Sol» (Corte Suprema de Justi-cia de la Nación (CS) ~ 2007-08-28) el voto de los jueces Lorenzetti y Highton, concordantemente con lo sostenido por Fayt y Argibay sien-tan la siguiente doctrina:»los lineamientos de la doctrina derivada del caso «Campillay» no son de aplicación cuando media -como el sub examine- una prohibición legal de difusión respecto de la noticia propalada por el medio. En efecto, si la finalidad tuitiva del legislador fue evitar la publicidad de ciertos hechos, en cuanto concierna a la persona del menor, mal podría soslayarse esta prohibición apelando al uso de un tiempo potencial de verbo o citando expresamente la fuente de que emana la información, aun cuando ésta provenga de los magis-trados que entendieron en la causa judicial que involucra al menor de edad.En tales supuestos, sólo omitiendo la identificación del menor -es decir, cumpliendo con la prescripción legal- se cumpliría con la protección de su esfera de intimidad frente a injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada» (el resaltado es mío).

En dicho fallo se reclamaba indemnización con motivo de la di-fusión por dicho medio periodístico de aspectos relativos a la vida fa-miliar y sexual de la hija de la actora en el marco de un procedimiento judicial donde la menor de edad se hallaba involucrada y los tribuna-les inferiores se ajustaron a la prohibición de una norma provincial similar a la que establece el art. 12 de nuestra ley 6534.

En lo que hace a la constitucionalidad de este tipo de restriccio-nes provinciales a la libertad de prensa, la Corte de la Nación se pro-nunció favorablemente sosteniendo que «La prohibición de censura previa contenida en el artículo 14 C.N. «no llega al extremo de con-vertir al juez en mero espectador de un daño inexorable». No es un principio de alcances absolutos, sino que corresponde armonizar la debida protección a la libertad de prensa y la consecuente prohibición de censura previa, con la tutela de otros bienes jurídicos, como es el derecho de los menores y el interés superior del niño, señalando ex-presamente que la Convención sobre los Derechos del Niño confiere especial tutela a los derechos de la infancia. Su preámbulo señala la necesidad de una «protección especial», y su art. 3° impone atención primordial al interés superior del niño. Esto proporciona «un paráme-tro objetivo que permite resolver los conflictos en los que están invo-lucrados menores, debiendo tenerse en consideración aquella solución que les resulte de mayor beneficio».

Los autores que han tratado la prohibición impuesta en leyes o decretos provinciales como el presente sostienen que la esencia de su fundamentación radica en la protección del desarrollo de la personali-dad de los destinatarios beneficiados.Se busca tutelar a los menores, que pueden ser autores o vícti-mas de delitos o contravenciones, frente a la reacción que sus compor-tamientos podrían traer aparejados en la sociedad, esto es, «las sancio-nes de naturaleza social que les podría aplicar la comunidad si tuviera cabal conocimiento de la relación que los une con esos hechos ilíci-tos» (BADENI, Gregorio, «Inaplicabilidad de La Ley 20.056 . Publici-dad de situaciones relativas a menores», LA LEY, 1989-B, 868; cfr. también CAIMMI, Luis, «El vacío legal en la prevención y sanción de la difusión de hechos referentes a menores y su identificación», LA LEY, 1991-C, 952.), posición con la que concuerdo absolutamente y en función de tales fundamentos entiendo que dichas prohibiciones son constitucionales.

Pero la norma provincial no sólo supera el test de constituciona-lidad sino que también se inscribe dentro de los términos adecuados al control de convencionalidad.

En efecto el art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) establece en su apartado 1 que «Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir in-formaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cual-quier otro procedimiento de su elección.».

El inciso 2 concordante con lo expuesto prohíbe la censura pre-via en estos términos: «El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censur a sino a responsabili-dades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la repu-tación de los demás.».

La Convención armoniza así este derecho con el consagrado por su art. 11 (apart. 1: «Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad», y 3:»Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques»).

Al incorporar al texto constitucional la Convención Americana, nuestros convencionales hicieron expresa la protección a la dignidad y al honor que hasta ese momento tenía el status de derecho no enume-rado (art. 33 CN) y que hoy goza de jerarquía constitucional desde la reforma de 1994 por el art. 75 inc. 22 C.N.

Por su parte el art. 17 del Pacto Internacional de Derechos Civi-les y Político (además de su art. 19) al reglar sobre el derecho a liber-tad de expresión, establece en el inc. 3°, que su ejercicio, entraña de-beres y responsabilidades especiales y que por consiguiente puede es-tar sujeto a ciertas restricciones que deberán, sin embargo, estar ex-presamente fijadas por la ley y ser necesarias para «asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás.».

Como se ha dicho más arriba las restricciones a la libertad de prensa, según lo expuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que sean compatibles con la Convención, deben justi-ficarse según objetivos colectivos que, por su importancia, preponde-ren claramente sobre la necesidad social del pleno goce del derecho que el art. 13 garantiza y no limiten más de lo estrictamente necesario el derecho proclamado en dicho artículo.Es decir, la restricción debe ser proporcionada al interés que la justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese objetivo legítimo (caso «Herrera Ulloa c/ Costa Rica», sentencia del 2 de julio de 2004,)

Y resulta que en el caso resulta obvio que los Tratados de Dere-chos Humanos y en especial la Convención Americana, cuanto la Convención sobre los Derechos del Niño establecen tanto la necesidad de una protección especial para niños y adolescentes, enunciada en el preámbulo de la segunda, cuanto la atención primordial al interés su-perior del niño dispuesta en su artículo 3°, así como la protección es-pecífica del art. 16 del mismo tratado, todo lo cual cumple el test del objetivo colectivo superior impuesto por la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En consecuencia corresponde pasar ahora al análisis de si, en el caso de autos, las notas publicadas por la demandada violaron la prohibición legal de identificar a la menor.

No me cabe duda que ello en efecto ocurrió, pues no hace falta identificar a una persona por su nombre y apellido para que pueda ser individualizada.

Como dice Daniel Pizarro, muchas veces se brindan datos que permiten su fácil identificación por el público («Responsabilidad de los medios de prensa. Acerca de la doctrina Campillay», LA LEY, 1998-D, 1306). Ello sucede sin lugar a dudas cuando se habla del «Rector de la Universidad Nacional de Cuyo» sin invocar su nombre.

Sin embargo, igualmente se planteaba la discusión doctrinaria cuando se trata de personas no conocidas por el público en general, pero en el caso «P., J. A. y otro c. Diario La Nación», resuelto por la Corte de la Nación, la Dra. Highton de Nolasco parece haber resuelto la cuestión conforme a lo que se pretende preservar, esto es, conforme al fin de la regla establecida por la doctrina Campillay.En su voto, expresa que si bien en el editorial no se hizo referencia expresa a los actores es evidente que se trató de ellos en particular, toda vez que esas afirmaciones deben ser analizadas «en el contexto conformado por las diversas notas previas» -que forman parte de la litis indepen-dientemente de haber sido excluidas de revisión por la Corte de las que surgen claramente las identidades, motivo por el cual considera descartada la aplicación de «Campillay».

Esta manera de entender el requisito de la reserva de identidad es la que a mi juicio resguarda mejor a los beneficiarios, pues de lo contrario resulta muy sencillo eludir el presupuesto.

En consecuencia comparto el criterio que para que las noticias cumplan con el deber impuesto por el art. 12 de la ley 6354 no deben proporcionar datos que permitan su fácil identificación o en los que ella surja del contexto de la información suministrada por el medio.

En este sentido con sólo leer las noticias que obran en el expe-diente en copia, o sus originales en Caja de Seguridad, se advierte que la menor podía ser clara y absolutamente identificada, pues como in-dica la Sra. Juez a quo, se proporcionó el nombre de su madre (publi-cación del jueves 2 de octubre de 2003) y a partir de la publicación del 1 de octubre se indicó el nombre del establecimiento escolar al que concurría. Al día siguiente se agregó que asistía al turno mañana, in-dicándose que cursaba en el 9° 4°. Se agregó que vivía en el Barrio Santa Elvira de Guaymallén y que tenía 15 años.Se la fotografió con su novio, aún cuando se desdibujaron las caras.

Estos datos publicados sucesivamente bajo la indicación (tanto en títulos como en contenidos) de «la chica de la navaja», hicieron po-sible obviamente que la menor pudiera ser identificada en la totalidad de los cursos del colegio al que asistía, y en ambos turnos (mañana y tarde) tal como cuenta el mismo medio, así también en su barrio y en-tre sus familiares que en rigor nada tenían que ver con la cuestión.

Ninguna importancia tiene que la madre de la actora haya soste-nido en la absolución de posiciones que nunca leyó el diario. Tampo-co tendría relevancia que no los hubiera leído la menor. Lo que carac-teriza el efecto negativo indeseado por la norma es justamente que «otros y otras personas» ajenas a la menor y su familia directa tengan acceso a su vida y a sus problemas por efecto de la difusión pública de los mismos a través del medio de prensa.

Y aún cuando las personas que toman conocimiento del tema sean más o menos las que podrían haberlo conocido por su propia ex-periencia como sostiene la apelante (lo que no es del todo cierto pues la cuestión debió quedar por sí misma reducida a la menor, su madre y padre, la autoridad escolar y en todo caso al curso de la menor y no a toda la comunidad escolar, el barrio y la familia) lo que importa también, es que la difusión pública torna en escándalo a lo que sólo hubiese sido la discusión sobre la comisión de una infracción escolar y sus causas y consecuencias.Así surge expresamente de las declaraciones formuladas por la Directora y la Vicedirectora al diario demandado que publicó sus pa-labras en la nota del 2 de octubre, cuando señalan «la jovencita necesi-ta ayuda psicológica, es casi una niña envuelta en una situación que sólo la está perjudicando», indicaron en relación con la trascenden-cia pública que tomó el caso.» (el resaltado es mío).

Por otro lado es claro que muy difícilmente puedan identificarlas personas que no tienen que ver con su medio ambiente, pero ello jus-tamente no es lo grave. No es eso lo que la ley pretende evitar sino por el contrario la frustración de las posibilidades de los niños y adoles-centes en su proyecto de vida por la difusión inadecuada de sus cir-cunstancias personales, que puedan perjudicarlos en los lugares y comunidades en los que su vida se desarrollaba.

Siendo ello así, no cabe duda que el Diario demandado se extra-limitó y violó la prohibición contenida en el art. 12 de la ley 6534, siendo su actividad antijurídica.

Pero además, cabe también la responsabilidad del diario, por el estilo sensacionalista y estigmatizante con el que se refirió a la menor de quince años, en todas las notas.

Cada una de las publicaciones lleva el mote de «la chica de la navaja» para identificar el caso, pero también para identificar a la me-nor como si se tratara de un hecho comprobado que la menor portaba la navaja (en realidad un cortaplumas) para participar en hechos de violencia, tal como surge del contexto de varias de las notas en las que se incorpora el relato de lo sucedido con la menor con otros hechos de distinta naturaleza que en todo caso tienen más relación con la insegu-ridad o hechos de violencia de adolescentes.

En el caso, sólo se comprobó que la niña llevó un día un corta-plumas por cuanto el compañero al que se lo dio, la denunció ante la autoridad escolar, pero nada más.Ni se investigó siquiera lo que la menor sostuvo en su defensa. Ni mucho menos se invocó ni probó que se hubiera cometido algún acto con el uso de tal cortaplumas.

La Convención sobre los Derechos del Niño-, ya en su preám-bulo, consigna que, «el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protec-ción legal, tanto antes como después del nacimiento».

En el art. 16, se puntualiza expresamente que, «-ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su fami-lia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su hon-ra y a su reputación», y seguidamente, «16.2 – el niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques».

Por ello la Corte de la Nación ha sostenido que la Convención sobre los Derechos del Niño, al tiempo que ha reconocido que el niño es un sujeto de derecho pleno, no ha dejado de advertir que es un ser que transita un todavía inacabado proceso natural de constitución de su aparato psíquico y de incorporación y arraigo de los valores, prin-cipios y normas que hacen a la convivencia pacífica en una sociedad democrática. De ahí que aluda a la «evolución» de las facultades del niño (arts. 5 y 14.2), a la evolución de su «madurez» (art. 12), y al im-pulso que debe darse a su «desarrollo» (arts. 18.1, 27.2), físico, mental, espiritual, moral y social (art. 32.1). Es por ello, además, que los Esta-dos habrá n de garantizar el «desarrollo» del niño (art. 6.2). Por un lado, da por presupuesto que los niños gozan de los derechos que le corresponden, en tanto que personas humanas.Por el otro, en atención a lo antedicho, tiende, como objetivo primordial, a «proporcionar al niño una protección especial», con lo cual el tratado continúa, no sin profundizarla, la orientación que ya habían marcado los instrumentos internacionales que expresamente menciona el párrafo octavo de su preámbulo. Por ello, a los fines del sub lite, interesa particularmente subrayar que dicha protección especial importa reconocer lo que todo niño es, vale decir, un sujeto pleno de derechos, y, por consiguiente, configurar la «protección especial» en términos de concretos derechos, libertades y garantías, a las que los Estados deben dar «efectividad».( Corte Suprema de Justicia de la Nación, García Méndez Emilio y Mu-sa Laura s/ causa, 2-dic-2008; MJ-JU-M-40256-AR | MJJ40256 | MJJ40256).

Y si uno de los principios establecidos por la Convención se re-laciona con el «trato» a que tiene derecho todo niño, aún de quien se alegue que ha infringido las leyes penales (Convención, art.40.1) siendo este derecho es el de ser tratado «de manera acorde con el fo-mento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la impor-tancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad» (el resaltado es mío), mu-cho más debe aplicarse este criterio, y por ende evitar toda actividad estigmatizante respecto a menores que sólo han infringido normas administrativas escolares, como es el caso de autos.

Sin duda, desde la perspectiva internacional como la nacional se preserva la exposición pública de menores para evitarles futuros es-tigmas en su juventud y adultez.

El desarrollo psíquico de la aquí actora exigía que no se la iden-tificara como «la chica de la navaja» lo que de suyo, la caracteriza como una menor peligrosa, más aún cuando ha quedado comprobado con los informes del CAI en el expediente del Juzgado de Menores que no tenía rasgos ni de menor ni de mayor peligrosidad.

Estimo en consecuencia que la sentencia ha calificado adecua-damente al derecho vigente la responsabilidad de la demandada y que la misma debe mantenerse.

IV. En punto al agravio relativo al monto de la condena, el mis-mo luce desierto.

Este Tribunal tiene dicho reiteradamente que «El art.137 del C.P.C. impone una serie de recaudos al apelante que debe cumplir.Si se limita a cuestionar el monto de condena sin expresar cuál es la me-dida del interés recursivo, indicando al menos aproximadamente a cuánto debería reducirse el mismo, o cuáles son los parámetros que el sentenciante debería haber utilizado para el cálculo de los rubros a los que genéricamente alude, exponiendo en forma clara y concreta el respaldo jurídico de tal posición, corresponde declarar desierta la que-ja, ya que el tribunal no puede manejarse a tientas. Dicho en otros términos, el recurso debe bastarse a sí mismo y concretar con claridad el interés y la medida de lo que se pretende.» (LS093 – Fs.016).

Y para medir este interés, no es suficiente que la apelante haya sostenido que no existe prueba alguna de las aflicciones de la menor provocada por las notas periodísticas toda vez que tanto de las propias publicaciones surge que los directivos de la escuela se refieren a lo afectada que se hallaba la niña ante la trascendencia pública que el ca-so había tomado, lo que claramente hace alusión a las notas periodísti-cas de la demandada, fuera de que, como se ha analizado precedente-mente, el mote de «la chica de la navaja» es suficiente en sí mismo pa-ra tener por probado el efecto que tal modo de referirse a cualquier persona puede tener en ella.

También se descartó más arriba que la absolución de posiciones de la madre de la menor pueda tener efecto alguno en lo que hace a la responsabilidad de la demandada pues aún cuando quien no hubiera leído las notas fuera la menor (lo que no surge de la respuesta de la madre), el sólo hecho de que las leyera el público repercutía directa-mente en los sentimientos y justas susceptibilidades de la misma.

Más aún teniendo en cuenta que la suma otorgada es mucho me-nor a la reclamada tanto por la disminución de su valor nominal, cuan-to por el tiempo transcurrido desde queese valor fuera estimado en la causa, y el tiempo al que fue fijado, que es el de la sentencia de prime-ra instancia, sin que se haya dispuesto siquiera agregar intereses desde la fecha del hecho y hasta la sentencia.

El segundo agravio debe en consecuencia rechazarse al igual que el primero, lo que en definitiva conduce a la conclusión del recha-zo del recurso.

Sobre la primera cuestión los Dres. Colotto y Staib adhieren al voto que antecede.

SOBRE LA SEGUNDA CUESTION LA DRA MAS-TRASCUSA DIJO:

VI. Las costas de Alzada deben ser impuestas a la demandada recurrente por resultar vencida (art. 36 del C.P.C).

Así voto.

Sobre la misma cuestión los Dres. Colotto y Staib adhieren al voto que antecede.

Con lo que terminó el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continuación se inserta:

SENTENCIA:

Mendoza, 05 de Marzo de 2013

Y VISTOS:

El acuerdo que antecede, el Tribunal

RESUELVE:

I. Desestimar el recurso de apelación articulado a fs.349 por la parte demandada, y en consecuencia confirmar la sentencia de fs.335/338 con la aclaración de que no adolece de nulidad alguna.

II. Imponer las costas de Alzada a la demandada recurrente.III. Regular los honorarios de los Dres. Tristán Casnati, Andrea Maturana, Agustín Palacios y Richard Eduardo Aguiriano en las su-mas de . pesos ($.), . pesos ($.), . pesos ($.) y $. respectivamente y sin perjuicio de las regulaciones complementarias que puedan corres-ponder (arts.2,3,4,15 y 31 LA).

Notifíquese y bajen.

Dra. Graciela Mastrascusa

Juez de Cámara

Dr. Gustavo Colotto

Juez de Cámara

Dr. Alberto Staib

Juez de CámaraDra. Alejandra Iacobucci

Prosecretaria de Cámara Interina

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