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Es inconstitucional el art. que exige a los esposos invocar causas graves y otorga un plazo de reflexión el cual vulnera el derecho a la privacidad

amantePartes: S. M. V. y otro s/ divorcio vincular

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Azul

Sala/Juzgado: I

Fecha: 26-feb-2013

Cita: MJ-JU-M-77225-AR | MJJ77225 | MJJ77225

Inconstitucionalidad del art. 236 CCiv., en tanto exige a los esposos invocar causas graves ante el juez y otorga un plazo de «reflexión», el cual vulnera el derecho a la privacidad, a la autonomía personal, a la libertad y a la igualdad.

Sumario:

1.-Corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 236 CCiv., pues la exigencia de invocar causas graves ante el juez y el plazo de reflexión previsto en la norma vulnera el derecho a la privacidad, a la autonomía personal, a la libertad y a la igualdad.

2.-El art. 236 CCiv. puede ser cuestionado desde dos aspectos, por un lado el tener los esposos que exponer ante un juez los motivos que los llevaron a solicitar su divorcio, y que ello pertenece a la órbita privada de los mismos, y por el otro lado la espera hasta la segunda audiencia a efectos de obligar a las partes a reflexionar sobre una posible reconciliación, demorando en el tiempo una decisión que solo corresponde a las partes.-

3.-Desde la sanción de la ley de divorcio en la Argentina en el año 1987, la realidad social y cultural del país se ha visto notoriamente modificada, ya que en el curso de estos años los plazos de espera de resolución de las crisis matrimoniales han cambiado, y la simple mención de un divorcio en los años ’80, en cuanto a sus consecuencias y a su repercusión social, no son comparables a las actuales.

4.-Dentro de los derechos con rango constitucional que favorecen y defienden la autonomía de los cónyuges pueden mencionarse: 1) Derecho a la libertad: Art. 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. 7.1. del Pacto de San José de Costa Rica, art. 9.1 del Pacto de Derechos Civiles; 2) Libertad de Asociación: art. 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, art. XXII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. 16 del Pacto de San José de Costa Rica, art. 22.1 del Pacto de Derechos Civiles; 3) Respeto a la vida privada: art. 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; art. V de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 11.1 del Pacto de San José de Costa Rica, art. 17.1 y 2 del Pacto de Derechos Civiles, 4) Los derechos del hombre y su alcance: art. 29.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, art. XXVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. 32.2 del Pacto de San José de Costa Rica, art. 12.3 del Pacto de Derechos Civiles, art. 4 del Pacto de derechos económicos, sociales y culturales.-

5.-Devino abstracta la inconstitucionalidad planteada respecto al plazo previsto en el art. 215 del CCiv., pues el paso del tiempo durante el devenir de este proceso se tradujo en un hecho con consecuencias jurídicas, ya que al haber transcurrido más de tres años desde la celebración del matrimonio habilita a los cónyuges a solicitar el divorcio vincular por presentación conjunta previsto en el art. 215 del CCiv., y ello fue implícitamente tenido en cuenta por la Sra. Juez de grado, toda vez que no rechazó in limine la demanda sino que citó a las partes a la audiencia prevista en el art. 236 del CCiv.

Fallo:

En la Ciudad de Azul, a los 26 días del mes de Febrero de 2013 reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelaciones Departamental -Sala I- Doctores Esteban Louge Emiliozzi, Lucrecia Inés Comparato y Ricardo César Bagú, para dictar sentencia en los autos caratulados: «S. M. V. Y OTRO S/DIVORCIO VINCULAR «, (Causa Nº 1-57380-2012), se procedió a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Doctores COMPARATO – LOUGE EMILIOZZI – BAGU .-

Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:

-C U E S T I O N E S-

1ra.- ¿Es justa la resolución de fs. 12/12va.?

2da.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

V O T A C I O N

A LA PRIMERA CUESTION: la Señora Juez Doctora COMPARATO dijo:

I.a) El presente proceso de divorcio vincular es presentado conjuntamente por la señora M. V. S. y el señor L. J. B., conforme las prescripciones de los arts. 215 , 236 y cctes. del Código Civil, incorporados al mismo por la Ley Nº 23.515 .

En la misma presentación de fs. 8/11vta. plantean la inconstitucionalidad de los ars. 215 y 236 del C. Civil.

Refieren que con fecha 20 de noviembre de 2009 contrajeron matrimonio en la ciudad de Bolivar, sin que nacieran hijos de dicha unión marital.

Que, en el mes de noviembre de 2010 decidieron separarse de hecho en virtud de diferentes acontecimientos que hicieron imposible la convivencia y que desde esa fecha y hasta el momento de la presentación que nos ocupa, se han mantenido separados sin voluntad de unirse, fijando incluso domicilios por separado.

Destacan que no existen bienes que conformen la sociedad conyugal.

A los efectos que se decrete el divorcio vincular, solicitan se dicte la inconstitucionalidad de los arts.215 del Código Civil en cuanto requiere que deben transcurrir tres años del matrimonio antes de requerir el divorcio y el art. 236 del mismo Código en cuanto requiere para el dictado de Sentencia la realización de las audiencias previstas.

Hacen referencia a distintos antecedentes jurisprudenciales y adjuntan como prueba el Acta de Matrimonio.-

b) A fs. 12/12vta. la Sra. Juez de la instancia de origen, no vislumbrando arbitrarios ni irrazonables los requisitos y la medida requerida por los arts. 215 y 236 del C. Civil rechaza la inconstitucionalidad planteada, por lo que respecto a la acción instaurada de divorcio vincular por presentación conjunta, convoca a las partes para que comparezcan personalmente a la primera audiencia de conciliación.

A fs. 13, conjuntamente interponen recurso de apelación, que es concedido en relación a fs. 14.

El mismo, es fundado a fs. 15/17. Consideran desacertado que el sentenciante entienda que los requisitos establecidos al efecto de decretar el divorcio vincular, no resulten arbitrarios por cuanto el estado ha buscado por medio de los mismos la protección de la familia y establece que no corresponde a los jueces resolver sobre los mismos. En tal caso manifiestan que no solo corresponde a los jueces decidir las causas sometidas a la justicia, sino también llevar a cabo el control de constitucionalidad difuso.

Refieren que no es posible vislumbrar cómo dichos requisitos obran a favor de la protección de la familia, cuando quienes conforman el matrimonio base de la misma de modo cierto y voluntario manifiestan que se encuentran separados de hecho y sin voluntad de continuar con el matrimonio, y que los sentimientos de las partes van más allá de de lo que la ley pretende.

Solicitan se revoque la resolución atacada y se declare la inconstitucionalidad de los arts. referidos ut-supra, ordenándose el dictado de la Sentencia de Divorcio sin más trámite.

A fs. 23 se da intervención al Fiscal General quien dictamina que no corresponde su intervención en autos. (fs.24/25).

II) De las constancias obrantes en autos surge que las partes contrajeron matrimonio el 20 de noviembre de 2009 (ver fojas 7), razón por la cual a la fecha en que iniciaron la demanda de divorcio por presentación conjunta en los términos del artículo 215 del cód. civil (ver fojas 8/11vta.) no estaba cumplido el plazo de tres años exigido por la ley para admitir tal petición, sin perjuicio de lo cual la Sra. Juez de Grado sin decretar la inconstitucionalidad del art. 215 cita a las partes a primera audiencia en orden a lo normado por el art. 236 C.C.-

Es dable aclarar igualmente que al momento de presentación de la demanda no se encontraba cumplido el plazo previsto en la norma antes mencionada, lo cierto es que en la actualidad dicho recaudo legal se encuentra cumplimentado, puesto que transcurrieron mas de tres años desde la celebración del matrimonio, que asimismo las partes insisten en los agravios que se declare la inconstitucionalidad de la norma en ciernes.

Lo cierto es que el juez al momento de pronunciar la sentencia, debe atender a las circunstancias existentes a esa fecha, pues no sólo corresponde valorar las propias de la traba de la litis sino también los hechos modificatorios o extintivos producidos durante la tramitación del pleito siempre que con ello no se viole el derecho de defensa en juicio (Colombo-Kiper, cód. procesal civil y comercial de la Nación, Comentado y Anotado, Tomo II, pág.196, Ed. La Ley, Buenos Aires 2011).

En el caso, el paso del tiempo durante el devenir de este proceso se tradujo en un hecho con consecuencias jurídicas, puesto que al haber transcurrido más de tres años desde la celebración del matrimonio habilita a los cónyuges a solicitar el divorcio vincular por presentación conjunta previsto en el artículo 215 del Código Procesal, ello fue implícitamente tenido en cuenta por la Sra.Juez de grado toda vez que, no rechazó in limine la demanda sino que citó a las partes a la audiencia prevista en el art. 236 del C.C.

En atención a los argumentos esgrimidos precedentemente, cabe concluir que la inconstitucionalidad planteada respecto al plazo previsto en el artículo 215 del Código Civil devino abstracta.

III) Seguidamente se procederá a examinar la inconstitucionalidad planteada respecto del artículo 236 del Código Civil, por considerar los apelantes que dicha norma vulnera derechos amparados por la Constitución Nacional y por pactos internacionales.

Tal como lo resolviera esta Sala en su anterior composición «La declaración de insconstitucionalidad de una norma de jerarquía legal constituye la mas delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia y configura un acto de gravedad institucional que debe considerarse como ultima ratio de orden jurídico (SCBA L. 38835 del 10-05-88, «Lataron Daniel Emilio c/ Banco Español del Rio de la Plata s/ Indemnizaciones», pub. DJBA tomo 134, p. 367; L. 45582 del 02-04-91, «Facin, Jorge Luis c/ John Wyeth Laboratorios s/ Indemnización» pub. DJBA tomo 142, p. 113). En razón de ello es requisito indispensable para la suficiencia de una impugnación de carácter constitucional la exposición del modo en que la norma cuestionada quebrantaría las cláusulas constitucionales invocadas (Conf. SCBA – I – 1246 del 07-06-88, «Ondarcuhu.» Ac y Sent tomo 1988-II p. 403).-(Esta Sala Causa Nº 50215 «Dadone c/Clementoni del 18/10/06, causa n° 51875 del 31-3-2008, «Banco de la Nación Argentina c/ Doyle, Roberto y otro s/ Cobro ejecutivo», entre otras).- De modo tal que bajo tal óptica se analizará la cuestión.-

La norma por la que se persigue la incostitucionalidad establece que: «.Presentada la demanda, el juez llamará a una audiencia para oír a las partes y procurará conciliarlas.Las manifestaciones vertidas en ella por las partes tendrán carácter reservado y no constarán en el acta Si los cónyuges no comparecieran personalmente, el pedido no tendrá efecto alguno».

«Si la conciliación no fuere posible en ese acto, el juez instará a las partes al avenimiento y convocará a una nueva audiencia en un plazo no menor de dos meses ni mayor de tres, en la que las mismas deberán manifestar, personalmente o por apoderado con mandato especial, si han arribado a una reconciliación. Si el resultado fuere negativo el juez decretará la separación personal o el divorcio vincular, cuando los motivos aducidos por las partes sean suficientemente graves.». –

Dicha norma puede ser cuestionada desde dos aspectos, por un lado el tener los esposos que exponer ante un Juez los motivos que los llevaron a solicitar su divorcio, y que ello pertenece a la órbita privada de los mismos, y por el otro lado la espera hasta la segunda audiencia a efectos de obligar a las partes a reflexionar sobre una posible reconciliación, demorando en el tiempo una decisión que solo corresponde a las partes.-

Así he de adelantar mi opinión en cuanto, la exposición de los motivos que llevaron a los cónyuges a determinar su separación o divorcio pertenecen al ámbito privado de sus vidas y que no corresponde la intromisión del estado en tal decisión, como así tampoco corresponde al estado (representado por el Juez) obligar a las partes a reflexionar al respecto, lo que conlleva a la celebración de la segunda audiencia.-

Cabe señalar que el citado artículo perteneciente al Código Civil forma parte de un sistema normativo que, al tiempo que lo incluye, lo excede. Esta ley debe ser interpretada conjuntamente con otras fuentes del derecho.-

En función de la supremacía de la Constitución Nacional (artículo 31 C.N.), ésta resulta la norma fundamental que regula la creación del derecho, de modo que el ordenamiento jurídico debe subordinarse a ella.A partir de la reforma constitucional de 1994, se incluyen expresamente en nuestro ordenamiento normativo once instrumentos internacionales de derechos humanos -artículo 75 inciso 22 C.N.-, los cuales gozan de jerarquía constitucional, a los que también se deberá respetar.-

De acuerdo a esta gradación jerárquica, debo cotejar si las normas reglamentarias de derecho interno -artículo 236 del Código Civil-, se adecua a los principios y valores que emanan de la Constitución Nacional y de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos y su Protocolo Facultativo.-

Cualquier limitación de derechos constitucionales debe observar la forma prevista en la Constitución, bajo pena de ilegalidad, que en el análisis de la carta magna resulta ser la declaración de inconstitucionalidad.-

Al principio de legalidad lo encontramos en el artículo 19 de la C.N., el que en rigor de verdad, contiene dos principios: el de privacidad -que incluye el de intimidad- y el de legalidad. El mismo dispone: «Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudican a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados». Esta disposición es la clave del principio de la libertad. Al respecto la Dra. Vottori Valeria en un lucido fallo que continuaré citando respecto del principio de libertad expresa: «El mismo fue especificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto a su alcance, ya que la definió como «libertad de elegir el propio plan de vida, no sólo frente al Estado sino también ante las preferencias y pese a las reacciones de terceros».-

Y continúa diciendo en palabras que hago mías:»Tal como lo ha destacado la Corte Suprema de Justicia, no es misión de los jueces realizar un examen de conveniencia o acierto de lo que fue delineado por el legislador. Sin embargo, esta afirmación merece una reflexión. Si del análisis surge que la normativa no es razonable y deviene así inconstitucional, de este modo debe declararse en el caso concreto, sin afectar por ello la vigencia de la disposición de que se trate.-» (Magistrada cit. perteneciente al Tribunal Colegiado de Familia de Rosario en causa «F.M. y L.s/ Divorcio vincular» del 7/03/2012).-

En el caso concreto de la causa planteada, cabe conjeturar que exista un desajuste entre las normas y la realidad social. Al sancionarse la ley de divorcio en la Argentina en el año 1987, el legislador estableció plazos teniendo en miras evitar la ruptura prematura e irreflexiva de los contrayentes. Fijó plazos rígidos para la interposición de la demanda de divorcio vincular por presentación conjunta, estableció audiencias a fin de indagar las causas que motivaban el planteo y dio potestad al juez para que reconcilie a los cónyuges en dos oportunidades.-

En palabras de la Magistrada citada perteneciente al Poder Judicial de Santa Fe, he de coincidir diciendo que, es evidente que el escenario se ha transformado. En veintiseis años la realidad social y cultural del país se ha visto notoriamente modificada. En el curso de estos años los plazos de espera de resolución de las crisis matrimoniales han cambiado.La simple mención de un divorcio en los años ’80, en cuanto a sus consecuencias y a su repercusión social, no son comparables a las actuales.-

Esta realidad no se ve reflejada en la normativa cuestionada, sino que por el contrario, los planteos judiciales demuestran la necesidad de revisar esta cabal necesidad de la sociedad argentina, en cuanto a la resolución pacífica y consensuada que pretende poner fin al vínculo matrimonial.-

El espíritu de la reforma de la Constitución Nacional de 1994, al introducir con igual jerarquía que esta, a los tratados de derecho humanos, no solo se hace eco de estas transformaciones sociales en el campo del derecho, sino que también inyecta en su nueva textura valores y principios de derecho humanitario que deben ser respetados. Estos derechos y valores se encuentran consagrados en el Preámbulo de la Constitución Nacional y en la parte dogmática de ésta última, como así también en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en los artículos I, VII, en la Declaración Universal de Derechos Humanos en los artículos 3, 12 y 20 , y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en los artículos 7.1, 11.1 y 17.-

Los nuevos perfiles constitucionales del Derecho de Familia imponen repensar la normativa existente a la luz de los criterios axiológicos, incorporados por los tratados de derechos humanos, los cuales permiten el pleno desarrollo de la persona humana a fin de concretar el propio proyecto de vida autorreferencial.-

Consideraciones ya presentes, no solo en el Preámbulo de la Constitución Nacional, sino también en su parte dogmática. Principios como la libertad, la privacidad, la autonomía y dignidad de la persona establecen el espíritu pro homine de nuestra Carta Magna, fundando la perspectiva jurídica que efectiviza los derechos humanos de cada individuo tanto en el ámbito estatal como social.Siendo la tolerancia y el respeto el rasgo que ha de imperar en un auténtico Estado social y democrático de derecho.-

La libertad -como principio y valor- importa caracterizar el status personal, significa poder de disposición, integra el área de intimidad y resulta ser el principio básico a favor del hombre, convirtiéndose en la axiología central del sistema.-

El artículo 19 garantiza el principio de legalidad -lo que no está prohibido por ley, está permitido- y en consecuencia introduce de este modo el derecho a la privacidad, reconociendo así un área íntima ajena a la intervención de los órganos del Estado.-

De esta norma deriva también el principio de la autonomía de la persona humana, concebida ésta como centro del sistema político que debe servir al desarrollo de la libertad y que no debe utilizar a las personas para sus propios objetivos. (Gelli, María Angélica; Constitución de la Nación Argentina comentada, pág. 329). Este principio claramente conceptualizado por el Dr. Carlos Nino prescribe que «siendo valiosa la libre elección individual de planes de vida y la adopción de ideales de excelencia humana, el Estado no debe interferir en esa elección o adopción, limitándose a diseñar instituciones que faciliten la persecución individual de esos planes de vida y la satisfacción de los ideales de virtud que cada uno sustente e impidiendo la interferencia mutua en el curso de tal persecución». (Nino Carlos; Ética y Derechos Humanos. Un ensayo de fundamentación, 2da. Edición ampliada y revisada, 2da. Reimpresión; Editorial Astrea; págs. 204 y 205). Este principio fue receptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, en el caso Bazterrica, limitó la injerencia del Estado sosteniendo que éste no debe imponer planes de vida a los individuos sino ofrecerles la posibilidad para que ellos elijan.(Fallos 308:1392 Considerando 9,10). En otras palabras, la libertad de intimidad o autonomía de la voluntad implica «poder de decisión», cuyo único límite es el considerar si tal decisión conlleva la consumación de un daño directo a los derechos fundamentales de otra persona.-

Finalmente, por su parte, el principio de dignidad de la persona prescribe que los hombres deben ser tratados según sus decisiones, intenciones o manifestaciones de consentimiento. La dignidad como persona se ve menoscabada cuando no se toman en serio las decisiones individuales (Nino Carlos; ob. Cit; pág. 287).-

Dentro de los derechos con rango constitucional que favorecen y defienden la autonomía de los cónyuges pueden mencionarse: 1) Derecho a la libertad: Art. 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. 7.1. del Pacto de San José de Costa Rica, art. 9.1 del Pacto de Derechos Civiles; 2) Libertad de Asociación: art. 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, art. XXII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. 16 del Pacto de San José de Costa Rica, art. 22.1 del Pacto de Derechos Civiles; 3) Respeto a la vida privada: art. 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; art. V de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 11.1 del Pacto de San José de Costa Rica, art. 17.1 y 2 del Pacto de Derechos Civiles, 4) Los derechos del hombre y su alcance: art. 29.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, art. XXVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. 32.2 del Pacto de San José de Costa Rica, art. 12.3 del Pacto de Derechos Civiles, art. 4 del Pacto de derechos económicos, sociales y culturales.-

El juez debe percibir, comprender y apreciar la realidad social, evitando que el rigorismo formal avance sobre la verdadera voluntad de las partes.La labor del magistrado no puede reducirse a la aplicación mecánica de las normas, tal como lo señalara Montesquieu, como un mero reproductor de la ley. (Del Espíritu de las Leyes; Editorial Caridad; año 1922; pág. 124). Sobre la interpretación de las leyes, la Corte Suprema de Justicia en forma inveterada, ha sostenido que «la hermenéutica de la ley debe integrarse a su espíritu, a sus fines, al conjunto armónico del ordenamiento jurídico, y a los principios fundamentales del derecho en el grado y jerarquía en que éstos son valorados por el todo normativo, cuando la inteligencia de un precepto basada exclusivamente en la literalidad de uno de sus textos conduzca a resultados concretos que no armonicen con los principios axiológicos enunciados precedentemente, arribe a conclusiones reñidas con las circunstancias singulares del caso o a consecuencias notoriamente disvaliosas. De lo contrario, aplicar la ley se convertiría en una tarea mecánica incompatible con la naturaleza misma del derecho y con la función específica de los magistrados, que les exige siempre conjugar los principios conten idos en la ley con los elementos fácticos del caso, pues el consciente desconocimiento de unos u otros no se compadece con la misión de administrar justicia. (fallos 302:1293).-

El rol del juez es interpretar en forma activa y sensible la ley y las necesidades sociales teniendo como fin último la justicia en el caso concreto.-

Se vuelve inminente la consideración de la dimensión social junto a la dimensión normológica. Siguiendo el análisis del Dr. Bidart Campos, la expansión de la fuerza normativa de la Constitución no se conforma con la existencia de un orden normológico; por el contrario, las normas deben ser proyectadas a la vigencia sociológica, para que la fuerza normativa alcance una real encarnadura social.(Bidart Campos, Germán; «El derecho constitucional y su fuerza normativa»; Ediar Buenos Aires; 1995; pág.55).-

Hace a la esencia misma de la actividad de los jueces efectuar el control de constitucionalidad y convencionalidad, ello con fundamento en el respeto de los principios de supremacía constitucional y de la jerarquización de las fuentes del derecho consagrados en el artículo 31 de la C.N. De hecho, y en palabras del Dr. Miguel Ángel Ciuro Caldani, «el juez suele estar en mejores condiciones que el legislador para apreciar «la justicia de llegada», superando las limitaciones de la mera consideración de la «justicia de partida», con la que tiende a ser vinculado». Por lo tanto, es a él a quien le compete atender a las específicas exigencias de justicia a fin de obtener la equidad». (Ciuro Caldani, Miguel Ángel; «El juez en el cambio histórico»; LL 2001-D 1150. cit. en la causa del Tribunal Colegiado de Familia de Rosario (Sta. Fé), Sentencia en «F.M. y L.S. s/ Divorcio por presentación conjunta» del 7/3/2012).

Se vienen experimentando hace tiempo en la sociedad y ha captado aquellos aspectos cuya reforma estimó necesarias para que el código esté mucho más cercano a la sociedad, a la realidad e intereses de los individuos.

El tema de la autonomía de la voluntad es un punto clave en el ámbito del Derecho de Familia.

Así, el Anteproyecto expone en sus fundamentos, «.el avance de la autonomía de la voluntad en el Derecho de Familia no es ajena al ámbito del derecho matrimonial. Precisamente en este campo en el cual la jurisprudencia y doctrina nacional comparada muestra un desarrollo exponencial del principio previsto en el art. 19 de la Constitución Nacional; prueba de ello son diversas sentencias que declaran la inconstitucionalidad de algunos artículos del Código Civil por atacar el principio de libertad de los cónyuges en la construcción, vida y ruptura matrimonial. El Anteproyecto amplía la aptitud de decisión de los integrantes del matrimonio.La mirada rígida sobre las relaciones humanas familiares, bajo la excusa de considerar todo de orden público, contraría la noción del pluralismo que pregona la doctrina internacional de los derechos humanos. En efecto, existe un derecho a la vida familiar y consecuentemente, la injerencia estatal tiene límites.»

El mismo, suprime las causales subjetivas de divorcio, como también se eliminan los plazos de espera, introduciéndose reformas procedimentales, que resultan compatibles con la vigencia y goce de los derechos humanos fundamentales, poniendo de resalto el respeto de la autonomía de la voluntad de las partes, pacificando las relaciones, evitando tensiones que desgasten a las personas frente a procedimientos que atentan contra sus convicciones y libres decisiones, invadiendo su privacidad. (en tal sentido lo expone Gabriela Yuba en «Una solución compatible con el respeto a la autonomía de la voluntad de las partes y derechos constitucionales», public. en «Revista de Derecho de Familia y de las personas» n° 118, Año IV, de Agosto 2012).-

De lo expuesto he de concluir que, la exigencia de invocar causas graves ante el Juez y el plazo de «reflexión» previsto en el art. 236 del Código Civil, vulnera el derecho a la privacidad, a la autonomía personal, a la libertad y a la igualdad (en el mismo sentido lo expresan N.Lloveras y S. Monjo en «La inconstitucionalidad del art. 236 del Código Civil.» public. en Revista de Derecho de Familia, 2011-IV, pág. 298).-

En tal sentido, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Dolores resolvió: «En efecto, los plazos y exigencias del art. 236 del Código Civil son irrazonables ya que se obliga a los esposos en contra de su voluntad a «reflexionar» sobre una decisión que atañe exclusivamente a su proyecto de vida y, coarta el derecho al proyecto de vida autorrefencial, derecho que tiene como base la posibilidad de optar» (Cámara cit. causa n° 91.159 del 10/04/2012 «G.E.D. y ot.s/ Divorcio Vincular», en el mismo sentido Juzgado de Familia de Rio Gallegos en causa n° 2226/10 «O.N.E. y P.J.L. s/ Divorcio Vincular» public. en El Dial AA634D, Tribunal Colegiado de Familia n° 2 de La Plata «S.L. y ot. s/ Separación Personal» del 16/07/2010, public. en El Dial AA6264).-

En consecuencia, bajo el prisma de las normas constitucionales de nuestro ordenamiento jurídico (art. 31 Const. Nacional), corresponde declarar en el caso la inconstitucionalidad del art. 236 del C.C. (arts. 19, 31, 33, 75 inc. 22 CN; 1, 5, 6 y 28 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 3, 12, 29, 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 9 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 17 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, arts. 163, 164 , 260 y 272 del Cpcc).-

Así lo voto

Los Señores Jueces Doctores LOUGE EMILIOZZI y BAGU, adhirieron al voto precedente por los mismos fundamentos.

A LA SEGUNDA CUESTION: la Señora Juez Doctora COMPARATO dijo:

Atento lo acordado al tratar la cuestión anterior, propongo al acuerdo: 1) Declarar abstracto el pedido de declaración de inconstitucionalidad del art. 215 del Código Civil, 2) Decretar la inconstitucionalidad para el presente caso del art. 236 del mismo ordenamiento, revocándose en tal cuestión lo dispuesto en la resolución de fs. 12/12vta. y en consecuencia dejar sin efecto el llamado a primera audiencia allí previsto; 3) Costas en la Alzada por su orden atento la falta de contradictor (art. 68 cpcc), 4) Regular los honorarios por los trabajos en esta instancia, los que se verán reflejados en la parte resolutiva (art. 31 ley 8904).

Asi lo voto.-

Los Señores Jueces Doctores LOUGE EMILIOZZI y BAGU, adhirieron al voto precedente por los mismos fundamentos.Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente:

S E N T E N C I A

POR LO EXPUESTO, demás fundamentos del acuerdo y lo prescripto por los arts. 266 y 267 del CPCC, se RESUELVE: 1) Declarar abstracto el pedido de declaración de inconstitucionalidad del art. 215 del Código Civil, 2) Decretar la inconstitucionalidad para el presente caso del art. 236 del mismo ordenamiento, revocándose en tal cuestión lo dispuesto en la resolución de fs.12/12vta. y en consecuencia dejar sin efecto el llamado a primera audiencia allí previsto; 3) Costas en la Alzada por su orden atento la falta de contradictor (art. 68 cpcc), 4) En atención a la cuantía, valor y mérito de los trabajos realizados en autos y atento lo normado por los arts. 9, punto I, inc. 2 , 13, 14 , 16 , 31 y 47 de la ley 8904, regular los honorarios al Dr. EDUARDO JUAN EBERHARD, en la suma de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA ($ 450.-), más la adición de Ley (Arts. 12 y 14 Leyes 8455 y 10268 e I.V.A. en caso de profesionales inscriptos).- Notifíquese y regístrese.- En cuanto a la regulación de los honorarios practicadas, las notificaciones del caso deberán ser efectuadas en Primera Instancia, en su caso con la transcripción prevista por el art. 54 de la ley 8904.-

Esteban Louge Emiliozzi

Juez -Sala 1-Cám.Civ.Azul.

Lucrecia Inés Comparato

Juez -Sala 1-Cám.Civ.Azul.

Ricardo César Bagú

Juez-Sala 1-Cám.Civ.Azul.

Ante mí

Dolores Irigoyen

Secretaria-Sala 1-Cam.Civ.Azul

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