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Recurso extraordinario interpuesto por el Estado Nacional contra la prorroga de la cautelar que había requerido el Grupo Clarín.

derechoPartes: Grupo Clarín S.A. s/ medidas cautelares

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: I

Fecha: 18-dic-2012

Cita: MJ-JU-M-76238-AR | MJJ76238 | MJJ76238

Se concede el recurso extraordinario interpuesto por el Estado Nacional contra la resolución que resolvió prorrogar la medida cautelar que había requerido el Grupo Clarín en el marco de la causa por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Sumario:

1.-Corresponde conceder el recurso extraordinario interpuesto por el Estado Nacional contra la resolución que resolvió prorrogar la medida cautelar que había requerido el Grupo Clarín en el marco de la causa por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Fallo:

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012

AUTOS Y VISTOS:

Estos autos para decidir sobre la admisibilidad del recurso extraordinario federal interpuesto por el Estado Nacional-Jefatura de Gabinete de Ministros con el patrocinio letrado de la señora Procuradora del Tesoro de la Nación, contra la sentencia interlocutoria dictada por esta Sala I el día 6 de diciembre de este ano que corre a fs. 2204/2207. El memorial obra a fs. 2212/2231 y mereció la respuesta de la parte actora de fs. 2235/2254; y CONSIDERANDO:

1. La parte demandada solicita la concesión del recurso contemplado en el articulo 14 de la ley 48 a fin de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declare procedente el recurso federal y revoque la resolución del 6 de diciembre, la cual -a juicio del apelante-, ocasiona perjuicios irreparables al Estado Nacional y lesiona el interés general de la comunidad. En opinión de la parte recurrente, se configura gravedad institucional en virtud de impedirse la aplicación de normas regulatorias del servicio de comunicación audiovisual, con menoscabo de poderes y funciones del Estado (fs. 2217).

En forma sucinta, los reproches argumentados por la parte demandada pueden ser presentados del modo siguiente:a) la resolución dictada por esta Sala comporta desconocimiento de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que -sostiene el apelante- habría cerrado el debate sobre la limitación en el tiempo de la medida cautelar originalmente trabada, obviando la garantía de la cosa juzgada respecto de lo resuelto por el mas alto Tribunal federal del país; b) se configura cuestión federal típica pues se halla en juego la interpretación de la ley 26.522 y del articulo 50 del decreto 1225/2010 , que revisten el carácter de normas federales, suscitando grave afectación del principio de división de poderes; y c) la resolución esta viciada por arbitrariedad pues el tribunal, con total irregularidad de procedimientos, rechazo los planteos recusatorios introducidos por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), con argumentos dogmáticos, desconociendo que la AFSCA había sido admitida en primera instancia como un sujeto de derecho con personalidad jurídica propia.

Finalmente, el Estado Nacional invoca la configuración de un supuesto de gravedad institucional, pues la resolución del 6 de diciembre pasado inhibe la puesta en marcha de la ley 26.522.

La parte actora, en la contestación del traslado que corre a fs. 2235/2254, solicita que el tribunal declare la inadmisibilidad de la apelación federal. Justifica tal conclusión en las serias deficiencias que advierte en los fundamentos -que incurren en diversos incumplimientos de la Acordada 4/2007 -, y en la ausencia de cuestión federal, habida cuenta que el punto en debate se limita a materia fáctica y de derecho procesal.

2. La resolución impugnada ha sido dictada en el expediente N° 8836/2009 relativo a medidas cautelares y participa de la índole provisoria que revisten las decisiones sobre materia de tal naturaleza. No obstante, corresponde hacer excepción a las exigencias formales del recurso federal cuando la materia del pronunciamiento excede el mero interés individual de las partes y tiene aptitud para proyectar sus efectos sobre la comunidad (doctrina de Fallos 307:1994; 327: 1603; considerando 7° del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re G.456 XLVI, del 5/10/2010).

3. Respecto del primer agravio, es indudable que esta en tela de juicio la inteligencia que este tribunal ha otorgado al pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia in re G.589 XLVIIRHE «Grupo Clarín S.A. y otros s/medidas cautelares» del 22 de mayo de 2012, que difiere de la interpretación de la recurrente y en la cual funda el derecho que estima que le asiste. En tales circunstancias, se ha configurando una hipótesis que hace formalmente admisible en este aspecto el recurso extraordinario (doctrina de Fallos 233:32; 253: 118; 310: 746; 307: 1948; 321: 2114 ; 325: 3389 y muchos otros).

4. Respecto de la eventual obstrucción a la aplicación Integra de la ley 26.522 y de la incidencia institucional y social que ello comportaría para la regulación de los servicios de comunicación audiovisual, el tribunal señala – una vez mas- que la medida cautelar sólo ha suspendido la vigencia del artículo 161 de la ley 26522 respecto del «Grupo Clarín S.A.Y otros», (aquí actores), sin afectar la aplicación general de tal cuerpo legislativo al resto de la comunidad que no ha promovido juicio alguno.

Así también lo tiene dicho la Corte Suprema en el fallo del 5 de octubre de 2010, donde manifestó que «. la presente cautelar, cuyos alcances se encuentran limitados al actor, no afecta de ningún modo la aplicación general de la ley, y se encuadra dentro de los criterios tradicionales empleados por los tribunales de la Nación durante muchos anos y en todas las circunstancias . sin que pueda paralizar u obstaculizar la aplicación general del régimen consagrado por la ley 26.522.» (Considerando 5°). Argumento luego recordado y reiterado en el Considerando 5° del fallo del Alto Tribunal el 22 de mayo pasado para desestimar el planteo del Estado Nacional orientado a cuestionar la original admisibilidad de la medida.

En cuanto a la eventual inaplicación del articulo 50 del decreto 1225/2010, la parte demandada no expone los fundamentos concretos de su gravamen (confr. fs. 2230 vta.), y su argumento no es comprensible habida cuenta la decisión de esta Sala que se recurre y el rechazo de la apelación contra la decisión de fs. 1464/1466.

5. No obstante lo expresado y sin desconocer los aspectos procesales involucrados en la fijación de un plazo, es innegable que el conflicto versa sobre el alcance del articulo 161 citado, y ello configura un supuesto de interpretación de norma federal que justifica también la admisibilidad formal del recurso (confr. Palacio Lino Enrique, El recurso extraordinario federal Teoría y técnica, 4ta. edición, Abeledo Perrot, 2010, p. 129).

6. En cuanto a los planteos sobre arbitrariedad y nulidad de sentencia (apartado V de fs. 2218), se han deducido con debilidad de fundamentos de derecho procesal y soslayando constancias relevantes de la causa y de sus incidentes.

Ello es asi a poco que se repare en que no se refutan los argumentos del tribunal sustentados:a) en el artículo 15 del Código Procesal (que limita expresamente el ejercicio de las facultades de recusar sin causa a uno solo de los codemandados o litisconsortes); b) en el articulo 36, inciso 1° , del código de rito, que atribuye a los jueces facultades ordenatorias sustentadas en los principios de celeridad y economia procesal ( invocados por la Corte en la resolución del 27 de noviembre de este ano in re G.I074 XLVIII PVA, considerandos 1° 3y 5°) frente a supuestos manifiestamente improcedentes; y c) en la cita del articulo 93 del Código Procesal y de sus concretas consecuencias en el incidente de medidas cautelares.

Pero lo que es relevante es que el apelante califica y adjetiva la actuación del tribunal respecto de los planteos recusatorios introducidos por la AFSCA a fs. 2160/2179 y no por el Estado Nacional, por lo que este carece de legitimación alguna para cuestionar lo decidido en el punto 1) del pronunciamiento de fs. 2203. Ello sin olvidar que respecto de planteos del Estado Nacional la pretensión recusatoria quedo desestimada en tres oportunidades.

En suma, este tribunal no advierte relación directa entre estas vicisitudes procesales y los derechos federales en juego, máxime que, sobre el punto, el gravamen no es equiparable a definitivo (doctrina de Fallos 302:346).

No obstante, en atención a las claras directivas de celeridad que emanan de las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictadas en G.1074 XLVIII PVA del 27 de noviembre de 2012, y en E. 287 XLVIII PVA del 10 de diciembre 2012, y privilegiando la jurisdicción del Alto Tribunal federal como juez final de la impugnación, esta Sala concederá con amplitud el recurso extraordinario interpuesto por el Estado Nacional por cuestión federal.

Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: conceder el recurso extraordinario interpuesto por el Estado Nacional a fs. 2212/2231 contra la resolución de fs. 2203/2207 (articulo l4, incisos 1° y 3°, ley 48). En atención a la naturaleza cautelar de la resolución impugnada y a la obligación de este tribunal de preservar la eficaz jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (doctrina de Fallos 323: 3667), se concede formalmente el recurso extraordinario con efecto devolutivo hasta tanto el Alto Tribunal se pronuncie.

Firman solamente los suscriptos por hallarse vacante la restante Vocalía(art. 109 del R.J.N.) Regístrese, notifíquese en el día con habilitación de horas y elévense los autos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sirviendo la presente de atenta nota de envío.

María Susana Najurieta

Francisco de las Carreras

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