La adopción en el proyecto de Código Civil

Autor: Aiello de Almeida, María A.

Fecha: 9-nov-2012

Cita: MJ-DOC-6049-AR | MJD6049

Sumario:

I. Principios que rigen la adopción. II. ¿Cómo se ejerce el derecho a conocer los orígenes? III. ¿Quiénes pueden adoptar? IV. Declaración del estado de adoptablidad. V. Plazos perentorios VI. Tipos de adopción.

Doctrina:

Por María A. Aiello de Almeida (*)

Así como hemos hecho varias críticas a las reformas que el proyecto de nuevo Código Civil pretende instaurar en orden a las relaciones familiares, (1) debemos reconocer que en general las normas que se proponen sobre adopción son acertadas.

Es muy importante que se reconozca que la adopción es una institución que tiene por objeto «proteger el derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir y desarrollarse en una familia», dejando de lado el tan reiterado concepto de la adopción como institución que otorga hijos a quienes no pueden tenerlos.

Esta diferencia no es para nada superficial. Por ello insistimos con anterioridad en que: «La adopción es un acto de extrema generosidad realizado por personas que desean fructificar su amor, en la dación desinteresada a un ser indefenso necesitado de afecto y de atención personalizada. Desde este punto de vista, la adopción es una decisión deliberada, de un enorme y profundo contenido ético, que enaltece a quienes la toman y ayuda a los niños sin familia a insertarse en la sociedad con la oportunidad de recuperar la alegría de vivir y convertirse en hombres y mujeres de bien» (2).

Confirmando entonces que la adopción es una institución de protección a la niñez, analizaremos las propuestas para la reforma.

I. PRINCIPIOS QUE RIGEN LA ADOPCIÓN

Es interesante prestar atención a los principios generales que el proyecto de Código Civil instaura para la adopción.

Los mismos no están ausentes del régimen actual establecido por Ley 24.779 e incorporado al Código Civil . Sin embargo, su enumeración en forma específica e introductoria de las normas que van a regir la adopción les otorga mayor valor y llama a su consideración por parte de los aspirantes a la adopción, como de los padres biológicos y también, por qué no considerarlo, sirve como orientación para jueces y abogados.

La propuesta del art.595 del proyecto que analizamos establece como principios generales que deben regir la adopción, los siguientes: a) interés superior del niño; b) respeto por el derecho a la identidad; c) agotamiento de las posibilidades de permanencia en la familia de origen o ampliada; d) preservación de los vínculos fraternos, priorizándose la adopción de grupos de hermanos en la misma familia adoptiva o, en su defecto, el mantenimiento de vínculos jurídicos entre los hermanos, excepto razones debidamente fundadas; e) derecho a conocer sus orígenes; f) derecho del niño, niña o adolescente a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y grado de madurez, siendo obligatorio su consentimiento a partir de los 10 años.

a) Interés superior del niño

La inmensa mayoría de los fallos judiciales que deciden la situación de menores, en multiplicidad de circunstancias, invocan el interés superior del niño o de la niña para fundamentar sus conclusiones.

Resulta evidente que ese es el objetivo que deben perseguir todos quienes deban resolver sobre el futuro de los menores de edad. Sin embargo, somos conscientes de que el interés superior del niño puede llegar a convertirse en un criterio subjetivo, dependiendo así, casi exclusivamente, del enfoque o punto de vista cuando no de los propios valores o principios de quien lo invoca.

Es necesario, pues, descubrir formas que permitan objetivar el concepto y disminuir así el estado de incertidumbre en los propios niños, en sus padres, tutores y guardadores, en aspirantes a la adopción y en los abogados que patrocinan a cada uno de ellos; como también, reducir el margen de discrecionalidad en las decisiones.

La Ley 26.061 intenta definir qué se entiende por «interés superior de la niña, niño y adolescente» y lo hace en estos términos:«la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley».

Es decir, para lograr la máxima satisfacción de los derechos y garantías del niño, su opinión deberá ser oída -siempre y cuando su edad y grado de evolución psicológica o intelectual lo permitan-; deberá protegerse que su desarrollo personal se lleve a cabo en su medio familiar, social y cultural; deberán respetarse la totalidad de sus condiciones personales; deberá atenderse el equilibrio de sus derechos con las exigencias del bien común.

Al finalizar la enumeración del art. 3, la Ley 26.061 fija una pauta objetiva para el caso de que exista colisión de derechos entre los del menor y otros derechos e intereses igualmente legítimos: prioriza los del niño. Esta exigencia es muy importante a la hora de decidir respecto de las expectativas de padres y adoptantes.

b) Respeto por el derecho a la identidad y derecho a conocer los orígenes

Ambos principios los tratamos en conjunto, dado que existe entre ellos una evidente conexión conceptual. Si bien el derecho a la identidad es mucho más que el derecho a conocer los orígenes; este último está comprendido en el primero.

«La identidad se conceptualiza como aquella parte del propio concepto desde el cual el individuo opera como tal; esto significa que aporta al desarrollo de la propia consistencia y coherencia. Desde aquí está emparentada con la autoestima, ya que una presupone la otra.

»El sentido de la identidad permite al hombre dos tipos de descubrimientos. Uno, interior, que surge a partir de estos interrogantes: ¿quién soy?, ¿soy igual a mí mismo?, ¿soy coherente conmigo mismo?

»El otro, exterior, que lo vincula con el otro y con la percepción de sí a través del otro, gracias a estas preguntas: ¿quiénes son mis ancestros?, ¿quién soy para los otros?, ¿qué son los otros para mí?, ¿quién soy yo en mi entorno?» (3)

Descubrirse a sí mismo es un escalón ineludible para encaminarse a la realización personal.La falta de certeza sobre la propia identidad no solo nos priva de hombres eficaces y seguros de sí, capaces de realizarse plenamente; sino que contribuye a la exclusión, la insatisfacción y la inseguridad, multiplicando las difíciles situaciones humanas que promueven la disgregación social y la violencia estructural.

La identidad es un derecho natural, que no se resume en el derecho al nombre y a la inscripción del nacimiento, sino que se vincula con todos aquellos datos y rasgos que permiten a cada ser humano conocerse y diferenciarse de los demás para ser sí mismo y ello implica, necesariamente, vincularse con el propio origen, conocer las raíces y a los portadores de su impronta genética (4).

Por ello es que consideramos que el derecho a la identidad, que el proyecto marca como principio que debe regir la adopción, debe ir invariablemente unido al derecho a conocer sus orígenes, pues sin ellos, la formación del propio yo queda inconclusa. Concepto este último que se ve reforzado por el párr. 1º del art. 596 propuesto por el proyecto que comentamos.

c) Agotamiento de las posibilidades de permanencia en la familia de origen o ampliada

Este principio está relacionado con el deber de respetar el centro de vida del niño, establecido por Ley 26.061, entendiendo por tal el lugar donde hubiese transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia, vinculando este principio con la patria potestad y con las situaciones relacionadas a ella.

Es el art. 607 del proyecto el que se encarga de establecer los plazos dentro de los cuales deberán realizarse las gestiones necesarias para procurar que el pretenso adoptando permanezca en su familia de origen o ampliada.

Este es un punto muy delicado, ya que se corre el riesgo de desarraigar a los niños de su familia de origen por problemas de orden económico.Es una realidad en nuestro país, como en muchos otros, que gran cantidad de familias carecen de los recursos necesarios para su sano y normal desarrollo y que muchos padres prefieren entregar sus hijos al cuidado de un extraño, antes que someterlos a las privaciones que ellos se ven obligados a sortear.

Es decir que, si se exige al organismo administrativo competente que agote las medidas tendientes a que el niño permanezca en el seno de su familia, esa exigencia debe referirse a que el organismo administrativo competente deberá apoyar a esa familia, con aportes del Estado, a fin de que pueda obtener trabajo, vivienda digna y contención adecuada, para superar la situación de indigencia que ha puesto en peligro la continuidad de la vida familiar.

Si esto no fuera así, la declaración del art. 607 será meramente teórica y se considerará agotada con la mera exhortación de los funcionarios de turno a los padres que no pueden atender convenientemente a sus hijos, para que ellos mismos reviertan la situación.No negamos la responsabilidad de cada padre y madre de familia, pero la realidad nos obliga a llamar la atención sobre estas cuestiones que pueden desembocar en tremendas injusticias para los niños, las cuales dejarían de lado su interés superior, que no es solamente el alimentario, y condenarían a los padres a la frustración y el desánimo.

Los jueces deben estar dispuestos a exigir del organismo administrativo competente el cumplimiento de aquellas acciones que permitan a los padres biológicos mantener la unión de la familia con una adecuada atención de sus hijos.

d) Preservación de los vínculos fraternos, priorizándose la adopción de grupos de hermanos en la misma familia adoptiva o, en su defecto, el mantenimiento de vínculos jurídicos entre los hermanos, excepto razones debidamente fundadas.

Este principio reviste fundamental importancia, porque él debe regir las decisiones judiciales y así podrán evitarse situaciones verdaderamente lamentables en que se ha separado a los hermanos, repartiéndolos entre distintas familias y desvinculándolos totalmente de toda relación afectiva y jurídica.

Esa desvinculación también afecta el derecho a la identidad de los niños.

La disposición que se propone obligará a los jueces, cuando sean varios los hermanos en estado de adoptabilidad, a buscar los legajos de postulantes a la adopción que hayan manifestado su interés en adoptar grupos de hermanos y descartar para esos casos, aquellos que solo prefieren adoptar un solo niño.

Para que no existan dudas, el art. 598 del proyecto prevé expresamente la pluralidad de adoptados.

Es cierto que la propuesta contempla el supuesto de que la adopción de grupos de hermanos no fuera posible; aunque insistimos que el juez deberá agotar todas las vías para hacerla realidad, precisamente por el interés superior de esos hermanos. Sin embargo, en caso de que la separación no pudiera evitarse -caso que deberá ser muy extremo- el proyecto ha previsto una excepción.

Al mismo tiempo que el art.620 del proyecto establece que la adopción plena extingue los vínculos jurídicos con la familia de origen, el art. 621 determina que, cuando sea más conveniente para el niño, niña o adolescente, el juez puede mantener subsistente el vínculo jurídico con uno o varios parientes de la familia de origen en la adopción plena.

Esta decisión es una forma de evitar la disgregación de los hermanos; aunque, insistimos, lo que deberá guiar la preocupación judicial es la búsqueda de adoptantes que estén dispuestos a recibir a los hermanos en conjunto. Con esto, se evita la ruptura de los vínculos afectivos, que son los que la norma jurídica no puede reglar y que pueden mantenerse adecuadamente a través de la relación cotidiana en el ámbito del mismo seno familiar.

e) Derecho del niño, niña o adolescente a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y grado de madurez, siendo obligatorio su consentimiento a partir de los 10 años

No cabe duda que el reconocimiento de estos derechos parten del convencimiento de que los niños son merecedores del mayor de los respetos, por el hecho de ser personas.

Ser oído y lograr que la propia opinión sea escuchada es un paso muy importante para sentirse protagonista de su historia y para reforzar la autoestima.

Los niños han dejado de ser objetos de preocupación jurídica para convertirse en sujetos de derechos. El sujeto de derechos que es el niño se ve protegido jurídicamente por el reconocimiento expreso de determinados atributos que tanto los ciudadanos como el Estado deben no solo respetar, en el sentido de no violentar o lesionar, sino fundamentalmente, deben promover y hacer efectivos, convirtiéndose en sujeto pasivo de determinado débito.

Tanto la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por nuestro país (Ley 23.849 ) e incorporada a la Constitución Nacional a través del art. 75, inc.22; como el mismo Código Civil y más recientemente la Ley 26.061 sobre Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes describen profusamente sus derechos y también identifican quiénes están obligados a satisfacerlos.

El proyecto de Código Civil, en este aspecto, no hace más que recoger y reproducir tales normativas.

Sin embargo, podríamos preguntarnos: ¿por qué los menores deben ser oídos y tenerse en cuenta su opinión si sus representantes necesarios y los jueces están velando por sus derechos y por su superior interés?

Este es un tema polémico, ya que no son pocos los autores que prefieren apartar a los niños de todo contacto directo con las decisiones que se toman a su respecto, con el ánimo de protegerlos de situaciones estresantes que, según opinan, podrían afectar su integridad psíquica.

No obstante ello, otras opiniones autorizadas, como la que surge de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, admiten que el niño tiene derecho a expresar libremente su opinión, siempre que sea capaz; y establece que su opinión deberá ser tenida en consideración en cualquier proceso que lo afecte, opinión cuya influencia en las decisiones finales será acorde a su edad y madurez (art. 12).

Entre las consideraciones favorables a la participación del niño en aquello que está ocurriendo a su respecto, se señala que esa posibilidad le permite sentirse más seguro, afrontar mejor los cambios y comprender las razones de los mismos.

Es importante considerar que los casos en que el menor es oído o su opinión es tenida en cuenta son aquellos en que su edad y grado de madurez lo permiten.El proyecto que comentamos agrega una presunción, que a los 10 años de edad cualquier niño o niña ha alcanzado ese grado de madurez.

Entendemos que ello es razonable pues, en los tiempos que corren, el grado de información y de contacto con la realidad al que acceden los niños los coloca en condiciones de expresar sus sentimientos y sus preferencias y permite a los adultos ir comprendiendo cómo se van ajustando emocionalmente a la nueva realidad que se les presenta y así, brindarles el apoyo y la guía necesarios.

II. ¿CÓMO SE EJERCE EL DERECHO A CONOCER LOS ORÍGENES?

Es correcto que si se establece el derecho del adoptado a conocer sus orígenes, se prevea cómo se llevará a cabo esa toma de contacto.

Para ello se destaca la necesidad de que el expediente judicial y administrativo referidos a la adopción sean lo más completos posibles, tanto en lo que se refiere a los datos de identidad como también, los relativos a eventuales enfermedades transmisibles.

También se destaca, en el mismo art. 596, que si el adoptado que manifiesta su interés en acceder al expediente judicial o administrativo es menor de edad, el juez debe disponer la intervención del equipo técnico del tribunal, del registro de adoptantes correspondiente o de los equipos interdisciplinarios de mediación, estableciendo que la familia adoptiva puede solicitar asesoramiento a esos mismos organismos.

Debemos señalar que no queda muy claro a qué se refiere el proyecto cuando establece que el juez podría dar intervención a los equipos interdisciplinarios de mediación, dado que en cada provincia la organización de la mediación es diferente, y el Código Civil rige para toda la Nación y, por ello, deberían hacerse en él referencias más concretas a instituciones que funcionen en todo el país.

Por otra parte, si tenemos en cuenta que, por ejemplo, la Ley 26.589, en su art. 5 inc.b, excluye expresamente la adopción del trámite de mediación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la norma que comentamos resulta más incomprensible.

No cabe duda que en el proyecto que comentamos se ha querido distinguir la situación de los niños de la de los adolescentes, dando a estos últimos un trato diferente.

Pero no podemos ignorar que el adolescente también es un menor de edad. Ello significa que las previsiones que hemos analizado precedentemente también les resultarían aplicables y que la única variante sería que si los padres adoptivos no canalizan el acceso al expediente judicial o administrativo que los menores reclaman, si estos son adolescentes, podrán iniciar por sí la acción, en cuyo caso deberán contar con asistencia letrada. Estimamos que en ese caso no podría obviarse la intervención de equipos especializados, pues la toma de contacto con sus orígenes podría ser traumática si no va acompañada de la necesaria contención.

III. ¿QUIÉNES PUEDEN ADOPTAR?

En términos generales, el proyecto mantiene las exigencias del Código Civil hoy vigente, aunque reduce la diferencia de edad entre adoptante y adoptado, a 16 años.

Sin embargo, no se impone ninguna exigencia para lo que se llama pareja de convivientes, en cuanto al tiempo de vida en común antes de tomar la decisión de adoptar.

Esto consideramos que es una omisión importante, que puede acarrear consecuencias negativas para los adoptados, dado que cuando se habla de matrimonio, fácil es comprender que se trata de una relación estable, con expectativa de permanencia; aunque sabemos que distintas alternativas de la vida pueden frustrarla.

Por el contrario, la mera convivencia puede ser ocasional, dado que los interesados no han realizado ningún acto formal, frente a la sociedad, que permita visualizar la voluntad de mantener el vínculo.Solo su permanencia en un lapso prudencial de tiempo, que podría ser de tres o cinco años, garantizaría aquella y permitiría visualizar un proyecto en común.

Es cierto que las acciones privadas de los hombres están exentas de la autoridad de los magistrados, (5) pero el caso que nos ocupa es de interés público, ya que se trata de proteger el derecho de los niños a desarrollarse en una familia y, para ello, deberán cerciorarse los jueces de que esas personas que aspiran a adoptar en conjunto formen entre sí un vínculo estable, con ciertas garantías de permanencia que impida que el adoptado vuelva a pasar por una nueva pérdida, después de concluido el trámite de adopción.

Nos parece que toda la prolijidad que demuestra el proyecto pierde eficacia ante la falta de previsión de esta cuestión, que resulta fundamental a la hora de proteger el derecho de los niños a desarrollarse en una familia.

Quizás se nos diga que dado que también se prevé la adopción por una persona sola, no sería necesario preocuparse por la permanencia del vínculo de las dos que han adoptado en conjunto.

Ello no es así. El hijo que siempre ha formado parte de una familia monoparental se desarrolla adaptado a esa realidad. El hijo que crece en una familia asistido por padre y madre, sufre un gran desarraigo si estos deciden no continuar la vida en común.

La historia del niño adoptado es mucho más compleja. Él ya ha sufrido la separación del seno de su familia biológica. Debemos ser mucho más cautos, entonces, cuando le facilitamos el ingreso a un nuevo grupo familiar. Por lo demás, no podemos olvidar que el art.602 del proyecto prevé que las personas casadas o en unión convivencial pueden adoptar solo si lo hacen conjuntamente, con lo cual se constata que se ha tenido en consideración dicha circunstancia y solo admite que las personas casadas adopten solas cuando ya se encuentran separadas al momento de la adopción.

Es decir que, si el proyecto no se completa con alguna previsión que otorgue mayor garantía a la elección de los padres adoptivos, los jueces deberá n ocuparse, al analizar los respectivos legajos, de descubrirla en cada matrimonio o pareja que se presente, a fin de resguardar que se concrete el interés superior del niño.

IV. DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ADOPTABLIDAD

El proyecto se refiere con mayor precisión que la normativa vigente al otorgamiento de la guarda del menor, pues dicha guarda requiere la previa declaración de adoptabilidad del menor; declaración judicial que solo podrá ser suplida por la sentencia de privación de la patria potestad, que en el proyecto se denomina privación de responsabilidad parental (6).

Los restantes supuestos para que un menor ingrese en estado de adoptabilidad son enumerados en el art. 607 del proyecto, fijándose pautas concretas con plazos muy acotados, que dejan de lado la incertidumbre que hasta el presente genera la disposición del art. 317 del Código Civil al establecer que no será necesario el consentimiento de los padres biológicos cuando estos se hubieran desentendido del menor durante un año.

Sabemos que esta norma ha sido aprovechada por los padres biológicos quienes, aun no pudiendo atender a sus hijos, prolongan indefinidamente la institucionalización de los niños, privándolos de su familia natural y de la posibilidad de insertarse en una familia adoptiva.Esa situación que se extiende en el tiempo y hace crecer a los menores en un medio que no es el adecuado para su formación afectiva y espiritual, independientemente de que sean bien atendidos y alimentados en la institución, viola su legítimo derecho a desarrollarse en una familia y marca definitivamente su futuro.

Por ello, recibimos con entusiasmo la propuesta del proyecto y la preocupación evidenciada en procurar, en cada una de las instancias, que el niño pueda crecer y desarrollarse en el seno de su familia biológica.

El primer inciso del art. 607 prevé que, aun en el caso de niños cuyos padres hayan fallecido, debe agotarse la búsqueda de familiares de origen. Esta búsqueda deberá realizarla el organismo administrativo competente, hecho que pone un nuevo alerta y una nueva carga sobre los jueces que deban decretar el estado de adoptabilidad, quienes deberán verificar antes de ello que efectivamente se haya realizado una búsqueda seria antes de concluir que no se encuentran familiares de los niños huérfanos.

El plazo para dicha búsqueda ha sido fijado en treinta días, los cuales podrán ser prorrogados por un plazo igual mediante resolución fundada. Esta disposición pone en evidencia el papel protagónico del juez.

El segundo inciso del mismo artículo se refiere al caso del niño cuyos padres prestan consentimiento para la adopción. En este caso, los requisitos son: que hayan transcurrido cuarenta y cinco días desde el nacimiento; que los padres hayan tomado la decisión en forma libre e informada, hecho que supone que habrá de explicárseles los alcances y consecuencias de la misma; que se hayan agotado las medidas tendientes a que el niño permanezca en la familia de origen o ampliada, para lo cual se otorga un plazo máximo de noventa días, es decir que dicho plazo es improrrogable.

Aquí nos remitimos al análisis del inc. c del art.595 del proyecto, que establece como principio de la adopción el agotamiento de las posibilidades de permanencia en la familia de origen o ampliada.

La tercera hipótesis contempla el supuesto en que se hayan adoptado medidas para que el menor permanezca con su familia de origen o ampliada y, aun así, el intento no haya dado resultado. En este caso, el plazo máximo previsto es de ciento ochenta días.

Fiel al reconocimiento de los niños como sujetos de derecho, el proyecto prevé que ellos serán parte en el procedimiento de declaración del estado de adoptabilidad si tienen edad y grado de madurez suficiente. Ello dependerá, como es obvio, de la decisión judicial pero, aún así, se exige que el menor cuente con asistencia letrada.

Esa asistencia no se refiere a la intervención del Ministerio Público, dado que la misma está prevista en otro inciso del mismo artículo, por lo cual debemos entender que el menor deberá procurársela y que será distinta de la asistencia letrada de sus padres, que también serán parte en el procedimiento, dado que es muy probable que existan intereses contrapuestos.

Nuestra preocupación reside en la forma en que se logrará establecer esa asistencia letrada.No podemos desconocer que la determinación del estado de adoptabilidad, en la inmensa mayoría de los casos, se refiere a niños de familias de escasos recursos económicos, motivo por el cual habrá que pensar en la intervención del defensor oficial; del abogado del niño, en las jurisdicciones en que exista esa institución; en la designación de abogados de la matrícula que en cada jurisdicción están obligados a atender gratuitamente los casos que se les asignen.

Resulta apropiada la norma que establece que el juez podrá escuchar a los parientes y otros referentes afectivos del niño, dado que ello garantizará que se atienda en especial su superior interés.

Nos interesa destacar como algo positivo la insistencia en la entrevista personal, con carácter obligatorio, del juez con los padres y con el menor involucrado en la decisión.

La norma que actualmente prohíbe la entrega directa de los menores en guarda por escritura pública o acto administrativo, se mantiene en el proyecto que analizamos, pero se amplía estableciendo las consecuencias de la transgresión: la facultad del juez de separar al niño transitoria o definitivamente de su guardador. Aunque esto contempla como excepción que se compruebe que dicha entrega se funda en un vínculo de parentesco o afectivo entre los padres y los pretensos adoptantes.

V. PLAZOS PERENTORIOS

El art. 612 del proyecto establece para el juez la obligación de discernir la guarda con fines de adopción en forma inmediata al dictado de la sentencia que declara el estado de adoptabilidad.

Esta exigencia, unida a los lazos ya analizados del art. 607, ayudará a terminar con el estado de incertidumbre prolongada en que se somete a los niños institucionalizados, que pasan los años más significativos de la formación de su personalidad sin la contención y el afecto de una familia.

Por su parte, el art.614 determina que el plazo de guarda no puede exceder de seis meses y es de destacar que, una vez cumplido ese período de guarda, el proceso de adopción podrá ser iniciado no solo por los adoptantes, sino también por el juez de oficio o a pedido de la autoridad administrativa; solución esta que acelera el trámite y acorta la incertidumbre del menor.

VI. TIPOS DE ADOPCIÓN

El proyecto incorpora tres tipos de adopción: plena, simple y de integración.

Esta última está incluida en la adopción simple en la normativa aún vigente y es la que se configura cuando se adopta al hijo del cónyuge o del conviviente y se prevén expresamente los efectos de la misma entre adoptado y adoptante, según los casos.

El art. 621 reconoce amplias facultades al juez para otorgar la adopción plena o simple y también, y esto es una novedad, para mantener subsistente el vínculo con uno o varios parientes de la familia de origen en la plena o crear vínculo jurídico con uno o varios parientes de la familia del adoptante en la adopción simple.

Hay una preocupación, evidenciada en el art. 623, con relación al respeto que debe guardarse por el prenombre del adoptado.

Esta es una previsión muy importante, que solo admite excepciones fundadas que deberán ser autorizadas judicialmente. Contribuye a poner en primer lugar el derecho del niño adoptado, cuyo interés superior es que se respete su identidad.Cuando un niño, por pequeño que sea, ha aprendido a responder a un determinado nombre y a sentirse identificado con él, constituiría una grave falta de respeto que se le adjudique uno diferente, despojándolo de algo que le pertenece en lo más íntimo, solo por el hecho de que a los adoptantes no les guste o no les parezca adecuado.

Es por ello que los jueces deberán ser muy severos y muy restrictivos en la admisión de excepciones.

Esta cuestión de la identidad es de tal magnitud que, aun para los casos de adopción plena, el proyecto dispone que pueda agregarse o anteponer el apellido de origen al apellido del adoptante; por supuesto con carácter excepcional.

En términos generales, podemos afirmar que el proyecto de Código Civil, en lo que se refiere a la adopción, es aceptable y mejora muchas cuestiones que contribuyen a poner al menor involucrado en el centro de la preocupación de los jueces y a priorizar ante los padres adoptivos los intereses y derechos del adoptando.

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(1) Aiello de Almeida, María A., “Filiación por técnicas de reproducción humana asistida”, Reunión.

(2) Íd., ¿Adopción vs. interés superior del niño? Microjuris, MJD4593 .

(3) Íd., La Paz: camino para el cambio social, Ciudad Nueva, 2010, 59.

(4) Íd., “Filiación por técnicas…” cit.

(5) Art. 19 CN.

(6) Art. 610 proyecto de Código Civil.

(*) Abogada. Mediadora. Docente.

  1. Una critica con mucho sentido comun, y con la cual coincido en muchos aspectos que hacen referencia al conocimiento y desarrollo personal. No soy abogado, pero llegue a este articulo mientras buscaba informacion sobre el codigo civil de adopcion.
    Agradeceria si la autora tuviese la gentileza de contactarse al correo ingresado con este comentario. Quisiera profundizar en la bibliografia citada.
    Muchas gracias.

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