Desafectación del bien de familia al realizarse con posterioridad a la fecha de inicio del estado de cesación de pagos de la quiebra.

Partes: Defraco Fantin Reynaldo L. s/ incidente de subasta por Rodados Inmuebles y Muebles

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: A

Fecha: 14-ago-2012

Cita: MJ-JU-M-75160-AR | MJJ75160 | MJJ75160

Procede el pedido de desafectación efectuado por el síndico de la quiebra ya que la constitución “del bien de familia” se produjo con posterioridad a la fecha de inicio del estado de cesación de pagos de la quiebra y durante la etapa de cumplimiento del acuerdo preventivo, encontrándose vigente la inhibición general de bienes del deudor.

Sumario:

1.-Atento a la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Baumwohlspiner  , la legitimación del síndico no se extiende a la actuación respecto de bienes que no han sido objeto de desapoderamiento por encontrarse excluídos por leyes especiales (art. 108, inc.7 , LCQ), por lo cual constituiría un nítido apartamiento de lo dispuesto en el art. 38 de la ley 14.394 en declarar la oponibilidad del bien de familia en caso de concurso o quiebra, ya que la tutela legal, de base constitucional, sólo cede frente a los acreedores con derecho a obtener la desafectación.

2.-El derecho que atribuye la ley 14394  para agredir el inmueble inscripto como bien de familia, es propio del acreedor anterior a ese acto, que lo detenta y que tratándose de un derecho disponible, si éste no lo ejerce carece el síndico de atribuciones para enervar los efectos de una renuncia u omisión, en la que no se encuentra comprometido el orden público.

3.-Resulta inaplicable la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente Baumwohlspiner , cuando a) La inscripción del bien de familia se efectivizó con posterioridad a la fecha de inicio de la cesación de pagos, cuando el concurso preventivo del titular del inmueble se hallaba en etapa de cumplimiento y el deudor se encontraba inhibido para disponer de sus bienes en los términos del art. 59  LCQ; b) la quiebra fue decretada, precisamente, por falta de cumplimiento del acuerdo homologado (art. 63  LCQ) y el pedido de desafectación fue solicitado por el síndico designado en el mismo concurso preventivo con anterioridad a la inscripción del inmueble como bien de familia. No debe perderse de vista que esos bienes, máxime, subsistiendo la inhibición se hallaban respaldando el cumplimiento del acuerdo homologado.

4.-No resulta aplicable al caso la doctrina establecida por el más alto Tribunal de la Nación en el fallo Baumwohlspiner , toda vez que en aquel supuesto la inscripción del inmueble como bien de familia se había efectivizado con anterioridad al inicio del trámite el proceso concursal e, incluso, fuera del período de sospecha, mientras que en el sub lite, la constitución del bien de familia se produjo con posterioridad a la fecha de inicio del estado de cesación de pagos fijada en la quiebra y durante la etapa de cumplimiento del acuerdo preventivo, encontrándose vigentes las medidas tendientes a su cumplimiento, entre ellas, la inhibición general de bienes del deudor a fin de tutelar el cumplimiento del acuerdo (art. 59  LCQ).

5.-Se comparte el espíritu del instituto del bien de familia, que ha sido previsto como una auténtica institución especial que consiste en la afectación de un inmueble a la satisfacción de las necesidades de sustento y de vivienda del titular y su familia, sobre la base de dejarlo sustraído de las contingencias económicas que pudieran provocar, en lo sucesivo su embargo o enajenación , beneficio que tiene, además, raigambre constitucional, sin perjuicio de su trascendencia social, directamente vinculada con la protección de la familia como unidad primaria de la sociedad; que, a su vez, tiene una innegable vinculación con los derechos humanos de la persona, su derecho a una vivienda digna y a encontrar amparo frente a avatares económicos; y sin perjuicio también, de tener relación, además, con derechos personalísimos, en cuanto tiende a preservar la unidad y la fraternidad familiar.

6.-En las cuestiones que con se vinculan con el bien de familia está involucrado el orden público desde el punto de vista de los intereses condicionados y garantizados por la carta fundamental con respecto a la protección de la familia (CN: 14bis ).

7.-La normativa concursal también se asienta en principios de orden público que intentan proteger los derechos e intereses del conjunto de los afectados por la situación particular de cesación de pagos en que incurre el deudor, y a cuyo fin, ordena el ejercicio de las pretensiones contra el mismo y su satisfacción, mediante un procedimiento obligatorio para todos los acreedores, de carácter colectivo y universal, que atañe a la totalidad del patrimonio del deudor, prenda común de todos los acreedores y garantía de satisfacción de sus créditos, los que deberán insinuarse en condiciones igualitarias de reconocimiento ante el Juez de la causa, y su pago ha de concretarse respetando la situación especial o particular, según las disposiciones legales preestablecidas, lo que encuentra sustento en la norma básica del ordenamiento jurídico que protege el derecho de propiedad y de igualdad del conjunto de los involucrados.

8.-Si por un lado, la afectación del bien de familia se realizó cuando el fallido se encontraba inhibido respecto de sus bienes en los términos del art. 59 LCQ, y, por otra parte, existen créditos verificados en el concurso preventivo que, obviamente, resultan anteriores a la afectación del inmueble como bien de familia, desde esta perspectiva entonces, la admisión del pedido de desafectación (rectius: declaración de inoponibilidad) formulado por la sindicatura no se evidencia pasible de reproche.

9.-Corresponde proceder a la venta progresiva de los inmuebles integrativos del activo cuando la solución se presenta razonable en orden al estado del concurso, posibilidad, por otra parte, contemplada por el CPCC: 569  -aplicable a estos autos atento lo normado por la LCQ: 278 . N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

Buenos Aires, 14 de agosto de 2012.-

Y VISTOS:

1.) Apeló el fallido la resolución dictada a fs. 37/38 por la que, a instancias del planteo introducido por la sindicatura, se desafectó del régimen de bien familia al inmueble sito en Av. de los Incas 3501/5/7/9, Piso 2°, UF N° 2 y UC VII, matrícula 17-874/2, ordenando la inscripción respectiva en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal.-

Para adoptar esta solución, la Sra. Juez a quo ponderó que: i) la afectación del inmueble a dicho régimen fue llevada a cabo por el quebrado a pesar de la inhibición general de bienes trabada respecto de su persona y que se hallaba vigente después de la homologación del concurso fracasado, en virtud de lo expresamente previsto por el art. 59  LCQ, de tal suerte que se vulneró lo dispuesto por los arts. 16 y 17  LCQ; ii) existen acreedores de causa anterior a la referida afectación, por lo que mediante la inscripción en cuestión se sustrajo el bien de la masa concursal.-

Los fundamentos fueron desarrollados en fs. 47/49, siendo respondidos por el funcionario del concurso en fs. 52/53.-

Por su parte, la Sra. Fiscal General ante esta Cámara se expidió a fs. 58, propiciando la confirmación del fallo impugnado.-

2.) El recurrente se quejó de esta decisión, alegando que, de acuerdo a lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re: “Baumwohlspiner de Pileski, Nélida s. quiebra” , del 10.4.07, la sindicatura carecía de legitimación para solicitar la desafectación del bien de familia. Por otro lado, indicó que la afectación del bien al régimen de bien de familia no alteró la composición de su patrimonio frente a la masa concursal, por lo que no es cierto que se vulneraron las disposiciones contenidas en los arts. 16 y 17 LCQ.Afirmó que no se tuvo en cuenta que hay otros bienes con los cuales satisfacer los créditos oportunamente verificados, sin que resulte necesario liquidar el inmueble que se encuentra afectado al régimen indicado.-

3.) Del informe de dominio obrante a fs. 4/14 surge que el inmueble sito en Av. de los Incas 3501/5/7/9, Piso 2°, UF N° 2 y UC VII, matrícula 17-874/2, del cual el fallido es titular en un 100%, fue afectado al régimen del bien de familia regulado por ley 14.394 con fecha el 13.01.98. De otro lado, de las constancias de la causa resulta que el concurso preventivo del ahora fallido fue homologado el 10.10.97, la quiebra fue decretada el 10.11.10 y la fecha de inicio de la cesación de pagos fue establecida en el día 06.02.91.-

Finalmente, cabe precisar que, en el caso, el planteo que motivó la decisión apelada fue introducido por la sindicatura al momento de solicitar la formación de actuaciones separadas para proceder a la liquidación del acervo falimentario, en el marco de la quiebra decretada con motivo del incumplimiento de la propuesta concordataria homologada en el trámite del concurso preventivo.-

4.) En este contexto, ha de señalarse que el más alto Tribunal de la Nación ha establecido, en el caso invocado por el quejoso (CSJN, 10.04.07, “Baumwohlspiner de Pileski, Nélida s. quiebra”), que la legitimación del síndico no se extiende a la actuación respecto de bienes que no han sido objeto de desapoderamiento por encontrarse excluídos por leyes especiales (art. 108, inc.7 , LCQ), por lo cual constituiría un nítido apartamiento de lo dispuesto en el art. 38 de la ley 14.394 en declarar la oponibilidad del bien de familia en caso de concurso o quiebra, ya que la tutela legal, de base constitucional, sólo cede frente a los acreedores con derecho a obtener la desafectación.Apunta la Corte Suprema a que el derecho que atribuye la ley 14.394 para agredir el inmueble inscripto como bien de familia, es propio del acreedor anterior a ese acto, que lo detenta y que tratándose de un derecho disponible, si éste no lo ejerce carece el síndico de atribuciones para enervar los efectos de una renuncia u omisión, en la que no se encuentra comprometido el orden público. Señala que el ejercicio de las acciones individuales que competen a tales acreedores, por el síndico, autorizado fuera del marco fijado por la Ley de Concursos y sin base normativa para subrogarse en los derechos de terceros, contraviene la solución legal y la torna inoperante, al privar de todo efecto la expresa subsistencia del beneficio frente a la ejecución universal (considerandos n° 7 y 8, causa B. 2339. XLI ” Baumwohlspiner de Pilevski, Nélida s. quiebra” sentencia del 10.04.07).-

5.) Ahora bien, ha sido hasta ahora criterio de esta Sala -mantenido a través de reiterados precedentes- que le cabía a la sindicatura legitimación procesal para requerir la desafectación como bien de familia de un inmueble del fallido en virtud del principio, básico, en la quiebra, por el cual la apertura de su procedimiento comporta la necesaria sustitución de los acreedores singulares por el órgano del concurso en todas aquellas acciones ordenadas a la realización de la garantía patrimonial en interés de la masa, a través de la ejecución colectiva que adquiere así eficacia e intensidad (cfr. arts. 107, 142 primer párr., 182 y cctes, LCQ). Ello, por cuanto la declaración de quiebra genera la necesidad de recomponer la integridad del patrimonio del deudor a fin de conservar su finalidad de garantía de los derechos de los acreedores, conforme a la pars conditio creditorum (in re: “Establecimientos Betedebe SAC s. quiebra c/ Blanca H. Tuculet Dumas de Barillatti y ots”, del 31.3.87; íd., in re: ” Sotera María Florencia s. quiebra” del 26.06.08; íd., in re: “Perini Eduardo Orlando s.quiebra” del 12.06.07- revocado por la C.S.J.N el 19.5.09, con remisión al fallo Baumwohlspiner del 10.04.07).-

Sin perjuicio de lo antedicho, habida cuenta el criterio adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, este Tribunal consideró prudente y razonable por razones de economía procesal asumir el temperamento arribado en el caso arriba citado por el Máximo Tribunal en punto a la legitimación del síndico para la solución de este caso, dejando a salvo la opinión personal de los suscriptos y con la salvedad de que ello sólo se estima procedente, mientras el bien se mantenga en manos del deudor o de los beneficiarios del bien de familia en cumplimiento del concreto objetivo social al que apunta la ley 14.394, dado que una tesitura contraria, bien podría prohijar acuerdos particulares que permitirían burlar los fines propios de la quiebra, cuyos intereses iuspublicísticos no pueden soslayarse (conf. esta CNCom., esta Sala A, 30.12.10, “Ricco Gabriel Alfredo s. quiebra”; íd., 24.02.11, “Sívori Julio José s. quiebra”).-

No obstante ello, examinados los antecedentes de la causa se advierte que el marco fáctico acaecido en el sub lite difiere, sustancialmente, de aquél en cuyo marco se expidió la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Baumwohlspiner”. Allí se había hecho mérito de que “la inscripción del inmueble como bien de familia (era) anterior al período de retroacción establecido por el art. 116  de la Ley de Concusos” (considerando 6° , última parte), sin embargo, en el caso que nos ocupa: a) la inscripción de referencia se efectivizó con posterioridad a la fecha de inicio de la cesación de pagos, cuando el concurso preventivo del titular del inmueble se hallaba en etapa de cumplimiento y el deudor se encontraba inhibido para disponer de sus bienes en los términos del art. 59  LCQ; b) la quiebra fue decretada, precisamente, por falta de cumplimiento del acuerdo homologado (art.63 LCQ) y el pedido de desafectación fue solicitado por el síndico designado en el mismo concurso preventivo con anterioridad a la inscripción del inmueble como bien de familia. No debe perderse de vista que esos bienes, máxime, subsistiendo la inhibición se hallaban respaldando el cumplimiento del acuerdo homologado.-

En orden a ello entonces, estímase que no resulta aplicable al sub examine la doctrina establecida por el más alto Tribunal de la Nación en el fallo citado, toda vez que en aquel supuesto la inscripción del inmueble como bien de familia se había efectivizado con anterioridad al inicio del trámite el proceso concursal e, incluso, fuera del período de sospecha, mientras que en el sub lite, la constitución “del bien de familia” se produjo con posterioridad a la fecha de inicio del estado de cesación de pagos fijada en la quiebra y durante la etapa de cumplimiento del acuerdo preventivo, encontrándose vigentes las medidas tendientes a su cumplimiento, entre ellas, la inhibición general de bienes del deudor a fin de tutelar el cumplimiento del acuerdo (art. 59 LCQ).-

6.) Alcanzada esta conclusión, remárcase que comparte esta Sala el espíritu del instituto del bien de familia, que ha sido previsto como una auténtica institución especial que consiste en la afectación de un inmueble a la satisfacción de las necesidades de sustento y de vivienda del titular y su familia, sobre la base de dejarlo sustraído de las contingencias económicas que pudieran provocar, en lo sucesivo su embargo o enajenación (cfr. en esta misma linea Zannoni, Eduardo A., “Derecho Civil. Derecho de Familia”, T° I, p.558/559). Beneficio que tiene, además, raigambre constitucional, sin perjuicio de su trascendencia social, directamente vinculada con la protección de la familia como unidad primaria de la sociedad; que, a su vez, tiene una innegable vinculación con los derechos humanos de la persona, su derecho a una vivienda digna y a encontrar amparo frente a avatares económicos; y sin perjuicio también, de tener relación, además, con derechos personalísimos, en cuanto tiende a preservar la unidad y la fraternidad familiar.-

Síguese de ello que en las cuestiones que con él se vinculan está involucrado el orden público desde el punto de vista de los intereses condicionados y garantizados por la carta fundamental con respecto a la protección de la familia (CN: 14bis(ref:leg128 0.14)).-

Por su parte, la normativa concursal también se asienta en principios de orden público que intentan proteger los derechos e intereses del conjunto de los afectados por la situación particular de cesación de pagos en que incurre el deudor, y a cuyo fin, ordena el ejercicio de las pretensiones contra el mismo y su satisfacción, mediante un procedimiento obligatorio para todos los acreedores, de carácter colectivo y universal, que atañe a la totalidad del patrimonio del deudor, prenda común de todos los acreedores y garantía de satisfacción de sus créditos, los que deberán insinuarse en condiciones igualitarias de reconocimiento ante el Juez de la causa, y su pago ha de concretarse respetando la situación especial o particular, según las disposiciones legales preestablecidas, lo que encuentra sustento en la norma básica del ordenamiento jurídico que protege el derecho de propiedad y de igualdad del conjunto de los involucrados (cfr. Cámara, Héctor, “El Concurso Preventivo y la Quiebra”, T° I, p. 232 y ss.; Lorente, Javier Armando, “Ley de Concursos y Quiebras. Comentada y Anotada.”, T° I, p. 82 y ss.; CSJN, 15.04.04, in re “Florio y Compañía I.C.S.A. s. Concurso Preventivo s. inc.de Verificación de Crédito por Niz, Adolfo Ramón”, T° 327, F° 1002; esta CNCom., esta Sala A, 17.08.06, “Monsegur Horacio Sila s. quiebra s. inc. de nulidad y desafectacion de bien de familia”).-

Así las cosas, no es dable soslayar que, en el caso, por un lado, la afectación se realizó cuando el fallido se encontraba inhibido respecto de sus bienes en los términos del art. 59 LCQ como lo señaló la Sra. Fiscal General en el dictamen que antecede y que, por otra parte, existen créditos verificados en el concurso preventivo que, obviamente, resultan anteriores a la afectación del inmueble como bien de familia.-

Desde esta perspectiva entonces, la admisión del pedido de “desafectación” (rectius: declaración de inoponibilidad) formulado por la sindicatura en fs. 19vta., no se evidencia pasible de reproche.-

7.) No obstante ello, no es dable desatender lo afirmado por el quejoso en punto a que no se han identificado ni evaluado todos los bienes alcanzados por el desapoderamiento, en orden a determinar si resulta, o no, necesario liquidar la totalidad del patrimonio falencial, teniendo en cuenta que, de acuerdo a lo informado por la sindicatura en fs. 19/29, el inmueble afectado al régimen de bien de familia no es el único activo del quebrado.-

En efecto, tiénese dicho que corresponde proceder a la venta progresiva de los inmuebles integrativos del activo cuando la solución se presenta razonable en orden al estado del concurso, posibilidad, por otra parte, contemplada por el CPCC: 569  -aplicable a estos autos atento lo normado por la LCQ: 278- (esta CNCom., esta Sala A,11.03.08, “Quintiero Francisco Antonio s. quiebra s. inc. de subasta”, en igual sentido, Sala B, 23.09.87, “Viñas Raimundo c. Autopartes y Servicios s. Quiebra”).-

Así las cosas, resultaría adecuado proceder, en primer término, a la venta del 50% del inmueble sito en la Calle Salta N° 688/90/92, UF N° 29, Piso 5°, matrícula 13.451/29 de esta Ciudad y de los rodados individualizados en fs.19vta., si es que con ello, razonablemente pudiera cubrirse el pasivo para luego, en caso de insuficiencia, proceder al remate del bien asiento del hogar familiar del quebrado. Ahora bien, a los fines de evitar un mayor dispendio jurisdiccional y eventuales perjuicios a la masa de acreedores, deberá realizarse en autos, previamente, la evaluación pertinente, ponderándose a tal efecto la valuación de los bienes en cuestión y las tasaciones a cargo del martillero, por un lado y los créditos verificados en autos y los gastos devengados por la tramitación del concurso, por el otro, a fin de apreciar “prima facie”, la procedencia de una realización escalonada, tarea que habrá de materializar, en su caso, el síndico bajo la supervisión del Señor Juez de Grado.-

Con este único alcance pues, se admitirá el remedio intentado.-

8.) Por todo ello, y oída la Sra. Fiscal General, esta Sala RESUELVE:

Admitir parcialmente el recurso interpuesto por el fallido y, por ende, modificar con el alcance expuesto en los considerando 6.) y 7.) de la resolución apelada.-

Distribuir las costas de Alzada en el orden causado, atento las particularidades del caso y el modo en que fue decida la cuestión (art. 68, párrafo segunfo).-

Notifíquese a la Sra. Fiscal General en su despacho y oportunamente devuélvase a primera instancia, encomendándose al Sr. Juez a quo disponer las notificaciones del caso con copia de la presente resolución. La Señora Juez de Cámara Dra. Isabel Míguez no interviene en la presente resolución por encontrarse excusada (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional). Alfredo Arturo Kölliker Frers, María Elsa Uzal. Ante mí: Valeria C. Pereyra. Es copia del original que corre a fs. 59/62 de los autos de la materia.

Valeria C. Pereyra

Prosecretaria de Cámara

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s