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Incremento de la cuota alimentaria a pesar de no poder determinar las reales ocupaciones o actividades del accionado

cuota-alimentariaPartes: C. M. G. c/ G. D. R. s/ modificación cuota alimentaria

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario

Sala/Juzgado: I

Fecha: 24-oct-2012

Cita: MJ-JU-M-76891-AR | MJJ76891 | MJJ76891

Se incrementa la cuota alimentaria justificadamente a pesar de no poder determinar con certeza o claridad las reales ocupaciones o actividades del accionado.

Sumario

 

1.-Corresponde rechazar el recurso de apelación deducido por el demandado contra la sentencia que hizo lugar al pedido de elevación de cuota alimentaria que el apelante debe abonar a su hija, toda vez que no advirtiéndose de las constancias probatorias que pueda determinarse con certeza o claridad las reales ocupaciones o actividades del accionado, ha de prevalecer el criterio exteriorizado por éste al proponer una actualización de la cuota prudentemente y acorde con las necesidades actuales de la menor, atendiéndose a la existencia de otra obligación alimentaria para con otro hijo del accionado y a la falta de constancias para determinar con certeza el origen de los fondos que el demandado aplicaría para dicha actualización, orfandad probatoria que no puede menoscabar el derecho del alimentante.

Fallo

 

Rosario, 24 de Octubre de 2012.

 

Y VISTOS: Los recursos de nulidad y apelación interpuestos a fs.114 contra el auto N° 1.038 del 10.06.2010 -fs.110/112-, la expresión de agravios de fs.132/140 y la contestación de fs.142/147, en los presentes «C., M.G. contra G., D. R. sobre Modificación cuota alimentaria», causa n° 88/2011, venidos para resolver,

 

Y CONSIDERANDO:

 

1. La Jueza de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial N° 2 del Distrito Judicial N° 12, mediante resolutorio N° 1.038 del 10.06.2010 -fs.110/112- hizo lugar al incidente de aumento de la cuota alimentaria fijando a favor de M. G. una cuota de $ 1.500.- a cargo de D. Rubén G. los que deberán abonarse directamente a la progenitora M.G. C. del 1 al 10 de cada mes contra entrega del correspondiente recibo. Hizo saber al demandado lo normado por el art.4Ver Documento de la ley 11.945 e impuso las costas al demandado.

 

Contra dicho decisorio interpuso recursos de nulidad y apelación la parte accionada expresando sus agravios a fs.132/140. Consideró que el pronunciamiento impugnado era nulo por falta de fundamentación mencionando que el art.95Ver Documento de la Constitución de la Provincia exige que las resoluciones deben tener motivación suficiente. Entendió que de la simple lectura de la sentencia se desprendía su falta de fundamentación remitiéndose únicamente a citas doctrinales y jurisprudenciales genéricas. Entendió igualmente que mediaba arbitrariedad atento que en el decisorio se mencionan las que denomina «circunstancias» del proceso «C. M.c/ G., D. s/ Alimentos» Expte. N° 840/2006, alegando que la magistrada pretendió sostener una sentencia en las circunstancias procesales de otro proceso en el que esa misma magistrada había emitido una sentencia. Estimó que se tendía a dar prevalencia a los elementos de ese otro proceso por encima de la sentencia recaída. Alegó que el transcurso de tiempo entre un pronunciamiento y otro fue de aproximadamente 20 meses. Indicó que la jueza de primera instancia utiliza un dato de la realidad (incremento del costo de vida) para sostener un incremento irracional de la cuota alimentaria. Alegó que no era comprensible como el juez dispuso una cuota alimentaria de $ 250.- entendiendo que ello no vulmeraba los derechos de la menor y al poco tiempo sin ningún elemento de convicción fije una cuota de $ 1.500.- y mande al justiciable a trabajar para sufragarla. Consideró que el cénit de arbitrariedad estaba dado en las consideraciones sobre la situación económica del alimentante, señalando que la decisión se habría basado en elementos indiciarios. Consideró que desdeñar la prueba producida proveniente de archivos oficiales para dar relevancia a un mero indicio resulta una arbitrariedad. En lo referente al recurso de apelación indicó que en el proceso de alimentos en el que se fijó la cuota alimentaria se habían vertido argumentaciones como titularidad de supermercados, titularidad de chalet en Timbues, ropas elegantes, práctica de caza deportiva, etc. Indicó que jurisprudencia y doctrina son contestes en afirmar que el incremento de cuota alimentaria se justifica cuando puedan constatarse modificaciones a los presupuestos fácticos relacionados con la capacidad patrimionial del alimentante o en la necesidades del alimentado. En punto al primer supuesto de la situación económica del alimentante se agravió de que puedan considerarse tan siquiera como indicios circunstancias emergentes de la constatación de fs.18. Entendió que la orden judicial no se encontraba construida en forma eficiente. Dijo que no se identificó a las personas que habrían realizado la declaración lo que evidentemente menoscaba el derecho de defensa. Afirmó que no se cuenta con elementos que permitan afirmar con grado de certeza la existencia de una modificación de la situación patrimonial de su mandante no pudiendo tenerse por acreditado todo cuanto se afirmó en la demanda. Consideró que el órgano jurisdiccional ignoró las certezas respecto de la situación económica patrimonial que dimanan de las pruebas producidas. En lo relativo a la mayor edad del alimentado agregó que no existía ninguna prueba que permita inferir una modificación en las necesidades del alimentado ya que la demanda nada dice sobre el particular. Alegó que mediaron tergiversaciones sobre las circunstancias de carácter temporal. En cuanto a los gastos de M. G., resulta difícil merituar cuánto pueden haber variado los costos de manutención habida cuenta que no existe ninguna circunstancia invocada ni probada que permita concluir en una cifra. La niña en el período concurría a la escuela primaria y tenía las mismas actividades, no sufrió enfermedades ni nada que haga suponer una estructura de gastos distinta a la habitual. Solicitó que se modifique igualmente el régimen de costas establecido en la sentencia.

 

2. En cuanto a las críticas dirigidas contra el decisorio por falta de fundamentación, en relación al art.95Ver Documento de la C.P., se advierte que el resolutorio impugnado reúne las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción habida cuenta que se sustenta así misma de modo racional y lógico. No se advierte que el auto en crisis contenga vicios que lo conviertan de tal modo en irracional, ilógico, e infundado en los hechos o el derecho, cumpliendo con los requisitos de legalidad impuestos por las normas citadas. La exigencia constitucional de que los fallos se motiven, no impone al juzgador desarrollos minuciosos, bastando que, mediante las proposiciones formuladas en torno a los hechos y el derecho del caso, la sentencia se sostenga por sí misma, no aparezca como pura afirmación caprichosa y subjetiva de la voluntad judicial (Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe Acuerdos y Sentencias, T.65-424 a 428), no siendo necesario a tal efecto, que el tribunal se haga cargo de todas y cada unas de las alegaciones de las partes, como tampoco que explícitamente se desechen argumentos (Acuerdos y Sentencias T.72-88). La motivación suficiente exigida por la Ley Suprema, no impone un cartabón de quantum sino de calidad de las argumentaciones que le sirven de sustento, lo cual supone correlación entre aquéllas y lo resuelto. Es decir, no existe una medida de la fundamentación de sentencia judicial, sino que bastará con que la misma contenga fundamentos mínimos suficientes o sustento necesario como condición de su validez (Corte Federal, Fallos T.306-1094). La parquedad de un pronunciamiento no importa falta de fundamentación, no debiendo confundirse fundamentación breve o sucinta con una raquítica o insuficiente, reñida con el debido proceso (Corte de la Provincia de Santa Fe, Acuerdos y Sentencias, T.99-195 a 197; T.103-153 a 157; T.106-176 a 184, entre otros). Tal ha sido el criterio reiterado por la Sala en diversos precedentes a los que corresponde remitir in extenso por resultar aplicables en el presente caso (Acuerdo N° 5 del 25.02.2004).

 

En lo referido a los cuestionamientos vertidos en contra de las razones en que se sustentó el decisorio para determinar la modificación de la cuota alimentaria se estima que la insistencia del apelante en cuanto a la previa determinación de la cuota alimentaria por la suma de pesos doscientos cincuenta mediando dictamen del Defensor General en cuanto a que dicho monto no vulneraba los derechos de la menor estima este Cuerpo que a la fecha de emitirse esta decisión tal referencia económica no aporta razón a la parte impugnante. Por un lado, si bien las partes se mostraron conformes con tal determinación inicial de la cuota no es menos cierto que al presente ella se evidencia como insuficiente para atender mínimamente las necesidades de una menor de trece años. En tal sentido no puede soslayarse que si bien en la demanda no medió una precisa puntualización de los rubros que la cuota alimentaria ha de cubrir ello no puede interpretarse en desmedro de la menor por así imponerlo el interés superior del niño, resultando conteste la doctrina que en ella se hayan implicadas necesidades de alimentación propiamente dichas, de educación, de vestimenta, de salud y de actividades socio culturales (Otero, Mariano «Criterio actuales en materia de alimentos. Pautas para la determinación de la cuota», D. J. 2005-3, pág.605).

 

Tal insuficiencia aparece ponderada en el resolutorio impugnado efectuándose por la magistrada estimaciones sobre la canasta familiar mínima que constituyen un parámetro comparativo cuya aplicación no resulta irrazonable en el caso. Si bien la parte apelante insiste en su expresión de agravios que el aumento de la cuota alimentaria supera el porcentaje de aumento de precios relativos constatado en general, lo cierto es que la readecuación se ve obligada a partir de un numeral manifiestamente insuficiente al presente para atender las necesidades alimentarias, más allá de las razones que puedan haber impedido a las partes en su momento a acordar una cuota de pesos doscientos cincuenta. En la intervención que a este Tribunal le corresponde la revisión de lo decidido en la instancia de origen, debe formularse de acuerdo con la estimación de las necesidades alimentarias de la menor al momento de emitirse las decisiones.

 

En orden a las críticas que formulan los apelantes en cuanto a la mención que se indica en la resolución sobre la no acreditación de que el alimentante padezca alguna incapacidad física o mental que le impida trabajar, estima este Tribunal que tales aseveraciones han de ser entendidas en el sentido de valorar la capacidad económica del alimentante, con un criterio de objetividad que trascienda una concreta coyuntura de desempleo o incertidumbre económica. Esta Sala ha tenido ocasión de recordar que tales pautas merecen ser evaluadas por ejemplo en relación a que «siendo el progenitor una persona joven, o con posibilidades de realizar tareas remuneradas, sin que se demuestren dificultades concretas que obsten seriamente a ello» dicha situación ha de considerarse en orden a juzgar la subsidiaria responsabilidad alimentaria de otros parientes (Acuerdo N° 488 del 13.11.2007).

 

Si bien la parte apelante objeta las consideraciones que se han vertido en cuanto a la capacidad económica del alimentante, se estima que en rigor de verdad, de la decisión sublite no surgen más que elementos indiciarios, algunos contradictorios inclusive en cuanto a la relación que D. G. mantendría con la actividad económica de la que se afirmó, por el demandado, que era empleado. Por un lado, en la respuesta de fs.118 el socio gerente de Autoservicio TM S.R.L. Gustavo G., informa que el demandado de autos, D. R. G., se encuentra en período de suspensión de prestación por hallarse en licencia sin goce de haberes. Igualmente, las informativas de fs.80, 81, 88, 90, 92 y 93 revelan que no se hallaron cuentas con fondos disponibles del accionado ni tarjetas de crédito. Por otro lado, la resolución apelada puso de resalto que la constatación de fs.18 aportaría un elemento indiciario del que se desprendería que G. no es un simple empleado de la firma. En tales condiciones, no advirtiéndose de las constancias probatorias que pueda determinarse con certeza o claridad las reales ocupaciones o actividades del accionado, ha de prevalecer el criterio exteriorizado por éste al proponer una actualización de la cuota pero en valores diferentes -fs.20-, en dónde además se puso de resalto la existencia de otra obligación alimentaria para con otro hijo del accionado. Si las constancias de autos no permiten establecer con certeza el origen de los fondos que el demandado aplicaría para dicha actualización, tal orfandad probatoria no puede desconocer la realidad de que las sumas son obtenidas por el alimentante en actividades que no se logran establecer, debiendo darse prevalencia a una valoración prudente de la cuota alimentaria acorde con las necesidades actuales de la menor.

 

Lo relativo a que la mayor edad de la menor no puede tener incidencia en el aumento de la cuota alimentaria decidido no es correcto, dado que la mayor edad necesariamente supone un incremento de los rubros alimentarios, lo que también en el caso ha sido valorado por la magistrada con un criterio de realidad económica conforme a los datos ya puntualizados anteriormente.

 

Por ello, la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, RESUELVE: Rechazar los recursos de nulidad y apelación con costas al recurrente. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en el 50% de los que correspondan en la instancia de origen. Insértese, hágase saber y bajen. (Expte. Nro. 88/2011).

 

ARIZA

 

SERRA

 

SILVESTRI

 

 

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