Se condenó al supermercado demandado a indemnizar a la actora por las lesiones que sufrió al estallar una botella de cerveza

Botella RotaPartes: Pidre Miriam Isabel c/ Día Argentina S.A. s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: L

Fecha: 15-ago-2012

Cita: MJ-JU-M-75813-AR | MJJ75813 | MJJ75813

Se hizo lugar a la demanda y se condenó al supermercado demandado a indemnizar a la actora por las lesiones que sufrió al estallar una botella de cerveza mientras se encontraba frente a la caja dispuesta a pagar su compra. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar a la demanda y condenar al supermercado demandado a indemnizar a la actora por los daños que sufrió en ocasión en que se encontraba ante la caja del mismo dispuesta a pagar su compra y una de las botellas de cerveza que estaba por adquirir estalló y varios vidrios la lesionaron, pues la accionada tiene un deber de seguridad para con todos los consumidores que acuden a su centro comercial.

2.-No se encuentra discutido en autos que la actora estaba ante la caja del supermercado a fin de abonar las mercaderías cuando una de las botellas estalló y la dañó, esto le asigna condición de consumidora y, en consecuencia, amparada por lo dispuesto por el art. 42  de la CN., que establece que: ‘Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; también lo hace la ley 24240, que en el art. 5  prevé que Las cosas y servicios deben ser suministrados o prestados en forma tal que, utilizado en condiciones previsibles o normales de uso, no presenten peligro alguno para la salud , y el art.40 in fine  que dispone que: sólo se liberará total o parcialmente quien demuestre que la causa del daño le ha sido ajena .

3.-La obligación de seguridad asumida por la demandada, quien de su actividad extrae sin duda un aprovechamiento económico, exigía que el usuario o consumidor pudiera acceder, deambular y retirarse del local sin daño, esta obligación incluye situaciones como la ocurrida en la especie, ya que la actora fue dañada por un producto ofrecido a la venta y que fue colocado en la cinta de la caja del supermercado, por lo tanto, como consumidora del servicio y bienes que ofrece el supermercado, se hace acreedora al resarcimiento de los daños allí sufridos.

4.-En el caso, se configuró una relación jurídica entre un particular -la actora-, consumidora o usuaria, y el centro comercial -la demandada-, centro comercial que, además de proveer bienes y/o servicios, asume una obligación accesoria de seguridad frente a su cliente, que incluye el uso del local y la manipulación de los bienes ofrecidos a la venta en condiciones de seguridad.

5.-La obligación de seguridad de la demandada se desprende tácitamente de lo dispuesto por el art. 1198  del CCiv. y de las previsiones de la ley 24240 de defensa del consumidor, actualmente modificada por ley 26361 , que torna operativa la protección otorgada por el art. 42 de la CN., esta relación contractual conlleva la prestación accesoria derivada de la actividad comercial, que se vincula -en este caso- con un deber de seguridad objetivo, según la buena fe que impone el art. 1198 del CCiv., esto así pues el daño deriva del riesgo o vicio de cosas.

6.-Compete a la demandada asumir todas las medidas necesarias para resguardar la integridad de los usuarios, además, pesaba sobre ésta demostrar la culpa del actor. Lo indemnizable como incapacidad sobreviniente no son las lesiones padecidas, sino la disminución de la aptitud física o psíquica derivada de las secuelas del accidente, que perduran de modo permanente.

7.-Si bien los porcentajes de incapacidad fijados en los peritajes constituyen un medio útil para la apreciación de la entidad del daño, sólo tienen un valor relativo, el juzgador, con sustento en las circunstancias personales del damnificado, debe valorar principalmente las secuelas físicas y psíquicas que surgen descriptas por el experto que importen una disminución en la capacidad vital.

8.-Cuando del accidente resultan lesiones como las del caso, para resarcir el daño moral no es exigible prueba acabada del padecimiento, sino que basta la acreditación de las circunstancias que rodean al hecho y permitan inferir la existencia y extensión.

9.-No es necesaria la acreditación fehaciente de los gastos de medicamentos y farmacia que es lógico colegir, dada la naturaleza del hecho y la entidad de las lesiones, en lo atinente a estos gastos, si bien no se acompañaron constancias que acrediten efectivamente los gastos efectuados, dada las lesiones sufridas, es lógico suponer que la actora, más allá de la gratuidad de las primeras atenciones recibidas en nosocomios públicos, pudo haber incurrido en ciertas erogaciones aunque sean mínimas.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 15 días del mes de del año dos mil doce, encontrándose reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala “L” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil a fin de pronunciarse en el expediente caratulado “Pidre, Miriam Isabel c/Día Argentina S. A. s/daños y perjuicios” de acuerdo al orden del sorteo, el Dr. Liberman dijo:

I.- Contra el decisorio de fs.295/297 se alzó disconforme la citada en garantía. Expresó agravios a fs. 342/345 cuyo traslado contestó la parte actora a fs. 351/353.

La sentencia acogió favorablemente la demanda promovida por Miriam Isabel Pidre contra Día Argentina S.A. y concurrentemente a Zurich Argentina Compañía de Seguros S.A. en la medida del seguro, a pagar a la actora la suma de $ 70.600 dentro de los diez días con más los intereses y costas del proceso.

II.- Las presentes actuaciones fueron iniciadas como consecuencia del accidente sufrido por la Sra. Pidre el 7 de marzo de 2009, aproximadamente a las 11,00 horas, cuando estaba haciendo compras en el Supermercado Día ubicado en la intersección de las calles Bernardo de Yrigoyen y Solanet, de la localidad y partido de Gral. Rodríguez, Provincia de Bs. As. Señala que al llegar a la caja para abonar lo adquirido, colocó sobre la cinta transportadora, que se encontraba detenida, dos botellas de cerveza. Al agacharse para levantar otra mercadería y depositarla junto a las mencionadas cervezas, inesperadamente una de ellas estalló, incrustándose trozos de vidrio en distintas partes de su rostro y en el ojo izquierdo, perforándole la córnea de lado a lado y heridas en el párpado y sacándole un pedacito de piel junto a su nariz quedándole una cicatriz.Luego de ser asistida por una de las encargadas, fue trasladada en ambulancia, acompañada de un repositor, hasta el Hospital de General Rodríguez.

En esta instancia Zurich propicia el rechazo de la demanda, la reducción de los rubros concedidos y la modificación de la imposición de costas.

III.- Dado que el único apelante fue la citada en garantía, por los motivos que señalaré, he de considerar que no se encuentra cuestionada las forma y el lugar en que ocurrió el accidente de marras.

Debo señalar que la primera presentación de la citada en garantía en el proceso fue la obrante a fs. 92 en la cual solicitó la cesación de su rebeldía, reconoció la cobertura de la parte demandada, hizo saber limitación máxima de la cobertura y la franquicia a cargo del asegurado, lo que mereció la resolución de fs. 93. De esta manera no negó alguno de los hechos alegados por la actora en su presentación inicial.

La citada en garantía se agravia concretamente de decisión por la cual el sentenciante entendió que el demandado era responsable por haber incumplido su obligación de seguridad. Señala que se adopta una tesis exagerando el alcance de la obligación de seguridad, pasando por alto principios esenciales de distribución de justicia.

Más allá de señalar que en el aspecto citado no se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el art. 265  del CPCCN, no se encuentra discutido en autos que Pidre estaba ante la caja del supermercado a fin de abonar las mercaderías. Esto le asigna condición de consumidora y, en consecuencia, amparada por lo dispuesto por el art. 42  de la Constitución Nacional, que establece que: ‘Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos. También lo hace la ley 24240, que en el art.5  prevé que “.Las cosas y servicios deben ser suministrados o prestados en forma tal que, utilizado en condiciones previsibles o normales de uso, no presenten peligro alguno para la salud.”. Y el art.40 in fine  que dispone que: “sólo se liberará total o parcialmente quien demuestre que la causa del daño le ha sido ajena”.

De esta manera, y frente al agravio de la citada en garantía, he de señalar que la obligación de seguridad asumida por la demandada, quien de su actividad extrae sin duda un aprovechamiento económico, exigía que el usuario o consumidor pudiera acceder, deambular y retirarse del local sin daño. Esta obligación incluye situaciones como la ocurrida en la especie, ya que la actora fue dañada por un producto ofrecido a la venta y que fue colocado en la cinta de la caja del supermercado. Por lo tanto, como consumidora del servicio y bienes que ofrece el supermercado, se hace acreedora al resarcimiento de los daños allí sufridos. Agrego que, aun sin atender a la especial protección del consumidor, la empresa vendedora era, a ese momento, dueña de la botella.

Así, atento a las particularidades del caso, entiendo configurada una relación jurídica entre un particular -la Sra. Pidre-, consumidora o usuaria, y el centro comercial -la demandada-. Centro comercial que, además de proveer bienes y/o servicios, asume una obligación accesoria de seguridad frente a su cliente, que incluye el uso del local y la manipulación de los bienes ofrecidos a la venta en condiciones de seguridad. Ello se desprende tácitamente de lo dispuesto por el artículo 1198  del Código Civil y de las previsiones de la ley 24.240 de defensa del consumidor, actualmente modificada por ley 26.361 , que torna operativa la protección otorgada por el art. 42 de la Constitución Nacional.Esta relación contractual conlleva la prestación accesoria derivada de la actividad comercial, que se vincula -en este caso- con un deber de seguridad objetivo, según la buena fe que impone el art. 1198 del Código Civil. Esto así pues el daño deriva del riesgo o vicio de cosas.

Es que, conforme la normativa citada precedentemente, compete a la demandada asumir todas las medidas necesarias para resguardar la integridad de los usuarios, contrariamente a lo sostenido por la citada en garantía en sus agravios. Además, pesaba sobre ésta demostrar la culpa del actor, circunstancia que no ha merecido agravio y que además el apelante no invocó en la etapa introductoria del proceso, por lo que corresponde desestimar los agravios al respecto.

IV. Se queja el recurrente de los montos elevados fijados en concepto de indemnización.

a) Incapacidad física

El pronunciamiento de grado admitió el reclamo por incapacidad física y denegó la correspondiente a incapacidad psíquica.

Lo indemnizable como incapacidad sobreviniente no son las lesiones padecidas, sino la disminución de la aptitud física o psíquica derivada de las secuelas del accidente, que perduran de modo permanente. Si bien los porcentajes de incapacidad fijados en los peritajes constituyen un medio útil para la apreciación de la entidad del daño, sólo tienen un valor relativo. El juzgador, con sustento en las circunstancias personales del damnificado, debe valorar principalmente las secuelas físicas y psíquicas que surgen descriptas por el experto que importen una disminución en la capacidad vital.

Estimo que la experticia fue prolija y detalladamente valorada por el anterior sentenciante a la luz de lo normado por los arts. 386  y 477  del Código Procesal. Esto es, según las reglas de la sana crítica y máximas de experiencia.

Recalco que el informe pericial no mereció observación alguna por el ahora recurrente.

El perito médico legista presentó pericia (fs.258/262) y contestó la impugnación efectuada por la demandada a fs. 269.Señaló el experto, luego de examinar a la actora y analizar los estudios complementarios solicitados y acorde a los hechos mencionados en autos, que presentó como patología, traumatismo de ojo izquierdo con sus secuelas correspondientes.

Al examen del aparato ocular observó cicatriz lineal blanca nacarada, de 3 cm de longitud en el párpado superior del ojo izquierdo, sin complicaciones y dificultosa agudeza visual de ojo izquierdo (5/10), y frente a los estudios aportados pérdida del campo visual -capacidad global- del 0,17%.

Según la intersección de abscisas y coordenadas para una AV de I y para una AV de 0,3% con corrección, la actora padece acorde a su disminución de agudeza visual en el ojo izquierdo una incapacidad parcial y permanente del 18% y según patologías asociadas (agudeza visual y pérdida del campo visual) la incapacidad alcanza el 18,13%.

En cuanto a los cuestionamientos efectuados por la recurrente en cuanto a la falta de prueba (por la actora) de “destrezas individuales” de la actora, es mi deber señalar que, dado el lugar del cuerpo en fue lesionada la actora y su fisiología, y su carácter de ama de casa y madre de cuatro hijos, tres de ellos menores de edad a la fecha del accidente, la sorprendente queja encuentra respuesta por sí sola. Quiere olvidar toda la doctrina y jurisprudencia consolidadas relativas al valor económico de la labor hogareña. A más de que la minusvalía afecta económicamente la vida de la persona afectada. Es un daño patrimonial indirecto de amplia repercusión.

De acuerdo a estos antecedentes, teniendo en cuenta que el reclamante es una persona relativamente joven (nacida en el año 1964), casada, ama de casa, cuatro hijos, entiendo que el importe fijado por incapacidad física no resultó elevado, de conformidad con lo normado por el art.165  del Código Procesal.

b.Daño Moral.

La recurrente solicita la reducción del importe concedido.

Cuando del accidente resultan lesiones como las del caso, para resarcir el daño moral no es exigible prueba acabada del padecimiento, sino que basta la acreditación de las circunstancias que rodean al hecho y permitan inferir la existencia y extensión. En lo referente a su cuantificación, “la indemnización del daño moral no está en función de la representación que de él se hace la víctima (no es concreto), sino en función de su constatación por el juez y de su evaluación objetiva (en abstracto) en el límite de lo reclamado en la demanda” (Bustamante Alsina, L.L. 1996-A, 360, citando a Geneviève Viney). Creo entonces que el padecimiento o angustia que lesiona afecciones legítimas, la modificación disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento de sus capacidades, como se conceptúa el daño moral; la sensación de desequilibrio existencial de la persona cuando ocurren eventos como el sufrido, configura un verdadero daño moral.

De acuerdo a las lesiones padecidas por la actora, estimo que el importe concedido en la instancia anterior tampoco resulta elevado, por lo que propicio su confirmación.

c. Gastos farmacéuticos y de movilidad.

Es criterio reiterado de esta Sala que no es necesaria la acreditación fehaciente de este tipo de erogaciones y que es lógico colegir, dada la naturaleza del hecho y la entidad de las lesiones (conf. exptes. 55.378, 56.128, 57.407). En lo atinente a estos gastos, si bien no se acompañaron constancias que acrediten efectivamente los gastos efectuados, dada las lesiones sufridas, es lógico suponer que Pidre, más allá de la gratuidad de las primeras atenciones recibidas en nosocomios públicos, pudo haber incurrido en ciertas erogaciones aunque sean mínimas. En el caso quedó acreditado que la actora fue atendida en el Sanatorio Güemes y Centro Oftalmológico de diagnóstico. Asimismo, la breve historia clínica informada a fs.232/235, da cuenta de los diferentas traslados, medicamentos y estudios que debió realizar la actora, por lo que no aparece elevada la suma fijada en la anterior instancia por este concepto.

V. Por último se agravia la accionante por la imposición de costas establecida en el fallo apelado. No serán admitidas las quejas toda vez que su imposición responde al hecho objetivo de la derrota, siendo que no encuentro merito para eximir total o parcialmente de estas responsabilidades a la parte vencida (conf. art. 68  del Código Procesal). Por ello, propondré al acuerdo que se confirme la imposición de costas apelada.

Por todo lo expuesto, voto por confirmar la sentencia apelada, con costas de alzada a cargo de la citada en garantía vencida (art. 68 del CPCCN).

Por razones análogas a las expuestas por el Dr. Liberman, los Dres. Galmarini y Pérez Pardo.

Con lo que terminó el acto. Firmado: Víctor Fernando Liberman, José Luis Galmarini y Marcela Pérez Pardo. Es copia fiel del original que obra en el Libro de Acuerdos de esta Sala.

Jorge A. Cebeiro

Secretario de Cámara

Buenos Aires, 15 de agosto de 2012.

Y VISTOS: Por lo que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede, se confirma la sentencia apelada, con costas de alzada a cargo de la apelante demandada.

Difiérese conocer en las apelaciones deducidas contra las regulaciones de honorarios y establecer los de alzada hasta tanto haya liquidación aprobada.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

VICTOR FERNANDO LIBERMAN

JOSE LUIS GALMARINI

MARCELA PEREZ PARDO

(P.A.S.)

Buenos Aires, de 2012.

Y VISTOS: lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedentemente transcripto el tribunal decide:

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