fbpx

Un cuadro de hecho reconstruido por la ‘nueva’ Ley de Riesgos del Trabajo

Autor: Agnello, Pablo S.

Fecha: 11-mar-2013

Cita: MJ-DOC-6176-AR | MJD6176

Doctrina:

Por Pablo S. Agnello (*)

 

Variada y muy buena doctrina ya se ha expedido sobre los achaques reiterados de la dada en llamar «nueva» ley de riesgos, reformada por Ley 26.773 (1).

 

Y las objeciones son reiteradas porque las soluciones repiten errores del pasado, pese a la fecunda y añosa labor jurisprudencial definida por nuestro Máximo Tribunal.

 

Por ello, solo mencionaré un tópico que estimo puede ser una piedra de toque que abra el juego hacia aristas de amplio alcance.

 

En efecto, el tema de la llamada «opción con renuncia» para la pretensión reparatoria con fundamento en la responsabilidad civil restablecida en el art. 4 (2) es un «botón de muestra» del paradigma de la ley.

 

Dicha norma reitera las vetustas (3) soluciones invalidadas por inconstitucionales por nuestra Corte Suprema en los fallos «Aquino Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S.A. s/ accidentes Ley 9688» (Fallos 327:3753 ), «Llosco Raúl c/ Irmi S.A.» (Fallos 330:2996 ), entre otros.

 

Establecer que «los distintos sistemas de responsabilidad no serán acumulables» es desconocer nuestra máxima jurisprudencia y la realidad de los hechos, ya que las responsabilidades y obligaciones de las partes involucradas, empresas y ART pueden obedecer a diferentes causas con relación al trabajador damnificado, como lo demuestra en el mismo orden la propia normativa invalidada, aunque no único, el caso extremo y de prueba diabólica, del art.1072 CCiv (4) por «dolo» del empleador (5).

 

No obstante, lo que amplía las consecuencias disvaliosas, y las jurídicas como veremos, de la previsión normativa atacada, es el hecho de que se obliga al trabajador a tener que esperar y transitar la finalización del procedimiento administrativo (6).

 

Como se colige de la lectura del artículo citado, un trabajador accidentado, en estado de necesidad y convalecencia, tiene que esperar la notificación de las sumas dinerarias que le corresponderían por la indemnización tarifada, para recién poder accionar en justicia.

 

Lo grave de ello es que se construye una situación o cuadro de hecho desde el Estado, donde se coloca a todo trabajador damnificado con una suma de dinero que necesita y, aceptada o cobrada más no sea parcialmente, «implicará que ha ejercido la opción con plenos efectos sobre el evento dañoso».

 

Esto es lo que abre el juego como decíamos al principio, ya que al ser un cuadro de situación que la normativa y la administración construyen para todo ciudadano trabajador damnificado por un siniestro laboral, en todos los casos de forma homogénea, ya que la solución legislativa es general para este conjunto de ciudadanos en dichos casos puede ser atacada de la misma forma, esto es, de manera colectiva, pudiendo ser la solución que se obtenga también erga omnes (7).

 

En efecto, al verse involucrada la falta de exigencia de patrocinio letrado para que se tenga por ejercida la gravísima opción, (8) es uno de los fundamentos en los que se motivó la legitimación colectiva para entablar la acción de inconstitucionalidad de la Ley 26.773, interpuesta por el Colegio de Público de Abogados de la Capital Federal (9).

 

Así, se ha sustentado en que hay «una clara afectación a la dignidad, propiedad y libertad de los abogados de tal incidencia que no se justifica que cada uno de ellos promueva una demanda peticionando la inconstitucionalidad de la Ley Nº 26.773, encontrándose a tal efecto legitimado el Colegio Públicode Abogados de la Capital Federal como ente público no estatal creado por la Ley Nº 23.187 , cuya finalidad, entre otras, es representar a todos los abogados que ejercen en el ámbito territorial de la Capital Federal» (10).

 

Destacándose que, por la afectación colectiva, también se adhirieron a dicha causa judicial otras organizaciones de trabajadores, como la Confederación General del Trabajo, de Empleados Judiciales, Docentes, entre otras (11).

 

Como se ve, y a modo de conclusión, las afectaciones generales merecen la canalización judicial de soluciones colectivas, mucho más cuando desde el Estado elípticamente se construye desde la norma (cuya inconstitucionalidad siempre es una ultima ratio) la generación de un claro cuadro o situación de hecho como lógica consecuencia de aquella, inevitablemente deducible por el «curso natural y ordinario de la cosas» (12).

 

Este cuadro de hecho «generado» (13) por la norma no puede ser omitido, y debe ser examinado y tenido en cuenta ineludiblemente por el juzgador como necesario paso para discernir el examen de constitucionalidad.

 

———-

 

(1) BO 26/10/2012.

 

(2) «Los damnificados podrán optar de modo excluyente entre las indemnizaciones previstas en este régimen de reparación o las que les pudieran corresponder con fundamento en otros sistemas de responsabilidad. Los distintos sistemas de responsabilidad no serán acumulables.

 

»El principio de cobro de sumas de dinero o la iniciación de una acción judicial en uno u otro sistema implicará que se ha ejercido la opción con plenos efectos sobre el evento dañoso.»

 

(3) Ej. Ley 9688 de 1915.

 

(4) Si bien el inc. 1 del art. 39 Ley 24.557 fue derogado por la Ley 26.773, sigue mencionado en el art. 46 inc. 2 Ley 24.557 con relación a la competencia judicial.

 

(5) O del responsable, ya que nada excluye que pueda ser la ART, aunque de dificultosa ocurrencia o prueba, de allí los achaques que se le hicieran en perjuicio del trabajador.

 

(6) Art. 4 Ley 26.773:«Las acciones judiciales con fundamento en otros sistemas de responsabilidad solo podrán iniciarse una vez recibida la notificación fehaciente prevista en este artículo».

 

(7) Del texto de la demanda publicado por el Colegio Público de Abogados, se colige en la fundamentación de la legitimación colectiva, que la acción tenga efectos erga omnes con basamento en el fallo «Halabi» (Fallos 332:111) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

 

(8) Hablamos de «que se tenga por» y no de «ejercicio efectivo» de la opción, porque efectivamente, la opción que establece la solución normativa es una mera inferencia sustentada débilmente en otro hecho, que no cabe presumirla en un trabajador con derechos de principios irrenunciables (ej. art. 12 Ley 20.744), como lo es el simple hecho de haber obtenido aunque sea un «principio de cobro» de las sumas de dinero por la tarifada, sin asesoramiento alguno.

 

(9) Texto completo de la demanda consultado de la página web del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, http://www.cpacf.org.ar/acciones_colegio/Inconstitucionalidad%20Ley%2026.773%20Rizzo.pdf.

 

(10) En la página oficial del Colegio (www.cpacf.org.ar), los cuestionamientos extractados también son que se «desanima a reclamar una reparación plena a través de la vía judicial», «prohíbe firmar pactos de honorarios con los clientes» y «separa las acciones de reparación del infortunio laboral de sus jueces naturales».

 

(11) Diario Judicial, DJ, del jueves 29/12/12, entre otras publicaciones.

 

También publicado por el CPACF Centrales obreras y gremios adhirieron a la acción del Colegio en contra de la Ley de ART, en http://www.cpacf.org.ar/noticia.php?id=537&sec=8.

 

(12) Arg. art. 902 CCiv.

 

(13) Hablo de cuadro de hecho «generado» por la norma, para diferenciarlo del supuesto de hecho de la propia norma. No estamos aquí refiriendo ya al supuesto de la norma, sino la situación de hecho que se genera o generaría por su aplicación en la práctica (lo que incluye al Poder Administrador) de dicha norma.

 

(*) Abogado, UNL. Notario, mediador, UNL. Especialización en Derecho Procesal Civil (en curso). Delegado provincial de la Asociación Protección Consumidores del Mercado Común del Sur PROCONSUMER. Apoderado del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de Santa Fe. Autor de numerosos artículos de doctrina sobre la materia.

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: