Consideraciones sobre la apelación extraordinaria per saltum ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación

Autor: Caparroz, Luciano – Ver más Artículos del autor

Fecha: 12-nov-2012

Cita: MJ-DOC-6052-AR | MJD6052

Sumario:

I. Introducción. II. Concepto y naturaleza. III. El proyecto de ley impulsado por el PEN y la ponderación de los ‘requisitos’ del per saltum. IV. Evolución de la jurisprudencia de la CSJN. V. Conclusiones finales.

Doctrina:

Por Luciano Caparroz (*)

I. INTRODUCCIÓN

El miércoles 17/10/12, el PEN impulsó en la Cámara de Senadores con la firma de legisladores oficialistas, (1) un proyecto de ley (2) que inminentemente instaurará la llamada apelación extraordinaria per saltum ante la CSJN. El motivo que asienta esta estrategia política del Gobierno no es otro más que hacer que se decida de manera «definitiva» y con prontitud el caso “Grupo Clarín” (3) ante la Corte Suprema, referido al análisis de la constitucionalidad del art. 161 de la Ley 26.522. Coincidimos en lo que sostiene el profesor Horacio Gentile (4) respecto a que los casos en que se ha intentado o usado el procedimiento del per saltum fueron siempre vinculados a «cuestiones políticas» que no pudieron resolverse adecuadamente en su cauce natural, esto es, el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo.

En tal contexto descrito, encontramos una valiosa oportunidad para recordar en base a lo ya enseñado por la doctrina especializada (5) y la doctrina judicial de la CSJN, cuáles son los harto estrictos «requisitos» de funcionalidad de esta excepcional vía procesal-constitucional de apelación.

II. CONCEPTO Y NATURALEZA

En este punto, reproduciremos muy brevemente las definiciones que algunos constitucionalistas contemporáneos han realizado sobre esta figura estudiada. Así, Bidart Campos, (6) con su notable estirpe pedagógica, determinó muy sencillamente la naturaleza del per saltum (o, como él lo llamó, «bypass»), indicando que significa procesalmente el «salteamiento» de instancias en un proceso. En otras palabras, significa alcanzar la instancia última de la Corte Suprema sin haber recorrido todas las inferiores a ella, que -para cada proceso- están previstas en las leyes de procedimiento aplicables a él. Tal forma de abreviar las etapas y la duración del proceso es siempre reputada excepcional, porque responde a situaciones de urgencia y gravedad institucional de alta intensidad en la causa en que el salteamiento se produce.El profesor Ricardo Haro, (7) quien analizó con profundidad a este instrumento procesal-constitucional, lo define en forma genérica, manifestando que el per saltum significa que, en excepcionales situaciones, el conocimiento y decisión de una causa se realiza pasando por alto un tribunal de alzada, es decir, «saltando» las instancias y procedimientos ordinarios que las leyes rituales prescriben para dichos casos con motivo de la actividad recursiva de las partes. Por otra parte, afirma que existen dos tipos de per saltum: a) el que funciona a pedido de parte en un proceso, en un recurso o en una apelación; y b) el que funciona de oficio, ejercido de motu proprio o por avocación, cuando lo hace un tribunal de oficio. En ambos casos, se resuelve la cuestión salteando instancias o etapas del proceso previstas por las normas. Las causas habilitantes para la competencia de los tribunales federales las fija el art. 116 de la Constitución (poder constituyente), pero el procedimiento lo establece por ley el Poder Legislativo (poder constituido), según el art. 117 de dicha norma fundamental.

Por su parte, Jorge R. Vanossi (8) simplemente acota que el per saltum es lisa y llanamente -como el nombre lo sugiere- el salto u omisión de la o las instancias previas o inferiores. La Corte «chupa» el caso, lo absorbe, lo succiona, se lo quita a otro tribunal y resuelve directamente.

El distinguido autor Lino Palacio (9) trae a colación como los orígenes del per saltum, a la sanción de la ley federal del 3 de marzo de 1891 (Evart Act), donde la Suprema Corte de los Estados Unidos (10) se consideró habilitada para conocer, por vía del «writ of certiorari», en causas radicadas ante las cámaras federales y en las cuales no había aún recaído sentencia por parte de estas. No obstante, con la reforma legislativa del año 1925 (Judges Bill) instituyó normas explícitas acerca de esa facultad de la Corte y esta las reglamentó con particular estrictez, poniendo de resalto su carácter excepcional.

III.PROYECTO DE LEY IMPULSADO POR EL PEN Y LA PONDERACIÓN DE LOS ‘REQUISITOS’ DEL PER SALTUM

El Proyecto de Ley oficialista S-3714/12 (reglamentación del per saltum) introduce dos nuevos artículos al CPCCN (Ley 17.454), que disponen lo siguiente:

«Art. 257 bis Recurso extraordinario por salto de instancia – Procederá el recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia PRESCINDIENDO DEL RECAUDO DE TRIBUNAL SUPERIOR, en aquellas CAUSAS DE COMPETENCIA FEDERAL en las que se acredite que entrañen CUESTIONES DE NOTORIA GRAVEDAD INSTITUCIONAL, cuya SOLUCIÓN DEFINITIVA y expedita sea necesaria, y que el recurso constituye el único remedio eficaz para la protección del derecho federal comprometido, a los fines de evitar PERJUICIOS DE IMPOSIBLE o insuficiente REPARACIÓN ULTERIOR.

»Existirá GRAVEDAD INSTITUCIONAL en aquellas cuestiones sometidas a juicio que excedan el interés de las partes en la causa, proyectándose sobre el general o público, de modo tal que por su trascendencia queden comprometidas las instituciones básicas del sistema republicano de gobierno o los principios y garantías consagrados por la Constitución Nacional y los tratados internacionales por ella incorporados.

»La Corte habilitará la instancia con ALCANCES RESTRINGIDOS y de marcada EXCEPCIONALIDAD. Solo serán susceptibles del recurso extraordinario por salto de instancia las SENTENCIAS DEFINITIVAS de primera instancia y las RESOLUCIONES EQUIPARABLES a ellas en sus efectos.

»No procederá el recurso en causas de materia penal.

»Art. 257 ter Forma, plazo, trámite y efectos – El recurso extraordinario por salto de instancia DEBERÁ INTERPONERSE directamente ante la Corte Suprema de Justicia mediante escrito fundado y autónomo, dentro de los 10 (diez) días de notificada la resolución impugnada.

»La Corte Suprema de Justicia de la Nación podrá rechazar el recurso sin más trámite si no se observaren prima facie los requisitos para su procedencia.

»El auto por el cual el Alto Tribunal declare la admisibilidad del recurso tendrá EFECTOS SUSPENSIVOS respecto de la resolución recurrida. Del escrito presentado se dará traslado a las partes interesadas por el plazo de 5 (cinco) días notificándolas personalmente o por cédula.»Contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo, la Corte Suprema de Justicia decidirá sobre la procedencia del recurso. Si lo estimare necesario para mejor proveer, podrá requerir al tribunal contra cuya resolución se haya deducido el mismo, la remisión del expediente en forma urgente».

En cuanto a este proyecto transcripto, cabe señalar que no es sino una fiel reproducción del Proyecto S-1682/04, suscripto por la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner (y que terminara archivado), quien a su vez había reproducido el dictamen de fecha 22 de mayo de 2002 elaborado por la Comisión de Asuntos Constitucionales por ella presidida, y publicado en el Orden del Día 297/02 del Senado de la Nación. A diferencia de otros proyectos de ley impulsados por el Gobierno, este presenta la singularidad de poseer adecuada motivación, lo cual permite el conocimiento las «razones» de la iniciativa, necesarias para el análisis.

Como primera reflexión, coincidimos con la doctrina (11) que desde otrora alegó que el per saltum sin «ley formal» del Congreso es inconstitucional. Ahora bien, el hecho de aprobar una ley «solitaria» que tenga por exclusiva finalidad la sola reglamentación del per saltum (por una mera conveniencia política del Gobierno de turno que necesita un fallo de la Corte Suprema), no es para nada suficiente, pues es menester la sanción de un Código Procesal Constitucional Federal.Y ello, porque además del per saltum, se necesita reglamentar el procedimiento de ejecución de las novedosas sentencias exhortativas de la CSJN (como así también algunas otras decisiones «atípicas»), (12) encauzar los trámites de ejecución de las sentencias de la CIDH, el proceso de habeas corpus, el de habeas data y el amparo, también las acciones declarativas de certeza, la reglamentación -si se aceptara- de los casos en que se pueda declarar la inconstitucionalidad de oficio, la realización de una prolija regulación de los requisitos y admisibilidad del recurso extraordinario federal de apelación y el recurso de queja por denegación de aquel (y no estar ello reglamentado por acordadas (13) de la Corte). Otro punto importante a legislar sería la «jurisdicción» de la Corte en materia de delitos de lesa humanidad, como también el reconocimiento expreso de la jurisdicción supranacional de la CIDH, estableciendo las mecánicas de recurribilidad ante ella. También, algunos se aventuran a la creación de una «sala» dentro de la CSJN que se dedique exclusivamente al contralor de constitucionalidad, como así mismo la posibilidad de que la CSJN pueda «modular» los efectos temporales y personales de sus fallos.En definitiva, esto tan solo es un pequeño adelanto de los temas a debatir en el parlamento frente a un serio proyecto de CPCF (Código Procesal Constitucional Federal). Este punto ya fue objeto de análisis por la doctrina, (14) donde se ha propuesto como modelo a tener presente el Código Procesal Constitucional Peruano, el cual aporta interesantes herramientas a fin de procurar la eficacia y funcionalidad del sistema normativo supremo.

Volviendo a nuestro tema de estudio, que es el per saltum, pasamos ahora a describir cuáles son a nuestro criterio los indispensables «requisitos» de esta figura, los cuales entendemos que se presentan en la forma de numerus clausus, y no a mero título ejemplificativo:

1) Gravedad institucional de máxima (la cual debe ser «acreditada y probada»).

2) Circunstancias extraordinarias (las cuales deben ser «inequívocas»).

3) Tutela del interés general (o sea, la cuestión excede el mero interés de las partes).

4) Gravamen irreparable (de no resolverse la cuestión, las consecuencias serán irreparables).

5) Urgencia (en obtener la resolución final de la Corte).

6) Razón de la materia federal.

7) Sentencia definitiva (del juez o tribunal a quo).

8) Solo a solicitud de parte (con adecuada legitimación activa).

9) Interpretación estricta.

Más arriba, al transcribir los dos artículos que propone el proyecto de ley, enfatizamos aquellas palabras que consideramos claves e importantes. Así, en cuanto prescribe que la interposición del RAEF se hará «prescindiendo del tribunal superior», si bien es posible cuando se cumplen los nueve requisitos que señalamos, advertimos que el intérprete, al estar compelido al manejo de una hermenéutica restrictiva, no podrá dejar de considerar en sus ponderaciones a los efectos de admitir o desechar el per saltum, los siguientes parámetros: a) la manda del art. 6 de la Ley 4055, (15) b) la manda del art. 14 de la Ley 48, (16) c) la garantía del «juez natural» prevista en el art.18 de la CN, d) la doctrina judicial (17) sentada por la CSJN en los casos “Strada” (18) y “Di Mascio” (19).

Respecto del art. 257 bis del proyecto de ley en cuanto aclara que el RAEF (per saltum) solo procederá en «aquellas causas de competencia federal» (en razón de la materia), debe interpretarse en el sentido de la admisión de la denominada «tesis negativa», la cual enseña que para el caso del “per saltum” por apelación en causas procedentes del «fuero provincial», no será viable, ya que lo contrario importaría lisa y llanamente avasallar a las autonomías provinciales, importando una verdadera «intervención federal» al ejercicio del Poder Judicial provincial.

Por otra parte, creemos importante señalar en torno a la «procedencia» del per saltum, que solo admitimos como constitucionalmente procedente, el per saltum impulsado a pedido de parte legitimada, (recursivo o por apelación extraordinaria), en la medida en que se respalde en una ley formal del Congreso y para el exclusivo ámbito de la jurisdicción federal, y no aceptamos la constitucionalidad del per saltum por avocación, (llamado de oficio o motu proprio) de la CSJN, pues el avocamiento se caracteriza por no requerir resolución previa alguna (se ejercita haya o no decisiones a apelar), lo cual desconoce el requisito de la necesidad de que exista una «sentencia definitiva» (del juez o tribunal a quo). No obstante lo dicho, a los fines de evitar confusiones técnicas en el análisis, decimos que lo que no es viable es el instituto de la «avocación» en materia jurisdiccional, pero sí puede funcionar en el ámbito o ejercicio de las atribuciones de «superintendencia» (o meramente administrativas) que tiene la Corte, pues el Alto Tribunal ha delegado facultades de esta naturaleza en las cámaras federales y en los juzgados de primera instancia, y entonces sí procede más lógica y naturalmente la avocación, que en el caso argentino reglamenta el art.23 bis del Reglamento para la Justicia Nacional.

Respecto a la procedencia del RAEF (per saltum), el proyecto exige que existan «cuestiones de notoria gravedad institucional», lo cual es indudablemente acertado. La gravedad o interés institucional que entonces exige el per saltum es la de «máxima», superlativa, de mayor entidad que la que normalmente se entiende para el recurso extraordinario cotidiano. Las circunstancias que rodeen la causa y el pronunciamiento deben constituir situaciones límites de contundente y objetiva trascendencia institucional o interés público, que afecte en forma extraordinaria el funcionamiento del sistema político, o las instituciones fundamentales del Estado y la sociedad.

Vanossi (20) expone la «gravedad institucional» como una «variable autónoma» a la «arbitrariedad». Explica que con ella se remueven los obstáculos formales o procesales para dejar expedita la vía extraordinaria de inmediato. En cuanto a la diferencia con la arbitrariedad, señala que en la gravedad institucional se excede el interés individual, por entender que la cuestión que está en juego atañe a la colectividad. Como ejemplos de su funcionamiento, el citado constitucionalista manifiesta que se ha planteado en cuestiones procesales, de hecho, de derecho común y de derecho local, tales como medidas precautorias (excarcelación), nulidades procesales, fijación provisoria de alimentos, jurisprudencia contradictoria y recursos de inaplicabilidad de ley (salas y plenario). En tales hipótesis -tan disímiles entre sí- la gravedad institucional es invocada expresamente (hay que alegarla) y demostrada (hay que probarla). O sea, pues, que no basta con la mera mención.

Sintetizando, Vanossi explica que el significado constitucional de la gravedad institucional se configura por: 1) predominio del interés general versus el aldeanismo del mero caso doméstico, 2) reconocimiento de una trascendencia institucional, 3) evitar la irreparabilidad del daño o la privación de justicia (para ello hay que superar los «ápices procesales»), 4) la verdad jurídica objetiva, que debe prevalecer sobre el mero rigorismo formal, 5) posibilitar el rescate de prioridades axiológicas de valor arquitectónico:separación de poderes, derechos humanos, moral pública y credibilidad en el sistema, 6) hacer operativas cláusulas de derechos y protecciones constitucionales y 7) permitir buscar y hallar un punto de equilibrio entre el liberalismo constitucional y el demorcratismo constitucional. Finalmente, por el contrario, no hay gravedad institucional: 1) si de la solución del caso no puede desprenderse algún principio general que sirva para ser utilizado en problemas futuros de similar índole; 2) no basta la mera repercusión patrimonial de la cuestión a considerar; y 3) no obstante la extraordinaria magnitud económica, es menester además que la situación exceda meros intereses particulares.

En cuanto al requisito de la «urgencia en la resolución», se comprende en tanto la trascendencia y capital importancia de la situación creada, que no admite dilación alguna por el tránsito de las vías procesales ordinarias, y el pronunciamiento del Alto Tribunal debe presentarse como el único medio para hacer la justicia en el caso concreto.

Respecto del requisito del «gravamen irreparable», implica que el daño que pueda producirse por la negativa o tardía resolución sea irreparable o de insuficiente reparación ulterior, pero por la afectación al sistema cultural, económico o social de la Nación, a los derechos y garantías constitucionales o al juego armónico de los poderes del Estado.

En torno al requisito de la «interpretación restrictiva», se fundamenta por la excepcionalidad del remedio, para excepcionales circunstancias. No puede ser el per saltum el instrumento de presurosas pretensiones de los litigantes, ni el fácil expediente para acceder a la decisión de la CSJN.El alto objetivo del instituto no puede tergiversarse por la ordinarización de la excepcionalidad.

Ahora bien, en cuanto al requisito de que exista «sentencia definitiva» (del juez inferior o tribunal a quo), el proyecto de ley agrega también a las resoluciones equiparables a ellas en sus efectos, que no son otras más que los «autos interlocutorios» dictados en el marco de las «medidas cautelares». La necesidad de un pronunciamiento de un tribunal inferior surge del art. 117 CN, cuando en la parte pertinente que aquí nos interesa, dispone que en todos los casos de competencia federal mencionados por el art. 116, «la Corte Suprema ejercerá su jurisdicción por apelación según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso». Es decir que sin lugar a dudas, la CSJN solo puede conocer en causas judiciales de las instancias inferiores por vía de apelación, y por lo tanto, si queremos establecer el per saltum solo lo podrá ser, constituyéndoselo legalmente en una de las formas de «apelación».

Respecto de las «medidas cautelares», no puede soslayarse el antecedente normativo surgido en el contexto de la crisis económico-financiero-social del año 2001, donde el PEN, en el marco de las atribuciones conferidas por la Ley 25.414 , emitió el Decreto delegado 1387/01, cuyo su art. 50 dispuso incorporar al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (CPCCN) el art. 195 bis, que prescribió lo siguiente: «Cuando se dicten medidas cautelares que en forma directa o indirecta afecten, obstaculicen, comprometan o perturben el desenvolvimiento de actividades esenciales de entidades estatales, estas podrán ocurrir directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación pidiendo su intervención. Con el pedido deberá acompañarse copia simple suscripta por el letrado de la representación estatal del escrito que dio lugar a la resolución y de los correspondientes a la sustanciación, si esta hubiese tenido lugar y de la medida cautelar recurrida.La Corte Suprema de Justicia de la Nación podrá desestimar el pedido sin más trámite o requerir la remisión del expediente. La recepción de las actuaciones implicará el llamamiento de autos. La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictará sentencia confirmando o revocando la medida cautelar».

Esta fue ciertamente la primera regulación normativa del per saltum en el orden federal, aunque tuvo muy corta vida, atento a que el 26/04/02 vino la Ley 25.587 (art. 7 ) a derogar el controvertido art. 195 bis. No obstante ello, utilizándose esta norma citada, la CSJN tuvo oportunidad de pronunciarse en dos causas: La primera fue el caso “Banco de la Ciudad de Buenos Aires” (21), del 28/12/2001, en la que el actor, invocando el nuevo art. 195 bis CPCCN, pide urgente intervención de la Corte Suprema per saltum, a raíz de la medida cautelar dictada por el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 6 en autos “Kiper Claudio Marcelo y otros c/ Estado Nacional, PEN – Decreto 1570/01 s/ medida cautelar autónoma”. La segunda fue la causa “Banco de Galicia” (22) dentro de los autos “Smith Carlos A. c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ s umarísimo», del 1/2/2002, donde el banco actor solicitó la avocación per saltum de la CSJN (ejerciendo la acción recursiva prevista en el art. 195 bis del CPCCN, modificado por la Ley 25.561 ), a raíz de la resolución cautelar dictada por el juez federal de la ciudad de Corrientes, que dispuso la devolución a su vencimiento y por el total, de los depósitos de plazo fijo que Smith solicitó con fundamento en la inconstitucionalidad del Decreto 1570/01. En ambos casos, en la realidad de los hechos, la Corte Suprema conoció entonces por la vía per saltum, dentro del arco de procesos cautelares.

Finalmente, en cuanto el art.257 bis del proyecto de ley dispone en su último párrafo que «no procederá el recurso en causas de materia penal», ello es por consecuencia directa de la aplicación del caso “Giroldi”, (23) resuelto por la CSJN, que garantiza en materia procesal penal el derecho a la «doble instancia».

IV. EVOLUCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA DE LA CSJN (24)

En este punto, simplemente agrupamos en forma gradual, cuáles han sido los fallos más importantes de la Corte Suprema que se han referido al per saltum, indicando si el Alto Tribunal lo ha admitido o rechazado. Veamos:

1) Caso “Margarita Belén” (25) (12/9/1988): Se «denegó» el per saltum. La causa versó sobre un conflicto negativo de competencia. Fue muy importante la disidencia del ministro Petracchi, quien admitió la vía del per saltum para los supuestos de «gravedad institucional».

2) Caso “Dromi”(ref: ) (26) (6/7/1990): Se «aceptó» el per saltum, invocándose la «gravedad institucional». La causa se refería a la privatización de Aerolíneas Argentinas. Fue importante la disidencia del ministro Fayt, quien remarcó la necesidad de ley formal del Congreso.

3) Caso “González A. Erman” (27) (27/11/1990): Se «rechazó» el per saltum. La causa versó sobre un «conflicto de poderes». Se solicitaba la suspensión de los efectos de una medida cautelar.

4) Caso “Partido Demócrata Cristiano” (28) (5/9/1991): Se «desestimó» el per saltum. El caso se centró en el cumplimiento del requisito del «tribunal superior».

5) Caso “Reiriz” (29) (6/12/1994): Se «aceptó» el per saltum, invocándose la «gravedad institucional», con remisión a los fundamentos de “Dromi”. La causa versaba sobre cuestiones vinculadas al narcotráfico.

6) Caso “Oswald” (30) (17/4/1995): Se «denegó» el per saltum. El caso se centró nuevamente en el cumplimiento del requisito del «tribunal superior».

7) Caso “UOM” (31) (3/4/96): Se «desestimó» el per saltum. La causa se refería a un conflicto de competencia.Pero aquí, en rigor, la CSJN llegó a ejercer sus facultades de «superintendencia».

8) Caso “Yoma” (32) (7/8/1997): Se «denegó» el pedido de un per saltum por avocación. La causa versó sobre cuestiones vinculadas a la garantía constitucional del «juez natural».

9) Caso “Rodríguez” (33) (17/12/1997): Se «aceptó» el per saltum, aunque la Corte no lo haya expresado así textualmente, sino más bien invocando sus facultades de «superintendencia». El caso, vinculado a la privatización de los aeropuertos, se centró en el debate del «conflicto de poderes» y los efectos de las medidas cautelares.

Como puede observarse, de nueve casos llegados al Alto Tribunal relacionados con el per saltum, solo tres fueron admitidos por la CSJN, fundamentándose la apertura de tal excepcional vía procesal, con la «gravedad institucional» que revestían las causas.

V. CONCLUSIONES FINALES

Que no existen mayores reparos respecto a la constitucionalidad de la figura del per saltum si viene dado por «ley formal» del Congreso. No obstante ello, remarcamos que el hecho de aprobar una ley «solitaria» que tenga por exclusiva finalidad la sola reglamentación del per saltum por una mera conveniencia política del Gobierno de turno que necesita un fallo de la Corte Suprema (que decida de manera «definitiva» y con prontitud el caso “Grupo Clarín” referido a la constitucionalidad del art.161 de la Ley 26.522), no es para nada suficiente, pues es necesaria una discusión más profunda que venga a plantear la sanción de un Código Procesal Constitucional Federal.

En este artículo, también hemos señalado cuáles son a nuestro criterio los «requisitos» indispensables de esta figura, entendiendo que se presentan en la forma de numerus clausus, lo que significa que si tan solo falta uno de los nueve que hemos enumerado en el punto III de nuestro trabajo, el per saltum no puede ser para nada «admitido» por el Alto Tribunal.

Respecto de la apelación de las «medidas cautelares», no puede soslayarse el antecedente normativo surgido en el contexto de la crisis económico-financiero-social del año 2001, donde la CSJN en el caso “Banco de la Ciudad de Buenos Aires” (34), del 28/12/2001, aceptó el per saltum. Ahora bien, que quede bien en claro que en aquella época existía una indiscutible situación de «emergencia pública», lo cual en el presente se halla ausente.

Por último, del análisis de la jurisprudencia de la Corte Suprema sobre el tema, si observamos que de nueve casos llegados al Alto Tribunal relacionados con el per saltum, solo tres de ellos fueron admitidos, no hay que explicar mucho acerca de la suma «estrictez» que inviste la interpretación de esta figura.

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(1) PICHETTO, Miguel Ángel, FUENTES, Marcelo Jorge, FERNÁNDEZ, Aníbal, GUINLE, Marcelo Alejandro Horacio, MAYANS, José Miguel Ángel y RIOFRÍO, Marina Raquel.

(2) Proyecto de Ley S-3714/12, el cual hasta el momento fue aprobado con la media sanción del Senado el 31/10/12.

(3) CSJN, G.456.XLVII.

(4) Ver: http://www.profesorgentile.com.ar/tema-138.html.

(5) Sobre el per saltum, puede consultarse:BIDART CAMPOS, Germán, “El Per Saltum”, ED 138-598; “Entre un ‘per saltum’ y una cuestión de competencia” en ED 141-317; “La importante sentencia de la Corte en el ‘per saltum’ por licitación de Aerolíneas Argentinas”, en ED 139-319; “¿Conflicto por exceso de competencia judicial?”, La Ley, 1996-D-250, MORELLO, Augusto M., “Posiciones de la nueva Corte: ‘El Per Saltum'”, en JA, 1990-IV-484 y “Recurso Extraordinario: Reformas” en JA, 1985-I-761; “El ‘Per Saltum’ en la Corte de Tucumán”, en JA, 1992-II-5; “El ‘Per Saltum’ en la casación de Buenos Aires”, JA año 1996-I-547; y en el libro “La Corte Suprema en acción”, Abeledo Perrot 1989, pág. 485. SAGÜÉS, Néstor P., “Constitucionalidad de la apelación ‘per saltum'”, en LL 1989-B-318; “Conflicto de poderes y recurso extraordinario ‘per saltum'”, en LL 1991-B-205; “Apuntes sobre el recurso extraordinario del ‘per saltum'”, en JA, 1991-I-1005; “Aspectos normativos, fácticos y axiológicos en torno a la apelación ‘per saltum'”, en JA, 1992-III-485, PADILLA, Miguel M. “Los poderes implícitos del poder judicial”, en LL 1998-A-442, RIVAS, Adolfo Armando, “El per saltum argentino”, ED 145-891, MANFREDI, C., VENTURA A. y CARATTINI, M., “Saltando se llega a la Corte Suprema?”, LL 1991-B-1025, IBARLUCÍA, Emilio A., “El ‘per saltum’ en el orden provincial y sus antecedentes en el orden nacional”, La Ley Córdoba, Nº 10, Noviembre de 1999, pág. 1449, Danielian Miguel y Ramos Feijoo Claudio, “La reforma procesal en la Corte Suprema de Justicia (En especial de la apelación ‘per saltum’)”, en La Ley Actualidad del 4/VII/89, BASSO DASTUGUE, Jorge, “Ley del ‘Per Saltum'”, en ED 139-329, LEVENE, Ricardo (h.), “Aumento del número de jueces en la CSJN. Avocación o ‘Per Saltum'”. Análisis de un proyecto del PEN”, en LL 1989-C-1297, Palacio de Caeiro, Silvia B., “El Per Saltum en el Derecho Argentino.De ‘Dromi’ a ‘Smith'”, Diario La Ley, 11 de marzo de 2002; OLCESE Juan María, “La casación ‘per saltum'”, en La Ley Córdoba, 1989-286, MOSCA, Carlos M. A. y SALVADOR DE ARZUAGA, Carlos, “El compromiso institucional de la CSJN”, en JA, 1988-III- 701, TAWIL, Guido S. “La Corte Suprema de los EE. UU. y su competencia en grado de apelación”, en LL, 1989-C-1208, AMADEO, José Luis, “Recurso extraordinario per saltum”, en JA, 1992-II-933, Declaración de la Asociación de Abogados de Buenos Aires sobre el “Per Saltum”, La Ley Actualidad, 18-IX-1990.

(6) BIDART CAMPOS, Germán, “Manual de la Constitución Reformada”, T. 3, Editorial Ediar, Año 2000, p. 498, punto 113.

(7) HARO, Ricardo, “El Per Saltum en la Justicia Federal Argentina”, punto I.4, artículo publicado por la Academia de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, en http://www.acaderc.org.ar/doctrina/articulos/artpersaltum/at./file.

(8) VANOSSI, Jorge Reinaldo, “El Recurso Extraordinario”, Revista Prudentia Iuris, N° 53, Punto IV.

(9) PALACIO, Lino Enrique, “El Recurso Extraordinario Federal. Teoría y Técnica”, Abeledo-Perrot, 2° edición actualizada, p. 116, punto 17.

(10) El primer caso de «certiorari before judgement» está registrado en 1897, conocido como el de “Los Tres Amigos”. Durante la revolución cubana, el buque “Los Tres Amigos” fue intervenido por la Aduana del estado de La Florida, bajo la acusación de asistir a los revolucionarios. Un tribunal de distrito revocó esta decisión, y recurrida ante la Corte de Apelaciones, el Gobierno planteó directamente un «certiorari» ante la Corte Suprema previo a existir decisión de aquel tribunal, siendo concedido. La admisión del recurso se basó en que al hacer lugar al mismo se había tenido en miras las relaciones de los Estados Unidos con las naciones extranjeras. Esta explicación inicial es la misma que permitió la aplicación del «certiorari before judgement» en casos más recientes y célebres como “United States vs. Nixon” y “Dames & Moore vs. Reagan”.

(11) BIDART CAMPOS, op. cit., p.499, punto 119.

(12) Sobre el tema puede consultarse a: SAGÜÉS, Néstor, P., “Las Sentencias Constitucionales Exhortativas (Apelativas o con Aviso), y su recepción en Argentina”, LL, 2005-F-1462, punto 1. Igualmente puede consultarse al mismo autor en idéntico trabajo en http://www.cecoch.cl , “Las Sentencias Constitucionales Exhortativas”, en la Revista Semestral del Centro d e Estudios Constitucionales de la Universidad de Talca, Chile, Noviembre de 2006, pp. 189 a 202. Ídem NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto, “Consideraciones sobre las Sentencias de los Tribunales Constitucionales y sus Efectos en América del Sur”, Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, N° 2, (Julio-Diciembre 2004), Sección Doctrina, p. 19 y ss., OLANO GARCÍA, Alejandro H., “Tipología de Nuestras Sentencias Constitucionales”, Revista Universitas, Bogotá, Colombia, Agosto de 2004, Pontificia Universidad Javeriana, p. 578. AJA, Eliseo, “Las Tensiones entre el Tribunal Constitucional y el Legislador en la Europa Actual”, p. 274 y ss., Ariel, 1998, España, RUBIO LLORENTE, Francisco, “Tendencias actuales de la jurisdicción constitucional en Europa” en Estudios sobre Jurisdicción Constitucional, obra elaborada en coautoría con Jiménez Campo, Javier, Mc Graw Hill, 1998, España.

(13) CSJN, Acordada N° 4/2007 (RAEF) y Acordada N° 5/2010 (Recurso de Queja. Plazos).

(14) Conf. VERDAGUER., Alejandro y DE LA VEGA, Cristina González, “Ejecución de la Sentencia Constitucional”, Ponencia presentada en el XXIV Congreso Nacional de Derecho Procesal, Comisión 3, Noviembre de 2007, Mar del Plata, Argentina. SAGÜÉS, María Sofía, “El Activismo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el Marco de Desconstitucionalización”, Ponencia presentada en el XVIII Encuentro Argentino de Profesores de Derecho Constitucional, Paraná, Septiembre de 2007, p. 7.

(15) El art. 6 de la Ley 4055 dispone: «La Corte Suprema conocerá por último, en grado de apelación, de las sentencias definitivas pronunciadas por las cámaras federales de apelación, por los tribunales superiores de provincia y por los tribunales superiores militares, en los casos previstos por el artículo 14 de la Ley N° 48 de 14 de Septiembre de 1863».

(16) El art.14 de la Ley 48 prescribe: «Una vez radicado un juicio ante los tribunales de provincia, será sentenciado y fenecido en la jurisdicción provincial, y solo podrá apelarse a la Corte Suprema de las sentencias definitivas pronunciadas por los tribunales superiores de provincia en los casos siguientes: 1°) Cuando en el pleito se haya puesto en cuestión la validez de un tratado, de una ley del Congreso, o de una autoridad ejercida en nombre de la Nación y la decisión haya sido contra su validez. 2°) Cuando la validez de una ley, decreto o autoridad de provincia se haya puesto en cuestión bajo la pretensión de ser repugnante a la Constitución Nacional, a los tratados o leyes del Congreso, y la decisión haya sido en favor de la validez de la ley o autoridad de provincia. 3°) Cuando la inteligencia de alguna cláusula de la Constitución, o de un tratado o ley del Congreso, o una comisión ejercida en nombre de la autoridad nacional haya sido cuestionada y la decisión sea contra la validez del título, derecho; privilegio o exención que se funda en dicha cláusula y sea materia de litigio».

(17) Explica el profesor Ricardo Haro, que como no es de estirpe constitucional que la citada reglamentación legislativa del recurso per saltum pueda aplicarse a las causas radicadas ante los tribunales de provincia, ya que es evidente que en virtud del sistema federal de Estado, las provincias dictan sus propias constituciones y han conservado para sí, sin haber delegado en el Gobierno Federal, la organización y funcionamiento de sus poderes constituidos, como es el caso del PJ (art. 5 y 122 CN), la jurisprudencia de la CSJN, (tanto in re “Strada” como en “Di Mascio”), se ha vuelto más exigente la interpretación del art.14 de la Ley 48, en el sentido de que para el conocimiento de una causa a través del citado recurso, es de necesidad insoslayable que las causas transiten y agoten todos los cauces procesales locales, hasta obtener resolución del tribunal superior o corte de provincia, es decir, del órgano máximo del Poder Judicial provincial, como condición sine qua non para recién entonces, abrir la instancia del Alto Tribunal, conf. HARO, Ricardo, “El Per Saltum en la Justicia Federal Argentina”, Op. Cit., punto II.2.

(18) CSJN, “Strada”, del 4 de abril de 1986, Fallos 308:490.

(19) CSJN, “Di Mascio”, del 1º de diciembre de 1988, Fallos 311:2478.

(20) VANOSSI, Jorge Reinaldo, “El Recurso Extraordinario”, Revista Prudentia Iuris, N° 53, ver Puntos VIII, IX, X, XI y XII.

(21) CSJN, Fallos 324:4520.

(22) La Ley, 2002-A-768.

(23) CSJN, G.342.XXVI.

(24) Para este punto hemos seguido los aportes del Dr. HARO, Ricardo, en: “El Per Saltum en la Justicia Federal Argentina”, Op. Cit., punto VI.

(25) CSJN, Fallos 311:1762.

(26) CSJN, Fallos 313:1630 y 313:2863.

(27) CSJN, Fallos 313:1247.

(28) CSJN, Fallos 314:1030.

(29) CSJN, Fallos 317:1690.

(30) CSJN, Fallos 318:541.

(31) CSJN, Fallos 319:371.

(32) CSJN, Fallos 320:1641.

(33) CSJN, Fallos 320:2851.

(34) CSJN, Fallos 324:4520.

(*) Abogado, especialista en Derecho Administrativo, UNR. Doctorado en Derecho, UNR (en curso). Profesor Adscripto de Derecho Constitucional I, UNR. Miembro asociado de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Autor de numerosos art.s de doctrina sobre su especialidad.

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