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Indemnizan a la accionante que sufrió un accidente al atascarse su mano en una de las puertas de la formación del subte

Partes: Soto Blanca c/ Metrovías S.A. y otro s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: B

Fecha: 10-jul-2012

Cita: MJ-JU-M-75249-AR | MJJ75249 | MJJ75249

Procede la demanda por daños y perjuicios derivados del accidente que sufrió la accionante al atascarse su mano en una de las puertas de la formación del subterráneo. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-Corresponde abonar los daños y perjuicios derivados del accidente que sufrió la accionante al atascarse su mano en una de las puertas de la formación del subterráneo, toda vez que acreditado efectivamente el hecho, la empresa transportadora no probó que el accidente provino de fuerza mayor o sucedió por culpa de la víctima o de un tercero por quien no sea civilmente responsable.

2.-Corresponde deducir del monto final de condena, las sumas que oportunamente la actora percibiera por parte de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, por cuanto de lo contrario se configuraría un enriquecimiento sin causa.

3.-No corresponde rechazar la indemnización por incapacidad sobreviniente por haber mediado indemnización de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, dado que si bien dichas sumas deben deducirse, no hay impedimento alguno para que el monto a establecerse en sede judicial sea diferente al fijado en sede administrativa.

4.-No corresponde rechazar la indemnización por gastos de tratamiento psicológico por no haber concedido la Aseguradora de Riesgos de Trabajo una indemnización por tal concepto, toda vez que ello no inhabilita a declarar su procedencia en sede judicial.

5.-Corresponde aplicar la tasa activa de interés desde la mora -momento del hecho- y hasta el efectivo pago conforme lo establecido en el plenario ‘Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios’ , toda vez que con su aplicación no se configura enriquecimiento indebido alguno. (Del voto del Dr. Mizrahi al que adhiere el Dr. Ramos Feijóo – mayoría).

6.-Corresponde aplicar la tasa pasiva de interés sobre las partidas fijadas a valores actuales desde que cada perjuicio se originó hasta la fecha de la sentencia definitiva, debiendo a partir de ese pronunciamiento y hasta el efectivo pago que hagan los deudores aplicarse la tasa activa de interés de acuerdo al plenario ‘Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios’ (del voto del Dr. Díaz Solimine – disidencia).

Fallo:

Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 10 días del mes de Julio de dos mil doce, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala B, para conocer en los recursos interpuestos en los autos caratulados: «Soto, Blanca B. c/ Metrovias S.A. y otro s/ daños y perjuicios» respecto de la sentencia de fs. 301/303 el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden Señores Jueces Doctores: MAURICIO LUIS MIZRAHI.- CLAUDIO RAMOS FEIJOO. -OMAR LUIS DÍAZ SOLIMINE.-.

A la cuestión planteada el Dr. Mizrahi, dijo:

I. Antecedentes

La sentencia de primera instancia, obrante a fs. 301/303, resolvió hacer lugar parcialmente a la acción promovida por Blanca Beatriz Soto y, en consecuencia, condenó a «Metrovías S.A.» al pago de una suma de dinero, con más sus intereses y costas.

Destáquese que la presente litis tuvo su origen en la demanda que luce agregada a fs. 36/41. En esa oportunidad, la accionante relató que con fecha 9 de octubre de 2008 viajaba en calidad de pasajera en una de las formaciones de la empresa demandada; que debió apoyarse en una de las puertas ya que diversos empujones la hicieron perder el equilibrio; y que al llegar a la estación la puerta comenzó a abrirse y su mano a deslizarse junto a ella, quedando finalmente atascada. Tal evento, precisamente, fue el que le habría provocado a la pretensora los diversos daños y perjuicios que reclama en estos actuados.

II. Los agravios

Contra el referido pronunciamiento se alzó la parte demandada, expresando agravios a fs. 341/346; pieza que mereció la réplica de fs. 348/355.

La emplazada se agravió de la atribución de responsabilidad dispuesta por el juez de grado. Adujo que la pretensora no había logrado acreditar en el expediente que efectivamente sufrió un accidente en una de las formaciones de Metrovías.Explicó que las experticias practicadas en la causa y las constancias del Hospital Argerich nada aportaban sobre la ocurrencia del hecho. A su vez, manifestó que la declaración testimonial de Miguel Ángel Gómez debía ser desechada.

En subsidio, la apelante resaltó que la Aseguradora de Riesgos del Trabajo ya había indemnizado a la accionante por los rubros de incapacidad sobreviniente y gastos médicos, por los que cabía rechazarlos en estos actuados. Asimismo, impugnó la procedencia y cuantía de las partidas indemnizatorias de tratamiento psicoterapéutico y daño moral. Por último, cuestionó que el a quo haya aplicado la tasa activa de interés al monto de condena.

III. Cuestiones a dilucidar. Límites en su análisis

El thema decidendum de esta Alzada quedó circunscripto a determinar: a) la atribución de responsabilidad por los hechos acaecidos, b) si correspondiere, la procedencia y cuantía de los diversos rubros indemnizatorios que fueran materia de agravio, c) la tasa de interés aplicable al monto de condena.

Razones de orden metodológico imponen dar tratamiento, en primer lugar, a la cuestión relativa a la atribución de responsabilidad. Ello en virtud de que, en caso de darse favorable acogida al planteo de la demandada, resultaría abstracto el tratamiento de los restantes agravios.

Antes de ingresar a la cuestión de fondo, es menester efectuar una advertencia preliminar: en el estudio y análisis de los agravios he de seguir el rumbo de la Corte Federal y de la buena doctrina interpretativa. En efecto, claro está que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (ver CSJN, «Fallos»: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; Fassi Yañez, «Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado, Anotado y Concordado», T? I, pág. 825; Fenocchieto Arazi. «Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Anotado», T 1, pág.620). Asimismo, en sentido análogo, tampoco es obligación del juzgador ponderar todas las pruebas agregadas, sino únicamente las que estime apropiadas para resolver el conflicto (art. 386, in fine , del ritual; CSJN, «Fallos»: 274:113; 280:3201; 144:611).

Es en este marco, pues, que ahondaremos en la cuestión de fondo del caso sub examine.

IV.La atribución de responsabilidad

IV.a. Para comenzar con el estudio de los agravios, diré que el artículo 377 CPCCN es claro en cuanto dispone que cada una de las partes debe probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare como fundamento de su pretensión, defensa o excepción. Este lineamiento significa que se pone en cabeza de quien alega un hecho la carga de su prueba. La obligación de afirmar y probar se distribuye -pues- entre las partes, dejando a la iniciativa de cada una de ellas la posibilidad de hacer valer los hechos que pretendan que sean considerados como verdaderos en el proceso (Chiovenda, Giusseppe, «Principios de Derecho Procesal Civil», t. II, pág. 253).

Conforme entonces a lo referido, la Sra. Soto -en su carácter de parte actora en el presente proceso- tenía la carga de acreditar con las probanzas pertinentes los hechos invocados; a saber, que con fecha 9 de octubre de 2008 viajaba en calidad de pasajera en una de las formaciones de la empresa demandada; que sufrió diversos empujones que la hicieron perder el equilibrio; que apoyó su mano en una de las puertas que se abría; que su mano se deslizó y quedó atascada en la puerta; y, en fin, que fue esta circunstancia la que le provocó los daños y perjuicios que reclama en esta causa.Sobre el punto, existe consenso en la doctrina y jurisprudencia en el sentido de que para que haya responsabilidad -cualquiera sea su fundamento-, o sea para que pueda hacerse gravitar sobre una persona el deber de resarcir el daño inferido a otra, es necesaria la presencia de un nexo causal -de índole fáctico- entre ese daño y el hecho que se imputa al responsable (Conf. Boffi Boggero, Luis María, «Tratado de las obligaciones», t. II, Ed. Astrea, p. 312; Bustamante Alsina, Jorge, «Teoría general de la responsabilidad civil», Ed. Abeledo Perrot, p. 361; Trigo Represas, Félix A. y López Mesa, Marcelo J., «Tratado de la responsabilidad civil», t. I, Ed. La Ley, p. 582).-

Para decirlo en otras palabras, resulta indispensable que la pretensora acredite que el hecho en el que funda su acción existió y, además, que ocurrió de la manera en que lo relata. Bien se ha dicho al respecto que siempre incumbe a quien demanda la prueba de -al menos- la relación de causalidad puramente material (Brebbia, Roberto H., «Hechos y actos jurídicos», Ed. Astrea, Buenos Aires, 1979, p. 141; Andorno, Luis O., «La responsabilidad médica», Zeus, T. 29 D-117; Vázquez Ferreyra, Roberto A., «Responsabilidad por daños. Elementos», Ed. Depalma, Buenos Aires, 1993, ps. 226 a 230; Bustamante Alsina, Jorge «Teoría General de la Responsabilidad Civil», Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, nro. 606, p. 269; Pizarro, Ramón D., en ACódigo Civil y normas complementarias», Bueres (dir), Highton de Nolasco (coord.), Bs. As., 1999, t. 3-A, págs. 543 y ss.; Bueres, Alberto J., «Responsabilidad Civil de las clínicas y establecimientos médicos», 2? ed., Bs. As., 1981, págs. 221/222).

Tras un detenido análisis de la causa, desde ya adelanto que el planteo de la encartada, referido a que no se encuentra acreditada en autos la existencia de los hechos relatados por la actora, resulta a todas luces inaudible. Veamos.En primer lugar, obra glosada en autos la denuncia realizada por la pretensora en el Libro de Quejas de la emplazada, de la que surge que «en horario de salida de mi trabajo esperando el subte y por su demora se fue amontonando la gente y en estación por estación era cada vez más e imposible acomodarse en ese trayecto llegando a Constitución me empujan, va mi mano contra la puerta, abren la puerta y corre mi mano junto a ella. El guarda estaba lejos sin saber lo que sucedía, yo pido a los gritos que abran la puerta, mi mano salió forzada, se acercó el guarda, me atendió muy bien, me guió hasta la oficina de Constitución…los supervisores Ferreyra y otros también me atendieron muy bien. Llamaron al SAME, quien tardó media hora. Me vio la Dra. Delia Godoy…quedó todo asentado ahí y luego me llevó al Argerich» (v. originales de fs. 32/33).

En definitiva, la Sra. Soto concurrió a la sede de Metrovías el día siguiente al siniestro a los efectos realizar la denuncia pertinente, quedando asentada una narración de los hechos análoga a la del escrito inaugural. Sobre el punto, considero sumamente relevante destacar que nada dijo la accionada respecto de los formularios mencionados. Es que, como mínimo, podría haber hecho mención a la existencia del supervisor de apellido Ferreyra y, en su caso, citarlo a prestar declaración testimonial.

En segundo lugar, cabe resaltar que lucen anejadas en autos diversas constancias que acreditan las atenciones médicas señaladas (v. fs. 11, 12, 106/110). Si bien es cierto que las referidas probanzas no comprueban la materialidad del evento, al menos traslucen una presunción de su veracidad. Carece de asidero el planteo de la quejosa referido a que de la historia clínica del Sanatorio Modelo de Quilmes (en donde se atendió la actora con posterioridad al Hospital Argerich) surge un relato de los hechos totalmente disímil al de la demanda.Aún cuando existen algunas discordancias, la realidad es que del informe de fecha 16 de octubre se desprende claramente que la pretensora sufrió un trauma en la mano «hace 7 días» (v. fs. 123), lo cual resulta coincidente con el resto de los elementos probatorios arrimados.

En tercer lugar, obsérvese que el día siguiente al accidente, la actora también presentó una denuncia ante la Aseguradora de Riesgo de Trabajo, de la que surge que «al momento de pretender descender del Subte C se cerraron las puertas quedando su mano derecha atrapad a» (v. fs. 113). El hecho de que la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, al momento de homologar la incapacidad, haya establecido que el siniestro fue «en su lugar de trabajo» (ver el formulario que en copia obra a fs. 115 y que fuera invocado por la emplazada en su expresión de agravios) de ninguna manera afecta la narración de los hechos. Por lo demás, en el informe de fs. 167 realizado por la misma Superintendencia, surge que la forma del accidente fue «atrapamiento entre dos objetos móviles» y que el agente material fue «Subterráneos».

Por último, se encuentra la declaración testimonial de Miguel Ángel Gómez, quien adujo que «tomamos el subte juntos, íbamos muy apretados como todos los días, al llegar a Constitución, con los movimientos que empujaban de acá para allá y ella por los empujones, tenía la mano casi apoyada en la puerta porque no tenía de dónde agarrarse y no dio tiempo y la puerta le arrastró la mano. La multitud de gente la quería ayudar y yo también hasta que vino el SAME» (v. fs. 206/208). En suma, el Sr. Gómez, que ha presenciado el siniestro, ratificó el relato de la actora, que se condice con el resto del material existencial del expediente.Sabido es que en el terreno de la apreciación de la prueba, y en especial de la prueba testimonial, el juzgador puede inclinarse por la que le merece mayor fe en concordancia con los restantes elementos de mérito que obren en el expediente, siendo ello en concreto una facultad privativa del magistrado; aunque desde luego sin apartarse de las reglas de la sana crítica. Claro está que la credibilidad de los testimonios depende de su verosimilitud, latitud, seguridad, conocimiento del deponente, razones expuestas y, en fin, de la confianza que inspiran; elementos que deben ser apreciados de conformidad con los arts. 386 y 456  del ritual (ver. Rosa, Eliézer, «Diccionario de proceso civil», Río de Janeiro, 1957, pag. 341; CNCiv, Sala A, in re «Domínguez, Nelson N. c/ Gómez Eugenio s/ daños y perjuicios», del 5/5/1998). Es esa evaluación -precisamente- la que me inclina a dar crédito a la referida declaración.

En la inteligencia apuntada, estimo que hay suficientes elementos agregados en la causa como para considerar que efectivamente la Sra. Soto sufrió un accidente mientras se transportaba en una de las formaciones de la empresa demandada.

IV.b. Tal como es sabido, en casos como el de autos el transportador incurre en principio en responsabilidad contractual por los daños que sufre el viajero por razón del transporte (ver art. 184  del Cód. de Comercio, y mi voto en autos «Argentieri c. Trenes de Buenos Aires y ot.», del 21/3/2006, ED del 11/4/2007, p. 4 y ss., n? 11.735). Ello significa que la empresa estará obligada al pleno resarcimiento de los daños y perjuicios, no obstante cualquier pacto en contrario; a menos que pruebe que el accidente provino de fuerza mayor o sucedió por culpa de la víctima o de un tercero por quien la transportadora no sea civilmente responsable. Con respecto a la génesis de esta obligación, con acierto afirma Spota que el art.184 del Código de Comercio integra el conjunto de normas atinentes al contrato de transporte y la acción del damnificado es, en primer término, de esencia jurídica contractual. Esto no impide, sin embargo, que también se apliquen los preceptos de la responsabilidad aquiliana en todo aquello que sea «separable» de la obligación de resultado asumida por el porteador; es decir, cuando con motivo o en ocasión del transporte adviene un acto ilícito y en tanto no entre en juego la valla del art. 1107  del Código Civil (vid. aut. cit., «Esencia jurídica de la responsabilidad del porteador.», JA, 1955 II 121).

El fundamento de la presunción legal de responsabilidad reside en la tácita obligación de seguridad, la cual integra el plexo del contrato y deriva del deber de buena fe que impone el art. 1198, primera parte , del Cód. Civil. Accesoria de la obligación principal, la tácita obligación de seguridad impone al transportador el deber jurídico de no sólo llevar al pasajero a su destino (obligación principal), sino también de conducirlo sano y salvo (obligación tácita accesoria); de manera que aquel es responsable por el incumplimiento contractual representado por cualquier daño que sufra el viajero en su persona o bienes.

Quedó así plasmada en la ley lo que en doctrina se califica como una responsabilidad objetiva contractual, típica de la actividad del transporte terrestre de personas (cfr. López Cabana, Roberto, «El contrato de transporte terrestre sometido al régimen de responsabilidad extracontractual. Trastornos que causa la subsistencia de una norma arcaica», en «Derecho de daños», en colaboración con Alterini, A., Ed. LA LEY, Buenos Aires, 1992, p.53 y sgtes., y sus citas, entre otros, de Bueres, Alberto J., «Responsabilidad contractual objetiva», JA, 1989 II 964); de lo que surge que el encuadre precedente favorece a la víctima, toda vez que se elimina el requisito de la prueba de la culpa en el transportador y se impone a éste la carga de acreditar los eximentes que fracturen el nexo causal, si pretende exonerarse de responsabilidad.

De lo expuesto puede concluirse que el art. 184 del Cód. de Comercio es una norma severa para con las empresas de transporte; y, obviamente, un criterio semejante debe presidir la interpretación de las causales de exculpación que contempla aquella disposición. Tal rigor se funda en la intención del legislador de inducir a las transportadoras a extremar las precauciones respecto de la calidad, perfecto estado y funcionamiento del material del que se valen; como así también para que se adopten los recaudos relativos a resguardar la seguridad de los transportados y a la capacitación, buen desempeño de su personal y el estricto cumplimiento de las leyes y reglamentos. Por otro lado, juega en la especie -como ya se dijo- la necesidad de amparar a las posibles víctimas, para quien el resarcimiento muchas veces resultaría ilusorio si tuvieran que probar la culpa del transportador (cfr. CNCiv., sala M, en autos «Gómez c. Empresa Bartolomé Mitre S.A.», del 18/3/1996 La Ley, 1998 C, 979 J.Agrup. caso 12.849 ).

Al respecto, resulta oportuno referirse a los lineamientos establecidos por la Corte Federal en sus últimos pronunciamientos sobre esta cuestión, que esta Sala ha compartido antes de ahora. En efecto, en mi voto in re «Roa García Oscar Luis c/ Trenes de Buenos Aires s/ Daños y Perjuicios» , del 29/08/2008 -publicado en LLonline- me hice eco de tales directrices al sostener que «la seguridad debe entenderse como un valor que debe guiar la conducta del Estado así como a los organizadores de actividades que, directa o indirectamente, se vinculen con la vida o la salud de las personas.La incorporación de este vocablo en el art. 42  de la Constitución Nacional, es una decisión valorativa que obliga a los prestadores de servicios públicos a desempeñar conductas encaminadas al cuidado de lo más valioso que existe en ella: la vida y la salud de sus habitantes, ricos o pobres, poderosos o débiles, ancianos o adolescentes, expertos o profanos. Así, la interpretación de la extensión de la obligación de seguridad que tiene su causa en un contrato de transporte de pasajeros, integrada con lo dispuesto por el art. 184 del Código de Comercio, debe ser efectuada teniendo en cuenta el derecho a la seguridad previsto en la Carta Magna para los consumidores y usuarios (conf. CSJN, in re «Ledesma, María Leonor c. Metrovías S.A.» , del 22.04.2008, LL, 2008 C, 529, 2008 C, 562 y 2008 C, 704, DJ 18/06/2008, 481)».

En el referido orden de ideas, hice propias las reflexiones de la Corte Suprema al precisar que el ciudadano común que accede a una estación de tren «tiene una confianza fundada en que el organizador se ha ocupado razonablemente de su seguridad. Ello es así porque la prestación de servicios masivos presenta un grado de complejidad y anonimato que resultan abrumadores para quienes los reciben».

Y continué expresando que «conforme estableciera la CSJN, un contratante racional y razonable juzgaría adecuado invertir dinero, prestar un servicio, obtener ganancias, así como adoptar los cuidados para que los usuarios puedan gozar del mismo en paz y seguridad. La persecución racional de la utilidad no es incompatible con la protección de la persona, sino por el contrario, es lo que permite calificar a un comportamiento como lo suficientemente razonable para integrar una sociedad basada en el respeto de sus integrantes. Es la Constitución Nacional la que obliga a los prestadores de servicios a brindarles un trato digno a los consumidores (art.42 Constitución Nacional). Vale decir, que se deben adoptar medidas para que sea atendido como una persona humana con dignidad, contemplando la situación de quienes tienen capacidades diferentes, o son de escasa edad, o no tienen la instrucción necesaria para comprender el funcionamiento de lo que se le ofrece. Ello incluye la adopción de medidas para que el pasajero no ponga en riesgo su integridad física (esta Sala, fallo citado).

Y bien, era la compañía demandada quien tenía la carga de acreditar que se habían tomado todas las medidas de seguridad del caso; carga incumplida que, como tal, es siempre subjetiva y recae sobre la parte a quien le es útil la prueba de que se trata (conf. Rolando Arazi y Jorge A. Rojas, «Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado y Anotado», Ed. Rubinzal Culzoni, 2003, pág. 485). En efecto, en la especie la accionada se limitó a sostener que no había acaecido el hecho tal cual fuera relatado por la pretensora.

Más allá de lo narrado, es de conocimiento público las pésimas condiciones en que el ciudadano se transporta en los subterráneos; con una pasmosa complicidad tácita del Poder Administrador que, declinando de uno de sus deberes esenciales, tolera groseramente este estado de cosas, sin adoptar las medidas que puedan corresponder. Entonces, a mayor abundamiento, esas situaciones lamentables que viven día a día los pasajeros de Metrovías constituyen también sin duda indicios graves en contra de la pretensión liberatoria que esgrime la encartada.

En función de todo lo explicitado, y atendiendo al material existencial de autos, he de proponer a mis colegas que se confirme la atribución de responsabilidad dispuesta por el juez de grado.

V. La indemnización

Antes de comenzar a tratar por separado cada uno de los rubros indemnizatorios que fueron materia de agravio, diré que asiste razón a la apelante cuando sostiene que debe deducirse del monto final de condena las sumas que oportunamente la actora percibiera de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo.Una solución contraria importaría consagrar, en el marco del presente expediente, un enriquecimiento sin causa.

V.a. En lo que respecta al rubro de incapacidad sobreviniente, la emplazada se limitó a sostener que debía rechazarse su procedencia en tanto había mediado una indemnización de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo. No coincidiré con esta apreciación. Si bien es cierto que deben deducirse las sumas percibidas de la ART, no hay impedimento alguno para que el monto a establecerse en esta sede sea diferente al fijado en sede administrativa.

Por lo tanto, considerando que el juez de grado dispuso por esta partida una indemnización de $26.000 (cuyos parámetros no han sido materia de agravio por ninguna de las partes), que la accionante percibió de La Holando Sudamericana Cía. de Seguros la suma de $4.423,97 en concepto de incapacidad laboral temporaria y el importe de $11.766,82 por incapacidad laboral permanente (v. fs. 117/118), el monto final de condena pasará a ser de $9.809,21. Así he de votar.

V.b. Seguidamente me referiré a los gastos de farmacia, atención médica y movilidad (traslados). Al respecto, la jurisprudencia ha decidido que resulta procedente el reintegro de este tipo de erogaciones en que debió incurrir la víctima como consecuencia de un hecho ilícito. Y ello es así aunque no exista prueba documentada que demuestre precisa y directamente su erogación, siempre que resulte razonable su correlación con la lesión sufrida y el tiempo de su tratamiento. Lo propio acontece aún en el caso de que el damnificado haya sido atendido en hospitales públicos o que cuente con cobertura social, toda vez que siempre existen erogaciones que no son completamente cubiertas (cfr. esta Sala, «Chaparro c/ Coop. Ltda. de Seguros Bernardino Rivadavia s/ ds. y ps.», del 18/4/96; íd., mi voto in re «Hidalgo c/ Rolón», del 5/3/07).

Sin embargo, asiste razón a la encartada cuando sostiene que estas erogaciones fueron oportunamente cubiertas por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo.En efecto, la actora percibió por estos conceptos una suma de $5829,51, que es inclusive mayor a los $3.000 concedidos por el juez de grado. Por lo tanto, habré de rechazar la presente partida indemnizatoria.

V.c. En lo que respecta al tratamiento psicológico, cabe efectuar similares consideraciones a las ya esbozadas en el rubro de incapacidad sobreviniente. El hecho de que la Aseguradora de Riesgos de Trabajo no decidiera conceder una indemnización por este concepto (que fue la queja de la apelante) de ninguna manera inhabilita a esta sede a declarar su procedencia. Por lo tanto, y no estando cuestionado el informe del experto y la cuantía del rubro, habré de proponer al Acuerdo la confirmación de la sentencia de grado.

V.d. El magistrado que me precedió fijó en concepto de daño moral la suma de $ 10.000; decisum que también generara el agravio de la emplazada.

Al respecto, he de destacar que en general se admite que para que estemos ante un daño moral es indispensable que se trate de una lesión a los sentimientos o afecciones legítimas, perturbándose la tranquilidad y el ritmo normal de vida, por lo que constituye una alteración desfavorable en las capacidades del individuo para sentir, querer y entender; traduciéndose en un modo de estar de la persona diferente de aquél en que se hallaba antes del hecho.

Es que el daño moral -en tanto configura un menoscabo a los intereses no patrimoniales- es el conjunto de sinsabores, angustias, pesares, sufrimientos, etcétera, que el injusto provocó en el damnificado; más allá de las secuelas de orden psíquico que el episodio pueda o no dejar en la víctima, según su peculiar sensibilidad y circunstancias personales (ver Cammarota, Antonio, «Responsabilidad extracontractual. Hechos y actos ilícitos», ed. Depalma, Buenos Aires, 1947, p. 102; Zavala de González, Matilde, «Resarcimiento de daños, T. 2b, pág. 593 y ss.; Zannoni, Eduardo A., «El daño en la responsabilidad civil», Ed. Astrea, p.287; CNCiv, Sala C, 22-12-2005, «Vega Rubilan, Soria de las Mercedes c/ Transporte Automotor General Las Heras SRL», LL, online; íd., Sala E, 26-5-2006, «Montalbetti, Carlos F. y otros c/ Microómnibus Sur SAC y otros»).

Ahora bien, el daño moral recae en el lado íntimo de la personalidad; y al respecto es verdad que nadie puede indagar el espíritu de otro tan profundamente como para poder afirmar con certeza la existencia, y en su caso la intensidad, del padecimiento y angustia que se invoca. Es que se trata de un sentimiento que, como decía Kant, representa un estado que «no contiene más que lo subjetivo puro» (ver «Principios metafísicos del Derecho», p. 13, Imprenta de José María Pérez, Madrid, 1873).

No obstante lo expuesto, la circunstancia de que nos hallemos ante supuestos de alteraciones emocionales profundamente subjetivas e inescrutables no ha de impedir la evaluación del juez, la que -necesariamente- tendrá que ser objetiva y abstracta; para lo cual se considerará cuál pudo ser hipotéticamente el estado de ánimo de una persona común, colocada en las mismas condiciones concretas en que se encontró la víctima del acto lesivo (ver Bustamante Alsina, Jorge, «Teoría General de la Responsabilidad civil», p. 247, 9° edición, Abeledo Perrot, 1997). En este sentido, no parecería un requisito necesario la demostración por el accionante de la existencia en sí del daño moral; a tal punto que se ha sostenido que dicha prueba -de producirse- sería irrelevante para el Derecho, pues lo que hay que tener en cuenta es el dolor o sufrimiento moral que el hecho en cuestión produce normalmente en los sujetos, dado que se estaría ante un efecto «previsto de antemano por la norma» (ver Brebbia, Roberto H., «El daño moral», p. 86, Ed. Orbir, 2?edición, Rosario, 1967). De todas maneras, y en lo que hace a la magnitud y el alcance del daño moral, es verdad que podrá ser presumido por el juez por vía indirecta, tras la prueba por la víctima de determinadas situaciones por las que ella transita a raíz del injusto (ver Zabala de González, Matilde, «Resarcimiento de daños», T. 2b, p. 593 y ss.).

Más allá de lo arriba especificado, y en lo que refiere al quantum indemnizatorio, no puede soslayarse que esta Sala ha venido concediendo por este concepto -en casos con incapacidades análogas a la de autos- sumas similares a la establecida en el pronunciamiento de grado (ver, in re «Sidlovich, Daniel c/ Ratta, Fabián Leonardo s/ Daños y perjuicios», del 08/02/2011, Expte. Libre N° 563.062; «Muller, Paula Valeria c/ Microómnibus Norte S.A. s/ Daños y perjuicios», del 28/03/2010, Expte. Libre Nº 534.761; «Cardozo, Pablo Antonio c/ García, Edgardo Osvaldo s/ Daños y perjuicios», del 28/10/2009, Expte. Libre Nº 533.269; entre otros).

A la luz de lo decidido en los citados precedentes -todos ellos de reciente data y que se corresponden en sus proporciones con tantos otros anteriores y con fallos de otras Salas, como por ejemplo, Sala J, «Llanes, Edison Gabriel c/ Wilson, Emanuel Diego s/ Daños y perjuicios», del 09/09/11; Sala G, «Mattos Vega, Richard Eusebio c/ Herrlein Jorge Alberto s/ Daños y perjuicios», del 30/08/11; Sala I, «Espino, María Elisa c/ Stagliano, Mauro David s/ Daños y perjuicios», del 14/04/11; Sala C, «Silva, Nicómedes Ramón c/ Empresa San José S.A. s/ Daños y perjuicios», del 28/09/11; Sala A, «Fernandez, Miguel Angel c/ Ibañez, Leonardo Maximiliano s/ Daños y perjuicios, del 8/6/11; entre otros-; y sin desconocer que cada caso concreto tiene sus particularidades, estimo que el importe otorgado por el juez de grado por la partida en estudio resulta ajustado a derecho.Es por ello que, en pos de la seguridad jurídica, la coherencia que es dable requerir en las sentencias, y la necesidad de que reine cierto grado de previsibilidad en los procesos judiciales (ver mi voto in re «Carbajal, Nora Antonia c. Aragón, Olga y otros», del 12/04/2010, LL, 2010-E, 14 con nota aprobatoria en este sentido de Mendelewicz, José, «El valor de los precedentes judiciales. Fundamentos para la cuantificación del daño moral», Microjuris Argentina, MJD4849), propondré al Acuerdo su confirmación (arg. art. 165  del ritual).

VI. Los intereses

En lo que se refiere a los intereses, la demandada cuestionó la aplicación de la tasa activa de interés desde el momento del hecho y hasta el efectivo pago. Sobre el punto, destáquese que en el caso se impone la vigencia del art. 303  del ritual, que establece para todo el fuero la obligatoriedad de los fallos plenarios. Sobre el asunto, repárese que en la sentencia de esta Cámara, en pleno, en los autos «Samudio de Martínez, Ladislada c/ Transporte Doscientos setenta S.A. s/ Daños y Perjucios» , dictada el 20 de abril de 2009, se resolvió dejar sin efecto la doctrina fijada en los fallos plenarios «Vazquez, Claudia c/ Bilbao, Walter y Otros»  (del 2-8-1993) y «Alaniz, Ramona Evelia c/ Transporte 123 S.A.»  (del 23-3-2004), disponiéndose aplicar desde la mora (en el caso, el día del hecho) la tasa de interés activa cartera general (préstamos), nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.

Es verdad que el mentado plena rio admite una solución diversa cuando acontezca «una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido». Pero esa singular especie comporta una situación harto excepcional, que se aparta de la regla general, y que -para que pueda tener lugar- debe ser acreditada fehacientemente y sin el menor asomo de duda en el marco del proceso.A mi juicio no obran en la causa constancias que certifiquen que, con la aplicación de la tasa activa desde el día del hecho, se configuraría el mentado «enriquecimiento indebido»; como tampoco existen elementos que siquiera lo hagan presumir.

En función de lo expuesto, he de proponer al Acuerdo que se confirme en este aspecto la sentencia de primera instancia y, por ende, que se le adicionen al capital de condena de autos los intereses a la tasa mencionada, los que se computarán desde el evento dañoso y hasta el momento del efectivo pago

VII. Conclusión

A tenor de las consideraciones fácticas y jurídicas desplegadas a lo largo del presente voto, propongo al Acuerdo confirmar la sentencia de primera instancia en lo principal que decide y modificarla en lo que al monto de condena, que pasará a ser de pesos veinticuatro mil ochocientos nueve con veintiún centavos ($24.809,21), con más sus intereses. Éstos se calcularán, desde el día del hecho dañoso y hasta el momento del efectivo pago, a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida, a treinta días, del Banco de la Nación Argentina. Las costas de Alzada se imponen de igual modo que en primera instancia (art. 68, 1era. parte , del CPCCN).

El Dr. Ramos Feijóo, por análogas razones a las aducidas por el Dr. Mizrahi, votó en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

El Dr. Díaz Solimine dijo:

Al fundado voto del distinguido Vocal preopinante, adheriré con la aclaración que expondré seguidamente sobre el agravio referido a los intereses, con los cuales disiento.

En lo que hace a la tasa de interés que debe aplicarse, la doctrina sentada en los autos «Samudio de Martinez» referidos por Sr. Vocal, obliga a aplicar, conforme su punto III, la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.Sin embargo, la convocatoria incluyó un cuarto punto referido al tiempo en que dicha tasa debía aplicarse, lo que deja al descubierto que, a pesar de la amplia mayoría con que contara la mentada tasa activa- luego de fracasar la moción sustentada, entre otros, por los vocales de la Sala «C» de esta Excma. Cámara -la cual integro-, en el sentido de dejar libertad a los jueces para establecerla en cada caso en particular- había una opinión generalizada de adecuar la aplicación de dicho rédito atendiendo a diversas circunstancias como pueden serlo la forma de establecer el monto de la condena, las indemnizaciones u otras obligaciones a las que pudiera aplicársele, la necesidad de acortar el tiempo de los procesos, etc., considerando así diversas tasas según el período en el que debía enjugarse el daño moratorio.

Sin alterar acertadamente, la doctrina plenaria sentada en el fallo «Gómez» respecto al tiempo que se produce la mora de la obligación de indemnizar con relación a cada perjuicio, ello no implica, per se, que hasta el efectivo cumplimiento deba aplicarse la votada tasa activa, sino que será así siempre que no se altere el contenido económico de la sentencia, importando un desplazamiento injustificado de bienes del patrimonio del deudor al del acreedor.

Es que la imposibilidad de hecho de fijar valores históricos con relación a indemnizaciones por incapacidad o daño moral, entre otros rubros, dada la cambiante realidad que ha caracterizado a la zigzagueante y poco ortodoxa economía de nuestro país, ha llevado en la especie a establecer a la fecha de su pronunciamiento los valores de las diversas partidas.

De ahí que atendiendo a los valores que ya se encontraban actualizados al fallo apelado, se consideró, en casos similares y luego de dictado el fallo «Samudio» que la tasa pasiva promedio que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina era la que correspondía aplicar sobre aquellas partidas fijadas a valores actuales desde que cada perjuicio se originó hasta la fecha de la sentencia definitiva, debiendo apartir de este pronunciamiento y hasta el efectivo pago que hagan los deudores aplicarse la tasa activa que resulta obligatoria en los términos del artículo 303 del CPCC.

Lo que así voto.

Con lo que terminó el acto: MAURICIO LUIS MIZRAHI.-

CLAUDIO RAMOS FEIJOO.

OMAR DÍAZ SOLIMINE.-

Es copia fiel del Acuerdo que obra en la Pág. n° 1888 a n° 1894 del Libro de Acuerdos de esta Sala B de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

Buenos Aires, Julio 10 de 2012.-

Y VISTOS: Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, se resuelve: confirmar la sentencia de primera instancia en lo principal que decide y modificarla en lo que al monto de condena, que pasará a ser de pesos veinticuatro mil ochocientos nueve con veintiún centavos ($24.809,21), con más sus intereses. Éstos se calcularán, desde el día del hecho dañoso y hasta el momento del efectivo pago, a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida, a treinta días, del Banco de la Nación Argentina. Las costas de Alzada se imponen de igual modo que en primera instancia.

Teniendo en cuenta como se decide en esta instancia, difiérese la adecuación dispuesta por el art. 279  del Código Procesal respecto de las regulaciones practicadas a fs. 304, así como la determinación de los honorarios correspondientes a la tarea desplegada en la Alzada, hasta tanto exista liquidación definitiva aprobada (conf. art. 1  de la ley N° 24.432).

Notifíquese y devuélvase.-

(en disidencia parcial)

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