Indemnizan a la actora por daños ocasionados al ejecutar una supuesta manda judicial por la que retiraron el 50% de sus depósitos

Partes: Fernandez Elsa María c/ Banco de la Nación Argentina y otro s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: III

Fecha: 14-jun-2012

Cita: MJ-JU-M-75123-AR | MJJ75123 | MJJ75123

Se condena en forma solidaria al Estado Nacional y al Banco de la Nación Argentina por los daños y perjuicios y daño moral ocasionado como consecuencia de haber ejecutado una «supuesta» manda judicial por la cual terceras personas en forma fraudulenta retiraron el 50% de los depósitos a plazo fijo que poseía la actora en la entidad bancaria. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-Corresponde modificar la sentencia apelada y consecuentemente condenar al Estado Nacional, pues no medió culpa de la víctima en la comisión de la maniobra fraudulenta que da origen a la litis, ya que ha sido la actora perjudicada en forma directa por el accionar de terceros quiénes a través de una manda judicial apócrifa retiraron dinero de su propiedad de la sucursal de la entidad crediticia demandada, hecho que no se encuentra controvertido y que ha sido probado.

2.-La obligación de seguridad del Banco es de carácter objetivo -art. 1113  CCiv.-, por lo que para eximirse de responsabilidad la entidad bancaria debe demostrar la culpa de la víctima, el hecho de un tercero por el cual no debe responder o la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor, es decir, la existencia de una causa ajena que interrumpa o desvíe el curso de la acción causal.

3.-La obligación que se deriva del contrato bancario es de resultado y, por tal motivo, el Banco debe garantizar que el cliente pueda usar el servicio sin resultar afectado en sus bienes y/o en su integridad física.

4.-El Banco no puede alegar su propia impericia aduciendo la existencia de un hecho delictivo, toda vez que siendo una actividad típica del negocio que manejaba, era aún mayor el deber de seguridad que debía respetar, y era su responsabilidad advertir que la maniobra que se estaba llevando a cabo presentaba algún signo de irregularidad.

5.-Toda vez que el Banco se encontraba obligado a verificar la vigencia de la manda judicial previo a proceder a su pago, y siendo que esta obligación fue incumplida por su propia negligencia, corresponde la atribución de responsabilidad a la entidad bancaria.

6.-El hecho de que el expediente se hubiera iniciado durante la época en la cual los fueros judiciales sufrieron un masivo ingreso de causas, como consecuencia del denominado corralito financiero , no resulta óbice para justificar el cumplimiento defectuoso de diligencias sustanciales del proceso que concurrieron a la defectuosa prestación del servicio de justicia.

7.-Aunque no haya mediado impericia o negligencia por parte del agente estatal, sino un desempeño correcto desde el punto de vista técnico, ello no permite descartar la responsabilidad extracontractual o aquiliana del Estado por falta de servicio.

8.-La reparación del daño moral no se limita al dolor y al sufrimiento, sino que debe abarcar el conjunto de repercusiones extrapatrimoniales desfavorables, debiendo considerarse la prolongada duración de las molestias y demás sufrimientos experimentados a consecuencia de las mismas.

9.-La reparación del daño moral debe ser determinada ponderando esencialmente la índole de los sufrimientos de quien los padece, y no mediante una proporción que la vincule con los otros daños cuya indemnización se reclama.

10.-El deudor de una suma de dinero resulta responsable por los daños e intereses que la morosidad en devolverla causa al acreedor a partir del momento en que cometió el hecho irregular, y es desde ese momento en que deben comenzar a correr la mora y los intereses.

11.-La facultad judicial de fijar los intereses en las causas judiciales, debe ser razonable y prudente, teniendo presente las particulares características del caso concreto, evitando que el resultado obtenido desvirtúe la prohibición legal de indexar o repotenciar las deudas, salvaguardando los derechos de propiedad, igualdad ante la ley y debido proceso, afianzando la justicia y asegurando el bien común.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 14 días del mes de junio del año dos mil doce hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos «FERNANDEZ ELSA MARIA c/ BANCO DE LA NACION ARGENTINA Y OTRO s/ daños y perjuicios», y de acuerdo al orden de sorteo la Dra. Medina dijo:

I. La Sra. Elsa María Fernández inició demanda por daños y perjuicios contra el Banco de la Nación Argentina y el Poder Judicial de la Nación.

Expresó ser co-titular -junto con su hijo Sr. Gustavo Claudio Barba- de un plazo fijo en la sucursal del Banco de la Nación Argentina, el cual al 12.12.01 presentaba un saldo de U$S 193.434.

Sostuvo que la implementación del denominado «corralito financiero» previsto por la ley 25.561 , dcto 1570/01  y 214/02 , le impidió disponer libremente de su dinero, adecuándose su capital a la normativa de emergencia referida, por lo que una vez efectuada la pesificación y el retiro de las sumas autorizadas por ley, el saldo de sus fondos consistía en la suma de $ 264.528,60.-, los que con fecha 20.08.2002 se tradujo en CEDROS, generándose cuatro series de $ 66.132.- cada una (21F1S, 21F2S, 213S y 21F4S).

Agregó que concurría regularmente a la entidad bancaria demandada a cobrar los intereses devengados de los CEDROS de su propiedad, hasta que el 3 de marzo del año 2003 se apersonó en la sucursal del Banco indicado y le refirieron que no podía retirar los fondos solicitados, dado que la cuenta se encontraba bloqueada desde diciembre del año 2002, en virtud del retiro que se había efectuado a través de un amparo judicial

Relató que se vió sorprendida por dicha respuesta, toda vez que ni ella ni su hijo habían iniciado acción judicial alguna para recuperar el dinero pesificado en virtudde la normativa invocada anteriormente.

Detalló puntillosamente el intercambio epistolar entre ella y; el personal del banco, el Juzgado interviniente, y el Presidente del Banco Nación Argentina, a fin de aclarar los hechos acaecidos.

Como conclusión de ello refirió que «un grupo indeterminado de personas organizaron una maniobra de neto corte delictivo, consistente en dar inicio a una acción judicial …impostando la identidad de la Sra. Elsa María Fernández, adjuntando a tal fin documentación apócrifa, procediendo a tramitar la causa…por ante la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, fruto de la cual, lograron finalmente ejecutar una «supuesta» manda judicial, obteniendo el pago del Banco de la Nación Argentina, equivalente al 50% de los depósitos que en la citada entidad tenía como titular de un depósito a plazo fijo la Sra. Elsa María Fernandez…» (conf fs. 83vta).

A fs. 611 se dicta sentencia en autos, condenando al Banco Nación Argentina al pago de la suma allí referida y desestimando la acción deducida contra el Estado Nacional -Poder Judicial de la Nación-.

Apela el decisorio el Banco de la Nación Argentina a fs. 626. Median también recursos contra la regulación de honorarios dispuesta por el a quo los que serán tratados al finalizar el Acuerdo, en caso de corresponder (arg. art. 279  CPCC).

A fs. 647/656 luce agregada la expresión de agravios del recurrente y en fs.659/663 la respuesta de la actora.

II. La demandada vencida se queja fundamentalmente de:a) la atribución de responsabilidad decidida por el a quo a su respecto; b) la admisión del daño moral como ítem resarcitorio; y finalmente; c) considera que no corresponde aplicar la tasa de interés moratoria desde que el cumplimiento de la obligación resultó imposible (26.12.02).

Entiende -en síntesis- que la condena no debe ser decretada en su contra sino -eventualmente- al Estado Nacional -Poder Judicial de la Nación- que fue quién dio la orden de entregar los fondos a una persona que no era la titular de la cuenta, manifestando que su accionar no puede ser reprochado por ajustarse al normal desempeño de un buen hombre de negocios, lo que incluye, el cumplimiento sin reparos de una orden judicial.

Añade que no puede endilgarse a su cargo las consecuencias derivadas de una manda judicial que su representada ha cumplido en los términos en que fue ordenada.

A su turno la actora contestó los agravios refiriendo que los mismos trasuntan una mera discrepancia con lo resuelto por el Dr. Soto, por lo que solicita que el recurso interpuesto sea declarado desierto o -en subsidio- se desestimen los agravios deducidos y se confirme el decisorio de primera instancia.

III. Establecido lo anterior, dejo sentado que conforme reiterada doctrina de la Corte Suprema, no he de seguir todas las argumentaciones presentadas, sino solo las conducentes para resolver el conflicto (CSJN, Fallos 258:304, 262:222, 272:225, 278:271 y 291:390, entre otros), sin perjuicio de señalar que mi reflexión no se ha limitado sólo a ellas, sino que he ponderado cada uno de los argumentos planteados por las partes y los expuestos por el a quo en su decisorio.

IV. De la frondosa documentación agregada, causa penal acompañada y pruebas producidas en autos, han quedado expuestos los siguientes hechos relevantes a fin de determinar la suerte de la litis, a saber: a) Que la Sra. Elsa María Fernandez poseía un plazo fijo en la sucursal Plaza de Mayo del Banco de la Nación Argentina junto con su hijo, Sr.Gustavo Claudio Barba; b) Que a través de una manda judicial lograda por un tercero ajeno a los titulares de la cuenta se retiro el 50% de los fondos allí depositados, hecho ocurrido el 23.12.2002 en la sede Plaza de Mayo del Banco de la Nación Argentina, c) Que, conforme surge de lo resuelto en fs. 623/628 de la causa penal 3537/03 esta manda se realizó por terceros que utilizaron en forma fraudulenta la identidad de la actora (conf informe pericial caligráfico de fs. 462/464), de la Dra. Elvira Amelia Martínez (conf. fs. 144/181 de la causa penal antes referida) -quién denotaba carácter de patrocinante de la actora en el amparo apócrifo identificado como «Fernandez Elsa Maria y otro c/ PEN s/ Amparo Ley 16.986» (expte 160.922/02)- y de los Sres. Martín Mario Vicente y Claudio Daniel Bertogliati, quiénes figuraban como autorizados a retirar los fondos en el mandamiento cuya copia se presento al Banco Nación para su ejecución.

V. La cuestión se circunscribe, entonces, a establecer si medió responsabilidad o no por parte de las demandadas, en el hecho delictivo sufrido por la actora.

Por una cuestión de orden, trataré en primer término los agravios deducidos en relación a la intervención del Banco de la Nación Argentina en esta litis.

Que, a mi modo de ver, los servicios ofrecidos por cualquier Banco inciden directamente sobre el patrimonio del usuario, tanto en sus operaciones pasivas como en las activas (ver por clasificación de las operaciones bancarias a Garrigues J., «Curso de Derecho Mercantil», T. IV, página 165).

En este contexto, la doctrina ha enseñado que la obligación de seguridad que deriva de la aptitud del producto para el uso al que está destinado es de carácter objetivo (Bustamante Alsina, Jorge A., «Responsabilidad civil por productos o defectuosos», LA LEY, 1992-E, 1069), concepto que a mi juicio puede extenderse aquí a la seguridad del servicio que es puesto a disposición del usuario bancario.Así, el deudor para eximirse de responsabilidad debe demostrar culpa de la víctima, el hecho de un tercero por el cual no deba responder o la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor, es decir, la existencia de una causa ajena que interrumpa o desvíe el curso de la acción causal (SC Prov de Bs As, 22.6.1965, in re «Demaría, Ángel c/ Restaurante Abruzzese y otro», La Ley, 119-383).

El sistema de responsabilidad objetiva es, en el caso de la relación de consumo, similar en sus alcances al que deriva del artículo 1113 del Código Civil.

En rigor, la obligación que se deriva del contrato bancario es de resultado y, por tal motivo, el banco debe garantizar que el cliente pueda usar el servicio sin resultar afectado en sus bienes y/o en su integridad física.

Creemos en razón de lo expuesto, que la entidad bancaria al contratar con los particulares asume y prevé riesgos asociados inescindiblemente al cumplimiento de las obligaciones que constituyen su objeto, desde el momento en que «.las relaciones contractuales (civiles, comerciales -de estructura de negociación individual o paritaria o de adhesión- y de consumo) distribuyen riesgos previsibles, como proyecto futuro para el desarrollo de la relación en el tiempo de su ejecución».

VI. Con fundamento en lo expuesto, el Banco de la Nación Argentina, para eximirse de responsabilidad en el caso, debió probar que medió culpa de la víctima, el hecho de un tercero por el cual no deba responder o la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor, que interrumpa el nexo de causalidad.

En autos, resulta claro que no medió culpa de la víctima en la comisión de la maniobra fraudulenta que da origen a la litis. Lejos de ello, ha sido la Sra.Elsa María Fernández perjudicada en forma directa por el accionar de terceros quiénes a través de una manda judicial apócrifa retiraron dinero de su propiedad de la Sucursal Plaza de Mayo de la entidad crediticia demandada, hecho que no se encuentra controvertido y que ha sido probado en autos.

Por otra parte, para que la intervención del tercero ajeno tenga la virtualidad de exonerar al presunto responsable, se requiere que en primer lugar, no ostente un vínculo que impida ese carácter, es decir, que no sea un tercero por el cual la empresa deba responder, como sería el caso de sus dependientes. En este sentido, siendo el personal que brinda información, el banco no podrá ampararse en esta eximente a los fines de acreditar la ruptura del nexo de causalidad.

Amén de ello, será necesario que el demandado no haya colaborado de ninguna manera por acción u omisión con la conducta del tercero. Si el demandado, en este caso el Banco de la Nación Argentina, posibilitó la intervención causal del tercero, no resultará apto como eximente, hecho, que a mi modo de ver se configura, por no haber tomado los recaudos necesarios la entidad demandada para proteger el depósito de la accionante.

Entenderlo de otro modo, implica cuestionar la idoneidad del Banco como agente financiero, pues implicaría reconocerle un margen para alegar su propia torpeza, lo cual, a todas luces no puede ser admitido.

Se agrava lo expuesto anteriormente, en virtud del tipo de mercadería que negocia -dinero, específicamente-, que a mi modo de ver, lo obliga a intensificar las medidas de seguridad correspondientes, máxime cuando, en la actualidad, el ciudadano común está más que advertido que los bancos constituyen un foco de atracción permanente para operaciones delictivas.

Agrego a lo anterior que el Banco no puede alegar su propia impericia para resolver esta cuestión, aduciendo que «…no hay duda de que estamos frente a un hecho delictivo, y alguien retiró el dinero, pero para ello, debió burlar a la propia justicia…» (conf fs.651), pues como bien señala la agraviada al presentar el memorial, su habilidad como profesional en materia de transacciones financieras y conocedor de la mecánica del negocio, lo llevó a intentar desbaratar una manda en la cual a su entender se ordenaba pagar dos veces una suma ya entregada, actuando en dicho caso presuntamente y según relata, con la debida diligencia de un agente financiero (ver los hechos referidos en relación a la causa «Bonini Ernesto Rodolfo c/ PEN s/ Amparo» (expte 5.161/08)) (conf fs. 649 y vta).

En este marco aparece como indiscutible -a nuestro entender- que el banco por su espíritu de lucro y por la naturaleza de la actividad que desarrolla, debe garantizar la seguridad de las personas y bienes de sus clientes. Ello, en virtud de que «Las ganancias que obtienen los bancos se deben en mayor parte a la utilización de los recursos que le provee el público para que se los administren. He allí la razón por la cual el Estado, en representación de ese público, está obligado a establecer leyes y regulaciones en protección del interés de los ahorristas y consumidores del servicio bancario» (Villegas, Carlos Gilberto, «Cuenta corriente bancaria, principales problemas», Revista de Derecho Privado y Comunitario, Rubinzal-Culzoni, 2003, pág. 101.).

Agrego, como corolario de lo expuesto, que en la época en la que se produjo el hecho delictivo base de la presente causa (diciembre del año 2002), era frecuente la presencia de un Oficial de Justicia en una sucursal bancaria con una manda judicial de cuyo contenido surgía la orden de restituir fondos atrapados por el denominado «corralito financiero». En esta inteligencia, no representaba una situación anómala el pago de una orden judicial, por lo que, siendo -en ese momento- una actividad típica del negocio que manejaba, era aún mayor el deber de seguridad que debía respetar, y era su responsabilidad advertir que la maniobra que se estaba llevando a cabo presentaba algún signo de irregularidad.

VII.Respecto de la tercera eximente, el caso fortuito, cabe recordar que por definición importa un hecho u acontecimiento productor del daño, en forma total o parcial, que es imprevisible o que siendo previsible, resulta inevitable.

En el marco de análisis, parece inconcebible, a mi criterio, que una entidad bancaria con la trayectoria de la demandada, pretenda liberarse de la responsabilidad generada por un hecho delictivo cometido en sus instalaciones alegando la imprevisibilidad o su imposibilidad de evitarlo a los fines de configurar un caso fortuito.

Al efecto, estimo que -en el mejor de los casos- podría configurarse eventualmente esta causal en supuestos excepcionales de operativos delictivos de alta sofisticación, que incluyan por ejemplo, toma de rehenes.

En consonancia con ello, la Corte Suprema ha señalado que las empresas son profesionales y que como tales deben tener las previsiones que hacen a esa profesionalidad (art. 902  del Cód. Civil) y que conforme a las nuevas disposiciones de la Ley de Defensa de los Derechos del Consumidor (24.240 ; 24.999  y 26.361(rf:LEG14544) -Adla, LIII-D, 4125; LVIII-C, 2929; LXVIII-B, 1295- ) y la reforma constitucional de 1994 (art. 41 y 42 ) la tutela del usuario de servicios o el consumidor de productos, goza de una seguridad absoluta (art. 5  de la Ley 24.240) que obliga a las empresas a brindar un servicio eficiente.

Así, mal puede sostenerse que este hecho no pudiera ser previsto por el Banco. En rigor, debía ser objeto de particular atención por la entidad bancaria en orden a ofrecer a sus clientes la suficiente seguridad para evitar las previsibles y reiteradas defraudaciones.

Se desprende de lo anterior, que episodios como el que origina la litis, no parecen ser infrecuentes, por lo que consecuentemente, su admisión como causal exonerativa requiere que reúna las notas de imprevisibilidad e irresistibilidad y las demás propias del «casus», recayendo sobre quien invoca la defensa la carga de acreditar la concurrencia de estos caracteres (arg. art.377 , Código Procesal).

VIII. Por último, y no por ello menos importante, he de señalar que la Resolución 863/2001 del Ministerio de Economía establecía en su único artículo que lo dispuesto en el artículo 1º Inciso d) de la Resolución del Ministerio de Economía 850 de fecha 14 de diciembre de 2001 en el sentido que dicha disposición «…no inhibe a las entidades sujetas a la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA del cumplimiento de mandas judiciales a las que dicha norma alude, correspondiendo en forma previa a ello verificar en cada caso, si la manda judicial se encuentra vigente»

Dicha prerrogativa, obligaba legalmente al Banco a verificar la vigencia de la manda previo a proceder a su pago. Este paso no fue cumplido por la entidad crediticia demandada, por su propia negligencia, incumpliendo un procedimiento determinado por una regla específica.

Este incumplimiento, sella definitivamente a mi juicio la atribución de responsabilidad al Banco de la Nación Argentina en este proceso.

En razón de los argumentos hasta aquí desarrollados, entiendo que debe confirmarse en este punto la sentencia de grado.

IX. Por otro lado, cuestiona la agraviada la no atribución de responsabilidad al Estado Nacional, Poder Judicial de la Nación.

En este sentido, el a quo, entendió que no correspondía atribuir responsabilidad al Poder Judicial, pues a su entender no se ha acreditado que haya existido un comportamiento irregular por parte de los operadores del sistema judicial, y menos aún -agrega- que el vicio haya sido manifiesto.

Debo admitir que no comparto lo decidido por mi colega de primera instancia sobre este punto, en virtud de los siguientes fundamentos.

A saber, la causa «Fernández Elsa Maria c/ PEN s/ Amparo Ley 16.986» (expte 160.922/2002), cuyo contenido en fotocopia simple tengo a la vista, es absolutamente falsa. Ello parte de considerar que se ha comprobado y reconocido que la Sra. Elsa Maria Fernández no ha intervenido en ella (conf. fs.462/464 y reconocimiento efectuado por la demandada en fs. 648, último párrafo). Asimismo, la actuación de su supuesta letrada patrocinante Dra. Amelia Elvira Martínez, tampoco ha resultado cierta, conforme surge de los términos del acta agregada en fs.144/181 de la causa penal 3537/2003.

Por otra parte, el mandamiento librado en dichos autos, no se condice con el que fue presentado para su cobro en el Banco de la Nación Argentina -Sucursal Plaza de Mayo- por personas ajenas a los intereses de la Sra. Elsa Maria Fernández (conf informe de fs. 105 y vta, del expediente 1195/03 agregado como prueba documental en autos).

Ahora bien, el hecho de que el expediente se hubiera iniciado durante la época en el cual los fueros involucrados en la litis sufrieron un masivo ingreso de causas, como consecuencia del denominado «corralito financiero», no resulta óbice para justificar el cumplimiento defectuoso de diligencias sustanciales del proceso que comprometen, por una parte, la responsabilidad personal de los órganos actuantes (art. 1112  del Código Civil) y, por otra parte, la responsabilidad directa por la actuación de aquéllos tanto de la Nación, pero -bien entendido- no en el marco del denominado «error judicial» (que sólo puede ser concebido a propósito del ejercicio de la potestad juzgadora de los jueces, lo que no ha estado en juego en el sub lite), sino en el espacio de los errores «in procedendo» cometidos por magistrados, funcionarios o auxiliares de la justicia que individualmente o en conjunto concurren a la defectuosa prestación del servicio de justicia.

En esas condiciones, se ha expedido la Corte Suprema de Justicia, que ha entendido que es aplicable la doctrina que establece que «quien contrae la obligación de prestar un servicio lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido, siendo responsable de los perjuicios que causa su incumplimiento o su irregular ejercicio» (Fallos:307:821; 318:845 ).

Esa responsabilidad del Estado, obedece a una transitoria organización defectuosa en cuanto al servicio de justicia que presta.

Dentro de esta organización, cabe reseñar que es función de los secretarios en un Juzgado de primera instancia atender la organización de los expedientes a medida que se vayan formando y el cuidado de que se mantengan en buen estado debiendo custodiar los documentos que estuvieren a su cargo, siendo responsables por su pérdida o por mutilaciones o alteraciones que en ellos se hicieren.

Sin embargo, en la práctica, esa obligación se ha desplazado hacia auxiliares, sin que se sepa, a ciencia cierta, quién la realiza, con lo cual se anonimiza la responsabilidad y se hace responsable al grupo, porque estaríamos f rente a una responsabilidad colectiva, cuando resulta imposible individualizar al responsable. Tiene su apoyo en la norma particular del art. 95 del Cód. Penal y en la aplicación analógica de los arts. 1119 y 1121  en conexión con el art. 1109  del Cód. Civ., salvo o sin perjuicio de que alguien del grupo imputado como responsable demuestre que fue diligente en sus actos y así se exime de responsabilidad. (conf. Taraborrelli José N. «Responsabilidad de los Funcionarios Judiciales», La Ley 11/05/2012, 1).

En este orden de ideas, me resulta importante destacar algunos párrafos de los fundamentos del Proyecto de Ley 2016/01 de creación de la Oficina de Depósito Judicial, elaborado por el Legislador Nacional Gómez Diez, cuando expresa que «… La situación se agrava si consideramos el número de efectos y documentos que, en cumplimiento de las normas procesales, se deben adjuntar a cada causa. Estos objetos quedan bajo la guarda de los secretarios de los diferentes juzgados, respondiendo por su pérdida o sustracción. Tal responsabilidad se la ha pretendido sustentar en lo establecido en el art. 163 inc. 5º  de la Ley 1893 del año 1886 que reza: «Las obligaciones de los secretarios serán:custodiar los expedientes y documentos que estuvieren a su cargo, siendo directamente responsables de su pérdida o deterioro». El art. 68 dice: «Será responsable de la custodia de los expedientes y documentos el jefe de la oficina donde estuvieren». El citado art. 163 inc. 5º de la Ley 1893 es de difícil cumplimiento en los tiempos actuales. Cabe reparar que se trata de una norma sancionada en 1886, habiendo transcurrido, desde entonces más de cien años, siendo la situación de aquella época notoriamente diferente a la de nuestro tiempo. Hoy la infraestructura presupuestaria y edilicia del Poder Judicial, la cantidad de expedientes, las otras obligaciones procesales puestas en cabeza de los secretarios, el ritmo de trabajo que se ven obligados a asumir, impiden que los mencionados secretarios puedan cumplir, sin descuidar sus otros deberes, con el citado art. 163 inc., 5º de la Ley 1893. Es decir las circunstancias descriptas dificultan en gran medida que estos funcionarios respondan, en el marco de una indiscutible responsabilidad objetiva, por la pérdida o sustracción de los objetos, tal como lo establece el referido artículo…»

Así lo ha entendido el VII Congreso de Secretarios, Auxiliares Letrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Pcia. de Buenos Aires, celebrado en Mar del Plata, los días 20 y 21 de junio de 2008, en el que se concluyó que: «Que dichas labores asignadas pueden encontrarse plasmadas en numerosas resoluciones legales y reglamentarias contemplado actividades tales como relevamiento estadístico, control del personal, custodio de efectos y otras tareas que no son plasmadas en ésta pero de hecho son atinentes a la labor del Secretario, como ser control de despacho, proyección de resoluciones y sentencias, etc.Estas resoluciones, leyes y acordadas referidas en más de una oportunidad devienen en contradictorias, y de imposible cumplimiento, imponiendo al Funcionario una infinidad de responsabilidades que por su profusión no logran ser controladas adecuadamente y colocan al funcionario en situación de falta»

Como corolario de lo reseñado entiendo que, si bien no se puede individualizar ninguna conducta culposa de los integrantes del Poder Judicial de la Nación, existe sin embargo la certeza de que la causa del perjuicio está dentro de la organización estatal, ya que ésta debía prestar adecuadamente el servicio de Justicia y, obviamente, ello no se logró si el justiciable sufre daños en su integridad psicofísica o en su patrimonio, que no debería haber sufrido de acuerdo con el «curso natural y ordinario de las cosas» o de los acontecimientos (doctrina del art. 901  del Código Civil).

Anida en mi convicción la certeza de admitir, que aunque no haya mediado impericia o negligencia por parte del agente estatal, sino un desempeño correcto desde el punto de vista técnico, acompañado por un loable sentido del deber, lo dicho no descarta la responsabilidad extracontractual o aquiliana del Estado por falta de servicio.

Ello pues la Administración Pública por ministerio de su agente o funcionario, es decir su órgano ejerció una obligación-potestad administrativa de seguridad, con la cual se beneficia la comunidad toda y que por su naturaleza pertenece al ámbito del Derecho Público.

Ahora bien, ello no obliga al particular damnificado afectado en su persona o bienes a aceptar el daño que deriva del ejercicio de aquella actividad por más que se haya desarrollado lícitamente en lo tocante a su agente es decir sin que mediase culpa alguna de tal representación estatal.

Por ello, es el Poder Judicial de la Nación, quién debe responder en virtud de los principios antes señalados y de lo establecido por los arts. 43 , 907 2º ap.  y 1113 del Código Civil.(conf esta Sala, causa 380/93 del 25/06/93, voto del Dr. Vázquez), por los daños ocasionados a la Sra. Elsa Maria Fernández.

En razón de los fundamentos expuestos, corresponde revocar lo decidido por el magistrado de grado, y admitir la demanda interpuesta en su contra.

X. Determinada la responsabilidad de los accionados en el caso, cabe referirme a la procedencia de la reparación del daño moral cuya admisibilidad cuestionó la agraviada.

Al respecto, parto de considerar una premisa fundamental; el daño moral compromete lo que el sujeto «es», en tanto el daño patrimonial lesiona lo que la persona «tiene».

En este orden de ideas, cuando el perjuicio por su naturaleza, se extiende sobre los sentimientos de la víctima, no es preciso probarlo pues se configura in re ipsa, es decir, surge inmediatamente de los propios hechos.

En estos casos, su valuación no está sujeta a cánones estrictos (arg. art. 522  del Código Civil; conf. Llambías, Tratado de Derecho Civil -Obligaciones-, tomo I, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1978, pág. 350; Belluscio-Zannoni, Código Civil y leyes complementarias. Comentado, anotado y concordado, tomo 2, Buenos Aires, Astrea, 1979, pág. 733; esta Sala, causas números 4173/97, del 6-03-01; 6313/93, del 29-03-01; 2481/99, del 5-10-04), ya que la reparación del daño moral no se limita al dolor y al sufrimiento, sino que debe abarcar el conjunto de repercusiones extrapatrimoniales desfavorables, por lo que a los perjuicios acreditados por la Sra. Fernández, debe agregarse la prolongada duración de las molestias y demás sufrimientos experimentados a consecuencia de las mismas.

En este orden de ideas, corresponde al sentenciante establecer su quantum indemnizatorio, tomando en cuenta la gravedad de la lesión sufrida, su función resarcitoria y el principio de reparación integral.

Al respecto, es trascendente destacar que ninguna relación forzosa existe entre el perjuicio material y el moral; ya que ambos cuentan con presupuestos propios y concurren a su determinación por razones diferentes.A su vez, cabe agregar que la reparación del daño moral debe ser determinada ponderando esencialmente la índole de los sufrimientos de quien los padece y no mediante una proporción que la vincule con los otros daños cuya indemnización se reclama (conf. Sala I, causa Nº 1458/91, del 20/02/96; Sala II, causa Nº 17.292/95, del 17/10/95; esta Sala, causa nº 9.573/00, entre otros).

En suma, estimo que el cúmulo de aflicciones espirituales que, en términos de razonabilidad, cabe presumir sufrió la Sra. Elsa Maria Fernández por los sucesos que dan origen a esta litis, deben ser resarcidas a título de daño moral (arg. art. 1078  del Código Civil).

Siendo ello así, considero que la suma otorgada por el magistrado de primera instancia resultó exigua, puesto que la indemnización del daño moral pretendida por la accionante ante el uso ilegítimo de su firma, que derivó finalmente en la entrega de dinero de su propiedad a un tercero sin su consentimiento, ocasionó lesión a sus intereses extrapatrimoniales, en tanto se afectó un derecho subjetivo derivado de un atributo de la personalidad, utilizando su nombre y su firma en forma indebida. Por ello considero que corresponde elevar el quantum indemnizatorio en este rubro a la suma de $ 60.000.-, la que a mi modo de ver, resulta adecuada para compensarla (art. 165  del Código Procesal).

XI.Por último, se agravia la accionada Banco Nación por considerar que no corresponde aplicar la tasa de interés moratoria desde que el cumplimiento de la obligación resultó imposible (26.12.02).

Sobre este punto, entiendo que la sentencia de grado debe confirmarse, toda vez que la doctrina emanada del mismo respeta la pacífica jurisprudencia de esta Sala, y que fuera reseñada por el a quo al momento de sentenciar.

A mi entender, es claro que el deudor de una suma de dinero resulta responsable por los daños e intereses que la morosidad en devolverla causa al acreedor a partir del momento en que cometió el hecho irregular y es desde ese momento en que deben comenzar a correr la mora y los intereses, lo que en la especie -corrigiendo el error material involuntario que surge de fs. 616, pto. 4 último párrafo- ocurrió el 26.12.2002) (conf esta Sala, causas 16.058/04 del 18.12.2007, entre otras).

Debo señalar por último, que la utilización de la facultad judicial de fijar los intereses en las causas judiciales, debe ser razonable y prudente, teniendo presente las particulares características del caso a estudio, evitando que el resultado obtenido desvirtúe la prohibición legal de indexar o repotenciar las deudas, salvaguardando los derechos de propiedad, igualdad ante la ley y del debido proceso, afianzando la justicia y asegurando el bien común.

XII.En razón de ello, propongo al Acuerdo confirmar la sentencia recurrida en lo que atañe a la responsabilidad del Banco de la Nación Argentina, y revocarla en lo que hace a la responsabilidad del Estado Nacional -Poder Judicial de la Nación- quién estimo es solidariamente responsable con el BNA a abonarle a la actora la suma de $ 192.264.- de los que corresponden la suma de $ 132.264 a capital -conforme el quantum determinado en la sentencia de grado, no cuestionado en esta instancia-, con más la suma de $ 60.000 en concepto de daño moral -conf pto.X de la presente.

Las sumas referidas llevarán los intereses previstos en el Considerando XI de la presente.

Las costas de ambas instancias se imponen en partes iguales a las demandadas vencidas (arg arts. 68  y 279 del CPCC).

Así voto.

Los Dres. Antelo y Recondo, por análogos fundamentos adhieren al voto precedente. Con lo que terminó el acto firmando los Señores Vocales por ante mí que doy fe.

Fdo.:

Graciela Medina.

Guillermo Alberto Antelo.

Ricardo Gustavo Recondo.

Es copia fiel del original que obra en el Tº 4, Registro Nº 113, del Libro de Acuerdos de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.

Buenos Aires, 14 de junio de 2012.

Y VISTO: lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: modificar la sentencia apelada en los siguientes términos: se condena al Estado Nacional -en forma solidaria con el Banco de la Nación Argentina a abonar a la actora la suma de $ 192.264 ($ 132.264 por capital y $ 60.000 por daño moral), con más los intereses señalados en el considerando XI.

Las costas del juicio, en ambas instancias, se imponen en partes iguales a las accionadas vencidas (arts. 68, primer párrafo y 279, del Código Procesal).

Una vez que se encuentre aprobada la liquidación del capital de condena y sus accesorios, el Tribunal regulará los honorarios de los profesionales intervinientes por su actuación en ambas instancias (arg. art. 279 del Código Procesal).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Graciela Medina.

Guillermo Alberto Antelo.

Ricardo Gustavo Recondo.

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