Ante una relación de consumo en el marco de un contrato de seguro el plazo de prescripción será trienal.

Partes: Alvarez Carlos Luis c/ Aseguradora Federal Argentina S.A. s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: C

Fecha: 22-ago-2012

Cita: MJ-JU-M-75191-AR | MJJ75191 | MJJ75191

Con la entrada en vigencia de la ley 24.240, el plazo de prescripción del contrato de seguro será trienal siempre que se configure una relación de consumo, es decir cada vez que se verifique la presencia de un consumidor final de bienes o servicios prestados por un proveedor.

Sumario:

1.-La aplicación de la prescripción prevista por el art. 50  de la ley de Defensa del Consumidor conlleva un presupuesto lógico, a saber: que el contrato de que se trate se encuentre alcanzado por las normas de esta última ley.

2.-Es aplicable la ley 24240 al contrato de seguro y ello en grado de evidencia, como se infiere del hecho de que en tal contrato concurren los extremos tenidos en cuenta por el legislador a efectos de calificar una relación como relación de consumo y no existe en esa ley ninguna excepción que deje al margen de su aplicación a este convenio.

3.-Si bien autorizada doctrina ha negado la viabilidad de aplicar la ley de Defensa del Consumidor en este ámbito del seguro; y más allá de que esa doctrina se encuentra hoy ampliamente superada entre nuestros autores, lo cierto es que, de todos modos, no se advierten razones que la justifiquen pues la aplicación de aquel ordenamiento legal se encuentra subordinada a la concurrencia de un solo presupuesto, cual es que se verifique lo que esa misma ley denomina relación de consumo (art. 3 ), y a estos efectos, sólo es necesaria la intervención de sujetos que revistan las calidades de consumidor y proveedor en los términos de los arts. 1  y 2  de ese mismo cuerpo legal; normas que, superando la tradicional división entre el ámbito contractual y el extracontractual, denotan que al legislador sólo le ha importado proteger a quien -aun sin haber contratado-, asuma el rol de consumidor final del bien o servicio prestado.

4.-La amplitud de la noción de la relación de consumo se refleja en el hecho de que, dadas esas calidades personales de los partícipes, el contenido del contrato pasa a un segundo plano, pudiendo afirmarse como principio que, cualquiera que éste sea, habrá relación de consumo cada vez que se verifique la presencia de un consumidor final de bienes o servicios prestados por un proveedor en aquellos términos.

5.-Con la referencia a contratos de consumo no estamos significando un tipo contractual determinado, sino que, por el contrario, se está haciendo alusión a una categoría que atraviesa de manera transversal prácticamente todo el universo de los contratos, resultando incalculable la cantidad de acuerdos que pueden revestir o no tal carácter, según se configuren o no los referidos presupuestos. De tal manera, un mismo tipo contractual puede o no ser considerado como contrato de consumo, pudiendo darse el caso de que nos encontremos frente a dos acuerdos idénticos, calcados, hallándose sólo uno de ellos dentro de la categoría que estamos analizando.

6.-El art. 50 de la Ley de Defensa al Consumidor ha modificado el 58  de la ley 17418 sustituyendo -cuando hay un consumidor en el medio-, el plazo de prescripción de un año establecido en éste por el de tres previsto en aquél.

7.-Al incorporar, la ley de Defensa del Consumidor, una norma expresa según la cual …cuando por otras leyes generales o especiales [hayan sido fijados] plazos de prescripción distintos del establecido precedentemente se estará al más favorable al consumidor o usuario… , el legislador también dejó aclarado que esa prescripción se aplicaba a todas las acciones en las que se hallara involucrado el derecho de alguno de estos últimos y si bien es verdad que la norma refiere a …Las acciones judiciales, las administrativas y las sanciones emergentes de la presente ley… , no obstante, esta última mención – …emergentes de la presente ley… – no tiene por fin descartar otras acciones no previstas en tal ordenamiento.

8.-A partir de la sanción de la ley 26361 , la prescripción trienal se aplica a las acciones judiciales relativas a los contratos de seguro, siempre y cuando, simultáneamente, lo sean de consumo; mientras que, en cambio, en aquellas hipótesis en las que el contrato de seguro no constituya un contrato de consumo, regirá la prescripción anual del art. 58 de la ley 17418.

9.-La primera regla que establece el referido art. 3 de la L.D.C. se refiere a la aplicación de la ley y señala que debe efectuársela de modo integrado con las normas generales y especiales aplicables a las relaciones de consumo. Es decir: esa norma no dice que dicha ley se integra con todas las otras leyes, sino con las vinculadas al consumidor, con lo cual se reconoce la autonomía del microsistema.

10.-La regla prevista en el art. 31  de la Ley de Defensa del Consumidor es correcta, porque la fuente constitucional confiere al derecho de los consumidores carácter iusfundamental, lo que significa que el sistema de solución de conflictos normativos no está guiado por las reglas de las antinomias legales tradicionales. Por ello, no es lícito fundar la prevalencia de una ley en la circunstancia de que sea anterior, o especial, como se ha notado en numerosos casos.

11.-Si bien no puede soslayarse que la actividad aseguradora exige gestionar una hacienda empresaria altamente especializada, ni se ignora que el éxito en esa gestión se encuentra subordinado al cumplimiento por el asegurador de cálculos estadísticos que permitan aplicar la ley de los grandes números a los efectos de estimar la posible configuración de los riesgos, de esto no se deriva ninguna particularidad que obligue a sostener que las acciones que nacen del contrato de seguro deban hallarse sometidas a un plazo de prescripción anual, dado que la seguridad jurídica de las aseguradoras -que es lo único que hay que asegurar a éstas a efectos de evitarles el riesgo de una falla en sus cálculos- se encontrará igualmente protegida cualquiera que sea ese plazo.

12.-El hecho de que la ley 17418  contenga normas ya destinadas a proteger al asegurado, de ningún modo puede servir de sustento para concluir que las disposiciones de la L.D.C. devienen supletorias, sino que, y en aplicación de lo dispuesto en el art. 3 de la misma ley, hay que concluir que, simplemente, el catálogo de soluciones protectorias se ha ampliado, integrándose ambos ordenamientos del modo en que lo ordena la referida norma. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

Buenos Aires, 22 de agosto de 2012.

Y VISTOS:

I. Viene apelada la resolución de fs. 45/48 por medio de la cual el a quo hizo lugar a la excepción opuesta por la demandada, y declaró prescripta la acción por aplicación de lo previsto en el art. 58  de la ley 17.418.

II. Apeló la actora a fs. 52 y sostuvo su recurso con el escrito de fs. 54/56, el cual fue contestado por la demandada mediante la presentación de fs. 63/64.

III. Del confronte entre las posiciones asumidas por las partes, se infiere que ellas coinciden en que el plazo de un año previsto en el citado art. 58 ya había trascurrido al tiempo en que la acción fue deducida.

La controversia radica entonces en determinar cuál es el plazo de prescripción que debe aplicarse al caso, esto es, si debe adoptarse el término de un año allí establecido o si, en cambio, debe aplicarse el de tres años previsto en el art. 50  de la ley defensa del consumidor.

Aun cuando se admitiera que la cuestión es dudosa, precisamente por eso, no podría serlo la solución.

Y esto, por cuanto esta hipótesis -la de que existieran dudas acerca de cómo resolver una situación- no fue ignorada por el legislador, quien, en cambio, se ocupó expresamente de ella mandando al juez interpretar esa duda a favor del consumidor (arts. 3  y 37  L.D.C.).

Obvio es que esta conclusión conlleva un presupuesto lógico, a saber:que el contrato de que se trate se encuentre alcanzado por las normas de esta última ley.

En el caso -contrato de seguro- esto es así en grado de evidencia, como se infiere del hecho de que en tal contrato concurren los extremos tenidos en cuenta por el legislador a efectos de calificar una relación como “relación de consumo” y no existe en esa ley ninguna excepción que deje al margen de su aplicación a este convenio.

No se soslaya que autorizada doctrina ha negado la viabilidad de aplicar tal ordenamiento legal en este ámbito (ver, entre otros, Schwarzberg, Carlos, “Los seguros y la defensa del consumidor”, L.L. Sup. Act. 14/02/2006; Halperín, David Andrés López Saavedra, Domingo , “El contrato de seguro y la ley de defensa del consumidor 24.240”, LA LEY 2003-E, 1320); pero, más allá de que esa doctrina se encuentra hoy ampliamente superada entre nuestros autores (ver, entre otros, GOMEZ LEO, Osvaldo y AICEGA, María Valentina, “Las Reformas a la Ley de Defensa del Consumidor”, Capítulo XX ‘La Prescripción Liberatoria en las relaciones de consumo’, p. 49; LORENZETTI, Ricardo Luis, “Consumidores”, página 89, Ed. Rubinzal Culzoni; Cracogna, D. “La defensa del consumidor en el seguro”, en la obra “Derecho de Seguros -homenaje a Juan C. F. Morandi”, dirigida por Barbato, 2001, p. 689 y sgtes.; Piedecasas, M., “El consumidor de seguros”, en la obra “Defensa del consumidor”, dirigida por Lorenzetti y Schötz, 2003, p. 341 y sgtes.), lo cierto es que, de todos modos, no se advierten razones que la justifiquen.

Nótese en tal sentido que la aplicación de dicho ordenamiento se encuentra subordinada a la concurrencia de un solo presupuesto, cual es que se verifique lo que esa misma ley denomina “relación de consumo” (art. 3).

Y, a estos efectos, sólo es necesaria la intervención de sujetos que revistan las calidades de consumidor y proveedor en los términos de los arts.1 y 2 de ese mismo cuerpo legal; normas que, superando la tradicional división entre el ámbito contractual y el extracontractual, denotan que al legislador sólo le ha importado proteger a quien -aun sin haber contratado-, asuma el rol de consumidor final del bien o servicio prestado.

La amplitud de la noción se refleja, en lo que aquí interesa, en el hecho de que, dadas esas calidades personales de los partícipes, el contenido del contrato pasa a un segundo plano, pudiendo afirmarse como principio que, cualquiera que éste sea, habrá relación de consumo cada vez que se verifique la presencia de un consumidor final de bienes o servicios prestados por un proveedor en aquellos términos.

En tal sentido, ha sido dicho que con la referencia a “contratos de consumo” no estamos significando un tipo contractual determinado, sino que, por el contrario, “.se está haciendo alusión a una categoría que atraviesa de manera transversal prácticamente todo el universo de los contratos.”, resultando incalculable la cantidad de acuerdos que pueden revestir o no tal carácter, según se configuren o no los referidos presupuestos. De tal manera, un mismo tipo contractual puede o no ser considerado como contrato de consumo, pudiendo darse el caso de que nos encontremos frente a dos acuerdos idénticos, calcados, hallándose sólo uno de ellos dentro de la categoría que estamos analizando (Lorenzetti Ricardo Luis, Consumidores, 2da. edición actualizada, año 2009, p. 275, Rubinzal-Culzoni).

En lo que aquí interesa, tal interpretación -aplicada al contrato que nos ocupa- ha sido admitida incluso por la Superintendencia de Seguros de la Nación, organismo que, mediante resolución de fecha 11 de febrero de 2001 dictada en el expediente n° 54096 del Registro de esa repartición sostuvo que: “.El art.42  de la Constitución Nacional, y la ley 24.240 , sus modificatorias y reglamentarias, resultan aplicables al contrato de seguro en tanto se configure la relación de consumo”.

En tal contexto, resulta claro que la cuestión propuesta en la especie ha de ser decidida a la luz de las referidas normas, por lo que, sentado ello, sólo resta indagar si el art. 50 de esta ley ha modificado el 58  de la ley 17.418 sustituyendo -cuando hay un consumidor en el medio-, el plazo de prescripción de un año establecido en éste por el de tres previsto en aquél.

Esta cuestión ha sido también objeto de amplio debate.

Así, mientras algunos autores sostienen que el art. 58 L.S. no ha sufrido ninguna modificación, otros consideran que a partir de la entrada en vigencia de la mencionada ley 24.240 , la prescripción en cuestión ha pasado a ser de tres años por aplicación de lo dispuesto en su art. 50 (JUNYENT BAS, Francisco – FLORES, Fernando, “El plazo de prescripción en las relaciones de consumo: ‘cara o ceca’ de una temática sin definición”, de fecha 7 de febrero de 2007; OSSOLA, Federico Alejandro, “La Prescripción Liberatoria en las relaciones de consumo”, L.L., 2006-F, 1184; SOBRINO, Waldo A. R., “La prescripción en materia de seguros. Según la ley de defensa del consumidor”, LA LEY2010-B, 772).

Por su parte, la jurisprudencia de esta Excma. Cámara parece haberse inclinado por la primera de las posiciones reseñadas (ver CNCom., Sala B, “Balboa, Omar Alberto c/ Provincia Seguros S.A. s/ ordinario”, del 17/12/01; ídem, in re “Chaparro de castro, Lidia c/ La Meridional cía. Argentina de seguros S.A.”, del 08/03/88; CNCom., Sala D, “Zandona Hugo c/ Caja de Seguros S.A. s/ ordinario” del 02/09/2009, incluso esta Sala -aunque con otra composición- en “Lois María c/ La Buenos Aires Cía. Arg. De Seg.S.A.” del 17/12/2008; ); bien que, fuerza es aclarar, algunos de esos fallos no parecen tener vigencia actual en razón de haber sido dictados -como la misma Sala D se encargó de señalar (acotando de tal modo el alcance de la doctrina que sentó en esos casos)- frente a supuestos en los que la prescripción cuestionada había comenzado su curso antes de que entrara en vigencia la ley 26.361 que reformó la ley 24.240 en el sentido en que se hará referencia más abajo.

A juicio de esta Sala, tras la entrada en vigencia de la referida ley 26.361, esa solución no puede ser mantenida.

Para valorar la trascendencia que tuvo tal ley en la cuestión que nos ocupa es necesario tener presente que la discusión que aquí se evoca ya estaba planteada con anterioridad a ella.

Es decir: la ley 24.240 ya contenía un art. 50 que había dispuesto un plazo de prescripción de tres años cuya aplicación al seguro la doctrina discutía.

A estos mismos efectos -valorar la trascendencia de esa reforma- es necesario tener también presente que uno de los principales argumentos que esgrimían quienes sostenían que esa norma no había modificado el plazo de prescripción de un año previsto en el art. 58 L.S. consistía en que, por su ubicación dentro de la ley 24.240 -en la sección XII, correspondiente al procedimiento y sanciones administrativas-, forzoso era concluir que ese plazo no se aplicaba a las acciones judiciales -que no estaban previstas- sino únicamente a las administrativas “emergentes de esa ley”, tal como textualmente lo establecía esa misma disposición.

Y se esgrimía también que esa norma no podía tener el alcance de derogar lo dispuesto en el citado art.58 dado que la ley 17.418 que lo contenía, era una ley especial que no podía entenderse desplazada por lo dispuesto en un estatuto de índole general como el incorporado a nuestro derecho por la referida ley 24.240.

Esas objeciones, como se dijo, reconocían como base la interpretación textual de la norma, por lo que, a efectos de dilucidar si se mantienen o no, vale comenzar por transcribir cómo ha quedado redactado dicho art. 50 en su nueva redacción, el que dice así:

“Las acciones judiciales, las administrativas y las sanciones emergentes de la presente ley prescribirán en el término de TRES (3) años. Cuando por otras leyes generales o especiales se fijen plazos de prescripción distintos del establecido precedentemente se estará al más favorable al consumidor o usuario. La prescripción se interrumpirá por la comisión de nuevas infracciones o por el inicio de las actuaciones administrativas o judiciales”.

Tal modificación -introducida, se reitera, por la ley 26.361- no puede exhibir con mayor nitidez la intención legislativa de terciar en la discusión y dirimir las dudas.

Y esto, pues la necesidad de introducir esas previsiones sólo se explica en el contexto de la discusión que ya estaba planteada, que exigía aclarar lo que ahora ha quedado claro, a saber:a) que el plazo en cuestión no se acota a las sanciones administr ativas, sino que abarca a las “acciones judiciales”, expresamente prevista en la norma reformada y ausente en la anterior; b) y que dicho plazo incluye todas esas acciones, sea que ellas se encuentren o no previstas en esa ley.

Adviértase que, al dejar aclarado ahora que la prescripción en cuestión rige no sólo respecto de los ‘Procedimientos y Sanciones’ previstos en esa sección de la ley, sino también respecto de las “.acciones judiciales.”, el legislador desvirtuó uno de los principales argumentos que esgrimían quienes sostenían su inaplicabilidad al seguro, argumento que consistía, precisamente, en la afirmación de que esa norma no se refería a la prescripción de esas acciones, sino a la de las sanciones reguladas en tal sección.

Y, al incorporar una norma expresa según la cual “.cuando por otras leyes generales o especiales [hayan sido fijados] plazos de prescripción distintos del establecido precedentemente se estará al más favorable al consumidor o usuario.”, el legislador también dejó aclarado que esa prescripción se aplicaba a todas las acciones en las que se hallara involucrado el derecho de alguno de estos últimos.

Es verdad que la norma refiere a “.Las acciones judiciales, las administrativas y las sanciones emergentes de la presente ley.”.

No obstante, esta última mención -“.emergentes de la presente ley.”- no tiene por fin descartar otras acciones no previstas en tal ordenamiento.

Tal interpretación, que bien pudo ser sostenida antes de la reforma, no puede serlo ahora, desde que esa misma reforma aclaró que cuando otras leyes generales o especiales hubieran fijado plazos de prescripción distintos correspondería estar al más favorable al consumidor, afirmación que conlleva a esta forzosa conclusión:el legislador no se acotó a regular la prescripción de las acciones previstas en la ley 24.240, sino que se ocupó, como se señaló, de todas las acciones en las que estuviera involucrado el derecho de un consumidor.

Desde tal perspectiva, parece claro que, hoy por hoy, el debate doctrinario habido en torno a esta cuestión debe entenderse superado por la propia redacción del texto modificado, el que no deja margen para la duda en cuanto a que esa disposición alcanza, y en su caso desplaza, a las previstas en “.otras leyes generales o especiales.”.

Estas mismas consideraciones echan por tierra la posibilidad de argumentar que, por su carácter especial, la ley de seguros debe prevalecer por sobre la ley 24.240, que es de carácter general.

Y esto, por lo dicho: el mismo legislador se encargó expresamente de resolver ese supuesto conflicto de leyes, disponiendo que en tal caso sería aplicable el plazo de tres años previsto en el citado art. 50, salvo que “.otras leyes generales o especiales.” fijaran uno más extenso.

De lo expuesto se deriva que a partir de la sanción de la ley 26.361 , la prescripción trienal se aplica a las acciones judiciales relativas a los contratos de seguro, siempre y cuando, simultáneamente, lo sean de consumo; mientras que, en cambio, en aquellas hipótesis en las que el contrato de seguro no constituya un contrato de consumo, regirá la prescripción anual del artículo 58 de la ley 17.418 (ver Compiani, María Fabiana y Stiglitz, Rubén S., LA LEY 2009-B, 830).

Esta interpretación no prescinde de lo dispuesto en el art. 3  de la L.D.C.en cuanto establece que las normas de esa ley deben integrarse con las normas generales y especiales aplicables a las relaciones de consumo (no con las aplicables “.a las relaciones jurídicas sustanciales.”, como suele expresarse), sino que, por el contrario, importa cumplir con tal mandato.

Y esto pues, como es obvio, esa “integración” no puede sino conducir a una de estas dos consecuencias que vienen impuestas por exigencias de lógica-jurídica: a) o ambas normas mantienen subsistencia por no tratarse de normas incompatibles; o b) una desplaza a la otra, lo cual sucederá cuando tal incompatibilidad sí se verifique, supuesto en el cual el conflicto normativo consecuente deberá ser resuelto a la luz de la consigna que esa misma norma -el citado art. 3- establece en su tercer párrafo, esto es, haciendo prevalecer la solución que sea más favorable al consumidor.

En tal sentido, Lorenzetti explica que la primera regla que establece el referido art. 3 de la L.D.C. se refiere a la aplicación de la ley y señala que debe efectuársela de modo integrado con las normas generales y especiales aplicables a las relaciones de consumo.

Es decir: esa norma no dice que dicha ley se integra con todas las otras leyes, sino con las vinculadas al consumidor, con lo cual, como expresa el mencionado autor, se reconoce la autonomía del microsistema.

Y agrega: “.esta regla es correcta, porque la fuente constitucional confiere al derecho de los consumidores carácter iusfundamental, lo que significa que el sistema de solución de conflictos normativos no está guiado por las reglas de las antinomias legales tradicionales. Por ello, no es lícito fundar la prevalencia de una ley en la circunstancia de que sea anterior, o especial, como se ha notado en numerosos casos” (sic, Ricardo Luis Lorenzetti, “Consumidores”, p. 49, ed. 2009; el subrayado es mío).

Por el contrario, “.se aplican las reglas que guían la solución de colisiones iusfundamentales:el derecho de los consumidores es un microsistema legal de protección que gira dentro del sistema de derecho privado con base en el derecho constitucional. Por lo tanto, las soluciones deben buscarse, en primer lugar, dentro del propio sistema, ya que lo propio de un microsistema es su carácter autónomo y aun derogatorio de normas generales.” (Ricardo Luis Lorenzetti, op. cit., p. 49).

Derívase de lo expuesto que la posición que otorga preeminencia al art. 58 L.S. por sobre el art. 50 LDC con sustento en que aquélla es la ley que regula específicamente al contrato de seguro, no puede ser compartida.

Tanto este contrato, como todos las demás que generan relaciones de consumo, deben considerarse regidos primero y principalmente por la ley de defensa del consumidor, y supletoriamente por las normas específicas de que se trate, cuya aplicación procederá en tanto y en cuanto éstas no resulten modificadas por aquélla.

Que esta es la correcta inteligencia de la norma citada, parece claro.

Así se desprende de lo dispuesto en el art. 42  de la Constitución Nacional que se transcribe a continuación porque lo amerita el caso, a saber: “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno.

Y, como si fuera poco, agrega que “Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos.”, de lo que se deriva que aquéllas -dentro de las que naturalmente se encuentran incluidas los jueces- tienen esa obligación constitucional específica, que, en lo que aquí interesa, obsta a soslayar la aplicación del citado art. 50 con la consecuencia de dejar desprotegido al consumidor que contrató el seguro.

La contundencia de los textos constitucionales citados es tal, que la ley 24.240 no puede ser considerada una ley más:es reglamentación específica de esas normas constitucionales, por lo que, por imposición de la jerarquía normativa establecida en el art. 31  de la Constitución Nacional, ella debe prevalecer por sobre cualquier otra norma que se le oponga.

No se soslaya que la actividad aseguradora exige gestionar una hacienda empresaria altamente especializada, ni se ignora que el éxito en esa gestión se encuentra subordinado al cumplimiento por el asegurador de cálculos estadísticos que permitan aplicar la ley de los grandes números a los efectos de estimar la posible configuración de los riesgos.

Pero de esto no se deriva ninguna particularidad que obligue a sostener que las acciones que nacen del contrato de seguro deban hallarse sometidas a un plazo de prescripción anual, dado que la seguridad jurídica de las aseguradoras -que es lo único que hay que asegurar a éstas a efectos de evitarles el riesgo de una falla en sus cálculos- se encontrará igualmente protegida cualquiera que sea ese plazo.

Y así parece demostrarlo el hecho de que el referido plazo anual haya sido considerado injustificadamente breve, opinión que encuentra el respaldo de que esa exigüidad no tiene precedentes en el derecho comparado (LOPEZ SAAVEDRA, Domingo, Ley de Seguros Comentada y Anotada, parágrafo n° 28, p. 44, Nota 66, La Ley, Buenos Aires, octubre de 2007, citado por Waldo Sobrino en “La prescripción en materia de seguros. Según la ley de defensa del consumidor”, LA LEY2010-B, 772″).

Dos consideraciones finales, con las que se procura dar respuesta a las objeciones que se han levantado contra la solución que se propone.

Por un lado, el hecho de que la ley 17.418 contenga normas ya destinadas a proteger al asegurado, de ningún modo puede servir de sustento para concluir que las disposiciones de la L.D.C. devienen supletorias, sino que, y en aplicación de lo dispuesto en el citado art.3 -interpretado del modo más arriba efectuado- hay que concluir que, simplemente, el catálogo de soluciones protectorias se ha ampliado, integrándose ambos ordenamientos del modo en que lo ordena la referida norma.

Y, por el otro, es relevante destacar que la solución que aquí se adopta tampoco importa -como ha sido sostenido- desconocer las facultades de control que la ley 20.091 atribuye a la Superintendencia de Seguros de la Nación.

Más allá de que quienes así lo sostienen no explican de qué modo una cosa -aplicación del art. 50 L.D.C.- tendría que ver con la otra -desconocimiento de las facultades de dicho organismo administrativo-, lo cierto es que el asunto también ha sido objeto de expresa regulación en el citado art. 3 L.D.C., cuyo último párrafo establece que “.Las relaci ones de consumo se rigen por el régimen establecido en esta ley y sus reglamentaciones sin perjuicio de que el proveedor, por la actividad que desarrolle, esté alcanzado asimismo por otra normativa específica”.

Es decir: al legislador no se le pasó por alto que los principales proveedores de bienes y servicios suelen encontrarse sometidos a leyes específicas regulatorias de su actividad, hipótesis frente a la cual entendió necesario aclarar que, aun así, la ley de defensa del consumidor se debería aplicar.

Por las razones hasta aquí expuestas, y siendo que ambas partes están contestes en cuanto a que el plazo de prescripción previsto en el referido art. 50 no había transcurrido a la fecha en que fue promovida la acción de que se trata, corresponde admitir los agravios y revocar la sentencia apelada.

IV. Por todo ello se RESUELVE: admitir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y revocar la sentencia recurrida. Las costas de ambas instancias se imponen a la vencida, atento el criterio objetivo de la derrota (arts. 68 y 69  del C.Proc).

Devúelvase al Juzgado de primera instancia, encomendándose al Sr. juez que tenga a bien disponer las comunicaciones del caso.

Eduardo R.Machin, Juan R. Garibotto, Julia Villanueva. Ante mí: Rafael F. Bruno. Es copia del original que corre a fs. 69/73 de los autos de la materia.

Eduardo R. Machin

Juan R. Garibotto

Julia Villanueva

Rafael F. Bruno

Secretario

El Dr. Garibotto dice:

Si bien hasta ahora he sostenido, con base en los precedentes de esta Sala in re “Lois, María Hilda c/ La Buenos Aires Compañía Argentina de Seguros S.A.”, del 17.12.08 y “Cabral, Oscar Alberto c/ Caja de Seguros S.A.”, del 5.3.10, entre otros, que el art. 50 de la ley 24.240 no tuvo por finalidad reemplazar o derogar la norma del art. 58 de la ley 17.418 y juzgado, por consecuencia, que en los casos como el sub lite el plazo de prescripción es de un año; un nuevo examen de esta cuestión, a la luz de cuanto aquí es expuesto, me lleva a variar esa inicial postura.

Por ende, adhiero a lo dicho en el cuerpo de este resolutorio.

Juan R. Garibotto. Ante mí: Rafael F. Bruno. Es copia del original que corre a fs. 69/73 de los autos de la materia.

Juan R. Garibotto

Rafael F. Bruno

Secretario

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