El recurso extraordinario per saltum. Comentario respecto del proyecto que propone su reglamentación legal

Autor: Oyhanarte, Martín (h.) – Tonelli, Pablo G.

Fecha: 2-nov-2012

Cita: MJ-DOC-6040-AR | MJD6040

Sumario:

I. Introducción. El proyecto. II. Los antecedentes. III. La crítica. Los casos posteriores. IV. El proyecto es innecesario e inconveniente. V. La inconstitucionalidad. VI. Conclusión.

Doctrina:

Por Martín Oyhanarte (h.) (*) y Pablo G. Tonelli (**)

I. INTRODUCCIÓN. EL PROYECTO

El Proyecto de Ley 3714-S-2012 , actualmente en trámite en el Congreso de la Nación, propone reglamentar la figura del “recurso extraordinario por salto de instancia” e incorporarla al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación creando los arts. 257 bis y 257 ter.

El recurso proyectado es presentado como una especie dentro del género recurso extraordinario federal, regulado fundamentalmente por la Ley 48 . Por lo tanto, respecto de esta nueva vía de acceso a la Corte, resultarán de aplicación todas las normas y jurisprudencia que han delineado los requisitos comunes, propios y formales que se exigen respecto del recurso extraordinario.

En esa línea y planteando una excepción a los requisitos propios del recurso extraordinario, el proyectado art. 257 bis establece que este recurso por salto de instancia será procedente “prescindiendo del recaudo de tribunal superior, en aquellas causas de competencia federal en las que se acredite que entrañen cuestiones de notoria gravedad institucional, cuya solución definitiva y expedita sea necesaria, y que el recurso constituye el único remedio eficaz para la protección del derecho federal comprometido, a los fines de evitar perjuicios de imposible o insuficiente reparación ulterior”.

A continuación, el proyecto define el concepto de “gravedad institucional” conforme la tradicional jurisprudencia en la materia y establece que, en estos casos, no solo tal situación deberá ser “notoria”, sino que además “la Corte habilitará la instancia con alcances restringidos y de marcada excepcionalidad”.

Por último, se deja establecido que “solo serán susceptibles del recurso de extraordinario por salto de instancia las sentencias definitivas de primera instancia y las resoluciones equiparables a ellas en sus efectos” y que “no procederá el recurso en causas de materia penal”.

En cuanto a los requisitos formales y el trámite, el proyecto establece que este recurso deberá interponerse “directamente ante la Corte Suprema de Justicia mediante escrito fundado y autónomo, dentro de los 10 (diez) días de notificada la resolución impugnada”.

Ante tal presentación, la Corte “podrá rechazar el recurso sin más trámite” o bien, podrá declarar por “auto” la “admisibilidad del recurso”, lo cual “tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida”. En tal hipótesis, se dará traslado a las partes interesadas por el plazo de cinco días.

Luego, concluido ese trámite y eventualmente requiriéndose la remisión urgente del expediente, la Corte “decidirá sobre la procedencia del recurso”.

II. LOS ANTECEDENTES

 

El proyecto de ley bajo análisis busca apoyarse en los antecedentes judiciales que tiene el per saltum en nuestro país. La historia de estos antecedentes, por cierto, es tristemente célebre, pero vale la pena recordar brevemente sus hitos más salientes.

 

Quizás el primer antecedente judicial de importancia en el orden federal sea el registrado por la disidencia del juez Petracchi en la causa “Margarita Belén” , (1) quien -en el marco de una contienda negativa de competencia de las previstas en el art. 24 , inc. 7, del Decreto Ley 1285/58- no resolvió determinar qué tribunal sería el competente, sino que propuso que la Corte asumiera directamente el conocimiento de aquella causa para su juzgamiento sustancial.

 

Unos años más tarde, durante el gobierno de Carlos S. Menem, con una nueva composición del tribunal, y luego de la incorporación de los arts. 280 y 285 al CPCCN, la cuestión volvería a ser considerada por la Corte Suprema. Ello se produjo en el marco de un planteo directo formulado por el entonces ministro de Economía Antonio Erman González en un conflicto suscitado entre el Banco Central y el Banco del Interior y Buenos Aires. En aquella oportunidad, se impugnó una medida cautelar de primera instancia encuadrando la controversia como un “conflicto de poderes” y no como un recurso extraordinario. Al respecto, la Corte suspendió la sentencia impugnada, requirió el expediente y, a fin de intentar una conciliación, llamó a las partes a cuatro audiencias públicas.No obstante, meses más tarde, rechazó el planteo señalando que no surgían con manifiesta evidencia los requisitos para la habilitación de la instancia extraordinaria ante la Corte (2).

 

De forma contemporánea al caso citado, se tramitó y resolvió el caso “Dromi” , (3) al que la mayoría de la doctrina y la opinión pública señala como el “leading case” en la materia, mediante el cual la Corte Suprema admitió un recurso extraordinario salteando la instancia de apelación ante la cámara federal correspondiente. Como es sabido, en esta oportunidad, la Corte revocó una sentencia definitiva dictada por un juez federal de primera instancia que anulaba el procedimiento de licitación para la privatización de Aerolíneas Argentinas.

 

Para así decidir, el voto mayoritario suscripto por Petracchi, Levene, Cavagna Martínez y Barra recogió la línea argumental de la disidencia de Petracchi en el caso “Margarita Belén” y estableció los requisitos de admisibilidad de los recursos extraordinarios per saltum que ahora recoge el proyecto de ley bajo análisis:

 

1) Se estableció que esta vía novedosa debía ser de “alcances sumamente restringidos y de marcada excepcionalidad” (consid. 10).

 

2) Se consideró que el per saltum debía cumplir con el requisito propio de presentar una “cuestión federal”, en tanto esta vía no entrañaba “la extensión de la competencia del tribunal a casos no previstos por las leyes reglamentarias de aquella” (consid. 7).

 

3) El salto de instancia quedó restringido a causas de la competencia federal (consid. 10).

 

4) Se dijo que la “gravedad institucional” debía presentarse con “manifiesta evidencia” y “en el sentido más fuerte que le han reconocido los antecedentes del tribunal” (consid. 10).

 

5) Debía acreditarse que el recurso extraordinario constituye “el único medio eficaz” para la protección del derecho federal comprometido (consid. 10).

 

6) Finalmente se consideró que el remedio se justificaba para evitar “demoras de consecuencias irreparables” (consid.11).

 

Es importante destacar que este voto, suscripto por Petracchi y otros tres jueces, no fue compartido en estos puntos citados por los otros dos jueces, que firmaron un voto concurrente necesario para llegar a la mayoría de cinco votos exigida entonces. En efecto, en el voto de Nazareno y Moliné O’Connor, si bien hubo coincidencia en la parte resolutiva, las razones para fallar fueron completamente diferentes, ya que allí no se encuadró al caso como un recurso extraordinario sino como un planteo de “conflicto de poderes” enmarcado en el art. 24, inc. 7, del Decreto Ley 1285/58.

 

Es por este motivo que, más allá de su parte resolutiva, esta sentencia carece de “mayoría de fundamentos”, (4) y por lo tanto no existiría allí un verdadero “holding” que pueda sentar jurisprudencia. Por ello, algunos autores han señalado en su oportunidad que no es cierto que, a partir de “Dromi”, este recurso “haya sido incorporado al derecho vigente”; (5) mientras que otros afirmaron que “el per saltum se ha incorporado al derecho argentino a partir del caso ‘Dromi'” (6) y que “ha ingresado a nuestras prácticas con vocación de permanencia” (7).

 

III. LA CRÍTICA. LOS CASOS POSTERIORES

 

La sentencia del caso “Dromi” fue duramente criticada por la opinión pública.Quizás no sea prudente reproducir los crudos adjetivos que profirieron al respecto los políticos o los medios periodísticos, pero sí es posible recordar que la doctrina especializada la calificó con los términos “escándalo”, (8) “desmadre”, (9) “genuflexión”, (10) “alcaldada”, (11) “herramienta peligrosa” (12) o un “dislate” que quita “toda cientificidad y seriedad y objetividad del derecho constitucional” y abre “el camino para la obsecuencia doctrinal y práctica” (13). O -como sostuvo Chiappini con buen sentido del humor- que, en realidad, se trató de un recurso per asaltum caracterizado por la desesperación del Alto Tribunal por juntarse con el expediente principal (14).

 

Aun aquellos autores que conceptualmente aprobaban la existencia de una vía para el salto de instancia se plegaron también al juicio negativo, argumentando que la Corte no debió haber tomado este camino sin una reglamentación legal. Tal fue, por ejemplo, la posición de Bidart Campos, quien censuró el hecho de que la creación del recurso per saltum no se haya llevado a cabo mediante la sanción de una ley (15).

 

Fuera de ello, durante el gobierno de Menem, la Corte dictó otros fallos de efectos similares. Así, por ejemplo, en el caso conocido como “Operación Langostino”, (16) la Corte concedió una presentación formulada por el Ministerio Público solicitando que se dispusiera la excarcelación de ciertas personas procesadas por tráfico de drogas. Aquí la Corte no citó la sentencia definitiva dictada en el caso “Dromi”, sino el auto interlocutorio previo a la sentencia de fondo, por el cual se suspendió el efecto de la sentencia de primera instancia (17). Por lo tanto, la Corte no concedió, en este caso, un recurso extraordinario ni requirió la remisión del expediente principal, sino que se limitó a suspender los efectos de la sentencia apelada. Es decir, ratificó implícitamente la doctrina del caso “Dromi” pero, al mismo tiempo, aclaró que con su intervención no se alteraba “la secuela del juicio” correspondiente a los recursos que debían ser tratados por la cámara de apelaciones.Por su parte, algunos autores también suelen citar como ejemplos de per saltum los fallos recaídos en las conocidas causas “UOM” (18) y “Rodríguez – Jefe de Gabinete” (19). Aquí la Corte también dejó sin efecto sentencias de primera instancia prescindiendo de la instancia de apelación ordinaria aunque, a diferencia de “Dromi”, resolvió intervenir en el marco de un “conflicto de poderes” señalando expresamente que no se trataba de un per saltum. Vale la pena subrayar que la distinción no es pura semántica, ya que el instituto del “conflicto de poderes” tiene autonomía científica y práctica, (20) en tanto implica cuestionar la competencia del Poder Judicial para resolver una cuestión que constitucionalmente está atribuida a otro poder del Estado; mientras que el per saltum es por definición una vía de impugnación de una sentencia dictada en un caso que, sin dudas, pertenece a la competencia del Poder Judicial.

 

Fuera de estos antecedentes, la Corte Suprema de los 90 no volvió a dictar sentencias definitivas que concedieran recursos por salto de instancia, amparándose abiertamente en la doctrina del caso “Dromi”. Por el contrario, inmediatamente después de “Dromi”, al calor de la polémica generada, la Corte adoptó una posición restrictiva. Fue así que, al poco tiempo, rechazó el ya citado pedido de avocación del ministro de Economía Antonio Erman González en el caso del “Banco BIBA” aun cuando había dado indicios de que abriría la instancia extraordinaria.Esa firme línea negatoria se mantuvo invariable aun en casos de altísimo interés público, tal como el caso de impugnación a la candidatura a gobernador de Eduardo Angeloz, (21) el caso de la violación y muerte de la niña Nair Mostafá, (22) la investigación de la muerte del hijo del presidente de la Nación (23) y hasta en el caso del asesinato del periodista José Luis Cabezas (24).

 

Años más tarde y en medio de la gran emergencia de 2001-2002, el Poder Ejecutivo dictó el DNU 1387/01 e incorporó al CPCCN, en su art. 195 bis , un recurso similar al que ahora se propone (25). Este artículo fue luego refrendado y reproducido por el art. 18 de la Ley de Emergencia Pública 25.561. La diferencia entre este antecedente y el proyecto actual radica en que el recurso del 195 bis era más acotado en su espectro de aplicación, ya que solo podía interponerse ante medidas cautelares que pudieran afectar el normal desenvolvimiento de funciones estatales, apuntando, en particular, a aquellas medidas dirigidas a cuestionar las normas de emergencia como el “corralito” y la pesificación. Al igual que el caso que nos ocupa, tan espuria y cortoplacista fue la iniciativa, y tal la avalancha de casos radicados ante la Corte, que fue necesaria su derogación tres meses más tarde por medio de la Ley 25.587 .

 

Por último, resta señalar que la Corte, en su actual integración, no concedió ningún recurso extraordinario de este tipo en donde haya admitido explícitamente la posibilidad de recurrir per saltum. Por el contrario, ha rechazado este tipo de presentaciones diciendo que “debe desestimarse el pedido de avocamiento por vía de per saltum en tanto la presentación efectuada no constituye acción o recurso alguno que, con arreglo a los arts.116 y 117 , CN, habilitan la competencia ordinaria o extraordinaria de esta Corte Suprema” (26).

 

No obstante, tal como ha ocurrido en otras ocasiones ya reseñadas, esta Corte no se ha visto impedida de actuar saltando instancias cuando así lo consideró oportuno. Sin ir más lejos, en fecha reciente ha utilizado el marco de los conflictos de competencia dado por el art. 24, inc. 7, del Decreto Ley 1285/58 para suspender los efectos de una sentencia de primera instancia (27) e imponer el criterio del caso “F. A. L.” (28) sobre aborto no punible.

 

IV. EL PROYECTO ES INNECESARIO E INCONVENIENTE

 

De la lectura de los antecedentes recién reseñados, se pueden extraer algunas conclusiones.

 

En primer lugar, resulta que a pesar de la polémica académica que pudiera subsistir, el derecho judicial argentino ya ha sentado las bases para que en casos de real emergencia la Corte Suprema pueda actuar, aun mediante saltos de instancia. Porque más allá de la discusión técnica acerca de si el caso “Dromi” puede ser considerado un precedente válido, lo cierto es que la doctrina de la gravedad institucional -que le sirve de causa inmediata- tiene más de cincuenta años de vigencia (29). Se trata de una pauta interpretativa sólidamente arraigada en la jurisprudencia del tribunal en sus distintas integraciones, y que no ha merecido la censura legislativa o el reproche de la opinión pública.

 

Por lo tanto, si tenemos en cuenta la vigencia indiscutida de la doctrina de la gravedad institucional y agregamos las sentencias citadas en los casos “Dromi”, “Operación Langostino” y las demás citadas en el punto anterior, que han posibilitado no solo el per saltum sino la actuación de la Corte en el marco del recurso extraordinario o de los conflictos de poderes, vemos que el proyecto de reforma legislativa bajo examen es francamente innecesario.Si lo que se quiere es habilitar los medios para permitir a la Corte Suprema conjurar una verdadera emergencia o situación de urgencia que ponga en entredicho algún derecho federal, o un valor comunitario de orden superior, hay que decir que esos medios ya existen en los repertorios del tribunal.

 

No cabe duda de que ante una verdadera situación excepcional y de real peligro para la vida de la Nación o los derechos fundamentales, la Corte podrá encontrar elementos para habilitar un recurso per saltum -o vía similar-, citar los precedentes reseñados y habilitar la instancia. Si tales circunstancias extremas se presentan, y la Corte actúa genuinamente en pos del interés colectivo, sin oportunismo político-partidario, difícilmente existirá reproche político o social. La mejor prueba de ello es que, más allá de nuestros reparos teóricos, la doctrina ha felicitado a la Corte por la “creación pretoriana” de la acción de amparo, en los casos “Siri” (30) y “Kot” (31) o, más recientemente, la acción de clase en el caso “Halabi” (32).

 

En tales circunstancias, y a juzgar por nuestra cultura política, reservar el per saltum a la prudente habilitación jurisprudencial es la única forma de que esta variedad de recurso permanezca como algo verdaderamente excepcional. Así se mantendrá mientras la Corte tenga presente que la opinión pública y la doctrina especializada llevarán a cabo un escrutinio estricto respecto de su actuación, y que pagará caro un desvío institucional como el ocurrido en el pasado.

 

La realidad nos muestra el delicado equilibrio actual: el per saltum está, pero es muy costoso utilizarlo.

 

En otro escenario, de admitirse su recepción legal, se producirá inevitablemente una naturalización del salto de instancia, y la utilización de este tipo de recurso se volverá algo habitual. El recurso será interpuesto, con toda seguridad, por cualquier litigante perdidoso en primera instancia y, más aún, si lo que está en juego es algún interés del gobierno.En el nuevo escenario, el costo político de la apertura de la instancia no recaerá en la Corte, sino en las impersonales normas. De este modo, la reglamentación legal será una invitación al abuso.

 

Tal pronóstico no se hace a la ligera o en el vacío. Ello es lo que ha sucedido, con patética evidencia cotidiana, con institutos tales como la delegación legislativa, los decretos de necesidad y urgencia o la promulgación parcial de leyes. Fueron admitidos tímidamente al principio y se mantuvieron acotados mientras solo eran habilitados con reservas por la jurisprudencia. Bastó que se incorporara su regulación formal a la Constitución o las leyes para que pasen a ser moneda corriente de un sistema institucional desquiciado.

 

Por otro lado, el proyecto de ley también resulta innecesario e inconveniente porque tiende a debilitar uno de los pocos “frenos y contrapesos” que existen para balancear el enorme poder que tiene la Corte Suprema como intérprete último de la Constitución.

 

Desde luego que este poder, entendido como control de constitucionalidad de última instancia, es valioso y debe ser mantenido y defendido. Pero ello a condición de que sea el ejercicio de la defensa razonada de principios fundamentales de nuestro sistema. Como nos enseña Hamilton, la autoridad de Poder Judicial no está en la “bolsa” ni en la “espada”, sino en su capacidad de discernimiento (33). La mejor forma de preservar la razonabilidad de las decisiones que toma la Corte es que estas sean adoptadas en un sistema transparente y escalonado, en donde varios jueces, ejerciendo un poder difuso, puedan pronunciarse en distintas instancias sobre la constitucionalidad de las leyes.

 

De esta manera, si la Corte se ve obligada a dar razones de su decisión, y contrastar sus argumentos con los dados en las instancias inferiores, no solo se obtendrá una sentencia más rica, sino que la población y las demás ramas de gobierno pueden ejercer un mejor control de esta delicada función judicial.Por lo tanto, un sistema en el que se eliminan instancias es un sistema con menos debate público y menos transparencia en la toma de decisiones que hacen, nada menos, a la conformidad de las leyes con la Constitución Nacional. Desde este punto de vista, pues, es también disvalioso el proyecto bajo examen.

 

V. LA INCONSTITUCIONALIDAD

 

Las razones expuestas nos parecen suficientes para no aprobar el proyecto en cuestión. Pero además, creemos que además de ser innecesario e inconveniente, el proyecto será declarado inconstitucional.

 

Esta afirmación puede ser analizada desde dos ópticas diferentes.

 

La primera de ellas, que mira exclusivamente a la legitimidad de origen, indica que la creación de un recurso per saltum es ajustado a la Constitución. Ello es así por cuanto el art. 117 de la Constitución delega en el Congreso la delimitación de las “reglas y excepciones” de la competencia apelada de la Corte Suprema, dejando amplio margen de apreciación al respecto. A su vez, en lo que hace a las garantías individuales del art. 18 de la Constitución, la Corte ha resuelto invariablemente que la defensa en juicio está gara ntizada -en materia civil- con al menos una instancia judicial plena (34). De modo que la apelación directa ante la Corte de sentencias definitivas no ofendería ninguno de estos principios y, por tanto, es una de las opciones posibles que tiene el legislador federal (35).

 

Ahora bien, existe otra perspectiva de análisis, que completa el test de constitucionalidad al que debe someterse este proyecto. Aquí lo que está en juego no es la legitimidad de origen sino la de “ejercicio”. En este plano, se trata de analizar la cuestión a la luz de los postulados consagrados en el caso “Itzcovich” , (36) en donde se resolvió declarar la inconstitucionalidad del recurso ordinario de apelación ante la Corte previsto en materia previsional.En el caso citado, la Corte Suprema valoró que el recurso en cuestión produjo “una gran expansión en el ámbito de competencia de la Corte, tanto en el aspecto cuantitativo como en la diversidad de temas fácticos y jurídicos que ha debido abordar, con la consiguiente alteración del rol que venía cumpliendo como intérprete final de la Constitución Nacional”.

 

Asimismo, se recordó que este recurso no era inconstitucional por su inconsistencia con las normas que acuerdan al Congreso la posibilidad de regular la competencia apelada de la Corte, en tanto la norma del art. 19 de la ley 24.463 fue calificada como “no ostensiblemente incorrecta en su origen”. Lo que determinó la inconstitucionalidad de esta vía de acceso ha sido el ejercicio de esa facultad por parte del Estado, es decir, que por la cantidad de recursos presentados el instituto “ha devenido indefendible, pues no se adecua a los fines tomados en consideración para su sanción y en su aplicación práctica compromete el rol institucional del Máximo Tribunal y causa graves perjuicios a los justiciables”.

 

Por lo tanto, más allá de nuestra opinión respecto del mérito de esta argumentación, podemos afirmar que aunque se considere constitucionalmente válida la posibilidad de crear un recurso per saltum, ello solo resuelve una parte del test constitucional, puesto que habrá que ver cómo impacta en la práctica y dinámica de la Corte Suprema. Porque en definitiva, según el criterio de “Itzcovich”, lo que decidirá la suerte de la constitucionalidad de la medida proyectada será si se produce o no “una gran expansión en el ámbito de competencia de la Corte”.

 

Al respecto, no es necesario poner a rodar el instituto ni esperar diez años para saber qué efecto tendrá el nuevo per saltum legal.

 

Una primera enseñanza nos la da la experiencia del recurso extraordinario por arbitrariedad de sentencia.Tal como explica Carmen Argibay, esta vía de impugnación, no prevista en la Ley 48, “comenzó como una excepción utilizada con gran cautela por la Corte. Sin embargo, con el correr del tiempo se convirtió en la mayor fuente de revisiones del tribunal. En la actualidad las estadísticas muestran que más del 65% de las resoluciones de la Corte están fundadas en la doctrina de la arbitrariedad, con lo que ha dejado de ser excepcional como se pretendía en sus orígenes” (37). Por tal motivo es que muchos de los jueces que hoy integran el tribunal se han propuesto públicamente la tarea de reducir drásticamente esta vía de acceso que se ha vuelto, en sí misma, también arbitraria.

 

En la misma línea, también nos sirve de ejemplo la corta vida del art. 195 bis del CPCCN, incorporado por el DNU 1387/01 y la Ley 25.561, y citada por el oficialismo en los fundamentos del proyecto. En aquella oportunidad, aun con un objeto restringido a las medidas cautelares, se produjo rápidamente tal saturación de recursos que el tan mentado “rol institucional” del Alto Tribunal quedó desdibujado, al verse arrastrado a tener que resolver miles de medidas cautelares dispuestas en todo el país con motivo de la crisis económica. Por tal motivo, fue necesario derogar el art. 195 bis CPCCN a los pocos meses de su entrada en vigencia.

 

Teniendo en cuenta estas experiencias a la luz de los postulados del caso “Itzcovich”, advertimos que el nuevo recurso per saltum tarde o temprano ampliará exageradamente la carga de trabajo de la Corte, afectará su normal funcionamiento del tribunal, y, muy probablemente, será declarado inconstitucional si antes no se lo deroga.

 

VI. CONCLUSIÓN

 

Nuestro país tiene pendiente hace varios años una reforma de la justicia federal y, en particular, una redefinición del rol de la Corte Suprema.En ese marco, existe un consenso generalizado acerca de la necesidad de adecuar y modernizar nuestras normas y prácticas a fin de lograr que el Más Alto Tribunal de nuestro país pueda ocuparse con más atención de menos causas, aquellas verdaderamente importantes.

 

Así, varias han sido las iniciativas que se han propuesto en la doctrina, en los congresos académicos, y hasta desde el propio Poder Judicial. Las acordadas 28/04 , 4/07 , 30/07 el caso “Barreto” (38) o el ya citado caso “Itzcovich”, son ejemplos de la acuciante necesidad de la Corte por oxigenarse, aliviar su sobrecarga, y concentrarse en su verdadera misión.

 

En nuestra opinión, el proyecto que comentamos va en el sentido opuesto. Lejos de proyectarse una solución integral para la justicia federal o para la Corte Suprema, el partido de gobierno se concentra en delinear un atajo procesal, oportunista, solo comprensible en el marco de una puntual disputa de intereses. Por ello, y por todas las razones expuestas, es que propiciamos su rechazo.

 

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(1) CSJN, “Hechos ocurridos el 13/12/76 Margarita Belén Chaco /durante el enfrentamiento producido entre fuerzas legales y elementos subversivos”, Fallos 311-1762 (1988).

 

(2) CSJN, “González, Antonio E. y otros s/ su presentación en autos Banco del Interior y Buenos Aires -BIBA-” , Fallos 313-1242 (1990).

 

(3) Caso “Dromi, José Roberto, Ministro de Obras y Servicios Públicos de la Nación s/ avocación en autos: ‘Fontenla, Moisés Eduardo v. Estado Nacional'”, Fallos 313-863 (1990).

 

(4) Tales decisiones resultan arbitrarias y deben ser descalificadas conforme la doctrina de Fallos 297-280, 300-681, 303-2036, 304-590, 308-2172, etc.

 

(5) Carrió, Alejandro D. y Garay, Alberto F., “La jurisdicción ‘per saltum’ de la Corte Suprema”, Abeledo Perrot, Bs. As., 1991, p. 35, nota 33.

 

(6) Creo Bay, Horacio, “Recurso extraordinario por salto de instancia”, Astrea, Bs. As., 1990, p.2.

 

(7) Morello, Augusto M., “El per saltum en la casación de Buenos Aires”, JA 1996-I-545, y en igual sentido en “El per saltum en la Corte de Tucumán”, JA 1992-II-5. En idéntico sentido, véase Gelli, María A., “Los alcances del per saltum en las medidas cautelares y en las autosatisfactivas por razones humanitarias”, LL 2002-C-363.

 

(8) Lugones, Narciso J., “El reglamento sobre el recurso extraordinario. La búsqueda de un clasicismo”, JA 2007-II-95.

 

(9) D’Alessio, Andrés J., “Origen, desarrollo, apogeo y desmadre del recurso extraordinario por sentencia arbitraria”, JA 2006-III-1378.

 

(10) Roitman, Horacio, “Previsibilidad, estabilidad y desarrollo de la legislación económica y del derecho privado empresario”, RDCO 1998-255, Abeledo Perrot Nº 0021/000084.

 

(11) O. cit.

 

(12) Carrió y Garay, op. cit., p. 14.

 

(13) Hernández, Héctor H., “Ley Suprema y dos concepciones constitucionales”, JA 2007-III-1339.

 

(14) Chiappini, Julio, “Aspectos indeseables del certiorari”, JA 1998-II-662.

 

(15) Según el autor, “… no es viable acoger sin ley ni el efecto erga omnes, ni el per saltum, ni la acción popular” (Bidart Campos, Germán J. “Oscilaciones y deficiencias en el recurso extraordinario: una visión crítica pero optimista”, JA 2003-I-1292). Al respecto, se advierte cierta contradicción en la referida posición de Bidart Campos y otros autores, por cuanto las mismas facultades “pretorianas” criticadas en el caso “Dromi” fueron aprobadas y celebradas en el marco de la creación judicial de la acción de amparo. Según el autor citado, este instituto se debe al “derecho judicial”, y que es esa fuente del derecho la que ha “establecido que el tipo de proceso ha de ser idóneo para resolver a tiempo y con utilidad la pretensión de tutela a un derecho gravemente dañado” (Bidart Campos, La Corte Suprema, Estudio Allende y Brea, Bs. As., 1982, p. 149).

 

(16) CSJN, “María G. Reiriz y Eduardo E.Casal, Eduardo, Procuradores Fiscales de la CSJN” , Fallos 317-1690 (1994).

 

(17) La mayoría citó aquí la sentencia interlocutoria de “Dromi” (Fallos 313-630), en donde se suspende preventivamente el efecto de primera instancia, sin pronunciarse acerca de la procedencia del recurso extraordinario o la cuestión de fondo. Por el contrario, la disidencia parcial de Petracchi citó la sentencia definitiva del caso “Dromi” (Fallos 313-860) y propuso hacer lugar al recurso extraordinario.

 

(18) Fallos 319-371 (1996).

 

(19) Fallos 320-2851 (1997).

 

(20) Véase Sagüés, Néstor P., “Conflicto de poderes y recurso extraordinario per saltum”, LL 1991-B-210.

 

(21) CSJN, “Partido Demócrata Cristiano s/ impugnación de candidatura a gobernador de Eduardo César Angeloz”, Fallos 314-1030 (1991).

 

(22) CSJN, “Incidente de recusación planteado en autos Mostafá, Nair víctima de violación y homicidio en Tres Arroyos”, Fallos 314-1268 (1991). Con motivo de este crimen se produjo la primera gran pueblada registrada en la provincia de Buenos Aires desde el regreso de la democracia, en la que se quemaron 16 vehículos y hubo más de una veintena de heridos.

 

(23) CSJN, “Yoma de Menem, Zulema Fátima su solicitud de per saltum en causa n° 26.233” , Fallos 319-860 (1996) y 320-1641 (1997).

 

(24) CSJN, “Prellezo Gustavo Daniel su solicitud de per saltum en autos: Cabezas José Luis s/ víctima de privación ilegal de la libertad y homicidio doblemente calificado en Gral. Madariaga -causa n° 2120-” , Fallos 322-3569 (1999).

 

(25) Se incorporó el art. 195 bis al CPCCN, estableciéndose que las medidas cautelares qu e en forma directa o indirecta afecten, obstaculicen, comprometan o perturben el desenvolvimiento de actividades esenciales de entidades estatales podrían ser apeladas directamente ante la Corte Suprema, produciéndose con la mera interposición la suspensión de la medida cautelar ordenada.

 

(26) Caso “Damnificados Financieros Asociación Civil para su defensa s/ per saltum: A Damnificados Financieros Asociación Civil para su Defensa c/ Siembra AFJP S.A. y otros s/ medidas cautelares”, exp. D. 141.XLI., del 7/6/2005, y en idéntico sentido en “Mattos Castañeda, Carlos F. P. c/ Farizano, Antonio y otros”, exp. M. 869. XLV, del 2/3/2010.

 

(27) CSJN, “Pro-Familia Asociación Civil c/ GBCA y otros s/ impugnación de actos administrativos”, exp. 783. XLVIII , del 11/10/2012.

 

(28) CSJN, “F. A. L. s/ medida autosatisfactiva”, exp. F. 259. XL VI, del 13/3/2012.

 

(29) Se suele afirmar que esta doctrina nació en 1960, a partir del caso “Jorge Antonio” (Fallos 248-189), aunque Barrancos y Vedia explica que su origen se remonta a casos tan antiguos como “Fiscal de la provincia de San Juan v. Sarmiento” de 1903, en Fallos 98:309 (conf. Barrancos y Vedia, Fernando N., “Recurso Extraordinario y Gravedad Institucional”, Abeledo Perrot, Bs. As., 1991, p. 40).

 

(30) Fallos 239-549 (1957).

 

(31) Fallos 241-291 (1958).

 

(32) En nuestra opinión, de ningún modo puede sostenerse que la Corte Suprema cuente con facultades legislativas. No obstante, la realidad práctica indica que la Corte en su actual integración ha afirmado enfáticamente que el amparo ha sido una creación “pretoriana” y utilizado esa facultad para reglamentar una acción de clase frente a la omisión del Congreso (conf. CSJN, “Halabi”, H. 270. XLII, 24/2/2009, consid. 10).

 

(33) Conf. Hamilton, Alexander y otros, “The Federalist Papers”, The Pennsylvania State University, Pennsylvania, 2001, nro. 78, p. 353 y en igual sentido Bickel, Alexander M., “The Least Dangerous Branch”, Yale University Press, New Haven, 1962, p. 205. (34) Cfr. CSJN, “Fernández Arias, Elena, y otros c/ Poggio, José suc.” , Fallos 247-646 (1960), consid. 20, y en sentido idéntico Fallos 249-228, 268-231, 289-153, 305-129, entre otros.

 

(35) En apoyo de esta conclusión, suele citarse que en los EE.UU. se ha reglamentado un recurso similar, dando lugar a la creación del certiorari before judgment. Véase al respecto Bianchi, Alberto, “El certiorari before judgement o recurso per saltum en la Corte de los Estados Unidos”, ED 149-787.

 

(36) CSJN, “Itzcovich, Mabel v. ANSES s/reajustes varios”, Fallos 328-566 (2005).

 

(37) Argibay, Carmen M., “La balanza de la justicia (O cómo aprendí a desconfiar de la doctrina de la arbitrariedad)”, JA 2008-II-1322. En igual sentido, Lugones, Narciso “Recurso extraordinario”, Depalma, Bs. As., 2002, p. 253.

 

(38) CSJN, “Barreto Alberto Damián y otra c/ Provincia de Buenos Aires y otro s/ daños y perjuicios”, Fallos 329-759 (2006).

 

(*) Abogado, UCA. Magíster en Derecho (LLM), Harvard. Asesor letrado, Cámara de Diputados de la Nación. Profesor universitario, Universidad Austral. Profesor de posgrado, USAL. Autor de artículos sobre temas de su especialidad.

 

(**) Abogado, UNLP. Exprocurador general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Miembro de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional.

 

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