fbpx

Responsabilidad solidaria de los administradores por el valor del activo declarado al presentarse en falencia.

Partes: Industria Plástica Aizma S.A. c/ Herrera Osvaldo Lorenzo y otros s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: E

Fecha: 31-may-2012

Cita: MJ-JU-M-75180-AR | MJJ75180 | MJJ75180

Corresponde responsabilizar solidariamente a los administradores por el valor del activo declarado al presentarse en falencia, siendo que a posteriori no se ha podido establecer la subsistencia de los bienes de cambio y de uso denunciados, ni la suerte o aplicación de las disponibilidades, inversiones y otros créditos.

Sumario:

1.-En el ámbito concursal, se responsabiliza a los administradores de la fallida que hubieran producido, facilitado, permitido o agravado la situación patrimonial del deudor o su insolvencia, quienes deberán indemnizar los perjuicios causados y en -lo atinente al factor de atribución, la actual legislación (ley 24522, 173 ) sólo admite la procedencia de la acción cuando se acredite que medió conducta dolosa. A su vez, el art. 174  de la misma ley determina que la responsabilidad se extiende a los actos practicados hasta un año antes de la fecha inicial de cesación de pagos.

2.-En el plano societario, la gestión empresaria se encuentra a cargo del órgano de administración y les impone a los administradores ciertas pautas a las que deben ajustar su conducta. Así, el art. 59  determina que los directores deben actuar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios, lo que revela la concreción en esta normativa del principio de diligencia y buena fe contenido en el CCiv., 512  y 1198 .

3.-Frente al mal desempeño en el ejercicio de las funciones de los directores y en los casos en que mediante su obrar se infrinja la ley, el estatuto o el reglamento o cuando obrando con dolo, abuso de facultades o culpa grave se produzca cualquier otro daño, la LSC., 274  los responsabiliza en forma ilimitada y solidaria hacia la sociedad, los accionistas y los terceros.

4.-No obsta al juzgamiento de la conducta de los administradores el hecho de que no conste en el expediente de quiebra que se haya fijado la fecha de la cesación de pagos, cuando los hechos imputados – desaparición del activo y omisión de presentación de los balances – refirieron a hechos ocurridos luego del inicio del concurso preventivo y, en particular, en cuanto a la desaparición de los bienes, posiblemente en fecha posterior a la homologación del acuerdo.

5.-Si la sociedad fallida no presentó sus libros contables no obstante la obligación legal que le impone hacerlo (LCQ., 88 )ello hace suponer que no se confeccionaron ni aprobaron los estados contables, permitiendo conferir veracidad a la denuncia de omisión de presentar sus balances de ejercicios posteriores a la presentación del concurso a la I.G.J.

6.-La legislación comercial obliga a todo comerciante a llevar cuenta y razón de sus operaciones y a tener una contabilidad mercantil organizada (CCom., 43 ). La carencia de libros de comercio obstaculiza, por un lado, la averiguación del contenido de su contabilidad y del desenvolvimiento de sus negocios y, por otro, el conocimiento del destino dados a los bienes integrantes de su activo.

7.-Es deber del directorio presentarle al órgano de gobierno los estados contables anuales para su aprobación (LSC., 234 ), pues el directorio, como órgano de gestión social del ente debe formular anualmente los estados contables.

8.-La falta de confección de los balances y la omisión de convocatoria de las asambleas para su tratamiento y aprobación, importa de parte de los directores una violación a sus funciones propias, no solo de su condición de gestor del patrimonio sino también del órgano ejecutivo y administrador, emanadas de la ley.

9.-Los administradores de las sociedades anónimas, en cuanto son los encargados de la gestión social, deben velar por el cumplimiento, tanto de aquellas normas que regulan específicamente tal tipo social, como de todas las dictadas para disciplinar la actividad de los comerciantes, entre las que se encuentran las relativas a los libros de comercio, quedando obligados por los perjuicios que ocasione la falta de alguno de ellos o por las irregularidades cometidas al llevarlos.

10.-La omisión de la confección de los estados contables luego de la presentación del concurso preventivo, es directamente imputable a los directores, y contribuye en la imposibilidad de determinar la suerte del activo y de la situación patrimonial de la sociedad.

11.-El incumplimiento de la obligación de llevar los libros de comercio es determinante para juzgar el deber de los directores como irregular, siendo que una interpretación distinta conduciría a la insólita situación de que la omisión de presentar la documentación contable – por el motivo que fuere, intencional o no – obstaría atribuir responsabilidad a los administradores en supuestos como el examinado por el solo hecho de que la ausencia de la contabilidad – y demás elementos correlativos – ha devenido imposible la reconstrucción del patrimonio y de los negocios sociales, resultado que condena la interpretación.

12.-El obrar antijurídico aparece evidenciado cuando la actuación de los administradores ha determinado la imposibilidad de contar con el activo para cancelar, cuanto menos parcialmente, el pasivo provocando que subsista el estado de insolvencia y agravamiento de la situación patrimonial de la deudora (LCQ., 173).

13.-La generación de un significativo pasivo insusceptible de ser atendido con el activo desaparecido y la omisión de presentar la documentación y libros de comercio que hicieran posible la reconstrucción del patrimonio de la sociedad y sus negocios, son actuaciones que tradicionalmente calificaron como fraudulentas; y basta para ello referir lo establecido en la ley 19551  a los efectos de establecer la fraudulencia de la conducta del deudor (art. 235, acap. e incs. 1° y 11° ) y a ese respecto debe advertirse lo señalado por la doctrina en cuanto a que a los efectos de determinar la responsabilidad prevista en la LCQ., 173, es útil acudir a la nómina de los actos que la ley 19551 calificaba como fraudulentos.

14.-En los casos en que se intenta responsabilizar a los directores de una sociedad anónima, el dolo al que alude la ley – ya sea en su antigua o actual redacción – puede ser también el de carácter eventual; máxime cuando la norma inherente no lo descarta en ninguna de sus dos versiones. Una interpretación contraria del precepto, lo tornaría de difícil aplicación; máxime, teniendo en cuenta el carácter subjetivo del dolo.

15.-La responsabilidad del director de una sociedad anónima nace de la circunstancia de integrar al órgano de administración, lo cual determina que su conducta debe meritarse en función de su actividad -u omisión- y aunque no actúe directamente en hechos que originan responsabilidades, es función de cualquier integrante del órgano de administración controlar la gestión empresaria; dando lugar su incumplimiento a una suerte de culpa in vigilando, pues el distingo entre la condición de administradores y su ejercicio efectivo, antes de dispensarlos de responsabilidad, la agrava, porque comporta haberse desinteresado de la conducción que les estaba encomendada, desatendiéndose de las consecuencias de procederes que debieron haber vigilado.

16.-Corresponde responsabilizar solidariamente a los administradores societarios, haciendo lugar a la demanda por el importe que conforma el valor del activo declarado por los propios administradores al presentarse en concurso preventivo, cuando no se ha podido establecer ni su aplicación ni la suerte que hayan corrido y no es óbice a la fijación de ese importe indemnizatorio el hecho de que el síndico hallara oportunamente sobrevaluados algunos ítems del activo denunciado pues, por un lado, en definitiva, ese es el valor que se consideró para el cumplimiento de actos posteriores (vgr. base para la fijación de honorarios) sin que mereciera observaciones y, por otro, porque en esa situación opera plenamente la doctrina de los actos propios. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 31 del mes de mayo del año dos mil doce reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos, fueron traídos para conocer los autos seguidos por: «INDUSTRIAS PLÁSTICAS AIZMA S.A. C/ HERRERA, OSVALDO LORENZO Y OTROS S/ ORDINARIO», en los que según el sorteo practicado votan sucesivamente los jueces Miguel F. Bargalló y Angel O. Sala. Se deja constancia que intervienen únicamente los suscriptos en razón de hallarse vacante la vocalía n° 14.-

Estudiados los autos, la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 370/80?

El Señor Juez de Cámara Doctor Miguel F. Bargalló dice:

I. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda que dedujo el síndico de la quiebra de INDUSTRIA PLÁSTICA AIZMA S.A. («Ind. Plástica») contra OSVALDO LORENZO HERRERA (Herrera), ADRIANA EDITH HERRERA ROSSI DE MORANO (Herrera de Morano) y CARMEN LINA MARÍA ROSSI DE HERRERA (Rossi de Herrera) quienes desempeñaron en dicha sociedad los cargos de presidente, vicepresidente y director titular respectivamente.-Para resolver en el sentido indicado, el Magistrado a quo -luego de referenciar los presupuestos de las acciones de responsabilidad dispuestas en las leyes societaria y concursal-, consideró que el síndico no logró justificar los hechos alegados, por lo que no halló configurados los extremos exigidos por la L.C.Q., 173 . En ese orden, señaló que la falta de presentación de los libros contables no resulta suficiente para responsabilizar patrimonialmente a los obligados a exhibirlos. Sostuvo, asimismo, que los demás elementos probatorios -expediente de la quiebra venido ad effectum videndi- y la prueba confesional -que luego se la tuvo por declarada negligente- no permiten determinar las conductas que se pretenden atribuir a los aquí demandados.

II. El fallo fue apelado por el síndico en fs. 399, quien fundó su recurso con la presentación de fs. 406/09, contestada en fs.413/14.-Los agravios se centran en señalar que existió una conducta dolosa por parte de los directores de la sociedad, quienes al tiempo de la apertura del concurso declararon la existencia de determinado activo el cual había desaparecido al decretarse su quiebra. Por otra parte, expuso que toda vez que la demanda se interpuso no sólo con base en lo regido por la L.C.Q., 173 sino también en la L.S., 54  y 274  aunque no exista un supuesto de dolo susceptible de encuadrar la conducta desplegada por los administradores en lo dispuesto en el primero de estos regímenes existió responsabilidad en el ámbito de la normativa societaria por su omisión en obrar con lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocios lo que genera la obligación de reparar los perjuicios causados.

III. 1) Previo al análisis de los agravios se refieren ciertas circunstancias que surgen del examen del expediente y del proceso de concurso preventivo devenido en quiebra:

a) Según contenido del escrito de demanda de estos autos de fs.1/4, la concreta pretensión contenida en la demanda persiguió la declaración de responsabilidad de los tres integrantes del órgano de administración de «Industrias Plásticas»; por un lado, por haber facilitado y permitido que se disminuya la responsabilidad patrimonial de la sociedad en razón de haber desaparecido a la fecha de la quiebra los bienes -de uso, de cambio, inversiones y créditos- denunciados al presentarse el concurso preventivo y, por otro, por no haber presentado los balances a la I.G.J.-La acción se sustentó en la normativa del derecho concursal, 173 y concordantes y en la societaria, 59 , 274  y concordantes.-El importe reclamado ascendió a $ 1.443.154 que es el valor del activo denunciado al concursarse, más intereses.

b) Conforme a lo actuado en el proceso de quiebra, resulta que al codemandado Herrera le fue declarada la quiebra, actuando en representación el síndico del respectivo proceso José María Fanti (fs. 194/5) habiéndose dado luego intervención a la nueva síndico designada en esa quiebra, Susana Inés Santarsola (fs. 214/16).-Con posterioridad fue acreditado el fallecimiento de Herrera (fs.280/282).

c) La Sra. Representante del Ministerio Público ante esta Cámara se expidió en fs. 421/24 dictaminando que corresponde hacer lugar al recurso interpuesto y revocar la sentencia apelada.

d) Al presentarse en concurso preventivo el 30-12-93, la sociedad denunció, según se expuso, un activo de $ 1.443.154 compuesto por bienes de uso, de cambio, disponibilidades, inversiones y otros créditos (fs. 257). Asimismo, se acompañaron los balances correspondientes a los ejercicios de los años 1191, 1992 y 1993 (fs.90/137).-

e) Luego se presentaron los siguientes libros de la sociedad: Libro Diario n° 3 y de Inventario y Balances n° 2 que fueron intervenidos por el Secretario del Juzgado (fs.319/319 vta.).

f) Del informe general del síndico se desprende:

f.1) En relación a los libros contables de la concursada que exhiben irregularidades (fs.471 vta./72).-

f.2) Respecto del activo de la sociedad se expresó, en lo pertinente, que aparecen diversos rubros sobrevaluados (fs. 469 vta./471).-

f.3) Asimismo se expuso que el pasivo informado ascendía a $ 1.608.154,61 (fs. 471).

f.4) Aconsejó fijar la fecha de cesación de pagos el 30-12-93 (fs. 474/5).

f.5) En lo que concierne a los actos susceptibles de ser revocados expuso que se encuentran en trámite las gestiones tendientes a aclarar si la venta del inmueble sito en la calle Rojas n° 1506 esquina Galicia n° 601, Capital Federal, caería dentro de lo previsto por los arts. 122 y 123  de la ley de concursos (fs. 478 vta.).

g) La propuesta de acuerdo preventivo aprobada por los acreedores fue homologada el 29-12-94 (fs. 1151/65) y su incumplimiento derivó en el decreto de quiebra dictado el 21-06-96 (fs.1204/1211).-

h) Ante la imposibilidad de determinar la existencia de los bienes integrantes del activo (ver informe del escribano y mandamiento, ambos de fs. 1406 y 1408), la quiebra fue clausurada por falta de activo el 14-12-98 (fs. 1417).

2) En lo que atañe a la imputación de responsabilidad a los administradores cabe señalar:

a) En el ámbito concursal, se responsabiliza a los administradores de la fallida que hubieran producido, facilitado, permitido o agravado la situación patrimonial del deudor o su insolvencia, quienes deberán indemnizar los perjuicios causados.-

En lo atinente al factor de atribución, la actual legislación (ley 24.522, 173) sólo admite la procedencia de la acción cuando se acredite que medió conducta dolosa. A su vez, el art. 174 determina que la responsabilidad se extiende a los actos practicados hasta un año antes de la fecha inicial de cesación de pagos.

b) En el plano societario, la gestión empresaria se encuentra a cargo del órgano de administración y les impone a los administradores ciertas pautas a las que deben ajustar su conducta.Así, el artículo 59 determina que los directores deben actuar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios, lo que revela la concreción en esta normativa del principio de diligencia y buena fe contenido en el CCiv., 512  y 1198 .-Frente al mal desempeño en el ejercicio de las funciones de los directores y en los casos en que mediante su obrar se infrinja la ley, el estatuto o el reglamento o cuando obrando con dolo, abuso de facultades o culpa grave se produzca cualquier otro daño, la LSC., 274 los responsabiliza en forma ilimitada y solidaria hacia la sociedad, los accionistas y los terceros.

3. Sentado lo anterior, comparto lo dictaminado por la Sra. Fiscal General en lo relativo a la existencia de un obrar doloso de los administradores subsumible en el caso particular, en opinión del suscripto, en la conducta de agravación de una preexistente situación de insolvencia, que había conformado el requisito sustancial en función de la cual se confirió trámite al concurso preventivo y de disminución de la responsabilidad frente a los acreedores. Ello así, conforme a lo que sigue:Ante todo, se destaca que no obsta al juzgamiento de la conducta de los administradores el hecho de que no conste en el expediente de quiebra que se haya fijado la fecha de la cesación de pagos, que el síndico había aconsejado establecer el 30-12-91 -no pudiendo descartarse que la providencia respectiva hubiese obrado en el cuerpo del expediente séptimo que debió reconstruirse- pues los hechos imputados -desaparición del activo y omisión de presentación de los balances- refirieron a hechos ocurridos luego del inicio del concurso preventivo y, en particular, en cuanto a la desaparición de los bienes, posiblemente en fecha posterior a la homologación del acuerdo.

b) En segundo término, debo precisar que la venta del inmueble de la deudora sito en la calle Rojas, ocurrido escasos días antes de la presentación en concurso preventivo no conformó conducta reprochada en esta acción de responsabilidad, advirtiendo que el síndico oportunamente expuso que evaluaría promover una ulterior acción de ineficacia, sobre lo que después nada habría informado no obrando ninguna constancia de su inicio en el expediente de la quiebra.-

c) La sociedad fallida no presentó sus libros contables no obstante la obligación legal que le impone hacerlo (L.C.Q., 88 ). Ello hace suponer que no se confeccionaron ni aprobaron los estados contables, permitiendo conferir veracidad a la denuncia de omisión de presentar sus balances de ejercicios posteriores a la presentación del concurso a la I.G.J.-

La legislación comercial obliga a todo comerciante a llevar cuenta y razón de sus operaciones y a tener una contabilidad mercantil organizada (CCom., 43 ). La carencia de libros de comercio obstaculiza, por un lado, la averiguación del contenido de su contabilidad y del desenvolvimiento de sus negocios y, por otro, el conocimiento del d estino dados a los bienes integrantes de su activo.-Es deber del directorio presentarle al órgano de gobierno los estados contables anuales para su aprobación (LSC., 234) (Martorell, Ernesto E., «Los directores de las sociedadesanónimas», Bs. As., Ed. Depalma, 1990, pág. 387).-

El directorio, como órgano de gestión social del ente debe formular anualmente los estados contables (Gagliardo, Mariano «Responsabilidad de los directores de sociedades anónimas», Ed. Abeledo-Perrot, 2001, pág. 572). En ese sentido, la falta de confección de los balances y la omisión de convocatoria de las asambleas para su tratamiento y aprobación, importa de parte de los directores una violación a sus funciones propias, no solo de su condición de gestor del patrimonio sino también del órgano ejecutivo y administrador, emanadas de la ley (Martorell, E. E. «La falta de elaboración de balances y de convocatoria a asamblea como causal de remoción del directorio», LL. 31-05-90).-

Asimismo, debe advertirse que los administradores de las sociedades anónimas, en cuanto son los encargados de la gestión social, deben velar por el cumplimiento, tanto de aquellas normas que regulan específicamente tal tipo social, como de todas las dictadas para disciplinar la actividad de los comerciantes, entre las que se encuentran las relativas a los libros de comercio, quedando obligados por los perjuicios que ocasione la falta de alguno de ellos o por las irregularidades cometidas al llevarlos (Rodríguez Olivera, Nuri «Responsabilidad civil de los administradores de sociedades anónimas», Montevideo, 1973, pág. 108, n° 100).-Lo señalado en los apartados precedentes adquiere mayor significación frente al hecho de que en el último balance presentado por la sociedad surgía un activo de $ 1.443.154,59 y un pasivo de $ 1.176.323,98 y al decretarse la quiebra de la sociedad, no pudo determinarse la subsistencia de ese activo al propio tiempo de que el pasivo reconocido en el proceso y comprendido en el acuerdo se mantenía insoluto; habiendo conformado tal circunstancia el principal sustento de esta acción de responsabilidad, sobre lo que ninguna explicación coherente han formulado los administradores societarios al presentarse en estos autos (fs.257/58, 1412 y 1417).

d) A mérito de lo anterior, juzgo también acreditado que los directores desatendieron la custodia de los bienes sociales.

Al respecto, estimo que proceden dos precisiones:La primera, que no pudo determinarse la subsistencia de los bienes de cambio y de uso denunciados (ver 1412) y ni siquiera la suerte o aplicación de las disponibilidades, inversiones y otros créditos, sobre lo que los administradores, insisto, guardaron silencio.-Y, lo segundo, que la señalada omisión de la confección de los estados contables luego de la presentación del concurso preventivo, fue directamente imputable a los directores, y ha contribuido en la imposibilidad de determinar la suerte del activo y de la situación patrimonial de la sociedad.-

En otros términos, el incumplimiento de la obligación de llevar los libros de comercio es determinante para juzgar el deber de los directores como irregular, siendo que una interpretación distinta conduciría a la insólita situación de que la omisión de presentar la documentación contable -por el motivo que fuere, intencional o no- obstaría atribuir responsabilidad a los administradores en supuestos como el examinado por el solo hecho de que la ausencia de la contabilidad -y demás elementos correlativos- ha devenido imposible la reconstrucción del patrimonio y de los negocios sociales, resultado que condena la interpretación.

e) En el examinado contexto y contrariamente a lo que resulta de la sentencia recurrida, en el sub lite se verifican todos los presupuestos de responsabilidad:e.1) El obrar antijurídico aparece evidenciado pues la actuación de los administradores ha determinado la imposibilidad de contar con el activo para cancelar, cuanto menos parcialmente, el pasivo provocando que subsista el estado de insolvencia y agravamiento de la situación patrimonial de la deudora (L.C.Q., 173).

e.2) Es notorio que los hechos configurativos de ese obrar antijurídico, son aptos para responsabilizar a los administradores, en tanto son susceptibles de ocasionar daños -en lo que aquí interesa- a la masa de acreedores otrora sociales y hoy concursales, bastando para ello remitir a la existencia de un significativo pasivo concursal insoluto; en otros términos, la concurrencia de la necesaria relación de causalidad entre el obrar de los directores y el daño es irrefutable.

e.3) En lo que al factor de atribución refiere, es indudable que a la luz de las consideraciones precedentes, debe calificarse la actuación de los directores como de carácter fraudulento, subsumible en el supuesto de acción dolosa regulada por el CCiv., 931 , que opera como prius de funcionamiento del supuesto de responsabilidad del citado art. 173.-

En definitiva: i) la generación de un significativo pasivo insusceptible de ser atendido con el activo desaparecido y ii) la omisión de presentar la documentación y libros de comercio que hicieran posible la reconstrucción del patrimonio de la sociedad y sus negocios, son actuaciones que tradicionalmente calificaron como fraudulentas; y basta para ello referir lo establecido en la ley 19.551  a los efectos de establecer la fraudulencia de la conducta del deudor (art. 235, acap. e incs. 1° y 11° ). A ese respecto debe advertirse lo señalado por la doctrina en cuanto a que a los efectos de determinar la responsabilidad prevista en la LCQ., 173, es útil acudir a la nómina de los actos que la ley 19.551 calificaba como fraudulentos (Martorell, E. E., «Tratado de Concursos y Quiebras», Ed. LexisNexis, Bs. As. 2004, págs.457/8).-

A todo evento, cabe señalar que en casos como el examinado en que se intenta responsabilizar a los directores de una sociedad anónima, el dolo al que alude la ley -ya sea en su antigua o actual redacción- puede ser también el de carácter eventual; máxime cuando la norma inherente no lo descarta en ninguna de sus dos versiones (Fassi, Santiago C. y Gebhardt, Marcelo, «Concursos y Quiebras», Ed. Astrea, 2004, pág., 450; CNCom., Sala A, «Ponce Nuri, Juan s/ quiebra c/ Ojeda, Alejandro» , del 12-03-08). Una interpretación contraria del precepto, lo tornaría de difícil aplicación; máxime, teniendo en cuenta el carácter subjetivo del dolo.-

Por todo lo hasta aquí expuesto, en los términos de la L.C.Q., 173 juzgo procedente la acción de responsabilidad intentada por la actora contra los directores de «Industrias Plásticas».

4) A su vez, examinada la cuestión en el ámbito del derecho societario, la actuación imputada evidencia que desatendieron las obligaciones relativas a su cargo de directores sociales que la ley les imponía y que, en definitiva, su conducta no se ajustó a los parámetros establecidos por los citados artículos 59 y 274.-

A ese respecto, no puede soslayarse que la responsabilidad del director de una sociedad anónima nace de la circunstancia de integrar al órgano de administración, lo cual determina que su conducta debe meritarse en función de su actividad -u omisión- y aunque no actúe directamente en hechos que originan responsabilidades, es función de cualquier integrante del órgano de administración controlar la gestión empresaria (CNCom., Sala B, «Only Plastic S.A. s/ quiebra s/ inc. de calificación de conducta», del 26-03-91, ibidem «Eugenio Izak S.A.s/ quiebra s/ incidente de calificación de conducta», 07-12-94; ibidem «Marsicano, Oscar c/ San Sebastián SACIF y otros», del 28-04-09); dando lugar su incumplimiento a una suerte de culpa in vigilando, pues el distingo entre la condición de administradores y su ejercicio efectivo, antes de dispensarlos de responsabilidad, la agrava, porque comporta haberse desinteresado de la conducción que les estaba encomendada, desatendiéndose de las consecuencias de procederes que debieron haber vigilado (CNCom., Sala C, «Comisión Nacional de Valores Equity Trust Company (Argentina) S.A. s/ verificación de crédito», del 31-10-08, conf. dictamen fiscal nº 83.858; idem. Sala A, «Minetti y Cía.», L.L. 1999 – F – 163).-

5) Corresponde, entonces, responsabilizar solidariamente a los administradores Osvaldo Lorenzo Herrera (hoy su sucesión, en estado de quiebra), Adriana Edith Herrera Rossi de Morano, Carmen Lina María Rossi de Herrera, haciendo lugar a la demanda por el importe reclamado de $ 1.443.154,59 que conforma el valor del activo declarado por los propios administradores al presentarse en concurso preventivo, sin haberse podido establecer, conforme lo ya expuesto, ni su aplicación ni la suerte que hayan corrido.-

No es óbice a la fijación de ese importe indemnizatorio el hecho de que el síndico hallara oportunamente sobrevaluados algunos ítems del activo denunciado pues, por un lado, en definitiva, ese es el valor que se consideró para el cumplimiento de actos posteriores (vgr. base para la fijación de honorarios) sin que mereciera observaciones y, por otro, porque en esa situación opera plenamente la doctrina de los actos propios (CSJN; «Sebastián Marínese e Hijos S.A. c/ Provincia de Buenos Aires», del 16-11-04).

IV. En consecuencia la demanda prosperará por la suma ya expresada con el límite del valor del pasivo que hubiera insoluto. Ello con más sus respectivos intereses respecto de Osvaldo Lorenzo Herrera (hoy su sucesión, en estado de quiebra), Adriana Edith Herrera Rossi de Morano desde la fecha en que fue notificada la demanda el 04-06-02 (ver cédula de fs.148). Los réditos no se computarán en relación con el demandado Osvaldo Herrera, pues la fecha en que se decretó su quiebra (18-04-96) es anterior a la fijada como de mora (L.C.Q., 129 ); y desde el 12-06-02 en relación con Carmen Lina María Rossi de Herrera (ver escrito de notificación espontánea de fs. 136/137), a la tasa que cobra el Banco de la Na ción Argentina para sus operaciones de descuento a treinta días («S.A. La Razón s/ quiebra s/ inc. de pronto pago a los profesionales», del 27-10-94).

V- Por ello, propongo al Acuerdo revocar la sentencia apelada y, en consecuencia, hacer lugar a la demanda en los términos expresados en el considerando III.5) y IV. Con costas de ambas instancias a los demandados en su condición de vencidos (CPr., 68   y 279 ).-Así voto.

El Señor Juez de Cámara, doctor Ángel O. Sala dice: Comparto los fundamentos vertidos por el Señor Juez preopinante por lo que adhiero a la solución por él propiciada. Voto, en consecuencia, en igual sentido.-

Con lo que termina este Acuerdo, que firman los Señores Jueces de Cámara doctores Miguel F. Bargalló y Ángel O. Sala. Ante mí: Marcela L. Macchi. Es copia del original que corre a fs.del libro nº 32 de Acuerdos Comerciales, Sala «E».-MARCELA L. MACCHI: Prosecretaria de Cámara

Buenos Aires, de mayo de 2012.-

Y VISTOS:

Por los fundamentos del acuerdo precedente, se resuelve: revocar la sentencia apelada y, en consecuencia, hacer lugar a la demanda en los términos expresados en el considerando III.5) y IV. Con costas de ambas instancias a los demandados en su condición de vencidos (CPr., 68 y 279).-

Notifíquese a las partes por cédula a confeccionarse por Secretaría.-

Fdo.: MIGUEL F. BARGALLÓ – ÁNGEL O. SALA

MARCELA L. MACCHI, Prosecretaria de Cámara

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: