La frustración de los contratos resueltos injustificadamente en el leasing no implica per se la pérdida de los vehículos.

Partes: Antidin Omar H. c/ Román Servicios s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: B

Fecha: 29-ago-2012

Cita: MJ-JU-M-75269-AR | MJJ75269 | MJJ75269

En el leasing la frustración de los contratos resueltos injustificadamente no implica per se la pérdida de los vehículos, sino la de la posibilidad de adquirirlos definitivamente, por lo que debe ser objeto de indemnización la chance misma, y no la ganancia o pérdida que era objeto de aquélla.

Sumario:

1.-A diferencia de lo que acontece por ejemplo en un contrato de compraventa, en donde el comprador adquiere la propiedad del bien objeto del mismo y si se frustra puede reclamar el valor de aquél, en el caso del leasing, recién al cumplirse el pago de las tres cuartas partes del valor del canon total pactado (art. 14  ley 25248), el tomador cuenta con tres opciones: 1) ejercer la opción de compra, cancelar el saldo y adquirir el dominio del bien (posibilidad siempre existente, puesto que de no ser así no podría tratarse de un contrato de leasing -conf. art. 1 ley 25248); 2) no ejercer dicha opción de compra y restituir el bien; y, por último, 3) la de prorrogar el contrato (art. 15  ley citada).

2.-La frustración de los contratos no implica per se la pérdida de los vehículos, sino la de la posibilidad, más o menos probable en el contexto de la relación emanada del contrato de leasing celebrado entre las partes, de que el actor decidiera adquirirlos definitivamente ejerciendo, en su momento, la opción de compra y abonando el precio convenido.

3.-Lo que debe ser objeto de indemnización es la chance misma, y no la ganancia o pérdida que era objeto de aquélla.

4.-La reparación del lucro cesante no se apoya en una simple posibilidad de ganancia, ni constituye un enriquecimiento sin causa para el acreedor o una pena para el que debe abonarlo. por lo que corresponde su rechazo cuando el accionante no aporta pruebas atendibles o sólidas que permitan inferir la frustración de ganancias.

5.-La imposibilidad de aprovechar el uso y goce de los rodados, motivada por la injusta conclusión de los contratos de leasing y el secuestro de los mismos, ha generado un perjuicio que debe ser objeto reparación.

6.-Como contrapartida de la imposibilidad del actor de usar y gozar de los vehículos, éste ha obviado incurrir en ciertos gastos, tales como combustible, taller, peajes, seguros, etc (conf. art. 12  ley 25248) y es por ello que, si presumiblemente el uso de los automotores le ocasiona a su propietario una cantidad de erogaciones, por la máxima compensatio lucri cum damno deben ser deducidos del monto total a indemnizar para no convertir la indemnización en una causa inadecuada de ganancia a favor del damnificado.

7.-El daño psicológico no es autónomo, por cuanto la lesión a la psiquis puede generar minoraciones o daños patrimoniales o espirituales, integrando los rubros incapacidad o daño moral, o ambos, según cada caso en particular

8.-La reparación del daño moral derivado de la responsabilidad contractual queda librada al arbitrio judicial, quien libremente apreciará su procedencia. Sin embargo, se debe proceder con estrictez y es a cargo de quien lo reclama su prueba concreta.

9.-Además de probar la existencia del agravio, debe probarse, de alguna manera, su cuantía o, cuando menos, las pautas de valoración que permitan al Juzgador proceder a la determinación de conformidad con lo que establecen los CCiv.522  y CPCCN. 165 .-De otra manera la indemnización podría configurar una confiscación o enriquecimiento sin causa a favor del reclamante. No obstante, esa razonable restricción no debe erigirse en un obstáculo insalvable para el reconocimiento del agravio moral cuando el reclamo tiene visos de seriedad suficientes y encuentra base sólida en los antecedentes de la causa.

10.-A los fines de la fijación del quántum indemnizatorio por daño moral debe tenerse en cuenta el carácter resarcitorio de dicho rubro, la índole del hecho generador de la responsabilidad y la entidad del sufrimiento causado, que no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a éste.

11.-No cabe aplicar pautas matemáticas para cuantificar el daño, sino es preciso valorar las circunstancias de la causa, pues la cuantía de la reparación depende de la gravedad de la culpa y de las características de las partes; factores éstos que deben juzgarse a la luz del prudente arbitrio de los Jueces. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 29 días del mes de Agosto del año 2012, reunidas las Señoras Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdo, fueron traídos para conocer los autos caratulados: “ANTIDIN OMAR H. contra ROMAN SERVICIOS S.A. sobre ORDINARIO” (EXPTE. N° 65492/2003) en los que al practicarse la desinsaculación que ordena el art. 268  del Código Procesal, resultó que debían votar según las vocalías que ocupan en el siguiente orden: Doctoras Matilde E. Ballerini y María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero. La Sra. Juez Dra. Ana I. Piaggi no interviene en la presente por hallarse en uso de licencia por compensación de feria (Art. 109  R.J.N).

Estudiados los autos la Cámara planteó la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

La Señora Juez de Cámara Dra. Matilde E. Ballerini dijo:

I. La sentencia de fs. 1716/1747, a cuya exposición de los hechos me remito a fin de evitar estériles y extensas reiteraciones, rechazó la acción promovida por don Omar H. Antidin contra Román Servicios S.A. con costas.

Para así resolver, el anterior sentenciante resaltó que no estaba desconocida la relación contractual que uniera a los justiciables, ni las principales características que la misma presentó.

Indicó que la finalización del vínculo por parte de la demandada no resultó ilegítima, en tanto juzgó probado la existencia de ciertos incumplimientos por parte del accionante, quien, a su vez, no acreditó las supuestas maniobras abusivas que le endilgó a su contraparte ni demostró la cancelación de los cánones locativos cuyo cobro le reclamó la defendida al momento de resolver los contratos.

II. Contra dicho pronunciamiento apeló el accionante a fs. 1790. Sostuvo su recurso con los incontestados agravios que obran a fs. 1842/1868 vta.sus críticas se encuentran orientadas a cuestionar el rechazo de la demanda.

En su primer embate adujo que el anterior sentenciante no ponderó los reconocimientos que -a su criterio- habría efectuado la demandada al momento de contestar la acción.

Recalcó que las meras negativas genéricas formuladas por la defendida no eran idóneas para enervar los hechos por él invocados en su escrito inaugural. Hizo hincapié en supuestas contradicciones que existirían a lo largo de la contestación de la demanda y que tampoco fueron tenidas en cuenta por el Magistrado de la anterior instancia.

A continuación procedió a cuestionar la forma en que el Juez a quo valoró la prueba rendida en la causa. Así, sostuvo que se desconocieron elementos probatorios que a su entender acreditaban los numerosos incumplimientos incurridos por parte de la encartada.

Añadió que fue ignorada la prueba documental aportada por su parte así como la prueba informativa y testimonial existente en la causa.

Alegó que se omitió valorar las conclusiones de la pericia contable con relación a la existencia de una deuda a su favor y sobre la efectiva prestación de servicios por su parte hasta el mismo momento en que se produjo la ruptura del vínculo contractual.

En otro de sus agravios arguyó que el anterior Magistrado se pronunció sobre hechos que no fueron oportunamente articulados por las partes.

Señaló que los supuestos incumplimientos en los cuales se basó el fallo atacado para rechazar la acción no habían sido alegados por la accionada al contestar la demanda o en el intercambio epistolar que hubo entre los justiciables.

Finalmente, criticó que no se habría hecho mérito que la demandada al proceder en la forma en que lo hiciera no respetó el procedimiento legal, ni el establecido contractualmente para resolver el contrato, para concluir que la decisión recurrida resultaría contraria a la jurisprudencia que consideró aplicable al caso y que transgredía la regla de la sana crítica, resultando por ello arbitraria.

III. Ahora bien, por medio de la presente demanda don Omar H.Antidin pretende se le conceda una indemnización por los daños y perjuicios que dijo haber sufrido como consecuencia de la abrupta interrupción de la relación contractual que lo uniera con la hoy accionada.

No soslayo que en el punto I del escrito inaugural sostuvo que el objeto del proceso era reclamar el cumplimiento del contrato (además de los daños), pero a poco que uno se adentra en la lectura de dicha pieza escritural, así como del análisis de los diversos rubros que componen su reclamo, y pese a los términos que -cómo se dijera- empleó el accionante al iniciar la contienda se advierte que el objetivo de la demanda resulta indubitable.

Véase que -salvo la ya apuntada- ninguna referencia existe a lo largo de todo el libelo inicial que refiera a la pretensión de obtener el cumplimiento del contrato.

Pero además, a todo evento agregaré que el objeto del contrato -leasing- ha resultado de cumplimiento imposible respecto de los vehículos con dominio DIE 137, CYK 605 y DCP 945 en la medida que Román Servicios S.A. vendió los mismos a terceras personas y respecto al correspondiente al dominio CFY 383, el contrato se cumplió con la transferencia de dominio operada en el mes de marzo del 2003 (ver pericia contable, respuesta al punto 2 ofrecido por el actor a fs. 1319/1320).

IV. Las partes, con sus respectivos matices, han reconocido la relación contractual a la que hiciera referencia.

Es decir, no existe controversia en cuanto a que el Sr. Antidin suscribió los contratos que obran a fs. 201/235 (reservados en sobre N° 45591 y que en este acto se tienen a la vista, ver copias a fs.4/37), por medio de los cuales acordó con la demandada el leasing de cinco vehículos para transporte de pasajeros (dominios DIE 137; DCP 945; CYK 605; CYK 606 y CFY 383).

Tampoco hay discrepancias respecto a que estos automotores (4 minibuses y 1 ómnibus) -a su vez- fueron puestos a disposición de la empresa accionada para que prestaran los servicios de transporte de personas comprometidos con sus clientes y que por ellos ésta le abonaba un precio.

De igual modo, y sin perjuicio de cuanto agregaré más adelante, podría decirse que -con excepción de la unidad correspondiente al dominio CFY 383- la relación brevemente descripta llegó decididamente a su fin cuando la encartada retuvo en su poder los vehículos y le reclamó en forma epistolar al Sr. Antidin el cobro de los cánones locativos correspondientes a los meses de noviembre y diciembre del año 2002 y de los meses de enero y febrero del año 2003, así como los gastos de mantenimiento de las unidades comprometidas, los cuales se hallarían supuestamente adeudados (ver cartas con confronte notarial a fs. 251/260 y en copia a fs. 53/62).

Respecto al minibus dominio CFY 383 son contestes las partes en que, pese a la negativa inicial, luego de un intercambio epistolar producido entre éstas, la accionada reconoció la opción de compra ejercida por el actor y realizó la transferencia pertinente. También fue admitido por los litigantes que el actor actualmente se halla en poder de la correspondiente al dominio CYK 606.

V.Tras esta apretada reseña, encuentro oportuno indicar que, en atención a la forma en que se desarrollaron los hechos que derivaron en el inicio de esta contienda judicial, la primera cuestión a analizar -en tanto fue específica materia de agravios- es determinar si efectivamente existió la causa que invocó la demandada para justificar la resolución de los contratos.

Sólo con la respuesta a este primer interrogante, podremos determinar si dicha decisión fue ajustada a derecho o si, por el contrario, resultó antijurídica y por ende susceptible de generar algún tipo de resarcimiento a favor del aquí recurrente.

Más allá de otros incumplimientos supuestamente atribuidos al actor (v. gr. existencia de una multa de tránsito generada en una localidad de la Provincia de Córdoba, renuencia a someter las unidades a controles de seguridad, etc), lo cierto es que, en su oportunidad Román Servicios S.A. únicamente esgrimió como causal de resolución de los contratos, la existencia de una deuda dineraria que estaría conformada por los cánones locativos del período que comprende los meses de noviembre/2002 a febrero/2003 y los gastos de mantenimiento de las unidades objeto de los contratos (ver cartas con confronte notarial a fs. 251/260 y en copia a fs. 53/62 y fs. 456, 3er párrafo del escrito de contestación de demanda).

Ergo, sólo la configuración de dicha causal podría justificar la decisión resolutoria, puesto que fue la única válidamente invocada y a cuyo cumplimiento se intimó -con las salvedades que luego señalaré- bajo apercibimiento de resolución (arg. conf. doct. art. 1204  C.Civ. y art. 216 C.Com.).

VI. Sin embargo, juzgo que la existencia de la deuda indicada no fue satisfactoriamente probada. Diversas son las razones que me persuaden a decidir en este sentido.

En primer lugar, véase que conforme surge del anexo E integrante de la pericia contable rendida en autos (cuotas pagadas por las unidades, ver fs. 1315/1317), según los registros examinados por la Sra.perito contadora, el Sr. Antidin abonó los cánones correspondientes a todas las unidades por el mes de noviembre del 2002 (facturas N° 0002-00000640 y 0002-00000641); de tres de ellas en el caso de diciembre del mismo año (facturas N° 0002-00000709, 0002-00000710 y 0002-00000711) y una más en enero del 2003 (factura N° 0002-00000734). Recuérdese una vez más que la deuda supuestamente respondía a los alquileres desde noviembre del 2002 hasta febrero del 2003, pero como se advierte, algunos de ellos ya figuraban cancelados según comprobantes de la propia accionada en mérito al dictamen pericial de fs. 1319/1322 que sobre el particular no fuera objeto de impugnación por los justiciables.

En adición a este primer dato, indudablemente contradictorio con la versión de los hechos relatada por Román Servicios S.A., encuentro que, de acuerdo a la mecánica explicada tanto por el actor (ver fs. 410 y ss del escrito inaugural), como por aquélla (ver fs. 458 del escrito de co ntestación de demanda) y también por la experta contable designada en autos (ver fs. 1321/1322, respuesta al punto 2 propuesto por la demandada), de los montos que se debían facturar a favor del Sr. Antidin por los servicios de transporte de pasajeros que prestaba con las unidades, la demandada -en forma automática y sin injerencia alguna del accionante- detraía todos los gastos de explotación y mantenimiento de las mismas, así como las cuotas correspondiente a los leasing.

Es decir, la accionada se encargaba de efectuar todas las operaciones contables, contando para ello con los comprobantes de los gastos y los alquileres, y también con las constancias de los distintos viajes que efectuó el actor en su nombre. Al facturarlos, detraía el importe de aquéllos a éstos, y le abonaba -en caso que existiera- el saldo correspondiente.

Pues bien, está demostrado en la causa que las unidades explotadas por el actor estuvieron prestando servicios de transporte hasta el momento en que finalizó el vínculo contractual.En efecto, en el extenso e inimpugnado anexo A que integra la pericia contable, se detallan con precisión todos los viajes que se efectuaron con los vehículos de éste a los clientes de la demandada (ver anexo “A” a fs.1080/1286). En el mismo podemos observar -sólo por citar un ejemplo- que el ómnibus cuyo dominio es DIE137 (el de mayor envergadura) realizó viajes por un total de $20.211,61 en el período que abarca el mes de noviembre del 2002 hasta el 07 de febrero del 2003 (ver fs. 1282/1286).

Si sumamos el total correspondiente a las cinco unidades explotadas por el Sr. Antidin en aquel lapso temporal, el monto asciende -según el anexo indicado- a la suma de $54.175,21.

Frente a esta situación y además de cuanto se dijera previamente con referencia a ciertos cánones reclamados que en realidad estaban abonados, aprecio huérfano de toda lógica que, si las partes adoptaron como procedimiento habitual que la demandada cobrara en forma automática todos los importes que correspondieran a los contratos concertados, siendo el actor quien poseía un importante crédito a su favor -producto de todos los viajes realizados hasta el momento en que se decidió poner fin al negocio- igualmente pudieran existir cánones adeudados. Es que la accionada procedía -tal como venía haciendo- a detraer de aquél crédito el importe correspondiente a éstos.

Pero aún suponiendo por vía de hipótesis que el mencionado crédito hubiera resultado insuficiente para cancelar los gastos y cánones devengados, era carga de la encartada acreditar la configuración de esta situación.

Ello, no sólo por encontrarse en mejores condiciones de hacerlo por contar precisamente con toda la información contable (teoría de las cargas probatorias dinámicas), sino también porque -como ya dijera- fue ésta quien invocó la causal resolutoria, ergo, era quien tenía interés en demostrar la existencia de la misma (CPr.377 ).

Lejos de lo dicho, ni siquiera ha invocado que el crédito resultara insuficiente para satisfacer la supuesta deuda, menos aún probó por qué no lo sería.

Agréguese a lo expuesto, el que resulta al menos llamativo que en ningún momento Román Servicios S.A. precisó cuál sería en definitiva el importe que se le adeudaría. Obsérvese que ni en el transcurso de este pleito -ni en las intimaciones epistolares que le realizara a quien fuera su cocontratante- se detalló el monto y composición de la pretendida deuda. Pese a que, como quedó dicho, era éste quien se encargaba de efectuar los cálculos y descuentos correspondientes a las operaciones vinculadas con los contratos y contaba con toda la documentación necesaria para realizar tales cálculos.

No desconozco tampoco que la Sra. Adriana Julia Ferreiro testificó que al momento de concluir la relación que mantuvieran los justiciables, habría existido un saldo a favor de la aquí demandada (ver declaración testimonial a fs. 889/906), pero juzgo insuficiente dicha declaración para acreditar la deuda en cuestión, no sólo por tratarse la testigo de una empleada de la accionada (ver generales de la ley), lo que de por sí impone un análisis más riguroso del testimonio brindado, sino también por lo aislado del mismo frente a las demás constancias de la causa, que ya fueran referidas, ya que esta prueba no resultó reforzada por otro medio probatorio al respecto.

VII.Si bien todo lo hasta aquí expuesto resultaría suficiente, a criterio de esta vocal preopinante, para concluir que la resolución del contrato por parte de la defendida con fundamento en la existencia de una supuesta deuda resultó ilegítima existe otro elemento que coadyuva a reforzar la solución anticipada.

Es que aún cuando dejáramos de lado todo lo hasta aquí relatado y supongamos que la deuda por cánones locativos efectivamente existió, la demandada tampoco ha respetado el procedimiento contractual -ni el legal- establecido entre las partes para resolver el contrato que las vinculara.

En efecto, los justiciables convinieron que “ROMAN podrá resolver el contrato ante cualquier incumplimiento del LOCATARIO a las cláusulas del mismo, previa interpelación por cuarenta y ocho horas al domicilio indicado en el encabezamiento para que subsane el incumplimiento.” (ver cláusula OCTAVA de los contratos).

Sin embargo, la accionada en desmedro de la palabra empeñada, primero retuvo en sus instalaciones algunas de las unidades objeto de los contratos (las correspondientes a los dominios DCP 945; CYK 605 y DIE 137), y sólo con posterioridad intimó al actor al pago del supuesto saldo impago bajo apercibimiento de resolución (ver intercambio epistolar a fs. 236/260 y especialmente cartas documento de fs. 247/260 cuyas copias obran a fs. 49/62).

Es decir, mediante sus acciones, y al menos sobre dichas unidades, puede decirse que resolvió el contrato (arg. conf art. 21  ley 25428) aún antes de siquiera haber intimado al pago de la deuda cuya existencia en la presente causa no logró acreditar.

En síntesis, no habiéndose probado la causal invocada como fundamento de la resolución contractual y siendo que tampoco se respetaron los procedimientos establecidos a tal efecto, forzoso es concluir que la misma resultó antijurídica y, por ende, generadora del deber de responder.

VIII.Sentado ello, el siguiente paso es verificar la existencia, prueba -y en su caso cuantía- de los daños y perjuicios que el actor alegó haber padecido como consecuencia de aquél ilegítimo proceder.

En su presentación inicial -si bien en forma algo confusa- el Sr. Antidin reclamó indemnización en concepto de: daño emergente, lucro cesante, pérdida de chance, daño psicológico y daño moral.

Inicialmente, creo conveniente recordar nuevamente que en la especie las partes se vincularon a través de una relación jurídica compleja que incluyó distintos negocios. Por un lado, encontramos los contratos de leasing para la adquisición de los buses y minibuses, y por el otro, la locación de estas unidades para prestar el servicio de transporte de pasajeros a favor de la demandada.

Ambos vínculos, si bien indudablemente relacionados entre sí, deben ahora ser estudiados individualmente para poder determinar los perjuicios que la ruptura de éstos pudo provocar en el actor.

a) Finalización antijurídica de los contratos de leasing:

1) Dentro de la cuenta indemnizatoria reclamada por el accionante, existen distintos rubros que, en principio, reconocerían su génesis en la terminación de los contratos de leasing.

Entre éstos, el actor identificó como “pérdida del capital de trabajo”, al valor de reventa de los automotores “.que le fueron quitados” y que fueran objeto de los contratos ver fs. 426).

Al momento en que la accionada decidió poner fin a la relación que la unía con el Sr. Antidin, estaban en curso de ejecución 5 contratos de leasing, para la locación con opción a compra de las unidades dominio DIE 137, DCP 945, CYK 605, CYK 606 y CFY 383 (ver contratos a fs. 201/235 reservadas en sobre N° 45591 y copias a fs. 4/37).

Respecto al correspondiente al minibus dominio CFY 383, en tanto fueron cumplidas todas las condiciones contractuales pactadas, se realizó la transferencia a nombre del actor en fecha 25/03/2003 (ver pericia contable, respuesta al punto 2 ofrecido por el actor a fs.1319/1320), razón por la cual ninguna indemnización puede pretenderse en lo que a este rubro respecta por esta unidad, ya que en rigor de verdad, dicho contrato finalizó por cumplimiento del mismo y no por la decisión impropia de la accionada.

En cambio, sí deberá reconocerse la existencia de un perjuicio en el caso de los restantes contratos. Es que, al resolverlos, la demandada injustamente frustró la posibilidad del tomador de adquirir los vehículos objeto de los mismos.

Pero, a contrario de lo pretendido por el apelante, el daño no debe ser identificado con el valor en plaza o de reventa de aquéllos. Porque, a diferencia de lo que acontece por ejemplo en un contrato de compraventa en donde el comprador adquiere la propiedad del bien objeto del mismo y si se frustra puede reclamar el valor de aquél, en el caso del leasing, recién al cumplirse el pago de las tres cuartas partes del valor del canon total pactado (art. 14  ley 25248), el tomador cuenta con tres opciones: 1) ejercer la opción de compra, cancelar el saldo y adquirir el dominio del bien (posibilidad siempre existente, puesto que de no ser así no podría tratarse de un contrato de leasing -conf. art. 1  ley 25.248); 2) no ejercer dicha opción de compra y restituir el bien; y, por último, 3) la de prorrogar el contrato (art. 15 ley citada).

De allí que, la frustración de los contratos no implica per se la pérdida de los vehículos, sino la de la posibilidad, más o menos probable en el contexto de la relación que venimos estudiando, de que el actor decidiera adquirirlos definitivamente ejerciendo, en su momento, la opción de compra y abonando el precio convenido.

Ergo, lo que de be ser objeto de indemnización es la chance misma, y no la ganancia o pérdida que era objeto de aquélla (arg. conf. CNCom., esta Sala, in re “Clínica Marini s/ quiebra s/ inc.de cobro de daños y perjuicios por Foulkes” del 07/12/1994).

Refuerza lo expuesto el hecho que, al momento de la resolución, el accionante no hubiera manifestado en forma inequívoca su decisión de adquirir los vehículos, siendo que, además aún no se encontraba en condiciones de hacerlo por no haberse cumplido el pago de las tres cuartas partes del canon locativo.

En consecuencia, prudencialmente justiprecio el quantum indemnizatorio del rubro en examen en la suma de $85.000 (CPr. 165). Monto que, a su vez, guarda estrecha relación con el valor residual que las partes libremente consideraron que poseerían las respectivas unidades al momento de finalizar los contratos (ver fs. 206, fs. 213, fs. 227 y fs. 234).

El importe aquí reconocido generará intereses desde el día 07/02/2003 y hasta su efectivo pago, calculados a la tasa activa que perciba el Banco de la Nación Argentina para operaciones de descuento a treinta días (CNCom. en pleno “S.A. La Razón s/ quiebra s/ inc. honorarios de los profesionales” -art.288 LC – 27/10/1994) sin capitalizar.

2) En cambio, no corresponde admitir la procedencia del daño denominado por el Sr. Antidin como “pérdida de chance”, el cual identificó como “.las frustradas expectativas de reinversión y progreso.” (fs. 427), que le habría producido la ruptura de los contratos de leasing. Ello, en la medida que no arrimó prueba alguna que pudiera demostrar la existencia de una posibilidad probable de actualizar la flota de vehículos que explotaba.Ni siquiera probó haber efectuado gestiones para llevar adelante la supuesta inversión o renovación, de modo que la versión del actor no pasa de ser una mera manifestación unilateral de su parte, insuficiente pos sí sola para obtener el reconocimiento de la indemnización pretendida.

3) A continuación, ingresaré en el estudio de la indemnización reclamada en concepto de “lucro cesante”, el cual comprendería la ganancia que dejó de percibir el apelante por la privación del uso y explotación de los vehículos (ver fs. 427/428).

La reparación del lucro cesante no se apoya en una simple posibilidad de ganancia, ni constituye un enriquecimiento sin causa para el acreedor o una pena para el que debe abonarlo (conf. CNCom. esta Sala, en autos “Pérez Lino c/ Ampara Seguros S.A.” del 24/05/1988, ídem “Carini, Angélica c/ Carrefour Argentina” del 08/09/2006, entre otros) por lo que corresponde su rechazo cuando el accionante no aporta pruebas atendibles o sólidas que permitan inferir la frustración de ganancias.

En el sub lite se encuentra acreditado por diversos medios el daño reclamado. Primero porque los vehículos en cuestión, por su propia naturaleza están destinados al transporte de pasajeros, actividad lucrativa que no puede negarse ni desconocerse. Y segundo, y aún más importante, porque como ya tantas veces fue dicho, estas unidades efectivamente estaban al servicio de la empresa demandada para transportar a los clientes que contrataban con ella y por lo cual le abonaba al actor una suma de dinero.

De modo que, la imposibilidad de aprovechar el uso y goce de los rodados, motivada por la injusta conclusión de los contratos de leasing y el secuestro de los mismos, ha generado un perjuicio que debe ser objeto reparación.

Ahora bien, el actor reclamó la suma de $50.000 por mes desde la ruptura y hasta su efectivo pago por el concepto que venimos analizando (ver fs.427/428). Justificó dicho importe en la supuesta facturación que habrían generado las unidades, de acuerdo a un anuncio publicado por cierta empresa que competiría con la demandada.

La autenticidad de la mencionada publicación puede tenerse por acreditada con la contestación de oficio realizada por la firma Manuel Tienda León a fs. 516 y conforme dicha propuesta la recaudación base para las unidades que explotaba el actor rondaría los $36.000 mensuales ($8.000 en el caso del ómnibus Volvo y de $7.000 por cada uno de los minibuses).

No obstante ello, aún considerando esta suma como parámetro para establecer la pérdida sufrida por el actor, lo cierto es que a la misma habría que restarle todos los gastos que precisamente generan los rodados.

En efecto, como contrapartida de la imposibilidad del actor de usar y gozar de los vehículos, éste ha obviado incurrir en ciertos gastos, tales como combustible, taller, peajes, seguros, etc (conf. art. 124 ley 25.248). Es por ello que, si presumiblemente el uso de los automotores le ocasiona a su propietario una cantidad de erogaciones, por la máxima compensatio lucri cum damno deben ser deducidos del monto total a indemnizar para no convertir la indemnización en una causa inadecuada de ganancia a favor del damnificado.

De este modo, para el caso del ómnibus Marca Volvo, tomando como parámetro las pautas antes señaladas, prudencialmente estimo el daño en la suma de $3.500, y para cada una de los minibuses en la suma de $2800 por mes.

Dichos importes habrán de ser calculados hasta el vencimiento del plazo de cada uno de los respectivos contratos de leasing, fecha hasta la que previsiblemente el actor debió hallarse en uso y goce de los vehículos.

Asimismo, generarán intereses desde el acaecimiento de cada mes a partir de marzo del 2003 y hasta su efectivo pago, calculados a la tasa activa que perciba el Banco de la Nación Argentina para operaciones de descuento a treinta días (CNCom. en pleno “S.A.La Razón s/ quiebra s/ inc. honorarios de los profesionales” -art.288 LC- 27/10/1994) sin capitalizar.

b) Finalización del contrato de locación de los rodados.

1) La resolución de los contratos de leasing tuvo también como consecuencia necesaria e inmediata, la del contrato por medio del cual la demandada alquilaba las unidades para la explotación del servicio de transporte de pasajeros.

Entre los daños que el accionante alegó haber padecido por ello o directamente relacionados con la prestación del servicio en sí mismo, se encontrarían: El lucro cesante originado en la imposibilidad de utilizar cierta unidad (dominio BYB 381 – interno 823) debido a la caducidad de la respectiva autorización administrativa y el importe correspondiente a los viajes realizados durante el período noviembre 2002/ febrero 2003.

En cuanto al primero de los supuestos perjuicios arriba identificados, el mismo será fatalmente rechazado en tanto, más allá del reclamo epistolar que le formulara el actor a la demandada (ver original a fs. 236 y copia a fs. 38) y que ésta rechazara por el mismo medio (ver fs. 244 y copia a fs. 46), ninguna otra prueba se produjo en la causa que pueda otorgarle sustento al reclamo formulado.

Obsérvese que no se demostró que fuera el Sr. Antidin quien explotara dicha unidad o que efectivamente hubiera ocurrido el hecho denunciado en la misiva indicada, tampoco se acreditó la supuesta facturación que generaba la mencionada unidad y a la cual él se habría visto impedido de obtener por culpa de la accionada.

2) Respecto del pago de los servicios prestados durante el período que comprende los meses de noviembre 2002/ febrero 2003, entiendo que cabe admitir la pretensión.Ha quedado demostrado por distintos medios la realización de diversos viajes con las unidades explotadas por el demandante.

Ya he mencionado que en el anexo “A” del informe pericial contable fueron detallados por la experta contable todos los servicios que prestó el actor a favor de la empresa demandada (ver anexo a fs.1080/1286). La información que surge de dicho anexo, además de no haber sido objeto de impugnación u observaciones por los justiciables, fue ratificada -en lo pertinente- mediante las contestaciones de oficio efectuadas por las diferentes empresas que otrora fueran cliente de Román Servicios S.A. (ver contestación de CONUAR a fs. 657/727, de Aerolíneas Argentinas a fs. 728/874 y de la C.N.E.A. a fs. 1017/1068).

Ahora bien, el accionante reclamó por el período en estudio la suma de $109.104. Para arribar a esta cifra tomó como base las facturas por él emitidas -pero nunca recibidas por la encartada- que corresponderían a los servicios de noviembre y diciembre del 2002 por un total de $66.553,43 (ver originales a fs. 345/347 y copias a fs. 194/195) y calculó el proporcional equivalente para los restantes meses impagos.

No obstante, de acuerdo a la aludida pericia contable, el valor de los viajes efectuados por el actor durante el período reclamado ascendería a la suma de $ 54.175,21. A la misma deberían descontarse los cánones locativos y gastos de mantenimiento de las unidades de los meses en cuestión, pero como no ha sido acreditado -o al menos invocado- por la demandada cuál sería dicho importe (ver lo expuesto al respecto en el punto VI del presente voto), determinaré prudencialmente la indemnización correspondiente al rubro ahora analizado en la suma de $20.000, con más sus intereses calculados a la tasa activa que perciba el Banco de la Nación Argentina para operaciones de descuento a treinta días (CNCom. en pleno “S.A. La Razón s/ quiebra s/ inc. honorarios de los profesionales” -art.288 LC- 27/10/1994) sin capitalizar.

C) Daño psicológico.

Respecto del daño psicológico, considero que este detrimento no es autónomo, por cuanto la lesión a la psiquis puede generar minoraciones o daños patrimoniales o espirituales, integrando los rubros incapacidad o daño moral, o ambos, según cada caso en particular (CNCom., esta Sala, in re, “Cesare, Alejandra Raquel c/ Microomnibus Quilmes S.A.C.I yF.”, del 13/05/1994).

Por tal motivo, evaluaré el daño psicológico en oportunidad de analizar el moral.

D) Daño moral.

Sabido es que la reparación del daño moral derivado de la responsabilidad contractual queda librada al arbitrio judicial, quien libremente apreciará su procedencia. Sin embargo, se debe proceder con estrictez y es a cargo de quien lo reclama su prueba concreta. Pero además de probar la existencia del agravio, debe probarse, de alguna manera, su cuantía o, cuando menos, las pautas de valoración que permitan al Juzgador proceder a la determinación de conformidad con lo que establecen los CCiv: 522  y CPr. 165 . De otra manera la indemnización podría configurar una confiscación o enriquecimiento sin causa a favor del reclamante (conf. CNCom. esta Sala, in re “Laborde de Ognian Ethel Beatriz c/ Universal Assistance S.A.”  del 09/02/2010 y sus citas).

No obstante, esa razonable restricción no debe erigirse en un obstáculo insalvable para el reconocimiento del agravio moral cuando el reclamo tiene visos de seriedad suficientes y encuentra base sólida en los antecedentes de la causa (ver CNCom., Sala C, in re: “Giorgetti Héctor R. y otro c/ Georgalos Hnos. S.A.I.C.A.”, del 30/06/1993; in re:”Miño Olga Beatriz c/ Caja de Seguros S.A”, del 29/05/2007).

No cabe duda de que los hechos de autos excedieron una mera molestia o incomodidad, para tornarse en una situación en la cual el actor vio frustradas sus legítimas expectativas de obtener un bienestar económico producto de la relación convenida.

Prueba irrefutable de ello, son los padecimientos psicológicos de los cuales dio acabada cuenta la experta designada en autos en su informe pericial, el cual, vale la pena destacar, no ha sido objeto de ningún tipo de impugnación por parte de los justiciables.

La perito psicóloga concluyó que las alteraciones psicológicas y el daño psíquico que padece el actor (de un 30%), son en gran medida consecuencia de los hechos ventilados en autos (ver fs. 1006/1006 vta).

Por lo tanto, juzgo procedente la reparación pretendida, debiendo proceder ahora a determinar su extensión.

Para lo cual debo recordar que “a los fines de la fijación del quántum indemnizatorio por daño moral debe tenerse en cuenta el carácter resarcitorio de dicho rubro, la índole del hecho generador de la responsabilidad y la entidad del sufrimiento causado, que no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a éste” (C.S.J.N. in re “Lema, Jorge H. c/ Provincia de Buenos Aires y otros” del 20/03/2003; en el mismo sentido C.S.J.N. en autos “Sitjá y Balbastro, Juan Ramón c/ La Rioja, Provincia de y otro s/ Daños y Perjuicios”  del 27/05/2003).

No cabe aplicar pautas matemáticas para cuantificar el daño, sino es preciso valorar las circunstancias de la causa, pues la cuantía de la reparación depende de la gravedad de la culpa y de las características de las partes; factores éstos que deben juzgarse a la luz del prudente arbitrio de los Jueces (Conf.CNCiv, Sala I, in re “Portaro, Oscar c/ Langellotti, Rubén”  del 5/8/1998).

De modo que, dentro de los parámetros de prudente discrecionalidad que deben orientar la labor judicial en estos casos, conforme la previsión del CPr. 165 y teniendo en cuenta los puntuales antecedentes del litigio, juzgo adecuado fijar la indemnización en la suma de $10.000, con más sus intereses calculados desde el 07/02/2003 y hasta su efectivo pago a la tasa activa que perciba el Banco de la Nación Argentina para operaciones de descuento a treinta días (CNCom. en pleno “S.A. La Razón s/ quiebra s/ inc. honorarios de los profesionales” -art.288 LC- 27/10/1994) sin capitalizar.

IX. Respecto a las costas de ambas instancias, por aplicación del principio genérico de la derrota objetiva, serán soportadas por la demandada en su condición de sustancialmente vencida (CPr. 68 ).

Como corolario de todo lo expuesto, si mi voto es compartido, propongo al Acuerdo: 1) Hacer lugar al recurso de fs. 1790 y, en consecuencia, revocar la sentencia pronunciada a fs. 1716/1747; 2) admitir parcialmente la demanda incoada por don Omar H. Antidin contra Román Servicios S.A.; 3) condenar a la demandada a abonarle al actor la suma que resulte de la liquidación a realizar de conformidad con las pautas establecidas en el considerando VIII del presente pronunciamiento; y 4) imponer las costas de ambas instancias a cargo de la vencida (CPr. 68).

He concluido.

Por análogas razones la Doctora María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero adhiere al voto que antecede. Con lo que se terminó este Acuerdo que firmaron las señoras Jueces de Cámara. Es copia fiel del original que corre a fs. del Libro de Acuerdos Comercial Sala B.

JORGE DJIVARIS – SECRETARIO –

Buenos Aires, Agosto 29 de 2012.-

Y VISTOS:

Por los fundamentos del acuerdo que precede, se resuelve: 1) Hacer lugar al recurso de fs. 1790 y, en consecuencia, revocar la sentencia pronunciada a fs. 1716/1747; 2) admitir parcialmente la demanda incoada por don Omar H. Antidin contra Román Servicios S.A.; 3) condenar a la demandada a abonarle al actor la suma que resulte de la liquidación a realizar de conformidad con las pautas establecidas en el considerando VIII del presente pronunciamiento; y 4) imponer las costas de ambas instancias a cargo de la vencida (CPr. 68). Regístrese por Secretaría, notifíquese y devuélvase.

MARÍA L. GÓMEZ ALONSO DE DÍAZ CORDERO

MATILDE E. BALLERINI

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s