La reforma a la Ley de Riesgos del Trabajo y la indemnización del daño

Autor: Romualdi, Emilio E. – Ver más Artículos del autor

Fecha: 20-dic-2012

Cita: MJ-DOC-6120-AR | MJD6120

Sumario:

I. Prólogo. II. La reforma y el daño. III. La opción. IV. Epílogo.

Doctrina:

Por Emilio E. Romualdi (*)

«Cuatro características corresponden al juez: Escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente» Sócrates.

I. PRÓLOGO

La reciente sanción de la Ley 26.773 , modificatoria y complementaria de la Ley 24.557 y de los decretos 1278/00 y 1694/09 , ha venido a intentar corregir la normativa con el evidente fin de intentar salvar los mecanismos de reparación de los infortunios laborales vigentes desde el año 1996. En igual dirección avanza el Decreto 1720/12 dictado en virtud de la nueva normativa laboral.

Lo cierto es que, en la actualidad, más que una ley de riesgos del trabajo lo que existe es un sistema de reparación de los riesgos de trabajo que se integra con las normas mencionadas anteriormente, con el Decreto 717/96 y las resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 237/96, 658/96, 216/03 , 1378/07 , 983/10 , 1240/10 entre las más destacables.

De igual modo, la reforma pretende introducir algunos cambios que permitan superar al sistema las deficiencias constitucionales que se expresaran en los precedentes «Aquino» , «Llosco» , «Milone» , «Castillo» , «Venialgo» , «Marchetti» , «Silva» , «Suárez Guimbard» , «Torrillo» , «Arostegui» , «Lucca de Hoz» y «Ascua» , entre otros tantos pronunciamientos de la Justicia.

La Ley 26.773 es una «ley corta» -según lo calificara la Presidenta-, de solo diecisiete artículos, que se denomina Régimen de Ordenamiento de la Reparación de los Daños Derivados de los Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales y que parecería implícitamente abandonar la idea de sancionar una reforma integral al sistema con una nueva norma que trate integralmente los mecanismos de reparación de los infortunios laborales.

Analicemos brevemente la reforma en los aspectos centrales vinculados con la cuantificación del daño.

II.LA REFORMA Y EL DAÑO

Dentro de la idea general de abordaje del derecho de este trabajo y siguiendo a Larenz, se puede afirmar que la noción de daño sustantiviza un concepto jurídico abstracto (1). Así, como afirma Zanoni, (2) la significación y alcance de la cuantificación de los daños implican un esfuerzo de particularización o concreción.

El problema de la determinación y la valuación o cuantificación del daño a las personas es un tema de vigencia en el mundo jurídico internacional (3).

Ahora bien, la idea del daño se vincula con la obligación de responder. «Cuando de responsabilidad se habla, se hace referencia no a una idea autónoma, primaria, sino a un término complementario de una noción previa más profunda: la de deber u obligación.» (4) El deber de responder significa dar cuenta a otro del daño que se le ha causado (5).

El núcleo central de la reforma -en cuanto a mecanismo y finalidad- es establecer un mecanismo de reparación del daño con una valuación legal del daño basada en un módulo salarial que resulte aceptable para el trabajador accidentado o enfermo por causas laborales. Así, la reforma introduce una serie de modificaciones relativas a la cuantificación del daño que podríamos sintetizar del siguiente modo:

a) Aumento de las prestaciones dinerarias y la forma de su pago

Como ya dijera, la ley de riesgos es un sistema de valuación o cuantificación legal del daño basado en un módulo salarial.Los sistemas de cuantificación legal del daño han sido defendidos entre otros en el orden internacional por el profesor español Jesús Pintos Ager, quien sostiene que este sistema «favorece la presencia de optimismo como error en la conjetura de las expectativas ante la dificultad de predecir la cuantía resarcitoria» (6).

Más aún, sostiene Kemelmajer de Carlucci que un sector de la doctrina reconoce que los sistemas basados en baremos tienen un sinnúmero de ventajas entre las cuales se pueden mencionar los siguientes: (7)

– Sirve de marco e impulsa los acuerdos transaccionales.

– Agiliza la liquidación de siniestros.

– Reduce las actuaciones judiciales. Permite a las aseguradoras establecer previsiones con la consecuente disminución de costos del seguro.

– Fomenta el tratamiento igualitario para situaciones análogas.

Es este aspecto en los que la ley avanza intentando otorgar al trabajador un módulo de reparación que lo haga aceptable y en el que se busca claramente desalentar la opción de pretender obtener una reparación por la vía del derecho civil como veremos más adelante. En tal sentido, el art. 1 de la ley establece «Las disposiciones sobre reparación de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales constituyen un régimen normativo cuyos objetivos son la cobertura de los daños derivados de los riesgos del trabajo con criterios de suficiencia, accesibilidad y automaticidad de las prestaciones dinerarias y en especie establecidas para resarcir tales contingencias».

Ahora bien, para ser aceptables estos mecanismos deben ser razonables y permitir una plena efectividad de la tutela judicial efectiva (8). La efectividad en definitiva es un concepto que dependerá de la apreciación judicial con bases normativas, morales y hasta de carácter político de las que el pronunciamiento judicial nunca está exento (9).

Precisamente a fin de otorgar cierto grado de razonabilidad se incorporó una primera solución al sistema reparatorio de la Ley 24.557 en el art.3 de la ley, el que establece que «cuando el daño se produzca en el lugar de trabajo o lo sufra el dependiente mientras se encuentre a disposición del empleador, el damnificado (trabajador víctima o sus derechohabientes) percibirá junto a las indemnizaciones dinerarias previstas en este régimen, una indemnización adicional de pago único en compensación por cualquier otro daño no reparado por las fórmulas allí previstas, equivalente al veinte por ciento (20%) de esa suma». Este porcentaje no es casual, sino que es la práctica bastante generalizada, en mi opinión sumamente discutible, en nuestros tribunales laborales de otorgar una reparación por daño moral del 20% del monto otorgado por las incapacidades físicas y psíquicas derivadas del accidente.

Asimismo la reforma establece que en caso de muerte o incapacidad total, esta indemnización adicional nunca será inferior a pesos setenta mil ($ 70.000).

Esta indemnización adicional no se abona en caso de que el accidente sea in itinere.

La solución normativa encuadra en el esquema de fijar parámetros fijos que, por otro lado, han sido una constante en el fuero del trabajo aun cuando se cuantificara judicialmente el daño, ya que históricamente se han aplicado como las denominadas fórmulas «Vuoto» , (10) «Aguirre», (11) «Marshall» (12) y «Méndez» (13) para cuantificar los daños derivados de las incapacidades. Estos módulos de reparación han sido preferidos por sobre el denominado «punto por incapacidad», que ha sido más utilizado en la reparación del daño a las personas derivados de un accidente de tránsito que se introdujo marginalmente en el sistema de la reparación de los infortunios laborales con el Decreto 1694/09.

b) Actualización de los montos

El segundo aspecto que regula la ley es la adecuación del umbral reparatorio reconocido por el Decreto 1694/09 (14) en el art.8 al sostener que los importes por incapacidad laboral permanente previstos en las normas que integran el régimen de reparación se ajustarán de manera general semestralmente según la variación del índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a cuyo efecto dictará la resolución pertinente fijando los nuevos valores y su lapso de vigencia. Esta actualización se realizará en marzo y septiembre de cada año.

Este umbral reparatorio por un lado introduce un criterio similar al del denominado «punto por incapacidad», que parte del presupuesto de la muerte equivalente a un 100% de incapacidad y que fijado el monto de reparación de la misma, las incapacidades parciales son un porcentaje de este total. Así, el 1% del total resulta ser el punto por incapacidad, que en este caso resulta ser no exactamente un módulo sino en realidad un umbral reparatorio.

La existencia de un piso indemnizatorio encuentra su razón de ser en la necesidad de otorgar una reparación adecuada al trabajador que cobre una baja remuneración. En otras oportunidades he criticado los mecanismos sosteniendo que como dijera en muchos pronunciamientos en mi tribunal las fórmulas basadas en salario es profundamente inequitativa. No solo por los aspectos destacados en el precedente «Arostegui» sobre el que volveré, sino también porque quien menos gana necesita la utilización de su cuerpo para su vida cotidiana tanto en los aspectos laborales como de relación. Para graficar la idea: quien gana $ 4.000 viaja en colectivo, pinta su casa, hace los arreglos de plomería o albañilería o corta el pasto.Quien gana $ 30.000 viaja en auto -lo que conlleva mayor confort para soportar la discapacidad o el dolor- y terceriza la mayor parte, sino todas, las tareas antes mencionadas.

Al repararse en menor medida económica a quien menos gana se termina estableciendo un módulo inequitativo y este es un aspecto que la Ley de Riesgos del Trabajo tiene inmanente en el módulo previsto en los arts. 14 y 15 de la Ley 24.557 y modificatorias (15). La existencia de los pagos únicos previstos en el art. 11, inc. 4, de la Ley 24.557 no son un óbice para la crítica, porque cubren contingencias adicionales, pero no modifican o corrigen el defecto inmanente de la fórmula matemá tica establecida como módulo reparatorio.

Por el contrario, al establecerse un mecanismo de umbral reparatorio se intenta corregir parcialmente esta deficiencia, precisamente porque este alcanza a las indemnizaciones que, con base de cálculo en un salario bajo, no llega a ser razonable como reparación del daño.

Sin embargo, tanto en el caso de las prestaciones de pago único (16) como en el umbral indemnizatorio de $ 180.000 al establecerse una suma fija estas se encuentran sometidas a un desajuste por la suba salarial devenida de los acuerdos paritarios anuales.

El mecanismo de ajuste semestral basado en el ajuste salarial pretende de algún modo corregir la progresiva degradación de los módulos reparatorios.

Ejemplo de lo establecido previamente:

Índice RIPTE: julio 2012: 6.413,30.

Enero 2010: 3.011,99.

Coeficiente provisorio: 2.129.

Corrección de las compensaciones de pago único

– Art. 14, apdo. 2, inc. b: $ 80.000 x 2.129 = $ 170.320.

– Arts. 15, apdo. 2 y del art. 17, apdo. 1: $ 100.000 x 2.129 = $ 212.900.

– Art. 18, apdo. 1: 120.000 x 2.129 = $ 259.480.

Piso mínimo de indemnización por incapacidad total o muerte

180.000 x 2.129= $ 383.200.

Valor punto de incapacidad:$ 3.832.

(Ejemplo indemnización mínima por incapacidad del 20% 3.832 x 20 = 76.640).

De todos modos, en mi apreciación, siguen siendo sumas muy poco relevantes para parámetros razonables de reparación aun siendo cifras mínimas.

III. LA OPCIÓN

El tema de la reformulación de las reparaciones se completa con el sistema de opción y por cierto se trata del tema más trascendente en punto a la estructura central del sistema. El proyecto con el art. 4 propone establecer el criterio conocido como de opción excluyente, sobre cuyo significado considero innecesario extenderme. Esta opción modifica la consecuencia del dictado de los precedentes de la CSN «Aquino» (17) y «Llosco», (18) entre otros, que han sido seguidos por los tribunales de todo el país que habían habilitado lo que se conoce como «acción acumulativa». Esto es que se podían reclamar y cobrar a la aseguradora de riesgos del trabajo las sumas previstas en la ley y, además, reclamar la reparación por la vía civil al empleador con el descuento de lo percibido en la medida en que la reparación de la ley fuera insuficiente.

La solución de la ley en su art. 4 es establecer una «opción excluyente» con una redacción similar a la prevista por la Ley 24.028 que incluye el necesario paso por la determinación administrativa de la incapacidad para recién en ese caso realizar la opción por uno u otro régimen de reparación del daño.

Conforme el art.5 de la Ley 26.773, «La percepción de las prestaciones en dinero, sea imputable a la sustitución de salarios en etapa de curación (ILT) o sea complementaria por gran invalidez, así como la recepción de las prestaciones en especie, no implicarán en ningún caso el ejercicio de la opción excluyente prevista en el artículo precedente».

Por cierto ya han existido prestigiosas voces doctrinarias que cuestionan la validez constitucional de esta «opción excluyente» (19).

Me parece claro que por un lado la acción excluyente tiene como finalidad disminuir la litigiosidad y, más que ella, la previsibilidad de la indemnización más que para el trabajador para la aseguradora y eventualmente el empleador. En otro artículo seguramente analizaré con más detenimiento esta cuestión desde el ángulo estrictamente jurídico sobre todo en base al principio de irrenunciabilidad y de las diferencias que en mi opinión existe entre la actual normativa y la establecida en la Ley 24.028.

En este trabajo me limito a establecer que la efectividad de la opción va a depender de la diferencia que exista entre el sistema del reparación legal del daño del sistemas de riesgos del trabajo y el de valuación judicial del daño con base en el Código Civil. Establecer hoy un resultado estadístico de la opción es imposible. En parte va a depender de las indemnizaciones que se fijen en los casos de opción de la vía civil por los jueces competentes con la redacción del Código Civil actual o la eventual sanción del anteproyecto de unificación de Código Civil y Comercial que tiene estado parlamentario a la fecha de redacción de este trabajo.

Si los jueces hacen valuaciones muy altas en relación a las que surjan del sistema de riesgos, el actor podrá tomar la opción y asumir el costo-beneficio de su opción.Si la brecha es escasa se reducirá la posibilidad de opción la que a su vez se verá condicionada por el estado de necesidad del trabajador al momento de optar entre uno u otro sistema.

IV. EPÍLOGO

Como epílogo me permito insistir en una reflexión adicional a las efectuadas previamente.

Considero que las deficiencias reparatorias son inmanentes a un sistema tarifado o matemático de cálculo de la indemnización en virtud de que repara un aspecto parcial de las consecuencias indemnizables. En tal sentido, recuerdo que la Corte en el precedente «Arostegui» (20) sostuvo que la cámara «so color de restitutio in integrum, estimó el resarcimiento por el daño material del derecho civil también mediante una tarifa. Más todavía; de una tarifa distinta en apariencia de la prevista en la LRT, pero análoga en su esencia pues, al modo de lo que ocurre con esta, solo atiende a la persona humana en su faz exclusivamente laboral, vale decir, de prestadora de servicios, ya que lo hace mediante la evaluación del perjuicio material sufrido en términos de disminución de la llamada «total obrera» y de su repercusión en el salario que ganaba al momento de los hechos proyectado hacia el resto de la vida laboral de aquella. Tal criterio de evaluación, por lo reduccionista, resulta opuesto frontalmente al régimen jurídico que pretende aplicar, dada la comprensión plena del ser humano que informa a este.Al respecto, la doctrina constitucional de esta Corte tiene dicho y reiterado que «el valor de la vida humana no resulta apreciable tan solo sobre la base de criterios exclusivamente materiales», ya que no se trata «de medir en términos monetarios la exclusiva capacidad económica de las víctimas, lo que vendría a instaurar una suerte de justicia compensatoria de las indemnizaciones según el capital de aquellas o según su capacidad de producir bienes económicos con el trabajo, puesto que las manifestaciones del espíritu también integran el valor vital de los hombres»» (21).

La Corte descarta así criterios que si bien más evolucionados resultan insuficientes como los de la reparación considerando a la persona como unidad productiva (22).

Este aspecto de la reparación insuficiente no soluciona con subas de los montos de la valuación legal del daño establecida en el sistema de riesgos del trabajo. Sin embargo, no escapa a mi comprensión que más allá del déficit jurídico la norma puede obtener el efecto deseado -previsibilidad de la indemnización y baja de la litigiosidad- si los beneficiarios del sistema -los trabajadores- aceptan la reducción indemnizatoria a cambio de rapidez y seguridad del cobro de la indemnización. La constitucionalidad de la «opción excluyente» será la llave del éxito o fracaso del diseño finalista de la ley.

Como siempre el tiempo tiene la respuesta.

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(1) Larenz, Karl, Metodología de la ciencia del derecho, Ariel, Barcelona, 1980, p. 440 y siguientes.

(2) Zanoni, Eduardo A., Significado y alcance de la cuantificación del daño (una aproximación generalizadora), Revista de Derecho de Daños 2001-1 Cuantificación del daño, Rubinzal Culzoni, Buenos Aires, p. 7.

(3) Rivera, Julio César, Cuantificación legal y judicial, Revista de Derecho de Daños 2001-1 Cuantificación del daño, Rubinzal Culzoni, Buenos Aires, p. 15.

(4) Caseaux, Pedro N. y Trigo Represas, Derecho de las Obligaciones, Tomo III, Editora Plantense, La Plata, 1970, p.14.

(5) Bustamante Alsina, Jorge, Teoría General de la Responsabilidad Civil, 4ª edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1983, p. 57.

(6) Pintos Ager, Jesús, «Efectos de la variabilidad sobre la resolución de conflictos», InDret 4/2000, p. 6.

(7) Kemelmajer de Carlucci, Aída, Evaluación del daño a la persona ¿Libre apreciación judicial o sistema de baremos? (Especial referencia la situación española), Revista de Derecho de Daños 2001-1 Cuantificación del daño, Rubinzal Culzoni, Buenos Aires p. 320.

(8) Ib., p. 333 con cita de Barreto de Benito, El baremo de daños corporales, Dykinson, Madrid, 1998, p. 206.

(9) Cárcova, Carlos M., Sobre el razonamiento judicial, SJA 31/3/2004 – JA 2004-I-1054.

(10) CNAT, Sala III, «Vuoto Dalmero c/ Telefunken Argentina S.A.», SD 36.010 del 16/7/1978.

(11) SCBA, «Aguirre José c/ Gurevich S.A. s/ accidente de trabajo», 2/11/1982.

(12) TSJ Córdoba, «Marshall Daniel A.», 22/3/1984, JA 1985-I; TSJC Sala Civ. y Com., «Di Lello, Pablo c/ Barancelli, Cristián R.», 7/11/2007.

(13) CNAT, Sala III, Causa 27.593/04, «Méndez Alejandro Daniel c/ MYLBA S.A. y otro s/ accidente – acción civil» Sentencia 89.654, 28/4/2008.

(14) Art. 3 – Establécese que la indemnización que corresponda por aplicación del artículo 14, inciso 2, apartados a y b, de la Ley Nº 24.557 y sus modificaciones, nunca será inferior al monto que resulte de multiplicar pesos ciento ochenta mil ($ 180.000) por el porcentaje de incapacidad.

Art. 4 – Establécese que la indemnización que corresponda por aplicación del artículo 15, inciso 2, de la Ley Nº 24.557 y sus modificaciones, nunca será inferior a pesos ciento ochenta mil ($ 180.000).

(15) 53v IBM x IP x 65% edad del trabajador.

(16) Incorporado por Decreto 1278/00, art. 3:En los supuestos previstos en el artículo 14, apartado 2, inciso b; artículo 15, apartado 2; y artículos 17 y 18 apartado 1 de la presente ley, junto con las prestaciones allí previstas los beneficiarios percibirán, además, una compensación dineraria adicional de pago único, conforme se establece a cont inuación:

(*) El art. 19 ver Texto del Decreto 1278/2000 (BO 3/1/2001) establece: «Vigencia. Las modificaciones introducidas por el presente decreto a las leyes 24.241 y 24.557, entrarán en vigencia a partir del primer día del mes subsiguiente a su publicación en el Boletín Oficial».

a) En el caso del artículo 14, apartado 2, inciso b, dicha prestación adicional será de pesos ochenta mil ($ 80.000) (*).

(*) Monto según Decreto 1694/09, artículo 1; monto anterior: «pesos treinta mil ($ 30.000)».

b) En los casos de los artículos 15, apartado 2 y del artículo 17, apartado 1, dicha prestación adicional será de pesos cien mil ($ 100.000) (*).

(*) Monto según Decreto 1694/09, artículo 1; monto anterior: «pesos cuarenta mil ($ 40.000)».

c) En el caso del artículo 18, apartado 1, la prestación adicional será de pesos ciento veinte mil ($ 120.000) (*).

(*) Monto según Decreto 1694/09, art. 1; monto anterior: «pesos cincuenta mil ($ 50.000)».

(17) CSJN, 21/9/2004, «Aquino Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S.A. s/ accidentes Ley 9688».

(18) CSJN, 12/7/2007, «Llosco Raúl c/ Irmi S.A.», MJJ11947.

(19) Schick, Horacio, Reforma parcial a la Ley de Riesgos del Trabajo, LL 2012-E, 1218; Elizondo, Jorge Luis, Riesgos del trabajo. Luces y sombras de un proyecto, DT 2012 (octubre), 2758.

(20) CSJN, «Arostegui Pablo Martín c/ Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y otro».

(21) Ib., considerando 5.

(22) Ghersi, Carlos A., Proceso de cuantificación de daños. Los conceptos de calidad de vida y pobreza, SJA 3/10/2007, JA 2007-IV-1161.

(*) Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, UK. Juez del Trabajo, Provincia de Buenos Aires. Profesor Titular, Escuela de Graduados de UK. Profesor Titular de Derecho Procesal Civil y Comercial, UK. Profesor Titular, UCALP. Miembro de la Asociación de Magistrados del Trabajo de la República Argentina y de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Autor de publicaciones sobre temas de su especialidad.

  1. buen dia a mi me sacaron 8 cm de costilla a causa de una fractura de costilla en el trabajo y ficen que no me queda incapasidad no puedo aser fuerza agacharme ni nada estoy inutil es asi o no gracias

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