Existió relación laboral del trabajador que estaba inserto en la estructura de la demandada si recibía órdenes de personal jerárquico

Partes: Baez Eduardo Maximiliano c/ Cazadores cooperativa de trabajo Ltda. y otro s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: III

Fecha: 16-ago-2012

Cita: MJ-JU-M-75253-AR | MJJ75253 | MJJ75253

Se condena solidariamente a las codemandadas, pues el trabajador fue colocado a través de la cooperativa en otra organización empresaria, y siendo que el actor estaba inserto en la estructura de dicha empresa, en tanto controlaba el ingreso y egreso de personal del hotel, recibía órdenes e instrucciones de personal jerárquico e incluso vestía como personal y se identificaba con el “gafete”, al igual que el resto del personal contratado en forma directa.

Sumario:

1.-Corresponde revocar la sentencia de primer grado y condenar solidariamente a las codemandadas -cooperativas de trabajo- cuando existe una relación de trabajo encubierta en un establecimiento hotelero como personal de seguridad, si se prueba que el actor se insertó en la estructura, cumplía órdenes y aparentaba ser un empleado más.

2.-La circunstancia de que el deponente tenga juicio pendiente con las demandadas, en modo alguno inhabilita su declaración.

3.-Un testimonio es suficiente convicción para corroborar, no solo la efectiva prestación de servicios en el establecimiento hotelero, sino también que la misma se insertó claramente en la estructura empresaria de la codemandada cuando recibía órdenes directas de su personal jerárquico, era controlado -en cuanto a su ingreso y egreso- del mismo modo que el resto del personal propio del hotel, y utilizaba idéntico uniforme que los demás empleados de seguridad.

Fallo:

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a 16 de agosto 2012, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso deducido contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

La doctora Cañal dijo:

Contra la sentencia dictada en primera instancia (ver fs. 586/593), que rechaza las pretensiones deducidas en el escrito inicial, se alzan la parte actora (ver fs. 586/593 y fs. 599/600) y la codemandada Caesar Park Argentina S.A. (ver fs. 595/596). A la vez, el perito contador Horacio Hector Bello (ver fs. 577), recurren sus emolumentos por considerarlos bajos.

Trataré los agravios por orden lógico.

La parte actora se queja, por cuanto el magistrado de grado anterior, concluye que, en la especie, “. la empresa sub-contratista fue una cooperativa de trabajo, entidades que por cierto, son entes permeables a ciertas formas de fraude laboral pero, en el caso, la prueba producida demuestra que dicha persona jurídica es una cooperativa real inscripta desde hace décadas ante la autoridad de control (.) y que al margen de los servicios que presta para la codemandada Caesar Park, tiene como clientes importantes corporaciones como Banco Tokio, Laboratorios Roche, Farmacity, Musimundo, Metrogas, Mac Donalds, etc .” (ver fs. 575).

Sostiene el recurrente que la cooperativa actuó como una mera colocadora de personal de trabajo, puesto que el actor se encontraba incorporado a la estructura empresaria de la codemandada Caesar Park Argentina S.A., en tanto controlaba el ingreso y egreso de personal del hotel, recibía y entregaba llaves de los despachos, recibía órdenes e instrucciones de personal jerárquico de Caesar Park Arentina S.A. e incluso vestía como personal del Hotel y se identificaba con el “gafete”, al igual que el resto del personal contratado en forma directa por el Hotel.

Observo, que este Tribunal dictó la medida para mejor proveer que obra a fs.638, a fin de que el perito contador informe si la codemandada Caesar Park, tiene póliza de accidentes contratada respecto del personal que presta servicios en dicho establecimiento y, en caso afirmativo, si el actor se encuentra en la nomina de cobertura de dicha póliza, y/o si la demandada brindó al aquí accionante cualquier otra cobertura.

El perito contador, a fs. 645, contestó dicho requerimiento e informó que, “. de la minuciosa y detenida compulsa realizada sobre la nómina de personal involucrada en el mismo informo a V.E. que el actor de autos no se encuentra en la nómina”. Este informe adquiere una especial relevancia, de acuerdo al análisis que se expondrá mas adelante.

Ahora bien, para dilucidar los aspectos centrales de las argumentaciones recursivas, adquieren importancia los testimonios de Juan Pablo Puente (ver fs. 321/322) y Ezequiel Omar Russo (ver fs. 314/315).

El deponente Ezequiel Russo (ver fs. 314/315), propuesto por la parte actora, declara que: “. conoce al actor porque el dicente trabajó en el hotel Caesar Park (.) que el dicente empezó a trabajar en la codemandada en Octubre de 2002 haciendo mantenimiento hasta noviembre de 2008, que conoció al actor en Febrero de 2004 en la codemandada, que el actor era vigilador, que el supervisor Sr. León le daba las órdenes de trabajo al actor o el supervisor que esté de turno, que eran tres supervisores Rodolfo Cristiani, Alfredo Costa y Víctor Zarco, que lo sabe porque el dicente los conocía, que el dicente hacía tareas de mantenimiento y vio, que no sabe cómo el actor ingreso a trabajar en el hotel, que cree que lo despidieron, que cree porque no lo vio más (.) que el actor no tenía un horario fijo, que iba rotando, que más que nada el dicente lo veía a la tarde de 14 hs. hasta la hora en que se iba porque no tenía horario de salida, que lo sabe porque el dicente cumplía 8 hs.y media y el actor seguía, que el dicente era empleado de la codemandada, que para ambos había un sistema de control de horarios, que fichaban en la entrada y los chicos de seguridad también por medio de ficha, que el actor se cambiaba en los vestuarios generales donde se cambiaba todo el personal que estaba adentro del hotel, que la ropa que se sacaba el actor la guardaba en un locker que le asignaba el hotel, que el actor habrá trabajado hasta abril 2007, que lo sabe porque más o menos recuerdo las fechas, que el dicente trabajó hasta octubre/noviembre de 2008, que el actor comía en el comedor del personal de la codemandada, que las personas que le daban instrucciones eran dependientes del hotel, que respondían al hotel”.

Por su parte, el deponente Juan Pablo Puente (ver fs. 316/317) relata que: “. el dicente fue compañero de trabajo desde enero 2005 hasta enero de 2007, que cuando el dicente ingresó y se fue el actor ya estaba trabajando y siguió después de que el dicente dejara, que lo conoció en el hotel, que el dicente era vigilador, que el actor también desempeñaba los oficios de un vigilador que consiste en vigilar cualquier robo, hurto; de los bienes del hotel, controlar la seguridad en cuanto al control de matafuegos, mucha labor administrativa en relación a proveer llaves del hotel, recibir mercaderías fuera del horario de oficina de compras, entrega de elementos de lavandería fuera de los horarios de lavandería (.) que las órdenes de trabajo del actor provenían de cualquier gerente del sector del hotel y en cuestiones estrictas de seguridad, del gerente de seguridad Sr. Jorge León, que no sabe de quién era dependiente el Sr. León, que el actor mientras fue compañero del dicente se desempeñó en diferentes horarios, que fue compañero del dicente en el horario nocturno y también se desempeñó en horarios de tarde, matutino y vespertino, que lo sabe porque los turnos estaban divididos en 8 hs.pero era muy habitual que la labor se extendiera a 12 hs., que era casi cotidiano, que incluso a 16 hs también, con lo cual el actor compartió horarios de trabajo con el dicente (.) que el actor usaba para su trabajo la vestimenta propia del hotel que consistía en traje, camisa, corbata y gafete con el logo del hotel y el nombre del vigilador, que no sabe por qué el actor no trabaja más ahí (.) que el ingreso y horario se controlaba por medio de fichar el ingreso y egreso en un fichero que estaba en el ingreso al hotel en el 1° subsuelo también, que ese fichero era para los empleados de seguridad y de limpieza, que el resto del personal se controlaba mediante otro fichero a través de una tarjeta magnética colocado justo arriba del fichero en el cual fichaba el personal de seguridad, que el actor compartía el vestuario para cambiarse con todos los trabajadores que desempeñaban labores en el hotel, que estaba en el 1° subsuelo, que la ropa que se saca la dejaba en el hotel en su propio casillero, que le daban órdenes e instrucciones al actor en el hotel desempeñándose ahí en forma diaria y cotidiana, que era algo habitual del trabajo”.

Estas declaraciones resultan suficientemente fundadas y circunstanciadas sobre los hechos a los que aluden, especialmente la de Ezequiel Russo, quien era dependiente directo de la codemandada Caesar Park S.A. Nótese que ambos deponentes se desempeñaron como compañeros de trabajo del demandante, compartiendo el mismo ámbito físico de trabajo (art.90 L.O.).

En el presente caso, resulta atinente la cita doctrinaria que establece que “hay razón del dicho si el testigo explica cuándo, cómo y dónde ocurrió el hecho y tuvo conocimiento de éste; pero tales circunstancias pueden resultar en desacuerdo con la naturaleza, los efectos y las características del hecho afirmado, es decir, puede que no exista concordancia desde el punto de vista físico o lógico entre aquéllas y éste, en cuyo caso resultará imposible o improbable que efectivamente haya ocurrido. La misma deficiencia habrá si el hecho narrado resulta contrario a otro notorio, o a máximas generales de la experiencia, porque entonces al juez le parecerá imposible o al menos inverosímil. La razón del dicho puede ser buena o mala. No es suficiente que exista. Para que el testimonio sea probatoriamente eficaz debe contenerla y parecerle al Juez clara, precisa, completa y convincente, física y lógicamente” (conf Compendio de la Prueba Judicial de Hernando Devis Echandía, anotado y concordado por Adolfo Alvarado Velloso, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, Mayo de 2007, T.II, pág.43/44).

En la especie, precisamente los declarantes más arriba aludidos, tienen conocimiento directo de los hechos sobre los que deponen, no resultan absurdos, ni irrazonables, y las observaciones expuestas por las codemandadas, en modo alguno son eficaces para desvirtuar la calidad probatoria asignada.

En efecto, la circunstancia de que el deponente Juan Pablo Puente (ver fs. 316/317) tenga juicio pendiente con las demandadas, en modo alguno inhabilita su declaración. Por el contrario, sus dichos se encuentran avalados por el testimonio de Ezequiel Russo, quien coincide en los aspectos más relevantes del relato.

En definitiva, los testimonios antes apuntados son suficientemente convictitos para corroborar, no solo la efectiva prestación de servicios del actor en el establecimiento hotelero, sino también que la misma se insertó claramente en la estructura empresaria de la codemandada Caesar Park S.A.Tal es así que recibía órdenes directas de su personal jerárquico, era controlado (en cuanto a su ingreso y egreso) del mismo modo que el resto del personal propio del hotel, y utilizaba idéntico uniforme que los demás empleados de seguridad.

Así las cosas, es claro que la cooperativa demandada, más allá de las observaciones que respecto de su funcionamiento interno realiza el juez de grado anterior, actuó en relación con el actor como una empresa de colocación de mano de obra, actividad específicamente vedada por el decreto 2015/ 94.

En efecto, dicha norma establece que las Cooperativas no están autorizadas a funcionar como colocadoras de asociados en terceras personas (art. 1  del Dec. 2015/94 y la Res. 1510/94 del INAC?).

Dicha previsión, no hace mas que abortar una forma sencilla de alterar toda la estructura de la ley laboral y privar de la respectiva tutela al personal, so pretexto de la existencia de actos cooperativos entre el trabajador y la empresa, en la que efectivamente se prestan las tareas.

Al respecto, la Sala VI de la CNAT tiene dicho que “El decreto 2015/94 prohibió el funcionamiento de cooperativas de trabajo que , para el cumplimiento de su objeto social preveen la contratación de los servicios cooperativos por terceras personas, utilizando la fuerza de trabajo de sus asociados (art. 1) y se pone en cabeza de la DGI la verificación de la existencia de fraude laboral y/o evasión de los recursos de Seguridad Social en aquellas cooperativas que se encuentren en actividad” (Sentencia definitiva Nro. 44767 en autos “Sosa, Angel c/ Tab Torres y otro s/ Despido” del 7/06/96)”.

Ante el marco fáctico precedentemente expuesto, es que considero encuadrable el mismo en el art. 30  de la LCT, el cual dice textualmente:”quienes ceden total o parcialmente a otros el establecimiento o explotación habilitado a su nombre, o contraten o subcontraten, cualquiera sea el acto que le de origen, trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal

y específica propia del establecimiento, dentro o fuera de su ámbito, deberán exigir a sus contratistas o subcontratistas el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y los organismos de seguridad social.”.

Evidentemente, resulta capciosa la fórmula empleada por la reforma al referirse a la actividad normal y “específica”, tendiente a romper la finalidad de la LCT en sí misma, que busca establecer un esquema de protección al trabajador, que no le impida al empleador tercerizar a su gusto, mas sin colocar al dependiente en situación de riesgo.

La reforma, en cambio, en un avance claramente inconstitucional, que al violar la lógica de la LCT  hace lo propio con el artículo 14 bis mismo de la Constitución Nacional, ha procurado por el contrario que el empleador se desentienda de aquellos aspectos de su actividad que puedan ser atendidos por terceras empresas, pero sin preocuparse por la suerte del trabajador.

De ahí, el excluyente calificativo de “específica” que permite, sin mayor ejercicio de reflexión, dejar fuera del arco de responsabilidad del principal todo aquello que no se compadezca con el corazón de su actividad, lo que deriva al absurdo de que, contrariamente a lo que es la práctica comercial, solo un aspecto de la misa resulte propia, lo que diera por resultado un fallo como “Rodríguez c/ Cía.Embotelladora”.

Mas en torno a su vinculatoriedad, no solo destaco que los jueces mal pueden estar atados a los precedentes de la CSJN, ni de ningún otro tribunal, al tiempo de dictar sus sentencias, dado el esquema de independencia judicial de nuestro sistema jurídico, sino que además convoco puntualmente la doctrina de la CSJN, en una reciente decisión recaída el 22 de diciembre del 2009, in re “Benítez, Horacio Osvaldo c/ Plataforma Cero” .

La misma es relativa, precisamente, al Fallo Rodríguez, en la que reza que ese decisorio se refiere a los defectos específicos de la sentencia que había dictado en esa causa la cámara, pero “la interpretación del derecho del trabajo que se hace en el fallo citado, -art.30 LCT- así como la finalidad de establecer un quietus en la práctica de los tribunales correspondientes, carecen de toda fuerza normativa, porque no versan específicamente sobre derecho federal, para cuya aplicación tiene competencia apelada el Tribunal -art.116 CN, art.14 de la ley 48 y 6 de la ley 4055- y porque no forman parte del pronunciamiento central o ratio decidendi del pronunciamiento referido (del voto en disidencia de la Dra. Argibay)”.

Retomando entonces el hilo de nuestras reflexiones, cuando el empleador lo desea abarca el todo, obtiene sus beneficios y se responsabiliza por él, y cuando no, terceriza, lucra, pero no asume responsabilidades.

Destaco que la circunstancia de que la codemandada Caesar Park S.A., decidiera subcontratar una parte de la seguridad del Hotel, es un claro indicio de que la consideraba una actividad inherente al desenvolvimiento del emprendimiento hotelero. Recuérdese que los testigos, antes analizados dieron cuenta de que el actor realizaba las mismas tareas que el personal afectado a la seguridad, con el mismo uniforme, y que compartían el vestuario. Por otro lado, resulta determinante establecer que la demandada posee en su estructura administrativa una gerencia de seguridad.

Así las cosas, no tengo dudas de que resultan de aplicación al caso las previsiones del art.30 de la L.C.T., en la medida que la empresa usuaria del servicio incorporó al actor dentro de la estructura de seguridad del Hotel, que cuenta con personal propio para dichos fines.

Por otro lado, la colocación de un asociado de una cooperativa de trabajo en otra organización empresaria (en este caso la codemandada Caesar Park S.A.), para el cumplimiento de los fines propios de esta, realizando los mismos servicios que presta el personal dependiente de la usuaria en cuanto a la vigilancia del estabecimiento, también torna aplicable lo normado por el art. 29 de la L.C.T., por lo que no sólo el trabajador será considerado empleado directo de quien utilice su prestación, sino que también será procedente la responsabilidad solidaria de los que han intervenido en la interposición fraudulenta, en este caso Cazadores Cooperativa de Trabajo L.T.D.A.

Por otro lado, es mi criterio, además, que este tipo de contratación, revela que suele ser una practica que cuando el empleador lo desea abarca el todo, obtiene sus beneficios y se responsabiliza por él, y cuando no, terceriza, lucra, pero no asume responsabilidades.

Es que, para el derecho del trabajo, así como para el derecho fiscal, lo que interesa es la realidad, y esta fue que Caesar Park S.A., se benefició con la prestación del trabajador, razón por la cual funcionó en relación con este último como el empleador, en los términos del artículo 26  de la LCT.

En cuanto a la verificación de Caesar Park S.A. del cumplimiento de las obligaciones por parte de Cazadores Cooperativa de Trabajo LTDA., es obvio que no cumplió con dicha responsabilidad, pues la relación laboral no se hallaba registrada.

Considero que puede resultar tal vez criticable la política legislativa, que pusiera, en el caso, en cabeza de la empresa dadora de mano de obra el control de las obligaciones que en esta “triangulación” del vínculo participan, porque se compadece poco con las estrategias de mercado.Ello en razón de que, las empresas de prestación de servicios corren el riesgo de perder a un “cliente”, si exacerban sus controles acerca de las tareas a la cuales, efectivamente, es destinado el empleado y, por el otro, porque si las usuarias recrudecen sus propios controles en relación con el cumplimiento de todas las cargas sociales, corren el riesgo de un encarecimiento del servicio.

Pero, cuál sea la solución a este dilema moral y económico, en donde las reglas del mercado parecen compadecerse poco con un planteo ético, lo cierto es que hoy por hoy, el control está en cabeza de la empleadora “principal”, del cumplimiento de las obligaciones recíprocas, precisamente lo que no luce siquiera invocado en la presente causa.

De tal modo que, no habiéndose excepcionado Caesar Park S.A. de conformidad al modo que la normativa prevé (que implica, asimismo, la posibilidad de retenciones de las sumas debidas, para dar cumplimiento a su vez con lo que la otra empresa no hiciera), y teniendo

en cuenta lo normado por los artículos 5 , 29, 30 y 136  y ccs. de la LCT, cabe considerarla juntamente con la codemandada Cazadores Cooperativa de Trabajo L.T.D.A., como la empleadora del trabajador, debiendo responder ambas por todas las obligaciones.

La conclusión apuntada, nada tiene que ver con lo que, adecuadamente cita el magistrado de grado anterior, puesto que no estamos en presencia de una constitución irregular de una cooperativa de trabajo (cuestión que se debatió y analizo en el precedente “Lago Castro c/ Coop. Nueva Salvia Ltda.”). Ello, ya que, en el caso, el análisis se enfoca exclusivamente en la prestación de servicios del accionante, integrando una estructura empresarial ajena. De ahí que, objetivamente se manifiesta una situación de fraude, que oculta la relación laboral entre el formal asociado y la destinataria de sus servicios (en este caso la empresa Caesar Park S.A.), a través del disfraz cooperativo o, en términos normativos, aparentando normas contractuales no laborales (art.14  L.C.T.).

Ello se ve reforzado por el resultado de la medida para mejor proveer requerida por este Tribunal, a consecuencia lo cual, se dio cuenta de que el actor no figuraba en ninguna de las pólizas

De ahí, que el esfuerzo argumental de la destinataria del trabajo del aquí reclamante, se sustente en la propuesta ficcional (el vínculo cooperativo), por sobre lo real, esto es la relación laboral que en los hechos unió al actor con la coaccionada Caesar Park S.A.

En síntesis, por todas las razones expuestas, el despido indirecto en el que se colocó el trabajador, resulto ajustado a derecho.

En consecuencia, las codemandadas resultan solidariamente responsables, por lo que corresponde revocar el fallo recurrido, de modo que la demanda prosperará por la suma de $ 89.719,58, de acuerdo a la liquidación practicada por el perito contador a fs. 458, que considero ajustada a derecho.

En efecto, a fin de cuantificar los rubros debidos, tomaré en cuenta la suma de $ 2.173,42, que incluye las horas extras laboradas por el trabajador, teniendo en cuenta los recargos por nocturnidad y horas suplementarias, de conformidad con las pautas de la ley 11.544 .

Al respecto, cabe destacar que los testigos más arriba aludidos, dan cuenta de la extensión de la jornada de trabajo mas allá de las ocho horas, sumado a ello que, tal como informa el experto, no existe documentación que certifique la cantidad de horas extras trabajadas por el actor. Por esta razón, estaré al detalle del perito contador (art. 55 y 56  L.C.T.), dado que las codemandadas no han cumplido con la obligación de registro del trabajo en tiempo suplementario que surge del art. 6 de la ley 11.544.

También prosperarán las multas previstas en los arts. 8  y 15  de la ley 24.013, puesto que el trabajador intimó fehacientemente en los términos de dicha norma para que la coaccionada Caesar Park S.A.registrase el vínculo laboral (ver fs. 22).

En cuanto a la procedencia de la indemnización prevista en el art. 80  L.C.T., diré que la misma resulta viable, puesto que el actor intimó por la entrega del certificado de trabajo en el emplazamiento del 25 de abril de 2007 (ver carta documento de fs. 24) y las coaccionadas que no cumplieron dicha obligación, resultan solidariamente responsables por el crédito generado a partir del incumplimiento de la referida norma (arg. arts. 26 , 29 y 30 L.C.T.).

Respecto del cumplimiento de lo establecido en el art. 3 del decreto reglamentario 146/01, cabe destacar que en mi criterio resulta inconstitucional, y así lo he sostenido como Juez de primera instancia en los autos “Velarde, Andrea Karina c/ Maxima A.F.J.P. S.A. s/ certificados art. 80 LCT” (sentencia Nº 2449 del 29.2.08, del registro del Juzgado Nº 74).

Ello, porque dicho decreto exige al trabajador esperar un plazo de treinta días corridos a partir de la extinción del contrato de trabajo para que el empleador haga entrega de los certificados de trabajo. Dicha requisitoria que se impone al trabajador, constituye un exceso reglamentario en relación con la norma superior que reglamenta (art. 80 LCT, conf. art. 45  de la ley 25.345), pues se encuentra en abierta contradicción con lo previsto en la materia por los arts. 28 y 99 inc. 2 de la C.N. y torna inconstitucional el mencionado art. 3  del decreto 146/01 (Del voto del Dr. Fernández Madrid, en mayoría, CNAT Sala VI Expte nº 30189/02 sent. 57061 del 31/3/04 en autos “Cuellar, Santiago c/ Inversiones y Transportes SA y otro s/ despido”; Sala VII Expte n° 19358/05 sent. 39717 9/11/06 “Daix, Odina c/ La Tortería SRL s/ despido”). En igual sentido, ver mi voto en autos “Righetti, Mario Alberto c/ Joaquín Brenta Alcalde SA”, sentencia Nº 92470 del 4.3.2011, del registro de esta Sala.

El citado art.80 LCT, en su último párrafo, establece que el empleador está obligado a entregar los certificados de trabajo cuando el trabajador

lo requiera a la época de la extinción de la relación, y durante el tiempo de la misma, cuando medien causas razonables. Luego, otorga un plazo de dos días hábiles desde el día siguiente a la intimación fehaciente al empleador, sancionándolo con una indemnización especial, en caso de incumplimiento.

En síntesis, la entrega de los certificados de trabajo y aportes previsionales al dependiente, en oportunidad de la extinción de la relación laboral, es una obligación de la empleadora, que debe ser cumplida en forma inmediata a la desvinculación.

También prosperará la aplicación del art. 2  de la ley 25.323, pues el apelante reclamó el pago de las indemnizaciones adeudadas bajo apercibimiento de la norma aludida (ver carta documento de fs. 24).

Por todo lo hasta aquí expuesto, la demanda prosperará por la suma de $ 89.719,58, de acuerdo a la liquidación practicada por el perito contador a fs. 458, que considero ajustada a derecho.

Dicho total deberá ser depositado en autos, dentro del quinto día de haber quedado firme la liquidación del artículo 132 de la LO, con más un interés desde el momento en que cada crédito resultó exigible, equivalente al informado por la CNAT que resulte del promedio mensual de la tasa activa, aplicada por el Banco de la Nación Argentina para operaciones corrientes de descuento de documentos comerciales (Acta 2357 de esta Cámara).

Asimismo, se devengará además actualización (dada la diferente naturaleza de ambos institutos), utilizando como referencia los valores de la Canasta Básica total elaborada por el INDEC entre ambos puntos de tiempo (cfr. CNAT, Sala VI, in re “Alcaraz, Aparicio Miguel c/ IMPO MUNRO S.A. s/ despido” , SD 55.238 del 6/9/202, voto del Dr.Capón Filas). Para así resolver declaro oficiosamente la inconstitucionalidad del artículo cuatro de la ley 25.561.

Precisamente, por imperio de la misma realidad que he tenido en cuenta para resolver el fondo de la cuestión, es que decreto la inconstitucionalidad de marras e impongo el índice de actualización indicado: la realidad económica del país muestra a las claras, día a día, cómo existe una genuina depreciación monetaria.

Al respecto, tiene dicho nuestro Más Alto Tribunal que “la posibilidad de que los jueces puedan declarar de oficio la inconstitucionalidad de una ley no implica una violación del derecho de defensa, pues, si así fuese, debería también descalificarse toda aplicación de oficio de cualquier norma legal no invocada por las partes, so pretexto de no haber podido los interesados expedirse sobre su aplicación al caso” (disidencia Dr. Boggiano) “Del artículo 31 de la Carta Magna deriva la facultad de los jueces de cualquier fuero, jurisdicción y jerarquía, nacionales o provinciales, de examinar las leyes en los casos concretos que se presenten a su decisión, comparándolas con el texto y la significación de la Constitución para averiguar si guardan conformidad a ella, absteniéndose de aplicarlas si las encuentran en oposición; facultad que, por estar involucrada en el deber de aplicar el derecho vigente, no puede supeditarse al requerimiento de las partes (disidencia Dr. Fayt). 48.808, CS, 28 /4/98 “Ricci, Oscar Francisco Augusto c/ Autolatina Argentina S.A. y otros s/ accidente” , en el mismo sentido se ha pronunciado la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires (SD70.056, del 21/3/02).

Ante el nuevo resultado del litigio y en virtud de lo normado por el art. 279  del CPCCN, corresponde dejar sin efecto la imposición de costas y las regulaciones de honorarios practicadas en la instancia anterior y determinarlas en forma originaria, por lo que resulta abstracto el tratamiento de las restantes apelaciones al respecto.Toda vez que las demandadas han sido vencidas, propongo imponerles las costas de ambas instancias (arg. art. 68  CPCCN).

En atención al resultado del pleito, a la calidad y extensión de las tareas desempeñadas por los profesionales intervinientes y a lo dispuesto en el art. 38  de la ley 18.345, arts. 6, 7 , 8, 9 , 14 , 22  y conc. de la ley 21.839, modificada por ley 24.432  y arts. 3  y 6 decreto ley 16638/57 y demás normas arancelarias vigentes, propicio regular los honorarios de los letrados de la representación letrada y patrocinio de la parte actora, codemandada Caesar Park S.A. y codemandada Cazadores Cooperativa de Trabajo Limitada y del perito contador en .%,.% y .%, a calcular sobre el monto de condena más sus intereses.

Asimismo, auspicio regular los honorarios de los letrados firmantes de fs. 586/593, fs. 595/596 y fs. 607/610, por su labor ante este tribunal, en .%, .% y .%, respectivamente, de lo que les corresponda por su actuación en grado.

En relación con la adición del IVA a los honorarios regulados se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Compañía General de Combustibles SA s/ recurso de apelación” (C.181 XXIV del 16 de junio de 1993), al sostener “que no admitir que el importe del impuesto al valor agregado integre las costas del juicio – adicionárselo a los honorarios regulados – implicaría desnaturalizar la aplicación del referido tributo, pues la gabela incidiría directamente sobre la renta del profesional, en oposición al modo como el legislador concibió el funcionamiento del impuesto”.

Ante lo expuesto, en caso de tratarse de responsables inscriptos, deberá adicionarse a las sumas fijadas en concepto de honorarios de los profesionales actuantes en autos el impuesto al valor agregado, que estará a cargo de quien deba retribuir la labor profesional.

Voto, en consecuencia, revocar la sentencia de anterior grado y condenar solidariamente a las codemandadas Caesar Park S.A. y Cazadores Cooperativa de Trabajo Limitada a pagar a la actora la suma de $ 89.719,58 (ochenta y nueve mil setecientos diecinueve con cincuenta y ocho centavos), que deberá ser abonada en la forma, plazo y con más los intereses moratorios fijados precedentemente. II.- Condenar, en forma solidaria, a los demandados a entregar a la actora, dentro de los treinta días de notificada la liquidación del art. 132  de la LO, las constancias de los aportes realizados así como el certificado de trabajo, con los reales datos que deben constar en dichos documentos, de acuerdo con lo resuelto en el presente decisorio, todo ello bajo el apercibimiento de aplicar astreintes consistentes en $ 500 (cuatrocientos pesos) por día de mora. III.- Dejar sin efecto la imposición de costas y las regulaciones de honorarios practicadas en la instancia anterior. IV.- Imponer las costas de ambas instancias a cargo de los demandados vencidos. V.- Regular los honorarios de los letrados de la representación letrada y patrocinio de las partes actora, codemandada Caesar Park S.A. y codemandada Cazadores Cooperativa de Trabajo Limitada y del perito contador en .%,.%, .% y .%, a calcular sobre el monto de condena más sus intereses. V.- Regular los honorarios de los letrados firmantes de fs. 586/593, fs. 595/596 y fs.607/610, por su labor ante este tribunal, en .%, .% y .%, respectivamente, de lo que les corresponda por su actuación en grado.

El Doctor Pesino dijo:

Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto de la Dra. Diana Cañal, con excepción de la propuesta relativa a la actualización de los créditos.

Esta Cámara a partir del Acta Nº 2357 y Resolución Nº 8/02, adoptó la tasa activa para préstamos del Banco de la Nación Argentina, como medio para mitigar los efectos negativos del transcurso del tiempo sobre el monto de los créditos a percibir por el trabajador.

En un sistema nominalista, en el que no es posible la repotenciación de las deudas dinerarias en base a índices de precios, es necesario que la alícuota contenga un ingrediente que mitigue la incidencia dañosa de la inflación, aspecto que debe considerarse adecuadamente cubierto a través de la tasa indicada la que, por lo demás, resulta superior a los índices de costo de vida existentes en el país.

En lo que atañe al decreto 146/01 , si bien considero que no es inconstitucional, en el caso resulta procedente la indemnización del artículo 80 de la L.C.T. en tanto la postura asumida por la accionada de negar la relación laboral evidencia su no disposición a extender la documentación a que se refiere la norma de ahí que no puede exigirse al trabajador que espere 30 días para exigir el cumplimiento de una obligación que, desde un comienzo se sabe no se cumplirá.

El Dr. Néstor M. Rodríguez Brunengo dijo:

Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto de la Dra. Cañal.

Por todo ello, el Tribunal RESUELVE: I.- Revocar la sentencia de anterior grado y condenar solidariamente a las codemandadas Caesar Park S.A.y Cazadores Cooperativa de Trabajo Limitada a pagar a la actora la suma de $ 89.719,58 (ochenta y nueve mil setecientos diecinueve con cincuenta y ocho centavos), que deberá ser abonada en la forma, plazo y con más los intereses moratorios fijados en el primer voto de este acuerdo. II.- Condenar, en forma solidaria, a los demandados a entregar a la actora, dentro de los treinta días de notificada la liquidación del art. 132 de la LO, las constancias de los aportes realizados así como el certificado de trabajo, con los reales datos que deben constar en dichos documentos, de acuerdo con lo resuelto en el presente decisorio, todo ello bajo el apercibimiento de aplicar astreintes consistentes en $ 400 (cuatrocientos pesos) por día de mora. III.- Dejar sin efecto la imposición de costas y las regulaciones de honorarios practicadas en la instancia anterior. IV.- Imponer las costas de ambas instancias a cargo de los demandados vencidos. V.- Regular los honorarios de los letrados de la representación letrada y patrocinio de las partes actora, codemandada Caesar Park S.A. y codemandada Cazadores Cooperativa de Trabajo Limitada y del perito contador en 18% (dieciocho por ciento), .% (. por ciento), .% (. por ciento) y .% (. por ciento), a calcular sobre el monto de condena más sus intereses. V.- Regular los honorarios de los letrados firmantes de fs. 586/593, fs. 595/596 y fs. 607/610, por su labor ante este tribunal, en .% (. por ciento), .% (. por ciento) y .% (. por ciento), respectivamente, de lo que les corresponda por su actuación en grado.

Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

Néstor M.Rodríguez – Juez de Cámara –

Brunengo Víctor A. Pesino – Juez de Cámara –

Diana Regina Cañal – Juez de Cámara –

Ante mí:

Leonardo G. Bloise – Secretario –

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s