Rechazo de la demanda por indemnización con motivo en el libramiento por un tercero de varios cheques sin fondo

ChequesPartes: Bernachea Gustavo Mariano c/ HSBC Bank Argentina S.A. s/ daños y Perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: A

Fecha: 23-oct-2012

Cita: MJ-JU-M-76094-AR | MJJ76094 | MJJ76094

Se rechazó la demanda por la que el actor pretendió ser indemnizado por el banco demandado con motivo en el libramiento por un tercero de varios cheques sin fondo, pues se probó que la entidad financiera accionada actuó de un modo previsor y diligente al momento de la apertura de la respectiva cuenta corriente.

Sumario:

1.-Corresponde rechazar la demanda por la que el actor pretendió que el Banco demandado lo indemnice por el libramiento de varios cheques sin fondos realizado por un tercero, pues hallándonos en el plano de la responsabilidad extracontractual o aquiliana, no medió vínculo comercial alguno entre las partes aquí intervinientes, no se ha demostrado que el daño sufrido por el actor obedezca a una conducta de la demandada, y además ésta logró probar haber actuado de un modo previsor y diligente en la ocasión, sin violar la normativa aplicable del BCRA para la apertura de cuentas corrientes.

2.-En el caso, no ha habido un obrar reprochable de la emplazada en oportunidad de acceder a la concesión del paquete de beneficios bancarios a favor del tercero librador de los cheques sin fondo, más aún, en dicho momento (octubre de 2004), nada hacía preveer que aquél fuese a llevar a cabo una actitud delictiva -estafa- como la que efectivamente desplegó en el caso, entre cuyos damnificados se encuentra el aquí demandante.

3.-El análisis que permite establecer los presupuestos de la responsabilidad civil no puede desentenderse de la necesidad de verificar con precisión la autoría, la causalidad y el daño experimentado; es indispensable determinar si las consecuencias imputadas fueron producidas por la acción de la demandada, vale decir, la existencia misma del hecho y la relación causal cuya demostración incumbe al actor en todos los casos, no como un vínculo solamente posible, sino la efectiva comprobación de la atribución del daño al hecho.

4.-Las entidades bancarias, generalmente son muy cuidadosas en reunir recaudos para facilitar el servicio de las tarjetas de crédito, cuentas corrientes, entre otros servicios, y, sumamente exigentes para graduar las consecuencias de los incumplimientos de los usuarios.

5.-Según surge del informe comercial solicitado por el banco al momento de evaluar los antecedentes del tercero librador de los cheques sin fondo en perjuicio del actor, aquel se hallaba en condiciones para ser beneficiario de la cuenta bancaria aludida, más aún, conforme se infiere del informe emitido por la entidad de información crediticia, aquél no registraba ningún antecedente financiero negativo que generase dudas o impedimento para la concesión del beneficio bancario.

6.- Corresponde destacar que el contrato de locación comercial presentado en copia por el tercero librador de los cheques sin fondo en perjuicio del actor, contaba con firmas certificadas, ello motivó que en el marco esa investigación se requiriera la declaración del escribano público interviniente, quien refirió haber intervenido en la certificación de las firmas insertas en tal convenio, mas debido a la gran demanda de trabajo no pudo aportar datos sobre la fisonomía de los firmantes, esto, en función del cuestionamiento que introduce el accionante en torno a que el librador pudo haber adulterado su documentación de identidad y no ser, verdaderamente, quien se presentara como tal, empero, lo cierto es que no ha sido demostrado en el caso.

7.-Las Comunicaciones A 2329 , A 3075  y A 3244  preveen que las personas físicas requirentes de cuentas bancarias deben completar una solicitud en la cual conste: nombre y apellidos completos, fecha y lugar de nacimiento, estado civil, profesión, oficio, industria, especialidad, etc., domicilios real y especial, clave única de identificación tributaria (CUIT) o código único de identificación laboral (CUIL), nombre del cónyuge, de los padres, tipo de documento (DNI para los argentinos), los nombres de personas que puedan dar referencias de la solvencia económica del solicitante, etc.-

8.-En el caso, las disposiciones de las Comunicaciones A 2329, A 3075 y A 3244 fueron debidamente observadas y cumplidas por la entidad bancaria, todos estos recaudos constan en el legajo confeccionado a los fines de proceder a la apertura de la cuenta corriente a nombre del librador de los cheques sin fondos; el mero hecho de que en la solicitud no se hubiese consignado específicamente la ocupación del solicitante (dado que solo se detalló comerciante ) no puede traducirse como obrar negligente del banco, es que de la restante documentación surge que la actividad comercial era la de farmacia y perfumería , incluso ello surge del destino que habría de darse al local comercial arrendado.

9.-No es posible atribuir responsabilidad alguna a la parte demandada, fundada en que no se cercioró en la ocasión sobre la verdadera identidad del cliente.

10.-El documento nacional de identidad (en el año 2004, según art. 13°  de la ley nacional n° 17671) era el único idóneo para acreditar la identidad de un sujeto; no era carga de la emplazada investigar si efectivamente esa persona había adulterado el documento que presentó ante la entidad bancaria; en todo caso, si el demandante es quien alega que el tercero no fue ciertamente quien requirió la apertura de la cuenta bancaria, debió el actor demostrarlo en la especie.

Fallo:

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los días 23 del mes de octubre de 2012, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala “A” de la Excma. Cámara Civil, para conocer en el recurso interpuesto en los autos “BERNACHEA, Gustavo Mariano c/ HSBC BANK ARGENTINA S.A. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, respecto de la sentencia obrante a fs. 195/201 vta., el tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

ES AJUSTADA A DERECHO LA SENTENCIA APELADA?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: Señores Jueces de Cámara Dres. HUGO MOLTENI – SEBASTIÁN PICASSO – RICARDO LI ROSI.-

A LA CUESTIÓN PROPUESTA, EL DR. HUGO MOLTENI DIJO:

I.- La sentencia de fs. 195/201 vta. rechazó, con costas, la demanda promovida por Gustavo Mariano Bernachea contra HSBC Bank Argentina S.A. El fundamento de dicho decisorio fue que el actor no logró demostrar que el banco emplazado obró en forma negligente o dolosa, al momento de acceder a la apertura de la cuenta corriente a nombre de Julián Enrique Gamarra, como tampoco que exista nexo causal entre los daños que invoca el demandante y la conducta de la accionada. Por el contrario, sostuvo que la demandada acreditó haber dado cumplimiento con la normativa emanada del Banco Central de la República Argentina.-

Apeló el perdidoso a fs. 202, cuyos agravios de fs. 259/261 vta. fueron respondidos por la entidad bancaria a fs. 269/272.-

Sostiene el quejoso que el Sr. Juez “a-quo” no aplicó en la especie la teoría de la carga dinámica de la prueba, ante el desconocimiento de la documental aportada por la contraria. Resalta que la misma debe recaer sobre quien se encuentra en mejor situación de probar; en el caso, la entidad emplazada, quien estaba en condiciones de acreditar el cumplimiento de la normativa antes aludida. Añade que el banco entregó una cierta cantidad de cheques a una persona que no denunció cuál era su actividad comercial.Por tal motivo, ante este obrar irrazonable y el incumplimiento de la normativa en cuestión, solicita se revoque el pronunciamiento en crisis y se condene a la demandada por los daños y perjuicios sufridos por el demandante.-

II.- La presente acción tiene por objeto el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos por el accionante, con motivo de haberle vendido varios equipos de aire acondicionado al Sr. Gamarra, en el año 2004, y haber recibido en concepto de pago una serie de cheques del HSBC Bank S.A. Empero, los mismos no pudieron ser percibidos por el actor, dado que -al momento de ser presentados ante la entidad bancaria para su cobro- la cuenta corriente del emisor carecía de fondos. Por tal razón, promueve esta demandada endilgando al mentado banco no haber observado las normativas del Banco Central de la República Argentina o cerciorarse acerca de la identidad del potencial cliente de la entidad.-

III.- Como es sabido, el análisis que permite establecer los presupuestos de la responsabilidad civil no puede desentenderse de la necesidad de verificar con precisión la autoría, la causalidad y el daño experimentado. Es indispensable determinar si las consecuencias imputadas fueron producidas por la acción de la demandada, vale decir, la existencia misma del hecho y la relación causal cuya demostración incumbe al actor en todos los casos, no como un vínculo solamente posible, sino la efectiva comprobación de la atribución del daño al hecho (conf. Goldemberg, “La relación de causalidad en la responsabilidad civil” págs. 45 y siguientes).-

Esta Sala ha dicho que las entidades bancarias, generalmente son muy cuidadosas en reunir recaudos para facilitar el servicio de las tarjetas de crédito, cuentas corrientes, entre otros servicios, y, sumamente exigentes para graduar las consecuencias de los incumplimientos de los usuarios (Conf.esta Sala, mi voto en Libre nº 311.059 del 23/3/01).-

En la especie, he de anticipar que coincido con el temperamento desestimatorio del decisorio en crisis.-

Al efecto, habré de remitirme a los escasos elementos de prueba aportados a la causa.-

En primer lugar, la entidad bancaria demandada acompañó, al momento de contestar el traslado de la demanda incoada en su perjuicio, la documental requerida al momento de acceder a otorgarle al Sr. Julián Enrique Gamarra la apertura de una cuenta corriente en esa dependencia.-

Cabe enumerar, entre ella, la fotocopia del documento nacional de identidad del futuro cliente, copia del contrato de locación del inmueble -con firmas certificadas- en el cual el Sr. Gamarra desarrollaría su actividad comercial (septiembre de 2004), constancia de inscripción municipal, pedido de servicio telefónico del local, constancia de inscripción ante la AFIP e informe comercial sobre los antecedentes del eventual titular de la cuenta. Luego, se pueden observar los formularios de solicitud de productos (cfr. fs. 30/49).-

Es cierto que dichos instrumentos fueron desconocidos por el actor, en forma genérica, conforme presentación de fs. 68, apartado I. Sin embargo, a fs. 166/200 de la causa penal caratulada “Gamarra, Julián Enrique s/ Estafa” (expte. n° 10.496/05), que en este acto tengo a la vista, obra el legajo administrativo labrado con motivo de la apertura de la cuenta corriente en pesos, gestionada por el imputado ante HSBC Bank Argentina S.A, realizada el 29 de octubre de 2004. De modo que, esta documental, respalda el tenor de aquella aportada por la accionada al evacuar el traslado de la presente acción civil, razón por la cual cabe tenerla por válida.-

En ese orden de ideas, es preciso remarcar que, según surge del informe comercial solicitado por el banco al momento de evaluar los antecedentes del Sr. Gamarra, éste se hallaba en condiciones para ser beneficiario de la cuenta bancaria aludida (cfr. fs.50 del presente trámite civil, fechada el 22 de octubre de 2004). Más aún, conforme se infiere del informe emitido por la Organización Veraz S.A., al 6 de enero de 2005, aquél no registraba ningún antecedente financiero negativo que generase dudas o impedimento para la concesión del beneficio bancario (cfr. fs. 747 de la causa penal antes reseñada).-

IV.- Desde otro ángulo, también corresponde destacar que el contrato de locación comercial presentado en copia por el Sr. Gamarra, contaba con firmas certificadas (cfr. fs. 179/182 del expediente penal). Ello motivó que en el marco esa investigación se requiriera la declaración del escribano público interviniente, Sr. Adolfo Enrique Ber, quien refirió haber intervenido en la certificación de las firmas insertas en tal convenio, mas debido a la gran demanda de trabajo no pudo aportar datos sobre la fisonomía de los firmantes. Esto, en función del cuestionamiento que introduce el accionante en torno a que el Sr. Gamarra pudo haber adulterado su documentación de identidad y no ser, verdaderamente, quien se presentara como tal. Empero, lo cierto es que no ha sido demostrado en el caso.-

V.- Otro punto que cabe atender es el supuesto incumplimiento de la normativa emanada del Banco Central de la República Argentina.-

Esencialmente, las Comunicaciones A 2329 , A 3075  y A 3244  preveen que las personas físicas requirentes de cuentas bancarias deben completar una solicitud en la cual conste: nombre y apellidos completos, fecha y lugar de nacimiento, estado civil, profesión, oficio, industria, especialidad, etc., domicilios real y especial, clave única de identificación tributaria (CUIT) o código único de identificación laboral (CUIL), nombre del cónyuge, de los padres, tipo de documento (DNI para los argentinos), los nombres de personas que puedan dar referencias de la solvencia económica del solicitante, etc.-

Como puede advertirse, las disposiciones en cuestión fueron debidamente observadas y cumplidas por la entidad bancaria.Apréciese que todos estos recaudos constan en el legajo confeccionado a los fines de proceder a la apertura de la cuenta corriente a nombre de Julián Enrique Gamarra (fs. 167/178 del expediente punitivo). El mero hecho de que en la solicitud de fs. 167/168 de esos obrados no se hubiese consignado específicamente la ocupación del solicitante (dado que solo se detalló “comerciante”) no puede traducirse como obrar negligente del banco. Es que, de la restante documentación surge que la actividad comercial era la de “farmacia y perfumería”, incluso ello surge del destino que habría de darse al local comercial arrendado.-

En síntesis, estimo que -en este aspecto- no ha habido un obrar reprochable de la emplazada en oportunidad de acceder a la concesión del “paquete de beneficios bancarios” a favor del Sr. Gamarra. Más aún, en dicho momento (octubre de 2004), nada hacía preveer que aquél fuese a llevar a cabo una actitud delictiva -estafa- como la que efectivamente desplegó en el caso, entre cuyos damnificados se encuentra el aquí demandante.-

VI.- Desde otra perspectiva, lo cierto es que no es posible atribuir responsabilidad alguna a la parte demandada, fundada en que no se cercioró en la ocasión sobre la verdadera identidad del cliente.-

Tal como afirma la demandada, el documento nacional de identidad (en el año 2004, según art. 13°  de la ley nacional n° 17.671) era el único idóneo para acreditar la identidad de un sujeto. En mi opinión, no era carga de la emplazada investigar si efectivamente esa persona había adulterado el documento que presentó ante la entidad bancaria. En todo caso, si el demandante es quien alega que Julián Enrique Gamarra no fue ciertamente quien requirió la apertura de la cuenta bancaria, debió el Sr. Bernachea demostrarlo en la especie.Sin embargo, nada ello aconteció.-

Por lo demás, lo que sindica el quejoso en torno a la aplicación de la teoría de las cargas dinámicas de la prueba, que importan un activismo de los distintos aspectos probatorios, como también que el profesional -en el caso el banco- es quien está en mejores condiciones fácticas y técnicas, sea quien demuestre o aporte tales elementos, no ha de cobrar relevancia en el caso. Ello, por cuanto, al margen de apreciar si esa teoría forma parte del derecho procesal positivo, la entidad demandada ha logrado aportar los elementos de prueba necesarios que evidencian haber sido diligente y previsora en su obrar, antes de proceder a concederle al Sr. Gamarra la apertura de su cuenta corriente.-

VII.- En síntesis, el actor no ha dado cumplimiento con su obligación insoslayable de probar la existencia de la imputabilidad culposa en que se funda su reclamo indemnizatorio y tampoco que el daño que reclama pueda serle atribuido a la entidad bancaria demandada, es decir, que exista un nexo de causalidad entre el obrar del banco y el perjuicio sufrido por el actor.-

De modo que, hallándonos en el plano de la responsabilidad extracontractual o aquiliana, dado que no medió vínculo comercial alguno entre las partes aquí intervinientes, que no se ha demostrado que el daño sufrido por el actor obedezca a una conducta de la demandada y que ésta logró probar haber actuado de un modo previsor y diligente en la ocasión, si mi opinión fuese compartida, propongo por estas razones y las muy bien fundadas consideraciones de la sentencia recurrida, confirmar dicho pronunciamiento.-

VIII.- Voto, pues, en definitiva, para que se confirme la sentencia apelada en todo cuanto decide y fuera objeto de agravios.-

IX.- En cuanto a las costas de alzada, toda vez que el ordenamiento procesal vigente adhiere al principio generalmente aceptado en la legislación nacional y extranjera cuyo fundamento reside básicamente en el hecho objetivo de la derrota, como base de la imposición de la condena en costas, las mismas deberían ser impuestasal actor vencido (art. 68, primer párrafo, del Código Procesal).-

Los Dres. Sebastián Picasso y Ricardo Li Rosi votaron en el mismo sentido por razones análogas a las expresadas en su voto por el Dr. Hugo Molteni.-

Con lo que terminó el acto.-

Es copia fiel de su original que obra a fs. del Libro de Acuerdos de la Sala “A” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.-

FDO. FERNANDO P. CHRISTELLO (SEC.)

Buenos Aires, octubre 23 de 2012

Y VISTOS:

I.- Por lo que resulta del acuerdo que informa el acta que antecede, se confirma la sentencia apelada en todo cuanto decide y fue objeto de agravios. Con costas de alzada que se imponen al actor vencido.-

II.- Atento a lo resuelto precedentemente, corresponde entender respecto de los honorarios fijados en la anterior instancia.-

En el supuesto de autos, nos encontramos ante un proceso que reviste las siguientes características: la acción no prosperó, el actor actuó con beneficio de litigar sin gastos -según incidente que en este acto se tiene a la vista- y la suma pretendida en la demanda resulta desproporcionada. Ello así, es de aplicación el criterio sustentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa “Martín, Jorge Alberto c/ Shin Dong Sik”  del 20/4/95 (E. D. 163-613) y receptado por este Tribunal entre otras en el decisorio del 20/9/96 caratulado “Carranza c/ Finazzi s/sumario”, H.106.822, id.H.386.513 del 27/2/04.-

En efecto, ante la suma pretendida en la demanda confrontada con la que razonablemente pudo haber prosperado la acción según la naturaleza de los daños reclamados, conforme a precedentes análogos de la Sala que corresponde adoptar como parámetros objetivos, llevan a concluir que las partidas pretendidas deben ser sopesadas en base a dichas pautas como una guía indiciaria para fijar sumas justas y razonables en la medida de la labor cumplida.-

Tal decisión guarda relación con lo dispuesto por el artículo 13  de la ley 24.432, de aplicación en la especie, tal como lo tiene decidido la Sala en forma reiterada (conf. H.230.174 del 26/9/97 y sus citas) que confiere a los jueces, para casos como el que nos ocupa, un amplio margen de discrecionalidad en los distintos factores que en mayor o menor medida influyen para determinar las retribuciones pertinentes. Se trata, en suma, de valores que representen un justo honorario, como un monto acorde para quien deba sufragarlos (conf. esta Sala, H.199.429 del 5/7/96 y sus citas, entre muchas otras).-

En virtud de estas razones, extensión e importancia de los trabajos cumplidos, lo resuelto en forma reiterada con relación a la manera de retribuir las labores de los peritos médicos, quienes carecen de arancel propio (conf. esta Sala, H.324.458 del 31/5/01), como así los limites contemplados por la ley 24.432, se modifican los honorarios regulados en la sentencia de fs. 195/201, y se fijan los emolumentos del letrado patrocinante de la parte actora, Dr. Antonio Paulino Pascual, en ($.); los de los letrados apoderados de la parte demandada, Dres. Maximiliano Mourrut De Beauverger, Alejandro Gómez Alzaga, y Lucía Freije, en conjunto, en ($.); los de la perito contadora Carolina Bouzigues, en ($.); los del perito médico Alberto Eduardo Paz, en ($.); y se confirman los honorarios de la mediadora Dra. Claudia Elizabeth Jimenez.-

Por su labor en la alzada, que dieran origen al presente fallo, se regulan los honorarios de la letrada patrocinante de la parte actora, Dra. Gabriela Yolanda Seminario, en ($.); y los del letrado apoderado de la demandada, Dr. Juan Pablo Limodio, en ($.).-

Notifíquese y devuélvase.-

HUGO MOLTENI

SEBASTIÁN PICASSO

RICARDO LI ROSI

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