Presunción de la comercialidad de la obligación ya que los cheques que se ejecutan fueron librados por una sociedad comercial.

chequesPartes: Sociedad Militar Seguro de Vida Institucional Mutualista c/ Arenas Especiales S.A. y otros s/ ejecutivo

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: E

Fecha: 17-sep-2012

Cita: MJ-JU-M-75971-AR | MJJ75971 | MJJ75971

Se revoca la resolución de primera instancia que declaro la incompetencia, en virtud que en el caso se presume la comercialidad de la obligación causal que subyace tras los cheques que se ejecutan en tanto fueron librados por una sociedad comercial, que excluye una relación de consumo.

Sumario:

1.-El art. 36  de la L.D.C. es aplicable las denominadas Operaciones de venta de créditos o financieras o de crédito para consumo y su aplicabilidad está supeditada a que se registre alguno de los supuestos de hecho previstos en el art. 1  de la la Ley de Defensa del Consumidor; esto es, en la medida en que el crédito otorgado esté destinado al consumo final del tomador -o de su grupo familiar o social-. Y, por oposición, quedará excluida de la norma la situación en que el destino de la financiación se vuelque a un proceso de producción, transformación o comercialización de bienes o servicios.

2.-La determinación del encuadramiento del crédito en la categoría de operación de consumo es un hecho que debe dilucidarse en cada caso concreto.

3.-La existencia en el expediente ejecutivo de una copia certificada de un convenio de pago con firmas certificadas en donde las partes reconocen haber celebrado diversos mutuos dinerarios y del que se desprende que los títulos incorporados al expediente fueron librados para cumplir dichas obligaciones contractuales, en lugar de suponer la relación de consumo, como la sociedad libradora pretende, prima la presunción de comercialidad de la obligación causal que subyace tras los cheques que se ejecutan en tanto fueron librados por una sociedad comercial, toda vez que el legislador, con la regla del art. 5 del Código de Comercio, ha tenido en consideración el interés general, ya que de esta manera fija una pauta definitoria para ciertas situaciones dudosas, tendiendo con ello a dar certeza y estabilidad a las relaciones jurídicas. Por lo tanto, la Ley de Defensa del Consumidor no resultaría aplicable al caso dado que no se encuentra incluido dentro de los supuestos contemplados por el art. 36 de dicho ordenamiento legal. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

Buenos Aires, 17de septiembre de 2012.

Y VISTOS:

1. Se alza la ejecutante contra el pronunciamiento de fs. 18 donde el juez se declaró incompetente de oficio y mandó archivar el proceso.

Sostuvo el recurso con los agravios expresados a fs. 29.

La Señora Representante del Ministerio Público ante esta Cámara dictaminó a fs. 33.

2. La decisión se fundó en lo resuelto en el fallo plenario del 29.6.11 in re “Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Autoconvocatoria a plenario s/ competencia del fuero comercial en los supuestos de ejecución de títulos cambiarios en que se invoquen involucrados derechos de consumidores”.

Si bien esta Sala, en tal sentido, ha resuelto la confirmación de la incompetencia decidida de oficio en primera instancia, ello fue basándose en la presunción de que se trataba de una relación de consumo en los términos del art. 3  de la L.D.C.; situación que -como se verá- no se configura en autos.

El art. 36  de la L.D.C. es aplicable, como ya se indicó, a las denominadas “Operaciones de venta de créditos” o financieras o de crédito para consumo.

Su aplicabilidad está supeditada a que se registre alguno de los supuestos de hecho previstos en el art. 1  de la la Ley de Defensa del Consumidor; esto es, en la medida en que el crédito otorgado esté destinado al consumo final del tomador -o de su grupo familiar o social-. Y, por oposición, quedará excluida de la norma la situación en que el destino de la financiación se vuelque a un proceso de producción, transformación o comercialización de bienes o servicios.

La determinación de esa circunstancia es un hecho que debe dilucidarse en cada caso concreto.

En la especie se persigue el cobro de dos cheques de pago diferido librados por Arenas Especiales SA y afianzados por Leonardo Miguel Dzugala.

La recurrente aportó a fs.21/25 constancias que acreditarían la relación subyacente que causó el libramiento de los cheques que se ejecutan.

Se agregó copia certificada de un convenio de pago con firmas certificadas en donde las partes reconocen haber celebrado diversos mutuos dinerarios y del que se desprende que los títulos incorporados al expediente fueron librados para cumplir dichas obligaciones contractuales.

Asimismo, en su cláusula 4.5 se pactó una prórroga de jurisdicción en la que se acordó la competencia de este fuero.

De ese modo, en lugar de suponer la relación de consumo, en el sub lite prima la presunción de comercialidad de la obligación causal que subyace tras los cheques que se ejecutan en tanto fueron librados por una sociedad comercial (conf. CCom: 5 ).

El legislador, con esta regla del art. 5 del Código de Comercio, ha tenido en consideración el interés general, ya que de esta manera fija una pauta definitoria para ciertas situaciones dudosas, tendiendo con ello a dar certeza y estabilidad a las relaciones jurídicas (Anaya – Podetti, “Código de Comercio Comentado y Concordado”, tomo I, pág. 217, Enciclopedia Omeba).

Por lo tanto, la Ley de Defensa del Consumidor no resultaría aplicable al caso dado que no se encuentra incluido dentro de los supuestos contemplados por el art. 36 de dicho ordenamiento legal.

En consecuencia, y oída la señora Representante del Ministerio Público ante esta Cámara, corresponde admitir los agravios.

3. Por lo tanto, se resuelve: revocar la decisión apelada.

Notifíquese a la señora Representante del Ministerio Público en su despacho y, con su resultado, devuélvase, encomendándose al juez de la primera instancia proveer las diligencias ulteriores (CPr.: 36, 1) y las notificaciones pertinentes.

Firman únicamente los suscriptos por hallarse vacante la vocalía N° 14 (art. 109  R.J.N.).

MIGUEL F. BARGALLÓ

ÁNGEL O. SALA

Miguel E. Galli

Prosecretario de Cámara

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