La declaración del testigo único resulta verosímil por la cercanía con los hechos desencadenantes del conflicto

Partes: Chacon Carlos Alberto y otro c/ García, Ricardo Armando y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: M

Fecha: 22-ago-2012

Cita: MJ-JU-M-75238-AR | MJJ75238 | MJJ75238

Procede la demanda por daños y perjuicios ocasionados al actor que, mientras realizaba tareas como cartonero, fue embestido de forma imprevista y agresiva por el demandado, pues resulta verosímil la declaración del testigo único por la cercanía con los hechos desencadenantes del conflicto y la pronta verificación policial de su presencia en el lugar.

Sumario:

1.-Corresponde revocar la sentencia de anterior instancia, y consecuentemente hacer lugar a la demanda de daños y perjuicios interpuesta, pues resulta verosímil y cabe otorgarle mayor credibilidad a la declaración del testigo en cuanto sostuvo que el actor fue embestido en forma imprevista y agresiva por el demandado mientras realizaba tareas como cartonero.

2.-Procede la demanda por los daños y perjuicios ocasionados al actor, quien fue embestido por el vehículo de propiedad del demandado conforme lo previsto por el art. 1113, 2º párr., 2º parte , del CCiv., pues este último no probó ningún eximente legal de responsabilidad.

3.-No corresponde restar valor a los dichos de un testigo único, pues no importa tanto el número como la calidad de los testigos, en tanto el testimonio resulte verosímil, más aún cuando ha existido verificación policial de su presencia en el lugar de los hechos.

4.-Corresponde atribuir a los porcentajes de incapacidad meras pautas referenciales para cuantificar el daño, siendo decisivo las consecuencias que las secuelas le aparejaron a la víctima en su vida laboral y de relación.

5.-Corresponde abonar al actor los gastos médicos, no siendo necesaria una prueba directa de los mismos, bastando su correlación con las lesiones sufridas al tiempo de su tratamiento, aún cuando el damnificado haya sido tratado en un establecimiento gratuito.

6.-Corresponde considerar a los fines de la fijación del quantum del daño moral, su carácter resarcitorio, la índole del hecho generador de la responsabilidad, la edad de la víctima y la entidad del sufrimiento causado, el cual no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a éste.

7.-No procede la indemnización por lucro cesante cuando el actor no ha demostrado en forma concreta y fehaciente los ingresos que se habría privado de percibir a causa del accidente.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 22 días del mes de agosto del año dos mil doce, hallándose reunidos los señores jueces de la Sala «M» de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Dres. Elisa M. Diaz de Vivar, Mabel De los Santos y Fernando Posse Saguier, a fin de pronunciarse en los autos «Chacon, Carlos Alberto y otro c/García, Ricardo Armando y otros s/daños y perjuicios», la Dra. De los Santos dijo:

I. Antecedentes

Que en la sentencia de fs. 492/497 se rechazó la demanda incoada por Miguel Chacon contra Ricardo Armando García y Caja de Seguros SA, con costas.

La demanda se originó por los daños y perjuicios que habría sufrido el actor el día 27 de septiembre de 2006 a las 20:00 horas, en la calle Juncal, entre Uruguay y Talcahuano, de esta Ciudad, mientras se encontraba realizando tareas como «cartonero», al haber sido atropellado por el vehículo Mercedes Benz 280 de propiedad del demandado García.

La sentencia fue recurrida por el accionante, quien en la expresión de agravios de fs. 514/519 cuestionó que se rechazase la demanda. El traslado conferido no fue contestado por el demandado ni la citada en garantía.

II. Responsabilidad del automovilista.

Al tratarse de un accidente entre un peatón y un automóvil, la cuestión debe resolverse de conformidad con lo previsto por el art. 1113, segundo párrafo, segunda parte  del Código Civil que consagra la responsabilidad objetiva. En tales supuestos, el actor debe probar la intervención de la cosa riesgosa en el caso (el riesgo se presume ante un vehículo en movimiento) y el daño, mientras que incumbe a los demandados alegar y acreditar la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder, o el caso fortuito ajeno a la cosa a fin de liberarse total o parcialmente.

Ahora bien, al expresar agravios el apelante dirigió sus críticas a que se tuviese por no probada la existencia del hecho.En primer lugar, se agravió de que no se tuviera en cuenta la confesión ficta del demandado (art. 417  del Cód. Procesal). A su vez, alegó que en ocasión del accidente se encontraba juntando cartones sin prestar atención al lugar ni al horario, pues no tenía reloj. Asimismo, cuestionó que no se tuviese por acreditado el arribo del SAME por un error de tipeo y se analizase la declaración del testigo Liberto con severidad en los detalles.

En cuanto al primero de los argumentos, cabe puntualizar que la confesión ficta sólo tiene valor probatorio en la medida de su concordancia con los restantes elementos acopiados en la causa (art. 417, 2° párrafo, CPCCN).

La norma tiene fundamento en que los medios de prueba no constituyen compartimentos estancos: no puede analizarse ninguno sin hacer incursiones en los demás y cada uno de ellos reposa en mayor o menor medida sobre los otros. Así, unos y otros aparecen como elementos de un conjunto y será éste el que dará la prueba sintética y definitiva sobre la que podrá apoyarse la reconstrucción de los hechos (Gorphé, François, La apreciación judicial de las pruebas, Fedye, Buenos Aires, 1967, p. 463).

Siguiendo ese criterio, cabe destacar que en la causa penal labrada con motivo del hecho de autos, el cabo Cañete declaró que se apersonó en la calle Juncal 1306 de esta Ciudad y se entrevistó con Antonio Nicolás Liberto, quien le relató que observó cuando un vehículo Mercedes Benz, color gris, dominio TVH-648 o THV-648 en forma imprevista y agresiva empezó a empujar a un masculino con su carrito, lesionándolo y provocando que cayera al suelo.Liberto explicó que se acercó para auxiliarlo y que el automovilista descendió del rodado, queriendo increpar al joven (Chacon), mientras que él con la intención de apaciguar los ánimos, exhibió su credencial de policía retirado, lo que hizo reaccionar al conductor de manera más agresiva, propinándole un golpe de puño a la altura del pecho, sin ocasionarle lesión alguna pero sí un gran malestar. Afirmó que seguidamente el conductor continuó insultando al testigo y amenazándolo. Luego de ello, el conductor del vehículo, subió al mismo y se dio a la fuga por la calle Juncal, con dirección al norte. Precisó que se trataba de un hombre de 40 años, contextura corpulenta, pelo corto, tez trigueña y llevaba un chaleco oscuro y un pantalón de jean. Agregó que arribó una ambulancia del SAME, atendió a Chacon y le diagnosticó «dolor abdominal sin lesión visible alguna», no derivándolo a ningún nosocomio (v. fs. 1/ 2 de la causa penal). A su vez, en aquella oportunidad se procedió al secuestro del carrito (v. fotografía a fs. 17 de la causa penal).

Con posterioridad, el testigo Liberto declaró en sede policial en los mismos términos. En esa oportunidad, agregó que el personal de SAME diagnóstico al joven que juntaba cartones una «crisis nerviosa sin lesión alguna» (v. fs. 6).

Por su lado el actor relató en sede penal que el 27 de septiembre de ese año (2006), aproximadamente a las 19:00 horas, en la intersección de Talcahuano y Juncal, en forma imprevista, un vehículo particular del cual no recordaba color, marca ni patente, lo embistió, provocándole la caída al suelo, por lo que recibió el auxilio de ocasionales transeúntes, quienes solicitaron la presencia de personal policial. A su vez, señaló -tal como narró el testigo Liberto- que el conductor se bajó del vehículo, lo insultó, intentó agredirlo pero un policía retirado lo impidió, y luego se dio a la fuga.Agregó que arribó al lugar un móvil policial y una ambulancia del SAME que lo trasladó al Hospital Fernández.

Ahora bien, de las constancias remitidas por el SAME surge que la víctima recibió asistencia médica aunque se informó que aquél no fue trasladado (fs. 226 y 255). En cuanto a la fecha, puede advertirse que en el informe de fs. 226 se incurrió en un error manifiesto en tanto se consignó que el evento ocurrió el 27 de septiembre de 2009, cuando todavía esa fecha no había transcurrido (el informe data del 15/7/2009) y en la contestación de fs. 255 se señaló que el hecho sucedió el 27 de septiembre de 2008, año que no coincide con el indicado en la causa penal y en la demanda (2006).

Asimismo, el Hospital Fernández informó que habiendo revisado las prestaciones realizadas en la Guardia en las fechas señaladas no surge del Libro de Intervenciones atención alguna a nombre de «Chacón Miguel» (fs. 371), mientras que el actor aseveró en la demanda que había sido trasladado a ese nosocomio, tal como lo expuso el testigo presencial, Sr. Liberto, en su declaración rendida en sede penal.

Por su parte, el perito médico dictaminó que el actor presenta un esguince cervical de grado leve (incapacidad 4%), con relación causal con el hecho denunciado (fs. 439/445).

En otro orden de ideas, no soslayo que el actor manifestó en sede penal que el hecho ocurrió a las 19:00 horas, mientras que en esta sede afirmó que fue a las 20:00 horas. Tampoco que en el escrito de inicio consignó que el vehículo embistente fue un «Renault Mercedes Benz 280 dominio THV-648», cuando Renault y Mercedes Benz son dos marcas distintas.Sin embargo, la diferencia horaria no resulta de relevancia para poner en duda los hechos, pues el testigo declaró que ocurrieron a las 19:30 horas -lo cual coincide con los registros del SAME-, como así también es razonable considerar que la imprecisión en la marca del rodado se debió a un error de tipeo al confeccionar la demanda.

En ese contexto, al analizar en forma conjunta la totalidad de las pruebas agregadas a la causa, aún ante las divergencias presentadas en autos (algunas motivadas por el actor y otras ajenas a su parte), considero que las probanzas acopiadas dan cuenta suficientemente de la existencia de los hechos y de la intervención del vehículo del demandado. En especial, considerando que no hay ninguna razón para dudar de la sinceridad del testigo Liberto, quien declaró sobre los hechos que presenció ante un agente de la Policía Federal que se constituyó en el lugar a los pocos minutos de ocurrido el evento. Es que aun cuando se trate de un testigo único, como señala reiteradamente la jurisprudencia y la doctrina procesal, ello no resta valor a sus dichos pues no importa tanto el número como la calidad de los testigos. En tal sentido, no sólo el testimonio de Liberto resulta verosímil, sino que también cabe otorgarle mayor credibilidad a su declaración por la cercanía con los hechos desencadenantes del conflicto y la pronta verificación policial de su presencia en el lugar.

Por último, cabe puntualizar que la certeza exigible para el proceso no es una certeza matemática sino una probabilidad lógica prevaleciente sobre su acontecimiento, tal como resulta del conjunto de la prueba antes aludida (v. mi voto en el expte. n° 106.324/00, «Rafaelli, C. M. c/G.C.B.A. s/ds. y ps.» del 19/2/07, con cita de Muñoz Sabaté, Luis, Técnica Probatoria, Praxis, Barcelona, 1993, pág. 65 y sgtes. y Taruffo, Michele, La prueba de los hechos, Trotta, 2005, pág.299).

Por todas estas razones, estimo que debe tenerse por acreditado el acaecimiento del hecho y la intervención de la cosa riesgosa, mientras que los demandados no alegaron, ni mucho menos probaron, alguna de las eximentes legales de responsabilidad.

En consecuencia, si mi opinión fuere compartida, corresponderá admitir los agravios del actor y revocar la sentencia de grado, debiendo García responder por los daños y perjuicios que se encuentren debidamente probados y guarden un adecuado nexo de causalidad con el evento (arts. 901 , 905, 906 , 1067, 1068, 1069  y concordantes del Código Civil). Asimismo, la condena deberá hacerse extensiva a la citada en garantía en los términos del art. 118  de la ley 17.418.

III. Cuantificación de la indemnización.

III. a) Incapacidad psicofísica.

Cuando se indemniza una incapacidad no sólo cabe justipreciar el aspecto laboral sino también las consecuencias que afectan a la víctima, tanto desde el punto de vista individual como desde el socia l, lo que confiere un marco de valoración más amplio (Fallos 318:385 ).

Respecto del daño psíquico, cabe puntualizar que corresponde su indemnización cuando la entidad y gravedad de las repercusiones anímicas disvaliosas, perturbaciones, aflicciones, angustias, adquieran carácter patológico y cuando la afectación patrimonial a las actitudes laborativas o productivas se torna permanente (v. Galdós, Jorge Mario, «Acerca del daño psicológico», JA 2005-I, fasc. 10).

En la especie, el perito médico dictaminó a fs. 439/445 que el actor presenta un esguince cervical de grado leve, que guarda relación causal con el hecho denunciado, por el cual presenta una incapacidad que estimó en el 4%. A su vez, el perito señaló que no se evidenciaron alteraciones del esquema corporal ni pérdida de fuerza alguna, como tampoco requiere de tratamientos futuros.En cuanto a la esfera psicológica, el perito fue contundente al afirmar que no presenta incapacidad psíquica alguna.

Resulta sabido que los porcentajes de incapacidad constituyen meras pautas referenciales para cuantificar el daño, mientras que lo decisivo son las consecuencias que las secuelas le aparejaron a la víctima en su vida laboral y de relación.

Desde esa perspectiva, teniendo en cuenta que se trata de una lesión leve, con baja incidencia en la productividad del actor, quien se desempeña como «cartonero», y cuenta actualmente con 24 años (quien es soltero y no tiene hijos), propongo fijar la suma de $4.000 como resarcimiento por la incapacidad física (cfr. art. 165  del CPCC), desestimando el reclamo relativo a la esfera psicológica por no existir secuela resarcible de esa índole.

III. b) Tratamiento psicoterapéutico y/o psiquiátrico – Tratamiento kinésico-fisiológico

Toda vez que del dictamen del perito médico surge -como se aludió precedentemente- que el actor no requiere tratamiento terapéutico futuro alguno, no cabe sino desestimar el reclamo por los ítems señalados en el encabezado.

III. c) Gastos derivados del accidente.

Cabe recordar que no es necesaria una prueba directa de los gastos médicos, pues basta su correlación con las lesiones sufridas al tiempo de su tratamiento, aún cuando el damnificado haya sido tratado en un establecimiento gratuito o dependiente de una obra social, en tanto ello no lo exime del pago de los medicamentos y elementos utilizados en el tratamiento.

En cuanto a los gastos de movilidad, se trata de erogaciones que pueden inferirse a partir de la naturaleza de la lesión y la necesidad del damnificado de realizar traslados al hospital, clínica o consultorio médico.

De acuerdo a lo expuesto, y teniendo en cuenta las secuelas leves padecidas por el actor, propongo al Acuerdo fijar la indemnización en $200 (cfr. art. 165 del CPCC).

III.d) Daño moral.

El daño moral importa una lesión a los intereses extrapatrimoniales y a las afecciones legítimas, provocado por el ataque a los sentimientos por el sufrimiento padecido, vale decir, un detrimento de orden espiritual causado por las inquietudes, molestias, fobias o dolor (cfr. Zannoni, Eduardo A., El daño en la responsabilidad civil, Ed. Astrea, Buenos Aires, 2da. ed., pág. 231; Belluscio Zannoni, Código Civil, Astrea, Buenos Aires, 2002, t. 5, pág. 114). A los fines de la fijación del quantum del daño moral debe tenerse en cuenta su carácter resarcitorio, la índole del hecho generador de la responsabilidad, la edad de la víctima y la entidad del sufrimiento causado, que no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a éste (Fallos 316:2894; 321:1117 ).

A partir de estas premisas, sin perjuicio del carácter estimativo de la cuestión, pues se trata de un demérito que no es susceptible de ser apreciado cabalmente en dinero, teniendo en cuenta las características personales del damnificado, propongo al Acuerdo establecer en tal concepto la suma de $5.000 (art. 165, CPCCN).

III. e) Lucro cesante.

Para que proceda la indemnización por este concepto el actor debía demostrar en forma concreta y fehaciente los ingresos frustrados. Es que el lucro cesante no puede concebirse como un ítem hipotético o eventual, ya que por su naturaleza es un daño cierto que sólo puede ser reconocido cuando se acredita, por prueba directa, su existencia y cuantía.

En autos, no hay prueba alguna de los ingresos que el accionante se habría privado de percibir a causa del accidente, por lo que corresponde desestimar la procedencia del reclamo por lucro cesante.

III. f) Daños futuros.

Con respecto a los daños futuros, sólo podrá tomarse en cuenta aquellos en que exista certeza de que han de producirse (cfr.Moisset de Espanés, Luis, «Reflexiones sobre el «daño actual» y el «daño futuro», con relación al daño emergente y al lucro cesante», E.D. 59-791).

Atento a que el reclamante no alegó ni acreditó ninguna prueba de algún daño futuro vinculado causalmente con el accidente objeto del presente juicio, corresponde desestimar también la partida reclamada en tal concepto.

IV. Tasa de interés.

Conforme la postura adoptada por este Tribunal, la aplicación de la tasa activa que dispone el plenario «Samudio de Martínez, Ladislaa c/Transportes Doscientos setenta S.A. s/daños y perjuicios»  debe liquidarse desde la mora respecto de los montos líquidos a esa fecha, cuyo reintegro o pago proceda. Sin embargo, a los fines de que no se produzca una situación que importe un enriquecimiento indebido, respecto de aquellos ítems cuya determinación cuantitativa ha sido realizada conforme valores vigentes al tiempo de la sentencia, la tasa activa establecida en el plenario se aplicará desde la sentencia o en su caso desde la fecha de la peritación, si el monto ha sido establecido a ese momento sobre la base del informe pericial. En estos casos, la tasa a liquidar desde la mora hasta el inicio del cómputo de la tasa activa será del 8% anual (conf. esta Sala en autos «Silva, A. A. c/ Palumbo, Jorge F. s/ Ds. y Ps.» del 21/05/09, expte. n°69.296/00, entre otros).

En consecuencia, los intereses sobre los ítems que integran la condena habrán de liquidarse a la tasa del 8% anual desde la fecha del accidente hasta el presente pronunciamiento que determinó la indemnización a valores actuales, y desde allí en adelante hasta el efectivo pago, a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.

V.Costas.

En atención al modo que propongo que se decidan los agravios, corresponderá imponer las costas al demandado vencida y a su aseguradora, por no existir mérito para apartarse del principio objetivo de la derrota legislado por el art. 68  del C.P.C.C.N.

VI. Por las razones expuestas, propongo con mi voto revocar la sentencia apelada, admitiendo la demanda promovida por Chacon y condenando a Garcia y la citada en garantía a pagar al actor la suma de $9.200, con más sus intereses en la forma establecida en el considerando IV e imponer las costas a los accionados en ambas instancias, en su condición de vencidos (art. 68, CPCCN).

Los Dres. Fernando Posse Saguier y Elisa M. Diaz de Vivar adhieren por análogas consideraciones al voto precedente. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mi que doy fe.

Fdo: Mabel De los Santos, Fernando Posse Saguier y Elisa M. Diaz de Vivar.

Ante mi, María Laura Viani (Secretaria). Lo transcripto es copia fiel de su original que obra en el libro de la Sala. Conste.

MARIA LAURA VIANI

Buenos Aires, 22 de agosto de 2012.

Y Visto:

Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedente, el Tribunal Resuelve: 1. Revocar la sentencia de fojas 492/497 y hacer lugar parcialmente a la demanda promovida por Miguel Chacon, condenando a Ricardo Armando García y Caja de Seguros SA. a abonar al actor la suma de $9.200 con más los intereses -conforme se dispuso en el considerando IV- y las costas, dentro del término de diez días de quedar firme la liquidación respectiva, bajo apercibimiento de ejecución. 2. Imponer las costas de Alzada a la demandada y la citada en garantía (art. 68 del CPCCN). 3. Diferir la regulación de honorarios por los trabajos realizados en la Alzada, para una vez que se encuentren determinados los correspondientes a la instancia anterior (art. 14  del Arancel).

Regístrese, notifíquese y devuélvase. –

MABEL DE LOS SANTOS

FERNANDO POSSE SAGUIER

ELISA M. DIAZ de VIVAR

MARIA LAURA VIANI

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